Políticas relacionadas con la administración de conflictos de interés: las entidades deberán implementar políticas, mecanismos y procedimientos para identificar, monitorear, controlar, administrar y revelar los conflictos de interés que surjan de las transacciones de la entidad con sus vinculados, así como de los riesgos asociados a estas transacciones, en los términos del Título 19 del Libro 1 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010. Estas políticas deben: (i) ser claras; (ii) incorporarse en un manual; (iii) ser de conocimiento y cumplimiento de los funcionarios de la entidad; (iv) incorporar las responsabilidades de los funcionarios y sus atribuciones, incluyendo los plazos máximos que tienen las personas para informar sobre los posibles conflictos; (v) establecer las instancias de toma de decisiones ante la presencia de posibles conflictos de interés; (vi) incluir las medidas necesarias para la correcta administración de los conflictos de interés; (vii) establecer criterios para informar a la Junta Directiva o el órgano que haga de sus veces por las transacciones realizadas. Estas políticas deben estar debidamente soportadas y documentadas, y estar a disposición de la SFC.