Numeral 1
Intermediación de valores
Circular Externa 029 de 2014 · 20 numerales
Intermediación de valores
Consideraciones generales
La intermediación de valores como actividad del mercado de valores se rige por las disposiciones aplicables contenidas en el Decreto 2555 de 2010, así como por las instrucciones impartidas en el presente Capítulo, las reglas que se adopten a través de los organismos de autorregulación del mercado de valores y las propias de los intermediarios de valores. Esta normatividad aplica sin perjuicio de los regímenes normativos particulares de cada tipo de entidad que desarrolla actividades y operaciones de intermediación de valores.
En tal sentido, tanto los intermediarios de valores como los proveedores de infraestructura del mercado de valores y los organismos de autorregulación deben propender por generar procesos de trazabilidad de las operaciones del mercado para que la información existente en los diferentes foros de negociación y de registro se pueda relacionar entre sí de forma progresiva, y generar un único registro consecutivo de las operaciones realizadas en el mercado.
Para tal fin, los organismos de autorregulación deben apoyarse en la labor de monitoreo que realizan los administradores de sistemas de negociación de valores, las bolsas de valores y los administradores de sistemas de registro de operaciones sobre valores. En virtud del artículo 11.4.2.1.11 del Decreto 2555 de 2010, las bolsas de valores y los administradores de sistemas de administración y registro pueden acordar con los organismos de autorregulación del mercado de valores que la labor de monitoreo se efectúe como parte del proceso de supervisión de los reglamentos de los respectivos sistemas, cuando así se haya pactado.
Así mismo, para cumplir con el objetivo de promover el desarrollo y eficiencia del mercado de valores, la intermediación de valores requiere de un alto grado de profesionalismo de sus actores. Por ello, cada intermediario de valores puede determinar de manera independiente los escenarios de negociación de su preferencia, asumiendo como parte de su responsabilidad el contar con las políticas y procedimientos necesarios y suficientes para el cumplimiento efectivo de la normatividad que rige esta actividad. Corresponde a cada intermediario demostrar que en el desarrollo de sus operaciones y actividades de intermediación ha cumplido con sus políticas y procedimientos.
En este sentido, para la realización de las actividades y operaciones de intermediación de valores previstas en la Parte 7 del Decreto 2555 de 2010, los intermediarios de valores deben implementar políticas y procedimientos escritos con el propósito de generar una cultura de cumplimiento interno para el desarrollo de las actividades y operaciones de intermediación de valores que le están autorizadas de conformidad con su objeto social. Dichas políticas y procedimientos deben ser evaluados por el intermediario de valores, por los organismos de autorregulación del mercado de valores y por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), de conformidad con sus competencias legales.
Principios aplicables en la definición de las políticas y procedimientos de los intermediarios de valores
Énfasis en el conocimiento del cliente
Los intermediarios de valores deben adoptar políticas y procedimientos para conocer a los clientes o posibles clientes con los cuales realicen o pretendan realizar operaciones de intermediación. En consecuencia, los intermediarios de valores deben recolectar la información que les permita clasificar a sus clientes como “cliente inversionista” o “inversionista profesional”.
Cultura de cumplimiento
Los intermediarios de valores deben documentar adecuadamente la necesidad y suficiencia de sus políticas y procedimientos, asegurándose de que las personas vinculadas a éste den cumplimiento a los mismos. Los Intermediarios de valores deben identificar y adoptar decisiones administrativas frente al desconocimiento o incumplimiento de dichas políticas o a las normas que rigen el mercado de valores, sin perjuicio de las sanciones derivadas de las funciones de supervisión de esta Superintendencia y demás instancias o autoridades que rijan su desarrollo.
Consistencia de las políticas y procedimientos
Las políticas y procedimientos de los intermediarios de valores deben ser consistentes con su estructura, naturaleza, tamaño, complejidad de sus actividades, operaciones, líneas de negocio, tipo de clientes que atiende y con los deberes aplicables a su actividad. Estas políticas y procedimientos también deben respetar las actividades autorizadas al intermediario de valores de conformidad con su objeto social y régimen legal aplicable.
Profesionalismo de los intermediarios de valores
Se refiere a los medios para alcanzar y demostrar la integridad de los administradores y demás funcionarios del respectivo intermediario de valores, independientemente del tipo de vinculación con el mismo, en cuanto éstos participen, directa o indirectamente, en la realización de actividades propias de la intermediación de valores.
Las políticas y procedimientos del intermediario de valores deben propender por los más altos estándares de profesionalismo en el comportamiento de su personal. Para tal fin, se deben dar pautas claras y concretas respecto de:
Los posibles conflictos de interés;
El adecuado uso de información obtenida como consecuencia de cualquier actividad de intermediación de valores;
El tratamiento equitativo y honesto de los clientes.
Incurrir en conductas que no se encuentren enmarcadas dentro de estos estándares de profesionalismo debe ser objeto de decisiones administrativas por parte del intermediario de valores, sin perjuicio de las sanciones derivadas de las funciones de supervisión de esta Superintendencia y demás instancias o autoridades que rijan su desarrollo.
Revelación de políticas y procedimientos
Los intermediarios de valores deben garantizar una completa, oportuna y precisa revelación de los aspectos generales que sean de interés de los clientes o posibles clientes y estén contenidos en sus políticas y procedimientos en relación con las actividades de intermediación de valores que realizan, de manera que sus clientes o posibles clientes puedan tomar sus decisiones de inversión de conformidad con su expectativa sobre el régimen de protección y deberes aplicables al intermediario de valores. En todo caso, el intermediario de valores debe poner a disposición de sus clientes, cuando éstos lo soliciten, las políticas y procedimientos, así como la documentación necesaria para establecer si las operaciones realizadas con sus clientes se ajustan a las mismas, sin que esta obligación implique la revelación de información de carácter confidencial.
Manejo de recursos de clientes y actualización de información de cuentas bancarias a través de internet
Las entidades a las que se refiere el parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, que en desarrollo de su objeto social manejen o administren recursos de terceros de manera temporal o permanente, deben tomar todas las medidas necesarias para mantener independencia financiera, operativa y contable de los recursos de sus clientes respecto de los de la respectiva entidad.
Apertura de cuentas
Con el fin de garantizar una mayor protección de los dineros provenientes de clientes, cuando quiera que una entidad vigilada desee abrir una cuenta en un establecimiento bancario cuyo destino sea el depósito y manejo de dichos recursos, debe tomar las medidas necesarias tendientes a preservar el manejo independiente de los mismos. Para el efecto, pueden optar por la apertura de cuentas en entidades financieras en las cuales la sociedad no posea cuentas para el manejo de sus propios recursos, o en una misma entidad financiera, caso en el cual debe pactarse una cláusula que prevea que en ningún caso pueda tener lugar la compensación de las acreencias de la respectiva entidad financiera respecto de la entidad vigilada con los saldos existentes en cuentas abiertas para el manejo de los recursos de terceros.
Responsable
El representante legal de la entidad es el responsable de mantener actualizada la información de las cuentas bancarias, en la base de datos de la SFC, de conformidad con las instrucciones que imparta esta Superintendencia para dichos efectos.
Prácticas inseguras y no autorizadas de las entidades relacionadas en los numerales 1 y 3 del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005
Se consideran prácticas no autorizadas e inseguras de las entidades a las que se refiere el numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005 y de los fondos de inversión a los que se refiere la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen, las siguientes:
La utilización de esquemas de negocio, mecanismos o figuras legales a través de las cuales las sociedades comisionistas encargan o facultan a terceros la ejecución de operaciones de intermediación cuando ello implique la pérdida de la autonomía y discrecionalidad que debe caracterizar la toma de decisiones profesionales.
La utilización por parte de las sociedades comisionistas, de cualquier mecanismo o figura que permita a una persona vinculada o no a éstas, asumir parcial o totalmente los riesgos financieros a los que se exponen en desarrollo de las operaciones por cuenta propia y con recursos propios.
Las mencionadas sociedades comisionistas deben gestionar y asumir directamente todos los riesgos inherentes a las operaciones por cuenta propia y con recursos propios y, por lo tanto, las utilidades o pérdidas que de dichas operaciones se deriven no pueden corresponder a personas distintas de las propias sociedades comisionistas, debiéndose por consiguiente reconocer, reflejar y revelar en sus sistemas de información una vez sucedan.
Lo anterior no exime a las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de la responsabilidad derivada del incumplimiento de la normatividad vigente o de los manuales, procedimientos y políticas internas que para el efecto establezcan dichas sociedades.
La utilización por parte de las mencionadas sociedades comisionistas de esquemas de remuneración variable de conformidad con los resultados de las operaciones por cuenta propia o con recursos propios, no constituye por sí misma práctica no autorizada o insegura.
La utilización de una persona jurídica como representante legal de los intermediarios de valores para el desarrollo de las operaciones de intermediación.
Las prácticas que tengan por objeto ofrecer o garantizar una rentabilidad específica sobre la inversión que va a realizar el cliente para el desarrollo de las actividades de administración de portafolios de terceros, administración de valores y de las operaciones de intermediación de que trata la Parte 7 del Decreto 2555 de 2010. Tampoco se puede ofrecer una rentabilidad fija o mínima en la administración de fondos de inversión colectiva, salvo que la normatividad expresamente lo autorice.
La utilización de activos de los clientes para realizar o garantizar operaciones de otros clientes o de la entidad vigilada por esta Superintendencia, salvo en los casos autorizados por la normatividad y con el consentimiento expreso y escrito del cliente.