Artículo 11
La Lei es obligatoria i surte sus efectos desde el dia en que ella misma se designa, i en todo caso despues de su promulgación.
Ley 84 de 1873 · 14 artículos
La Lei es obligatoria i surte sus efectos desde el dia en que ella misma se designa, i en todo caso despues de su promulgación.
La promulgación de la lei se hará insertándola en el "Diario Oficial," i enviándola en esta forma a los estados i a los Territorios.
En la capital de la Union se entenderá promulgada el dia mismo de la inserción de la lei en el periódico oficial: i los Estados i en los Territorios, tres dias en la capital i quince en los distritos i poblaciones de que se compongan, despues del recibo de dicho periódico por el Presidente o Gobernador del Estado, o por el Prefecto del Territorio respectivo; a cuyo efecto estos funcionarios harán llevar por su Secretario un Registro especial en que se anote el dia del recibo de cada número del "Diario Oficial," dando aviso de ello por el inmediato correo a la Secretaría de lo Interior i Relaciones Esteriores.
La Lei no tiene efecto retroactivo. No hay otra excepción a esta regla que la que admite el Art. 24 de la Constitución nacional, para el caso de que la lei posterior, en materia criminal, imponga menor pena.
Las Leyes que se limitan a declarar el sentido de otras Leyes, se entenderán incorporadas en estas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio.
Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes. con tal que solo miren al interés individual del renunciante, i que no esté prohibida la renuncia.
No podrán derogarse por convenios particulares las Leyes en cuya observancia están interesados el órden i las buenas costumbres.
Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por via de disposición jeneral o reglamentaria.
La Lei es obligatoria tanto a los nacionales como a los estranjeros residentes en Colombia.
Los colombianos residentes o domiciliados en pais estranjero, permanecerán sujetos a las disposiciones de este Código i demas Leyes nacionales que reglan los derechos i obligaciones civiles:
1.º En lo relativo al estado de las personas i su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los Territorios administrados por el Gobierno jeneral, o en asuntos de la competencia de la Unión;
2.º En las obligaciones i derechos que nacen de las relaciones de familia ; pero solo respecto de sus cónyuges i parientes en los casos indicados en el inciso anterior.
Los bienes situados en los Territorios, i aquellos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interes o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de este Código, aun cuando sus dueños sean extranjeros i residan fuera de Colombia.
Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados válidamente en pais extraño.
Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún Territorio, o en los casos que afecten a los derechos e intereses de la Nacion, se arreglarán a este Código i demás Leyes civiles de la Unión.
La forma de los instrumentos públicos se determina por la lei del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará segun las reglas establecidas en el Código Judicial de la Unión.
La forma se refiere a las solemnidades esternas, a la autenticidad, al hecho de haber sido realmente otorgados i autorizados por las personas i de la manera que en tales instrumentos se esprese.
En los casos en que los Códigos o las Leyes de la Unión exijiesen instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse i producir efecto en asuntos de la competencia de la Unión, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de estas en el pais en que hubieren sido otorgadas.
El estado civil adquirido conforme a la lei vijente a la fecha de su constitución, subsistirá aunque esa lei pierda despues su fuerza.
Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el Imperio de la Lei de algún Estado, podrán probarse por los medios que dicha Lei estable para la justificación de ellos; pero la forma en que deba rendirse la prueba, estará subordinada a lo que disponga el Código Judicial de la Unión; i la fuerza obligatoria de dichos actos i contratos, su validez i la prelación de los derechos que ellos confieran en los casos de sucesión o de concurso de acreedores en que sea interesada la Unión, o en los que concurran en los Territorios, se resolverán aplicándose las Leyes sustantivas de esta.