Artículo 2038
Este Código empezará a regir el 1o. de enero de 1972, con excepción del artículo 821; del Capitulo V, Título XIII, Libro IV, y del Libro VI que regirán desde la fecha de su expedición. Comuníquese y publíquese. Dado en Bogotá, D.E., a 27 de marzo de 1971. MISAEL PASTRANA BORRERO EL Ministro de Justicia, Miguel Escobar Méndez. NOTA: IMPRESO EL TEXTO. SE OBSERVARON LOS SIGUIENTES ERRORES: Artículo Línea Dice Debe decir 413 3 utilidades que corresponden utilidades que correspondan 441 4 aprobada y firmada aprobada, y firmada 658 6/7 de su representante, de un representante. 899 5 causa o objeto ilícitos causa u objeto ilícitos 1.322 5/6 de acuerdo con la otra para de acuerdo con la otra parte para Se establece un régimen DECRETO NUMERO 546 DE 1971 (marzo 27) por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorga la Ley 16 de 1968, y atendido el concepto de la Comisión Asesora establecida por el artículo 21 de la misma Ley, DECRETA: Artículo 1º Los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público tendrán derecho a las garantías sociales y económicas en la forma y términos que establece el presente Decreto. De los días de vacancia judicial. Artículo 2º Para todos los efectos legales, los días de vacancia judicial son los siguientes: a) Los días domingos y festivos cívicos y religiosos establecidos en las leyes vigentes, y los de la Semana Santa; b) Veinte (20) días continuos. Cuando se trate de vacaciones colectivas en la rama civil, contencioso administrativa y laboral los días de vacaciones son los comprendidos entre el 20 de diciembre y el 10 de enero inclusive, de cada año. Parágrafo. Cuando las vacaciones no sean colectivas, el superior respectivo fijará, en cada caso, dentro del año siguiente, la fecha en qué deben comenzar a ser disfrutadas. Artículo 3º En las ramas civil, contencioso administrativa y laboral, las vacaciones anuales podrán ser colectivas o individuales, según lo dispongan las respectivas Salas de Gobierno de la Corte, del Consejo de Estado y de los Tribunales Superiores, atendiendo las circunstancias y necesidades del servicio. En la rama penal serán siempre individuales y por turnos. Cuando las vacaciones individuales sean superiores a 30 días, deberá nombrarse un interino para reemplazar al titular, el que en los Juzgados, podrá ser el Secretario del Despacho, siempre que goce de condiciones y reputación excelentes que lo hagan idóneo para el desempeño del cargo. Cuando se trate de Magistrados de la Sala Penal, deberá ser un funcionario de inferior categoría que reuna las calidades y requisitos legales. Parágrafo. El Procurador General organizará las vacaciones colectivas o individuales del personal de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público de acuerdo con las circunstancias y necesidades del servicio. Artículo 4º Durante la vacancia judicial se recibirá la asignación completa correspondiente al cargo que se desempeña. De las pensiones de jubilación y vejez y del retiro forzoso. Artículo 5º La edad de retiro forzoso de los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto será la de 65 años. Artículo 6º Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas. Artículo 7º Si el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del artículo anterior se hubiere prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público en lapso menor de 10 años, la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados de la rama administrativa del Poder Público. Artículo 8º Los funcionarios y emapleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público que deban separarse de su cargo por cumplimiento de la edad de retiro forzoso, tendrán derecho al producirse su retiro, a una pensión vitalicia de jubilación que se les liquidará o reliquidará con el 75% de la mayor asignación devengada en el último año de servicio y sin límite de cuantía, siempre que el beneficiario hubiere servido durante 20 años, continuos o discontinuos, en el servicio oficial, de los cuales los últimos 3 por lo menos, lo hayan sido en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público. Artículo 9º Para liquidar las pensiones de que trata este Decreto y las demás prestaciones establecidas o reconocidas por el presente Decreto, no se incluirán los viáticos que haya recibido el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de carácter permanente y se hayan recibido, dentro de los citados tres años, durante un lapso continuo de seis meses o mayor. Artículo 10. Los funcionarios a que se refiere este Decreto, que lleguen o hayan llegado a la edad de retiro forzoso dentro del servicio judicial o del Ministerio Público, sin reunir los requisitos exigidos para una pensión ordinara de jubilación, pero habiendo servido no menos de 5 años continuos en tales actividades, tendrán derecho a una pensión de vejez equivalente a un 25% del último sueldo devengado, más un 2% por cada año servido. Artículo 11. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejeros de Estado y Fiscales del Consejo de Estado, tendrán derecho, además del auxilio de cesantía, a la pensión vitalicia equivalente a las dos terceras partes del último sueldo, establecida en el artículo 22 del Decreto extraordinario número 1698 de 16 de julio de 1964, incompatible con la pensión de jubilación, cuando su retiro sobrevenga después de 10 años de servicio en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio Público, o de haber ejercido el cargo de Magistrado de la Corte, Consejero de Estado o Fiscal del mismo por espacio de cinco años continuos, dentro de las circunstancias contempladas en el artículo 3º, literal a) del Decreto 902 de 1969. Artículo 12. Ninguno de los funcionarios a que se refiere este Decreto, que por razones de edad y tiempo de servicio, vejez o invalidez, desee retirarse o deba ser retirado del servicio, será reemplazado mientras la entidad correspondiente de Previsión Social no haga el reconocimiento de sus prestaciones sociales y manifieste estar en condiciones de pagarles, especialmente la pensión, de suerte que no haya solución de continuidad entre la percepción del sueldo y la pensión, pero la permanencia en el cargo no podrá pasar de 6 meses después de ocurrida la causal. Artículo 13. Las personas señaladas en este Decreto, que al entrar en vigencia el Decreto extraordinario número 3135 de 1968, hubieren cumplido 18 años de servicio adquirirán el derecho a la pensión al cumplir los 50 años de edad y 20 de servicio. Artículo 14. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, que al entrar en vigencia el Decreto 3135 de 1968 se hallaren retirados del servicio y tuvieren 20 años de labor continua o discontinua en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio Público o en ambas actividades, tendrán