Numeral 1.1
Consideraciones generales
El artículo 333 de la Constitución Política consagra el derecho a la libre competencia económica como un derecho de todos que supone responsabilidades para los participantes del mercado, y establece que el Estado velará porque no se restrinja la libertad económica y se observe una adecuada protección de los consumidores.
Gran parte de las actividades desarrolladas por las entidades vigiladas incluyen el ofrecimiento y distribución de una diversidad de productos y servicios con alcance en distintos ámbitos dentro del sistema financiero, asegurador y del mercado de valores.
En este sentido, y como consecuencia de una política de libre competencia en los mercados, es importante que los clientes y usuarios tengan la posibilidad de obtener diversas alternativas de inversión y consumo. Esto se debe a que, según lo señala el numeral 1 del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), en concordancia con el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009, es fundamental que puedan acceder a los productos y servicios financieros de manera transparente. De esta forma, los consumidores tendrán elementos de juicio claros y objetivos para escoger las mejores opciones del mercado y tomar decisiones informadas.
Adicionalmente, las entidades vigiladas deben abstenerse de abusar de su posición dominante, tal como lo señala el artículo 7 de la Ley 1328 de 2009. Además, deben evitar incurrir en prácticas que impidan injustificadamente el acceso a los productos y servicios ofrecidos. Por el contrario, deben procurar promover el acceso a los mismos para la población de menores recursos, así como la micro, pequeña y mediana empresa.
Así, si bien corresponde a las entidades vigiladas definir los segmentos de mercado en los cuales desarrollan su actividad, una vez definidos éstos, el acceso a los servicios que prestan no puede ser discriminatorio o desigual, ni negado o suspendido injustificadamente. Cuando la prestación de un servicio no sea impuesta obligatoriamente por el régimen legal, la negativa para suministrarlo o su terminación unilateral debe basarse en la evaluación de condiciones objetivas y en los riesgos inherentes a las operaciones que se realizan o se realizarían con cada consumidor. En efecto, la abstención de prestar un servicio debe estar plenamente justificada en criterios objetivos y razonables que deben ponerse en conocimiento del consumidor.
Los derechos aquí resaltados encuentran protección conforme a la normatividad vigente en diversas reglas como las señaladas en materia de información de precios y tarifas de los productos y servicios, el Sistema de Atención al Consumidor (SAC), la figura del defensor del consumidor financiero, entre otros.
Adicionalmente, el Estado ampara la protección de los consumidores en distintas instancias. Esta Superintendencia tiene como objetivo velar porque las entidades sometidas a su vigilancia no incurran en prácticas comerciales restrictivas del libre mercado y desarrollen su actividad con sujeción a las reglas y prácticas de la buena fe comercial. Para cumplir con este objetivo, se le han asignado obligaciones como realizar publicaciones comparativas de las tarifas cobradas por cada entidad financiera y aseguradora en relación con los servicios y productos ofrecidos. Además, se le han otorgado facultades jurisdiccionales para la resolución de ciertas controversias, en adición a las facultades generales que ya tenía como autoridad administrativa. En la misma línea, el Gobierno Nacional tiene la facultad de establecer topes a las tarifas cobradas por servicios específicos cuando se determine que no hay suficiente competencia en el mercado relevante correspondiente.
Por otra parte, a partir de la expedición de la Ley 1340 de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- fue definida como autoridad única de competencia, correspondiéndole por tanto realizar las investigaciones e imponer las sanciones por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia. Igual facultad tiene frente a la normativa contenida en la Ley 256 de 1996 y demás disposiciones complementarias, prohibitivas de los actos o hechos contrarios a la buena fe comercial que tiendan a establecer competencia desleal para con los participantes dentro del sistema financiero, asegurador o previsional. Lo anterior, entendiendo que las prohibiciones indicadas se aplican a todas las entidades vigiladas, a las agremiaciones o asociaciones de ellas y, en general, a cualquier persona natural o jurídica cuya participación pueda afectar el funcionamiento de los mercados correspondientes.
En todo caso, tratándose de instituciones sometidas al control y vigilancia de esta Superintendencia, la autoridad de competencia debe dar aviso de la investigación, según lo dispone el artículo 8 de la citada ley.
No obstante, la precitada normativa en materia de fusiones e integraciones de instituciones financieras consagró una excepción al conocimiento privativo de la autoridad única de competencia para el caso de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), quien mantiene la facultad de conocer y decidir sobre la procedencia de dichas operaciones. Ello sin perjuicio de que, según lo dispone el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009, previo a la adopción de la decisión correspondiente se solicite el análisis de la SIC sobre el efecto de dichas operaciones en la libre competencia, quien podrá sugerir, de ser el caso, condicionamientos tendientes a asegurar la preservación de la competencia efectiva en el mercado.