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Circular Básica Jurídica › PARTE I

TÍTULO IV. Deberes y responsabilidades

Circular Externa 029 de 2014 · 631 numerales

Texto vigente el

Contenido

TÍTULO IVDeberes y responsabilidades
CAPÍTULO IObligaciones especiales

Numeral 1

Inscripción en el registro mercantil

La matrícula de las entidades vigiladas y las inscripciones en el registro mercantil de los actos y documentos sujetos a dicha formalidad deben adelantarse de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 19 del Código de Comercio.

De igual forma, tratándose de sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior, la inscripción en el registro mercantil debe cumplir con lo previsto en el artículo 469 y siguientes del Código de Comercio y, de manera preferente, con los requisitos específicos del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).

Asimismo, cuando se configure una situación de control en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, se deberá atender a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995. En los casos en que la matriz sea una entidad extranjera, corresponde a la filial o filiales vigiladas constituidas en el país presentar, para su inscripción en el registro mercantil, el documento privado de que trata el mencionado artículo 30 de la Ley 222 de 1995.

Numeral 2

Registro de libros en las cámaras de comercio

Las entidades vigiladas deben atender lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 28 del Código de Comercio y, en consecuencia, inscribir en el registro mercantil los libros de registro de socios o accionistas y los de actas de asamblea y juntas de socios. En todo caso, las entidades vigiladas podrán llevar dichos libros en archivos electrónicos siempre que cumplan con los requerimientos establecidos en el artículo 56 del Código de Comercio y las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.2.39.1. del Decreto 1074 de 2015 o las normas que lo modifiquen.

Numeral 3

Certificación de la existencia y representación legal de las entidades sometidas a vigilancia de la SFC

Atendiendo las funciones de certificación y publicidad que tiene la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), le corresponde expedir los certificados de existencia y representación legal de las sociedades vigiladas, bajo el entendido que dichos documentos tienen carácter probatorio y no suplen el sistema de publicidad mercantil a cargo de la Cámaras de Comercio, cuya función es la de brindar oponibilidad frente a terceros a los actos sujetos a registro.

En consecuencia, para todos los efectos legales basta la certificación que expida la SFC para acreditar y probar la existencia y representación legal de las entidades sujetas a su inspección y vigilancia, en tanto que los certificados que expiden las Cámaras de Comercio únicamente acreditan que el acto mediante el cual se constituyó la entidad o mediante el cual se dio posesión a los representantes legales fue debidamente inscrito en el registro mercantil.

En todo caso, los representantes legales de las entidades vigiladas deben, dentro de los 5 días siguientes a la inscripción de nombramientos de nuevos representantes legales de sucursales, informar a SFC dichas modificaciones, indicando el documento contentivo del nombramiento, la fecha y el número de inscripción.

Numeral 4

Conservación de documentos

Numeral 4.1

Conservación

De acuerdo con el artículo 96 del EOSF, las entidades vigiladas por la SFC deben conservar sus libros y papeles originales o en su medio de creación por un período no menor a 5 años desde la fecha del último asiento, documento o comprobante, sin perjuicio de lo que exijan disposiciones especiales. Una vez transcurrido dicho lapso y de conformidad con el artículo 28 de la Ley 962 de 2005, las entidades vigiladas deben conservar sus libros y papeles por 5 años más a través de cualquier medio técnico adecuado que garantice su reproducción exacta, salvo en los casos en que no puedan ser destruidos sus originales.

Numeral 4.2

Conservación en forma de mensajes de datos

Los libros y papeles del comerciante conservados a través de medios electrónicos, en tanto asumen la condición de mensaje de datos, tienen efectos jurídicos, siempre que cumplan con las condiciones señaladas en el Código de Comercio, el artículo 12 de la Ley 527 de 1999, el artículo 2.2.2.39.11. delDecreto 1074 de 2015 o cualquier norma que la sustituya, modifique o derogue.

En concordancia con lo antes señalado, las entidades vigiladas pueden mantener los soportes de las actividades propias del desarrollo de su objeto social en cualquier medio electrónico, óptico o similar, en tanto cumplan las condiciones señaladas por las disposiciones citadas, incluida la microfilmación realizada acorde con los Decretos 2527 de 1950, 3354 de 1954 y Decreto 2620 de 1993.

Pueden, en consecuencia, conservarse los documentos y expedientes que han sido sometidos al trámite normal y los que, encontrándose en trámite, por su importancia, merezcan un especial cuidado en la conservación y autenticidad. Sin embargo, en este caso no pueden ser destruidos sus originales hasta cuando haya transcurrido el tiempo que la prudencia y la costumbre aconsejen en cada caso, según su naturaleza.

Numeral 5

Colaboración con la justicia y las autoridades

De conformidad con la Constitución Nacional, tanto los particulares como las autoridades deben ceñir sus actuaciones a la buena fe, respetar a las autoridades y colaborar con la justicia. En tal sentido, debe entenderse que la información requerida por las autoridades judiciales y administrativas de parte de las entidades vigiladas por esta Superintendencia es de carácter confidencial y privada, y está subordinada a los fines de la administración de justicia y de las investigaciones que realizan dichas autoridades.

Lo anterior, en tanto sea ejercida por funcionarios competentes y tenga por objeto garantizar el derecho de todos los ciudadanos. Esta situación, considerada de orden público, permite levantar y ceder las prerrogativas de la reserva sobre los papeles privados.

Numeral 5.1

Cumplimiento de las medidas cautelares

Se entiende como un deber de colaboración con la justicia por parte de las entidades vigiladas el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares recibidas sobre los bienes y haberes de los clientes, sin que sea posible controvertir u oponerse a su cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5.1.6 sobre órdenes de embargo respecto de recursos inembargables.

Recibida copia del oficio de embargo expedido por autoridad jurisdiccional es de entenderse que la misma es auténtica en tanto provenga del correo electrónico oficial de la autoridad judicial en los términos del artículo 11 de la Ley 2213 de 2022 o contenga las firmas originales y los sellos de funcionarios judiciales competentes para decretar las medidas de embargo y, por tanto, cumple plenos efectos probatorios, mientras no se compruebe tacha de falsedad. Igualmente, aun siendo copia, goza de la calidad de documento público, en tanto se otorgue por funcionario público en ejercicio de las funciones que le impone el cargo desempeñado, conforme lo dispone la Ley.

Cuando al recibir una orden se tengan dudas respecto de su contenido, por desfiguración de la identidad real o de la cuenta de que se trata, o si los registros de la entidad no se ajustan exactamente a los que aparecen en las órdenes judiciales, es deber de la entidad obrar con el máximo de cautela y prudencia, debiendo consultar de inmediato a la autoridad que decretó el embargo a fin de que sea ella quien defina si es procedente incluir tales fondos en el embargo.

Ahora bien, recibida una orden de embargo, debe observarse el procedimiento establecido en la Ley y, en todo caso, tener presentes las siguientes instrucciones:

Numeral 5.1.1

Afectación de la cuenta: recibido por parte de la entidad vigilada el oficio del juez en que se le notifique la orden de embargar, la entidad vigilada debe afectar los depósitos por el valor correspondiente según los registros que presente el mismo en la fecha y hora de recibo de la respectiva comunicación, de conformidad con el artículo 1387 del Código de Comercio y los numerales 4 y 10 del artículo 593 del CGP.

Numeral 5.1.2

Información sobre la cuantía afectada: la entidad vigilada debe entregar al portador del oficio un volante en el que conste la cuantía del saldo afectado por la orden, con la indicación de que la mención es provisional. Con la recepción del oficio queda consumado el embargo.

Numeral 5.1.3

Término para consignar las sumas embargadas: en los 3 días siguientes a la comunicación del embargo y de conformidad con el numeral 10 del artículo 593 del CGP, la entidad vigilada debe consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales, e informar al juzgado en forma definitiva sobre la cuantía total de la suma embargada, enviándole el recibo en el que conste que dicho valor se encuentra a su disposición en la "cuenta de depósitos judiciales" que al efecto exista en las entidades que encuentran autorizadas para recibir depósitos de esta naturaleza, conforme a lo preceptuado en los artículos 2.12.5.1. y 2.12.5.2. del Decreto 1071 de 2015.

Numeral 5.1.4

Procedimiento sobre las cantidades depositadas con posterioridad a la orden de embargo: en caso de que el saldo existente en la cuenta corriente en la fecha y hora en que se comunique la orden de embargo sea inferior a la cuantía señalada en el oficio, quedan afectadas con dicha orden las cantidades depositadas con posterioridad hasta que sea cubierto el límite establecido en ella. Debe proceder entonces la entidad vigilada a dar cumplimiento, en lo pertinente, a lo dispuesto en el subnumeral anterior.

En cuanto al valor de los cheques que se encuentren en las diligencias del canje, deben distinguirse las siguientes hipótesis:

a. Cheques recibidos al cobro: hasta tanto sean confirmados por el banco librado, el valor de los cheques no queda cobijado por la orden de embargo, no obstante, el embargo recaerá sobre las sumas que se depositen luego de notificada la orden hasta el límite indicado en la orden respectiva.

b. Cheques negociados en propiedad: si como operación complementaria al cobrar un cheque, el banco concede al cliente un préstamo pagadero con el producto del título una vez sea este satisfecho, la suma mutuada, en cuanto es de propiedad del cliente, queda afectada en lo correspondiente por la orden de embargo.

Numeral 5.1.5

Procedimiento cuando el saldo embargado es inferior al límite señalado en la orden: cuando el saldo embargado sea inferior al límite señalado en la orden judicial, no puede el banco pagar cheques librados en sobregiro por el respectivo cuenta correntista, ni, en general, permitirle el retiro de fondos en descubierto, so pena de quedar dichas sumas embargadas en lo pertinente, por cuanto las citadas operaciones implican siempre el otorgamiento de un préstamo, cuyo producto ingresa al patrimonio del titular de la cuenta, bien que por voluntad suya en el correspondiente cheque u orden de pago se indique en ciertos eventos como beneficiaria a una tercera persona.

Numeral 5.1.6

Procedimiento en caso de medidas cautelares decretadas sobre recursos inembargables: de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 63 de la Constitución Política, 134 y 182 de la Ley 100 de 1993, 19 del Decreto Extraordinario 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), 91 de la Ley 715 de 2001, 8 del Decreto 050 de 2003, son inembargables los recursos de: el Sistema de Seguridad Social, las rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman, el Sistema General de Participaciones -SGP-, Regalías y los demás recursos a los que la ley le otorgue la condición de inembargables.

En tal virtud, en los eventos en los cuales las entidades vigiladas reciban órdenes de embargo respecto de los recursos anteriormente mencionados, deben cumplir el procedimiento señalado en el parágrafo del artículo 594 del CGP.

Al momento de la celebración de cualquier contrato de depósito, corresponderá a las entidades vigiladas solicitar la información que les permita identificar la condición de inembargabilidad de los respectivos recursos.

Numeral 5.1.7

Procedimiento en caso de medidas cautelares decretadas por entidades territoriales en procesos de cobro coactivo de deudas fiscales: de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° de la Ley 1066 de 2006 y 823 del Estatuto Tributario, tratándose de medidas cautelares decretadas por entidades territoriales en procesos de cobro coactivo de deudas fiscales, debe darse cumplimiento al procedimiento señalado en el inciso 5° del artículo 837-1 del Estatuto Tributario, hasta tanto sea admitida la demanda interpuesta contra los actos tributarios que sirven de título ejecutivo o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros.

Numeral 5.2

Suministro de información

Constituye, igualmente, un deber de colaboración con las autoridades el suministro de información tanto de clientes de las entidades vigiladas como de sus productos. En los eventos en los cuales esta Superintendencia, en ejercicio de sus facultades legales, o alguna otra autoridad competente, investigue sobre los mismos, las entidades vigiladas deben guardar absoluta reserva sobre el contenido de tales investigaciones y deben abstenerse de informar de dicha situación a los titulares de las cuentas respectivas.

Así mismo, es deber de las entidades vigiladas suministrar información sobre hechos o actuaciones de profesionales vinculados laboralmente o bajo cualquier otra forma contractual, en el marco de actuaciones o investigaciones que se adelanten frente a los mismos, así como de los clientes vinculados a actividades que por su carácter de interés público puedan afectar el bien común.

Numeral 5.3

Responsabilidad de las entidades

Las entidades vigiladas deben adoptar las medidas a que haya lugar, tendientes a procurar el inmediato y correcto cumplimiento de las órdenes emitidas por las autoridades judiciales y administrativas, y corregir el incumplimiento o las demoras en la atención de las órdenes impartidas. Ello en el entendido de que la colaboración con la justicia no sólo es un deber, sino que su incumplimiento, acarrea la imposición de sanciones, incluso de índole penal.

Numeral 6

Reserva bancaria

La reserva bancaria es considerada como una de las garantías más valiosas que tienen los clientes o usuarios que transfieren a las entidades vigiladas, a título de secreto, parte o toda su información personal y su intimidad económica, por cuanto se considera que dicha información hace parte del derecho a la intimidad, por un lado, y de la confidencialidad reconocida que tienen los libros y papeles del comerciante. La bondad del secreto ha sido reconocida por la doctrina y por la jurisprudencia, y es por ello que los actos que la violentan son objeto de censura.

Por otro lado, la reserva bancaria, de conformidad con el artículo 7, literal i., de la Ley 1328 de 2009, se ha entendido como el deber que tienen las entidades y sus funcionarios de guardar reserva y discreción sobre los datos de los consumidores financieros o sobre aquellos relacionados con la situación propia de la compañía, que conozcan en desarrollo de su profesión u oficio, so pena de asumir las consecuencias penales, laborales y administrativas que el incumplimiento a dicho precepto podría acarrear al infractor.

A fin de garantizar el mencionado derecho, las vigiladas deben proteger la información confidencial de sus clientes, adoptando procedimientos y mecanismos de control que deben ser incorporados en el código de buen gobierno o código de ética de las instituciones, a fin de evitar filtraciones de la mencionada información.

Igualmente, debe garantizarse el adecuado cumplimiento de las disposiciones contenidas en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 en materia de Protección de Datos Personales y Habeas Data.

No obstante, al ser la reserva bancaria una figura amparada por los derechos constitucionales a la intimidad y fundamentada en el principio del secreto profesional y la reserva de los papeles del comerciante, el amparo a la misma no debe conducir a extremos exagerados por los alcances que pretendan darse a esta práctica. De ella nace para las entidades vigiladas un imperativo de conducta cuya observancia estricta es jurídica y debe favorecerse en cuanto no exceda limitaciones que, en una u otra forma, tienden a evitar que la costumbre de discreción de los administradores y directores se convierta en herramienta que haga prevalecer el interés privado sobre las conveniencias generales de la comunidad.

Así es como, por la reserva bancaria no pueden llegar a resultar protegidas conductas criminales, abusivas o contrarias a la buena fe que ha de regir el tráfico mercantil, o, lo que es más grave aún, resultar encubierta información que facilite la labor de la administración de justicia o de las funciones desarrolladas por las autoridades administrativas.

De otra parte, no puede olvidarse que la reserva bancaria tampoco tiene vigencia cuando, ante las circunstancias previstas en el artículo 15 de la Constitución Política, es decir para efectos tributarios, judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, requiere exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley. En estas situaciones y cumplidas las formalidades pertinentes, el deber de discreción desaparece como imperativo de forzosa observancia por parte del vigilado y es responsabilidad de la respectiva oficina pública evitar que sea lesionada la intimidad de clientes inocentes de la entidad que fue constreñida a exhibir su archivo total o parcialmente.

Numeral 6.1

Tratamiento de la reserva bancaria de inversionistas extranjeros

En el evento contemplado en el literal f., numeral 3 del artículo 53 del EOSF, la SFC puede subordinar la autorización de constitución o de adquisición de acciones en entidades vigiladas a que quienes pretendan realizar la inversión suministren toda la información que estime pertinente respecto de los beneficiarios reales del capital social de la entidad financiera al momento de su constitución y posteriormente, independientemente del régimen legal aplicable en materia de confidencialidad en el país de origen del inversionista.

Lo anterior, sin perjuicio de que se propenda por lograr acuerdos para el intercambio recíproco de información relevante con el organismo de supervisión del país en donde esté constituida la casa matriz de la entidad vigilada constituida en Colombia, o el banco o compañía de seguros del exterior que opere por medio de sucursal en el país.

Numeral 6.2

Inoponibilidad de la reserva bancaria frente a actuaciones del Ministerio Público

Teniendo en cuenta las funciones que constitucionalmente le competen al Ministerio Público, en particular la concerniente a la supervisión de la conducta de los servidores públicos y el ejercicio consecuencial de la acción disciplinaria, por ningún motivo le es lícito a las entidades financieras oponer la reserva bancaria a los agentes del Ministerio Público, cuando éstos, en el ejercicio de sus funciones y a fin de instruir averiguaciones de tipo disciplinario, requieran datos e informes de relevancia probatoria dentro de ese proceso.

El sistema de la responsabilidad pública por daños ocasionados a los ciudadanos suministra elementos de defensa suficientes para el caso que esa información sea obtenida y utilizada con el fin de causar perjuicios a funcionarios o empleados libres de toda culpa.

Numeral 6.3

Reserva de las actuaciones del Ministerio Público y otras autoridades

Es un deber de las entidades vigiladas, y de sus funcionarios o personal con acceso a las mismas, mantener reserva respecto de las diligencias, solicitudes de información y, en general, llamados a prestar colaboración que realice la Procuraduría General de la Nación, así como las que realicen las autoridades judiciales y administrativas dentro de indagaciones o investigaciones que adelanten en contra de clientes, usuarios, personal de la entidad vigilada o funcionarios públicos vinculados en el ejercicio de sus cargos a dichas entidades, so pena de hacerse acreedores a las sanciones previstas por la ley para el efecto.

Numeral 6.4

Reserva bancaria sobre cuentas inactivas

No obstante la aplicación de la reserva bancaria en general, frente a solicitudes de información de saldos en cuentas corrientes y/o de ahorro inactivas, la entidad vigilada debe evaluar el fundamento jurídico que le asiste al peticionario con base en el cual se puede deducir la viabilidad de suministrar dicha información, las razones o el interés jurídico en que se apoya la solicitud, el propósito o finalidad de la información, la competencia de la autoridad que la requiere y la naturaleza de la información, para, con base en dichos presupuestos, proceder a dar la respuesta a que haya lugar a la mayor brevedad posible.

Numeral 6.5

Extensión del concepto de reserva bancaria

Las instrucciones y disposiciones antes referidas aplican a las entidades vigiladas que, en desarrollo de su objeto social, celebren operaciones sobre valores ejecutadas en desarrollo de la relación contractual y sus resultados; así como, sobre la información de sus clientes y cualquier otra que, de acuerdo con las normas que rigen el mercado de valores, tenga carácter confidencial.

Numeral 7

Reformas estatutarias

De manera general, las reformas a los estatutos de las entidades vigiladas no requieren ser autorizadas por la SFC, a menos que acorde con las facultades del ente de control así deba serlo. En tal sentido y como quiera que en todo caso dichas reformas deben ser informadas a este organismo tan pronto sean aprobadas, se requiere efectuar las siguientes precisiones:

Numeral 7.1

Autorizaciones especiales

Comportan autorizaciones especiales y, por ende, deben impartirse previamente, las relativas a la conversión y escisión de entidades vigiladas, así como la cesión de activos, pasivos y contratos, conforme a lo previsto en el numeral 4, artículo 71 del EOSF, en la medida en que tales operaciones conlleven reformas estatutarias, so pena de ineficacia.

Igualmente, tratándose de las entidades a que se refiere el numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, requieren autorización previa de la SFC las reformas estatutarias de: i) fusión, ii) transformación, iii) disolución anticipada y iv) reducción del capital social cuando implique reembolso efectivo de aportes.

Numeral 7.2

Información sobre reformas estatutarias

Las entidades vigiladas deben informar a la SFC sobre las reformas a los estatutos sociales, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su aprobación por parte de la asamblea de accionistas respectiva, mediante el envío del acta correspondiente en la cual conste la adopción de dicha decisión.

En el evento en que la Superintendencia encuentre que las reformas no se ajustan a la ley, puede ordenar las modificaciones pertinentes, en cuyo caso la entidad debe en forma inmediata adelantar las gestiones conducentes para ese efecto.

Numeral 7.3

Solemnización de la reforma

La solemnización de toda reforma estatutaria debe acreditarse dentro del mes siguiente a la fecha del otorgamiento de la escritura pública, remitiendo, para tal efecto, copia de esta, del certificado de la Cámara de Comercio en el que conste su inscripción, y copia íntegra de los estatutos sociales debidamente actualizada.

Tratándose de reformas estatutarias de Fondos Mutuos de Inversión, bastará la remisión de la copia de la escritura pública mediante la cual se protocolice la reforma.

CAPÍTULO IIActuaciones ante la Superintendencia Financiera de Colombia

Numeral 1

Posesión de cargos de dirección y control

Numeral 1.1

Cargos en los que se requiere posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 45 B numeral 3, 73 numeral 3, 74 numeral 4, 79 numeral 3 y 326 numeral 2 literal g., del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), artículo 22 de la Ley 964 de 2005, artículo 21 de la Ley 45 de 1990, artículo 40 de la Ley 454 de 1998, artículo 18 de la Ley 1328 de 2009, y artículos 11.2.1.5.1, 2.19.1.1.11, 4.1.1.1.11 y 2.34.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010, entre otros, deben tomar posesión del cargo para el cual sean designados las siguientes personas:

Numeral 1.1.1

Los representantes legales, principales y suplentes de las entidades vigiladas, con excepción de aquellos designados por el Presidente de la República.

Numeral 1.1.2

Miembros de junta directiva, consejo directivo o de administración, principales y suplentes de las entidades vigiladas, con excepción de aquellos designados por el Presidente de la República o su delegado.

Numeral 1.1.3

Los representantes de las oficinas de representación de instituciones financieras, reaseguradoras y del mercado de valores del exterior.

Numeral 1.1.4

Los representantes designados para Colombia de las instituciones financieras, de reaseguradoras o del mercado de valores del exterior que decidan acogerse a las excepciones establecidas en los numerales 7 y 8 del artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 1.1.5

Los revisores fiscales, principales y suplentes, de las entidades vigiladas.

Numeral 1.1.6

Los oficiales de cumplimiento para la prevención de lavado de activos, principales y suplentes, de las entidades vigiladas.

Numeral 1.1.7

Los representantes o delegados de los funcionarios públicos que por disposición legal deban hacer parte de una junta directiva, consejo directivo o de administración de alguna entidad vigilada, con excepción de aquellos designados por el Presidente de la República o su delegado.

Numeral 1.1.8

Los defensores del consumidor financiero, principales y suplentes, de las entidades vigiladas.

Numeral 1.1.9

Los apoderados en el país de los bancos o compañías de seguros del exterior ampliamente autorizados para que los represente, con todas las facultades legales, en desarrollo de la actividad de las sucursales.

Para el ejercicio válido de los anteriores cargos se requiere la designación junto con la posesión ante esta Entidad. En tal virtud, el ejercicio de cualquier cargo sin haber tomado posesión de este, cuando las normas aplicables así lo exijan dará lugar a las sanciones correspondientes, sin perjuicio de que por este sólo hecho la SFC se abstenga de autorizar la posesión.

Numeral 1.2

Eventos en los que no se requiere tramitar posesión

Numeral 1.2.1

Los representantes legales y miembros de juntas directivas designados por el Presidente de la República, así como los funcionarios públicos que por disposición legal deban hacer parte de una junta o consejo directivo de alguna entidad vigilada y que ejerzan personalmente dicha función no requieren adelantar el trámite de posesión. En todo caso, corresponde al responsable del trámite de posesión a que se refiere el subnumeral 1.3 del presente Capítulo informar tal situación a la SFC.

Numeral 1.2.2

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2, numeral 2 del artículo 74 del EOSF, los gerentes de sucursales no deben adelantar el trámite de posesión ante la SFC y la certificación de su representación se sujeta a lo dispuesto en el régimen general de sociedades. Igualmente, los representantes legales designados exclusivamente para adelantar funciones judiciales, es decir, para actuar ante las autoridades jurisdiccionales, no requieren de posesión ante la SFC.

Numeral 1.3

Funciones del responsable del trámite de posesión

El secretario general o vicepresidente jurídico de la entidad vigilada, o en su defecto, en aquellas entidades que no cuenten con dichos cargos, un representante legal principal designado expresamente para tal efecto por la junta directiva es la persona responsable de adelantar el trámite de posesión de funcionarios ante la SFC, para lo cual debe:

Numeral 1.3.1

Exigir al postulado la información que soporta su trayectoria e idoneidad, con el fin de proceder a la revisión y posterior incorporación de los datos exigidos en la proforma “Hoja de Vida”, certificando la coincidencia de la información con los documentos aportados.

Numeral 1.3.2

Diligenciar en su integridad las proformas electrónicas “Hoja de Vida” y “Certificado de Trámite de Posesión Abreviada”, cuando sea el caso, de acuerdo con su correspondiente instructivo.

Numeral 1.3.3

Firmar electrónicamente las proformas “Hoja de vida” y “Certificado de Trámite de Posesión Abreviada”, cuando sea el caso, y transmitirlas vía electrónica a la SFC.

Numeral 1.3.4

Conservar un ejemplar físico del trámite de posesión, debidamente firmado por él y el postulado, en los términos previstos en la ley para la conservación de documentos.

Numeral 1.3.5

Archivar y custodiar la documentación que soporta el diligenciamiento de las proformas “Hoja de vida” y “Certificado de Trámite de Posesión Abreviada”, cuando sea el caso, de acuerdo con las normas que regulan los términos y plazos para la conservación de documentos.

Con la firma y transmisión de las proformas correspondientes a la SFC, se entiende que el funcionario responsable de dicho trámite hace constar que la información allí consignada fue revisada, coincide con los documentos suministrados por el postulado y que éstos reposan en los archivos de la entidad.

Es deber del responsable del trámite de posesión garantizar en todo momento la confidencialidad de la información que conozca en desarrollo de sus funciones.

Numeral 1.4

Reglas relativas al trámite de posesión

Es deber de cada entidad vigilada, a través del funcionario responsable del trámite de posesión en los términos previstos en el subnumeral anterior, solicitar ante la SFC la posesión dentro de los 45 días corrientes siguientes a la fecha de designación del respectivo aspirante o cuando se den algunas de las situaciones señaladas en el numeral 1.5. de este Capítulo. Vencido tal plazo, sin que se haya presentado la solicitud de posesión, es necesario que el órgano nominador correspondiente ratifique la designación del aspirante para surtir el trámite.

La posesión de los funcionarios podrá surtirse a través del Procedimiento Abreviado o del Procedimiento Ordinario, cumpliendo con los requisitos previstos en el presente capítulo, así como aquellos previstos en la Parte I, Título I, Capítulo III, de esta Circular. Los dos procedimientos indicados se adelantan digitalmente, de acuerdo con las reglas contenidas en la presente circular.

Numeral 1.4.1

Trámite de Posesión con Procedimiento Abreviado

Este trámite procede exclusivamente para la autorización de posesión en los cargos que se listan en el presente subnumeral. En el evento de que el postulado no cumpla con los requisitos para acudir al trámite de posesión con procedimiento abreviado, debe surtir el trámite de posesión bajo el procedimiento ordinario.

Para la aplicación del presente trámite las entidades vigiladas deben verificar: i) los estatutos sociales y las normas aplicables al cargo, ii) la experiencia y trayectoria profesional del postulado, iii) la formación académica y conocimiento del sector o área correspondiente a la prestación de los servicios de que se trate y, en general, iv) la capacidad del candidato para asumir las responsabilidades propias del cargo.

La entidad debe establecer criterios, condiciones mínimas o recomendaciones para las personas que sean postuladas en los cargos sujetos al trámite de posesión con procedimiento abreviado ante la SFC, en consideración a la naturaleza de las funciones desempeñadas, el tipo de actividad que desarrolla la vigilada y la responsabilidad que demanda el ejercicio de estas. Dichos criterios, condiciones o recomendaciones deben estar a disposición de la SFC.

Adicionalmente, las entidades deben verificar, a través del funcionario responsable del trámite de posesión, que el postulado no se encuentre incurso en inhabilidades o incompatibilidades previstas en la ley, o en eventuales conflictos de interés, para lo cual le exigirán a este una declaración mediante la cual manifieste que, conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables, no se encuentra incurso en ninguna causal que le impida ejercer el cargo para el cual fue designado. La información suministrada por el postulado se entiende bajo la gravedad de juramento.

A continuación, se relaciona la documentación que, como mínimo, la entidad debe tener en cuenta para establecer que el postulado cumple con las calidades requeridas para el ejercicio idóneo y responsable del cargo.

a. Documentación para la verificación de antecedentes:

El responsable del trámite de posesión debe verificar que el postulado no presenta ninguna de las siguientes situaciones:

i. Sanciones en firme proferidas por la SFC, la Superintendencia de la Economía Solidaria o la Superintendencia de Sociedades, así como por los órganos disciplinarios de los organismos de autorregulación.

ii. Sanciones disciplinarias impuestas por los organismos que ejercen la supervisión y/o control sobre el adecuado ejercicio de la profesión cuyo título acredite el postulado.

iii. Reportes negativos de operadores de información financiera, crediticia y comercial.

iv. Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía general de la Nación, Contraloría General de la República, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o antecedentes penales.

v. Reportes en la lista OFAC y lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Si el aspirante presenta al menos un antecedente en los registros antes señalados debe adelantar el Trámite de posesión con Procedimiento Ordinario.

La entidad vigilada o el funcionario responsable del trámite de posesiones debe informar a la SFC, de manera inmediata, cualquier situación que conozca y afecte las condiciones y requisitos que permitieron formarse el criterio favorable del postulado que fue objeto de Procedimiento Abreviado para el ejercicio del cargo.

b. Cargos a los que aplica:

Este trámite procede exclusivamente para la autorización de posesión en los cargos que se listan en el presente subnumeral. En cada caso se señala la información adicional que la entidad debe verificar respecto de cada postulado.

i. Defensores del Consumidor Financiero principales y suplentes: si se cumplen los requisitos señalados en la Ley 1328 de 2009. Cuando el postulado cuente con la infraestructura necesaria y suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Si éste desempeña el cargo en más de 5 entidades vigiladas, debe tramitar el procedimiento de posesión mediante trámite ordinario.

ii. Representantes Legales Regionales o de Zona. Cuando el candidato acredita formación académica, título de pregrado, mínimo 4 años de experiencia en cargos de gestión o responsabilidad financiera en el sector para el cual postula y que esté inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores – RNPMV.

iii. Representantes legales de sociedades comisionistas de bolsa con facultades exclusivas para actuar en rueda, en renta variable, en renta fija, en operaciones a plazo, de cumplimiento financiero. Verificar que el postulado esté inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores – RNPMV.

iv. Representantes legales de sociedades comisionistas de bolsa con facultades exclusivas para actuar en el mercado cambiario.

v. Representante legal de la Bolsa Mercantil para presidir la rueda de negocios. Verificar que el postulado esté inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores – RNPMV.

vi. Representantes legales para asuntos de tecnología. Verificar además que el candidato acredita formación académica y título de pregrado y mínimo 3 años de experiencia en cargos relacionados con el que se postula.

vii. Representantes legales del Banco de la República.

viii. Representantes o delegados de los funcionarios públicos que por disposición legal deban hacer parte de una junta o consejo directivo de alguna entidad vigilada y que no ejerzan personalmente dicha función.

ix. Los revisores fiscales, miembros de junta directiva, consejo directivo o de administración y representantes legales, que hayan sido posesionados a través del procedimiento ordinario y que sean reelegidos para el ejercicio del mismo cargo, con independencia de la condición de principal o suplente.

x. Representantes legales y miembros de junta directiva principales y suplentes de un Banco Puente.

c. Procedimiento:

Para el trámite de posesión con Procedimiento Abreviado, el funcionario responsable del trámite de posesión debe diligenciar y remitir a la SFC la proforma electrónica “Hoja de Vida” de acuerdo con su correspondiente instructivo, la proforma electrónica “Certificado de Trámite de Posesión Abreviada” y adjuntar el acta de designación del postulado en el cargo.

La autorización de posesión con Procedimiento Abreviado se entiende impartida cuando se hayan cumplido todos los requisitos exigidos para el efecto en esta circular y una vez sea informado tal hecho al postulado mediante el correspondiente oficio, con la indicación de la fecha a partir de la cual queda posesionado.

Si un candidato posesionado mediante este procedimiento es reelegido para el mismo cargo, su posesión nuevamente se surtirá por el Procedimiento Abreviado.

El Procedimiento Abreviado podrá ser utilizado por entidades vigiladas transcurridos 2 años después de la autorización para su funcionamiento. No puede ser utilizado por entidades sometidas a alguno de los Institutos de Salvamento previstos en el EOSF, ni durante los 6 meses siguientes a su levantamiento.

El Trámite de Posesión con Procedimiento Abreviado no restringe la facultad de la SFC para determinar en cualquier momento las posesiones que deben adelantarse siguiendo el Trámite de Posesión con Procedimiento Ordinario, para cuyo efecto es suficiente con el requerimiento a la respectiva entidad y/o a los candidatos informando dicha circunstancia.

Numeral 1.4.2

Trámite de posesión con Procedimiento Ordinario

Previa la revisión y verificación respectiva, el responsable del trámite debe diligenciar en su integridad la proforma “Hoja de vida”, o la que se publique en la página web de la SFC.

Una vez diligenciada la mencionada proforma, corresponde al responsable del trámite de posesión firmarla electrónicamente, y transmitirla a la SFC. Transmitida la proforma, se entiende que el responsable del trámite de posesión ha revisado la información aportada y en consecuencia no se pueden hacer modificaciones a la misma, salvo autorización expresa de la SFC. Con dicha transmisión se entiende iniciado formalmente el trámite de posesión. La información suministrada por el postulado se entiende bajo la gravedad de juramento.

La entidad debe recibir un registro electrónico con el número asignado al trámite. Se debe conservar un soporte, físico o digital, debidamente suscrito por el responsable del trámite de la proforma diligenciada y por el postulado, en la entidad. Con el número asignado se puede hacer el seguimiento al estado del trámite a través de la página web.

En el evento de existir inconsistencias en la información consignada en la proforma, se debe requerir al responsable del trámite de posesión para que efectúe las aclaraciones a que haya lugar.

El comité de posesiones debe evaluar y decidir sobre las solicitudes de posesión sometidas a su consideración en el orden de presentación de estas. El secretario del comité de posesiones debe elaborar un acta con las decisiones adoptadas.

La decisión tomada por el comité de posesiones se comunica a la entidad. En caso de negarse la posesión debe, además, notificarse personalmente al postulado.

En cualquier estado del trámite, la SFC puede solicitar documentos y aclaraciones adicionales, los cuales deben remitirse a más tardar dentro del mes siguiente a la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que el responsable del trámite de posesión haya suministrado la información solicitada, se entiende que se ha desistido de la solicitud y se tiene por finalizado el trámite, en los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Para retirar una solicitud de posesión ya transmitida a la SFC, y siempre que el comité de posesiones no haya tomado una decisión al respecto, el responsable del trámite de posesión debe ingresar a la página web de la SFC y seleccionar la opción “cancelar trámite”, explicando brevemente el motivo de tal decisión. Utilizada dicha opción el trámite se da por finalizado. Si la entidad desea tramitar nuevamente la solicitud de posesión del mismo postulado puede hacerlo una vez transcurridos 10 días corrientes contados a partir del día siguiente de la fecha de retiro de la anterior solicitud.

Toda información falsa, engañosa, inexacta o incompleta suministrada, en los procedimientos de posesión previamente mencionados, da lugar a las acciones penales y civiles a que haya lugar, con independencia de las sanciones administrativas que imponga la SFC en ejercicio de sus atribuciones legales. En estos eventos, esto es, cuando la SFC encuentre que se ha reportado información falsa, engañosa, inexacta o incompleta, se informará a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones a que hubiere lugar. En cualquier momento la SFC puede solicitar y verificar, en las entidades vigiladas, las solicitudes de posesión tramitadas con sus respectivos documentos soporte.

Numeral 1.5

Situaciones que ponen fin al ejercicio de los cargos que requieren posesión ante la SFC

Las personas que se encuentren debidamente posesionadas y registradas en la base de datos de la SFC para los cargos de que trata el presente Capítulo mantienen tal condición para todos los efectos legales, hasta tanto ocurra uno de los siguientes eventos: i) se registre el nombramiento y posesión de una nueva persona; ii) el responsable del trámite de posesión informe que el cargo ha sido suprimido, o iii) la SFC lleve a cabo la actualización del registro, conforme a las reglas que a continuación se indican:

Numeral 1.5.1

Renuncias

Corresponde al responsable del trámite de posesión informar a la SFC las renuncias de las personas que ejerzan los cargos indicados en la presente Circular, dentro de los 30 días corrientes siguientes a la presentación de la renuncia. Para tal efecto, el responsable del trámite de posesión debe diligenciar la proforma “Hoja de vida” o la que publique la SFC en su página web y conservar los soportes respectivos que acrediten tal hecho.

En caso de renuncia al cargo, y si en los estatutos sociales no se prevé expresamente un término dentro del cual deba proveerse el reemplazo, los órganos sociales encargados de llevar a cabo el nombramiento deberán producirlo dentro del plazo de 30 días corrientes, contados a partir del momento de la renuncia, remoción o cualquier otra circunstancia que ponga fin al ejercicio del cargo y deben iniciar el trámite de posesión dentro de un plazo de 45 días corrientes, contados a partir de la fecha de la designación o nombramiento del reemplazo, so pena de las sanciones a que haya lugar.

Vencido el término anterior sin que se haya designado y posesionado el reemplazo, corresponde a las personas que hayan presentado renuncia, informar tal situación mediante comunicación dirigida a la SFC, adjuntando el soporte respectivo en el cual se acredite la fecha en que la misma fue presentada con el fin de que se actualice el registro.

Numeral 1.5.2

Remoción

En caso de remoción u otra circunstancia que ponga fin al ejercicio del cargo producto de una decisión tomada por la entidad vigilada, el responsable del trámite de posesión debe informar a la SFC dentro de los 30 días corrientes siguientes a la decisión el contenido de esta, así como las razones que la motivaron, junto con los documentos de soporte respectivos.

Vencido el término anterior sin que la entidad vigilada haya informado acerca de tal circunstancia, la persona interesada puede adelantar el trámite indicado en el párrafo final del subnumeral 1.5.1. del presente Capítulo en lo que resulte pertinente.

Si en los estatutos sociales no se prevé expresamente un término dentro del cual deba proveerse el reemplazo, los órganos sociales encargados de llevar a cabo el nombramiento deberán producirlo dentro del plazo de 30 días corrientes, contados a partir del momento de la renuncia, remoción o cualquier otra circunstancia que ponga fin al ejercicio del cargo y deben iniciar el trámite de posesión dentro de los 45 días corrientes, contados a partir de la fecha de la designación o nombramiento del reemplazo, so pena de las sanciones a que haya lugar.

Numeral 1.5.3

Reglas en caso de vacancia

De acuerdo con lo señalado en el numeral 4 del artículo 73 del EOSF, la ausencia injustificada de un miembro de junta directiva, consejo directivo o de administración en las entidades destinatarias de tal disposición por un período mayor de 3 meses produce la vacancia del cargo. En este evento, el responsable del trámite de posesión debe comunicar dicha situación a la SFC dentro de los 30 días corrientes siguientes a su configuración diligenciando la proforma electrónica “Hoja de vida” y conservando los soportes respectivos que acrediten la ocurrencia de esa situación.

Como quiera que por disposición legal en caso de vacancia el suplente ocupa el puesto del principal, de existir un único suplente, la entidad vigilada debe adelantar el trámite de posesión respecto del nuevo suplente dentro de los 45 días corrientes siguientes a la designación o nombramiento de este.

Numeral 1.5.4

Incumplimiento de los requisitos relativos al Trámite de Posesión con Procedimiento Abreviado

En el evento en que la SFC evidencie que una persona posesionada mediante el Procedimiento Abreviado no cumplía, al momento de adelantar el trámite, con los requisitos necesarios para el ejercicio del cargo procederá a revocar la posesión realizada con el Procedimiento Abreviado. Dicha decisión será informada a la entidad vigilada y notificada al posesionado, indicando que sólo procede el recurso de reposición contra la misma.

El incumplimiento de alguno de los requisitos previstos para el trámite de posesión con Procedimiento Abreviado por parte de una entidad vigilada conllevará la imposibilidad de acudir a éste, durante los dos años siguientes, contados a partir de la información de la decisión al respecto por parte de la SFC o de la decisión del recurso de reposición, según se presente.

Numeral 1.6

Posesión del revisor fiscal

La diligencia de posesión se surte en relación con el contador público designado para desempeñar personalmente las funciones del revisor fiscal

La SFC autoriza la posesión una vez se cerciore acerca del carácter, la idoneidad y la experiencia de la persona designada por el órgano social competente para ejercer la revisoría fiscal.

Para la posesión de un aspirante a revisor fiscal de una entidad vigilada, la SFC tiene en cuenta tanto requisitos objetivos como calidades subjetivas. Los primeros se relacionan con la verificación de los requisitos exigidos en las normas aplicables, tales como el cumplimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades correspondiente y la obtención de la tarjeta profesional; las segundas, incluyen una facultad discrecional, que concede a la SFC atribuciones para determinar los criterios y elementos de juicio que considere procedente utilizar para evaluar la conducta de los candidatos a revisores fiscales, su capacidad y trayectoria profesional, seriedad, responsabilidad y moralidad.

En cuanto a la experiencia es necesario que los aspirantes se hayan desempeñado en cargos similares, exigiéndose mayor experiencia a medida que aumenta el tamaño de la respectiva entidad y la complejidad de sus negocios. Si bien parte de dicha experiencia puede haber sido adquirida en otros sectores empresariales, es necesario que los aspirantes cuenten con experiencia previa en el sector, dada la especialización de las actividades que desarrollan las referidas entidades, con una normatividad y sistemas operativos que difieren considerablemente de los aplicables a la generalidad de las empresas. No obstante, no se exige que la experiencia en el sector provenga del desempeño de cargos del mismo nivel, admitiéndose, por ejemplo, la experiencia como contadores, auditores o contralores de otras entidades vigiladas.

Numeral 1.6.1

Ejercicio del suplente

La responsabilidad del revisor fiscal suplente es igual a la del revisor fiscal principal respecto del adecuado cumplimiento de sus funciones, cuando deba reemplazarlo, de acuerdo con lo previsto en el presente Capítulo y en el marco normativo vigente.

La revisoría fiscal no puede ser ejercida de manera simultánea por las personas designadas para dicho cargo como titular y suplente,

El suplente sólo debe ejercer las funciones del titular del cargo ante la falta definitiva o temporal de este, y debe abstenerse de expedir dictámenes, informes, certificaciones y demás documentos relacionados con el ejercicio de la revisoría, salvo cuando se encuentre reemplazando al titular.

Numeral 1.6.2

Efectos de la renuncia, inscripción en el registro mercantil y entrega del cargo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, las personas que se encuentren debidamente posesionadas e inscritas en la Cámara de Comercio como revisores fiscales, mantienen tal condición para todos los efectos legales, hasta tanto ocurra uno de los siguientes eventos: i) se registre un nuevo nombramiento y posesión de una persona diferente, o ii) se proceda a la actualización del registro mercantil, inscribiendo su renuncia, conforme a las siguientes reglas:

a. En caso de remoción o renuncia, presentada ante quien actúe como secretario en las reuniones del máximo órgano social, el responsable del trámite de posesión debe proceder de conformidad con las instrucciones impartidas en el subnumeral 1.5.1 del presente Capítulo.

b. Si en los estatutos sociales no se prevé expresamente un término dentro del cual deba proveerse el reemplazo del revisor fiscal saliente, los órganos encargados de llevar a cabo el nombramiento deberán producirlo dentro del plazo de 30 días corrientes, contados a partir del momento de la renuncia, remoción o cualquier otra circunstancia que ponga fin al ejercicio del cargo y deben iniciar el trámite de posesión dentro de los 45 días corrientes, contados a partir de la fecha de la designación o nombramiento del reemplazo, so pena de las sanciones a que haya lugar.

c. Vencido este término sin que se haya designado y posesionado el reemplazo, corresponde al revisor fiscal saliente informar tal situación mediante comunicación dirigida a la Cámara de Comercio respectiva, adjuntando el soporte correspondiente en el que acredite la fecha en que la misma fue presentada con el fin de que se actualice el registro.

d. Los revisores fiscales deben remitir a la SFC, para los fines legales pertinentes, copia del certificado expedido por la Cámara de Comercio en el cual conste la inscripción de la renuncia, remoción o circunstancia que ponga fin al ejercicio del cargo.

Sin perjuicio de todo lo anterior, se recomienda que el revisor fiscal saliente formalice la entrega del cargo mediante un documento en el cual informe sobre los principales aspectos de la entidad, el trabajo realizado hasta dicha fecha, los proyectos en curso y los planes pendientes.

Numeral 1.7

Posesión e información que deben suministrar las entidades vigiladas a la SFC sobre el Defensor del Consumidor Financiero - DCF

De conformidad con el artículo 18 de la Ley 1328 de 2009 concordante con el artículo 2.34.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010 los DCF designados por la asamblea general de accionistas de las respectivas entidades vigiladas, deben estar inscritos en el Registro de Defensores del Consumidor Financiero y posesionarse ante la SFC, para lo cual debe atenderse lo dispuesto en este subnumeral y a lo establecido en la Parte I, Titulo III, Capítulo II de la Circular Básica Jurídica.

Para tal efecto, las entidades obligadas a tener DFC deben remitir a la SFC, a través del aplicativo dispuesto por la SFC, la siguiente información:

Numeral 1.7.1

La información necesaria para iniciar el trámite de posesión del DCF ante la SFC y de inscripción de la identificación completa del titular y suplente en el Registro de Defensores de la SFC, en especial, la relativa al nombre, identificación, ubicación física (dirección, teléfono y fax) y dirección electrónica, tanto de su DFC como del respectivo suplente. Así mismo, el tipo, fecha y número del documento mediante el cual se hicieron las respectivas designaciones y la vigencia del nombramiento. Una vez se ha surtido el trámite de posesión ante esta Superintendencia, el mencionado registro debe incluir la fecha de posesión. La información debe remitirse inmediatamente ocurran las designaciones y, en todo caso, dentro de un término que no debe superar los 3 días hábiles siguientes a la fecha en la cual hayan tenido lugar.

Numeral 1.7.2

Cualquier modificación que ocurra respecto de la información mencionada en el numeral anterior, tantas veces como cambios se presenten, a efectos de mantener actualizadas las bases de datos y la información suministrada al público. Este deber implica el reporte de la información sobre todas las decisiones relacionadas directamente con el DCF y su suplente (vb.gr. remoción, reelección, designación de uno diferente, etc.), lo cual debe ser informado inmediatamente y, en todo caso, dentro de un término que no debe superar los 3 días hábiles siguientes a la fecha en la cual se hayan producido.

Numeral 1.7.3

Un informe del representante legal de la entidad, sobre las actuaciones adelantadas o consideraciones efectuadas por la entidad frente a las recomendaciones o sugerencias en caso de que el DCF las hubiere realizado. Igual deber tiene la administración de la entidad respecto de los casos y asuntos que el DCF hubiere solicitado llevar al conocimiento de la junta directiva o del consejo de administración.

El término máximo para la remisión de estos informes es de 3 meses contados a partir de la fecha de su presentación a la entidad y desde la fecha del escrito en el cual el DCF solicitó llevar a conocimiento de la junta o consejo de administración determinado caso o situación.

Numeral 1.7.4

Copia de los pronunciamientos del defensor que hayan hecho públicos acorde con lo dispuesto en el artículo 2.34.2.1.8 del Decreto 2555 de 2010. Tal remisión debe realizarse dentro del mes siguiente a la publicación de tales decisiones.

Numeral 1.7.5

La información que la SFC solicite en cualquier momento.

Numeral 2

Cambios de domicilio

Numeral 2.1

Información por remitir

Con el propósito de dar plena aplicación a los principios señalados en el artículo 3 del CPACA y atendiendo la garantía constitucional del derecho de defensa en las actuaciones administrativas, Las personas que se han posesionado y cuyos registros se llevan en la SFC, deben informar a esta entidad a través de la proforma correspondiente, cualquier cambio de domicilio y dirección para notificaciones, indicando:

Numeral 2.1.1

Nombre y documento de identidad.

Numeral 2.1.2

Entidad y cargo en ejercicio.

Numeral 2.1.3

Nuevo domicilio y dirección para notificaciones.

Numeral 2.1.4

Nuevos datos de contacto para atención a los consumidores financieros, para el caso de los defensores del consumidor financiero.

Numeral 2.2

Suministro de información posterior a la desvinculación de la entidad

Para los efectos de adelantar los trámites de notificación contemplados en los artículos 67 y 68 del CPACA, las personas que se han posesionado y cuyos registros se llevan en la SFC, una vez cesen en el ejercicio del cargo desempeñado deben informar al Grupo de Registro cualquier cambio de domicilio y dirección que suceda dentro de los 3 años siguientes a la desvinculación indicando:

Numeral 2.2.1

Nombre y documento de identidad.

Numeral 2.2.2

Fecha de retiro.

Numeral 2.2.3

Cargo en ejercicio a la fecha de retiro.

Numeral 2.2.4

Nuevo domicilio y dirección para notificaciones.

Cuando se desprenda de una actuación administrativa iniciada de oficio o de una facultad administrativa sancionatoria, que personas que han cesado en el ejercicio de un cargo para el que tomaron posesión ante la SFC pueden resultar afectadas en forma directa, debe citárselas para que puedan hacerse parte en dicha actuación. Para esto, si no hay otro medio más eficaz, se debe enviar comunicación por correo certificado a las direcciones que el interesado haya registrado para notificaciones en la entidad. En el evento en que las comunicaciones no surtan efecto se debe efectuar la publicación correspondiente en un periódico de amplia circulación nacional, de acuerdo con lo previsto en los literales d. e. y f. del numeral 4 del artículo 208 del EOSF-sustituido por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003.

Numeral 2.3

Información sobre antecedentes

En la forma indicada en el numeral anterior, las entidades vigiladas deben informar la terminación de las relaciones con sus funcionarios por virtud de irregularidades cometidas en su gestión financiera o a causa de comportamientos que riñen con el debido manejo de los recursos del público.

Numeral 2.4

Dirección de notificación para actuaciones específicas

Para los efectos de notificación personal de actuaciones administrativas contemplados en el artículo 67 del CPACA, las personas que se han posesionado y cuyos registros se llevan en la SFC, pueden suministrar una dirección física o electrónica específica de notificación para tal actuación, diferente a la registrada en la hoja de vida al tomar posesión. La dirección específica o su modificación debe informarse mediante comunicación realizada especialmente para tal propósito, dirigida al funcionario competente que realiza el trámite respectivo. En todo caso, se entiende que la dirección específica sólo es válida para ese trámite determinado.

En el acto que ponga fin a la actuación o en los demás que deban notificarse personalmente, la dependencia que los proyecta debe indicar al final de estos la dirección específica de notificaciones aportada por el interesado o su modificación. Si el interesado no señaló dirección específica de notificaciones se debe indicar la que se haya utilizado dentro del trámite. En todo caso debe indicarse la dirección personal de notificaciones suministrada por aquellos que han tomado posesión del cargo.

El hecho de que se haya suministrado una dirección de notificación específica para un trámite determinado no anula la dirección general registrada para notificaciones, que puede ser utilizada en otras actuaciones que se desarrollen. Igualmente puede ser utilizada la dirección general de manera subsidiaria en actuaciones para las cuales no se logre notificar el acto respectivo habiéndose hecho la citación a través de la dirección específica. El suministrar una dirección específica no exime de reportar los cambios de dirección de notificación general.

Numeral 3

Derecho de petición

Numeral 3.1

Procedencia

Toda actuación que inicie cualquier persona ante la SFC, por motivos de interés general o particular, implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Dicha actuación atenderá a lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El ejercicio del derecho de petición ante la SFC es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado.

El derecho de petición no puede utilizarse para revivir términos prescritos legalmente, reivindicar derechos relacionados con el no ejercicio en el tiempo de los recursos o acciones legales, o modificar decisiones en firme o ejecutoriadas.

Numeral 3.2

Presentación y radicación

En los términos del artículo 15 del CPACA, las peticiones podrán presentarse ante la SFC verbalmente, debiendo quedar constancia de esta, o por escrito y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos.

Las peticiones presentadas en forma escrita o por cualquier medio para la comunicación y transferencia de datos serán radicadas en la SFC mediante la asignación, por el Grupo de Servicio al Ciudadano, de un número e indicación de fecha y hora de presentación, así como el número y clase de documentos anexos, datos que aparecerán en un rótulo que se colocará sobre el documento recibido. Con base en los datos suministrados en el rótulo correspondiente, el peticionario puede requerir información relativa al estado de su solicitud.

Cuando la petición escrita se acompañe con una copia de esta, el Grupo de Servicio al Ciudadano debe seguir el procedimiento antes descrito y colocar el respectivo rótulo tanto en el original como en la copia, la cual tendrá, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del CPACA, el mismo valor legal del original y se debe devolver al interesado.  Esta autenticación no causa costo alguno al peticionario.

Numeral 3.3

Peticiones verbales

Las solicitudes verbales son atendidas en las oficinas dispuestas para el efecto (Punto de Servicio al Ciudadano), en las instalaciones de la SFC ubicadas en la Calle 7 No. 4 - 49 en Bogotá D.C., o telefónicamente a través del Centro de Contacto en la línea gratuita nacional número 01 8000 120 100 o en Bogotá en el número (601) 3078042, en los horarios establecidos e informados por la SFC en esta línea, sin perjuicio de que en circunstancias especiales y cuando se estime pertinente se modifiquen los horarios de atención al público.

Numeral 4

Información general

La información relativa al funcionamiento de la SFC, su historia, misión, visión, objetivos estratégicos, naturaleza jurídica, objeto, funciones generales, estructura orgánica, normas básicas que regulan la SFC, informes de gestión, memorandos de entendimiento suscritos por la SFC, puede ser consultada en la página web www.superfinanciera.gov.co, o en la biblioteca de la SFC durante el horario de atención al público.

Numeral 5

Consulta de documentos y expedición de copias o fotocopias

La consulta de documentos oficiales y la expedición de copias o fotocopias autenticadas atenderá a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 57 de 1985 y los artículos 13 y siguientes del CPACA.

Numeral 6

Apoderados

Numeral 6.1

Actuaciones que incluyan actos de apoderamiento

Las actuaciones ante la SFC pueden ser adelantadas directamente por el interesado - tratándose de personas naturales -, por intermedio de sus representantes legales - tratándose de personas jurídicas o incapaces -, o mediante apoderado.

Cuando se impulse una actuación por intermedio de apoderado, estos deben ser abogados inscritos (artículo 35 del Decreto 196 de 1971). Cuando una misma persona sea apoderada de varias sociedades o compañías, debe indicar claramente a nombre de quién actúa.

Numeral 6.2

Trámite

Los poderes generales para toda clase de actuaciones deben conferirse por medio de escritura pública. Una vez aceptado el poder expresamente o por su ejercicio, la Secretaría General de la SFC debe elaborar el auto de reconocimiento respectivo. Estos autos, los poderes y las constancias de vigencia, reposan en la Secretaría General, donde pueden ser consultados por los funcionarios y particulares interesados. En caso de que el poder general sea aportado únicamente para una actuación específica, como una notificación, no es necesario elaborar auto de reconocimiento.

Los poderes especiales para un trámite específico pueden conferirse por escritura pública o por documento privado; los que se otorguen para varios procesos separados deben conferirse por escritura pública. Del poder especial otorgado mediante documento privado debe hacerse presentación personal por el otorgante ante notario, juez o en la Secretaria General de la SFC, y su aceptación por el apoderado puede ser expresa o por su ejercicio. Hecha la presentación por el otorgante o tratándose de poder especial otorgado por escritura pública, la Secretaría General debe enviar el poder a la dependencia ante la cual se va a surtir el trámite o trámites respectivos, la cual debe decidir si cumple o no con los requisitos legales e incorporarlo al expediente pertinente.

Cuando se trate de poderes especiales otorgados para adelantar trámites ante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, dicho poder podrá conferirse mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento, de conformidad con la Ley 2213 de 2022.

Si el poder especial es para varias actuaciones separadas que cursen o deban cursarse ante diferentes dependencias de esta Superintendencia, la Secretaría General debe elaborar auto de reconocimiento, el cual se rige por lo previsto para los autos de reconocimiento de apoderados generales.

Numeral 7

Recursos en la vía administrativa

Contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas adelantadas ante la SFC proceden los recursos previstos en el artículo 74 y siguientes del CPACA, La oportunidad y presentación para interponer los mismos, será la señalada en el artículo 76 del CPACA, salvo las excepciones previstas en el artículo 208 del EOSF.

Numeral 8

Quejas o reclamaciones

Numeral 8.1

Procedencia

La SFC tramitará las quejas o reclamaciones que se formulen, verbalmente o por escrito, contra las entidades sobre las cuales ejerce vigilancia y control o contra sus directores, representantes legales, accionistas, revisores fiscales y los defensores del consumidor financiero que se relacionen con:

Numeral 8.1.1

Las posibles violaciones a normas jurídico-financieras por cuyo cumplimiento deba velar la SFC;

Numeral 8.1.2

La actividad de los directores, representantes legales, accionistas y revisores fiscales en lo que concierne a la administración de las entidades vigiladas y al manejo de sus bienes; y

Numeral 8.1.3

El incumplimiento por parte de los defensores del consumidor financiero a sus obligaciones previstas en el Título I de la Ley 1328 de 2009 relativas al régimen de protección al consumidor, así como las contenidas en el Título 2 del Libro 34 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, referidas a la misma materia, las contenidas en las instrucciones impartidas por esta Superintendencia y las demás que les sean aplicables.

El trámite de quejas o reclamaciones contra entidades vigiladas que se adelanta a través de la SFC como una de las instancias para la presentación de las mismas por parte del consumidor financiero, se surte con estricta observancia del principio de responsabilidad de las entidades vigiladas en la atención de estas, consagrado en el literal d) del artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 en concordancia con lo dispuesto en el literal k) del artículo 7 de la referida ley, y conforme al marco de competencias consignado en el numeral 3 del artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, según el cual la SFC dirige el trámite de las quejas o reclamaciones interpuestas por los consumidores financieros.

En virtud de lo anterior, una vez recibida la queja o reclamación, la SFC dará traslado de esta a la entidad vigilada respectiva, con el propósito de que ésta atienda y dé respuesta oportuna y de fondo e informe sobre la gestión de la misma a esta SFC conforme a los procedimientos establecidos para el efecto.

Numeral 8.2

Quejas o reclamaciones contra entidades vigiladas relacionadas con los productos y servicios ofrecidos o la gestión de los defensores del consumidor financiero.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, las instancias a las cuales puede acudir el consumidor financiero para formular quejas o reclamos son las entidades vigiladas, los defensores del consumidor financiero o la SFC.

Teniendo en cuenta que las quejas o reclamos de las que trata este numeral corresponden a los productos y servicios ofrecidos o prestados por las entidades vigiladas, es deber de estas su identificación, atención eficiente y oportuna, y resolución, independientemente de la instancia y canal utilizado por el consumidor financiero, esto es: página web, call center, aplicaciones móviles y oficinas, entre otros. Adicionalmente, las entidades vigiladas deben implementar acciones de mejora necesarias, oportunas y continuas, atendiendo el principio de responsabilidad en el trámite de quejas consagrado en el literal d) del artículo 3 de la Ley 1328 de 2009.

La SFC podrá revisar la actuación de cualquier entidad vigilada ante la cual se haya presentado una queja o reclamo para verificar si la misma fue identificada, atendida y resuelta de manera eficiente y oportuna, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal k) del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009.

La entidad vigilada debe mantener actualizada y visible la información dirigida al consumidor financiero sobre el procedimiento y los canales dispuestos para la atención de quejas o reclamos ante la misma entidad o ante el defensor del consumidor financiero. Así mismo, deben mantener disponibles los canales para su recepción.

Numeral 8.3

Requisitos

Para la presentación de las quejas o reclamos en contra de las entidades vigiladas, la SFC pone a disposición del consumidor financiero diferentes canales, cuya información se encuentra en la página web www.superfinanciera.gov.co

Para dar trámite a las quejas presentadas ante la SFC, el consumidor financiero suministrará como mínimo la siguiente información:

- Nombres y apellidos completos del solicitante o de su representante o apoderado

- Tipo de persona (natural o jurídica)

- Tipo y número del documento de identificación

- Dirección o correo electrónico para envío de correspondencia

- Nombre de la entidad vigilada por la SFC con la cual se tiene la inconformidad

- Motivo y producto o servicio objeto de la inconformidad

- Breve descripción de los hechos

- Lugar (país, departamento y municipio) en donde ocurrieron los hechos cuando aplique

- Documentos que soporten la queja o reclamo, cuando sea necesario

Si la información de la queja o reclamo no reúne los requisitos mínimos para ser tramitada, la SFC contactará al consumidor financiero para completarla, cuando sea posible.

En virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1266 de 2008, cuando se formule una queja en contra de una entidad vigilada, a través de la cual se pretenda la corrección, actualización o retiro de datos personales, se debe acreditar ante la SFC que se surtió el trámite de una queja o reclamo por los mismos hechos ante el operador o la fuente (entidades vigiladas por la SFC), y que el mismo no fue atendido o fue atendido desfavorablemente.

Numeral 8.4

Términos

Las entidades vigiladas tienen un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo, para atender y resolver las quejas o reclamos de los consumidores financieros, independientemente del canal o instancia de formulación. Cuando no fuere posible atenderlas dentro de dicho término, la entidad vigilada debe informar al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando, la fecha en que se dará respuesta a la misma.

El plazo anteriormente citado se entiende incumplido cuando quiera que la respuesta a la queja o reclamo se hubiere producido fuera del mismo, o se hubiere recibido incompleta, o cuando no hubiere sido enviada a la dirección física o electrónica informada previamente por el consumidor financiero.

En ningún caso se podrán desatender los términos mencionados en este numeral, so pena de las consecuencias que dicho incumplimiento puede generar para la entidad vigilada.

Lo anterior, sin perjuicio del término establecido para que las entidades vigiladas atiendan y resuelvan las quejas exprés de las que trata el subnumeral 8.6 de este capítulo y del procedimiento establecido en el art 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 para la atención de reclamaciones por parte del defensor del consumidor financiero.

Numeral 8.5

Gestión de las quejas o reclamos

a. Una vez recibida la queja o reclamo en contra de una entidad vigilada por parte de la SFC, se pondrá a disposición de la entidad vigilada a través del mecanismo que para ello se determine, para que sea atendida y resuelta dentro de los términos establecidos.

b. La entidad vigilada debe responder directamente y por escrito al consumidor financiero en la forma señalada en este subnumeral, suministrando la información completa, clara, precisa y comprensible, con la solución o aclaración de lo reclamado y los fundamentos legales, estatutarios o reglamentarios que soporten la posición de la entidad, junto con los documentos que de acuerdo con las circunstancias, se estimen apropiados para respaldar las afirmaciones o conclusiones sostenidas por la entidad vigilada.

c. La información derivada de la gestión de las quejas o reclamos llevada a cabo por las entidades vigiladas, así como las comunicaciones y los soportes remitidos entre los consumidores financieros y entidades vigiladas, deberá estar a disposición de la SFC.

d. La entidad vigilada deberá clasificar las respuestas dadas al consumidor financiero, con la identificación de las siguientes tres categorías de respuesta, según corresponda:

i. Favorable: cuando la respuesta resuelva o atienda favorablemente la queja o reclamo del consumidor financiero.

ii. Parcialmente favorable: cuando la respuesta resuelva o atienda favorablemente parte de la queja o reclamo del consumidor financiero.

iii. No favorable: cuando la respuesta resuelva desfavorablemente la queja o reclamo del consumidor financiero.

e. La réplica interpuesta por el consumidor financiero contra la respuesta dada por la entidad vigilada a la queja o reclamo será atendida en el plazo señalado en el subnumeral 8.4. del presente Capítulo. En el evento en que el consumidor financiero no presente réplica en un término de dos meses, la SFC dará por finalizado el trámite.

Numeral 8.6

Quejas Exprés

El procedimiento “Quejas Exprés” es un mecanismo de clasificación y atención de quejas establecido por la SFC, por medio del cual se busca optimizar los tiempos de respuesta hacia los consumidores financieros, en aquellas quejas que por sus características son susceptibles de ser atendidas en un tiempo menor al establecido en el subnumeral 8.4 del presente Capítulo.

Considerando lo anterior, una vez la SFC reciba la queja contra una entidad vigilada, esta última la clasificará como – “Quejas Exprés” siempre que la misma atienda alguno de los siguientes criterios:

a. Recurrente: Esto es, que verse sobre hechos o supuestos fácticos reiterados respecto de la misma entidad vigilada.

b. Interpuesta por personas en situación de especial protección, cuando así lo pueda advertir la entidad vigilada o lo manifieste el quejoso anexando las pruebas pertinentes, o cuando se trate de una persona que se encuentre dentro de las situaciones previstas en el artículo 20 de la Ley 1437 de 2011 o en las normas que lo modifiquen.

c. Considerada dentro de las tipologías o motivos de pequeñas causas o de fácil atención, dependiendo de la naturaleza de la entidad vigilada, la complejidad del asunto o la antigüedad de la información.

d. Presentada por una posible vulneración del derecho constitucional de habeas data de los consumidores financieros, en los términos de la Ley 1266 de 2008. Esto es, cuando se presenten inconsistencias en el reporte ante los operadores de bancos de datos derivadas de errores de las entidades vigiladas, tales como información desactualizada, suplantación personal, errores en la liquidación de productos, falta de los documentos que soportan la obligación, de autorización para realizar el reporte negativo o de la comunicación previa al titular de la información, entre otros.

e. Las relacionadas con la apertura de la cuenta única para el manejo de los recursos de las campañas políticas a que se refiere el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 y la póliza de seriedad de la candidatura a que se refiere el artículo 9 de la Ley 130 de 1994 o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.

f. Las relacionadas con el incumplimiento del deber de las entidades vigiladas de informar la composición de los paquetes mínimos de productos o servicios sin costo adicional de las cuentas de ahorro, tarjetas débito o crédito a los consumidores financieros de conformidad con lo dispuesto en el subnumeral 3.3.4. del Capítulo I, Título III de la Parte 1 de la CBJ.

g. Las relacionadas con cobros realizados por las entidades vigiladas a los consumidores financieros por operaciones fallidas en cajeros electrónicos. Se entiende por operaciones fallidas cuando el consumidor financiero no recibe el servicio que demandó por cualquier razón.

h. Las relacionadas con cobros realizados por las entidades vigiladas a los consumidores financieros por operaciones de consulta de saldo o descarga de extractos realizados en plataformas electrónicas, esto es página web, apps o cualquier otra que se disponga para tal fin.

i. Las relacionadas con la negación de una solicitud de crédito basado exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante.

j. Las que se consideren de impacto objetivo para el consumidor financiero por circunstancias de fuerza mayor o desastre, calamidad, alteración del orden público, emergencias sanitarias o ambientales declaradas por las autoridades competentes.

El término establecido para la atención y resolución de las quejas o reclamos por parte de las entidades vigiladas bajo este procedimiento será de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo, enviando respuesta al consumidor financiero y poniéndola a disposición de la SFC por los mecanismos que esta determine.

Numeral 8.7

Quejas por mal funcionamiento de los servicios de la SFC

La SFC debe resolver las reclamaciones que se presenten por mal funcionamiento de los servicios a su cargo, y proceder a determinar la responsabilidad administrativa a que haya lugar o a ordenar las medidas que resulten pertinentes.

Las quejas por este motivo formuladas deben ser dirigidas por escrito al despacho del Superintendente Financiero de Colombia, quien las remite a la dependencia competente para tramitarlas, la cual cuenta con un plazo de 15 días hábiles para los fines pertinentes.

Numeral 9

Reglas relativas a la expedición de certificaciones por parte de la SFC

Numeral 9.1

Dependencia responsable

De conformidad con el numeral 13 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto 2555 de 2010, el Secretario General de la SFC es el responsable de expedir las certificaciones que, por razones de su competencia y en virtud de las disposiciones legales, corresponda a la SFC.

Así mismo, corresponde al Secretario General expedir las certificaciones que requieran los órganos jurisdiccionales, según lo dispone el literal n) de la norma citada.

Numeral 9.2

Certificaciones que debe expedir la SFC

Las certificaciones que expida la SFC deben circunscribirse, en todo caso, a los siguientes aspectos contemplados en la ley:

Numeral 9.2.1

De acuerdo con las modalidades propias de la naturaleza y estructura de las entidades vigiladas, expedir las certificaciones sobre su existencia y representación legal.

Numeral 9.2.2

La tasa de interés bancario corriente con base en la información financiera y contable que le sea suministrada por los establecimientos de crédito, analizando la tasa de las operaciones activas mediante técnicas adecuadas de ponderación, y se cumple con la periodicidad que recomiende la JDBR.

Esta función, de conformidad con el artículo 29 del Decreto 019 de 2012, se cumple mediante la publicación en la página web de la SFC, junto con los datos históricos para consulta permanente.

La tasa de interés bancario corriente que certifique la SFC se tendrá en cuenta para los efectos establecidos en el artículo 305 del Código Penal.

Numeral 9.2.3

La tasa de captación más representativa a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable, para efectos de establecer el componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por los contribuyentes distintos de personas naturales.

Numeral 9.2.4

La tasa de colocación más representativa a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable, para efectos de determinar el componente inflacionario de los intereses, y demás costos y gastos financieros.

Numeral 9.2.5

La tasa de cambio representativa del mercado.

Numeral 9.2.6

La calidad de Defensor del Consumidor Financiero, principal o suplente, de las entidades sujetas a inspección y vigilancia de la SFC.

Numeral 9.2.7

El interés promedio reconocido a los depósitos en cuentas de ahorro a ser aplicados en el cálculo de los rendimientos de los depósitos judiciales con periodicidad semestral, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1285 de 2009.

Adicionalmente, la SFC puede certificar sobre los hechos o actos de su autoría, entre otros, la realización de visitas y la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de una entidad vigilada.

Numeral 9.3

Trámite para la solicitud de certificaciones

Las solicitudes de certificación deben ser dirigidas a la Secretaría General, con excepción de las siguientes:

Numeral 9.3.1

Las de existencia y representación legal de las entidades vigiladas, las cuales pueden ser consultadas en la página web www.superfinanciera.gov.co

Numeral 9.3.2

Las que se refieran a la tasa de cambio representativa del mercado, deben dirigirse a la Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo.

Numeral 10

Instrucciones para el diligenciamiento de las comunicaciones dirigidas a la SFC

Toda correspondencia que se dirija a la Superintendencia Financiera de Colombia deberá ser remitida atendiendo los principios y requisitos sobre presentación de la información y demás requerimientos que señale la SFC a través de su página web.

CAPÍTULO IIIActuaciones iniciadas de oficio por la SFC

Numeral 1

Visitas de inspección

Numeral 1.1

Identificación de funcionarios asignados a las visitas de las entidades vigiladas

Para iniciar cualquier visita o trabajo oficial que requiera la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dentro del marco de sus funciones de inspección y vigilancia, el funcionario comisionado debe necesariamente identificarse con la credencial correspondiente y la carta de presentación firmada por el Superintendente Financiero, por los Superintendentes Delegados o por el Secretario General.

Numeral 1.2

Suministro de información a las comisiones de visita

La actividad que adelanta la SFC mediante la realización de visitas de inspección a las entidades vigiladas, se desarrolla, entre otros instrumentos, con requerimientos de información que formulan las comisiones de visita a las instituciones o a las revisorías fiscales que están siendo visitadas. En tal sentido, con el fin de facilitar el adecuado ejercicio de la facultad conferida a la SFC por el numeral 4 del artículo 326 del EOSF, resulta necesario que las entidades vigiladas atiendan las siguientes instrucciones:

Numeral 1.2.1

Los documentos e información que requieran las comisiones de visita designadas por esta Superintendencia deben ser presentados por escrito al representante legal de la entidad o al funcionario que este designe para el efecto, o al revisor fiscal principal. Tal solicitud debe ser suscrita por el jefe de la comisión de visita, y en la misma se debe señalar el término para atender el requerimiento correspondiente.

Numeral 1.2.2

La información y documentación que allegue la entidad a la comisión de visita debe acompañarse de la relación de los documentos que soporten el requerimiento, y debe ser suscrita por el representante legal de la entidad o por el funcionario que éste haya designado al efecto, y por el revisor fiscal principal en su caso, o su suplente en caso de falta temporal o absoluta del primero.

En todo caso, cuando se trate de visitas que se realicen a la revisoría fiscal de las entidades, tal funcionario, dentro de los dos días siguientes a la instalación de la visita, debe poner a disposición de la SFC la totalidad de los papeles de trabajo que soporten y evidencien la labor adelantada hasta tal fecha. Bajo este entendido, una vez entregados los papeles de trabajo referidos no puede adicionarse la documentación aportada, salvo que se trate de documentos de trabajo que evidencien labores adelantadas con posterioridad a la fecha de instalación de la visita.

Numeral 1.2.3

La información y documentación que se entregue a la comisión de visita, en virtud de los requerimientos que esta formule, compromete institucionalmente a la entidad que la suministre. Además, compromete personalmente al revisor fiscal de la entidad en caso de que éste sea quien la suministre. La información y documentación se entenderán como auténticas y, para los efectos legales del caso, tendrán el carácter probatorio suficiente para la adopción de las decisiones administrativas que resulten pertinentes.

La documentación e informaciones referidas pueden ser corregidas por una sola vez, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que la información o documentación correspondiente haya sido debidamente entregada a la comisión de visita, excepto en los eventos previstos para las visitas a las revisorías fiscales, caso en el cual se sigue lo previsto en el inciso final del numeral precedente.

Sin perjuicio de lo anterior, las comisiones de visita pueden solicitar la ampliación de la información puesta a disposición, o documentación adicional a la que anteriormente se haya solicitado, a través del procedimiento indicado en el inciso final del subnumeral anterior.

Numeral 2

Correspondencia oficial

La correspondencia oficial, consultas y demás gestiones que, en ejercicio del derecho de petición, se adelanten ante la SFC deben sujetarse a las siguientes instrucciones:

Numeral 2.1

Correspondencia de las entidades vigiladas

La correspondencia oficial de las entidades vigiladas debe ser dirigida a esta Superintendencia por conducto de los gerentes generales o presidentes, y por los subgerentes, vicepresidentes, apoderados de las sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior, representantes de oficinas de representación de entidades del extranjero, u otros funcionarios autorizados cuyas calidades aparezcan anotadas en los registros oficiales de la SFC.

Las informaciones que, de conformidad con el Código de Comercio, están obligados a remitir a esta Superintendencia los revisores fiscales deben ser suscritas por los revisores fiscales principales, encontrándose habilitados sus suplentes solamente ante las faltas temporales o absolutas de aquellos.

Numeral 2.2

Consultas

Las consultas de cualquier orden que formulen las sucursales, agencias u oficinas de las entidades vigiladas deben ser dirigidas, invariablemente, a esta Superintendencia por intermedio de sus representantes legales y a través de las casas principales. Lo anterior, con excepción de las sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior, que pueden ser dirigidas por el apoderado en Colombia.

Numeral 2.3

Descargos de carácter institucional y personal

Cuando se traslade información a una entidad vigilada o a sus administradores, funcionarios y demás personal vinculado con obligaciones precisas, con el objeto de formular glosas u observaciones frente a las actuaciones que haya adelantado bien la institución o bien las personas naturales en el desempeño de sus cargos, es indispensable que con la respuesta se alleguen los documentos probatorios referidos a la responsabilidad personal o institucional que se esté imputando.

Cuando se trate de faltas cometidas a título personal por uno o más administradores, empleados o personas naturales vinculadas a la entidad debe indicarse así en los respectivos descargos.

Tratándose de contestar otro oficio o documento en el que se demanden informaciones, comentarios, aclaraciones u otro asunto en general que deba atenderse por solicitud de esta Superintendencia, tal respuesta debe ser suministrada directamente por el representante legal de la entidad, o por el funcionario responsable del caso cuando al mismo se le dirija de manera directa el requerimiento.

Numeral 2.4

Respuesta a informes de visita

La respuesta a todo informe de visita debe guardar el mismo orden de la formulación de cargos, redactarse de manera clara, concreta y objetiva y presentarse dentro del término fijado en la formulación de cargos. Cuando las observaciones señaladas en los informes remitidos se refieran a hechos que requieran probarse, se deben anexar a la respuesta los documentos que soporten las explicaciones que se remitan.

Si se trata del traslado del informe con carácter institucional, su respuesta debe surtirse invariablemente a través de las oficinas principales, y ser suscrita por los gerentes generales o presidentes, o por los subgerentes, vicepresidentes, apoderados de las sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior, representantes de las oficinas de representación de entidades del exterior y demás funcionarios autorizados cuyas calidades estén debidamente registradas en esta Superintendencia.

Cuando el traslado del informe se efectúe con carácter personal a un administrador o funcionario determinado, la respuesta debe ser suscrita por la persona a quien se le efectúa el requerimiento, y orientarse a explicar los hechos que se registren en el informe correspondiente frente al ámbito de la responsabilidad que le resulte exigible.

Cuando el traslado del informe se efectúe al revisor fiscal, oficial de cumplimiento, contralor normativo o defensor del consumidor financiero de la entidad, estas personas deben orientar su respuesta a determinar, frente a las irregularidades reportadas en el informe de visita, el cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales y a las instrucciones contenidas en el numeral 3 del Capítulo III del Título I de la Parte I de la presente Circular, acompañando los documentos probatorios del caso, particularmente tomados de los papeles de trabajo.

Numeral 2.5

Solicitud de prórrogas

Cuando se trate de solicitar prórrogas para contestar los requerimientos formulados por la SFC, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Numeral 2.5.1

Presentarse la debida solicitud, por escrito, con anterioridad al vencimiento del plazo fijado inicialmente para dar contestación al oficio.

Numeral 2.5.2

Fundamentarse plenamente los hechos o motivos que las justifiquen, exponiéndolos en forma correcta y objetiva.

Numeral 2.5.3

Indicarse claramente el tiempo solicitado, el cual en ningún caso puede ser superior a 20 días, en los casos previstos en el literal b. del numeral 2 del artículo 337 del EOSF.

Numeral 2.6

Comunicaciones que deban ser sometidas al conocimiento de la junta directiva

En virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 74 del EOSF, cuando la entidad vigilada deba someter al conocimiento de su junta directiva documentos o comunicaciones que le sean enviadas por la SFC, debe proceder en tal sentido, sometiendo a consideración de tal órgano la respuesta que a dicho documento dé la administración de la institución vigilada.

Numeral 3

Acumulación de actuaciones

Bajo un mismo trámite pueden acumularse 2 o más actuaciones administrativas adelantadas contra o por una misma entidad vigilada, siempre que provengan de la misma causa, versen sobre el mismo objeto o sobre cuestiones conexas, o deban valerse de unas mismas pruebas.

Si ante diferentes dependencias se formulan varias peticiones sobre asuntos iguales, similares o relacionados, se debe atender el trámite en una sola de ellas de acuerdo con la naturaleza de la petición.

Dispuesta la acumulación por la dependencia competente, las actuaciones continúan tramitándose conjuntamente y deben decidirse en el mismo acto administrativo.

Si ante diferentes autoridades se formulan varias peticiones sobre asuntos iguales, similares o relacionados, la acumulación se hace en la entidad u organismo donde se realizó la primera actuación.

Si alguna de las entidades se opone a la acumulación, puede acudirse, sin más trámite, al mecanismo de definición de competencias administrativas.

Cuando más de 10 ciudadanos formulen peticiones de información análogas, la SFC puede dar una única respuesta que publica en un diario de amplia circulación, así como en su página web, y entregar copias de la misma a quienes las soliciten.

Numeral 4

Sanciones pecuniarias impuestas por la SFC

Las resoluciones de esta Superintendencia, entre ellas, aquellas por medio de las cuales se aplican sanciones pecuniarias, gozan como todo acto administrativo de presunción de legalidad, en los términos del artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

En consecuencia, dichas resoluciones cobran vigencia, o sea que empiezan a producir sus efectos una vez sean legalmente notificadas y ejecutoriadas, sin necesidad de fallo jurisdiccional acerca de su legalidad. Por lo que respecta a la ejecutoria y a la notificación de las resoluciones en mención, deben tenerse presentes las reglas que en los siguientes puntos se establecen.

Numeral 4.1

Ejecutoria

Los actos administrativos quedan ejecutoriados en los eventos previstos en el artículo 87 del CPACA.

Numeral 4.2

Notificación

De conformidad con lo previsto en el CPACA es requisito para la eficacia y obligatoriedad de los actos administrativos la notificación de estos a sus destinatarios.

Numeral 4.3

Ejecutoriedad y ejecutividad de la sanción

Siendo eficaces a partir de su notificación y ejecutoria, los actos administrativos de la SFC son inmediatamente ejecutables o aplicables, y, en todo caso, de obligatorio cumplimiento por parte de las personas o entidades que vincula. Así, tratándose de una multa, ésta debe ser pagada dentro del plazo señalado por la providencia que la impone o, a falta de la indicación de dicho plazo, el día en que la providencia que la aplica ya no es susceptible de recurso alguno por la vía administrativa, so pena de aplicársele al efecto lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 212 del EOSF.

Aunque el afectado tenga la opción de recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar la nulidad del acto sancionatorio y el restablecimiento de su derecho, esto no significa que dicho acto pierda su eficacia u obligatoriedad. El afectado tiene la obligación legal de acatarlo, pagando la multa dentro del plazo perentorio señalado en la providencia que la impone o, a falta de la fijación de dicho plazo, una vez ejecutoriada tal providencia.

La instauración de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por la vía contencioso-administrativa no suspende la eficacia de la resolución punitiva ni releva al sujeto multado del pago de la sanción, en razón a que se trata de un trámite distinto que no interrumpe el plazo hábil para cobrar compulsivamente el valor de la multa, salvo, en el evento de que dichos tribunales lo suspendan provisionalmente por manifiesta ilegalidad.

CAPÍTULO IVInstrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

Numeral 1

Definiciones

Para efectos del presente Capítulo, los siguientes términos deben entenderse de acuerdo con las definiciones que a continuación se establecen:

Numeral 1.1

Agentes económicos: son todas las personas naturales o jurídicas o estructuras sin personería jurídica que realizan operaciones económicas dentro de un sistema.

Numeral 1.2

Alta Gerencia: son las personas responsables de dirigir, ejecutar y supervisar las operaciones de la entidad bajo la dirección de la junta directiva u órgano que haga sus veces.

Numeral 1.3

Banco pantalla: es una institución financiera que: (i) no tiene presencia física en el país en el que está constituido y recibe licencia, (ii) no pertenece a un conglomerado financiero que esté sujeto a una supervisión comprensiva y consolidada por parte de esta Superintendencia, y (iii) no es objeto de inspección, vigilancia y/o control o un grado de supervisión equivalente, por parte del supervisor de la jurisdicción donde se encuentre domiciliado o constituido.

Numeral 1.4

Beneficiario final: son las personas naturales a las que se refiere el artículo 631-5 del Estatuto Tributario, o cualquier norma que lo modifique o sustituya.

Numeral 1.5

Canales de distribución: se entienden como tales los regulados en el Capítulo I del Título II de la Parte I de la presente Circular.

Numeral 1.6

Cliente: es toda persona natural o jurídica o estructura sin personería jurídica con la cual la entidad establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad.

Numeral 1.7

Contexto externo: es el ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos, que puede incluir : (i) el ambiente cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo, bien sea internacional, nacional, regional o local; (ii) impulsores clave y tendencias que tienen impacto en los objetivos de la organización; y (iii) relaciones con personas y organizaciones que pueden afectar, verse afectadas, o percibirse a sí mismas como afectadas por una decisión o una actividad, y sus percepciones y valores.

Numeral 1.8

Contexto interno: es el ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos que puede incluir: (i) el gobierno, estructura organizacional, funciones y responsabilidades; (ii) políticas, objetivos y estrategias implementadas para lograrlos; (iii) las capacidades, entendidas en términos de recursos y conocimiento (por ejemplo: capital, tiempo, personas, procesos, sistemas y tecnologías); (iv) sistemas de información, flujos de información y procesos para la toma de decisiones (tanto formales como informales); (v) la cultura de la organización; (vi) normas, directrices y modelos adoptados por la organización; y (vii) formas y extensión de las relaciones contractuales.

Numeral 1.9

Corresponsalía trasnacional: es la relación contractual entre dos instituciones financieras, la primera denominado "establecimiento corresponsal" y la segunda “establecimiento representado". Las instituciones financieras deben encontrarse en jurisdicciones diferentes. Son "establecimientos corresponsales" las entidades que le ofrecen/prestan determinados servicios a otras instituciones financieras y "establecimiento representado" aquellos que utilizan/reciben los servicios contratados con el "establecimiento corresponsal".

Numeral 1.10

Empleados: son aquellas personas naturales que se obligan a prestar un servicio a otra persona, natural o jurídica o estructura sin personería jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.

Numeral 1.11

Entidades beneficiarias: son aquellas entidades que reciben una transferencia electrónica de una entidad que hace la orden, directamente o a través de una entidad intermediaria, y suministra los fondos al beneficiario.

Numeral 1.12

Entidades intermediarias: son aquellas entidades vigiladas en una cadena en serie o de pago de cobertura, que reciben y transmiten una transferencia electrónica en nombre de la entidad financiera que hace la orden y la entidad beneficiaria u otra entidad intermediaria.

Numeral 1.13

Entidades ordenantes: son aquellas entidades vigiladas que inician la transferencia electrónica y transfieren los fondos al recibir la respectiva solicitud del ordenante.

Numeral 1.14

Estructuras sin personería jurídica: son aquellas estructuras que se encuentran previstas en el numeral 6 del artículo 1 de la Resolución 000164 del 27 de diciembre de 2021 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o cualquier norma que lo modifique o sustituya.

En todo caso, en la aplicación de los procedimientos de conocimiento del cliente se deben atender los lineamientos previstos en el subnumeral 4.2.2.2.1. del presente Capítulo.

Numeral 1.15

Factores de riesgo: son los agentes generadores del riesgo de LA/FT. Para efectos del SARLAFT las entidades vigiladas deben tener en cuenta como mínimo los siguientes:

Numeral 1.15.1

Clientes y usuarios

Numeral 1.15.2

Productos

Numeral 1.15.3

Canales de distribución

Numeral 1.15.4

Jurisdicciones

Numeral 1.16

Financiación del terrorismo: es el conjunto de actividades encaminadas a canalizar recursos lícitos o ilícitos para promover, sufragar o patrocinar individuos, grupos o actividades terroristas.

Numeral 1.17

Lavado de activos: es el conjunto de actividades encaminadas a ocultar el origen ilícito o a dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos producto de la ejecución de actividades ilícitas.

Numeral 1.18

Listas internacionales vinculantes para Colombia: son aquellas listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas que son vinculantes para Colombia conforme al Derecho Internacional, incluyendo, pero sin limitarse a: las Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como a todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen, y cualquier otra lista que se adopte en el país.

Numeral 1.19

Mandatario: es aquella persona que se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos por cuenta de otra.

Numeral 1.20

Matriz de riesgo: es una herramienta que facilita una evaluación de riesgos holística, que debe cumplir con las disposiciones del subnumeral 4.2.2.3.5. del presente Capítulo.

Numeral 1.21

Personas expuestas políticamente: corresponde a las personas definidas en el artículo 2.1.4.2.3. del Decreto 1081 de 2015, y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen.

Numeral 1.22

Personas expuestas políticamente extranjeras: corresponde a las personas definidas en el artículo 2.1.4.2.9. del Decreto 1081 de 2015, y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen.

Numeral 1.23

Potencial cliente: es la persona natural o jurídica o estructura sin personería jurídica que se encuentra en la fase previa de tratativas preliminares con la entidad vigilada respecto de los productos o servicios ofrecidos por esta.

Numeral 1.24

Producto: son las operaciones legalmente autorizadas que pueden adelantar las entidades vigiladas mediante la celebración de un contrato (por ejemplo, cuenta corriente o de ahorros, seguros, inversiones, CDT, giros, emisión de deuda, compra venta de valores, negocios fiduciarios, entre otros).

Numeral 1.25

Proveedores: son aquellas personas naturales o jurídicas que proveen o abastecen de bienes o servicios necesarios a una entidad vigilada, para el desarrollo de su actividad y funcionamiento, a través de la celebración de un contrato.

Numeral 1.26

Riesgo reputacional: es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.

Numeral 1.27

Riesgo legal: es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones.

Numeral 1.28

Riesgo operacional: es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores.

Numeral 1.29

Riesgo de contagio: es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un vinculado. El vinculado es el relacionado o asociado e incluye personas naturales o jurídicas o estructuras sin personería jurídica que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad.

Numeral 1.30

Riesgo inherente: es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles.

Numeral 1.31

Riesgo residual o neto: es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles.

Numeral 1.32

Segmentación: es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características (variables de segmentación).

Numeral 1.33

Servicios: son todas aquellas interacciones de las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la SFC con personas o estructuras sin personería jurídica diferentes a sus clientes.

Numeral 1.34

Transferencia: es la transacción efectuada por una persona natural o jurídica o estructura sin personería jurídica denominada “ordenante”, a través de una entidad autorizada en la respectiva jurisdicción para realizar transferencias nacionales y/o internacionales, mediante movimientos electrónicos o contables, con el fin de que una suma de dinero se ponga a disposición de una persona natural o jurídica o estructura sin personería jurídica denominada “beneficiaria”, en otra entidad autorizada para realizar este tipo de operaciones. El ordenante y el beneficiario pueden ser la misma persona.

Numeral 1.35

Usuarios: son aquellas personas naturales o jurídicas o estructuras sin personería jurídica a las que, sin ser clientes, la entidad les presta un servicio.

Numeral 1.36

Vehículos de inversión: son aquellas estructuras sin personería jurídica que son administradas por entidades vigiladas, tales como: patrimonios autónomos, fondos de inversión, fondos voluntarios de pensión, fondos de pensiones y cesantías, entre otros.

Numeral 2

Ámbito de aplicación

Corresponde a las entidades vigiladas diseñar e implementar un SARLAFT efectivo de acuerdo con los criterios y parámetros mínimos exigidos en este Capítulo, sin perjuicio de advertir que, conforme al literal e. del numeral 2 del artículo 102 del EOSF, dicho sistema debe estar en consonancia con los estándares internacionales sobre la materia, especialmente los proferidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Salvo en lo dispuesto en el numeral 2.1. de este Capítulo, las siguientes entidades se encuentran exceptuadas de la aplicación de las instrucciones contenidas en el presente Capítulo:

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras “Fogafin”, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas “Fogacoop”, el Fondo Nacional de Garantías S.A. “F.N.G.”, los fondos mutuos de inversión supervisados por la SFC, las sociedades calificadoras de valores y/o riesgo, las oficinas de representación de instituciones financieras y de reaseguros del exterior, las sociedades corredoras de seguros, los intermediarios de reaseguros, las oficinas de representación de instituciones del mercado de valores del exterior, los organismos de autorregulación, los INFIS, las sociedades de financiación colaborativa a través de valores, las bolsas de valores y los sistemas de negociación o registro de valores que realicen la actividad de financiación colaborativa (“SOFICO”), los proveedores de infraestructura de conformidad con la definición del artículo 11.2.1.6.4. del Decreto 2555 de 2010, con excepción de los almacenes generales de depósito y las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor. Estas excepciones no afectan el deber legal de dichas entidades de cumplir lo establecido en los artículos 102 a 107 del EOSF, en lo que les resulte pertinente de acuerdo con su actividad, especialmente respecto al envío de los reportes de transacciones en efectivo, clientes exonerados y reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la UIAF para lo cual deben emplear los documentos técnicos e instructivos correspondientes, anexos al presente capítulo.

Igualmente, se encuentran exceptuadas de las presentes instrucciones las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida, excepto aquellas que se encuentran autorizadas por la ley para recibir nuevos afiliados.

Las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la SFC que deban implementar el SARLAFT, y que en el desarrollo de su actividad pretendan vincular como clientes a entidades vigiladas por esta Superintendencia, se encuentran facultadas para exceptuar del cumplimiento de las instrucciones relativas al conocimiento del cliente a tales clientes.

El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas en desarrollo de lo dispuesto en las presentes instrucciones debe atender a la naturaleza, objeto social y demás características particulares de cada una de ellas.

Numeral 2.1

Funcionario responsable de las medidas de control del lavado de activos y financiación del terrorismo

De acuerdo con el numeral 3 del artículo 102 del EOSF, las entidades vigiladas deben diseñar y poner en práctica procedimientos específicos para el control del riesgo de LA/FT y designar funcionarios responsables de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos.

Para tal efecto, las entidades vigiladas exceptuadas de la aplicación de las demás instrucciones establecidas en este Capítulo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 (en adelante, entidades vigiladas exceptuadas), deben atender las siguientes instrucciones:

Numeral 2.1.1

Funciones

Las entidades vigiladas exceptuadas deben designar un funcionario, con su respectivo suplente, responsable de la administración de las medidas de control diseñadas para prevenir que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. Para el efecto, el funcionario responsable debe:

Numeral 2.1.1.1

Participar en el diseño de los procedimientos contra el LA/FT.

Numeral 2.1.1.2

Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos y por la implementación de los correctivos establecidos para superar las deficiencias identificadas.

Numeral 2.1.1.3

Presentar informes de gestión a la junta directiva u órgano que haga sus veces con una periodicidad mínima semestral. En caso de que por su naturaleza jurídica no exista dicho órgano, estas funciones corresponderán al representante legal.

Numeral 2.1.1.4

Proponer a la administración la creación y actualización de manuales de procedimientos y velar por su divulgación a los funcionarios de la respectiva entidad.

Numeral 2.1.1.5

Evaluar los informes de auditoría interna y externa de la entidad y diseñar las medidas para afrontar las deficiencias identificadas en los mismos, respecto de las medidas de control de los riesgos de LA/FT.

Numeral 2.1.1.6

Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud, o diligencia de autoridad competente judicial o administrativa en esta materia.

Numeral 2.1.1.7

Velar por el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del artículo 102 del EOSF.

Numeral 2.1.1.8

Cumplir las obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas establecidas en este Capítulo.

Numeral 2.1.1.9

Cumplir las obligaciones relacionadas con la consulta de sus clientes en listas vinculantes para Colombia de conformidad con el subnumeral 4.2.2.1.4. del presente Capítulo.

Las entidades vigiladas exceptuadas no deben contar con un oficial de cumplimiento de acuerdo con las disposiciones contenidas en el subnumeral 4.2.4.3 del presente Capítulo.

Numeral 2.1.2

Deberes respecto del funcionario responsable

Las entidades vigiladas exceptuadas deben:

Numeral 2.1.2.1

Designar al funcionario responsable principal, con su respectivo suplente, mediante la junta directiva o el órgano que haga sus veces. En caso de que por su naturaleza jurídica no exista dicho órgano, el representante legal deberá designarlo.

Numeral 2.1.2.2

Garantizar que las labores adicionales que se asignen al funcionario responsable no generen conflictos de interés con las funciones listadas en el subnumeral 2.1.1 de este Capítulo.

Numeral 2.1.2.3

Verificar que el funcionario responsable cuente con conocimientos suficientes del régimen legal y los estándares internacionales en materia de LA/FT.

Numeral 2.1.2.4

Verificar que el funcionario responsable no se encuentre en una lista internacional vinculante para Colombia.

Numeral 2.1.2.5

Registrar, dentro de los 15 días calendario siguientes a su designación, al funcionario responsable principal o suplente, según sea el caso. Para ello, se debe enviar la información correspondiente al nombre, al número de identificación, al teléfono y al correo electrónico de dichos funcionarios a través de los canales dispuestos por la SFC para tal efecto. Será responsabilidad del representante legal de la entidad el diligenciamiento y la verificación de los datos descritos en este subnumeral.

Numeral 3

Definición del riesgo de LA/FT

Para los efectos del presente Capítulo, se entiende por riesgo de LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada debido a su propensión a ser utilizada, directa o indirectamente, a través de sus operaciones, como instrumento para el lavado de activos, la canalización de recursos hacia actividades terroristas y/o financiación de armas de destrucción masiva, o cuando se pretenda ocultar activos provenientes de dichas actividades. El riesgo de LA/FT se materializa a través de riesgos asociados como el legal, reputacional, operacional y de contagio, a los que se expone la entidad, con el consecuente efecto económico negativo que esto puede representar para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades.

Numeral 4

Alcance del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

El SARLAFT, como sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para gestionar el riesgo de LA/FT, se instrumenta a través de las etapas y elementos que más adelante se describen. Las etapas son las fases o pasos sistemáticos e interrelacionados mediante los cuales las entidades administran el riesgo de LA/FT. Por otra parte, los elementos corresponden al conjunto de componentes a través de los cuales se instrumenta de forma organizada y metódica la administración del riesgo de LA/FT en las entidades.

El SARLAFT debe abarcar todas las actividades que realizan las entidades vigiladas en desarrollo de su objeto social principal y prever, además, procedimientos y metodologías efectivas para que las entidades se protejan de ser utilizadas en forma directa como instrumento para el lavado de activos, canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. La utilización en forma directa se da a través de sus accionistas, beneficiarios finales, administradores, en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995, empleados, proveedores y vinculados.

Es deber de las entidades vigiladas revisar periódicamente las etapas y elementos del SARLAFT a fin de realizar los ajustes que consideren necesarios para su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento. Esta revisión se debe llevar a cabo, como mínimo, semestralmente, sin perjuicio de que se pueda hacer en un periodo inferior por decisión de la junta directiva de la entidad vigilada conforme a su análisis de riesgo de LA/FT o de esta Superintendencia en desarrollo de sus actividades de supervisión. En todo caso, las entidades vigiladas deberán realizar esta revisión siempre que se presenten situaciones que requieran la adopción de medidas efectivas para fortalecer el SARLAFT. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización de dicha revisión.

El SARLAFT que implementen y desarrollen las entidades vigiladas que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio y el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, debe tener características similares con el fin de eliminar posibles arbitrajes entre ellas.

Numeral 4.1

Etapas del SARLAFT

El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas debe comprender como mínimo las siguientes etapas:

4.1.1. Identificación

4.1.2. Medición o evaluación

4.1.3. Control

4.1.4. Monitoreo

Numeral 4.1.1

Identificación

El SARLAFT debe permitir a las entidades vigiladas identificar los riesgos de LA/FT inherentes al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los factores de riesgo definidos en el presente Capítulo.

Esta etapa debe realizarse previamente (i) al lanzamiento o uso de cualquier producto, al uso de nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos canales de prestación de servicios y el uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos nuevos o existentes; (ii) a la modificación de las características del producto; (iii) a la incursión en un nuevo mercado; (iv) a la apertura de operaciones en nuevas jurisdicciones, y (v) al lanzamiento o modificación de los canales de distribución.

Como resultado de esta etapa, las entidades vigiladas deben estar en capacidad de identificar los factores de riesgo y los riesgos asociados a los cuales se ven expuestas con relación al riesgo de LA/FT.

Para identificar el riesgo de LA/FT, las entidades vigiladas deben como mínimo:

Numeral 4.1.1.1

Establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo y segmentar los factores de riesgo conforme a dichas metodologías.

Numeral 4.1.1.2

Establecer metodologías para la identificación del riesgo de LA/FT y sus riesgos asociados respecto de cada uno de los factores de riesgo segmentados, teniendo en cuenta el contexto interno y externo de la entidad vigilada.

Numeral 4.1.1.3

Con base en las metodologías establecidas en desarrollo del numeral anterior, identificar las formas a través de las cuales se puede presentar el riesgo de LA/FT, atendiendo las variables consideradas para cada uno de los factores de riesgo.

Numeral 4.1.2

Medición o evaluación

Concluida la etapa de identificación, el SARLAFT debe permitirle a las entidades vigiladas medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente de LA/FT frente a cada uno de los factores de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados. Estas mediciones podrán ser de carácter cualitativo o cuantitativo.

Como resultado de esta etapa las entidades deben estar en capacidad de establecer el perfil de riesgo inherente de LA/FT de la entidad y las mediciones agregadas en cada factor de riesgo y en sus riesgos asociados.

Para medir el riesgo de LA/FT, las entidades deben, como mínimo:

Numeral 4.1.2.1

Establecer las metodologías de medición o evaluación con el fin de determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo de LA/FT y su impacto en caso de materializarse frente a cada uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados, y aplicarlas para realizar una medición o evaluación consolidada de los factores de riesgo y los riesgos asociados.

Numeral 4.1.3

Control

En esta etapa, las entidades vigiladas deben tomar las medidas conducentes a controlar el riesgo inherente al que se ven expuestas, en razón de los factores de riesgo y de los riesgos asociados.

Como resultado de esta etapa, la entidad debe establecer el perfil de riesgo residual de LA/FT. El control debe traducirse en una disminución de la probabilidad de ocurrencia y/o del impacto del riesgo de LA/FT en caso de materializarse.

Para controlar el riesgo de LA/FT las entidades deben, como mínimo:

Numeral 4.1.3.1

Establecer las metodologías para definir las medidas de control del riesgo de LA/FT. Dichas metodologías deben garantizar el adecuado diseño y ejecución de las medidas de control de riesgo de LA/FT.

Numeral 4.1.3.2

Aplicar las metodologías establecidas en desarrollo del subnumeral anterior sobre cada uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados.

Numeral 4.1.3.3

Establecer una metodología que permita evaluar, con una periodicidad mínima semestral, el diseño y la efectividad de las medidas de control teniendo en cuenta, como mínimo, sus atributos de cobertura, frecuencia y funcionamiento.

Numeral 4.1.3.4

Establecer los niveles de exposición en razón de la calificación dada a los factores de riesgo en la etapa de medición.

Numeral 4.1.4

Monitoreo

Esta etapa debe permitir a las entidades vigiladas hacer seguimiento del perfil de riesgo y, en general, del SARLAFT.

Igualmente, debe permitir a las entidades comparar la evolución del perfil de riesgo inherente con el perfil de riesgo residual de LA/FT de la entidad.

Como resultado de esta etapa, la entidad debe implementar una matriz de riesgo y reportes que permitan establecer las evoluciones del riesgo de la misma, así como la eficiencia de los controles implementados.

Para monitorear el riesgo de LA/FT, las entidades deben, como mínimo:

Numeral 4.1.4.1

Desarrollar un proceso de seguimiento efectivo que facilite la rápida detección y corrección de las deficiencias del SARLAFT. Dicho seguimiento debe tener una periodicidad acorde con el perfil de riesgo residual de LA/FT de la entidad, en todo caso, debe realizarse con una periodicidad mínima semestral.

Numeral 4.1.4.2

Realizar el seguimiento y comparación del riesgo inherente y residual de cada factor de riesgo y de los riesgos asociados.

Numeral 4.1.4.3

Asegurar que los controles sean comprensivos de todos los riesgos y que cuenten con un diseño e implementación adecuados, de tal forma que su funcionamiento sea oportuno, efectivo y eficiente. En el momento en que las entidades determinen que los controles implementados no están siendo efectivos, las entidades deben implementar, de manera inmediata, un plan de acción de ajuste para efectos de garantizar la efectividad de los mismos.

Numeral 4.1.4.4

Establecer indicadores descriptivos y/o prospectivos que evidencien potenciales fuentes de riesgo de LA/FT.

Numeral 4.1.4.5

Asegurar que los riesgos residuales se encuentren en los niveles de aceptación establecidos por la entidad.

Numeral 4.2

Elementos del SARLAFT

El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas debe tener, como mínimo, los siguientes elementos, los cuales deben desarrollar, siempre que resulte aplicable, las etapas del sistema:

4.2.1. Políticas

4.2.2. Procedimientos

4.2.3. Documentación

4.2.4. Estructura organizacional

4.2.5. Órganos de control

4.2.6. Infraestructura tecnológica

4.2.7. Divulgación de información

4.2.8. Capacitación

Numeral 4.2.1

Políticas

Corresponde a los lineamientos generales que deben adoptar las entidades vigiladas en relación con el SARLAFT. Cada una de las etapas y elementos del sistema debe contar con unas políticas claras y efectivamente aplicables.

Las políticas que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SARLAFT y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de la entidad y de sus accionistas.

Las políticas deben incorporarse en un código de ética que oriente la actuación de los funcionarios de la entidad para el funcionamiento del SARLAFT y establezca procedimientos sancionatorios frente a su inobservancia. Así mismo, debe establecer las consecuencias que genera su incumplimiento.

Las políticas que adopten las entidades deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Numeral 4.2.1.1

Impulsar a nivel institucional la cultura en materia de administración del riesgo de LA/FT.

Numeral 4.2.1.2

Consagrar el deber de los órganos de administración y de control de las entidades vigiladas, del oficial de cumplimiento, así como de todos los funcionarios, de asegurar el cumplimiento de los reglamentos internos y demás disposiciones relacionadas con el SARLAFT.

Numeral 4.2.1.3

Establecer lineamientos para la prevención y resolución de conflictos de interés.

Numeral 4.2.1.4

Consagrar lineamientos más exigentes de vinculación de clientes y de monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras que, por su perfil o por las funciones que desempeñan, pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LA/FT.

Numeral 4.2.1.5

Señalar los lineamientos que debe adoptar la entidad frente a los factores de riesgo y los riesgos asociados de LA/FT.

Numeral 4.2.1.6

Garantizar la reserva de la información reportada conforme lo establece el artículo 105 del EOSF.

Numeral 4.2.1.7

Establecer las consecuencias que genera el incumplimiento del SARLAFT.

Numeral 4.2.1.8

Consagrar la exigencia de que los funcionarios antepongan el cumplimiento de las normas en materia de administración de riesgo de LA/FT al logro de las metas comerciales.

Numeral 4.2.2

Procedimientos

Las entidades deben establecer los procedimientos aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento de los elementos y las etapas del SARLAFT.

Numeral 4.2.2.1

Requisitos que deben cumplir los procedimientos:

Numeral 4.2.2.1.1

Instrumentar las diferentes etapas y elementos del SARLAFT, que se pueden realizar a través de la parametrización de las herramientas tecnológicas establecidas por la entidad para soportar el funcionamiento del mismo.

Numeral 4.2.2.1.2

Identificar los cambios y la evolución de los controles y de los perfiles de riesgo inherente y residual.

Numeral 4.2.2.1.3

Atender los requerimientos de información por parte de autoridades competentes.

Numeral 4.2.2.1.4

Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional, y disponer lo necesario para que se consulten en dichas listas: (i) al potencial cliente, (ii) a los beneficiarios finales del potencial cliente, siempre que el potencial cliente sea persona jurídica o estructura sin personería jurídica, (iii) a los accionistas y asociados del potencial cliente, siempre que el potencial cliente sea una persona jurídica, y (iv) a los empleados, proveedores y administradores de la entidad, en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995.

Esta consulta debe realizarse de manera previa a la vinculación de un potencial cliente y de los empleados, proveedores y administradores de la entidad vigilada, en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995. Adicionalmente, estos procedimientos deben contemplar medidas efectivas para disponer lo necesario para consultar estas listas de forma permanente durante la duración de la relación contractual o legal.

Numeral 4.2.2.1.5

Para dar cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia relativas al congelamiento y prohibición de manejo de fondos u otros activos de personas y entidades señaladas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asociadas al financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en consonancia con el artículo 20 de la Ley 1121 de 2006 y las Recomendaciones del GAFI en esta materia, las entidades vigiladas deben implementar medidas efectivas para consultar de forma permanente las listas internacionales vinculantes para Colombia.

Numeral 4.2.2.1.6

Consagrar las sanciones por incumplimiento a las normas relacionadas con el SARLAFT, así como los procesos para su imposición.

Numeral 4.2.2.1.7

Implementar las metodologías para la detección de operaciones inusuales y sospechosas, y el oportuno y eficiente reporte de éstas últimas a las autoridades competentes.

Numeral 4.2.2.1.8

Prever procesos para llevar a cabo un efectivo, eficiente y oportuno conocimiento de los clientes actuales y potenciales, así como la verificación de la información suministrada y sus correspondientes soportes, atendiendo como mínimo los requisitos establecidos en el presente Capítulo.

Numeral 4.2.2.1.9

Establecer procedimientos especiales respecto de países de mayor riesgo.

Las entidades vigiladas deben revisar permanentemente los países de mayor riesgo contenidos en los listados del GAFI de países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo (high risk and other monitored jurisdictions).

Respecto de las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas, estructuras sin personería jurídica e instituciones financieras de países de mayor riesgo, los procedimientos especiales que establezcan las entidades vigiladas deben contemplar, entre otras medidas, las siguientes:

Numeral 4.2.2.1.9.1

La aplicación de medidas intensificadas de conocimiento del cliente y de monitoreo de aquellas relaciones comerciales y transaccionales con personas naturales y jurídicas, estructuras sin personería jurídica e instituciones financieras, procedentes de países listados como de mayor riesgo por GAFI. Las entidades vigiladas pueden aplicar las medidas intensificadas señaladas en el subnumeral 4.2.2.2.1.1.3.4. del presente Capítulo, así como cualquier otra medida intensificada que sea eficaz y proporcional a los riesgos identificados por entidad.

Numeral 4.2.2.1.9.2

La aplicación de contramedidas apropiadas en relación con las mencionadas relaciones comerciales y transacciones cuando el GAFI haga un llamado para hacerlo o, con independencia de que el mismo se haya efectuado cuando la entidad vigilada así lo considere. Estas contramedidas deben ser eficaces y proporcionales a los riesgos y pueden contemplar, entre otras:

Numeral 4.2.2.1.9.2.1

La realización de los reportes externos establecidos en el subnumeral 4.2.7.2. del presente Capítulo.

Numeral 4.2.2.1.9.2.2

La exigencia de una labor de auditoría externa intensificada y/o de requisitos más estrictos para las sucursales y filiales de instituciones financieras ubicadas en los países listados como de mayor riesgo por GAFI.

Numeral 4.2.2.1.9.2.3

Las demás contramedidas previstas en el numeral 2 de la nota interpretativa de la recomendación 19 emitida por el GAFI y las que la modifiquen.

Numeral 4.2.2.2

Mecanismos

Las entidades deben adoptar mecanismos que les permitan, como mínimo, efectuar un adecuado:

4.2.2.2.1. Conocimiento del cliente

4.2.2.2.2. Conocimiento del mercado

4.2.2.2.3. Identificación y análisis de operaciones inusuales

4.2.2.2.4. Determinación y reporte de operaciones sospechosas

Numeral 4.2.2.2.1

Conocimiento del cliente

El SARLAFT debe contar con procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes actuales y potenciales, así como para verificar la información y los soportes de la misma.

Los procedimientos de conocimiento del cliente aplicados por otras entidades vigiladas con relación al mismo cliente potencial no eximen de responsabilidad a la entidad de conocerlo, aun cuando pertenezcan a un mismo grupo.

Las entidades vigiladas no pueden iniciar relaciones contractuales o legales con el potencial cliente mientras no se haya (i) recolectado la información necesaria para adelantar el procedimiento del conocimiento de cliente; (ii) verificado la información necesaria, en particular la identidad del potencial cliente; y (iii) aprobado la vinculación del mismo, como mínimo. La vinculación de personas jurídicas debe estar soportada por un documento actualizado que certifique la existencia y representación de la misma, expedido por una entidad competente. La vinculación de estructuras sin personería jurídica debe estar soportada por un documento que certifique o de cuenta de su existencia, tales como: el contrato de fiducia, la ficha de inscripción de negocios en el módulo de registro de negocios administrado por la SFC, o el documento en donde se acredite la autorización de funcionamiento o de no objeción de los fondos de inversión.

Las entidades vigiladas pueden realizar los procedimientos de conocimiento del cliente de manera presencial o no presencial a través del uso de canales digitales o electrónicos.

Las entidades vigiladas pueden obtener la información necesaria para realizar los procedimientos de conocimiento del cliente utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. En este sentido, las entidades vigiladas pueden utilizar bases de datos públicos, de prestadores de servicios ciudadanos digitales, de bases de datos propias y/o de bases de datos externas, siempre que: (i) individualicen al potencial cliente a través de la verificación de sus datos de identificación; y (ii) den cumplimiento a las reglas establecidas en la Ley 1581 de 2012 sobre tratamiento de datos personales y demás normas que las modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen. Adicionalmente, en el evento en que utilicen bases de datos externos, las entidades vigiladas deben realizar un análisis de riesgo asociado a dicha fuente, en el cual se evalúe la calidad de los datos, su confiabilidad y la pertinencia de la misma en la gestión del riesgo de LA/FT. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización de dicho análisis de riesgo. Por último, las entidades vigiladas deben realizar una revisión semestral de dicho análisis de riesgo, el cual también debe estar a disposición de esta Superintendencia en los términos anteriormente mencionados.

Las entidades vigiladas pueden aplicar los procedimientos de conocimiento del cliente de manera proporcional en atención a su análisis del riesgo LA/FT, siempre que den cumplimiento a lo dispuesto en el subnumeral 4.2.2.2.1.1. del presente Capítulo. No obstante, en aquellos eventos en que hayan identificado que el perfil de riesgo de un potencial cliente esté calificado como de alto riesgo, las entidades vigiladas deben aplicar medidas intensificadas en los procedimientos de conocimiento del cliente. Dicha calificación debe tener en cuenta la valoración integral de los factores de riesgo. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización del análisis del riesgo de LA/FT, y que la metodología mediante la cual se realizó dicho análisis fue aprobada por la junta directiva o el órgano que haga sus veces.

En los contratos de seguros y capitalización diferentes a seguros de vida y otras pólizas de vida con componente de ahorro e inversión, las entidades aseguradoras y de capitalización deben aplicar los procedimientos de conocimiento del cliente al tomador o suscriptor de manera previa a la suscripción del contrato. Respecto de los asegurados, afianzados o beneficiarios, dichos procedimientos se deben aplicar, a más tardar, en el momento en que se individualicen o cuando se presente la reclamación, vencimiento y pago del título de capitalización, rescisión del mismo, pago del sorteo o presentación de la solicitud del préstamo sobre el título.

Las entidades vigiladas que administran vehículos de inversión están obligadas a conocer a los inversionistas, fideicomitentes, beneficiarios, adherentes o sus equivalentes como clientes, dando aplicación a los procedimientos de conocimiento del cliente previstos en el presente Capítulo, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 2195 de 2022 o normas que lo modifiquen o sustituyan.

En el caso de las sociedades fiduciarias y en desarrollo de la línea de negocio de fiducia inmobiliaria, el conocimiento del cliente se debe adelantar a más tardar, al tercer día hábil siguiente a la recepción de los recursos, siempre y cuando éstos sean destinados a negociar unidades inmobiliarias y no superen los 3 SMMLV.

Las entidades vigiladas deben aplicar los procedimientos de conocimiento del cliente que resulten aplicables respecto de cada una de las partes de un contrato de colaboración empresarial.

Se considera como cliente: (i) quien realice como ordenante o reciba como beneficiario 3 o más operaciones de transferencia en el trimestre, o 5 o más en el semestre, o 6 o más en un año, cuyo monto individual sea superior a medio salario mínimo legal mensual vigente, y (ii) quien realice como ordenante o reciba como beneficiario más de 3 operaciones de transferencia en el trimestre, más de 6 al semestre, o más de 12 en un año, cuyo monto individual sea igual o inferior a medio salario mínimo legal mensual vigente, salvo en las transferencias que se realicen a través de entidades vigiladas por la SFC, en las cuales el ordenante y el beneficiario sean clientes de entidades vigiladas por la SFC.

En el evento en que el potencial cliente se retracte y/o desista de continuar con los procedimientos de conocimiento al cliente, la entidad vigilada debe reportar tal circunstancia como una tentativa de vinculación comercial a la UIAF en los términos del subumeral 4.2.7.2.1. del presente Capítulo.

La entidad vigilada puede abstenerse de realizar los procedimientos de conocimiento del cliente cuando en el establecimiento de la relación comercial: (i) sospeche que puede ser utilizada por el potencial cliente para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas, o canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas, y (ii) considere razonablemente que si realiza dichos procedimientos puede alertar al potencial cliente. En estos eventos, la entidad debe presentar un reporte de operaciones sospechosas en los términos previstos en el subnumeral 4.2.7.2.1. del presente Capítulo.

Las instrucciones contenidas en el presente subnumeral deben aplicarse igualmente respecto de las personas naturales, jurídicas o estructuras sin personería jurídica que pretendan adquirir activos fijos de una entidad vigilada y a los empleados, proveedores y administradores (en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995) de la entidad vigilada.

En todo caso, el alcance de los procedimientos de conocimiento del cliente aplicables a los empleados, proveedores y administradores (en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995) de la entidad vigilada, debe comprender, como mínimo, el cumplimiento del subnumeral 4.2.2.1.4. del presente Capítulo, siempre que aquella medida le permita a la entidad vigilada adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo LA/FT conforme a su análisis de riesgo LA/FT. En el caso en que la entidad determine que los empleados, proveedores y administradores de la entidad vigilada suponen un mayor riesgo de la LA/FT, la entidad vigilada debe aplicar los procedimientos del conocimiento de cliente previstos en el subnumeral 4.2.2.2.1.1. del presente Capítulo.

Numeral 4.2.2.2.1.1

Procedimientos ordinarios de conocimiento del cliente

Numeral 4.2.2.2.1.1.1

Identificación

Numeral 4.2.2.2.1.1.1.1

Identificación del cliente. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales.

Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente; para el caso de las personas jurídicas, el documento actualizado que certifique la existencia y representación de la misma expedido por la autoridad competente; y para el caso de las estructuras sin personería jurídica, un documento que certifique o de cuenta de su existencia.

Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar: (i) certificados de firma digital, de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios, o las normas que la modifiquen, deroguen o subroguen; (ii) biometría, conforme a las instrucciones impartidas por esta Superintendencia en el Capítulo I del Título II de la Parte I de esta CBJ; (iii) mecanismos fuertes de autenticación, conforme a las instrucciones impartidas por esta Superintendencia en el Capítulo I del Título II de la Parte I de la CBJ; (iv) la información disponible en los bancos de datos administrados por operadores de información (por ejemplo, centrales de riesgo) en los términos previstos en la Ley 1266 de 2008 y sus decretos reglamentarios, o las normas que la modifiquen, deroguen o subroguen; y/o (v) cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente conforme a lo establecido en el Capítulo I del Título II de la Parte I de esta CBJ.

Las entidades vigiladas que celebren negocios fiduciarios deben identificar todos los sujetos relacionados con el negocio fiduciario, es decir, identificar a los fideicomitentes y a quien ejerza el control del fideicomitente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995 y, además a los adherentes y a los beneficiarios que para los efectos del presente Capítulo tienen la calidad de clientes o potenciales clientes, según sea aplicable, incluyendo los beneficiarios finales de los recursos objeto de dichos negocios fiduciarios.

Cuando por virtud de la naturaleza o estructura de un contrato, en el momento de la vinculación del cliente no sea posible conocer la identidad de otras personas que se vinculan como clientes (por ejemplo, beneficiarios y beneficiarios finales de los recursos objeto del negocio fiduciario en caso de que su identidad sólo se pueda establecer en el futuro), la información encaminada a identificarlos debe obtenerse en el momento en el que se individualicen, debiendo, en todo caso, realizar esta verificación al momento del pago.

En el evento, en que un mandatario actúe en nombre del potencial cliente, para efectos de adelantar los procedimientos de conocimiento del cliente, las entidades deben: (i) verificar el documento que acredita dicha facultad o autorización e (ii) identificar y verificar la identidad del mandatario.

Numeral 4.2.2.2.1.1.1.2

Identificación del beneficiario final de estructuras sin personería jurídica y de personas jurídicas, accionistas o asociados. El procedimiento de conocimiento del cliente supone identificar y tomar medidas razonables para verificar la identidad de(l) (los) beneficiario(s) final(es) de estructuras sin personería jurídica y de personas jurídicas, así como de los accionistas o asociados de personas jurídicas que tengan directamente más del 5% del capital social, aporte o participación en el potencial cliente.

Cuando el potencial cliente: (i) esté inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y esté sujeto a requisitos de revelación de información en el mercado de valores, o (ii) esté listado en una bolsa de valores internacional que exija requisitos de revelación de información equivalentes a los inscritos en el RNVE, no será necesario verificar la identidad de los beneficiarios finales y accionistas (o asociados).

Las entidades deben tomar medidas razonables para consultar el nombre y el número de identificación de los beneficiarios finales y accionistas (o asociados) en, como mínimo, las listas internacionales vinculantes para Colombia.

Numeral 4.2.2.2.1.1.1.3

Identificación del beneficiario de los productos. Es deber permanente de las entidades vigiladas identificar al (a los) beneficiario(s) de todos los productos que suministren.

Numeral 4.2.2.2.1.1.1.3.1

En los contratos de seguros y capitalización diferentes a seguros de vida y otras pólizas de vida con componente de ahorro e inversión, las entidades aseguradoras y de capitalización deben identificar y verificar la identidad del tomador o suscriptor de manera previa a la suscripción del contrato. Respecto de los asegurados, afianzados o beneficiarios, las entidades deben identificar y verificar su identidad, a más tardar, en el momento en que se individualicen o cuando se presente la reclamación, vencimiento y pago del título de capitalización, rescisión del mismo, pago del sorteo o presentación de la solicitud del préstamo sobre el título.

Numeral 4.2.2.2.1.1.1.3.2

Las entidades aseguradoras deben adoptar las siguientes medidas con respecto al beneficiario de un seguro de vida y otras pólizas de seguro de vida con componente de ahorro e inversión, tan pronto como se identifique o designe al beneficiario, debiendo, en todo caso, recaudar la información del beneficiario en el momento del pago en los términos del subnumeral 4.2.2.2.1.1.3. del presente Capítulo.

Numeral 4.2.2.2.1.1.1.3.2.1

Cuando en el momento de la vinculación del cliente se designe en calidad de beneficiario a una persona natural o jurídica o estructura sin personería jurídica con nombre específico, se debe identificar y verificar la identidad de éste en el momento de la celebración del contrato.

Numeral 4.2.2.2.1.1.1.3.2.2

Cuando en el momento de la vinculación del cliente no sea posible conocer la identidad del beneficiario, se debe identificar y verificar la identidad al momento del pago. La entidad vigilada debe contar con información suficiente que le permita establecer la identidad del beneficiario al momento del pago, en el evento en que el beneficiario sea designado por características, por clase o por otros medios.

Numeral 4.2.2.2.1.1.1.3.2.3

Incluir al beneficiario de una póliza de seguro de vida como un cliente para determinar si cabe aplicar mayores medidas de conocimiento del cliente.

La entidad vigilada debe tomar mayores medidas cuando el beneficiario de una póliza de seguro de vida sea una persona jurídica o una estructura sin personería jurídica, y la entidad aseguradora determine que este beneficiario representa un mayor riesgo. Dichas medidas deben ser efectivas para que, al momento del pago, se identifique y verifique la identidad del beneficiario final de este beneficiario del seguro.

Numeral 4.2.2.2.1.1.1.3.3

En el evento en que la contratación de los productos ofrecidos por las entidades aseguradoras o de capitalización se lleve a cabo por parte de intermediarios de seguros o de capitalización, los procedimientos de conocimiento del cliente pueden dejarse a cargo del intermediario, siempre que se haga bajo los parámetros, procedimientos y metodologías previamente establecidos por la entidad aseguradora o de capitalización. Dichos parámetros deben incorporar lineamientos respecto al suministro efectivo de información a las entidades aseguradoras o de capitalización por parte de los intermediarios. Las entidades aseguradoras o de capitalización son responsables por la efectiva implementación y cumplimiento de su SARLAFT.

Numeral 4.2.2.2.1.1.1.3.4

Las entidades deben tomar medidas para consultar el nombre y el número de identificación de los asegurados, afianzados y/o beneficiarios en, como mínimo, las listas internacionales vinculantes para Colombia.

Numeral 4.2.2.2.1.1.1.3.5

Tratándose de clientes de los almacenes generales de depósito que depositen sus mercancías en los depósitos públicos habilitados de que trata el Decreto 1165 de 2019 (Estatuto Aduanero), las entidades vigiladas deben procurar actuar con la mayor diligencia y hacer el mejor esfuerzo con la finalidad de obtener la identidad del potencial cliente.

Numeral 4.2.2.2.1.1.2

Relación comercial

Numeral 4.2.2.2.1.1.2.1

Las entidades vigiladas deben entender y obtener información sobre el propósito que se pretende dar a la relación contractual con los clientes.

Numeral 4.2.2.2.1.1.2.2

Las entidades vigiladas deben realizar una debida diligencia permanente de la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de dicha relación para: (i) monitorear que las transacciones que se realicen sean consistentes con el conocimiento que tiene la entidad sobre el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los fondos; y (ii) asegurar que los documentos, datos o información recopilada en virtud del proceso de conocimiento del cliente se mantengan actualizados, en especial en los casos de clientes incluidos en las categorías de mayor riesgo de conformidad con el subnumeral 4.2.2.2.1.6. del presente Capítulo.

Numeral 4.2.2.2.1.1.3

Información

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.1

Para efectos del conocimiento del cliente, las entidades vigiladas deben obtener la información básica, socioeconómica, financiera y transaccional del potencial cliente que les permitan adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo de LA/FT conforme a su análisis de riesgo LA/FT.

Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización de dicho análisis de riesgo de LA/FT, y que la metodología mediante la cual se realizó dicho análisis fue aprobada por la junta directiva o el órgano que haga sus veces.

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.2

En todo caso, sin perjuicio del resultado del análisis de riesgo LA/FT adelantado por cada entidad, las entidades vigiladas deben obtener y mantener actualizada, como mínimo, la siguiente información:

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.2.1

Actividad económica

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.2.2

Características, montos y procedencia de sus ingresos y egresos

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.2.3

Domicilio

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.2.4

Únicamente para los potenciales clientes que sean personas jurídicas: nombre, tipo de documento de identificación y número de documento de identificación del representante legal y los miembros de junta directiva u órgano que haga sus veces

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.2.5

Respecto de clientes vigentes: las características y montos de sus transacciones y operaciones

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.3

Las entidades vigiladas deben garantizar que la recolección de la información cumpla con los requisitos previstos en el subnumeral 4.2.3. y en el subnumeral 4.2.6. del presente Capítulo.

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.4

En aquellos casos en que el perfil de riesgo del potencial cliente esté calificado por las entidades como de alto riesgo, las entidades deben emplear medidas intensificadas para obtener la información necesaria del potencial cliente para adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo LA/FT. Las medidas intensificadas pueden comprender:

(i) Para personas naturales: (a) obtener información adicional acerca del origen de sus bienes y/o fondos, su patrimonio y sus relaciones contractuales con otras entidades vigiladas; (b) realizar una entrevista y/o visita; y (c) efectuar una revisión en bases de datos de entidades públicas.

(ii) Para personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica: (a) obtener información adicional acerca del origen de los recursos, patrimonio, relaciones contractuales con otras entidades vigiladas, nombre de clientes y nombre de proveedores; (b) revisar los estados financieros, (c) realizar una entrevista y/o visita; (d) identificar a los administradores del potencial cliente en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995; o (e) efectuar una revisión en bases de datos de entidades públicas, así como cualquier otra medida intensificada que sea eficaz y proporcional a los riesgos identificados por entidad.

Las entidades vigiladas deben cumplir con las normas relacionadas con protección de datos personales y habeas data previstas en la aplicación de medidas intensificadas de conocimiento al cliente mencionadas en el presente subnumeral.

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.5

Las entidades vigiladas pueden diseñar formularios para recolectar la información necesaria para adelantar una adecuada y efectiva gestión de los riesgos LA/FT en los procedimientos de conocimiento del cliente.

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.6

Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales garanticen que cuentan con la información necesaria del cliente para adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo LA/FT, en particular, en relación con: (i) la segmentación de los factores de riesgo, (ii) la definición de las señales de alerta, (iii) el seguimiento de las operaciones, (iv) la identificación de las operaciones inusuales y (v) el respectivo ROS a la UIAF.

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.7

La información soporte de la vinculación de los clientes debe tenerse en cuenta para el diseño e implementación de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la detección oportuna de operaciones inusuales.

Numeral 4.2.2.2.1.1.3.8

Asimismo, si un mandatario se encuentra facultado o autorizado por un cliente para disponer de los recursos o bienes objeto de la relación contractual que ha celebrado con la entidad vigilada, la entidad vigilada debe acreditar dicha facultad o autorización e identificar y verificar la identidad del mandatario, conforme al análisis de riesgo LA/FT realizado por la entidad para la respectiva operación y el producto. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización del análisis del riesgo.

Numeral 4.2.2.2.1.2

Metodologías para conocer al cliente

Las metodologías establecidas deben permitir a las entidades, como mínimo:

Numeral 4.2.2.2.1.2.1

Recaudar la información que le permita comparar las características de sus transacciones con las de su actividad económica.

Numeral 4.2.2.2.1.2.2

Monitorear continuamente las operaciones de los clientes.

Numeral 4.2.2.2.1.2.3

Contar con elementos de juicio que permitan analizar las transacciones inusuales de esos clientes y determinar la existencia de operaciones sospechosas.

Numeral 4.2.2.2.1.2.4

Tratándose de relaciones de corresponsalía trasnacional, las entidades vigiladas deben establecer mecanismos que les permitan:

Numeral 4.2.2.2.1.2.4.1

Obtener la aprobación de los funcionarios de alto nivel jerárquico antes de establecer relaciones de corresponsalía trasnacional.

Numeral 4.2.2.2.1.2.4.2

Reunir información suficiente sobre el establecimiento representado que les permita comprender cabalmente la naturaleza de sus negocios y les permita determinar la reputación de la entidad y la calidad de la supervisión a la que está sujeta en su respectiva jurisdicción, incluyendo si ha sido objeto de sanción o intervención de la autoridad de control por LA/FT, así como cualquier otra información que permita establecer una relación de corresponsalía trasnacional con transparencia para ambas partes. Por lo tanto, las entidades deben contar con procedimientos que les permitan determinar que el establecimiento representado está sujeto en su jurisdicción de origen a la supervisión de una autoridad bancaria o de valores, y que el país de origen es miembro del GAFI o pertenece a un miembro asociado del GAFI (FATF associate members).

Numeral 4.2.2.2.1.2.4.3

Confirmar que la entidad tenga controles para prevenir y controlar el LA/FT.

Numeral 4.2.2.2.1.2.4.4

Documentar las respectivas responsabilidades de cada institución frente al LA/FT.

Numeral 4.2.2.2.1.2.4.5

Aplicar procedimientos más estrictos para el seguimiento de tales relaciones.

Numeral 4.2.2.2.1.2.4.6

Prohibir iniciar o continuar una relación de corresponsalía trasnacional con bancos pantalla. Adicionalmente, las entidades deben implementar medidas para impedir que sus cuentas sean utilizadas por bancos pantalla.

Numeral 4.2.2.2.1.2.4.7

Suministrar información relacionada con el conocimiento del cliente al establecimiento corresponsal, asegurando el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la circulación de datos personales.

Numeral 4.2.2.2.1.2.4.8

Implementar medidas respecto de las “cuentas de transferencias de pagos en otras plazas”, según la definición de GAFI, que estén encaminadas a garantizar que el banco representado ha llevado a cabo un adecuado conocimiento de los clientes que tienen acceso directo a las cuentas del banco corresponsal, y que es capaz de suministrar la información relevante en materia de conocimiento del cliente cuando el banco corresponsal lo solicite.

Numeral 4.2.2.2.1.3

Conocimiento del cliente en conglomerados financieros

Las entidades vigiladas que conforman un conglomerado financiero en los términos de la Ley 1870 de 2017 pueden compartir la información obtenida de sus clientes durante su procedimiento de conocimiento del cliente con otras entidades vigiladas receptoras, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

Numeral 4.2.2.2.1.3.1

Que las entidades vigiladas emisoras y receptoras de la información pertenezcan a un mismo conglomerado financiero.

Numeral 4.2.2.2.1.3.2

Que la respectiva holding financiera imparta las directrices para el intercambio de la información entre las entidades vigiladas que integran el conglomerado financiero. Dichas directrices deben incluir políticas que propendan por la integridad, suficiencia y veracidad de la información que se obtenga en los procedimientos de conocimiento del cliente que sean objeto de los procesos de intercambio de información entre las entidades, así como, el pleno cumplimiento de las normas relacionadas con protección de datos y habeas data.

Numeral 4.2.2.2.1.3.3

Que la entidad financiera receptora: (i) evalúe la suficiencia y pertinencia de la información recibida según su modelo de negocios, perfil de cliente y perfil de riesgo de LA/FT; y (ii) solicite la información adicional que considere relevante y necesaria para adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo LA/FT.

Numeral 4.2.2.2.1.3.4

Que cada una de las entidades con las cuales el cliente mantenga una relación contractual es responsable de actualizar la información para los procedimientos de conocimiento del cliente, sin perjuicio de dar cumplimiento a las demás normas del SARLAFT.

Numeral 4.2.2.2.1.3.5

Que cada una de las entidades vigiladas que conforman un conglomerado financiero incluya las modificaciones y solicite la información adicional que como resultado de la evaluación y seguimiento de los factores de riesgo hayan determinado como relevante y necesaria para controlar el riesgo de LA/FT.

En todo caso, las entidades vigiladas son responsables por la efectiva implementación de su SARLAFT.

Numeral 4.2.2.2.1.4

Procedimientos simplificados de conocimiento del cliente

En el desarrollo de los procedimientos de conocimiento del cliente, las entidades vigiladas pueden implementar procedimientos simplificados de conocimiento del cliente para las operaciones, productos o servicios que se encuentran listados en este subnumeral.

Los procedimientos simplificados de conocimiento del cliente para personas naturales deben comprender, como mínimo, la individualización de los potenciales clientes a través de la verificación de su identidad al momento de su vinculación con la siguiente información: el tipo de documento de identificación, el nombre, el número y la fecha de expedición del documento de identificación, así como el cumplimiento de lo establecido en el subnumeral 4.2.2.1.4. del presente Capítulo. Adicionalmente, las entidades deben dar cumplimiento a lo dispuesto en los subnumerales 4.2.2.2.1.1.2.1. y 4.2.2.2.1.5. del presente Capítulo, y solicitar cualquier otra información que estimen pertinente para dar aplicación a los procedimientos del SARLAFT, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de vinculación.

Los procedimientos simplificados de conocimiento del cliente para personas jurídicas deben comprender, como mínimo, la verificación, al momento de su vinculación, del documento que certifique la existencia y representación legal de la persona jurídica expedido por la autoridad competente. Dicho documento no podrá tener una vigencia superior a 30 días calendario. Las entidades deben dar cumplimiento a lo dispuesto en los subnumerales 4.2.2.1.4., 4.2.2.2.1.1.1.2., 4.2.2.2.1.1.2.1. y 4.2.2.2.1.5. del presente Capítulo, y solicitar cualquier otra información que estimen pertinente para dar aplicación a los procedimientos del SARLAFT, a más tardar al momento del pago o desembolso de los recursos.

Los procedimientos simplificados de conocimiento del cliente para estructuras sin personería jurídica deben comprender, como mínimo, la verificación, al momento de su vinculación, de un documento que certifique o de cuenta de su existencia. En todo caso, las entidades deben dar cumplimiento a lo dispuesto en los subnumerales 4.2.2.1.4., 4.2.2.2.1.1.1.2., 4.2.2.2.1.1.2.1. y 4.2.2.2.1.5. del presente Capítulo, y solicitar cualquier otra información que estimen pertinente para dar aplicación a los procedimientos del SARLAFT, a más tardar, al momento del pago o desembolso de los recursos.

Los procedimientos simplificados de conocimiento del cliente implican un tratamiento diferencial de las entidades vigiladas en las gestiones de conocimiento de sus clientes, poblamiento de la base de datos y el respectivo monitoreo de los factores de riesgo, pero en ningún caso las exime de cumplir con las demás disposiciones aplicables, incluyendo las del subnumeral 4.2.2.2.1.1.2.2. del presente Capítulo.

Para los mencionados tipos de clientes, productos, operaciones, servicios, la segmentación de los factores de riesgo referido en el numeral 4.2.2.3.2. del presente Capítulo, debe realizarse con la información que tengan disponible las entidades. En todo caso, las entidades vigiladas, a medida que cuenten con información adicional, deben dar cumplimiento a las instrucciones del presente Capítulo.

Las instrucciones especiales del procedimiento simplificado de conocimiento del cliente aplican únicamente para los siguientes trámites y productos. Por lo tanto, en el evento en que un cliente que cuente con alguno de estos productos decida adquirir un producto o servicio diferente, las entidades vigiladas deben obtener de manera completa la información de conocimiento del cliente, requerida de acuerdo con lo previsto en el subnumeral 4.2.2.2.1.1.3. del presente Capítulo, de manera previa a la realización de cualquier operación.

Numeral 4.2.2.2.1.4.1

Operaciones realizadas con organismos multilaterales.

Numeral 4.2.2.2.1.4.2

La constitución de fiducias de administración para el pago de obligaciones pensionales.

Numeral 4.2.2.2.1.4.3

En los títulos de capitalización colocados mediante mercadeo masivo o contratos de red, siempre que el pago de las cuotas se haga mediante descuento directo de cuenta de ahorros, cuenta corriente o tarjeta de crédito, y que el cliente haya autorizado expresamente el traslado.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4

En los siguientes seguros:

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.1

Los tomados por entidades financieras, aseguradoras o sociedades administradoras de fondos de pensiones por cuenta de sus clientes.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.2

Los relativos a la seguridad social.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.3

Aquellos en que el tomador, asegurado, afianzado o beneficiario sea una persona jurídica bajo el régimen de derecho público, salvo los tomados por empresas industriales y comerciales del Estado y/o sociedades de economía mixta que no estén sometidas a inspección y vigilancia de la SFC.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.4

Los contratos de reaseguro.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.5

Los tomados mediante bancaseguros, corresponsales y uso de red, así como aquellos distribuidos por comercialización masiva en los términos del numeral 4 del artículo 2.31.2.2.1. del Decreto 2555 de 2010, siempre que el pago de las primas se haga mediante descuento directo de cuenta de ahorros, cuenta corriente, tarjeta de crédito o cualquier forma de crédito otorgado por un establecimiento de crédito, y que el cliente haya autorizado expresamente el traslado.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.6

Aquellos tomados por personas naturales o jurídicas por cuenta y a favor de sus empleados, cuyo origen sea un contrato de trabajo o relación laboral, respecto de la información del asegurado y el beneficiario. Ahora bien, en lo que se refiere al tomador, la información debe solicitarse en su totalidad.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.7

Aquellos que las entidades aseguradoras están obligadas a expedir por disposición legal. Para este tipo de seguros, la individualización de los potenciales clientes personas naturales se realiza con la verificación de los siguientes datos del documento de identificación: nombre, tipo y número. En todo caso, las entidades aseguradoras deben consultar al cliente en listas internacionales vinculantes para Colombia dentro de los 3 días hábiles siguientes a la vinculación de éste.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.8

Aquellos otorgados mediante procesos de licitación pública.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.9

De cumplimiento, cuando se celebren para garantizar el cumplimiento de contratos con entidades de carácter público.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.10

De accidentes personales en vuelo.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.11

Los contratos de coaseguro para las compañías distintas a la líder.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.12

Pólizas judiciales.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.13

De salud.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.14

Exequiales.

Numeral 4.2.2.2.1.4.4.15

Los seguros tomados que cumplan con los siguientes requisitos de forma simultánea: (i) que el valor asegurado sea igual o inferior a 135 SMMLV y (ii) que el máximo pago anual de la prima sea igual o inferior a 6 SMMLV.

La cobertura de responsabilidad civil extracontractual no computa dentro del límite del valor asegurado del que trata el presente subnumeral.

Numeral 4.2.2.2.1.4.5

Cuentas de ahorro abiertas exclusivamente para el manejo y pago de pasivos pensionales.

Numeral 4.2.2.2.1.4.6

En los créditos que se instrumentan a través de libranza siempre que estas no excedan de 6 SMMLV y sean otorgadas a empleados de empresas que se encuentren previamente vinculadas en calidad de cliente con la entidad vigilada otorgante del crédito.

Numeral 4.2.2.2.1.4.7

Ahorro pensional correspondiente al recaudo de aportes obligatorios de los regímenes pensionales a los que se refiere la Ley 100 de 1993.

Numeral 4.2.2.2.1.4.8

Cuentas del auxilio de cesantías a las que se refieren los artículos 98 y siguientes de la Ley 50 de 1990. Para estos productos, la verificación de la identidad del potencial cliente en los términos descritos en el subnumeral 4.2.2.2.1.4. del presente Capítulo, se podrá realizar al momento del retiro de los recursos.

Numeral 4.2.2.2.1.4.9

Los productos o servicios financieros abiertos a nombre de los beneficiarios del programa “Familias en Acción” y “Familias Guardabosques” que hacen parte del programa “Contra Cultivos Ilícitos” administrados por la Departamento Administrativo para la Prosperidad Social siempre que estén destinadas exclusivamente al manejo de los recursos provenientes de dichos programas.

Numeral 4.2.2.2.1.4.10

Aquellas operaciones, productos o servicios financieros en los cuales la información del potencial cliente se suministre directamente por una caja de compensación legalmente constituida y contenga cuando menos, la información de que trata el subnumeral 4.2.2.2.1. del “Conocimiento del cliente”.

Numeral 4.2.2.2.1.4.11

Cuentas de ahorro abiertas exclusivamente para el pago de nómina. No se aplica dicha excepción cuando se manejen otros recursos en tales cuentas.

Numeral 4.2.2.2.1.4.12

Los fondos de inversión colectiva en los que se inviertan los recursos recuperados que se restituyan a los afectados por los captadores o recaudadores no autorizados, a que se refiere el Decreto 4334 de 2008. Dicha excepción se aplica exclusivamente para la inversión de los citados recursos.

Numeral 4.2.2.2.1.4.13

Los créditos educativos de que trata el artículo 10.7.1.1.8. del Decreto 2555 de 2010, otorgados a personas naturales. Para que proceda esta excepción, el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) debe contar con mecanismos alternativos que le permitan realizar un adecuado conocimiento de los destinatarios de tales créditos y que reconozcan la naturaleza de las operaciones que realiza.

Numeral 4.2.2.2.1.4.14

Las transferencias de recursos de que trata el artículo 1 del Decreto 4830 de 2010 realizadas por el Fondo Nacional de Calamidades a entidades públicas del orden nacional o territorial para ser administrados por éstas. Tratándose de los ordenadores del gasto y de las firmas autorizadas que puedan disponer de los recursos que el Fondo sitúe en los fondos de inversión colectiva de la Fiduciaria Previsora S.A. o de la entidad que para el efecto designe el Gobierno Nacional para la Administración del Fondo, cuentan con 20 días para obtener la información respectiva.

Numeral 4.2.2.2.1.4.15

Los créditos de consumo de bajo monto referidos en el Título 16, Libro 1 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 4.2.2.2.1.4.16

Las operaciones de intermediación de bajo monto en el mercado de valores a las que se refiere el Capítulo I del Título III de la Parte III de la presente Circular.

Numeral 4.2.2.2.1.4.17

La adquisición de participaciones de bajo monto en Fondos de Inversión Colectiva a las que se refiere el Capítulo V del Título VI de la Parte III de la presente Circular.

Numeral 4.2.2.2.1.4.18

Los aportes de bajo monto en fondos voluntarios de pensión (FVP).

Numeral 4.2.2.2.1.4.18.1

Características

Se entiende por aportes de bajo monto en FVP aquellos que cumplan con las siguientes condiciones:

Numeral 4.2.2.2.1.4.18.1.1

Los partícipes tengan la calidad de beneficiarios de las operaciones de aportes o retiros en los FVP.

Numeral 4.2.2.2.1.4.18.1.2

Los recursos para la realización de aportes de bajo monto en FVP provienen de productos de titularidad del partícipe.

Numeral 4.2.2.2.1.4.18.1.3

Los montos de las operaciones de aportes o retiros del partícipe en los FVP administrados por la misma sociedad administradora no superen en el mes calendario veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En todo caso, las entidades podrán ampliar este umbral hasta cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes, siempre y cuando las características o condiciones especiales definidas por la entidad vigilada, de conformidad con el subnumeral 4.2.2.2.1.4.18.2 del presente Capítulo, permitan garantizar un bajo nivel de riesgo LA/FT en la realización de operaciones de aportes o retiros con el umbral definido por la entidad. Para estos efectos, las entidades deben preparar un análisis de riesgo de LA/FT en el cual se expliquen las características o condiciones especiales que permiten ampliar el umbral a más de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de forma que se mantenga un bajo riesgo de LA/FT para la respectiva entidad vigilada en el ofrecimiento del producto. Este análisis debe mantenerse a disposición de la SFC.

Numeral 4.2.2.2.1.4.18.1.4

El monto total de las participaciones del partícipe en los FVP administrados por la misma sociedad administradora no exceda en el mes calendario veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En todo caso, las entidades podrán ampliar este umbral hasta cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes, siempre y cuando las características o condiciones especiales definidas por la entidad vigilada, de conformidad con el subnumeral 4.2.2.2.1.4.18.2 del presente Capítulo, permitan garantizar un bajo nivel de riesgo LA/FT en la realización de operaciones de aportes o retiros con el umbral definido por la entidad. Para estos efectos, las entidades deben preparar un análisis de riesgo de LA/FT en el cual se expliquen las características o condiciones especiales que permiten ampliar el umbral a más de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de forma que se mantenga un bajo riesgo de LA/FT para la respectiva entidad vigilada en el ofrecimiento del producto. Este análisis debe mantenerse a disposición de la SFC.

Numeral 4.2.2.2.1.4.18.2

Las sociedades administradoras deben definir características o condiciones especiales en sus metodologías para gestionar los riesgos LA/FT, que les permitan mantener un bajo riesgo LAFT en las operaciones de realización de aportes de bajo monto en FVP. Para ello, pueden:

Numeral 4.2.2.2.1.4.18.2.1

Establecer un número y monto máximo de operaciones permitidas para conservar las características previstas en el subnumeral 4.2.2.2.1.4.18.1 del presente Capítulo.

Numeral 4.2.2.2.1.4.18.2.2

Limitar los canales a través de los cuales se pueden realizar operaciones.

Numeral 4.2.2.2.1.4.18.2.3

Las demás que se consideren necesarias.

Numeral 4.2.2.2.1.4.19

Los aportes al servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) al que se refiere el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 y sus decretos reglamentarios. En todo caso, las entidades vigiladas deben cumplir con los demás requerimientos que se exijan para la vinculación a dicho producto.

Numeral 4.2.2.2.1.4.20

Los depósitos de bajo monto que cumplan con las características del artículo 2.1.15.1.2 del Decreto 2555 de 2010. Para la administración del riesgo LA/FT, las entidades vigiladas deben adoptar mecanismos especiales en su SARLAFT que considere las características especiales de estos depósitos. En este sentido, las entidades vigiladas podrán: (i) establecer un número y monto máximo de transacciones y operaciones por cliente para conservar las características previstas para estos productos; (ii) limitar los canales a través de los cuales se pueden realizar dichas transacciones y operaciones; y (iii) las demás que consideren necesarias.

Numeral 4.2.2.2.1.4.21

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) que sean emitidos por un valor que no supere los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Numeral 4.2.2.2.1.4.22

Los Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT) que sean emitidos por un valor que no supere los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las entidades vigiladas pueden determinar los canales a través de los cuales se realicen las operaciones de CDT y CDAT a las que se refieren los subnumerales 4.2.2.2.1.4.21 y 4.2.2.2.1.4.22 del presente capítulo. Por otra parte, las entidades vigiladas deben limitar el número de emisiones por cliente a las que se refieren los subnumerales 4.2.2.2.1.4.21 y 4.2.2.2.1.4.22 en el período de tiempo que determine las entidades vigiladas.

Numeral 4.2.2.2.1.4.23

Los créditos populares productivos rurales que se encuentran definidos en el numeral 1 del artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 4.2.2.2.1.4.24

Los créditos populares productivos urbanos que se encuentran definidos en el numeral 2 del artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 4.2.2.2.1.4.25

Los créditos productivos rurales que se encuentran definidos en el numeral 3 del artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 4.2.2.2.1.4.26

Los créditos productivos urbanos que se encuentran definidos en el numeral 4 del artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Las entidades vigiladas deben mantener a disposición de la SFC el análisis de riesgo de LA/FT en el que conste que los productos referidos en los subnumerales 4.2.2.2.1.4.21, 4.2.2.2.1.4.22, 4.2.2.2.1.4.23, 4.2.2.2.1.4.24, 4.2.2.2.1.4.25 y 4.2.2.2.1.4.26 del presente Capítulo representan un bajo riesgo de LA/FT para la respectiva entidad vigilada.

Numeral 4.2.2.2.1.5

Personas expuestas políticamente

Numeral 4.2.2.2.1.5.1

El concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP) comprende a las personas expuestas políticamente y a las personas expuestas políticamente extranjeras definidas en el Decreto 1081 de 2015, y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen.

Numeral 4.2.2.2.1.5.2

El SARLAFT debe contener mecanismos efectivos, eficientes y oportunos que permitan identificar que un cliente y/o potencial cliente: (i) detenta la calidad de PEP; (ii) tiene una sociedad conyugal de hecho o de derecho con un PEP; (iii) sea familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de un PEP; y (iv) tenga la calidad de asociado cercano, en los términos del artículo 2.1.4.2.10 del Decreto 1081 de 2015, y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen. Adicionalmente, dichos mecanismos deben permitir identificar al beneficiario final de un cliente y/o potencial cliente que detente la calidad de PEP. Para efectos de identificar a dicho beneficiario final, las entidades pueden emplear los procedimientos establecidos en el numeral 4.2.2.2.1.1.1.2. del presente Capítulo.

Numeral 4.2.2.2.1.5.3

Con respecto a los clientes y/o potenciales clientes que detentan la calidad de PEP, las entidades vigiladas, además de aplicar las medidas normales de procedimiento de conocimiento del cliente, deben: (i) obtener la aprobación de la alta gerencia para la vinculación del cliente o para continuar con la relación comercial; (ii) adoptar medidas para establecer el origen de los recursos; (iii) prever procedimientos más exigentes de vinculación; y (iv) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación comercial.

Para efectos de la aprobación para la vinculación de los clientes que detentan la calidad de PEP o para continuar con la relación comercial, el concepto de alta gerencia no incluye al oficial de cumplimiento.

Numeral 4.2.2.2.1.5.4

Con respecto a las demás personas identificadas en el subnumeral 4.2.2.2.1.5.2. del presente Capítulo (con excepción de quien detenta la calidad de PEP), las entidades vigiladas deben establecer su perfil de riesgo. En aquellos casos en que el perfil de riesgo de la respectiva persona esté calificado por las entidades como de alto riesgo, las entidades vigiladas deben aplicar las medidas intensificadas de conocimiento del cliente contempladas en el subnumeral 4.2.2.2.1.5.3 del presente Capítulo.

Numeral 4.2.2.2.1.6

Actualización de la información del cliente

Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos para actualizar los datos de sus clientes conforme a las siguientes reglas:

Numeral 4.2.2.2.1.6.1

Permitir la realización de todas las diligencias necesarias para verificar y actualizar los datos recolectados de los clientes que por su naturaleza puedan variar (dirección, teléfono, actividad económica, origen de los recursos, composición accionaria, entre otros). En este sentido, a partir del perfil del riesgo de LA/FT que se haya estimado para cada cliente como resultado de la aplicación de los procedimientos del SARLAFT, las entidades vigiladas pueden definir la periodicidad con la cual se debe realizar la actualización de estos datos que, en todo caso, no puede ser superior a tres años. No obstante, para aquellos clientes que se determine que pueden exponer a la entidad en un mayor grado al riesgo de LA/FT, la actualización de estos datos debe realizarse, como mínimo, anualmente. En el evento en que un cliente pase a ser catalogado de alto riesgo por la entidad y no se haya actualizado sus datos en más de un año, las entidades deben realizar todas las diligencias necesarias para actualizar los datos del mismo dentro del mes siguiente al cambio de categorización.

Numeral 4.2.2.2.1.6.2

Las entidades vigiladas deben realizar la actualización de estos datos, siempre que se presenten situaciones que requieran recaudar información adicional para permitirle a la entidad comparar las características de las transacciones del cliente con su actividad económica y/o características del monto de sus ingresos o egresos. Para lo anterior, las entidades deben realizar todas las diligencias necesarias para actualizar los datos dentro del mes siguiente a la fecha del conocimiento de dicha situación.

Numeral 4.2.2.2.1.6.3

En el evento en que cambie la participación de los accionistas o asociados que tengan directamente más del 5% en el capital social, aporte o participación del potencial cliente, o algún beneficiario final, corresponde a las entidades realizar todas las diligencias necesarias para obtener la información sobre la actualización de los datos de los mismos, es decir, los datos tendientes a su identificación.

A partir del perfil del riesgo de LA/FT que haya determinado la entidad como resultado de la aplicación de los procedimientos del SARLAFT, las juntas directivas de las entidades vigiladas pueden definir la periodicidad con la cual se debe realizar la actualización de estos datos que, en todo caso, no puede ser superior a tres años. No obstante, en aquellos casos que se determine que pueden exponer a la entidad en mayor grado al riesgo de LA/FT, las entidades deben realizar todas las diligencias necesarias para actualizar estos datos, como mínimo, anualmente. En el evento en que alguno de los accionistas o asociados que directamente más del 5% de su capital social, aporte o participación en el cliente, o alguno de los beneficiarios finales pase a ser catalogado de alto riesgo por la entidad y no se hayan actualizado sus datos en más de un año, las entidades deben actualizar los datos del mismo dentro del mes siguiente al cambio de categorización.

Numeral 4.2.2.2.1.6.4

Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización del análisis de riesgo de LA/FT que haya resultado en la adopción de la periodicidad definida.

Numeral 4.2.2.2.1.6.5

Para el caso de productos inactivos, la actualización se debe llevar a cabo cuando el producto deje de tener tal condición.

Numeral 4.2.2.2.1.6.6

Para el caso de las inversiones con baja transaccionalidad en acciones, la actualización se debe llevar a cabo cuando el inversionista solicite la realización de una nueva operación, de manera previa a su ejecución.

Numeral 4.2.2.2.1.7

Reglas especiales sobre cuentas para el manejo de los recursos de las campañas políticas y partidos políticos

Numeral 4.2.2.2.1.7.1

Metodologías

De conformidad con lo establecido en el presente instructivo, se considera que las campañas políticas y los partidos políticos exponen en mayor grado a la entidad al riesgo de LA/FT, por lo que corresponde a las entidades vigiladas que manejen productos a través de los cuales se reciban y administren recursos o bienes para las campañas políticas y partidos políticos, acordar con las gerencias o los responsables de los mismos el diseño y adopción de metodologías efectivas, eficientes y oportunas de identificación y conocimiento de sus donantes y aportantes de manera que permitan un control y monitoreo estricto de las operaciones que se realicen.

Dichas metodologías deben permitir también, como mínimo:

Numeral 4.2.2.2.1.7.1.1

Identificar las operaciones inusuales y reportar las sospechosas vinculadas a donaciones o aportes.

Numeral 4.2.2.2.1.7.1.2

Identificar los funcionarios de las campañas políticas y partidos políticos autorizados para efectuar retiros, traslados o disponer de los bienes.

Numeral 4.2.2.2.1.7.1.3

Controlar los aportes o donaciones en efectivo.

Numeral 4.2.2.2.1.7.2

Mecanismos

Adicionalmente y también en coordinación con los gerentes o los responsables de las campañas y partidos, las entidades vigiladas deben establecer, entre otros, mecanismos mediante los cuales:

Numeral 4.2.2.2.1.7.2.1

Se exija la autorización del gerente o responsable de la campaña y/o partido para permitir la recepción de aportes, donaciones, o la admisión de traslados o transferencias de recursos de cualquier otra cuenta o producto financiero a la cuenta de la campaña y/o partido, como regla general o a partir de determinada cuantía.

Numeral 4.2.2.2.1.7.2.2

Se establezca un procedimiento para la devolución de aportes o donaciones que a juicio del gerente o responsable de la campaña y/o partido no deban contribuir a la financiación de la misma.

Numeral 4.2.2.2.1.7.2.3

Se fije una cuantía máxima para el depósito o retiro de sumas en efectivo.

Numeral 4.2.2.2.1.7.2.4

Se establezca un procedimiento general y expedito de información al público sobre los movimientos de dichas cuentas.

Los citados mecanismos e instrumentos deben quedar consignados en un documento suscrito por el representante legal de la entidad vigilada y el gerente o responsable de la campaña y/o partido, el cual debe estar a disposición de esta Superintendencia y de las autoridades competentes.

Numeral 4.2.2.2.2

Conocimiento del mercado

Las entidades deben conocer a fondo las características particulares de las actividades económicas de sus clientes, así como de las operaciones que estos realizan en los diferentes mercados. El SARLAFT debe incorporar y adoptar procedimientos que le permitan a la entidad conocer a fondo el mercado al cuál se dirigen los productos que ofrece. El conocimiento del mercado debe permitirle a la entidad establecer con claridad cuáles son las características usuales de los agentes económicos que participan en él y las transacciones que desarrollan.

La entidad debe establecer las variables relevantes que le permitan realizar el conocimiento del mercado para cada uno de los factores de riesgo.

Numeral 4.2.2.2.3

Identificación y análisis de operaciones inusuales

El SARLAFT debe permitir a las entidades establecer cuándo una operación se considera como inusual. Para ello debe contar con metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de las operaciones inusuales, entendidas estas como aquellas transacciones que cumplen, cuando menos con las siguientes características:

Numeral 4.2.2.2.3.1

No guardan relación con la actividad económica o se salen de los parámetros adicionales fijados por la entidad.

Numeral 4.2.2.2.3.2

Respecto de las cuales la entidad no ha encontrado explicación o justificación que se considere razonable.

En el caso de identificación y análisis de las operaciones de usuarios, las entidades deben determinar cuáles de éstas resultan relevantes, teniendo en cuenta el riesgo al que exponen a la entidad y basados en los criterios previamente establecidos por las mismas.

Las entidades deben dejar constancia de cada una de las operaciones inusuales detectadas, indicando la fuente generadora de la inusualidad, así como del responsable o responsables de su análisis y los resultados del mismo.

Numeral 4.2.2.2.4

Determinación y reporte de operaciones sospechosas

La confrontación de las operaciones detectadas como inusuales con la información acerca de los clientes o usuarios y de los mercados, debe permitir, conforme a las razones objetivas establecidas por la entidad, identificar si una operación es o no sospechosa y reportarlo de forma oportuna y eficiente a la UIAF.

Los procedimientos de detección y reporte de operaciones sospechosas deben tener en cuenta que las entidades están en la obligación de informar a las autoridades competentes de manera inmediata y eficiente sobre cada operación de este tipo que conozcan.

Numeral 4.2.2.3

Instrumentos

Para que los mecanismos adoptados por las entidades operen de manera efectiva, eficiente y oportuna, el SARLAFT debe contar, como mínimo, con los siguientes instrumentos:

4.2.2.3.1. Señales de alerta o alertas tempranas

4.2.2.3.2. Segmentación de los factores de riesgo

4.2.2.3.3. Seguimiento de operaciones

4.2.2.3.4. Consolidación electrónica de operaciones

4.2.2.3.5. Matriz de riesgo

Numeral 4.2.2.3.1

Señales de alerta o alertas tempranas

Son los hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información que la entidad determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que la entidad, en el desarrollo del SARLAFT, ha determinado como normal.

Estas señales deben considerar cada uno de los factores de riesgo y las características de sus operaciones, así como cualquier otro criterio que a juicio de la entidad resulte adecuado.

Numeral 4.2.2.3.2

Segmentación de los factores de riesgo

Las entidades deben segmentar, como mínimo, cada uno de los factores de riesgo de acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos asegurando que las variables de análisis definidas garanticen la consecución de las características de homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad entre ellos, según la metodología que previamente haya establecido la entidad. Para realizar la segmentación de los factores de riesgo, las entidades deben contemplar como variables, entre otras, la información recolectada durante la aplicación de los procedimientos de conocimiento del cliente y, en general, los procedimientos que hacen parte del presente Capítulo.

A través de la segmentación, las entidades deben determinar las características usuales de las transacciones que se desarrollan y compararlas con aquellas que realicen los clientes, a efectos de detectar las operaciones inusuales.

Numeral 4.2.2.3.3

Seguimiento de operaciones

Las entidades deben estar en capacidad de hacer seguimiento a las operaciones que realicen sus clientes y usuarios a través de los demás factores de riesgo.

Para dar cumplimiento a lo anterior las entidades deben, como mínimo:

Numeral 4.2.2.3.3.1

Realizar seguimiento a las operaciones con una frecuencia acorde a la evaluación de riesgo de los factores de riesgo involucrados en las operaciones.

Numeral 4.2.2.3.3.2

Monitorear las operaciones realizadas en cada uno de los segmentos de los factores de riesgo.

Numeral 4.2.2.3.3.3

En el caso del seguimiento de operaciones de usuarios, las entidades deben determinar cuáles de éstas resultan relevantes, teniendo en cuenta el riesgo al que exponen a la entidad y basados en los criterios previamente establecidos por las mismas.

Numeral 4.2.2.3.3.4

Tratándose de las operaciones, productos o servicios que trata el subnumeral 4.2.2.2.1.4. del presente Capítulo, el seguimiento a las operaciones que realicen las entidades vigiladas les debe permitir administrar el riesgo de LA/FT.

Numeral 4.2.2.3.4

Consolidación electrónica de operaciones

Las entidades deben estar en capacidad de consolidar electrónicamente las operaciones que realicen sus clientes y usuarios a través de los productos, canales de distribución y jurisdicciones, según sea el caso.

Para dar cumplimiento a lo anterior, las entidades deben, como mínimo:

Numeral 4.2.2.3.4.1

Consolidar electrónicamente, por lo menos en forma mensual, todas las operaciones, según su naturaleza, es decir: activas, pasivas y neutras por cada uno de los clientes y usuarios.

Numeral 4.2.2.3.4.2

Consolidar electrónicamente por lo menos en forma mensual todos los productos, canales de distribución y jurisdicciones empleados por cada cliente y usuario.

En el caso de consolidación electrónica de operaciones de usuarios, las entidades deben determinar cuáles de éstas resultan relevantes, teniendo en cuenta el riesgo al que exponen a la entidad y basados en los criterios previamente establecidos por las mismas.

Numeral 4.2.2.3.5

Matriz de Riesgo

Las entidades vigiladas deben contar con una matriz de riesgos para la aplicación e implementación de las etapas del SARLAFT. La matriz de riesgos que diseñen e implementen las entidades vigiladas debe contemplar, como mínimo, las siguientes características, sin perjuicio de cualquier otra que consideren necesario incorporar:

Numeral 4.2.2.3.5.1

Los riesgos identificados, junto con sus respectivas causas y el impacto de su materialización.

Numeral 4.2.2.3.5.2

La relación existente entre los riesgos identificados y cada uno de los segmentos de los factores de riesgo en los que se podrían materializar los mismos.

Numeral 4.2.2.3.5.3

La relación existente entre los riesgos identificados y cada uno de los riesgos asociados.

Numeral 4.2.2.3.5.4

Las mediciones de probabilidad e impacto, tanto inherentes como residuales, para cada uno de los riesgos identificados y a nivel consolidado.

Numeral 4.2.2.3.5.5

Los controles que mitigan cada uno de los riesgos identificados, junto con las variables consideradas para la medición de su efectividad.

Numeral 4.2.2.3.5.6

Los indicadores que permitan efectuar permanente seguimiento al perfil de riesgo de LA/FT de la entidad.

La matriz de riesgos debe permitir a las entidades la administración de sus perfiles de riesgo inherente y residual de LA/FT, de tal forma que se mantenga un constante monitoreo a la evolución de dichos perfiles y a la efectividad de los criterios y parámetros que hacen parte del SARLAFT, a fin de efectuar los ajustes que se consideren necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del SARLAFT.

Los criterios metodológicos contemplados en el diseño/construcción de la matriz de riesgos, así como la información que sirve de fuente de análisis para esta herramienta, deben ser revisados con una periodicidad mínima semestral. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización de dicha revisión.

Numeral 4.2.3

Documentación

Las etapas y los elementos del SARLAFT implementados por la entidad deben constar en documentos y registros, garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida.

Numeral 4.2.3.1

Requisitos: La documentación debe contar, como mínimo, con:

Numeral 4.2.3.1.1

Respaldo documental

Numeral 4.2.3.1.2

Requisitos de seguridad de forma tal que se permita su consulta sólo por quienes estén autorizados

Numeral 4.2.3.1.3

Criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de la misma, de conformidad con el artículo 96 del EOSF, según el cual, los libros y papeles de las instituciones vigiladas por la SFC, deben conservarse por un período no menor de 5 años, desde la fecha del respectivo asiento, sin perjuicio de los términos establecidos en normas especiales. En el caso de las entidades a las que no les sea aplicable el artículo 96 del EOSF, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 962 de 2005, los libros y papeles deben conservarse por un período de 10 años. Vencidos dichos periodos, pueden ser destruidos siempre que, por cualquier medio técnico adecuado, se garantice su reproducción exacta.

Numeral 4.2.3.2

Elementos: La documentación debe contener, como mínimo:

Numeral 4.2.3.2.1

Manual de procedimientos del SARLAFT, el cual debe contemplar, como mínimo:

Numeral 4.2.3.2.1.1

Las políticas para la administración del riesgo de LA/FT.

Numeral 4.2.3.2.1.2

Las metodologías para la segmentación, identificación, medición y control del riesgo de LA/FT.

Numeral 4.2.3.2.1.3

La estructura organizacional del SARLAFT.

Numeral 4.2.3.2.1.4

Las funciones y responsabilidades de quienes participan en la administración del riesgo de LA/FT.

Numeral 4.2.3.2.1.5

Las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas del SARLAFT.

Numeral 4.2.3.2.1.6

Los procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de LA/FT.

Numeral 4.2.3.2.1.7

Los procedimientos de control interno y revisión del SARLAFT.

Numeral 4.2.3.2.1.8

Los programas de capacitación del SARLAFT.

Numeral 4.2.3.2.1.9

Los procedimientos establecidos en el numeral 4.2.2 de este Capítulo.

Numeral 4.2.3.2.2

Los documentos y registros que evidencien la operación efectiva del SARLAFT.

Numeral 4.2.3.2.3

Los informes de la junta directiva, el representante legal, el oficial de cumplimiento y los órganos de control.

Numeral 4.2.3.2.4

Los procedimientos de conocimiento del cliente deben ser incorporados en los manuales y sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo de las entidades subordinadas en el extranjero, salvo que sea contrario a la legislación a la que está sujeta la entidad subordinada. En este evento, se deberá presentar una opinión legal emitida por un abogado idóneo, autorizado para ejercer como tal en el país donde se encuentre el domicilio principal de la entidad subordinada, que no sea funcionario de esta, con destino a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que se señale que la incorporación de los procedimientos de conocimiento del cliente en los manuales y sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo de dicha entidad es contrario a la legislación a la que está sujeta la entidad subordinada.

Numeral 4.2.4

Estructura organizacional

Las entidades deben establecer y asignar las facultades y funciones en relación con las distintas etapas y elementos del SARLAFT.

En todo caso y sin perjuicio de las funciones asignadas por otras disposiciones, las entidades deben establecer, como mínimo, las siguientes funciones a cargo de los órganos de dirección, administración, control y del oficial de cumplimiento.

Numeral 4.2.4.1

Funciones de la junta directiva u órgano que haga sus veces

El SARLAFT debe contemplar como mínimo las siguientes funciones a cargo de la junta directiva u órgano que haga sus veces. En caso de que por su naturaleza jurídica no exista dicho órgano, estas funciones corresponden al representante legal:

Numeral 4.2.4.1.1

Establecer las políticas del SARLAFT.

Numeral 4.2.4.1.2

Adoptar el código de ética en relación con el SARLAFT.

Numeral 4.2.4.1.3

Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones.

Numeral 4.2.4.1.4

Designar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente.

Numeral 4.2.4.1.5

Hacer seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo de LA/FT de la entidad.

Numeral 4.2.4.1.6

Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes que presente el oficial de cumplimiento, dejando la expresa constancia en la respectiva acta.

Numeral 4.2.4.1.7

Pronunciarse sobre los informes presentados por la revisoría fiscal y la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y hacer seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando la expresa constancia en la respectiva acta.

Numeral 4.2.4.1.8

Garantizar la suficiencia de los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT.

Numeral 4.2.4.1.9

Aprobar los criterios objetivos y establecer los procedimientos y las instancias responsables de la determinación y ROS.

Numeral 4.2.4.1.10

Establecer y hacer seguimiento a los procedimientos encaminados a permitir una verificación efectiva, eficiente y oportuna de la información suministrada por los potenciales clientes en los procedimientos de conocimiento de cliente.

Numeral 4.2.4.1.11

Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.

Numeral 4.2.4.1.12

Designar la(s) instancia(s) autorizada(s) para exonerar clientes del diligenciamiento del formulario de transacciones en efectivo.

Numeral 4.2.4.1.13

Designar la(s) instancia(s) responsable(s) del diseño de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de las operaciones inusuales.

Numeral 4.2.4.1.14

En el caso de conglomerados financieros, en los términos previstos para el conocimiento del cliente en conglomerados financieros del subnumeral 4.2.2.2.1.3. del presente Capítulo, en el evento en que una entidad vigilada sea el holding financiero del respectivo conglomerado financiero, le corresponde además a su junta directiva impartir las directrices para el intercambio de información entre las entidades vigiladas que integran el conglomerado financiero.

Numeral 4.2.4.1.15

Aprobar la metodología mediante la cual se va a realizar el análisis de riesgo de LA/FT, que le permita implementar los procedimientos de conocimiento del cliente.

Numeral 4.2.4.2

Funciones del representante legal

El SARLAFT debe contemplar, como mínimo, las siguientes funciones a cargo del representante legal o quien haga sus veces:

Numeral 4.2.4.2.1

Someter a aprobación de la junta directiva u órgano que haga sus veces, en coordinación con el oficial de cumplimiento, el manual de procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones.

Numeral 4.2.4.2.2

Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen todas las políticas adoptadas por la junta directiva u órgano que haga sus veces.

Numeral 4.2.4.2.3

Adoptar las medidas adecuadas como resultado de la evolución de los perfiles de riesgo de los factores de riesgo y de los riesgos asociados.

Numeral 4.2.4.2.4

Garantizar que las bases de datos y la plataforma tecnológica cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el presente Capítulo.

Numeral 4.2.4.2.5

Proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT.

Numeral 4.2.4.2.6

Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento.

Numeral 4.2.4.2.7

Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y confidencialidad de la información allí contenida.

Numeral 4.2.4.2.8

Aprobar los criterios, metodologías y procedimientos para la selección, seguimiento y cancelación de los contratos celebrados con terceros para la realización de aquellas funciones relacionadas con el SARLAFT que pueden realizarse por éstos, de acuerdo con lo señalado en el presente Capítulo.

Numeral 4.2.4.3

Oficial de cumplimiento principal y suplente

Numeral 4.2.4.3.1

Requisitos:

Numeral 4.2.4.3.1.1

Ser como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la entidad.

Numeral 4.2.4.3.1.2

Tener capacidad decisoria.

Numeral 4.2.4.3.1.3

Demostrar conocimientos o capacitaciones en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo 150 horas a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo pero sin limitarse a cualquier programa de entrenamiento que sea o vaya a ser ofrecido por la UIAF a los actores del sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en los términos que señale la entidad.

Numeral 4.2.4.3.1.4

Demostrar una experiencia mínima de 24 meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos.

Numeral 4.2.4.3.1.5

Acreditar un título profesional.

Numeral 4.2.4.3.1.6

Estar apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo con el riesgo de LA/FT y el tamaño de la entidad.

Numeral 4.2.4.3.1.7

No pertenecer a órganos de control ni a las áreas directamente relacionadas con las actividades previstas en el objeto social principal.

Numeral 4.2.4.3.1.8

Ser empleado de la entidad, salvo el de los grupos financieros, en cuyo caso puede ser empleado de la matriz. En este evento debe ser designado además por las juntas directivas de las entidades del grupo en las cuales se va a desempeñar en tal calidad.

Numeral 4.2.4.3.1.9

Estar posesionado ante la SFC.

El oficial de cumplimiento suplente debe cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en los subnumerales 4.2.4.3.1.2 al 4.2.4.3.1.9 anteriores.

Numeral 4.2.4.3.2

Funciones:

Numeral 4.2.4.3.2.1

Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.

Numeral 4.2.4.3.2.2

Presentar, cuando menos en forma trimestral, informes presenciales y escritos a la junta directiva u órgano que haga sus veces, en los cuales debe referirse, como mínimo, a los siguientes aspectos:

Numeral 4.2.4.3.2.2.1

Los resultados de la gestión desarrollada.

Numeral 4.2.4.3.2.2.2

El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes a las diferentes autoridades.

Numeral 4.2.4.3.2.2.3

La evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo de los factores de riesgo y los controles adoptados, así como de los riesgos asociados.

Numeral 4.2.4.3.2.2.4

La efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos en el presente Capítulo, así como de las medidas adoptadas para corregir las fallas en el SARLAFT.

Numeral 4.2.4.3.2.2.5

Los resultados de los correctivos ordenados por la junta directiva u órgano que haga sus veces.

Numeral 4.2.4.3.2.2.6

Los documentos y pronunciamientos emanados de las entidades de control y de la UIAF.

Numeral 4.2.4.3.2.3

Promover la adopción de correctivos al SARLAFT.

Numeral 4.2.4.3.2.4

Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.

Numeral 4.2.4.3.2.5

Proponer a la administración la actualización del manual de procedimientos y velar por su divulgación a los funcionarios.

Numeral 4.2.4.3.2.6

Colaborar con la instancia designada por la junta directiva en el diseño de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de las operaciones inusuales.

Numeral 4.2.4.3.2.7

Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, los informes que presente el revisor fiscal, así como adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas.

Numeral 4.2.4.3.2.8

Diseñar y someter a la aprobación de la junta directiva u órgano que haga sus veces, los procedimientos establecidos para la aplicación proporcional basada en riesgos de los procedimientos de conocimiento del cliente.

Numeral 4.2.4.3.2.9

Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.

Numeral 4.2.4.3.2.10

Elaborar y someter a la aprobación de la junta directiva o el órgano que haga sus veces, los criterios objetivos para la determinación de las operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad.

Numeral 4.2.4.3.2.11

Cumplir las obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas, que están establecidas en este Capítulo.

No pueden contratarse con terceros las funciones asignadas al oficial de cumplimiento, ni aquellas relacionadas con la identificación y reporte de operaciones inusuales, así como las relacionadas con la determinación y ROS.

En el evento en que el oficial de cumplimiento no tenga dedicación exclusiva y desempeñe funciones adicionales, la entidad vigilada debe contar con políticas y mecanismos para prevenir y gestionar los conflictos de interés que puedan surgir en el ejercicio de sus funciones de oficial de cumplimiento con el desempeño de las funciones adicionales.

Numeral 4.2.5

Órganos de control

Las entidades deben establecer órganos e instancias responsables de efectuar una evaluación del SARLAFT, a fin de que se puedan determinar sus fallas o debilidades e informarlas a las instancias pertinentes. Sin embargo, los órganos de control que se establezcan para el efecto no son responsables de las etapas de la administración del riesgo de LA/FT.

Los órganos de control deben ser, por lo menos, los siguientes: revisoría fiscal, y auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces.

Numeral 4.2.5.1

Revisoría fiscal

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al revisor fiscal, éste debe elaborar un reporte anual dirigido a la junta directiva u órgano que haga sus veces, en el que informe acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos sobre el SARLAFT.

Además, debe poner en conocimiento del oficial de cumplimiento las inconsistencias y fallas detectadas en el SARLAFT y, en general, todo incumplimiento que detecte en las disposiciones que regulan la materia.

Igualmente, el revisor fiscal debe reportar operaciones sospechosas a la UIAF, en cumplimiento del numeral 10 del artículo 207 del Código de Comercio. Para tal efecto, debe registrarse en la plataforma Sistema de Reporte en Línea (SIREL), administrado por la UIAF o en cualquier otro sistema que dicha entidad desarrolle para el reporte de operaciones sospechosas.

Numeral 4.2.5.2

Auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones a la auditoría interna, o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, ésta debe evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas y los elementos del SARLAFT, con el fin de determinar las deficiencias y sus posibles soluciones en los términos del subnumeral 4 del presente Capítulo. Así mismo, debe informar los resultados de la evaluación al oficial de cumplimiento y a la junta directiva.

La auditoría interna, o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, debe realizar una revisión periódica de los procesos relacionados con las parametrizaciones de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico.

Numeral 4.2.6

Infraestructura tecnológica

Las entidades deben contar con la tecnología y los sistemas necesarios para garantizar la adecuada administración del riesgo de LA/FT. Para ello deben contar con un soporte tecnológico acorde con sus actividades, operaciones, riesgo y tamaño, que cumpla, como mínimo, con las siguientes características:

Numeral 4.2.6.1

Contar con la posibilidad de captura y actualización periódica de la información de los distintos factores de riesgo, garantizando que la estructura de datos definida para la captura de la información de los mismos contemple la totalidad de los campos necesarios para la adecuada administración del riesgo LAFT.

Numeral 4.2.6.2

Consolidar las operaciones de los distintos factores de riesgo de acuerdo con los criterios establecidos por la entidad.

Numeral 4.2.6.3

Centralizar los registros correspondientes a cada uno de los factores de riesgo y en forma particular a cada uno de los clientes.

Numeral 4.2.6.4

Generar en forma automática los reportes internos y externos, distintos de los relativos a operaciones sospechosas, sin perjuicio de que todos los reportes a la UIAF sean enviados en forma electrónica.

Numeral 4.2.7

Divulgación de la información

Las entidades deben diseñar un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes tanto internos como externos que garantice el funcionamiento de sus procedimientos y los requerimientos de las autoridades competentes.

En concordancia con el artículo 97 del EOSF y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, las entidades deben suministrar al público la información necesaria con el fin de que el mercado pueda evaluar las estrategias de administración del riesgo de LA/FT. Para el cumplimiento de las obligaciones de reporte establecidas en los artículos 102 a 107 del EOSF, todas las entidades vigiladas, incluyendo aquellas exceptuadas de la aplicación de este Capítulo, deben cumplir sus obligaciones de reporte ante las autoridades competentes, conforme a los documentos técnicos e instructivos anexos a este capítulo.

Los siguientes son los reportes mínimos que deben tener en cuenta las entidades en el diseño del SARLAFT:

Numeral 4.2.7.1

Reportes internos

Los reportes internos son de uso exclusivo de la entidad.

Numeral 4.2.7.1.1

Transacciones inusuales

La entidad debe prever dentro del SARLAFT los procedimientos para que el responsable de la detección de operaciones inusuales reporte las mismas a la instancia competente de analizarlas. El reporte debe indicar las razones que determinan la calificación de la operación como inusual.

Numeral 4.2.7.1.2

Operaciones sospechosas

De conformidad con el numeral 2. literal d. del artículo 102 del EOSF, constituye una operación sospechosa cualquier información relevante sobre manejo de activos, pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación.

El SARLAFT debe prever los procedimientos de reporte al funcionario o instancia competente, con las razones objetivas que ameritaron tal calificación.

Numeral 4.2.7.1.3

Reportes de la etapa de monitoreo

Como resultado del monitoreo deben elaborarse reportes que permitan establecer el perfil de riesgo residual de la entidad, la evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo de los factores de riesgo y de los riesgos asociados. Dichos reportes deben tener una periodicidad acorde con el perfil de riesgo residual de LA/FT de la entidad, pero en todo caso, deben realizarse con una periodicidad mínima semestral.

Los administradores de la entidad, en su informe de gestión al cierre de cada ejercicio contable, deben incluir una indicación sobre la gestión adelantada en materia de administración de riesgo de LA/FT.

Numeral 4.2.7.2

Reportes externos

Los reportes externos deben ser enviados a la UIAF y/o a las demás autoridades competentes.

Numeral 4.2.7.2.1

Reporte de operaciones sospechosas (ROS)

Corresponde a las entidades y sus revisores fiscales reportar a la UIAF en forma inmediata las operaciones que determinen como sospechosas, de acuerdo con el respectivo documento técnico e instructivo anexo al presente Capítulo. Los reportes sobre operaciones sospechosas deben ajustarse a los criterios objetivos establecidos por la entidad. Le corresponde a la entidad vigilada y al oficial de cumplimiento o quien haga sus veces, garantizar la reserva del reporte de la operación sospechosa remitido a la UIAF, según lo previsto en la Ley 526 de 1999.

Las entidades deben reportar las operaciones intentadas, rechazadas y las tentativas de vinculación comercial, en los términos y condiciones técnicas que la UIAF determine.

En estos casos no se requiere que la entidad tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal o que los recursos involucrados provienen de tales actividades.

En el evento en el que, durante los periodos establecidos para cada reporte, las entidades no hayan observado transacciones u operaciones que den lugar a la realización del mismo, se debe informar de este hecho a la UIAF, de acuerdo con las instrucciones establecidas en los respectivos documentos técnicos e instructivos de cada uno de ellos.

En el caso de almacenes generales de depósito, los procedimientos de determinación de operaciones sospechosas también deben versar sobre aquellas sustancias importadas y/o almacenadas en la entidad.

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 42 de la Ley 190 de 1995, el reporte de operaciones sospechosas no da lugar a ningún tipo de responsabilidad para la persona jurídica informante, ni para los directivos o empleados de la entidad que hayan participado en su detección y/o reporte.

Numeral 4.2.7.2.2

Reporte de transacciones en efectivo

Además de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 103 EOSF, el cual impone a las entidades vigiladas la obligación de dejar constancia, en el formulario especialmente diseñado para el efecto, de la información relativa a las transacciones en efectivo cuyo valor sea igual o superior a las cuantías establecidas en el Anexo 2 del Documento Técnico e Instructivo para el Reporte de las Transacciones en Efectivo de las Entidades Vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las entidades deben remitir a la UIAF el informe mensual sobre transacciones en efectivo, de acuerdo con los montos e indicaciones señaladas en su correspondiente documento técnico e instructivo, anexo al presente Capítulo.

Se entiende por transacciones en efectivo todas aquellas transacciones que, en desarrollo del giro ordinario de los negocios de los clientes, involucren entrega o recibo de dinero en billetes y/o en monedas nacional o extranjera.

El reporte de transacciones en efectivo se compone de (i) Reporte de transacciones múltiples en efectivo y (ii) Reporte de transacciones individuales en efectivo.

Se encuentran exceptuadas del reporte de transacciones múltiples en efectivo, las siguientes:

Numeral 4.2.7.2.2.1

Recaudo de impuestos nacionales, distritales y municipales.

Numeral 4.2.7.2.2.2

Recaudo de contribución de valorización

Numeral 4.2.7.2.2.3

Recaudo de aportes para salud y pensiones obligatorias

Numeral 4.2.7.2.2.4

Recaudo de servicios públicos domiciliarios

Numeral 4.2.7.2.2.5

Recaudo de telefonía móvil celular

Numeral 4.2.7.2.2.6

Recaudo de aportes al sistema de riesgos laborales (ARL)

A su turno, se encuentran exceptuadas del reporte de transacciones individuales en efectivo, las transacciones enunciadas en los subnumerales 4.2.7.2.2.3. a 4.2.7.2.2.6 anteriores.

Cuando se celebren contratos de uso de red acorde con la Ley 389 de 1997, Ley 510 de 1999, Ley 964 de 2005 y cualquiera otra disposición que autorice uso de red para ofrecer productos y servicios financieros y del mercado de valores, reglamentados entre otros por los artículos 2.31.2.2.1 y 2.34.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, o se acuerde algún mecanismo para recaudar o manejar efectivo, el reporte de transacciones individuales debe ser remitido tanto por la entidad usuaria de la red, como por el establecimiento que presta el servicio. En este último caso, el reporte debe realizarse a nombre del quien fue efectuada la transacción en efectivo, esto es, la entidad usuaria de la red.

Numeral 4.2.7.2.3

Reporte de clientes exonerados del reporte de transacciones en efectivo

Las entidades deben informar a la UIAF los nombres e identidades de todos los clientes exonerados del reporte a que se refiere el anterior numeral, de acuerdo con las indicaciones señaladas en el correspondiente documento técnico e instructivo anexo al presente Capítulo.

Para tal efecto, se deben remitir los nombres e identidades todos los clientes exonerados del reporte de transacciones en efectivo.

Copia del estudio que soporte la existencia de las condiciones de exoneración debe ser conservada y archivada por la entidad de manera centralizada.

Numeral 4.2.7.2.4

Reporte sobre operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas.

Numeral 4.2.7.2.4.1

Operaciones: Las entidades deben remitir a la UIAF la información correspondiente a las siguientes operaciones, de acuerdo con las instrucciones establecidas en el respectivo documento técnico e instructivo anexo al presente Capítulo.

Numeral 4.2.7.2.4.1.1

Operaciones individuales de transferencia de divisas desde o hacia el exterior. Es decir, aquellas operaciones en virtud de las cuales salen o ingresan divisas al país mediante movimientos electrónicos o contables. Los intermediarios del mercado cambiario también deben reportar bajo este concepto las operaciones de monetización de divisas desde o hacia el exterior.

Numeral 4.2.7.2.4.1.2

Remesas de divisas desde o hacia el exterior, las cuales corresponden a las operaciones de traslado físico de divisas desde o hacia el exterior.

Numeral 4.2.7.2.4.1.3

Operaciones de compra y venta de divisas por ventanilla. Corresponden a las operaciones de compra y venta de divisas efectuadas por ventanilla, realizadas por los intermediarios del mercado cambiario en las modalidades de efectivo o cheque, las cuales no implican movimiento electrónico de divisas.

Numeral 4.2.7.2.4.2

Contenido del reporte: Las entidades deben incluir en el reporte:

Numeral 4.2.7.2.4.2.1

Las divisas que deben canalizarse en forma obligatoria a través de los intermediarios autorizados, así como aquellas que, no obstante encontrarse exentas de dicha obligación, se canalicen voluntariamente a través de los mismos; y

Numeral 4.2.7.2.4.2.2

Las divisas no monetizadas. Para los efectos de dicho reporte, se entiende por divisas no monetizadas, aquellas que no se han convertido a moneda legal colombiana.

Numeral 4.2.7.2.4.2.3

Los intermediarios del mercado cambiario deben reportar bajo el concepto de transferencias internacionales, las operaciones de recepción o envío de giros de divisas desde o hacia el exterior. No se deben reportar operaciones de derivados sobre divisas, ni aquellas celebradas con el Banco de la República o con otras entidades vigiladas.

Numeral 4.2.7.2.5

Reporte de las transacciones con tarjetas internacionales a través de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia

Las entidades vigiladas que administren, representen o sean miembros de franquicias como: Visa, Diners, Master Card, entre otras, deben reportar a la UIAF, de acuerdo con las indicaciones establecidas en el correspondiente documento técnico e instructivo anexo al presente Capítulo, las operaciones compensadas con tarjetas crédito o débito expedidas en el exterior y realizadas a través de cajeros electrónicos o sistemas de pago de bajo valor.

Numeral 4.2.7.2.6

Reporte sobre productos ofrecidos por las entidades vigiladas

Las entidades vigiladas deben remitir a la UIAF la información correspondiente a la existencia de todos los productos vigentes, activos o inactivos, que representen operaciones activas y/o pasivas, de acuerdo con las indicaciones establecidas en su correspondiente documento técnico e instructivo anexo al presente Capítulo.

Se exceptúan del presente reporte los productos constituidos con entidades vigiladas por la SFC incluyendo el Banco de la República.

Numeral 4.2.7.2.7

Reportes de los almacenes generales de depósito a otras autoridades

De acuerdo con las normas legales, los almacenes generales de depósito deben efectuar un ROS vinculadas con sustancias almacenadas, y remitirlo a la Sección de Control Químico de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, destacando los elementos esenciales en los que se funda la presunción.

Numeral 4.2.7.2.8

Reporte de patrimonios autónomos administrados por entidades vigiladas

Las sociedades fiduciarias que administren patrimonios autónomos, y lo hagan en virtud de los proyectos dispuestos por la Ley 1508 de 2012, una vez constituido el patrimonio autónomo, deben, dentro de los 3 días hábiles siguientes, reportar a la UIAF el valor de los recursos administrados a través del patrimonio autónomo constituido por el contratista, el nombre del beneficiario, del fideicomitente, conforme al respectivo documento técnico e instructivo anexo al presente Capítulo.

Numeral 4.2.7.2.9

Reporte de información sobre campañas políticas y partidos políticos

Sin perjuicio de lo señalado en el subnumeral 4.2.2.2.1.7. del presente Capítulo, las entidades vigiladas que manejen productos y servicios financieros para las campañas políticas y partidos políticos, deben reportar a la UIAF la información de que trata el respectivo documento técnico e instructivo anexo al presente Capítulo.

Numeral 4.2.8

Capacitación

Las entidades deben diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad.

Tales programas deben, cuando menos, cumplir con las siguientes condiciones:

Numeral 4.2.8.1

El alcance y la periodicidad debe tener en cuenta el nivel de exposición al riesgo LA/FT del respectivo funcionario en el desempeño de sus funciones al interior de la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, la periodicidad debe ser inferior o igual a un año.

Numeral 4.2.8.2

Ser impartidos durante el proceso de inducción de los nuevos funcionarios y a los terceros (no empleados de la entidad) cuando sea procedente su contratación en los términos del presente Capítulo.

Numeral 4.2.8.3

Ser constantemente revisados y actualizados.

Numeral 4.2.8.4

Contar con los mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos con el fin de determinar la eficacia de dichos programas y el alcance de los objetivos propuestos.

Numeral 4.2.8.5

Señalar el alcance de estos programas, los medios que se emplearán para ejecutarlos y los procedimientos que se adelantarán para evaluarlos. Los programas deben constar por escrito.

Numeral 4.2.8.6

Considerar la realización de cualquier programa de entrenamiento que sea o vaya a ser ofrecido por la UIAF, que esté dirigido a los actores del sistema nacional antilavado de activos y contra financiación al terrorismo, en los términos que señale dicha entidad.

Numeral 5

Reglas especiales para transferencias

En las transferencias de fondos realizadas dentro del territorio nacional, así como en las transferencias internacionales, es decir, aquellas operaciones en virtud de las cuales salen o ingresan divisas al país, debe capturarse y conservarse la información relacionada con el ordenante y con el beneficiario de acuerdo con las instrucciones del presente numeral.

En toda transferencia se debe capturar y conservar toda la información que aparezca en el mensaje relacionada con el/los ordenante(s) y el/los beneficiario(s).

Numeral 5.1

Transferencias internacionales

Las entidades ordenantes deben garantizar que las transferencias internacionales contengan la información necesaria y precisa sobre el ordenante, así como la información necesaria sobre el beneficiario de conformidad con las instrucciones aquí descritas:

Numeral 5.1.1

Transferencias realizadas a través de SWIFT

Numeral 5.1.1.1

Información del ordenante

La siguiente es la información mínima del ordenante que debe permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago: (i) nombre/s y apellido/s (en caso de personas naturales), o nombre o razón social (en caso de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica); (ii) dirección, indicando el país y la ciudad, o el número del documento identidad, o el número de identificación del cliente, o la fecha y el lugar de nacimiento; (iii) el número de cuenta o número de referencia de la transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla; y (iv) la entidad ordenante. Las entidades ordenantes deben comprobar la exactitud de la información necesaria sobre el ordenante. 

Sin embargo, en el evento en que el monto de la transferencia sea igual o menor del equivalente a mil dólares estadounidenses (USD 1.000), las entidades ordenantes deben solicitar, como mínimo, la siguiente información respecto del ordenante: (i) nombre/s y apellido/s (en caso de personas naturales), o nombre o razón social (en caso de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica), y (ii) el número de cuenta o número de referencia de la transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla. En este caso, las entidades ordenantes deben comprobar la exactitud de la información mínima requerida sobre el ordenante siempre que, de acuerdo con el análisis de riesgo de la entidad, exista riesgo de materialización del riesgo LA/FT con respecto de dicha transferencia. La información mínima requerida del ordenante debe permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago.

En el caso en que el mensaje relacionado contenga información adicional debe capturarse tal información.

Numeral 5.1.1.2

Información del beneficiario

Las entidades ordenantes deben solicitar la siguiente información mínima del beneficiario, que debe permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago: (i) nombre/s y apellido/s en caso de personas naturales), o nombre o razón social (en caso de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica), y (ii) el número de cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla.

Numeral 5.1.1.3

Pagos de transferencias

Al momento de pagar transferencias del exterior, las entidades beneficiarias deben exigir a las personas que sean beneficiarias de la transferencia (sin ser clientes) la siguiente información:

Numeral 5.1.1.3.1

En el caso de personas naturales: (i) nombre/s y apellido/s; (ii) tipo y número de identificación, domicilio, número telefónico, y (iii) número de cuenta o número de referencia de la transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla.

Numeral 5.1.1.3.2

En el caso de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica: (i) nombre o razón social, NIT, tipo y número de identificación de quien actúa como representante legal, domicilio, número telefónico, y (ii) número de cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla.

Las entidades beneficiarias deben comprobar la exactitud de la información necesaria sobre el beneficiario, en particular, su identidad, siempre que dicha información no haya sido verificada con anterioridad. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades beneficiarias no deben comprobar la exactitud de la información necesaria del beneficiario siempre que: (i) el monto de la transferencia sea igual o menor del equivalente a mil dólares estadounidenses (USD 1.000); y (ii) de acuerdo con su análisis de riesgo de la entidad beneficiaria, no exista riesgo de materialización del riesgo LA/FT con respecto al pago de dicha transferencia.

Cuando se actúe a través de mandatario debe exigirse, además, el nombre/s y apellido/s y tipo y número de identificación.

Numeral 5.1.2

Transferencias realizadas a través de money remitters o cualquier otro sistema

La siguiente es la información mínima del ordenante que debe permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago: (i) nombres y apellidos (en caso de personas naturales), o nombre o razón social (en caso de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica); (ii) dirección, indicando el país y la ciudad, o el número del documento nacional de identidad, o el número de identificación del cliente, o la fecha y el lugar de nacimiento; (iii) la entidad originadora / money remitters ; y (iv) el número de cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla. En el caso en que el mensaje relacionado contenga información adicional, debe capturarse tal información. Las entidades ordenantes deben comprobar la exactitud de la información necesaria sobre el ordenante.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que el monto de la transferencia sea igual o menor del equivalente a mil dólares estadounidenses (USD 1.000), las entidades ordenantes pueden solicitar, como mínimo, la siguiente información respecto del ordenante: (i) nombre/s y apellido/s (en caso de personas naturales), o nombre o razón social (en caso de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica), y (ii) el número de cuenta o número de referencia de la transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla. En este caso, las entidades ordenantes deben comprobar la exactitud de la información mínima requerida sobre el ordenante siempre que, de acuerdo con el análisis de riesgo de la entidad, exista riesgo de materialización del riesgo LA/FT con respecto de dicha transferencia. La información mínima requerida del ordenante debe permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago.

Cuando se actúe a través de mandatario debe exigirse, además, el nombre/s y apellido/s y tipo y número de identificación.

Numeral 5.1.2.1

Información del beneficiario

Las entidades ordenantes deben solicitar la siguiente información del beneficiario, que debe permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago: (i) nombre/s y apellido/s en caso de personas naturales), o nombre o razón social (en caso de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica), y (ii) el número de cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla.

Numeral 5.1.2.2

Pagos de transferencias

Al momento de pagar transferencias del exterior, las entidades beneficiarias deben exigir a las personas que sin ser clientes sean beneficiarias de la transferencia, la siguiente información:

Numeral 5.1.2.2.1

En el caso de personas naturales: (i) nombre/s y apellido/s; (ii) tipo y número de identificación, domicilio, número telefónico; (iii) tipo y número de identificación, domicilio, número telefónico, y número de cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla.

Numeral 5.1.2.2.2

En el caso de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica: Nombre o razón social, NIT, tipo y número de identificación de quien actúa como representante legal, domicilio, número telefónico, y número de cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla.

Cuando se actúe a través de mandatario debe exigirse, además, el nombre/s y apellido/s y tipo y número de identificación.

Las entidades beneficiarias deben comprobar la exactitud de la información necesaria sobre el beneficiario, en particular, su identidad, siempre que dicha información no haya sido verificada con anterioridad. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades beneficiarias no deben comprobar la exactitud de la información necesaria del beneficiario siempre que: (i) el monto de la transferencia sea igual o menor del equivalente a mil dólares estadounidenses (USD 1.000); y (ii) de acuerdo con su análisis de riesgo de la entidad beneficiaria, no exista riesgo de materialización del riesgo LA/FT con respecto al pago de dicha transferencia.

Numeral 5.1.3

Transferencias electrónicas agrupadas

Cuando varias transferencias internacionales de un único ordenante estén agrupadas en un solo archivo de procesamiento por lotes para su transferencia a varios beneficiarios, el archivo debe contener la siguiente información mínima del ordenante que debe permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago: (i) nombre/s y apellido/s (en caso de personas naturales), o nombre o razón social, NIT, tipo y número de identificación de quien actúa como representante legal (en caso de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica); (ii) dirección, indicando el país y la ciudad, o el número del documento nacional de identidad, o el número de identificación del cliente, o la fecha y el lugar de nacimiento; (iii) el número de cuenta o número de referencia de la transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla; y (iv) entidad financiera originadora.

Así mismo, este archivo debe contener la siguiente la información mínima de los beneficiarios que debe permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago: (i) nombre/s y apellido/s (en caso de personas naturales), o nombre o razón social, NIT, tipo y número de identificación de quien actúa como representante legal (en caso de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica), y (ii) el número de cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla.

Las entidades vigiladas deben comprobar la exactitud de la información necesaria sobre el ordenante y el beneficiario.

Numeral 5.1.4

Entidades intermediarias

Para las transferencias electrónicas internacionales, las entidades que actúen como intermediario deben garantizar que toda la información sobre el ordenante y el beneficiario que acompaña la transferencia electrónica se conserve con la misma.

Las entidades intermediarias deben cumplir con lo dispuesto en el numeral 5.4. del presente Capítulo.

La entidad intermediaria debe tomar medidas razonables, que correspondan con los procesos de pago directo, para identificar las transferencias electrónicas internacionales que carecen de la información necesaria sobre el ordenante o sobre el beneficiario.

La entidad intermediaria debe contar con políticas y procedimientos basados en riesgo para determinar: (i) cuándo ejecutar, rechazar o suspender una transferencia electrónica que carezca de la información necesaria sobre el ordenante o la información necesaria sobre el beneficiario; y (ii) la acción de seguimiento apropiada.

Numeral 5.1.5

Entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias deben tomar medidas razonables para identificar las transferencias internacionales que carecen de la información necesaria sobre el ordenante o la información necesaria sobre el beneficiario. Estas medidas pueden incluir el monitoreo posterior o en tiempo real, cuando sea factible.

Para las transferencias electrónicas, las entidades beneficiarias deben verificar la identidad del beneficiario, si la identidad no ha sido verificada con anterioridad, y mantener esta información por un período de al menos cinco años.

La entidad beneficiaria debe contar con políticas y procedimientos eficaces basados en el riesgo para determinar: (i) cuándo ejecutar, rechazar o suspender una transferencia electrónica que carezca de la información necesaria sobre el ordenante o el beneficiario; y (ii) la acción de seguimiento apropiada.

Numeral 5.2

Transferencias nacionales

En el caso de transferencias nacionales, la siguiente es la información mínima del ordenante y beneficiario que debe permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago, sin perjuicio de cualquier información adicional que cada entidad considere relevante.

Numeral 5.2.1

En el caso de personas naturales: (i) nombre/s y apellido/s; (ii) tipo y número de identificación, domicilio, número telefónico, ciudad, y (iii) número de cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla.

Numeral 5.2.2

En el caso de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica: (i) nombre o razón social, NIT, tipo y número de identificación de quien actúa como representante legal, domicilio, número telefónico, ciudad, y (ii) número de cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla.

En todo caso, la transferencia nacional puede incluir la información acerca del número de cuenta o número de referencia de transacción o, en su defecto, un único número de referencia de la transacción que permita rastrearla, siempre que: (i) este número permita rastrear la transacción hasta el ordenante y/o el beneficiario, y (ii) la entidad beneficiaria pueda obtener la información del ordenante por otros medios verificables.

Cuando se actúe a través de mandatario debe exigirse además el nombre/s y apellido/s y tipo y número de identificación.

Tratándose de los depósitos de bajo monto que cumplan con las características del artículo 2.1.15.1.2. del Decreto 2555 de 2010, la información mínima del ordenante que debe permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago es el nombre/s y apellido/s; tipo y número de identificación y la fecha de expedición del respectivo documento de identidad.

Las transferencias nacionales que se realicen a través de entidades vigiladas por la SFC, en las cuales el ordenante y el beneficiario sean clientes de entidades vigiladas, se encuentran exceptuadas de las instrucciones previstas en el subnumeral 5.2. del presente Capítulo.

Numeral 5.3

Reportes de operaciones sospechosas

Cuando tanto el ordenante como el beneficiario de una transferencia hagan uso de la misma entidad vigilada, aquella debe, además de lo señalado en su SARLAFT, tener en cuenta toda la información, tanto del ordenante como del beneficiario, con el fin de dar cumplimiento al deber de reporte contenido en el subnumeral 4.2.7.2.1. del presente Capítulo.

Numeral 5.4

Documentación

Las entidades vigiladas deben cumplir con los criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de la información obtenida del ordenante y del beneficiario, de conformidad con el artículo 96 del EOSF.

Numeral 6

Sanciones financieras dirigidas

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia relativas al congelamiento y prohibición de manejo de fondos u otros activos de personas y entidades señaladas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asociadas a financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en consonancia con el artículo 20 de la Ley 1121 de 2006 y las Recomendaciones del GAFI en esta materia, las entidades vigiladas deben hacer seguimiento y monitoreo permanentemente a las Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen.

En línea con lo dispuesto en las Cartas Circulares 110 de 2015 y 58 de 2016, en el evento de encontrar cualquier bien, activo, producto, fondo o derecho de titularidad a nombre, administración o control de cualquier país, persona y/o entidad señalada por estas resoluciones, la entidad vigilada, de manera inmediata, debe ponerlo en conocimiento del Vicefiscal General de la Nación y de la UIAF a través de los canales electrónicos seguros que determinen estas entidades, guardando la respectiva reserva legal.

Numeral 7

Práctica insegura

La SFC califica como práctica insegura y no autorizada, conforme lo establecido en el literal a. del numeral 5 del artículo 326 EOSF, la realización de operaciones sin el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Capítulo.

CAPÍTULO VRequerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad

Numeral 1

Ámbito de aplicación

Las instrucciones de que trata el presente Capítulo deben ser adoptadas por las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y operadores de información de la PILA, con excepción del Fondo Nacional de Garantías (FNG), Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), los Almacenes Generales de Depósito, los Fondos de Garantía que se constituyan en el mercado de valores, los Fondos Mutuos de Inversión, los Fondos Ganaderos, las Sociedades Calificadoras de Valores y/o Riesgo, las Oficinas de Representación de Instituciones Financieras y de Reaseguros del Exterior, los Corredores de Seguros y de Reaseguros, los Comisionistas Independientes de Valores, las Sociedades Comisionistas de Bolsas Agropecuarias y los Organismos de Autorregulación. En todo caso, las entidades exceptuadas deben hacer periódicamente una autoevaluación del riesgo de ciberseguridad y seguridad de la información, que incluya una identificación de las mejoras a implementar en la administración de su riesgo operacional.

Los resultados de la autoevaluación, así como el plan de acción para implementar los ajustes a que haya lugar, deben estar a disposición de la SFC.

Numeral 2

Definiciones

Para efectos del presente Capítulo, se establecen las siguientes definiciones:

Numeral 2.1

Activo de información

Conocimiento o datos que tienen valor para la entidad o el individuo.

Numeral 2.2

Ciberamenaza o amenaza cibernética

Aparición de una situación potencial o actual que pudiera convertirse en un ciberataque.

Numeral 2.3

Ciberataque o ataque cibernético

Acción criminal organizada o premeditada de uno o más agentes que usan los servicios o aplicaciones del ciberespacio o son el objetivo de la misma o donde el ciberespacio es fuente o herramienta de comisión de un crimen.

Numeral 2.4

Ciberespacio

Entorno complejo resultante de la interacción de personas, software y servicios en Internet a través de dispositivos tecnológicos conectados a dicha red, el cual no existe en ninguna forma física.

Numeral 2.5

Ciberiesgo o riesgo cibernético

Posibles resultados negativos derivados de fallas en la seguridad de los sistemas tecnológicos o asociados a ataques cibernéticos.

Numeral 2.6

Ciberseguridad

Es el desarrollo de capacidades empresariales para defender y anticipar las amenazas cibernéticas con el fin de proteger y asegurar los datos, sistemas y aplicaciones en el ciberespacio que son esenciales para la operación de la entidad.

Numeral 2.7

CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

Equipo responsable del desarrollo de medidas preventivas y de respuesta ante incidentes informáticos.

Numeral 2.8

Evento de ciberseguridad

Ocurrencia de una situación que podría afectar la protección o el aseguramiento de los datos, sistemas y aplicaciones de la entidad que son esenciales para el negocio.

Numeral 2.9

Incidente de ciberseguridad

Ocurrencia de una situación que afecta la protección o el aseguramiento de los datos, sistemas y aplicaciones de la entidad que son esenciales para el negocio.

Numeral 2.10

Información en reposo

Datos guardados en dispositivos de almacenamiento persistente (por ejemplo, cintas, copias de seguridad externas, dispositivos móviles, discos duros, entre otros).

Numeral 2.11

Información en tránsito

Información que fluye a través de la red pública, como Internet, y los datos que viajan en una red privada, como una red de área local (LAN) corporativa o empresarial.

Numeral 2.12

Resiliencia

Es la capacidad de un mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que pudo estar sometido.

Numeral 2.13

Seguridad de la información

Es el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, recursos, soluciones informáticas, prácticas y competencias para proteger, asegurar y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se almacene, reproduzca o procese en los sistemas informáticos de la entidad.

Numeral 2.14

SIEM (Security Information and Event Management)

Sistema de información que proporciona análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por las aplicaciones, dispositivos de seguridad y los elementos de red. Suelen ser sistemas de centralización de logs.

Numeral 2.15

SOC (Security Operation Center)

Unidad encargada de monitorear, evaluar y defender los sistemas de información empresarial (sitios web, aplicaciones, bases de datos, centros de datos, servidores, redes, escritorios y otros dispositivos).

Numeral 2.16

Terceros críticos

Terceros con quien se vincula la entidad y que, de acuerdo con los parámetros establecidos por la propia entidad, pueden tener incidencia directa en la seguridad de su información.

Numeral 2.17

Vulnerabilidad

Debilidad de un activo o control que puede ser explotado por una amenaza. Se tienen en cuenta todas aquellas amenazas que surgen por la interacción de los sistemas en el ciberespacio.

Numeral 3

Obligaciones generales en materia de ciberseguridad

Las entidades deben contar con políticas, procedimientos y recursos técnicos y humanos necesarios para gestionar efectivamente el riesgo de ciberseguridad. En ese sentido, deben adoptar, como mínimo, las medidas que se relacionan a continuación en materia de ciberseguridad:

Numeral 3.1

Establecer una política que contenga los principios, procedimientos y lineamientos para la gestión de la seguridad de la información y riesgo de ciberseguridad en la entidad. Esta política debe tener las siguientes características:

Numeral 3.1.1

Ser aprobada por la junta directiva.

Numeral 3.1.2

Documentar las responsabilidades, procesos, procedimientos, etapas y la gestión que se realiza frente a la ciberseguridad.

Numeral 3.1.3

Establecer las funciones de la unidad de seguridad de la información y la ciberseguridad de la que trata el subnumeral 3.2 del presente Capítulo.

Numeral 3.1.4

Establecer los principios y lineamientos para promover una cultura de ciberseguridad que incluya actividades de difusión, capacitación y concientización tanto al interior de la entidad como frente a usuarios y terceros que esta considere relevantes dentro de la política de ciberseguridad. Estas actividades deben realizarse periódicamente y pueden incluirse, adicionalmente, en los cursos sobre riesgo operativo que realice la entidad.

Numeral 3.2

Establecer una unidad que gestione los riesgos de seguridad de la información y la ciberseguridad. Esta unidad debe tener, al menos, las siguientes características y responsabilidades:

Numeral 3.2.1

Se debe conformar considerando aspectos tales como la estructura, tamaño, canales de atención, volumen transaccional, número de clientes, evaluación del riesgo y servicios prestados por la entidad.

Numeral 3.2.2

Debe realizar una gestión efectiva de la seguridad de la información y la ciberseguridad en la entidad.

Numeral 3.2.3

Debe reportar a la junta directiva y a la alta dirección, los resultados de su gestión, especialmente en la evaluación que haga de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, identificación de ciberamenazas, resultados de la evaluación de efectividad de los programas de ciberseguridad, propuestas de mejora en materia de ciberseguridad y resumen de los incidentes de ciberseguridad que afectaron la entidad. La periodicidad de los reportes debe ser, al menos, semestral.

Numeral 3.2.4

Debe actualizarse permanentemente y de manera especializada para que esté al tanto de las nuevas modalidades de ciberataques que pudieran llegar a afectar a la entidad, según las políticas que establezca la entidad de acuerdo con su evaluación de riesgo y atendiendo criterios de razonabilidad.

Numeral 3.2.5

Debe sugerir las capacitaciones que deben recibir regularmente los funcionarios de la entidad en temas relacionados con ciberseguridad y mantenerlos actualizados sobre las nuevas ciberamenazas.

Numeral 3.2.6

Ser la principal responsable en el monitoreo y verificación del cumplimiento de las políticas y procedimientos que se establezcan en materia de ciberseguridad, sin perjuicio de aquellas tareas que realiza la auditoría interna.

Numeral 3.2.7

Asesorar a la alta gerencia y la junta directiva en temas que considere necesarios sobre seguridad de la información y ciberseguridad para que puedan hacer seguimiento y tomar las decisiones adecuadas en esta materia.

Numeral 3.2.8

Realizar un análisis de riesgo para determinar la pertinencia de contratar o implementar el servicio de un SOC, que puede ser manejado desde el exterior. El análisis debe identificar las características del proveedor, las herramientas y los servicios que se contratarán.

Numeral 3.2.9

Sugerir los presupuestos de seguridad de la información y ciberseguridad. Dichos presupuestos deben manejarse de manera diferenciada a los de operaciones y tecnología de la información.

Numeral 3.2.10

Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Capítulo I del Título II de la Parte I de la CBJ, en lo que sea pertinente con sus funciones.

Numeral 3.2.11

Realizar las demás actividades establecidas en este Capítulo que, por su naturaleza, les sean asignadas.

Numeral 3.2.12

Contar con los recursos necesarios para realizar una adecuada gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad.

Sin perjuicio de las funciones que debe realizar la unidad de la que trata este subnumeral 3.2, las funciones de gestión de riesgos relacionadas con respuesta a incidentes pueden ser desagregadas en diferentes áreas de la entidad.

Numeral 3.3

Contar con un sistema de gestión para la ciberseguridad, para lo cual se pueden tomar como referencia el estándar ISO 27032, NIST con sus publicaciones SP800 y SP1800, ISF (Information Security Forum), CIS Critical Security Controls (CSC) o Cobit 5 for Information Security, y sus respectivas actualizaciones.

Numeral 3.4

Implementar controles para mitigar los riesgos que pudieran afectar la seguridad de información confidencial, en reposo o en tránsito.

Numeral 3.5

Emplear mecanismos para la adecuada autenticación y segregar las funciones y responsabilidades de los usuarios con privilegios de administrador o que brindan soporte remoto. Lo anterior, para efectos de mitigar los riesgos de seguridad de la información.

Numeral 3.6

Establecer procedimientos para la retención y destrucción final de la información, sin que se desconozca lo establecido en el artículo 96 del EOSF y demás normas aplicables.

Numeral 3.7

Establecer una estrategia de comunicación e información que contemple los siguientes ejes, sin perjuicio de las obligaciones de reporte a la SFC y demás autoridades de acuerdo con la normatividad aplicable:

Numeral 3.7.1

Información que reportará a la SFC, sobre incidentes de ciberseguridad que afecten de manera significativa la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de la entidad, haciendo una breve descripción del incidente, su impacto y las medidas adoptadas para gestionarlo.

Numeral 3.7.2

Información que reportará a las autoridades que hacen parte del modelo nacional de gestión de incidentes cibernéticos, sobre incidentes cibernéticos.

Numeral 3.7.3

Información que reportará a los consumidores financieros, sobre incidentes cibernéticos que hubiesen afectado la confidencialidad o integridad de su información, así como las medidas adoptadas para remediar la información.

Numeral 3.8

Tener en cuenta dentro del ciclo de vida del desarrollo del software, incluyendo servicios web y apps que procesan la información confidencial de la entidad o de los consumidores financieros (desde las etapas iniciales tales como levantamiento de requerimientos hasta las pruebas de seguridad pertinentes y producción), aspectos relativos a la seguridad de la información que permitan mitigar dicho riesgo.

Numeral 3.9

Incluir en los contratos que se celebren con terceros críticos, las medidas y obligaciones pertinentes para la adopción y el cumplimiento de políticas para la gestión de los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad.

Numeral 3.10

Verificar periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y medidas establecidas conforme al subnumeral 3.9 de este Capítulo, para lo cual pueden implementar los mecanismos adecuados para el efecto.

Numeral 3.11

Contar con indicadores para medir la eficacia y eficiencia de la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad.

Numeral 3.12

Gestionar la seguridad de la información y la ciberseguridad en los proyectos que impliquen la adopción de nuevas tecnologías.

Numeral 3.13

Considerar la conveniencia de contar con un seguro que cubra los costos asociados a ataques cibernéticos.

Numeral 4

Etapas

Para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad las entidades deberán considerar, como mínimo, las siguientes etapas:

Numeral 4.1

Prevención

Las entidades deben desarrollar e implementar los controles adecuados para velar por la seguridad de la información y la gestión de la ciberseguridad. La función de prevención admite la capacidad de limitar o contener el impacto de un posible incidente de ciberseguridad. En esta etapa, las entidades deben cuando menos:

Numeral 4.1.1

Establecer, mantener y documentar los controles de acceso (lógicos, físicos y procedimentales) y gestión de identidades bajo la premisa que las personas solo pueden disponer de los recursos que demande su trabajo durante el tiempo que ello sea necesario.

Numeral 4.1.2

Adoptar políticas, procedimientos y mecanismos para evitar la fuga de datos e información.

Numeral 4.1.3

Gestionar y documentar la seguridad de la plataforma tecnológica.

Numeral 4.1.4

Identificar, y en la medida de lo posible, medir los riesgos cibernéticos emergentes que puedan llegar a afectar a la entidad, así como establecer controles para su mitigación.

Numeral 4.1.5

Considerar dentro del plan de continuidad del negocio la respuesta, recuperación, reanudación de la operación en contingencia y restauración ante la materialización de ataques cibernéticos.

Numeral 4.1.6

Realizar pruebas del plan de continuidad del negocio que simulen la materialización de ataques cibernéticos.

Numeral 4.1.7

Contar con herramientas o servicios que permitan hacer correlación de eventos que puedan alertar sobre incidentes de seguridad, tal como un SIEM.

Numeral 4.1.8

De acuerdo con la estructura, canales de atención, volumen transaccional y número de clientes, monitorear diferentes fuentes de información tales como sitios web, blogs y redes sociales, con el propósito de identificar posibles ataques cibernéticos contra la entidad.

Numeral 4.1.9

Colaborar con las autoridades que hacen parte del modelo nacional de gestión de ciberseguridad en los proyectos que se adelanten con el propósito de fortalecer la gestión de la ciberseguridad en el sector financiero y a nivel nacional.

Numeral 4.1.10

Informar a los consumidores financieros de la entidad sobre las medidas de seguridad y recomendaciones que deberán adoptar para su ciberseguridad.

Numeral 4.2

Protección y detección

Las entidades deben desarrollar e implementar actividades apropiadas para identificar la ocurrencia de un evento de ciberseguridad. La función de protección y detección permite el descubrimiento oportuno de eventos e incidentes de ciberseguridad, así como determinar cómo protegerse ante los mismos. En esta etapa las entidades deben:

Numeral 4.2.1

Adoptar procedimientos y mecanismos para identificar y analizar los incidentes de ciberseguridad que se presenten.

Numeral 4.2.2

Gestionar las vulnerabilidades de aquellas plataformas que soporten activos de información críticos y que estén expuestos en el ciberespacio.

Numeral 4.2.3

Realizar un monitoreo continuo a su plataforma tecnológica con el propósito de identificar comportamientos inusuales que puedan evidenciar ciberataques contra la entidad.

Numeral 4.3

Respuesta y comunicación

Aún con las medidas de seguridad adoptadas, las entidades deben desarrollar e implementar actividades para mitigar los incidentes relacionados con ciberseguridad. Para esta etapa las entidades deben:

Numeral 4.3.1

Establecer procedimientos de respuesta a incidentes cibernéticos tales como: desconexión automática de equipos, cambios de contraseñas, actualizar la base de firmas del antivirus, bloqueo de direcciones IP o cualquier otro que determine la entidad.

Numeral 4.3.2

Evaluar los elementos de la red para identificar otros dispositivos que pudieran haber resultado afectados.

Numeral 4.3.3

Establecer los procedimientos para reportar, cuando se considere pertinente, al Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (COLCERT) o quien haga sus veces, directamente o a través de CSIRT sectoriales, los ataques cibernéticos que requieran de su gestión.

Numeral 4.3.4

Adoptar los mecanismos necesarios para recuperar los sistemas de información y revertir su estado a aquel en el que se encontraban antes del ataque cibernético.

Numeral 4.3.5

En la medida de lo posible, preservar las evidencias digitales para que las áreas de seguridad o las autoridades puedan realizar las investigaciones correspondientes.

Numeral 4.4

Recuperación y aprendizaje

Desarrollar e implementar actividades apropiadas para mantener los planes de resiliencia y restaurar cualquier capacidad o servicio que se haya deteriorado debido a un incidente de ciberseguridad. Las entidades deben:

Numeral 4.4.1

Ajustar sus sistemas de gestión de riesgo y de seguridad de la información como consecuencia de los incidentes presentados, adoptando los controles que resulten pertinentes.

Numeral 4.4.2

Socializar las lecciones aprendidas al interior de la organización y con las entidades de su sector, cuando la entidad lo considere pertinente.

Numeral 5

Reporte de información a la SFC

El reporte de incidentes a la SFC se debe realizar utilizando la taxonomía única de incidentes cibernéticos (TUIC), que se encuentra definida y publicada en la página web de esta Superintendencia. Con el propósito de consolidar el modelo nacional de seguridad digital, las entidades excluidas del presente capítulo también podrán reportar sus incidentes al ColCERT, o quien haga sus veces, usando dicha taxonomía.

Así mismo, todas las comunicaciones, reportes de incidentes, alertas tempranas y boletines informativos relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad se deben etiquetar usando el protocolo Traffic Light Protocol (TLP), el cual se encuentra publicado en la página web de esta Superintendencia. Dichas comunicaciones se deben remitir desde las cuentas de correo configuradas para este fin. Las entidades también podrán usar dicho protocolo para el envío de otro tipo de información.

CAPÍTULO VIMódulo de registro de negocios

Numeral 1

Principios básicos

Las entidades vigiladas por esta Superintendencia deben registrar las actividades y negocios administrados establecidos en este capítulo en el Módulo de Registro de Negocios habilitado para tal efecto. Así mismo, deben reportar la información con fines de supervisión de dichos negocios por medio de este módulo.

Numeral 2

Acceso y utilización del módulo de registro de negocios

Para el óptimo desempeño del módulo se recomienda que las entidades cuenten con una conexión de Internet de alta calidad y con un ancho de banda adecuado para el volumen de información que maneje la entidad. Así mismo, el aplicativo deberá desplegarse utilizando versiones actualizadas de alguno de los siguientes navegadores: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge. La entidad será responsable de configurar sus propios parámetros internos de red y seguridad, de manera que sus funcionarios responsables puedan hacer un adecuado uso del Módulo de Registro de Negocios.

Numeral 2.1

Acceso al Módulo de Registro de Negocios

Para acceder al Módulo de Registro de Negocios, las entidades vigiladas deben solicitar a través de su representante legal y al correo electrónico soporte@superfinanciera.gov.co un código de usuario y una contraseña especificando el tipo y código de la entidad, nombre de la entidad, así como nombre, tipo y número de identificación, cargo, teléfono y correo electrónico de la persona designada como funcionario responsable del trámite.

El responsable del trámite recibe el código de usuario asignado a la entidad y una contraseña, ésta última, por seguridad debe ser cambiada inmediatamente, una vez se reciba, por una nueva de conocimiento y uso exclusivo del mismo.

En caso de remplazo o retiro del funcionario responsable del trámite, la entidad debe realizar la cancelación de dicho usuario y solicitar uno nuevo, siguiendo los pasos antes descritos.

Numeral 2.2

Utilización del Módulo de Registro de Negocios

Las entidades deben hacer el registro y la remisión de información a través del Módulo de Registro de Negocios de acuerdo con el procedimiento señalado en el Manual del Usuario, al cual se puede acceder a través del sitio Web de la Superintendencia Financiera de Colombia: http://www.superfinanciera.gov.co , en el enlace Industrias Supervisadas >  Interés del Vigilado > Trámites > Trámites en Línea y Remisión de Información > Servicios > Opción 20 “Módulo de Registro de Negocios. (Procedimiento para el envío)”.

Numeral 2.3

Asignación de códigos

La asignación de los códigos para los negocios administrados por entidades diferentes a las sociedades fiduciarias debe ser efectuado directamente por la entidad en forma secuencial y ascendente, utilizando la codificación establecida para cada tipo de negocio. Si el respectivo negocio no es reportado de acuerdo con la clasificación incluida en el numeral 3 de este Capítulo, no podrá ser creado en la base de datos y por consiguiente será rechazado por el sistema.

Numeral 3

Clasificación de negocios para el reporte de información en el módulo de registro de negocios

Las siguientes actividades y negocios administrados por las entidades vigiladas se deben clasificar en los tipos y subtipos que se enuncian a continuación y de acuerdo con los criterios establecidos en el numeral 4 del presente capitulo.

Tipo 1 – Fiducia de inversión             

Subtipo 1               Fideicomisos de inversión con destinación específica

Subtipo 2               Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión

Subtipo 3               Inversión de capitales del exterior de portafolio

Subtipo 4               Inversión de capitales del exterior directa                                

Tipo 2 – Fiducia inmobiliaria

Subtipo 1               Administración y pagos

Subtipo 2               Tesorería

Subtipo 3               Preventas

Tipo 3 – Fiducia de administración

Subtipo 1               Administración y pagos

Subtipo 2               Administración de procesos de titularización

Subtipo 3               Administración de cartera

Subtipo 4               Administración de procesos concursales

Tipo 4 – Fiducia en garantía

Subtipo 1               Fiducia en garantía

Subtipo 2               Fiducia en garantía y fuente de pagos

Tipo 5 – Cesantías

Subtipo 1               Portafolio de largo plazo

Subtipo 2               Portafolio de corto plazo

Tipo 6 – Recursos del Sistema General de Seguridad Social y Fondos Voluntarios de Pensión

Subtipo 1               Fondo Moderado

Subtipo 2               Portafolios de los Fondos Voluntarios de Pensión

Subtipo 3               Pasivos pensionales

Subtipo 5               Fondo Conservador

Subtipo 6               Fondo de Mayor Riesgo

Subtipo 7               Fondo Especial de Retiro Programado

Subtipo 8               Fondo Alternativo

Tipo 7 - Prima Media

Subtipo 1               Obligatorios

Subtipo 2               Voluntarios

Tipo 8 - Prima Media - Caxdac

Subtipo 1               Obligatorios

Subtipo 2               Voluntarios            

Tipo 9 – Fondos de inversión colectiva

Subtipo 1               Fondos de inversión colectiva de tipo general

Subtipo 2               Fondos de inversión colectiva del mercado monetario

Subtipo 3               Fondos de inversión colectiva inmobiliarios

Subtipo 6               Fondos de inversión colectiva bursátiles

Subtipo 7               Fondos de capital privado

Tipo 26 – Otros relacionados con los recursos de la seguridad social

Subtipo 1               Otros recursos de la Seguridad Social

Tipo 27 – Administración de Portafolios de Terceros

Tipo 28 – Custodia de Valores

Subtipo 1               Custodia de valores que integran los portafolios de fondos de inversión colectiva

Subtipo 2               Custodia de valores que integran los portafolios de otros vehículos de inversión y/o negocios de administración de activos de terceros

Subtipo 3               Custodia de valores de inversión de capitales del exterior de portafolio

Subtipo 4               Custodia de valores de inversión de capitales del exterior directa

Subtipo 5               Custodia de valores que integran los portafolios de fondos voluntarios de pensión

Numeral 4

Criterios para la clasificación por tipo de negocio

Para la clasificación de los negocios administrados por las entidades vigiladas en los tipos y subtipos correspondientes se deben atender los siguientes criterios especiales.

Numeral 4.1

Negocios fiduciarios

Los negocios fiduciarios se deben clasificar en los tipos y subtipos correspondientes de acuerdo con las instrucciones de los numerales 8 y 9 del Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica (CBJ).

Numeral 4.2

Cesantías

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben registrar en el Tipo 5 los portafolios de los fondos de cesantías, de la siguiente manera:

Numeral 4.2.1

En el Subtipo 1 del Tipo 5 el portafolio de largo plazo del fondo de cesantías, asignándole como “Código de Negocio” el número 1.

Numeral 4.2.2

En el Subtipo 2 del Tipo 5 el portafolio de corto plazo del fondo de cesantías, asignándole como “Código de Negocio” el número 2.

Numeral 4.3

Recursos del Sistema General de Seguridad Social y Fondos Voluntarios de Pensión

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben registrar con el Tipo 6 los tipos de fondos de pensiones obligatorias y los portafolios de los fondos voluntarios de pensión, de la siguiente manera:

Numeral 4.3.1

En el Subtipo 1 del Tipo 6 el Fondo Moderado, asignándole como “Código de Negocio” el número 1000.

Numeral 4.3.2

En el Subtipo 2 del Tipo 6 el Fondo y los de Portafolios de los Fondos Voluntarios de Pensión. Las sociedades administradoras deben registrar el fondo voluntario de pensión, así como los portafolios que lo componen.

Numeral 4.3.3

En el Subtipo 5 del Tipo 6 el Fondo Conservador, asignándole como “Código de Negocio” el número 5000.

Numeral 4.3.4

En el Subtipo 6 del Tipo 6 el Fondo de Mayor Riesgo, asignándole como “Código de Negocio” el número 6000.

Numeral 4.3.5

En el Subtipo 7 del Tipo 6 el Fondo Especial de Retiro Programado, asignándole como “Código de Negocio” el número 7000.

Numeral 4.3.6

En el Subtipo 8 del Tipo 6 el Fondo Alternativo, asignándole como “Código de Negocio” el número 8000.

Numeral 4.4

Fondos de inversión colectiva

En el Tipo 9 se deben registrar los fondos de inversión colectiva (FIC) de acuerdo con los tipos establecidos en la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010 y los subtipos correspondientes.

Numeral 4.5

Administración de portafolios de terceros

Las Sociedades Comisionistas de Bolsas de Valores deben registrar los nuevos APTs en el Módulo de Registro de Negocios.

Numeral 4.6

Custodia de Valores

En el Tipo 28 se deben registrar los negocios en los cuales las sociedades fiduciarias autorizadas para el efecto ejerzan la actividad de custodia de valores establecida en Libro 37 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, la cual se debe realizar en el subtipo correspondiente a la actividad particular, de acuerdo con la clasificación contenida en las instrucciones del numeral 13 del Capítulo VI del Título IV de la Parte III de la CBJ.

Numeral 4.6.1

En el Subtipo 1 del Tipo 28 se deben registrar los negocios en los cuales las sociedades fiduciarias autorizadas para el efecto custodien los valores que integran los portafolios de fondos de inversión colectiva.

Numeral 4.6.2

En el Subtipo 2 del Tipo 28 se deben registrar los negocios en los cuales las sociedades fiduciarias autorizadas para el efecto custodien valores que integran los portafolios de otros vehículos de inversión y/o negocios de administración de activos de terceros.

Numeral 4.6.3

En el Subtipo 3 del Tipo 28 se deben registrar los negocios en los cuales las sociedades fiduciarias autorizadas para llevar a cabo la actividad de custodia de valores actúen en calidad de custodios de valores de inversionistas de inversión de capitales del exterior de portafolio en Colombia.

Numeral 4.6.4

En el Subtipo 4 del Tipo 28 se deben registrar los negocios en los cuales las sociedades fiduciarias autorizadas para llevar a cabo la actividad de custodia de valores actúen en calidad de custodios de valores de inversión de capitales del exterior directa en Colombia.

Numeral 4.6.5

En los subtipos 3 y 4 del Tipo 28 se debe registrar cada contrato de custodia individualmente, que contenga el detalle da cada inversionista extranjero obligado a registrar sus operaciones de inversión ante el Banco de la República.

Numeral 4.6.6

En el Subtipo 5 del Tipo 28 se deben registrar los negocios en los cuales las sociedades fiduciarias autorizadas para el efecto custodien los valores que integran los portafolios de fondos voluntarios de pensión.