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Circular Básica Jurídica › PARTE III

TÍTULO IV. Proveedores de infraestructura y otros agentes

Circular Externa 029 de 2014 · 301 numerales

Texto vigente el

Contenido

TÍTULO IVProveedores de infraestructura y otros agentes
CAPÍTULO IBolsas de valores

Numeral 1

Aplicación extensiva

Las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título IV de la Parte III de esta Circular (Sociedades administradoras de sistemas de negociación de valores y sistemas de registro de operaciones sobre valores) son aplicables a las bolsas de valores en su condición de administradores de sistemas de negociación de valores.

Numeral 2

Operaciones de democratización realizadas a través de bolsa

Las compraventas que se realicen en las bolsas de valores en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución Política, la Ley 226 de 1995 y el artículo 2.10.6.1.1 del Decreto 2555 de 2010, o en virtud de operaciones de democratización que para los efectos de la presente Circular expresamente califique en tal sentido la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), deben someterse al régimen especial que para el efecto consagren los reglamentos de la bolsa, de acuerdo con el cual la oferta puede sujetarse a las siguientes reglas:

Numeral 2.1

Que las condiciones de adquisición sean fijas y uniformes para todos los inversionistas.

Numeral 2.2

Que el número de acciones o bonos convertibles que puede adquirir cada inversionista se encuentre limitado.

Numeral 2.3

Que en el caso en que el número de títulos demandados exceda el total de títulos ofrecidos, se prevea un mecanismo de prorrateo.

Numeral 2.4

Que cuando se trate de la enajenación de acciones por parte de entidades públicas la oferta se condicione a que los aceptantes reúnan determinadas calidades, siempre que las mismas tengan por objeto democratizar la sociedad o desarrollar dicha democratización, o tenga por propósito permitir la participación de las organizaciones solidarias y de trabajadores, todo ello de acuerdo con la ley.

Cuando se trate de operaciones que se realicen en desarrollo de lo dispuesto por la Ley 226 de 1995, la oferta debe sujetarse a que los compradores reúnan las calidades a que se refieren dichas disposiciones.

Numeral 31 reforma

Revelación de información sobre las ventas en corto

Numeral 3.1

En desarrollo de las facultades previstas en el artículo 2.9.13.1.4 del Decreto 2555 de 2010, las bolsas de valores deben definir en sus reglamentos un mecanismo a través del cual revelen al público, con una periodicidad diaria y mensual, la información agregada de las operaciones de venta en corto, así:

a. Periodo de reporte

b. Fecha de calce

c. El nemotécnico que identifica la especie correspondiente

d. El número de operaciones marcadas en venta en corto

e. La cantidad negociada

f. El monto negociado

g. El porcentaje del volumen de ventas en corto en relación con el volumen total del circulante de la especie correspondiente

h. El porcentaje de operaciones en corto en relación con el número de operaciones totales de la especie correspondiente

i. El porcentaje de los valores negociados en corto en relación con el total de valores negociados

j. El porcentaje de valores negociados en corto en relación con su proporción respecto del circulante de la respectiva especie

k. El número total de valores marcados como venta en corto y su proporción respecto del circulante de la respectiva especie

l. El precio promedio de las operaciones negociadas de contado

m. El precio de las operaciones marcadas en venta en corto

La información de que trata el numeral 3 del presente Capítulo debe publicarse en un formato abierto y descargable, y ser de fácil acceso. Además, la entidad debe publicar la información histórica de los últimos 2 años.

La información individual y agregada de las operaciones efectuadas en venta en corto debe estar a disposición de la SFC para su consulta en cualquier momento.

CAPÍTULO IISociedades calificadoras de valores

Numeral 1

Sociedades calificadoras internacionalmente reconocidas

Esta Superintendencia considera que se está en presencia de una sociedad calificadora de riesgos o valores internacionalmente reconocida cuando sea una entidad que cumpla con los siguientes requisitos:

Numeral 1.1

Cuente con el "reconocimiento" o "autorización", según el caso, de la autoridad administrativa de su país de origen para ejercer la actividad de calificación de valores.

Numeral 1.2

Haya calificado instrumentos para efectos de su negociación, en más de un mercado donde exista una bolsa internacionalmente reconocida, y

Numeral 1.3

Divulgue y publique corrientemente una valoración sobre la capacidad para atender un crédito por parte de un sujeto obligado con respecto a un título específico que circule como valor o a un instrumento del mercado monetario, siempre que uno y otro se transen en mercados públicos de valores, donde funcionen bolsas internacionalmente reconocidas.

Con el propósito de facilitar el análisis de los criterios aquí establecidos, puede consultarse el registro que sobre el particular mantiene la SEC en relación con los mercados de valores que internacionalmente merecen el mayor reconocimiento, bajo la sigla “NRSRO”, a la que se puede acceder a través de página web de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) www.sec.gov.

Numeral 2

Información sobre calificaciones y revisiones de las mismas

De conformidad con el artículo 2.22.2.1.3 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, las sociedades calificadoras de valores deben divulgar al mercado y al público en general los resultados tanto de los procesos iniciales de calificación que adelanten como de las revisiones periódicas que se realicen de tales calificaciones.

En consideración a lo expuesto y con el propósito fundamental de propender por el mejoramiento de la transparencia, claridad y oportunidad con las que se comunican al mercado y al público en general los resultados de las calificaciones o revisiones que practiquen, las sociedades calificadoras deben tener en cuenta las siguientes instrucciones:

Numeral 2.1

Información al mercado

La información correspondiente a las calificaciones y sus respectivas revisiones debe ser divulgada de acuerdo con lo establecido en el Título 2 del Libro 22 del Decreto 2555 de 2010, y en las oportunidades allí señaladas sin que se presenten demoras o retrasos injustificados.

En el caso de las revisiones periódicas o extraordinarias, el resultado de las mismas debe ser comunicado a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), a los sistemas de negociación de los valores, al mercado y al público en general ¬una vez concluya la sesión del comité técnico en el cual se haya adoptado la respectiva decisión.

Las sociedades calificadoras deben implementar en su página web un cuadro informativo sobre todas las calificaciones que han otorgado con su respectiva evolución, señalando la fecha correspondiente a cada revisión. La información debe mantenerse actualizada y organizada según la modalidad de calificación (portafolios colectivos, emisiones de valores, endeudamiento de entidades y capacidad de pago de siniestros). Estas sociedades pueden disponer formas adicionales de organización y de divulgación de la información al público.

Numeral 2.2

Contenido de la información

Cuando las sociedades calificadoras divulguen el resultado de las calificaciones y de las revisiones periódicas deben incluir en caracteres destacados, como mínimo, la siguiente información:

Numeral 2.2.1

Calificación de una emisión de valores

i. Identificación de la emisión: por ejemplo, bonos ordinarios del banco XX;

ii. Denominación o razón social del emisor y, para el caso de titularizaciones, deberá indicarse también la del agente de manejo del proceso de titularización;

iii. Identificación de los valores objeto de calificación y la serie a que pertenecen, si fuere el caso;

iv. Características más relevantes de la emisión;

v. Sociedad calificadora que efectúa la calificación;

vi. Condición de primera calificación o de revisión;

vii. Propósito de la calificación o revisión;

viii. Calificación asignada en caracteres destacados;

ix. Significado de la calificación asignada, según el texto de las escalas consignadas en el reglamento de la respectiva sociedad calificadora de valores;

x. Fecha de otorgamiento de la calificación o de la última revisión;

xi. Advertencia, en caracteres destacados, mediante la cual se informe que la calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente.

Numeral 2.2.2

Calificación del endeudamiento de una entidad

i. Denominación o razón social de la entidad;

ii. Sociedad calificadora que efectúa la calificación;

iii. Indicación del tipo de calificación, es decir, si corresponde al endeudamiento de corto o largo plazo de la entidad;

iv. Condición de primera calificación o de revisión;

v. Propósito de la calificación o revisión;

vi. Calificación asignada en caracteres destacados;

vii. Significado de la calificación asignada, según el texto de las escalas consignadas en el reglamento de la respectiva sociedad calificadora de valores;

viii. Fecha de otorgamiento de la calificación o de la última revisión;

ix. Advertencia, en caracteres destacados, mediante la cual se informe que la calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente.

Numeral 2.2.3

Calificación de los fondos de inversión colectiva

i. Identificación del fondo;

ii. Denominación o razón social del administrador;

iii. Sociedad calificadora que efectúa la calificación;

iv. Condición de primera calificación o de revisión;

v. Propósito de la calificación o revisión;

vi. Calificación asignada en caracteres destacados; indicando en todo caso, la correspondiente a la calificación administrativa y operativa, a la de mercado y a la de crédito.

vii. Significado de la calificación asignada, según el texto de las escalas consignadas en el reglamento de la respectiva sociedad calificadora de valores;

viii. Fecha de otorgamiento de la calificación o de la última revisión;

ix. Advertencia, en caracteres destacados, mediante la cual se informe que la calificación no implica recomendación para hacer o mantener la inversión o suscripción en el fondo, sino una evaluación sobre el riesgo de administración y operacional del portafolio por una parte, y sobre los riesgos de crédito y de mercado a que está expuesto el mismo.

Numeral 2.2.4

Calificación de capacidad de pago de siniestros de la entidad aseguradora

i. Denominación o razón social de la compañía de seguros;

ii. Sociedad calificadora que efectúa la calificación;

iii. Condición de primera calificación o de revisión;

iv. Propósito de la calificación o revisión;

v. Calificación asignada, en caracteres destacados, con independencia de sí se trata de una calificación o de su revisión;

vi. Significado de la calificación asignada, según el texto de las escalas consignadas en el reglamento de la respectiva sociedad calificadora de valores;

vii. Fecha de otorgamiento de la calificación o de la última revisión;

viii. Advertencia, en caracteres destacados, mediante la cual se informe que la calificación no implica recomendación para contratar los seguros con la respectiva entidad aseguradora, ni implica una garantía de pago de los siniestros sino una evaluación sobre la probabilidad de que los mismos sean pagados oportunamente.

La información que divulgue la sociedad calificadora en su página web y la que remita a esta Superintendencia y a los sistemas de negociación de valores debe incluir además de los datos anteriores, una síntesis de las conclusiones del estudio técnico que exponga sucintamente las razones de la calificación otorgada, la cual debe hacer referencia a todos y cada uno de los factores de riesgo según la metodología de calificación remitida a la SFC.

CAPÍTULO IIISociedades administradoras de sistemas de negociación de valores y sistemas de registro de operaciones sobre valores

Numeral 1

Contenido de los comprobantes de liquidación

Sin perjuicio de lo dispuesto en los reglamentos de los sistemas de negociación de renta variable, los comprobantes de las operaciones que se celebren por intermedio de las sociedades administradoras de sistemas de negociación de valores deben contener, además de las condiciones mínimas que permitan identificar la operación celebrada, las siguientes:

Numeral 1.1

Tasa efectiva de registro de los valores transados.

Numeral 1.2

Tasa neta efectiva comprador o tasa neta efectiva de cesión, según sea el caso.

Numeral 1.3

Valor de la comisión expresada en pesos y como diferencia en puntos porcentuales entre la tasa efectiva de registro de los valores transados y la tasa neta efectiva comprador o tasa neta efectiva de cesión, según sea el caso.

Numeral 1.4

Comisión total generada por la transacción expresada como diferencia en puntos porcentuales entre la tasa neta efectiva comprador y la tasa neta efectiva de cesión.

Numeral 1.5

Modalidad correspondiente a la operación celebrada.

Numeral 2

Revelación de información sobre las ventas en corto

Para efectos de la revelación de información sobre las ventas en corto a la que se refiere el artículo 2.9.13.1.4 del Decreto 2555 de 2010, los sistemas de negociación y registro de valores deben atender lo establecido en el numeral 3 del Capítulo I del Título IV de la Parte III de la presente Circular.

CAPÍTULO IVProveedores de precios

Numeral 1

Reconocimiento en el extranjero

Se consideran sociedades extranjeras reconocidas por desarrollar, de manera profesional, la proveeduría de precios para valoración, aquellas que cuenten con experiencia igual o superior a 5 años desarrollando en el exterior las actividades a que se refiere el artículo 2.16.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010.

La anterior experiencia se puede demostrar directamente o por conducto de sus entidades vinculadas o por su beneficiario real, siempre y cuando la entidad que acredite la experiencia respectiva se encuentre bajo la supervisión de una autoridad con funciones públicas o de un ente con funciones de autorregulación, según corresponda en su jurisdicción.

Numeral 2

Actividades autorizadas

Son actividades exclusivas de los proveedores de precios para valoración constituidos en Colombia, la prestación habitual y profesional del servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de información para valoración de inversiones, así como la creación y expedición de las metodologías de valoración y de los reglamentos de los sistemas de valoración.

Los proveedores de precios son los encargados de suministrar la información con la que las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) deben valorar sus inversiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.16.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y lo dispuesto en los Capítulos I-1, XI y XVIII de la CBCF o en las normas que los modifiquen o sustituyan.

Lo anterior, sin perjuicio de las actividades consagradas en el parágrafo 1 del artículo 5.3.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, las cuales pueden ser desarrolladas por los proveedores de información.

Numeral 2.1

Ámbito de Aplicación

Las instrucciones contenidas en el presente Capítulo son aplicables a las sociedades constituidas en Colombia como proveedores de precios para valoración en lo concerniente a su funcionamiento; a los proveedores de infraestructura, excluidas las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor, en lo que hace referencia al suministro de información a los proveedores de precios para valoración; y, en general, a todas las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la SFC que tengan portafolios de inversiones para su valoración, sean éstos propios o de terceros.

Numeral 2.2

Definiciones

Para efectos de lo dispuesto en el presente capítulo se adoptan las siguientes definiciones:

Numeral 2.2.1

Inversiones: los activos o instrumentos a que se refiere el artículo 2.16.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.2.2

Información para valoración: en desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.16.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, se considera información para valoración los precios, tasas de interés, tasas de descuento, curvas de referencia, márgenes, índices, entre otros, que calculen, determinen y/o provean los proveedores de precios para valoración.

En el caso en que el proveedor de precios para valoración realice análisis de variables y/o calcule factores para la medición de riesgos financieros necesarios en la gestión de activos y pasivos por parte de las entidades, esta se debe considerar como información para valoración de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.16.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.2.3

Segmentos de mercado: se entenderán por segmentos de mercado los siguientes:

i. La totalidad de las inversiones que hacen parte del balance de la entidad vigilada.

Para efectos de las entidades vigiladas obligadas a consolidar, y de aquellas obligadas a remitir a esta Superintendencia estados financieros combinados, se entiende por segmento de mercado la totalidad de las inversiones que hacen parte del balance consolidado y/o combinado, según corresponda.

ii. Las inversiones de los fondos de terceros, y en general cualquier instrumento de inversión colectiva tales como patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva, universalidades y portafolios de terceros.

Numeral 2.2.4

Fallas en el suministro de información para valoración y/o precios: se entenderá como una falla en el suministro de información, el evento en el cual un proveedor de precios para valoración: i) Haya realizado la publicación definitiva de la información para valoración y esta se encuentre incorrecta o incompleta o contenga errores producidos por fallas operativas en la aplicación de la metodología de valoración correspondiente; ii) No haya realizado la publicación definitiva de la información oficial para valoración en los horarios establecidos en los manuales de valoración o en sus respectivos reglamentos.

Numeral 2.2.5

Marco de Gestión de Metodologías (MGM): conjunto de políticas y procedimientos técnicos y metodológicos para la identificación, medición, control y monitoreo del desempeño de las metodologías para la valoración de activos financieros.

Numeral 3

De los proveedores de precios para valoración

Numeral 3.1

Funciones especiales de la junta directiva

En adición a las funciones contempladas en el Código de Comercio, en los estatutos sociales, en el artículo 2.16.1.2.8 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas aplicables, corresponde a la junta directiva de los proveedores de precios para valoración el cumplimiento de las siguientes funciones:

Numeral 3.1.1

Aprobar el reglamento de funcionamiento y sus modificaciones, el cual debe contener el reglamento del sistema de valoración y el reglamento del proceso para la impugnación, señalados en el artículo 2.16.1.2.9 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 3.1.2

Aprobar el código de conducta a que se refiere el numeral 10 del artículo 2.16.1.2.12 del Decreto 2555 de 2010, así como sus modificaciones.

Numeral 3.1.3

Aprobar el manual contentivo de las políticas y medios que se utilizarán para proveer o suministrar información para la valoración de inversiones, señalado en el numeral 12 del artículo 2.16.1.2.12 del Decreto 2555 de 2010, así como sus modificaciones.

Numeral 3.1.4

Aprobar el Marco de Gestión de las Metodologías de valoración (MGM), así como los métodos y procedimientos señalados en el numeral 3.4.1., y en el numeral 3.4.2 de este Capítulo.

Numeral 3.1.5

Establecer las condiciones mínimas referentes a la capacidad técnica e idoneidad de la totalidad de los miembros del comité de valoración. Dichas condiciones deben quedar expresamente establecidas en el reglamento de funcionamiento de la entidad.

Numeral 3.2

Obligaciones especiales de los proveedores de precios para valoración

En adición a las obligaciones especiales de las que trata el artículo 2.16.1.2.12 del Decreto 2555 de 2010, los proveedores de precios para valoración deben:

Numeral 3.2.1

Incluir dentro de los contratos suscritos con sus clientes, causales de terminación unilateral del contrato de prestación de servicios y/o suministro de información para valoración de inversiones.

Numeral 3.2.2

Incluir en los contratos los acuerdos de nivel de servicio, así como cláusulas de responsabilidad contractual por incumplimiento en la prestación del servicio y/o suministro de información para la valoración de inversiones, en los términos definidos en el reglamento.

Numeral 3.2.3

Informar a sus clientes, a la SFC y al organismo de autorregulación, cuando se presenten fallas en el suministro de información para valoración, el mismo día en que ocurran dichas contingencias. De igual manera, los proveedores de precios para valoración deben comunicar los impactos que dicha falla puede generar en el mercado, así como los mecanismos que utilizará para solucionarla. Adicionalmente, los proveedores de precios deben señalar cuales son los nuevos esquemas de control que implementarán con el fin de prevenir que eventos similares vuelvan a presentarse.

Numeral 3.2.4

Desarrollar procedimientos operativos y metodológicos que le permitan al proveedor de precios para valoración, la verificación de la información suministrada a sus clientes.

Numeral 3.2.5

Cuando el proveedor de precios para valoración preste servicios de cálculo y análisis de variables o factores de riesgo como insumo para la medición de riesgos financieros necesarios para la gestión de activos y pasivos de sus clientes, o cualquier otro tipo de actividad contemplada en el artículo 2.16.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010, debe mantener a disposición de la SFC, los organismos de autorregulación y de sus clientes, las metodologías, fórmulas matemáticas, o cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento de cálculo del servicio prestado.

Adicionalmente, el proveedor de precios para valoración debe garantizar que los métodos y/o los procedimientos de cálculo de las variables o factores de riesgo que suministre, guardan integridad con sus metodologías de valoración y se encuentran soportadas por documentación técnica.

Numeral 3.3

Composición del comité de valoración

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2.16.1.2.10 del Decreto 2555 de 2010, el comité de valoración debe tener por lo menos 7 miembros, de los cuales al menos 3 deben tener la calidad de independiente. Cuando dicho comité tenga un número mayor a 7 miembros, se debe respetar la proporción mínima de miembros independientes establecida en dicho artículo.

Numeral 3.4

Obligaciones especiales del comité de valoración

Adicionalmente a las obligaciones contenidas en el artículo 2.16.1.2.9 del Decreto 2555 de 2010, corresponde a los miembros del comité de valoración las siguientes funciones:

Numeral 3.4.1

Proponer a la junta directiva, un MGM tendiente a realizar una supervisión continúa del desempeño de las metodologías de valoración. Dicho marco debe contener como mínimo las siguientes fases:

i. Fase de diseño y desarrollo: hace referencia al proceso de estudio y posterior estructuración de las metodologías de valoración, así como de sus modificaciones. Este proceso debe contemplar las siguientes directrices: i) definición objetiva de la finalidad de cada metodología o modificación, ii) revisión de la documentación académica y/o empírica que respaldan las distintas metodologías de valoración. Dicha validación debe garantizar que el diseño y la construcción de las metodologías sean consistentes con las más recientes investigaciones académicas publicadas y con las prácticas de la industria local e internacional. Adicionalmente, debe evaluarse los supuestos claves de cada modelo, así como, los mecanismos o procedimientos de selección de los datos insumo, de manera que se garanticen que los mismos son representativos del mercado, iii) evaluación de la calidad y la pertinencia de la información utilizada como insumo de valoración de cada metodología y iv) procedimientos de pruebas para evaluar que las metodologías arrojen resultados que sean representativos del mercado.

ii. Fase de implementación: se refiere al momento a partir del cual una metodología de valoración y/o modificación ha surtido todo el trámite de expedición, y, por tanto, está siendo utilizada en el proceso de valoración. En esta etapa, se debe considerar todas las actividades concernientes para que tanto operativa y técnicamente las metodologías implementadas sean aplicadas de manera correcta y eficiente en todo el proceso de valoración.

iii. Fase de validación: se refiere al conjunto de procesos destinados a verificar el adecuado funcionamiento de las metodologías de valoración. Por lo tanto, todos los componentes del proceso de valoración (entrada, procesamiento y resultados) deben ser sujetos de evaluación. El proceso de validación debe comprender los siguientes componentes:

a) Monitoreo: los proveedores de precios para valoración deben diseñar e implementar un programa de pruebas y evaluación periódica del desempeño, robustez, sensibilidad y estabilidad de sus metodologías, que incluya la verificación de procesos y evaluación comparativa de las mismas. Asimismo, los proveedores de precios para valoración deben realizar de ser posible, una evaluación comparativa de los precios que hayan sido transados con los precios que son objeto de valoración.

b) Evaluación: comprende el proceso de análisis de los resultados de los precios y/o información con el objetivo de verificar y confirmar la calidad de estos. La evaluación debe basarse en pruebas estadísticas u otras medidas cuantitativas, dependiendo de las características propias de cada metodología, así mismo podrá incluir el juicio experto de los miembros de Comité de Valoración. En cualquier caso, los proveedores de precios para valoración deben respaldar y documentar tanto la elección de las pruebas a practicar, así como, la interpretación de los resultados de estas.

Los proveedores de precios para valoración deben documentar adecuadamente todas las fases que hagan parte del marco de gestión de las metodologías de valoración, los resultados de las fases de diseño, desarrollo y de validación, las limitaciones y/o fallas observadas y sus mecanismos de resolución. Así mismo, los proveedores de precios para valoración deben implementar y asegurar la correcta ejecución del marco de gestión de las metodologías de valoración descritos en el presente Capítulo y los riesgos asociados a estos, una vez sean aprobados por la junta directiva.

Adicionalmente, el proveedor de precios para valoración es responsable de notificar a los clientes sobre los cambios que se realicen a las metodologías de valoración, con el fin de que estos realicen las adecuaciones pertinentes derivadas de dichos ajustes.

Numeral 3.4.2

Proponer a la junta directiva la inclusión dentro del reglamento de funcionamiento, de un protocolo o procedimiento de carácter general que incluya lo establecido en el artículo 2.16.1.2.9 del Decreto 2555 de 2010, así como un procedimiento relativo a los aspectos mínimos a evaluar, cuando el proveedor de precios para valoración realice las verificaciones de las impugnaciones conforme a lo señalado en el numeral 3.10 de este Capítulo.

Numeral 3.4.3

Presentar semestralmente un informe dirigido a la junta directiva, la auditoría interna y sus clientes, en el cual los miembros del Comité de Valoración presenten los resultados obtenidos de la ejecución del MGM del que trata el numeral 3.4.1 de este Capítulo.

Numeral 3.4.4

Los procedimientos, manuales y/o protocolos derivados de las obligaciones contenidas en los numerales 3.4.1 y 3.4.2 deben ser revisados como mínimo una vez al año.

Numeral 3.5

Proveeduría de precios para la valoración de inversiones

El proveedor de precios para valoración designado por el cliente como oficial para un segmento de mercado, según lo establecido en el subnumeral 4.2 del presente Capítulo, debe suministrar precios para aquellas inversiones que éste tenga en dicho segmento. Dicha obligación incluye el suministro de precios para días hábiles y no hábiles.

Tratándose de los instrumentos financieros derivados básicos con excepción de los futuros, el proveedor de precios debe suministrar la información para valoración según lo dispuesto en el subnumeral 2.2.2. del presente Capítulo.

Adicionalmente, el proveedor de precios para valoración designado por el cliente como oficial para un segmento de mercado, según lo establecido en el subnumeral 4.2 del presente Capítulo, debe suministrar las curvas y márgenes de valoración para aquellas inversiones que éste tenga en dicho segmento, con el propósito de calcular el riesgo de mercado de dichas inversiones según lo establecido en el Capítulo XXXI de la CBCF o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

De igual forma y de conformidad con lo señalado en el numeral 3.4.4 de este Capítulo, los procedimientos, manuales y/o protocolos derivados de las obligaciones contenidas en los numerales 3.4.1 y 3.4.2 deben ser actualizados por parte del proveedor de precios para valoración, como mínimo una vez al año.

Numeral 3.6

Reglamento de funcionamiento

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.16.1.2.11 del Decreto 2555 de 2010, los proveedores de precios para valoración deben adoptar un reglamento de funcionamiento, el cual debe contemplar la manera como desarrollan su objeto social, contener el reglamento del sistema de valoración y el reglamento del proceso para la impugnación, señalados en el artículo 2.16.1.2.9 del mismo decreto.

En adición a lo anterior, el reglamento de funcionamiento debe contener, como mínimo, lo siguiente:

Numeral 3.6.1

Procedimientos para su aprobación y modificación.

Numeral 3.6.2

Derechos y obligaciones de los clientes;

Numeral 3.6.3

Derechos, facultades y obligaciones del proveedor de precios;

Numeral 3.6.4

Los requisitos que deben cumplir los administradores, los funcionarios que participen en las funciones técnicas de la proveeduría de precios, y los miembros del comité de valoración, en cuanto a la capacidad e idoneidad para el adecuado desarrollo de su objeto social;

Numeral 3.6.5

Los mecanismos a través de los cuales se solucionarán las controversias o conflictos que se presenten por las actividades previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 2.16.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010;

Numeral 3.6.6

El procedimiento de creación y modificación de las metodologías de valoración, el cual debe incluir una etapa de divulgación previa a los clientes, salvo en el caso de eventos no previstos;

Numeral 3.6.7

Las reglas de quórum y mayorías necesarias al interior del comité de valoración, garantizando que la proporción de miembros independientes, establecida en el numeral 2.2 de este Capítulo se cumpla para la toma de decisiones;

Numeral 3.6.8

La descripción general de los mecanismos o medios que serán utilizados para la divulgación de la información para valoración a sus clientes; la cual debe indicar como mínimo el número de decimales publicado como información producto de valoración y el criterio empleado bien sea redondeo o truncamiento.

Numeral 3.6.9

La política no discriminatoria de acceso de los clientes a los servicios o derechos del proveedor de precios;

Numeral 3.6.10

Los criterios generales y objetivos en materia de tarifas. Las políticas tarifarias y las tarifas aplicadas deben ser divulgadas en su sitio web;

Numeral 3.6.11

Descripción de los procedimientos para gestionar los eventos no previstos en las metodologías de valoración. En todo caso, si el procedimiento deriva en la implementación de una metodología alternativa o de contingencia, ésta se implementará transitoriamente, hasta tanto sea aprobada por el comité de valoración y por la junta directiva, momento a partir del cual podrá tener el carácter de definitiva. En todo caso, la aprobación por parte del comité de valoración y la junta directiva no podrá ser mayor a 5 días hábiles después de implementada dicha metodología;

Numeral 3.6.12

La descripción de las actividades de cálculo y análisis de variables o factores de riesgo, así como de las actividades complementarias que realizará el proveedor de precios para valoración en desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.16.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010;

Numeral 3.6.13

La descripción general de los mecanismos o procedimientos establecidos para gestionar adecuadamente el MGM, del que trata el numeral 3.4.1 de este Capítulo;

Numeral 3.6.14

La descripción de los procedimientos para manejar las contingencias asociadas a las fallas en el suministro de información para valoración, de que trata el numeral 2.2.4 de este Capítulo, que incluya por lo menos:

i) Los mecanismos y/o canales de aviso a sus clientes, respecto del estado de la situación y la periodicidad de actualización de la misma;

ii) Los tiempos máximos dentro de los cuales se adelantará el restablecimiento del servicio o cumplimiento de la publicación de precios y el manejo de eventos en los cuales no podrá suministrarse el servicio, dado el nivel de afectación generado por la contingencia;

iii) Los eventos en los cuales se podrá realizar la corrección de la información de los precios para valoración.

Numeral 3.6.15

Los demás aspectos que solicite la SFC para preservar el adecuado funcionamiento de la proveeduría de precios para valoración.

El reglamento de funcionamiento y sus modificaciones deben ser autorizados previamente por la SFC.

Numeral 3.7

Metodologías de valoración

Los proveedores de precios deben expedir y suministrar a sus clientes, a la SFC y a los organismos de autorregulación del mercado de valores, las metodologías de valoración de inversiones necesarias para el desarrollo de su objeto social, las cuales deben atender los objetivos y criterios generales establecidos para ello en los Capítulos I-1, XI y XVIII de la CBCF o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

De conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 2.16.1.2.12 del Decreto 2555 de 2010, dichas metodologías deben estar soportadas técnica, estadística y matemáticamente, y contener como mínimo lo siguiente:

Numeral 3.7.1

Los supuestos y parámetros empleados en su estimación y, en general, los modelos de medición, cálculo y análisis utilizados en su elaboración deben ser confiables y representativos del mercado.

Numeral 3.7.2

Las fuentes de información, primarias y alternativas, que son necesarias para la implementación de la metodología, y el mecanismo que se utilizará para garantizar que dicha información sea oportuna, confiable y representativa del mercado. Para el cálculo, determinación y proveeduría o suministro de información actualizada para la valoración, se debe tener en cuenta la información proveniente de los sistemas de negociación y registro de operaciones, atendiendo los criterios que el proveedor de precios establezca en sus metodologías de valoración.

Numeral 3.7.3

Los procedimientos, criterios y periodicidad bajo los cuales se realizará la revisión y, cuando haya lugar, actualización de los modelos, variables, supuestos y criterios técnicos, estadísticos y matemáticos que soportan las respectivas metodologías, y cuyos supuestos, parámetros, modelos y resultados –en general, metodologías de valoración- deben presentarse de manera oportuna al comité de valoración para su respectivo análisis, evaluación y aprobación.

Numeral 3.7.4

Los horarios para el suministro de la información. En desarrollo de lo anterior, se debe incluir: la hora máxima del primer reporte de información del día; el plazo para hacer uso del mecanismo de impugnación; el plazo para dar respuesta a la impugnación; y la hora de publicación de la información oficial para la valoración. La información para valoración debe suministrarse en un mismo momento para todos sus clientes.

Numeral 3.7.5

Los mecanismos que garanticen la identificación estandarizada de las distintas inversiones objeto de la respectiva metodología, como su código ISIN, nemotécnico y características faciales principales;

Las metodologías de valoración y sus modificaciones deben ser remitidas a esta Superintendencia por lo menos 15 días hábiles antes de la fecha de su implementación. Así mismo, las metodologías de valoración alternativas o de contingencia a que se refiere el subnumeral 3.6.11. del presente Capítulo, si se llegase a requerirlas, deben ser informadas a esta Superintendencia en forma inmediata.

Las metodologías de valoración y las modificaciones que hayan surtido el trámite de no objeción tendrán un plazo máximo de implementación de seis (6) meses. Si cumplido este plazo el proveedor de precios para valoración no ha implementado la nueva metodología, el proveedor debe surtir nuevamente el trámite de expedición y/o modificación correspondiente ante la SFC.

Las metodologías de valoración, así como sus modificaciones, deben ser remitidas a los organismos de autorregulación del mercado de valores en un plazo no mayor a 2 días hábiles después de implementadas.

La SFC puede objetar las metodologías de valoración, así como sus modificaciones, en cualquier momento.

En aquellos casos en los cuales la SFC presente objeciones a las nuevas metodologías de valoración de inversiones o a las modificaciones propuestas, el proveedor de precios debe continuar aplicando la metodología que venía utilizando hasta tanto se subsanen las causas que dieron origen a la objeción. Una vez realizados los respectivos ajustes, la nueva metodología o las modificaciones propuestas pueden ser implementadas transcurridos 5 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. No obstante, en caso de que la solicitud tenga un término mayor para su implementación se preferirá el mismo.

Por otra parte, en los casos en los cuales esta Superintendencia objete una metodología que se esté aplicando, el proveedor de precios debe presentar a la mayor brevedad y, en todo caso, en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de notificada dicha objeción, las modificaciones a las metodologías existentes. De igual forma, desde el momento de la objeción y hasta 5 días hábiles después de presentada la modificación, el proveedor de precios debe utilizar la metodología de contingencia existente a la que se refiere el subnumeral 3.6.11 del presente Capítulo, siempre y cuando la propuesta de modificación no sea objetada, caso en el cual se debe continuar con la metodología de contingencia. La SFC autorizará de manera particular, los casos en los que considere que se requiere de un plazo mayor para presentar las modificaciones mencionadas.

La objeción de una metodología de valoración en ningún caso tendrá efecto retroactivo respecto de los precios calculados y/o publicados con anterioridad al momento en que dicha objeción se resuelva.

Numeral 3.8

Infraestructura tecnológica y acceso a la información

La infraestructura tecnológica del proveedor de precios debe garantizar que la información procesada y generada por éste, cumpla con los principios básicos de seguridad y calidad. Así mismo, debe estar en capacidad de poner a disposición canales permanentes de acceso a la información propia de su objeto social, mediante la asignación de usuarios y claves de acceso, a través de su sitio web y/o de la conexión por servidor, entre otros, con el fin de garantizar la seguridad de la información.

Dentro de la documentación del proveedor de precios debe figurar el manual con la descripción de la infraestructura tecnológica y operativa para gestionar adecuadamente la proveeduría de precios para valoración.

Los proveedores de precios deben estar en capacidad de producir los reportes e informes requeridos por la SFC, con la periodicidad y en las condiciones que se establezcan para tal fin. Adicionalmente, deben suministrar a los organismos autorreguladores la información para valoración, en las condiciones y con la periodicidad definidas por esta Superintendencia.

Numeral 3.9

Prohibiciones aplicables a los proveedores de precios para valoración

Con el fin de garantizar la independencia en el ejercicio de sus actividades, los proveedores de precios para valoración no pueden:

Numeral 3.9.1

Proporcionar información para la valoración de inversiones cuando tengan un conflicto de interés respecto de la valoración de éstas. Para efectos de lo dispuesto en el presente subnumeral, no se considera que el proveedor de precios tenga un conflicto de interés tratándose del suministro de información para valoración de los valores emitidos por sus accionistas.

Numeral 3.9.2

Utilizar en forma indebida, ya sea en beneficio propio o de terceros, la información confidencial a la que haya tenido acceso en desarrollo de las actividades comprendidas en su objeto social.

Numeral 3.9.3

Asegurar u ofrecer a sus clientes un determinado resultado del cálculo, determinación y proveeduría o suministro de información para valoración.

Numeral 3.9.4

Calcular, determinar, proveer o suministrar información oficial para valoración diferente entre entidades vigiladas respecto de un mismo activo, en una misma fecha o a través de canales no oficiales para la transmisión de esta.

Numeral 3.9.5

Tener una relación de dependencia económica al momento de la celebración de contratos de prestación de servicios propios de su objeto social o durante la vigencia de los mismos con alguno de sus clientes. Hay dependencia económica cuando al menos la mitad de los ingresos totales del proveedor de precios provengan de un mismo cliente y partes vinculadas con éste, salvo las excepciones que de manera particular autorice esta Superintendencia, cuando a su juicio no se altere la adecuada prestación del servicio.

Las prohibiciones establecidas en el presente subnumeral se harán extensivas a los administradores, miembros del comité de valoración, revisor fiscal y demás funcionarios del proveedor de precios para valoración de inversiones, cuando estas personas hayan tenido acceso a información privilegiada o hayan participado de cualquier forma en las actividades propias de su objeto social.

Numeral 3.10

Impugnación de precios calculados y/o suministrados por los proveedores de precios para valoración

Los proveedores de precios para valoración de inversiones deben resolver las impugnaciones que a través de medio verificable les formulen sus clientes, respecto de los precios calculados y/o suministrados. La impugnación debe ser presentada y resuelta el mismo día que la información sea publicada, cuando a juicio de los clientes existan elementos que permitan suponer una incorrecta aplicación de la metodología o algún error de parámetro(s) o supuesto(s) implementado(s) en tales modelos, que no representen adecuadamente los niveles de mercado.

Si el recurso de impugnación resultare procedente y se modifica el precio publicado, el proveedor de precios para valoración debe comunicar el precio modificado a sus demás usuarios, a los organismos de autorregulación y a la SFC, tan pronto como se realice la actualización respectiva.

En cualquier caso, el dictamen de la impugnación que otorgue el proveedor de precios, sea este o no procedente para el cliente, debe contener como mínimo la siguiente información:

i) Identificación del instrumento impugnado o la información para valoración objeto de impugnación.

ii) Fundamento de la impugnación.

iii) Detalle de la revisión de la impugnación realizada.

iv) Utilización o no de un mecanismo de apoyo para solucionar la impugnación y

v) Explicación técnica que justifica la decisión final de la impugnación adoptada de manera oportuna. Dicho dictamen debe publicarse el mismo día en que se realizó la impugnación.

Por otra parte, los proveedores de precios para valoración deben publicar en su página web un informe estadístico mensual, en el cual se detallen de manera general las impugnaciones realizadas por sus clientes de los activos financieros valorados. Dicho informe debe contener como mínimo la siguiente información:

i) Identificación del activo impugnado mediante su código ISIN u otros códigos utilizados en el mercado.

ii) Frecuencia de la impugnación del activo en el periodo respectivo al informe.

iii) Estadística de los resultados de las impugnaciones allegadas.

En todo caso, los proveedores de precios para valoración deben realizar un continuo seguimiento a las impugnaciones de precios allegadas por sus clientes, identificando sus causas y las respuestas, con el propósito de identificar las posibles modificaciones metodológicas y operativas para subsanarlas cuando haya lugar a ello.

Numeral 4

De las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia

Numeral 4.1

Suministro de información a los proveedores de precios para valoración

Las entidades administradoras de sistemas de negociación de valores y/o de sistemas de registro de operaciones sobre valores, las bolsas de valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y de otros commodities y sus organismos de compensación y liquidación, los almacenes generales de depósito, las entidades administradoras de sistemas de compensación y liquidación de divisas, las cámaras de riesgo central de contraparte, las entidades administradoras de depósitos de valores, las entidades administradoras de sistemas de negociación de divisas y/o de sistemas de registro de operaciones sobre divisas y las sociedades calificadoras de valores, deben suministrar a todos los proveedores de precios para valoración, la información que éstos requieran para el desarrollo de su objeto social, de manera oportuna, fidedigna, continua, clara, suficiente y en los términos y condiciones que acuerden con los proveedores de precios para valoración cuya constitución haya sido autorizada por la SFC.

Las entidades vigiladas por la SFC están obligadas a suministrar en igualdad de condiciones, la información necesaria respecto a los activos contenidos en sus portafolios de inversión sujetos a ser valorados por el proveedor de precios para valoración oficial, seleccionado por la entidad, según el segmento correspondiente. Dicha información es sujeta a reserva y su uso debe ser únicamente para efectos propios de la valoración de las inversiones de las entidades vigiladas.

Dicha información comprende, entre otras, aquella relativa a las operaciones celebradas o registradas en el correspondiente sistema, así como todas las posturas y/o cotizaciones que se hayan realizado en éste, incluyendo aquellas que no hayan dado lugar a la celebración de una operación. En ningún caso, la obligación en el suministro de la información se predica de aquella sujeta a reserva.

La información de las operaciones y de las posturas y/o cotizaciones comprende la especie, el precio o tasa y la cantidad. La información debe ser suministrada utilizando su nemotécnico -cuando aplique- y características faciales principales. Adicionalmente, los proveedores de infraestructura deben suministrar los mecanismos que permitan contar con el código ISIN del respectivo valor, cuando haya lugar.

Las tarifas que cobren las entidades a los proveedores de precios por el suministro de la información mencionada deben obedecer a una política de tarifas aprobada por la junta directiva o el órgano que haga sus veces, siguiendo criterios objetivos y no discriminatorios. Las políticas de tarifas y las tarifas aplicadas deben ser divulgadas en su sitio web.

Numeral 4.2

Designación y contratación del proveedor de precios oficial para valoración

Con el fin de valorar sus inversiones, las entidades deben contratar un proveedor de precios oficial para valorar cada segmento de mercado, por periodos mínimos de 1 año cuando al menos una de sus inversiones esté sujeta a ser valorada utilizando la información suministrada por dichos proveedores, de acuerdo a lo establecido en los Capítulos I-1, XI y XVIII de la CBCF o las normas que los modifiquen o sustituyan.

Los fondos mutuos de inversión no están obligados a contratar un proveedor de precios, cuando la administración de la totalidad de sus inversiones sujetas a ser valoradas utilizando la información suministrada por los proveedores de precios, haya sido encomendada a una entidad vigilada en los términos del artículo 2.19.1.1.6 del Decreto 2555 de 2010. En todo caso, los fondos mutuos de inversión deben reportar e informar a la SFC la designación del proveedor de precios oficial para valoración, sea este contratado por el fondo o por la sociedad que lo administre.

Las entidades vigiladas deben realizar la selección del proveedor de precios oficial para valoración con base en criterios técnicos objetivos asociados al servicio de proveeduría de precios para valoración del respectivo segmento seleccionado, tanto para efecto de su contratación inicial, como antes de las prórrogas del contrato y en cualquier otro momento, de acuerdo con las políticas y procedimientos internos de contratación de dicho servicio, establecidos por la respectiva entidad. Las evaluaciones deben ser conservadas y puestas a disposición de la SFC cuando ésta así lo solicite.

En el evento en que una entidad sometida a inspección y vigilancia de la SFC contrate los servicios de 2 o más proveedores de precios para un mismo segmento, debe designar a uno de éstos como oficial.

En todos los casos, la entidad debe informar sobre la designación del proveedor oficial a la SFC y a los organismos de autorregulación de valores de los que sea miembro, por lo menos 5 días hábiles antes del momento en que la entidad empiece a utilizar la información suministrada por dicho proveedor, conforme a las instrucciones impartidas por la SFC para tal efecto.

Las entidades vigiladas clientes de los proveedores de precios para valoriación pueden dar por terminado el contrato antes de cumplido el año, cuando se presenten fallas del servicio conforme a los términos establecidos contractualmente por las partes. Igualmente, los proveedores de precios para valoración pueden dar por terminado el contrato antes de cumplido el año cuando el cliente del proveedor de precios oficial para valoración no cumpla con las obligaciones objeto del contrato.

En el evento en que la entidad vigilada por las razones anteriormente señaladas decida contratar un nuevo proveedor de precios para valoración oficial del segmento correspondiente, ésta debe informar a la SFC la designación del mismo, incluyendo en todo caso la fecha de inicio del contrato.

La información oficial para valoración de las inversiones que se entregue al mercado, a esta Superintendencia y a sus clientes, debe provenir del proveedor oficial designado por la entidad.

La designación de un proveedor de precios como oficial no desconoce las obligaciones de los otros proveedores de precios contratados por la entidad para suministrar la información acordada para cada segmento de mercado en los términos y condiciones pactados.

Para el caso de consorcios y uniones temporales, las entidades que lo componen deben designar un solo proveedor de precios oficial para la valoración de las inversiones que lo componen. Igual designación debe realizarse respecto de los casos en que varias entidades o consorcios participen en la administración de patrimonios autónomos que manejen recursos pensionales de fondos cuenta, adscritos o administrados por una entidad pública, y que deban garantizar una rentabilidad mínima.

Numeral 4.3

Obligación de valoración con información de los proveedores de precios para nuevas inversiones

Las entidades vigiladas, de manera previa a la realización de la inversión en un nuevo activo, deben asegurarse que el proveedor de precios designado como oficial para el segmento de mercado al que pertenezca dicho activo, según lo establecido en el subnumeral 4.2 del presente Capítulo, esté en la capacidad de suministrar precios para la valoración del mismo, cuando los Capítulos I-1, XI y XVIII de la CBCF o sus modificaciones así lo dispongan.

Numeral 4.3.1

Corrección de la valoración de precios por parte del proveedor de precios oficial para valoración, ante la existencia de fallas en el suministro de información para valoración y/o precios.

En caso de presentarse una falla en el suministro de la información para la valoración y/o precios, el proveedor de precios para valoración puede recalcular y publicar la información y/o precios corregidos, siempre que haya establecido dicha posibilidad en sus procedimientos contingentes, de acuerdo con el numeral 3.6.14 del presente Capítulo.

En cualquier caso, la hora de publicación definitiva no puede exceder a la establecida en el manual de valoración o en sus reglamentos, según corresponda. Adicionalmente, cuando ocurra este evento, el proveedor de precios para valoración, el mismo día que ocurrió la falla, debe informar acerca del recalculo y la nueva hora de publicación a sus clientes, a la SFC y al organismo de autorregulación.

Numeral 4.3.2

Valoración de las entidades vigiladas ante la existencia de fallas en el suministro de información para valoración.

En el evento en que el proveedor de precios designado como oficial para un segmento de mercado de que trata el numeral 2.2.3. de este Capítulo, presente fallas en el suministro de la información para valoración y no se encuentre en el evento descrito en el numeral 4.3.1 del presente capítulo, las entidades vigiladas podrán aplicar alguno de los siguientes mecanismos para valorar sus inversiones:

i. En caso de tener contratado otro proveedor de precios de valoración, la entidad debe utilizar la información de valoración suministrada por este, para el día en que su proveedor de precios para valoración oficial haya presentado la falla en el suministro de información. De presentarse esta situación, la entidad vigilada debe informar de manera inmediata a la SFC respecto del cambio de proveedor de precios para valoración y las razones por las cuales se efectuó dicho cambio.

ii. En caso de no tener contratado otro proveedor de precios de valoración, la entidad debe valorar sus inversiones, de conformidad con las instrucciones de valoración establecidos en los Capítulos I-1, XI y XVIII de la CBCF o las normas que los modifiquen o sustituyan, según corresponda.

iii. En caso de que la entidad vigilada considere que no es posible implementar los criterios enunciados en el ordinal ii. que antecede, argumentando que no poseen los mecanismos pertinentes para la determinación de la valoración de las inversiones, la entidad vigilada puede tomar como valor justo de intercambio, el precio de valoración del día anterior del activo correspondiente suministrado por el proveedor de precios para valoración oficial. En todo caso, la entidad vigilada puede hacer uso de esta opción, mientras su proveedor de precios para valoración oficial solucione la falla en virtud de los términos señalados en este numeral y en todo caso este mecanismo podrá ser utilizado máximo por el término de un 1 día.

Por consiguiente, ante la presencia de fallas en el suministro de información para valoración, la entidad vigilada debe poner en conocimiento, mediante comunicación escrita a la SFC dichos eventos y el mecanismo de valoración alternativo utilizado, dentro de un término no mayor a 24 horas, contados a partir del momento en que se presentó la contingencia. En el caso de que la entidad vigilada se acoja en lo señalado en el ordinal iii. que antecede, la entidad vigilada debe comunicar a la SFC de manera detallada, las razones por las cuales no es posible acogerse a los criterios señalados en el ordinal ii. del presente sub numeral. En todo caso, la entidad debe mantener a disposición de la SFC toda la información de los cálculos, incluyendo los modelos utilizados para la respectiva valoración. De igual forma, este evento también debe ser comunicado a sus inversionistas.

CAPÍTULO VEntidades certificadoras de profesionales del mercado de valores

Numeral 1

Autorización para ejercer la actividad de certificación

Los organismos de autorregulación debidamente constituidos e inscritos en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV), así como las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities interesados en obtener la autorización para cumplir la función de certificación de que trata el artículo 5.4.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010 deben acreditar ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) los siguientes requisitos:

Numeral 1.1

Reglamento que desarrolle la actividad de certificación, estableciendo como mínimo:

Numeral 1.1.1

Los requerimientos establecidos en el artículo 5.4.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

Numeral 1.1.2

Indicación expresa de si aplicará directamente los exámenes de idoneidad profesional de que trata el artículo 5.4.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. El organismo de certificación puede aplicar directamente los exámenes cuando así se defina en su reglamento.

Numeral 1.1.3

Prever la conformación de un comité académico en los términos de los artículos 5.4.2.1.7 y 5.4.2.1.8 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

Numeral 1.1.4

Mecanismos y procedimientos para la modificación del reglamento de la actividad de certificación que incluyan la previa aprobación por parte de la SFC.

Numeral 1.1.5

Criterios para determinar la capacidad técnica y profesional de los aspirantes, así como los antecedentes personales que deben ser verificados, en adición a los establecidos en el artículo 5.4.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 1.1.6

Las modalidades y especialidades de certificación.

Numeral 1.1.7

Prever la existencia de un sistema con capacidad de almacenamiento de la información relacionada con las solicitudes de certificación, la verificación de los criterios de que trata el subnumeral 1.1.5 anterior, las calificaciones de los exámenes de idoneidad profesional y cualquier información adicional derivada del proceso de certificación. Dicho sistema debe contar con políticas que aseguren el adecuado manejo de toda la información que sea recopilada en desarrollo de la actividad de certificación.

Las entidades certificadoras pueden suscribir convenios o memorandos de entendimiento tendientes a la obtención de la información que se requiera para adelantar la labor de verificación de antecedentes. Así mismo, pueden solicitar a los aspirantes, a las bolsas de valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, a las sociedades administradoras de sistemas de negociación y/o de registro de operaciones sobre valores, a las cámaras de riesgo central de contraparte, y en general a cualquier proveedor de infraestructura, previa autorización de su titular, toda la información que consideren necesaria para adelantar el proceso de certificación.

Numeral 1.1.8

Forma y procedimiento en que se dará a conocer a los aspirantes el resultado del proceso de certificación, indicando de manera expresa que la obtención de la certificación no supone la inscripción en el RNPMV, como tampoco la autorización para actuar en el mercado, y que en ningún caso reemplaza los trámites de admisión previstos en los reglamentos de las bolsas, los sistemas de negociación de valores y de registro de operaciones sobre valores.

Numeral 1.1.9

Prever las consecuencias y procedimientos ante la ocurrencia de fraude en la presentación de los exámenes, suplantación de persona, falsedad en documentos u otras faltas que pudieran ocurrir en el curso del proceso de certificación o durante la vigencia de esta.

Numeral 1.1.10

Procedimiento para informar a la SFC todos los resultados del proceso de certificación de cada aspirante, con independencia de sus resultados.

Numeral 1.2

Mecanismos que garanticen que las funciones disciplinarias, de supervisión y de certificación se ejercerán de forma separada e independiente. Tales mecanismos deben implementarse antes del inicio de la función de certificación.

Numeral 1.3

Acreditar la capacidad técnica y administrativa para desarrollar la función de certificación y para transmitir oportunamente al RNPMV los resultados del trámite de certificación, así como la información que sobre el particular requiera la SFC.

Numeral 1.4

Designar, por lo menos, un representante legal cuya función principal sea el desarrollo de la actividad de certificación. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad y funciones de los demás administradores de la entidad.

Numeral 2

Información del proceso de certificación

La entidad certificadora debe informar a la SFC y a las demás entidades certificadoras sobre los procesos de certificación aprobados y denegados; en este último caso, indicando las razones que motivaron el rechazo. Dicha información puede ser usada por las demás entidades certificadoras única y exclusivamente como criterio para analizar los antecedentes del aspirante que pretenda obtener alguna certificación, y en ningún caso puede publicarla o remitirla a terceros, distintos de autoridades públicas competentes, salvo que medie expresa y previa autorización de su titular.

La entidad certificadora debe remitir a la SFC, en los términos que para el efecto establezca, la información sobre los resultados de los procesos de certificación que surta, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la fecha en que se adopte la decisión respectiva, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

Para efectos de la información requerida por el numeral 10 del artículo 5.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, cuando no sea posible suministrar la certificación de los nominadores, el profesional puede suministrar bajo la gravedad del juramento la información correspondiente, sujeto a lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012.

Numeral 3

Exigencias mínimas de las entidades aplicantes

Las entidades aplicantes tienen como finalidad la provisión de la infraestructura y demás condiciones necesarias para adelantar los exámenes de idoneidad profesional de que trata el artículo 5.4.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

Para el ejercicio válido de tal actividad, las entidades deben acreditar previamente ante la SFC, por medio de una entidad certificadora, los siguientes aspectos:

Numeral 3.1

Ser persona jurídica que ejerza funciones de autorregulación en el mercado de valores; bolsas de valores, bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities; organización gremial o profesional, o institución de educación superior debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional.

Numeral 3.2

Contar con un reglamento de aplicación del examen que establezca como mínimo los aspectos dispuestos en el artículo 5.4.4.1.4 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

Las entidades aplicantes deben utilizar los reglamentos autorizados a la entidad certificadora. Dichos reglamentos se entienden autorizados por vía general, para los efectos del artículo 5.4.4.1.4. del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 3.3

En el evento en que la entidad aplicante no sea una entidad certificadora, copia del contrato o convenio vigente con una entidad certificadora, cuyo objeto principal sea la aplicación de los exámenes de idoneidad profesional.

Numeral 3.4

Certificación del representante legal en donde conste que la entidad aplicante adoptará integralmente el modelo de reglamento de aplicación de exámenes que haya aprobado la SFC.

La aplicación de examen de idoneidad profesional no constituye impedimento para ofrecer cursos de capacitación y/o preparación de dichos exámenes.

En relación con los cursos de preparación para los exámenes, se debe atender lo dispuesto en el artículo 5.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010.

Adicionalmente, las entidades aplicantes que ofrezcan cursos de capacitación o preparación para los exámenes de idoneidad profesional deben adoptar en sus reglamentos normas adecuadas que garanticen que las personas encargadas de la capacitación no tengan acceso al banco de preguntas ni que intervengan en la realización de los exámenes.

En cualquier momento, la SFC puede verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de la entidad aplicante, para efectos de determinar la vigencia de la autorización otorgada para el ejercicio de la actividad.

Numeral 4

Verificación de antecedentes

Para efectos de lo dispuesto en los numerales 4 y 8 del artículo 5.4.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010, las entidades certificadoras deben tener en cuenta las sanciones impuestas por las siguientes autoridades:

Numeral 4.1

Cuando el aspirante hubiere sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilidad general, o suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, siempre que la sanción se encuentre vigente.

Numeral 4.2

Cuando contra el aspirante se hubiere proferido fallo con responsabilidad fiscal dentro de los últimos 2 años por la Contraloría General de la República, siempre que se encuentre en firme y ejecutoriado.

Numeral 4.3

Cuando al aspirante se encuentre incluido en la lista SDNT publicada por la OFAC (Office of Foreign Assets Control).

CAPÍTULO VICustodios de valores

Numeral 1

Ámbito de aplicación

El presente Capítulo contiene los parámetros mínimos que las sociedades fiduciarias deben atender en relación con la actividad de custodia de valores regulada en el Libro 37 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010. Todas las actividades desarrolladas por sociedades fiduciarias y que correspondan a los servicios obligatorios y/o complementarios de la actividad de custodia de valores definidos en los artículos 2.37.1.1.2 y 2.37.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, incluida la custodia de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) de propiedad de inversionistas extranjeros, deben ceñirse a lo dispuesto en el presente Capítulo.

Se entiende por “custodio” a la sociedad fiduciaria autorizada para desarrollar la actividad de custodia de valores. Se entiende por “custodiado” a la persona natural o jurídica que celebra un contrato de custodia de valores con una sociedad fiduciaria autorizada para el efecto, con el fin de que ésta ejerza el cuidado y vigilancia de los valores y recursos en dinero para el cumplimiento de obligaciones sobre valores, en los términos dispuestos en el artículo 2.37.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2

Proceso de autorización

A efectos de obtener la autorización para ejercer la actividad de custodia de valores de que trata el artículo 2.37.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, las sociedades fiduciarias deben remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), por intermedio del representante legal principal de la sociedad, la siguiente información:

Numeral 2.1

Solicitud para que se autorice la actividad de custodia de valores.

Numeral 2.2

Copia del acta de la junta directiva de la sociedad en la cual se aprueba el desarrollo de la actividad. Dicha acta debe incorporar los análisis o decisiones adoptadas en relación con el plan estratégico de la entidad respecto del desarrollo de la actividad de custodia, que permitan establecer si se quiere especializar únicamente en la prestación de servicios obligatorios, o si pretende prestar los servicios complementarios y especiales definidos en las normas, así como las decisiones adoptadas en relación con la continuidad o no de otras actividades o negocios por parte de la sociedad fiduciaria y las medidas que adoptará en este caso para garantizar la independencia en el ejercicio de la actividad de custodia de valores.

Numeral 2.3

Descripción de la estructura organizacional dispuesta para el ejercicio de la actividad de custodia de valores, indicando las áreas que comparten o tienen asignadas funciones respecto de otras actividades o negocios de la entidad.

Numeral 2.4

Documento suscrito por el representante legal principal de la sociedad fiduciaria, en el cual certifique el cumplimiento de cada uno los requisitos contenidos en los artículos 2.37.2.1.2 y 2.37.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010, así como de los que se indican a continuación:

Numeral 2.4.1

Adopción de la infraestructura física, administrativa, tecnológica y de la capacidad humana y técnica de dedicación exclusiva e independiente para el desarrollo de la actividad de custodia de valores y que le permita dar cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 2.37.2.1.4 y 2.37.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y en el presente Capítulo.

Numeral 2.4.2

Adopción de políticas y procedimientos tendientes a la prevención, administración y revelación de conflictos de interés y uso indebido de la información privilegiada, en desarrollo de la actividad de custodia de valores, tanto de los servicios obligatorios, complementarios y los especiales definidos en los artículos 2.37.1.1.2 a 2.37.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010.

De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 2.37.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010 y el parágrafo 1 del artículo 2.37.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010, en caso que la actividad de custodia de valores se realice para entidades vinculadas al custodio, para fondos de inversión colectiva –FIC-, fondos voluntarios de pensión -FVP-, u otros vehículos de inversión administrados y/o gestionados por entidades vinculadas al custodio, tanto el custodio como el custodiado deben establecer y aplicar consistentemente principios, políticas y procedimientos para la detección, prevención y manejo de conflictos de interés en la realización de dicha actividad.

Dichos principios, políticas y procedimientos deben contener como mínimo los mecanismos y procedimientos para que las áreas, funciones y sistemas de toma de decisiones susceptibles de entrar en conflicto de interés, estén separados decisoria, física y operativamente, de igual forma deben contener las reglas, límites y controles aplicables a las operaciones con vinculados.

Para los efectos de lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 2.37.2.1.4 y en el parágrafo 1 del artículo 2.37.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 se entiende por “vinculado”:

i. Cualquier entidad que deba consolidar sus operaciones y estados financieros con el custodio, sea o no una entidad sujeta a la supervisión de la SFC.

ii. El(los) accionista(s) o beneficiario(s) real(es) del 10% o más de la participación accionaria del custodio.

iii. Las personas jurídicas en las cuales, el custodio sea beneficiario real del 10% o más de la participación accionaria. Se entiende por beneficiario real el definido en el artículo 6.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010.

iv. La matriz del custodio y las filiales y subordinadas de dicha matriz.

v. Los administradores del custodio, de su matriz y de las filiales o subordinadas de ésta.

Numeral 2.4.3

Inclusión en el código de buen gobierno, o en el documento equivalente, de un aparte especial dedicado al desarrollo de la actividad de custodia de valores. Para el diseño y desarrollo de tales disposiciones, la entidad debe considerar las disposiciones sobre gobierno corporativo existentes en el código país adoptado por los emisores de valores inscritos en el RNVE que estime pertinentes aplicar para un adecuado desarrollo de sus actividades.

Numeral 2.4.4

Adopción de procedimientos para la recepción, manejo y conservación de la información relacionada con todas y cada una de las operaciones realizadas sobre los valores objeto de custodia, los cuales deben permitir la trazabilidad de las instrucciones impartidas por custodiado y la información recibida de los proveedores de infraestructura y/o los intermediarios de valores, según el caso, en relación con las operaciones sobre dichos valores.

Numeral 2.4.5

Adopción de procedimientos y mecanismos que permitan el cumplimiento del principio de segregación previsto en el literal b. del artículo 2.37.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, de tal forma que se garantice la separación de los activos propios del custodio de los del custodiado, incluidos los valores o dineros pertenecientes a los vehículos de inversión administrados por el custodiado y sobre los cuales se ejerce la actividad de custodia.

Numeral 2.4.6

Inclusión en sus sistemas de administración de riesgos de los aspectos particulares que correspondan al desarrollo de la actividad de custodia de valores de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, incluyendo las políticas, procedimientos y mecanismos a través de los cuales la junta directiva hará un adecuado seguimiento y control a las actuaciones y operaciones que realice como custodio, indicando expresamente las áreas o personas responsables definidas por la junta directiva para dichos efectos.

Numeral 2.4.7

Aprobación de la junta directiva de las políticas y procedimientos aplicables a la actividad de custodia de valores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.37.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y los manuales referidos en el numeral 7 del mismo artículo.

Numeral 2.4.8

Existencia y adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica sobre la cual operará la actividad de custodia de valores.

Numeral 2.4.9

Existencia de las instalaciones que le permitan al custodio de valores preservar la seguridad de los valores físicos custodiados.

Numeral 2.4.10

Adopción de un mecanismo o procedimiento de registro de valores custodiados, y del dinero asociado a las operaciones, que reúna como mínimo condiciones de seguridad, disponibilidad y trazabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la SFC puede requerir, en cada caso particular, información adicional y/o complementaria que considere necesaria para analizar suficientemente una solicitud de autorización.

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5.3.1.1.1 y 5.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, con la expedición del acto administrativo en que se autorice la operación de la sociedad fiduciaria como custodio de valores se entienden automáticamente cumplidos los requisitos generales para su inscripción ante el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV).

Numeral 3

Estándares especiales aplicables a los sistemas del custodio de valores

Los custodios deben asegurar que su infraestructura física, tecnológica y operativa cumpla con los siguientes estándares:

Numeral 3.1

Seguridad: contar con mecanismos de seguridad de la información que propendan por preservar y proteger la inviolabilidad y confidencialidad de la misma, así como la integridad de los valores objeto de custodia y de la información asociada a los mismos.

Numeral 3.2

Disponibilidad: los sistemas informáticos y operativos deben contar con mecanismos que garanticen la continuidad de la operación de los servicios que se prestan en el marco de la actividad de custodia de valores.

Numeral 3.3

Interconexión: los sistemas informáticos y operativos deben contar con mecanismos que permitan la interconexión en línea con los sistemas de los distintos participantes de la operación sobre los valores custodiados, entre otros, los custodiados, las sociedades que ejerzan la gestión del FIC, según resulte aplicable, los sub-custodios, los depósitos centralizados de valores, las bolsas de valores, los sistemas de negociación de valores y/o sistemas de registro de operaciones sobre valores, los sistemas de compensación y liquidación de operaciones sobre valores, los intermediarios del mercado de valores, los sistemas de pagos, las cámaras de riesgo central de contraparte y los proveedores de precios para valoración y cualquier otro proveedor de infraestructura necesario para el cumplimiento de los servicios de custodia, sean obligatorios, complementarios o especiales.

Las bolsas de valores, los administradores de sistemas de negociación de valores y/o de registro de operaciones sobre valores, los administradores de sistemas de compensación y liquidación de operaciones sobre valores, las cámaras de riesgo central de contraparte, los depósitos centralizados de valores, los sistemas de pago, los proveedores de precios para valoración y cualquier otro proveedor de infraestructura necesario para el cumplimiento de la labor de custodia, deben poner a disposición sus sistemas, infraestructura física, tecnológica y operativa para viabilizar el desarrollo adecuado de las funciones del custodio.

Esta conectividad se puede realizar a partir de los modelos de conectividad y plataformas existentes en cada uno de los proveedores de infraestructura, quienes deben informar al custodio los estándares operativos, tecnológicos y de procesos requeridos para el efecto. Dichos estándares o requisitos deben guardar consonancia con aquellos que hayan sido definidos para el acceso a los sistemas de otro tipo de participantes, de acuerdo con el régimen legal aplicable al respectivo proveedor de infraestructura, los reglamentos aprobados por la SFC y/o los contratos de operación correspondientes.

Numeral 3.4

Confidencialidad: todos los administradores, funcionarios, revisores fiscales, contratistas y demás personas vinculadas al custodio, que en desarrollo de la actividad de custodia de valores y/o sus respectivas funciones, tengan acceso autorizado a la información asociada con esta actividad, deben garantizar la reserva, la no revelación de la misma y abstenerse de usarla para beneficio personal o de un tercero, inclusive una vez finalizada la relación en virtud de la cual tuvieron acceso a dicha información.

Numeral 3.5

Cumplimiento de las operaciones: en ejercicio de la actividad de custodia de valores, el custodio de valores debe establecer los mecanismos que garanticen la continuidad y el cumplimiento oportuno, seguro y adecuado de las operaciones realizadas respecto de los valores objeto de custodia.

Numeral 4

Obligaciones del custodio de valores

Los custodios de valores tienen que dar cumplimiento a las obligaciones generales previstas en el artículo 2.37.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010, y para el caso de custodia de valores de FIC y portafolios que integran FVP a las obligaciones especiales establecidas en el artículo 2.37.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010. En esta medida, todas las obligaciones especiales aquí establecidas para los FIC aplican para la custodia de los valores que integran los portafolios de los FVP. En desarrollo de estas obligaciones los custodios deben:

Numeral 4.1

Establecer mecanismos de comunicación en línea que le permitan al custodio de valores interconectarse y cumplir con sus funciones y obligaciones respecto del custodiado bajo los estándares del numeral 3 anterior, incluyendo el cumplimiento oportuno, seguro y adecuado de las obligaciones respecto de las bolsas de valores, los sistemas de negociación de valores, los sistemas de registro de operaciones sobre valores, los sistemas de compensación y liquidación de operaciones sobre valores, los intermediarios de valores, las cámaras de riesgo central de contraparte, los depósitos centralizados de valores, los sistemas de pagos, los bancos y demás entidades o proveedores de infraestructura con los cuales tenga relación en virtud de su actividad de custodia de valores.

Numeral 4.2

Implementar el registro de las instrucciones impartidas por el custodiado, incluyendo de manera individual la discriminación de las instrucciones sobre valores correspondientes a cada uno de los vehículos de inversión administrados por el custodiado y frente a los cuales se desarrolla la actividad de custodia de valores. El registro debe incluir como mínimo toda aquella información que le permita al custodio realizar los procesos de validación de las operaciones que se realizan sobre los valores custodiados de manera eficiente, oportuna y segura, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno, de acuerdo con la reglamentación aplicable a la negociación o registro y a la compensación y liquidación de las operaciones sobre los valores custodiados.

Numeral 4.3

Constatar, con una periodicidad diaria, la información sobre la correspondencia entre los valores objeto de custodia y los que se encuentran en el(los) depósito(s) central(es) de valores a nombre del custodiado o del respectivo vehículo de inversión administrado por el custodiado y frente al cual se desarrolla la actividad de custodia de valores, así como realizar la conciliación de las cuentas en las cuales el custodio maneje el dinero asociado al cumplimiento de las operaciones sobre los valores. Dichas cuentas pueden ser manejadas por el custodio a nivel de cada uno de los custodiados, sin perjuicio del seguimiento que debe realizar el custodio y que permita garantizar el uso o destinación de los recursos a favor de cada uno de los vehículos de inversión administrados por el custodiado.

Esta obligación también es aplicable respecto de los valores o dineros entregados en virtud de contratos de sub-custodia en el exterior, para lo cual el custodio debe solicitar y revisar diariamente los informes que el sub-custodio genere de la posición del custodiado.

Los soportes que evidencien el cumplimiento de esta obligación, así como los resultados de la misma, deben estar a disposición de la SFC, del custodiado y del organismo de autorregulación del mercado de valores al que pertenezca el custodiado. En caso de evidenciarse alguna inconsistencia en el cumplimiento de esta obligación debe informarse de manera inmediata al custodiado.

Numeral 4.4

Establecer los procedimientos y mecanismos que le permitan asegurar que los dineros que maneje para el cumplimiento de operaciones sobre los valores objeto de custodia se utilicen únicamente para dicho propósito y que los dineros recibidos en virtud del cumplimiento de operaciones en favor del custodiado o de los vehículos de inversión administrados por este serán debidamente abonados o utilizados a favor del respectivo custodiado o vehículo, de acuerdo con las instrucciones del custodio. En todo caso, el custodiado debe garantizar y estar en capacidad de demostrar que para el cumplimiento de las operaciones sobre los valores objeto de custodia entregó o transfirió al custodio dineros del respectivo vehículo de inversión al cual corresponde la operación.

Los soportes relacionados con la transferencia de los dineros del custodiado o de los vehículos de inversión administrados por éste al custodio, deben estar a disposición del custodio, de la SFC y del organismo de autorregulación de valores al cual pertenezca el custodiado.

Numeral 4.5

Realizar pruebas sobre la capacidad de sus sistemas para la recepción y manejo de las instrucciones asociadas al cumplimiento de operaciones sobre los valores objeto de custodia. Para tal efecto, deben disponer de metodologías y sistemas o entornos de prueba que permitan simular adecuadamente la carga operativa de sus sistemas con base en el volumen de instrucciones que deben recibir de los custodiados, y dejar constancia o registro de la ejecución, desempeño y cumplimiento de las mismas.

Numeral 4.6

Informar al custodiado sobre los derechos patrimoniales que se deriven de los valores objeto de la custodia de valores, en el momento en que tal información esté disponible, sin perjuicio de que en el contrato entre el custodio y custodiado se establezca el acceso a información preliminar o estimada en relación con dichos derechos.

Numeral 4.7

Para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 16 del artículo 2.37.2.1.4 y en el numeral 4 del artículo 2.37.2.1.5, del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.37.1.1.2 del mismo Decreto, el custodio debe reportar a la SFC, a los organismos de autorregulación del mercado de valores a los que se encuentre vinculado el custodiado, a la junta directiva de la sociedad administradora del FIC y al custodiado, según sea el caso, los hallazgos sobre incumplimientos que se evidencien en el ejercicio de su función de verificación.

Sin perjuicio de lo anterior, es deber del custodiado implementar los procedimientos y mecanismos que le permitan realizar un control efectivo respecto de cada una de las operaciones que pretenda realizar sobre los valores objeto de custodia, con el fin de evitar que se materialicen incumplimientos al reglamento, así como de los límites, restricciones y prohibiciones legales aplicables que puedan impactar el cumplimiento de las operaciones a través del custodio. El detalle de dichos procedimientos y mecanismos debe ser incorporado en los respectivos manuales del custodiado.

Adicionalmente, cuando se presenten incumplimientos a las normas del reglamento, así como de los límites, restricciones y prohibiciones legales aplicables a las operaciones sobre los valores custodiados, y las correspondientes al vehículo de inversión administrado por el custodiado y frente al cual se desarrolla la actividad de custodia de valores, el custodiado debe proceder a corregir los efectos de dicha situación a más tardar al día hábil siguiente.

En caso que la corrección implique la realización de una o varias operaciones en una bolsa de valores o en un sistema de negociación de valores o de registro de operaciones, el custodiado tendrá el plazo requerido para el cumplimiento de la operación del respectivo sistema. Para estos efectos, el custodiado debe definir y divulgar previamente las reglas y procedimientos aplicables a la corrección y restitución de los efectos del mismo, los cuales deben garantizar la protección de los intereses de los inversionistas y/o del vehículo de inversión administrado por el custodiado. El custodiado debe atender las reglas contenidas en este inciso, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar.

Numeral 4.8

Para el caso de operaciones sobre valores pertenecientes a FIC respecto de los cuales se ejerce la custodia, el custodio debe abstenerse de cumplir las instrucciones del custodiado cuando identifique que mediante la(s) operación(es) sobre los valores o el dinero asociado al cumplimiento de operaciones sobre los valores se está incurriendo en algunas de las siguientes actuaciones:

Numeral 4.8.1

Concediendo préstamos con los dineros que la sociedad administradora ha entregado al custodio en nombre del FIC, salvo tratándose de operaciones de reporto activas, simultáneas activas y de transferencia temporal de valores, en los términos del artículo 3.1.1.4.5 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 4.8.2

Destinando los recursos del FIC para otorgar liquidez al custodiado, al gestor externo en caso de existir, las subordinadas de los mismos, su matriz o las subordinadas de esta.

Numeral 4.8.3

Adquiriendo para el FIC la totalidad o parte de los valores o títulos valores que, el custodiado o el gestor externo en caso de existir, se haya obligado a colocar por un contrato de colocación bajo la modalidad en firme o garantizado, antes de que hubiere finalizado dicho proceso.

Numeral 4.8.4

Dando en prenda, otorgando avales o estableciendo cualquier otro gravamen que comprometa los valores del FIC objeto de custodia, excepto los casos permitidos expresamente por la normativa vigente.

En relación con estos posibles eventos, el custodio debe conservar la información relacionada con la instrucción y la(s) causal(es) de abstención, y reportar de manera inmediata dicha situación al custodiado, al gestor externo en caso de existir, a la SFC y al organismo de autorregulación del mercado de valores al cual se encuentre vinculado el custodiado.

En adición a lo establecido en el numeral 4.7 del presente Capítulo, el incumplimiento reiterado por parte del custodiado en relación con la realización de operaciones que vayan en contra de las normas del reglamento, así como de los límites, restricciones y prohibiciones legales aplicables a las operaciones sobre los valores correspondientes al FIC frente al cual se desarrolla la actividad de custodia, implica que el custodiado incorpore en los informes de rendición de cuentas para los inversionistas del respectivo FIC la revelación de la ocurrencia de dichas circunstancias, la información de las medidas correctivas adoptadas y aquellas tendientes a evitar que dichos eventos vuelvan a presentarse. El custodiado debe atender las reglas contenidas en este inciso, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar.

Numeral 4.9

En los casos en los cuales se haya contratado con el custodio servicios complementarios o servicios especiales relacionados con la custodia del FIC, el custodio debe transmitir al custodiado la información correspondiente a la prestación de dichos servicios, con el fin de que el custodiado realice de manera adecuada y oportuna la divulgación o entrega de dicha información a quien corresponda, a los inversionistas en el caso de FIC y realice los reportes de información que deba transmitir a la SFC.

Numeral 4.10

Elaborar y presentar a su respectiva junta directiva u órgano de administración equivalente, un informe trimestral de la evolución y comportamiento de sus actividades como custodio del FIC y remitir copia de dicho informe a la SFC y al organismo de autorregulación del mercado de valores al cual se encuentre vinculado el custodiado, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su presentación en la respectiva sesión de junta directiva.

Numeral 4.11

Establecer e informar al custodiado los principios aplicables a la administración de los derechos políticos de los valores custodiados. Entre otros, el custodio debe garantizar al custodiado la aplicación de los siguientes derechos:

Numeral 4.11.1

El derecho del custodiado para reservarse el voto;

Numeral 4.11.2

El derecho del custodiado a ser informado sobre situaciones en las cuales se pueda ejercer los derechos políticos, tales como la celebración de reuniones ordinarias y extraordinarias de asamblea;

Numeral 4.11.3

El derecho del custodiado a que el custodio establezca una política general de ejercicio de los derechos políticos para los casos en que se haga una delegación expresa por parte del custodiado;

Numeral 4.12

Asegurar la trazabilidad de la comunicación que se establezca para el intercambio de información entre el custodiado y el custodio, con el fin de garantizar que todas las instrucciones y cualquier modificación de las mismas puedan ser reconstruidas y auditadas.

Numeral 4.13

Suscribir los contratos o acuerdos que corresponda con los proveedores de infraestructura con el fin de asegurar el acceso a los sistemas y la interconexión con los mismos en las diferentes fases de las operaciones sobre los valores objeto de custodia, en particular aquellas correspondientes a la compensación y liquidación de las operaciones y la anotación en cuenta.

Numeral 4.14

Atender los demás requerimientos de la SFC, los organismos de autorregulación del mercado de valores al cual se encuentre vinculado el custodiado, y demás autoridades competentes.

Para la prestación de los servicios previstos en los artículos 2.37.1.1.3, 2.37.1.1.4 y 2.37.2.1.7 del Decreto 2555 de 2010, se debe atender, además, lo expresamente pactado en el contrato entre el custodio de valores y el custodiado.

Numeral 4.15

Cuando el custodio decida prestar sus servicios en relación con valores inscritos en el RNVE de propiedad de inversionistas extranjeros, deberá propender por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los subnumerales anteriores y las demás disposiciones contenidas en el presente Capítulo, así como evaluar y acreditar de manera adecuada y suficiente aquellos eventos en los cuales algunas no resultasen aplicables, de acuerdo con el régimen legal del custodiado y lo establecido en el respectivo contrato. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones en materia cambiaria, tributaria y de remisión de información con fines de supervisión que correspondan. Esta información deberá estar a disposición de la SFC.

Numeral 5

Contratos

Los contratos que se celebren para el desarrollo de la actividad de custodia de valores entre el custodio de valores y el custodiado deben prever expresamente, como mínimo, lo siguiente:

Numeral 5.1

Identificación y domicilio de las partes que suscriben el contrato y de sus representantes legales.

Numeral 5.2

Objeto y alcance de los servicios, y los respectivos niveles de servicio.

Numeral 5.3

Obligaciones especiales de las partes, incluidas las adicionales a las previstas en las normas legales y reglamentarias. En este punto en particular deben incorporarse las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes en las diferentes etapas asociadas a las operaciones sobre los valores objeto de custodia y la forma, plazos y procedimientos de información asociados a la prestación de servicios obligatorios, complementarios y/o especiales, según corresponda, incluyendo las de existencia de planes de contingencia y continuidad.

Numeral 5.4

Obligaciones relacionadas con las validaciones de instrucciones, así como aquellas que tengan que ver con la interconexión, interacción y flujo de información con los diferentes participantes (tales como intermediarios de valores y gestores de FIC, según resulte aplicable) y proveedores de infraestructura que intervienen en el proceso, necesarios para el ejercicio adecuado de la actividad de custodia de valores.

Numeral 5.5

Derecho del custodio a solicitar al custodiado toda la información que necesite para el ejercicio de las actividades y /o funciones acordadas dentro del respectivo contrato y las previstas en el presente Capítulo.

Numeral 5.6

Horarios y canales de atención.

Numeral 5.7

Mecanismos de información y comunicación entre las partes, incluidos aquellos que deban concertarse con otros participantes como son los proveedores de infraestructura, intermediarios de valores y/o gestores de FIC, según el caso, con el fin de que el custodio y el custodiado accedan de manera eficiente y efectiva a la información de las operaciones sobre los valores objeto de custodia y desarrollen las labores a su cargo.

Numeral 5.8

En caso de que se realicen operaciones de transferencia temporal de valores de las que trata el numeral 3 del artículo 2.37.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, señalar si existe autorización para la utilización de los valores objeto de custodia para el desarrollo de estas operaciones, precisando en caso afirmativo como mínimo: los valores objeto de las mismas, las instrucciones generales para la celebración de las operaciones por parte del custodio, las características de las garantías y el plazo de las mismas.

Numeral 5.9

Características mínimas de los reportes obligatorios de información, incluyendo contenido, destinatario y periodicidad, de tal forma que permitan dar cumplimiento, como mínimo, a lo establecido en los numerales 8, 9, 11 y 24 del artículo 2.37.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 5.10

Acuerdos de confidencialidad sobre la información manejada y sobre las operaciones desarrolladas.

Numeral 5.11

Existencia de mecanismos que amparen la protección de los riesgos detallados en el artículo 2.37.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 5.12

Condiciones y controles aplicables a la contratación de sub-custodios de valores en el exterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.37.2.1.7 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 5.13

Término de duración del contrato.

Numeral 5.14

Causales y procedimientos aplicables para la cesión del contrato.

Numeral 5.15

Causales, forma de terminación y tiempos prudenciales para finalización del mismo en atención a las causales de terminación.

Numeral 5.16

Procedimiento de entrega de los valores custodiados.

Numeral 5.17

Procedimientos para el manejo de las cuentas de compensación y liquidación.

Numeral 5.18

Mecanismos para la solución de conflictos entre las partes.

Numeral 5.19

Para el caso de la custodia de valores correspondientes a FIC, en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.37.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, se debe definir la información que va a suministrar el custodiado al custodio de valores, así como el alcance y la oportunidad de la misma, con el fin de permitir la verificación del cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento del FIC y de los límites, restricciones y prohibiciones legales aplicables a las operaciones del FIC sobre los valores objeto de custodia.

Numeral 5.20

En el mismo sentido se debe establecer el procedimiento a seguir cuando el custodio se abstenga de dar cumplimiento a una instrucción.

Numeral 5.21

Responsabilidades y resarcimiento de perjuicios.

Numeral 6

Sub-custodia de valores ubicados en el exterior

El custodio de valores, al momento de escoger con quien subcontratar la custodia de valores ubicados en el exterior relacionados con el servicio de custodia que presta, debe verificar que el sub-custodio de valores del extranjero cumpla por lo menos con los siguientes requerimientos:

Numeral 6.1

Corresponder a una de las entidades descritas en el artículo 2.37.2.1.6 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 6.2

Tener experiencia mínima de 5 años en servicios de custodia de valores.

Numeral 6.3

Contar con una calificación de grado de inversión otorgada por una sociedad calificadora de riesgos reconocida internacionalmente. La agencia calificadora de riesgos debe ser una entidad sujeta a la supervisión de una autoridad equivalente a la SFC.

Numeral 6.4

Estar regulado y supervisado en el país en el cual se encuentre constituido por una autoridad equivalente a la SFC.

Numeral 6.5

En adición a lo anterior, el custodio de valores debe evaluar la exigencia de requisitos adicionales, en particular aquellos que le permitan constatar o asegurar la idoneidad del sub-custodio a contratar, incluyendo el análisis o verificación de al menos los siguientes aspectos relacionados con el mismo:

Numeral 6.5.1

Fortaleza financiera de la entidad.

Numeral 6.5.2

Experiencia específica y participación como tal en otros mercados.

Numeral 6.5.3

Políticas y esquemas de control interno del sub-custodio.

Numeral 6.5.4

Estándares operativos y grado de automatización de la infraestructura para el ejercicio de la subcustodia.

Numeral 6.5.5

Calificaciones de riesgo asociadas a la capacidad operativa y estándares de seguridad para desarrollar la actividad de custodia de valores y/o auditorías relacionadas directamente con la capacidad y desempeño de la entidad extranjera como sub-custodio.

Numeral 6.6

Los requisitos establecidos en los numerales 6.1 a 6.5 anteriores serán igualmente aplicables en aquellos casos en que un custodiado decida contratar directamente la custodia de valores ubicados en el exterior.

Numeral 7

Reglas relativas a la administración de riesgos

Los custodios de valores deben desarrollar, establecer, implementar y mantener una gestión de riesgos para esta actividad en los términos previstos en el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF), así como en las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT) previstas en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica.

De acuerdo con lo previsto en dichas instrucciones, las sociedades fiduciarias que desarrollen la actividad de custodia de valores están obligadas a dar cumplimiento a las disposiciones aplicables a la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) respecto de la relación que establezcan con sus clientes o custodiados no vigilados por la SFC.

Los administradores de vehículos de inversión contratantes de la custodia de valores siguen siendo responsables de cumplir con las disposiciones aplicables en materia de administración del riesgo de LA/FT respecto de sus clientes, responsabilidad que en consecuencia no le corresponde al custodio de los valores del respectivo vehículo de inversión administrado por otra entidad vigilada por parte de la SFC.

A las sociedades fiduciarias que desarrollan las actividades de sub-custodia de valores, las sociedades comisionistas de bolsa de valores que realicen operaciones de intermediación sobre los valores custodiados por una de estas sociedades fiduciarias y los establecimientos de crédito que realicen la aperturas de cuentas corrientes y de ahorro para la canalización de dichas operaciones, les corresponde dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de administración del riesgo de LA/FT únicamente respecto del custodio extranjero (y no del beneficiario final), siempre y cuando el custodio extranjero esté sujeto a la vigilancia de una autoridad bancaria o de valores, cumpla con la regulación prudencial emitida por el regulador financiero de su respectiva jurisdicción, en relación con la administración del riesgo LA/FT y, a su vez, sea objeto de inspección, vigilancia y/o control o un grado de supervisión equivalente, por parte del supervisor de la jurisdicción donde se encuentre domiciliado o constituido.

Para este fin, el sub-custodio deberá tener a disposición de esta Superintendencia la documentación pertinente para acreditar que el custodio extranjero está sujeto a la vigilancia de una autoridad bancaria o de valores, cumple con la regulación prudencial emitida por el regulador financiero de su respectiva jurisdicción en relación con la administración del riesgo LA/FT y, a su vez, es objeto de inspección, vigilancia y/o control o un grado de supervisión equivalente, por parte del supervisor de la jurisdicción donde se encuentre domiciliado o constituido. Sin perjuicio de lo anterior, la SFC podrá solicitar la información adicional que requiera, a fin de contar con suficientes elementos de juicio para determinar la equivalencia de los regímenes de administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

Numeral 8

Documentación

En materia de documentación los custodios de valores deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requerimientos:

Numeral 8.1

Llevar un registro ordenado de las instrucciones impartidas por el custodiado, que permita verificar la trazabilidad de la operación (fecha, hora, características de la operación, entre otros), el cual debe ser conservado por un término mínimo de 5 años, y mantenerlo a disposición del custodiado, de la SFC y de los organismos de autorregulación del mercado de valores a los cuales se encuentre afiliado el custodiado. En caso que la información sea objeto o soporte de una reclamación, queja o cualquier proceso de tipo de judicial, ésta debe ser conservada hasta el momento que sea resuelto.

Numeral 8.2

Garantizar la trazabilidad y segregación en el acceso al flujo de información confidencial recibida en razón o con ocasión de los servicios prestados en desarrollo de la actividad de custodia de valores. En desarrollo de lo anterior, se deben establecer mecanismos que restrinjan el acceso a dicha información confidencial, para que sólo pueda ser usada por el personal autorizado que lo requiera exclusivamente para el desarrollo de la actividad de custodia de valores.

Numeral 8.3

Conservar todas las comunicaciones que se realicen en desarrollo de la actividad de custodia de valores por un término mínimo de 5 años, y debe mantenerlas a disposición del custodiado, de la SFC y de los organismos de autorregulación del mercado de valores a los cuales se encuentre afiliado el custodiado.

Numeral 9

Información a los custodiados

El custodio de valores debe como mínimo, en relación con el suministro de información dirigida a los custodiados, atender lo dispuesto en los numerales 8, 9, 11 y 24 del artículo 2.37.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010.

Los sistemas o mecanismos de información o consulta que disponga el custodio, ya sean propios o soportados en los mecanismos disponibles a través de los depósitos centralizados de valores o los sub-custodios, según el caso, deben permitir que el custodiado pueda acceder a la información sobre los movimientos y/o saldos de los valores objeto de custodia y del dinero asociado a las operaciones sobre dichos valores, de acuerdo con la periodicidad o frecuencia establecida en el respectivo contrato celebrado entre el custodio y el custodiado.

Estos mecanismos de suministro de información y consulta deben cumplir estándares de seguridad y calidad que permitan asegurar la veracidad de la información entregada al custodiado y le faciliten a éste la realización de arqueos periódicos de manera automática.

Numeral 10

Estándares especiales para los proveedores de infraestructura del mercado de valores

Las entidades que interactúan con el custodio, en particular, las bolsas de valores, los sistemas de negociación de valores y de registro de operaciones sobre valores, los administradores de sistemas de compensación y liquidación de operaciones sobre valores, las cámaras de riesgo central de contraparte y los depósitos centralizados de valores, los sistemas de pagos, los proveedores de precios para valoración y cualquier otro proveedor de infraestructura indispensable para el cumplimiento de la labor de custodia, deben ajustar sus procedimientos, mecanismos, sistemas, y todo aquello que se considere necesario, con el fin de facilitar y permitir al custodio interconectarse o acceder a la información que se requiera para el desarrollo de sus funciones, atendiendo en todo caso el cumplimiento de las normas y reglamentación aplicable a las funciones de cada proveedor de infraestructura.

Los proveedores de infraestructura del mercado de valores deben realizar pruebas o ejercicios sobre la capacidad de sus sistemas para el cumplimiento de operaciones sobre los valores objeto de custodia, que permitan prever la interacción adecuada, segura y oportuna con las entidades que pretendan ser autorizadas para desarrollar esta actividad. Para tal efecto, deben establecer aspectos tales como: los procedimientos, metodologías, horarios, datos de prueba, mecanismos para el intercambio de información y sistemas, o entornos de prueba que permitan simular razonablemente la operatividad de sus sistemas con la participación de los custodios.

Las pruebas deben ser integrales y permitir el adecuado flujo de información entre los proveedores de infraestructura que participan en la cadena de valor y los custodios, para dar seguridad sobre el funcionamiento de los servicios obligatorios, complementarios y especiales, así como el proceso de compensación y liquidación de operaciones en el mercado.

Para tal efecto, los proveedores de infraestructura definirán el ambiente de prueba que permita, de manera continua, la simulación de una operación desde que se ingresa e inicia la ejecución de una orden o registro de operaciones en el respectivo sistema, hasta la culminación de la operación.

Se debe dejar constancia o registro de la ejecución, desempeño y cumplimiento de las pruebas que se hayan surtido, antes del inicio de la prestación de los servicios para custodios.

Numeral 11

Sistema de Control Interno

Los órganos de control del custodio de valores responsables de adelantar las labores de verificación y seguimiento a las actividades de la entidad, dentro de las cuales se encuentra la de custodia de valores, deben garantizar el cumplimiento de las instrucciones del Capítulo IV del Título I de la Parte I de la CBJ.

Numeral 12

Otras disposiciones

Las actividades que desarrolle el custodio en virtud del servicio obligatorio establecido en el numeral 2 del artículo 2.37.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 deben entenderse como parte del proceso de compensación y liquidación de las operaciones sobre los valores objeto de custodia. Los desembolsos derivados de las operaciones sobre valores objeto de custodia que se realicen a través de sistemas de compensación y liquidación administrados por entidades autorizadas por la SFC para tal fin, están sujetos al régimen aplicable a la actividad de compensación y liquidación de operaciones sobre valores prevista en la normativa vigente.

El organismo de autorregulación de valores al cual pertenezca el custodiado debe velar porque éste, no obstante, suscriba un contrato de custodia con un custodio, cumpla con los deberes y responsabilidades en calidad de intermediario de valores, según corresponda. Para dichos efectos, el organismo de autorregulación de valores tiene como insumo para su labor toda la información y reportes efectuados por parte del custodio, de acuerdo con lo establecido en el presente Capítulo.

Numeral 13

Clasificación de las actividades de custodia de valores

Para efectos del registro de las actividades de custodia en el Módulo de Registro de Negocios, así como el reporte y transmisión de información con fines de supervisión a esta Superintendencia, las actividades de custodia de valores se clasifican en las siguientes categorías:

Numeral 13.1

Custodia de valores que integran los portafolios de FIC

Es la actividad en la cual el custodio ejerce el cuidado y la vigilancia de los valores y recursos en dinero de FIC para el cumplimiento de operaciones sobre dichos valores, en desarrollo de la obligación establecida en el artículo 3.1.3.3.1 de Decreto 2555 de 2010.

En ejercicio de esta actividad, el custodio de valores debe prestar los servicios obligatorios establecidos en el artículo 2.37.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, incluyendo la verificación de cumplimiento establecida en el parágrafo del citado artículo.

Numeral 13.2

Custodia de valores que integran los portafolios de otros vehículos de inversión y/o negocios de administración de activos de terceros

Es la actividad en la cual el custodio de valores ejerce el cuidado y la vigilancia de los valores y recursos en dinero de vehículos de inversión y/o negocios de administración de activos de terceros, diferentes a FIC, para el cumplimiento de operaciones sobre dichos valores.

En línea con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 3.1.1.6.1 del Decreto 2555 de 2010, los derechos de participación de los FIC abiertos pueden ser objeto de la actividad de custodia. Para el efecto, los custodios deben cumplir con las obligaciones de custodia de valores previstas en el Libro 37 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y el presente Capítulo, en lo que resulte aplicable respecto de la naturaleza de dichas participaciones.

Numeral 13.3

Custodia de valores de inversión de capitales del exterior de portafolio

Es la actividad en la cual el custodio ejerce el cuidado y la vigilancia de los valores propiedad de inversionistas de capitales del exterior de portafolio, con la posibilidad de pactar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 2.17.2.2.2.3 del Decreto 1068 de 2015, así como las demás normas que modifiquen o adicionen.

Numeral 13.4

Custodia de valores de inversión de capitales del exterior directa

Es la actividad en la cual el custodio ejerce el cuidado y la vigilancia de los valores inscritos en el RNVE que constituyan inversión extranjera directa de acuerdo con el régimen general de inversión de capitales del exterior en Colombia prevista en el Decreto 1068 de 2015.

Numeral 13.5

Custodia de valores que integran los portafolios de fondos voluntarios de pensión

Es la actividad en la cual el custodio ejerce el cuidado y la vigilancia de los valores y recursos en dinero de los portafolios de los fondos voluntarios de pensión para el cumplimiento de operaciones sobre dichos valores, en desarrollo de la obligación establecida en el artículo 2.42.1.3.6. del Decreto 2555 de 2010.

En ejercicio de esta actividad, el custodio de valores debe prestar los servicios obligatorios establecidos en el artículo 2.37.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, incluyendo la verificación de cumplimiento establecida en el parágrafo del citado artículo.

CAPÍTULO VIIOrganismos de autorregulación del mercado de valores

Numeral 1

Ámbito de aplicación

El presente capítulo es vinculante para los organismos de autorregulación del mercado de valores a los que hace referencia el Capítulo II del Título IV de la Ley 964 de 2005.

Numeral 2

Planeación e informes de los organismos de autorregulación

Los organismos de autorregulación deben planificar sus actividades y reportar el avance de dicha planeación en los términos descritos a continuación.

Numeral 2.1

Plan Anual de Actividades

Los organismos de autorregulación deben remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) un Plan Anual de Actividades para el año calendario en curso, que relacione las actividades de supervisión y regulación que ejecutarán durante dicho periodo.

El Plan Anual de Actividades y cualquier modificación al mismo, debe ser presentado por el representante legal y aprobado por el consejo directivo u órgano que haga sus veces. En caso de que se presente un cambio en el Plan Anual de Actividades, los organismos de autorregulación deben informar a la SFC los cambios efectuados dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del cambio correspondiente.

Numeral 2.1.1

Informe de Riesgos

El Plan Anual de Actividades debe estar fundamentado en un análisis de riesgos. Este debe detallar los riesgos generales y específicos que serán objeto de supervisión durante el año objeto de planeación. La identificación de los riesgos debe soportarse en el análisis de la coyuntura económica del momento, la experiencia en el ejercicio de las facultades de supervisión y disciplinaria del respectivo organismo autorregulador y en toda aquella información adicional que los órganos directivos estimen relevante para identificar los riesgos de manera integral.

Numeral 2.1.2

Plan Integral de Supervisión

Dentro del Plan Anual de Actividades se debe formular un plan integral que describa las actividades de supervisión que el organismo de autorregulación llevará a cabo durante el año en curso, el cual debe contener, como mínimo, lo siguiente:

Numeral 2.1.2.1

Resumen del plan estratégico del organismo autorregulador.

Numeral 2.1.2.2

Objetivos específicos de la supervisión.

Numeral 2.1.2.3

Riesgos objeto de mitigación y su correspondiente seguimiento.

Numeral 2.1.2.4

Herramientas y recursos que serán utilizados para la ejecución del Plan Integral de Supervisión.

Numeral 2.1.2.5

Detalle de las actividades de inspección in situ y extra situ planificadas, el cual debe contener el objeto, alcance y fecha de realización de las mismas.

Numeral 2.1.3

Actividades de Regulación

Dentro del Plan Anual de Actividades se deben detallar las materias que serán objeto de regulación durante el año en curso, el cual se deben detallar como mínimo lo siguiente:

Numeral 2.1.3.1

Resumen de los proyectos regulatorios que se llevarán a cabo.

Numeral 2.1.3.2

Motivación y contexto de los proyectos regulatorios.

Numeral 2.1.3.3

Problemas a resolver y objetivos de los proyectos regulatorios.

Numeral 2.1.3.4

Cronograma de los proyectos regulatorios.

Numeral 2.2

Informe de Gestión Para Efectos de Supervisión

Durante el primer trimestre del año, los organismos de autorregulación deben remitir a la SFC un Informe de Gestión para Efectos de Supervisión, respecto de las actividades realizadas en el año calendario inmediatamente anterior.

El Informe de Gestión para Efectos de Supervisión y cualquier modificación al mismo, debe ser presentado por el representante legal y aprobado por el consejo directivo u órgano que haga sus veces, del organismo autorregulador. En caso de que se presente un cambio en el Informe de Gestión para Efectos de Supervisión, los organismos de autorregulación deben informar a la SFC los cambios efectuados dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del cambio correspondiente.

El Informe de Gestión para Efectos de Supervisión debe contener como mínimo:

Numeral 2.2.1

Resumen de la gestión de las funciones de regulación, supervisión, disciplinaria y de certificación.

Numeral 2.2.2

Indicadores de medición que permitan evaluar de forma clara y comprensiva las funciones de regulación, supervisión, disciplinaria y de certificación.

Numeral 2.2.3.

Evolución trimestral de los indicadores.

Numeral 2.2.4

Relación de los procesos judiciales en contra del organismo de autorregulación, o cualquiera de sus funcionarios, por razones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

Numeral 2.3

Revisión y coordinación

Una vez recibidos el Plan Anual de Actividades y el Informe de Gestión Para Fines de Supervisión, la SFC podrá requerir en cualquier momento modificaciones, precisiones, correcciones y complementos a dichos documentos. Igualmente, la SFC podrá instruir a los organismos de autorregulación para que modifiquen sus Planes Anuales de Actividades con el fin de que ejecuten sus funciones de regulación, supervisión, disciplinaria y de certificación de forma completa, adecuada y de acuerdo con la normatividad vigente.

Con el fin de hacer seguimiento al avance del Plan Anual de Actividades se establecerá un Comité de Seguimiento. Este Comité estará conformado por los representantes que el Superintendente Financiero de Colombia designe, y por los representantes del organismo de autorregulación correspondiente. En cualquier momento la SFC podrá comunicar a los organismos de autorregulación el cronograma de seguimiento, reglas de procedimiento, características de sus representantes y cualquier otro elemento que considere relevante para el funcionamiento del Comité de Seguimiento. Los representantes del organismo de autorregulación en el Comité de Seguimiento del Plan Anual de Trabajo deben tener un nivel directivo.

Numeral 2.4

Requerimientos de información

Sin perjuicio de la remisión de los planes e informes detallados en este Capítulo, los organismos de autorregulación deben suministrar la información que la SFC requiera en cualquier momento, en ejercicio de las facultades de supervisión.

CAPÍTULO VIIIProtocolo de crisis o contingencia del mercado de valores

Numeral 1

Ámbito de aplicación

Las instrucciones impartidas en este Capítulo son de obligatorio cumplimiento para las bolsas de valores, los administradores de sistemas de compensación y liquidación de valores, contratos de futuros, opciones y otros, los administradores de depósitos centralizados de valores, las cámaras de riesgo central de contraparte, los administradores de sistemas de negociación de valores y de registro de operaciones, proveedores de precios y los demás sistemas o mecanismos por medio de los cuales se facilite la negociación o registro de valores, contratos de futuros, opciones y demás instrumentos financieros.

Numeral 2

Obligaciones

Numeral 2.1

De los Proveedores de Infraestructura

De conformidad con el artículo 2.35.5.1.1. del Decreto 2555 de 2010, o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, los proveedores de infraestructura del mercado de valores señalados en el numeral 1 de este Capítulo deben diseñar, estructurar e implementar un protocolo de crisis o contingencia para el mercado de valores (en adelante, el Protocolo), en el cual se prevea el mecanismo a seguir para afrontar situaciones que impidan o pongan en riesgo el correcto funcionamiento del mercado de valores, así como estrategias de recuperación y de contingencia.

Numeral 2.2

De las Entidades Vigiladas

Las entidades vigiladas que participen en una parte de la cadena de valor del mercado de valores, en calidad de intermediario del mercado de valores y/o en desarrollo de funciones relacionadas con los procesos de liquidación de valores y pago de las operaciones, están obligadas a participar del Protocolo en los términos que indique el órgano de gobierno del numeral 3, así como en las pruebas integrales y capacitaciones anuales coordinadas por dicho órgano.

Numeral 3

Gobierno

El Protocolo debe contar con un órgano de gobierno conformado por los proveedores de infraestructura señalados en el numeral 1 de este Capítulo, quienes son los encargados del diseño, activación y ejecución de las actividades que se establezcan en el Protocolo.

Adicionalmente, podrán participar otros actores del mercado que por su papel en la cadena de valor se consideren de alta relevancia, tales como los custodios de valores, entre otros. Lo anterior teniendo en cuenta las calidades que señale el Protocolo conforme al literal b del artículo 2.35.5.1.2. del Decreto 2555 de 2010, o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

Esta instancia debe contar con la participación, por lo menos, de un representante legal de cada entidad que componga este órgano de gobierno y tendrá las siguientes responsabilidades y facultades:

Numeral 3.1

Responsabilidades

Numeral 3.1.1

Diseñar, implementar y mantener actualizado el Protocolo.

Numeral 3.1.2

Aprobar las disposiciones del Protocolo.

Numeral 3.1.3

Implementar las actividades incorporadas en el Protocolo.

Numeral 3.1.4

Documentar el Protocolo, como mínimo con los documentos del numeral 6.1 de este Capítulo.

Numeral 3.1.5

Divulgar y ejecutar actividades de sensibilización respecto del Protocolo a los participantes del mercado, con el fin de especificar los roles de cada uno en la cadena de valor, así como los procedimientos y etapas del mismo.

Numeral 3.1.6

Activar canales de comunicación necesarios para informar o consultar acciones propias del Protocolo a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Numeral 3.1.7

Atender a la SFC respecto de todos los asuntos que se deriven del Protocolo.

Numeral 3.1.8

Decidir sobre la activación del Protocolo y las diferentes etapas a ejecutar.

Numeral 3.1.9

Identificar las posibles acciones o mecanismos para responder ante un evento de crisis o contingencia, identificando y sugiriendo aquellas que pueden ser implementadas por las autoridades con el fin de controlar la crisis o la contingencia.

Numeral 3.1.10

Diseñar y ejecutar pruebas integrales del Protocolo conforme a lo señalado en el numeral 5 de este Capítulo.

Numeral 3.1.11

Definir los planes de acción para subsanar las debilidades evidenciadas luego de la ejecución de las pruebas.

Numeral 3.1.12

Atender oportunamente las necesidades que surjan como consecuencia del evento de crisis.

Numeral 3.1.13

Coordinar la gestión de bienes y servicios necesarios para atender eventos de contingencia.

Numeral 3.1.14

Coordinar las actividades relacionadas con el proceso de post crisis.

Numeral 3.1.15

Promover la mejora continua del Protocolo.

Numeral 3.1.16

Establecer los mecanismos para comunicar al mercado de valores y al público en general, el Protocolo, las actividades relacionadas con el mismo y demás información que se considere pertinente.

Numeral 3.2

Facultades

Numeral 3.2.1

Determinar criterios para decretar las crisis o contingencias del mercado de valores.

Numeral 3.2.2

Designar los grupos de trabajo necesarios para diseñar e implementar el Protocolo.

Numeral 3.2.3

Diseñar planes de gestión de crisis o contingencia.

Numeral 3.2.4

Convocar a reuniones a los equipos de trabajo para aprobar los cambios a los planes de gestión de crisis

Numeral 3.2.5

Definir las estrategias de continuidad.

Numeral 3.2.6

Definir las estrategias de retorno a la operación normal.

Numeral 3.2.7

Decretar eventos de crisis o contingencia en el mercado de valores, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Protocolo.

Numeral 3.2.8

Establecer los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios, así como los responsables de cada uno de los participantes con relación al Protocolo.

Numeral 3.2.9

Establecer los planes de capacitación de los diferentes actores.

Numeral 3.2.10

Divulgar periódicamente los cambios y modificaciones realizados al Protocolo.

Numeral 4

Diseño, estructuración e implementación

Numeral 4.1

Diseño: con el fin de crear el referido Protocolo, los proveedores de infraestructura junto con los demás actores del mercado de valores que consideren necesarios, deben efectuar acuerdos conjuntos de industria que faciliten la implementación y mantenimiento del Protocolo.

Numeral 4.2

Estructuración: como mínimo el Protocolo deberá contener los lineamientos para determinar una crisis y/o activación de la contingencia de industria. Para ello deberá considerar graduaciones por el nivel de afectación del mercado.

Numeral 4.3

Implementación: el Protocolo debe ser incluido dentro de los reglamentos de los proveedores de infraestructura señalados en el numeral 1 del presente Capítulo conforme a lo señalado en el artículo 2.35.5.1.2. del Decreto 2555 de 2010, o las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Se deberán incorporar en el reglamento de funcionamiento de las infraestructuras los siguientes aspectos mínimos del Protocolo de crisis: i) Procedimiento de aprobación; ii) Estructura general; iii) Políticas y/o principios básicos; iv) El órgano de gobierno que administrará la estructuración, implementación, modificación o actualización; v) Facultades, derechos y obligaciones del órgano de gobierno y de las infraestructuras; vi) Derechos y obligaciones de los participantes del mercado, según su rol; vii) Políticas y reglas de divulgación de información y de las decisiones del órgano de gobierno; viii) Régimen de transición para la entrada en vigencia del Protocolo; y ix) Los demás aspectos que el órgano de gobierno y la Superintendencia consideren necesario incluir.

En todo caso, la estructura completa y detallada del Protocolo, en donde se establezcan los mecanismos de activación, escenarios de crisis, análisis de riesgos de los mercados, mapas de interrelación de procesos, etc., debe preverse a través de las circulares, instructivos o manuales operativos de los proveedores de infraestructura.

Cualquier modificación o alteración del Protocolo debe ser presentada para autorización previa por parte de la SFC.

Numeral 5

Pruebas integrales

Los proveedores de infraestructura señalados en el numeral 1 de este Capítulo deben diseñar y ejecutar pruebas integrales del Protocolo, a efectos de asegurar su efectividad. Cada año se debe simular, al menos, un proceso crítico, de inicio a fin, en ambiente de contingencia con el propósito de confirmar la preparación de las entidades para operar en una situación contingente. Las pruebas se deben realizar en el orden dado por la prioridad de los procesos en el análisis de impacto y para la realización de ellas, se deben convocar a todos los participantes en dichos procesos.

Las condiciones de las pruebas (objetivo, alcance, proceso crítico que se probará, participantes, fecha y duración) deben ser informadas a la SFC, con al menos 30 días de anticipación a la realización de las mismas. Así mismo, dentro de los 15 días siguientes a la citada prueba se debe remitir al buzón de correo electrónico riesgooperativo@superfinanciera.gov.co el informe con los resultados obtenidos y los planes de acción a los que haya lugar.

Numeral 6

Documentación y publicación

Numeral 6.1

Documentación: el Protocolo debe contar con la documentación que permita identificar los diferentes actores, funciones, roles y responsabilidades de cada uno de ellos. Asimismo, debe contar con mecanismos de activación, escenarios de crisis, gobierno, análisis de riesgos de los mercados, mapas de interrelación de procesos, actividades a ejecutar al momento de activación del Protocolo, etc., así como los procedimientos de revisión y actualización que permitan mantener vigente el Protocolo en el tiempo.

En particular, el Protocolo se deberá actualizar con los cambios regulatorios, cambios tecnológicos, cambios en la estructura del mercado, nuevas operaciones, nuevos actores y tipos de actores.

Numeral 6.2

Medios de información y publicación: el Protocolo debe contener los mecanismos de comunicación que serán utilizados para informar la activación del mismo al mercado, al público en general y a las autoridades competentes.

Numeral 7

Mercado de divisas

Las disposiciones relacionadas con el Protocolo del que trata el presente Capítulo podrán ser extensivas al mercado de divisas de conformidad con lo que establezca el Banco de la República en su reglamentación.

CAPÍTULO IXEntidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor-EASPBV

Numeral 1

Autorización para ejercer la actividad de compensación y liquidación en sistemas de pago de bajo valor

De conformidad con lo definido en el artículo 2.17.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010, las Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor (EASPBV) son las únicas que pueden desarrollar la actividad de compensación y liquidación de los sistemas de pago de bajo valor (SPBV).

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.17.2.1.1 del referido Decreto, las normas aplicables a las EASPBV serán las previstas para las compañías de financiamiento, en lo pertinente.

Numeral 1.1

Autorización de los reglamentos de las EASPBV

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.17.2.1.12 del Decreto 2555 de 2010, el reglamento que adopten las EASPBV debe ser aprobado por la SFC. Dicha aprobación se encuentra sujeta al cumplimiento de los principios de los SPBV, los deberes y las obligaciones definidos en el citado Decreto. El reglamento debe ser publicado en la página web de cada entidad.

Las modificaciones relacionadas en los numerales 2, 4, 13, 18 y 19 del mencionado artículo, no requerirán aprobación de la SFC, pero deberán ser aprobadas por su Junta Directiva o quien haga sus veces, e informados a la SFC dentro de los 15 días siguientes a su aprobación.

Numeral 1.2

Régimen de inversión en EASPBV

Los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de capitalización y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos podrán poseer, conjuntamente, cualquier porcentaje de acciones en las EASPBV, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.17.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2

Registro de adquirentes no vigilados - RANV

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.17.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010, la SFC debe mantener un registro de las sociedades no vigiladas que desarrollen la actividad de adquirencia, el cual, para su funcionamiento y operación, atenderá las instrucciones contenidas en el presente capítulo.

Numeral 2.1

Objeto y alcance del RANV

En los términos del artículo 2.17.3.1.2. del Decreto 2555 de 2010, el objeto del RANV es permitir que se evalúe la solvencia de la sociedad no vigilada que desarrolla la actividad de adquirencia, de manera previa a que sea aceptada como participante del SPBV.

El RANV opera como un mecanismo habilitante para ejercer las actividades de adquirencia pero en ningún caso otorga a quienes lo conforman la calidad de entidad vigilada por la SFC, ni constituye un proceso de licenciamiento ante esta Entidad.

El procedimiento que adelanta la SFC para autorizar, negar y mantener la inscripción en el RANV se circunscribe a validar el cumplimiento de los requisitos de carácter general que establece el referido artículo 2.17.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010, e informar sus decisiones a las sociedades postulantes.

Numeral 2.2

Requisitos y efectos de la Inscripción

Para el trámite de inscripción en el RANV, las sociedades no vigiladas que desarrollan la actividad de adquirencia deberán cumplir con los requerimientos definidos en el artículo 2.17.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

La inscripción en el RANV no exime a la sociedad no vigilada que desarrolla la actividad de adquirencia del cumplimiento de los requisitos definidos en los reglamentos de los SPBV para su acceso como participante.

Las EASPBV no podrán requerir a la sociedad no vigilada que desarrolla la actividad de adquirencia el cumplimiento de requisitos de capital, solvencia o mecanismos de separación de fondos provenientes de órdenes de pago o transferencias de fondos, distintos a los previstos en el artículo 2.17.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.3

Procedimiento de inscripción

Numeral 2.3.1

Reglas relativas a la solicitud

La solicitud de inscripción de una sociedad no vigilada que desarrolle la actividad de adquirencia se debe presentar mediante el aplicativo de “Registro de Adquirentes no Vigilados” y conforme a la Lista de Chequeo “Registro de Adquirentes No vigilados” que se encuentre publicada en la página web www.superfinanciera.gov.co.

La respuesta a la solicitud de inscripción en el RANV atenderá los términos establecidos en el artículo 2.17.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.3.2

Negación de la solicitud de la inscripción

La inscripción en el RANV será negada por la SFC cuando la sociedad no vigilada que desarrolla la actividad de adquirencia no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 2.17.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y/o los establecidos en el presente Capítulo.

Numeral 2.4

Reglas particulares de operación del RANV

Numeral 2.4.1

Remisión periódica de información

Un mes antes del cumplimiento de año de operación, contados a partir de la fecha de comunicación de la inscripción en el RANV, la sociedad no vigilada que desarrolle la actividad de adquirencia, deberá remitir a la SFC los documentos definidos en la Lista de Chequeo que publique la SFC en su página web para acreditar el cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.17.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010. En el evento en que la entidad incumpla dicho término, la SFC podrá cancelar la inscripción en el RANV.

Para el primer año de operación, los inscritos en el RANV que vayan a renovar su inscripción deberán remitir la información a la SFC un mes antes del cumplimiento de este primer año, contado a partir de la fecha de comunicación de la inscripción. En este evento, y por esa única vez, se evaluará el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 2.17.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010 con la información de los 11 meses de operación, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. Para los años subsiguientes, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 2.17.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010 durante el año de operación inmediatamente anterior.

La renovación del registro será informada por parte de esta Superintendencia a más tardar dentro de los 20 días siguientes a la recepción de los documentos a los que hace referencia el presente numeral.

Numeral 2.4.2

Cancelación de la inscripción

La SFC podrá verificar, en cualquier momento, el cumplimiento de los requisitos definidos para el RANV. Así mismo, podrá cancelar la inscripción de la sociedad no vigilada que desarrolla la actividad de adquirencia cuando:

i) Deje de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.17.3.1.2. del Decreto 2555 de 2010,

ii) No remita la información completa a que se refiere el subnumeral 2.4.1 dentro de los plazos establecidos,

iii) No atienda algún requerimiento de información efectuado por esta Superintendencia o,

iv) El representante legal de la sociedad no vigilada que desarrolla la actividad de adquirencia solicite la cancelación voluntaria del RANV.

En caso de que la inscripción en el registro sea cancelada, la sociedad no vigilada que desarrolla la actividad de adquirencia queda inhabilitada. En consecuencia, debe proceder inmediatamente a trasladar los fondos recibidos de la liquidación de órdenes de pago o transferencias de fondos a sus usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del SPBV del cual sea participante e informar a la SFC, dentro de los 3 días hábiles siguientes, sobre el mecanismo definido para el efecto.

Numeral 2.4.3

Publicidad del RANV y su contenido

La SFC informará sobre la inscripción de una sociedad no vigilada que desarrolla la actividad de adquirencia en el RANV, así como la cancelación del mismo, mediante comunicación dirigida a esta y al público en general, a través de la página web de la SFC.

La SFC publicará la lista de sociedades inscritas en el RANV, con su número de identificación tributaria y la fecha de inclusión en el mismo. Igualmente, se indicará el estado del registro (activo o cancelado) y se indicará que el mismo opera como un mecanismo habilitante para ejercer las actividades de adquirencia, pero en ningún caso otorga a quienes lo conforman la calidad de entidad vigilada por la SFC.

Numeral 3

Obligaciones de transparencia de los adquirentes y entidades receptoras

Los adquirentes y entidades receptoras, en relación con los plazos de acreditación de los fondos a sus usuarios, deben incluir en el texto de los contratos con caracteres destacados, la información relativa a:

Numeral 3.1

El mecanismo para mantener separados los fondos de los usuarios de los propios.

Numeral 3.2

El número de días en que se acreditarán los fondos, contados desde la realización de la operación en el SPBV.

Numeral 3.3

El valor mínimo requerido para el traslado y acreditación de los fondos, si existe.

Numeral 3.4

Las condiciones y mecanismos requeridas para la acreditación de los fondos.

Esta misma información debe mantenerse actualizada en la página web de la entidad y cualquier modificación a la misma debe ser informada a sus usuarios a través de los mecanismos habitualmente utilizados para la comunicación con éstos, dentro de los 10 días calendario siguientes a su aprobación.

Numeral 4

Juntas directivas de las EASPBV

Para la conformación de las juntas directivas, las EASPBV no podrán designar como miembros dependientes empleados que hagan parte de las áreas de negocio relacionadas con pagos y la operación bancaria de las filiales, subsidiarias, controlantes o accionistas de la EASPBV, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.17.2.1.6. del Decreto 2555 de 2010. Para tal efecto, se entiende por áreas de negocio relacionadas con la operación bancaria aquellas que estén directamente vinculadas con el ejercicio de la actividad de intermediación financiera que desarrollan los establecimientos de crédito.

En todo caso, las EASPBV deben garantizar en la conformación de sus juntas directivas el cumplimiento de los principios consagrados en el artículo 2.17.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, tales como:

i) Propender por que los miembros designados sean personas que representen un adecuado balance de habilidades, diversidad y conocimientos, de acuerdo con las características de la entidad.

ii) Propender para que todos los miembros se mantengan informados de los asuntos de la entidad, asistan a todas las reuniones y asuman la misma responsabilidad frente a las decisiones adoptadas.

iii) Contar con políticas de revelación de información y procedimientos para la generación de informes y relacionamiento con sus participantes.

iv) Garantizar que la selección, aprobación, renovación y sustitución de sus miembros sea un proceso estratégico al interior de la EASPBV, y cuente con normas internas que establezcan los perfiles y calidades para ser miembro, los procesos de nominación y remoción, y esquemas de sustitución de liderazgo.

Numeral 5

Actividades conexas de las EASPBV

Las actividades conexas que desarrollen las EASPBV deben guardar relación directa con aquellas definidas en su objeto social exclusivo, consagrado en el parágrafo 1 del artículo 2.17.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010. Se consideran actividades conexas de las EASPBV aquellas que tienen como propósito mejorar, hacer más eficiente, agilizar, o fortalecer la seguridad de las siguientes actividades: i) compensación y liquidación, ii) provisión de servicios de pago por delegación de adquirentes o entidades emisoras, y iii) procesamiento de órdenes de pago o transferencia de fondos y suministro de tecnologías de corresponsales, puntos de recaudo y cajeros electrónicos.

Numeral 6

Estándares operativos, técnicos y de seguridad

Las EASPBV deben definir requerimientos operativos, técnicos y de seguridad proporcionales al rol y a los riesgos inherentes a la actividad que cada uno de sus participantes ejecuta dentro del SPBV. Dichos requerimientos deben estar alineados con estándares internacionales y promover el cumplimiento de los principios definidos en el artículo 2.17.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010. Las EASPBV deben realizar, de manera previa, un análisis técnico que justifique y soporte los criterios empleados para la definición de tales requerimientos.

CAPÍTULO XPrincipios aplicables a las infraestructuras de los mercados financieros

Numeral 1

Definiciones

Numeral 1.1

Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés): organización internacional que fomenta la cooperación monetaria y financiera internacional, actúa como banco para los bancos centrales, y ejerce como : i) foro para fomentar el debate y facilitar la toma de decisiones tanto entre bancos centrales como en el seno de la comunidad financiera y supervisora internacional, ii) centro de investigación económica y monetaria, iii) entidad de contrapartida principal para las operaciones financieras de los bancos centrales, y iv) agente depositario de garantías o fideicomisario en operaciones financieras internacionales.

Numeral 1.2

Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado (CPMI por sus siglas en inglés): comité con secretaría del BIS cuyas principales funciones son promover la estabilidad financiera y establecer estándares regulatorios y de supervisión en materia de pagos e infraestructuras de los mercados financieros.

Numeral 1.3

Principios aplicables a las Infraestructuras de los Mercados Financieros (PFMI por sus siglas en inglés): principios establecidos de manera conjunta por el CPMI y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés), reconocidos por la comunidad internacional para orientar el desarrollo de las actividades de las infraestructuras de los mercados financieros y promover la estabilidad financiera.

Numeral 2

Ámbito de aplicación

Las instrucciones contenidas en este Capítulo son de obligatorio cumplimiento para las bolsas de valores, los administradores de sistemas de compensación y liquidación de valores, contratos de futuros, opciones y otros, los administradores de depósitos centralizados de valores, las cámaras de riesgo central de contraparte, los administradores de sistemas de negociación de valores y de registro de operaciones, proveedores de precios y los demás sistemas o mecanismos por medio de los cuales se facilite la negociación o registro de valores, contratos de futuros, opciones y demás instrumentos financieros, en lo que resulten aplicables.

Las disposiciones del presente Capítulo podrán ser extensivas al mercado de divisas, de conformidad con lo que establezca el Banco de la República.

Numeral 3

Principios aplicables a las infraestructuras de los mercados financieros

La regulación aplicable en Colombia a los proveedores de infraestructura señalados en el numeral 2 del presente Capítulo, prevista en la Ley 964 de 2005 y en el Decreto 2555 de 2010, incorpora la aplicación de principios y estándares internacionales. En tal sentido, las referidas entidades deben cumplir los PFMI que les resulten aplicables en consideración a su objeto social y las actividades que desarrollen, y surtir los procesos de revisión y autoevaluación sobre el nivel de cumplimiento de los referidos principios. En caso de ser procedente deben determinar los planes de acción a seguir. Dichas autoevaluaciones deben realizarse al menos cada 3 años y publicarse en la página web de cada entidad.