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Circular Básica Financiera › PARTE 1 › CAPÍTULO 4

Fases de la gestión del riesgo ambiental y social, incluido el climático, en las operaciones de crédito

Circular Básica Financiera de la Superintendencia Financiera · 7 numerales

Texto vigente el
Fases de la gestión del riesgo ambiental y social, incluido el climático, en las operaciones de crédito

Numeral 1.4.2.9

En el marco de las políticas y procedimientos definidos por cada entidad, las entidades sólo deben gestionar el riesgo ambiental y social, incluido el climático, en las operaciones crediticias que superen el filtro inicial definido por la entidad de acuerdo con los párrafos 1.4.2.6., 1.4.2.7. y 1.4.2.8. de la presente sección.

Categorización de riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos

Numeral 1.4.2.10

Únicamente para los efectos de la gestión de riesgos, las entidades deben categorizar las operaciones crediticias que superen el filtro inicial, de acuerdo con su impacto y/o riesgo ambiental o social, incluido el climático. Para lo anterior, las entidades deben categorizar las operaciones de crédito en tres posibles niveles de riesgo: alto, medio o bajo.

a. Nivel de riesgo alto: corresponde a aquellas operaciones de crédito destinadas a financiar actividades económicas que son susceptibles de enfrentar, o pueden generar, potenciales externalidades y/o impactos significativos ambientales, sociales o climáticos, diversos, irreversibles o sin precedentes, incluyendo impactos y/o riesgos que se extienden más allá del área física de la actividad económica y que son difíciles de mitigar.

b. Nivel de riesgo medio: corresponde a aquellas operaciones de crédito destinadas a financiar actividades económicas que son susceptibles de enfrentar, o pueden generar, potenciales externalidades y/o impactos negativos ambientales, sociales o climáticos limitados en un área específica, principalmente reversibles y que se pueden manejar mediante medidas de mitigación.

c. Nivel de riesgo bajo: corresponde a aquellas operaciones de crédito destinadas a financiar actividades económicas que son susceptibles de enfrentar, o pueden generar, potenciales impactos negativos ambientales, sociales o climáticos de baja magnitud.

Numeral 1.4.2.11

La categorización de una operación crediticia en nivel de riesgo alto sólo tiene efectos para la gestión de los riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos. En consecuencia, la negativa en la prestación de servicios o productos financieros debe fundamentarse en causas objetivas, de conformidad con lo previsto en el literal (b) del artículo 3 de la Ley 1328 de 2009.

Numeral 1.4.2.12

La categorización de las operaciones crediticias debe estar documentada y a disposición de la SFC.

Evaluación de riesgos ambientales y sociales

Numeral 1.4.2.13

Las entidades deben identificar y evaluar los riesgos ambientales y sociales, incluidos los climáticos, del deudor o del proyecto a financiar, según aplique, incluyendo sus externalidades negativas sobre el medio ambiente y la sociedad. Posteriormente, las entidades deben asignar la categoría de riesgo ambiental y social a la operación de crédito respectiva.

Seguimiento

Numeral 1.4.2.14

Las entidades deben realizar un seguimiento a las operaciones de crédito y evaluar los impactos de los factores de riesgo ambientales y sociales en el riesgo de crédito, de acuerdo con las políticas y procedimientos que defina cada entidad.

Numeral 1.4.2.15

Las entidades deben intensificar el seguimiento para aquellas operaciones crediticias catalogadas en riesgo alto, de conformidad con los párrafos 1.4.2.10., 1.4.2.11. y 1.4.2.12. de la presente sección. Para estos propósitos, las entidades deben definir las medidas de debida diligencia de acuerdo con sus políticas internas, su marco de apetito de riesgo y su estrategia de negocio, incluyendo debidas diligencias para informarse sobre: (i) los impactos de la actividad financiada, (ii) el uso de los recursos facilitados en la operación, y/o (iii) el estado de los compromisos ambientales y sociales adquiridos por el deudor ante las autoridades competentes, en los términos acordados contractualmente por las partes.