Artículo 73
Las personas son naturales o jurídicas.
De la personalidad jurídica i de las reglas especiales relativas a ella se trata en el título final de este libro.
Ley 84 de 1873 · 576 artículos
Las personas son naturales o jurídicas.
De la personalidad jurídica i de las reglas especiales relativas a ella se trata en el título final de este libro.
Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.
Las personas se dividen, ademas, en domiciliadas i transeuntes.
El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella.
El domicilio civil es relativo a una parte determinada de un lugar de la Unión o de un Territorio.
El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad.
No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algun tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comision temporal, o la del que se ocupa en algun tráfico ambulante.
Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer i avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; i por otras circunstancias análogas.
El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia i el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior.
Así, confinado por decreto judicial a un paraje determinado, o desterrado de la misma manera fuera del territorio nacional, retendrá el domicilio anterior mientras conserve en él su familia i el principal asiento de sus negocios.
Presúmese tambien el domicilio, de la manifestación que se haga ante el respectivo Prefecto o Correjidor, del ánimo de avecindarse en un determinado distrito.
Cuando ocurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relacion especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo.
La mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieren domicilio civil en otra parte.
Se podrá en un contrato establecer, de comun acuerdo, un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato.
El domicilio de los establecimientos, corporaciones i asociaciones reconocidas por la lei, es el lugar donde está situada su administracion o direccion, salvo lo que dispusieren sus estatutos o Leyes especiales.
La mujer casada sigue el domicilio del marido.
El que vive bajo patria potestad sigue el domicilio paterno, i el que se halla bajo tutela o curaduría, el de su tutor o curador.
El domicilio de una persona será también el de sus criados i dependientes que residan en la misma casa que ella; sin perjuicio de lo dispuesto en los dos Art.s precedentes.
La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre.
La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamas.
La Lei protege la vida del que está por nacer. El Juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona, o de oficio, las providencias que le parezcan convenientes para protejer la existencia del no nacido, siempre que crea que de algun modo peligra.
De la época del nacimiento se colije la de la concepción, según la regla siguiente :
Se presume de derecho que la concepcion ha precedido al nacimiento al ménos que ciento ochenta dias cabales, i no mas que trescientos, contados hácia atras, desde la media noche en que principie el dia del nacimiento.
Los derechos que se deferirian a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido i viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. I si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron.
En el caso del inciso del artículo 90 pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no hubiese jamás existido.
La persona termina en la muerte natural.
Si por haber perecido dos o mas personas en un mismo acontecimiento, como en un naufrajio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera que no pudiere saberse el órden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento i ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras.
Cuando una persona desaparezca del lugar de su domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia, i la representarán i cuidarán de sus intereses, sus apoderados o representantes legales.
Si pasaren dos años sin haberse tenido noticias del ausente, se presumirá haber muerto éste, si ademas se llenan las condiciones siguientes:
1.ª La presuncion de muerte debe declararse por el Juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en el territorio de la Nación, justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles dilijencias para averiguarlo, i que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido, a lo menos, dos años;
2.ª La declaratoria de que habla el artículo. anterior no podrá hacerse sin que preceda la citación del desaparecido, por medio de edictos, publicados en el periódico oficial de la Nación, tres veces por lo ménos, debiendo correr mas de cuatro meses entre cada dos citaciones;
3.ª La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que tenga interes en ella; pero no podrá hacerse sino despues que hayan trascurrido cuatro meses, a lo ménos, desde la última citación;
4.ª Será oído, para proceder a la declaración i en todos los trámites judiciales posteriores, el defensor que se nombrará al ausente desde que se provoque tal declaracion; i el Juez, a petición del defensor, o de cualquiera persona que tenga interes en ello, o de oficio, podrá exigir, ademas de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las otras que segun las circunstancias convengan;
5.ª Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se publicarán en el periódico oficial;
6.ª El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias; i trascurridos dos años más desde la misma fecha, concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido;
7.ª Con todo, si despues que una persona recibió una herida grave en la guerra, o naufragó la embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido mas de ella, i han transcurrido desde entónces cuatro años i practicándose la justificación i citaciones prevenidas en los números precedentes, fijará el Juez como dia presuntivo de la muerte el de la accion de guerra, naufrajio o peligro; o no siendo determinado ese dia, adoptará un término medio entre el principio i el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso; i concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido.
El juez concederá la posesion definitiva en lugar de la provisoria, si cumplidos dos años desde el dia presuntivo de la muerte, se probare que han transcurrido setenta desde el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo concederla transcurridos que sean quince años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese, a la espiración de este término, la edad del desaparecido, si viviese.
En virtud del decreto de posesion provisoria, quedará disuelta la sociedad conyugal, si la hubiere, con el desaparecido; se procederá a la apertura i publicacion del testamento, si el desaparecido hubiere dejado alguno; i se dará la posesion provisoria a los herederos presuntivos
No presentándose herederos se procederá en conformidad a lo prevenido para igual caso en el Libro 3,º Título 7.º De la apertura de la sucesión.
Se entienden por herederos presuntivos del desaparecido los testamentarios o lejítimos que lo eran a la fecha de la muerte presunta.
El patrimonio en que se presume que suceden comprenderá los bienes, derechos i acciones del desaparecido, cuales eran a la fecha de la muerte presunta.
Los poseedores provisorios formarán ante todo un inventario solemne de los bienes, o se revisarán i rectificarán con la misma solemnidad el inventario que exista.
Los poseedores provisorios representarán a la sucesión en las acciones i defensas contra terceros.
Los poseedores provisorios podrán desde luego vender una parte de los muebles o todos ellos, si el Juez lo creyere conveniente, oido el defensor de ausentes.
Los bienes raíces del desaparecido, no podrán enajenarse ni hipotecarse antes de la posesión definitiva, sino por causa necesaria o de utilidad evidente, declarada por el Juez con conocimiento de causa, i con audiencia del defensor.
La venta de cualquiera parte de los bienes del desaparecido se hará en pública subasta.
Cada uno de los poseedores provisorios prestarán caución de conservación i restitución, i hará suyos los respectivos frutos e intereses.
Si pasados cuatro años después de decretada la posesión provisoria, no se hubiere presentado el desaparecido, o no se tuvieren noticias que motivaren la distribución de sus bienes segun las reglas jenerales, se decretará la posesión definitiva, i se cancelarán las cauciones.
Decretada la posesión definitiva, los propietarios i los fideicomisarios de bienes usufructuados o poseídos fiduciariamente por el desaparecido, los legatarios, i en jeneral todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición de muerte del desaparecido, podrán hacerlos valer como en el caso de verdadera muerte.
El que reclama un derecho para cuya existencia se suponga que el desaparecido ha muerto en la fecha de la muerte presunta, no estará obligado a probar que el desaparecido ha muerto verdaderamente en esa fecha; i mientras no se presente prueba en contrario, podrá usar de su derecho en los términos de los Art.s precedentes.
I, por el contrario, todo el que reclama un derecho para cuya existencia se requiera que el desaparecido haya muerto, ántes o despues de esa fecha, estará obligado a probarlo; i sin esa prueba no podrá impedir que el derecho reclamado pase a otros, ni exijirles responsabilidad alguna.
El decreto de posesion definitiva podrá rescindirse a favor del desaparecido si reapareciere, o de sus lejitimarios habidos durante el desaparecimiento, o de su cónyuge, por matrimonio contraído en la misma época.
En la rescisión del derecho de posesión definitiva se observarán las reglas que siguen:
1.ª El desaparecido podrá pedir la rescisión en cualquier tiempo que se presente, o que haga constar su existencia.
2.ª Las demas personas no podrán perdirla,sino dentro de los respectivos plazos de prescripcion contados desde la fecha de la verdadera muerte.
3.ª Este beneficio aprovechará solamente a las personas que por sentencia judicial lo obtuvieren.
4.ª En virtud de este beneficio se recobrarán los bienes en el estado en que se hallaren, subsistiendo las enajenaciones, las hipotecas i demas derechos reales, constituidos legalmente en ellos.
5.ª Para toda restitución serán considerados los demandados como poseedores de buena fe, a ménos de prueba contraria.
6.ª El haber sabido i ocultado la verdadera muerte del desaparecido, o su existencia, constituye mala fe.
Concepto. Los esponsales o desposorios, o sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado que las leyes someten enteramente al honor y ciencia del individuo, y que no produce obligación alguna ante la ley civil.
No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio, ni para demandar indemnización de perjuicios.
Improcedencia de multa por incumplimiento. Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los esposos se hubiere estipulado a favor del otro para el caso de no cumplirse lo prometido.
Pero si hubiere pagado la multa, no podrá pedirse su devolución.
Restitucion de Cosas Donadas. Lo dicho no se opone a que se demande la restitución de las cosas donadas y entregadas bajo la condición de un matrimonio que no se ha efectuado.
Definicion. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.
Matrimonio por Poder. Este contrato puede celebrarse por apoderado legalmente constituido.
Constitucion y Perfeccion del Matrimonio. El contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente, en la forma y con solemnidades y requisitos establecidos en este Código, y no producirá efectos civiles y políticos, si en su celebración se contraviniere a tales formas, solemnidades y requisitos.
Artículo 116. Capacidad para contraer matrimonio. Tendrán capacidad para contraer matrimonio sólo los mayores de 18 años.
Permiso para el matrimonio de menores. Los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos hubiere muerto, o se hallare impedido para conceder este permiso, bastará el consentimiento del otro; y estando discordes, prevalecerán todo caso la voluntad del padre.
Falta de los Padres. Se entenderá faltar el padre o la madre y otro ascendiente, no sólo por haber fallecido, sino por estar demente o fatuo; o por hallarse ausente del territorio nacional, y no esperarse su pronto regreso; o por ignorarse el lugar de su residencia.
Privacion de la Patria Potestad. Se entenderá faltar asimismo el padre que ha sido privado de la patria potestad, y la madre que por su mala conducta ha sido inhabilitada para intervenir en la educación de sus hijos.
Consentimiento del Curador. A falta de dichos padre, madre o ascendientes será necesario al que no haya cumplido la edad, el consentimiento de su curador general, o en su defecto, el de un curador especial.
Explicacion de la negativa de consentimiento. De las personas a quienes según este Código debe pedirse permiso para contraer matrimonio, sólo el curador que niega su consentimiento está obligado a expresar la causa.
Razones de la negativa del curador. Las razones que justifican el disenso del curador no podrán ser otras que estas:
1ª) La existencia de cualquier impedimento legal.
2ª) El no haberse practicado alguna de las diligencias prescritas en el título 8º. de las segundas nupcias, en su caso.
3ª) Grave peligro para la salud del menor a quien se niega la licencia, o de la prole.
4ª) Vida licenciosa, pasión inmoderada al juego, embriaguez habitual de la persona con quien el menor desea casarse.
5ª) Estar sufriendo esa persona la pena de reclusión.
6ª) No tener ninguno de los esposos, medios actuales para el competente desempeño de las obligaciones del matrimonio.
Ausencia de Consentimiento. No podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el asenso de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario, según los artículos precedentes, o sin que conste que el respectivo contrayente puede casarse libremente.
Desheredamiento por Matrimonio sin Consentimiento. El que no habiendo cumplido la edad, se casare sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo, podrá ser desheredado no sólo por aquel o aquellos cuyo consentimiento le fue necesario, sino por todos los otros ascendientes. Si alguno de estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad de la porción de bienes que le hubiere correspondido en la sucesión del difunto.
Revocacion de Donaciones por Matrimonio sin Consentimiento. El ascendiente, sin cuyo necesario consentimiento se hubiere casado el descendiente, podrá revocar por esta causa las donaciones que antes del matrimonio le haya hecho.
El matrimonio contraído sin el necesario consentimiento de la persona de quien hay obligación de obtenerlo, no priva del derecho de alimentos.
Lugar de Celebracion y Testigos. El matrimonio se celebrará ante el juez del distrito de la vecindad de la mujer con la presencia y autorización de dos testigos hábiles, previamente juramentados.
Testigos inhábiles. No podrán ser testigos para presenciar y autorizar un matrimonio:
1°) Las mujeres.
2°) Los menores de dieciocho años.
3°) Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia.
4°) Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón.
5°) Los ciegos.
6°) Los sordos.
7°) Los mudos.
8°) Los condenados a la pena de reclusión por más de cuatro años, y en general los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos.
9°) Los extranjeros no domiciliados en la república.
10) Las personas que no entiendan el idioma de los contrayentes.
Solicitud ante Juez. Los que quieran contraer matrimonio ocurrirán al juez competente verbalmente o por escrito, manifestando su propósito. En este acto o en el memorial respectivo expresarán los nombres de sus padres o curadores, según el caso, y los de los testigos que deban declarar sobre las cualidades necesarias en los contrayentes para poderse unir en matrimonio, debiendo en todo caso dar a conocer el lugar de la vecindad de todas aquellas personas.
Actuaciones del juez previas al matrimonio. El juez procederá inmediatamente, de oficio, a practicar todas las diligencias necesarias para obtener el permiso de que trata el artículo 117 de este Código, si fuere el caso, y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes.
Interrogatorio de testigos y edicto. El juez interrogará a los testigos, con las formalidades legales, y los examinará sobre las cualidades requeridas en los contrayentes para unirse en matrimonio, a cuyo efecto les leerá el artículo 140 de este Código; los examinará también sobre los demás hechos que crea necesarios para ilustrar su juicio.
En vista de estas justificaciones hará fijar un edicto por quince días, en la puerta de su despacho, anunciando en él la solicitud que se le ha hecho, los nombres y apellidos de los contrayentes y el lugar de su nacimiento, para que dentro del término del edicto ocurra el que se crea con derecho a impedir el matrimonio, o para que se denuncien los impedimentos que existen entre los contrayentes, por el que tenga derecho a ello.
Contrayentes de distritos diferentes. Si los contrayentes son vecinos de distintos distritos parroquiales, o si alguno de ellos no tiene seis meses de residencia en el distrito en que se halla, el juez de la vecindad de la mujer requerirá al juez de la vecindad del varón para que fije el edicto de que habla el artículo anterior, y concluido el término, se le envíe con nota de haber permanecido fijado quince días seguidos. Hasta que esto no se haya verificado, no se procederá a practicar ninguna de las diligencias ulteriores.
Proceso por Oposicion al Matrimonio. Si hubiere oposición, y la causa de esta fuere capaz de impedir la celebración del matrimonio, el juez dispondrá que en el término siguiente, de ocho días, los interesados presenten las pruebas de la oposición; concluidos los cuales, señalará día para la celebración del juicio, y citadas las partes, se resolverá la oposición dentro de tres días después de haberse practicado esta diligencia.
Recursos Contra la Resolucion. Las resoluciones que se dicten en estos juicios son apelables para ante el inmediato superior, quien procederá en estos asuntos como en las demandas ordinarias de mayor cuantía; y de la sentencia que se pronuncie en segunda instancia no queda otro recurso que el de queja.
Fijacion de Fecha y Hora Practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130 y si no se hiciere oposición, o si haciéndose se declara infundada, se procederá a señalar día y hora para la celebración del matrimonio, que será dentro de los ocho días siguientes; esta resolución se hará saber inmediatamente a los interesados.
Celebracion del Matrimonio. El matrimonio se celebrará presentándose los contrayentes en el despacho del juez, ante este, su secretario y dos testigos. El juez explorará de los esposos si de su libre y espontánea voluntad se unen en matrimonio; les hará conocer la naturaleza del contrato y los deberes recíprocos que van a contraer, instruyéndolos al efecto en las disposiciones de los artículos 152, 153, 176 y siguientes de este Código. En seguida se extenderá un acta de todo lo ocurrido, que firmarán los contrayentes, los testigos, el juez y su secretario, con lo cual se declarará perfeccionado el matrimonio.
Inminente Peligro de Muerte. Cuando alguno de los contrayentes o ambos estuvieren en inminente peligro de muerte, y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130, podrá procederse a la celebración del matrimonio sin tales formalidades, siempre que los contrayentes justifiquen que no se hallan en ninguno de los casos del artículo 140. Pero si pasados cuarenta días no hubiere acontecido la muerte que se temía, el matrimonio no surtirá efectos, si no se revalida observándose las formalidades legales.
Contenido y Registro del Acta de Matrimonio. El acta contendrá, además, el lugar, días, mes y año de la celebración del matrimonio, los nombres y apellidos de los casados, los del juez, testigos y secretario. Registrada esta acta, se enviará inmediatamente al notario respectivo para que la protocolice y compulse una copia a los interesados. Por estos actos no se cobrarán derechos.
Consentimiento. El consentimiento de los esposos debe pronunciarse en voz perceptible, sin equivocación, y por las mismas partes, o manifestarse por señales que no dejen duda.
El matrimonio que se celebre por apoderado, será válido siempre que se exprese con toda claridad el nombre de los esposos, y no se revoque el poder antes de efectuarse el matrimonio. El notario por ante quien se extienda la revocación mencionará precisamente la hora en que tenga lugar el acto
Causales de nulidad. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes:
1°) Cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos.
2°) Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce años, y una mujer menor de doce o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad.
3°) Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento en los furiosos locos, mientras permanecieran en la locura y en los mentecatos a quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio.
4°) Cuando no se ha celebrado ante el juez y los testigos competentes.
5°) Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a alguno a obrar sin libertad; bien sea que la fuerza se cause por el que quiere contraer matrimonio o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad del matrimonio, si después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con palabras expresas, o por la sola cohabitación de los consortes.
6°) Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, por haber sido esta robada violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del poder del raptor.
7°) Cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en juicio, probado el adulterio
8°.) Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior.
9°) Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes y descendientes o son hermanos.
10) Cuando se ha contraído entre el padrastro y la entenada o el entenado y la madrastra.
11) Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva; o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante.
12) Cuando respecto del hombre o de la mujer, o de ambos estuviere subsistente el vínculo de un matrimonio anterior.
13) Cuando se celebra entre una mujer menor de veintiún años, aunque haya obtenido habilitación de edad, y el tutor o curador que haya administrado o administre los bienes de aquélla, siempre que la cuenta de la administración no haya sido aprobada por el juez,
14) Cuando se ha contraído entre los descendientes del tutor o curador de un menor y el respectivo pupilo o pupila; aunque el pupilo o pupila haya obtenido habilitación de edad
El matrimonio celebrado en contravención a lo dispuesto en este inciso o en el anterior, sujetará al tutor o curador que lo haya contraído o permitido, a la pérdida de toda remuneración que por su cargo le corresponda sin perjuicio de las otras penas que las leyes le impongan.
Saneamiento. No habrá lugar a las disposiciones de los incisos 13 y 14 del artículo anterior, si el matrimonio es autorizado por el ascendiente o ascendientes cuyo consentimiento fuere necesario para contraerlo.
Nulidad por error. La nulidad a que se contrae el número 1o del artículo 140 no podrá alegarse sino por el contrayente que haya padecido el error.
No habrá lugar a la nulidad del matrimonio por error, si el que lo ha padecido hubiere continuado en la cohabitación después de haber conocido el error.
Artículo 143. La nulidad a que se contrae el número 2° del mismo artículo 140, mientras uno o ambos contrayentes sea menor de 18 años, puede ser promovida por el padre o la madre, o por aquellos con asistencia de un curador para la litis; por el guardador del niño, niña o adolescente; o por el Defensor de Familia, el Ministerio Público o los Comisarios de Familia o cualquier persona como garantes de los derechos y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Una vez el niño, niña o adolescente alcance los 18 años, la acción de nulidad sólo la podrá ejercer este o el otro contrayente. En los casos en que haya violencia, podrá ser ejercida también por el Defensor de Familia, el Ministerio Público o los Comisarios de Familia.
La nulidad a la que se refiere este artículo podrá ser demandada en cualquier tiempo, sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondan.
Parágrafo. En todo caso el juez deberá establecer medidas que eliminen obstáculos para que los niños, niñas y adolescentes estén habilitados para promover directamente la nulidad, entre estas, la presentación verbal de la demanda, así como otras medidas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nulidad por ausencia de consentimiento. La nulidad a que se contraen los números 3o y 4o, no podrá alegarse sino por los contrayentes o por sus padres o guardadores.
Nulidad por ausencia de libertad en el Consentimiento. Las nulidades a que se contraen los números 5o y 6o no podrán declararse sino a petición de la persona a quien se hubiere inferido la fuerza, causado el miedo u obligado a consentir.
No habrá lugar a la nulidad por las causas expresadas en dichos incisos, si después de que los cónyuges quedaron en libertad, han vivido juntos por el espacio de tres meses, sin reclamar.
El Estado reconoce la competencia propia de las autoridades religiosas para decidir mediante sentencia u otra providencia, de acuerdo con sus cánones y reglas, las controversias relativas a la nulidad de los matrimonios celebrados por la respectiva religión.
Ejecucion de las decisiones de autoridades religiosas. Fuera de las causas enumeradas en el artículo 140, no hay otras que invaliden el contrato matrimonial: las demás faltas que en su celebración se cometan, sujetarán a los culpables a las penas que el Código Penal establezca
Efectos de la Nulidad. Anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes separados todos los derechos y obligaciones recíprocas que resultan del contrato del matrimonio; pero si hubo mala fe en alguno de los contrayentes, tendrá este obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado, estimados con juramento.
Efectos de la Nulidad Respecto de los Hijos. Los hijos procreados en una matrimonio que se declara nulo, son legítimos, quedan bajo la potestad del padre y serán alimentados y educados a expensas de él y de la madre, a cuyo efecto contribuirán con la porción determinada de sus bienes que designe el juez; pero si el matrimonio se anuló por culpa de uno de los cónyuges, serán de cargo de este los gastos de alimentos y educación de los hijos, si tuviere medios para ello, y de no, serán del que los tenga.
Efectos de la nulidad respecto a las donaciones. Las donaciones y promesas que, por causa de matrimonio, se hayan hecho por el otro cónyuge que casó de buena fe, subsistirán, no obstante la declaración de la nulidad del matrimonio.
Sentencia de Nulidad. En la sentencia misma en que se declare la nulidad de un matrimonio, se ordenará lo concerniente al enjuiciamiento y pronto castigo de los que resulten culpados, y se determinarán con toda precisión los derechos que correspondan al cónyuge inocente y a sus hijos, en los bienes del otro consorte, la cuota con que cada cónyuge debe contribuir para la educación y alimentos de los hijos, la restitución de los bienes traídos al matrimonio; y se decidirá sobre los demás incidentes que se hayan ventilado por las partes.
El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado.
Los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez de familia o promiscuo de familia.
En materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán los cánones y normas del correspondiente ordenamiento religioso.
El divorcio no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida común de los casados.
Parágrafo 2°. Causas del Divorcio.
Son causales de divorcio:
1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado.
2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.
3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.
4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.
5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.
6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.
7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.
8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.
9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia.
La demencia, la enfermedad contagiosa, i cualquiera otra desgracia semejante en alguno de los cónyuges no autoriza el divorcio, pero podrá el Juez, con conocimiento de causa, i a instancia del otro cónyuge, suspender breve i sumariamente, en cualquiera de dichos casos, la obligación de cohabitar, quedando sinembargo subsistentes las demás obligaciones conyugales para con el esposo desgraciado.
Artículo 156. Legitimación y oportunidad para presentar la demanda. El divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, con excepción de lo previsto en el presente artículo con respecto a la causal 10 del artículo 154. La demanda de divorcio podrá presentarse en cualquier tiempo, sin límites de caducidad.
Cuando se pretenda la obtención de reparaciones económicas o cualquier otro tipo de sanciones deberá presentarse la solicitud sobre reparaciones económicas o sanciones, dentro del término de dos (2) años, contados desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1a y 7a del artículo 154 o desde cuando sucedieron, respecto a las causales 2a, 3a, 4a y 5ª del artículo 154. En todo caso, la demanda de divorcio que no contenga fines económicos o de sanciones podrá presentarse en cualquier tiempo.
La causal 3ª del artículo 154 cuando fuere debidamente probada dará lugar a la reparación integral, incluyendo reparaciones económicas y simbólicas a favor de la persona víctima de violencia intrafamiliar que la alega. Estas reparaciones serán declaradas en la sentencia de divorcio, aun de oficio.
Respecto a la causal 10ª cualquiera de los cónyuges podrá presentar la demanda de divorcio en cualquier momento, la cual deberá ser acompañada de una propuesta de divorcio que contenga las medidas que hayan de regular los efectos derivados del mismo. El demandado solo podrá oponerse al contenido de la propuesta de divorcio, proponiendo una distinta.
Parágrafo 1°. La propuesta de divorcio contendrá, si es el caso; disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, la reparación integral, incluyendo reparaciones económicas y simbólicas, y sobre la liquidación de la sociedad conyugal.
Si hubiere hijos, la propuesta deberá contener la forma como contribuirán los padres a su crianza, educación y establecimiento, precisando la cuantía de la obligación alimentaria, conforme al artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia, indicando lugar y forma de su cumplimiento y demás aspectos que se estimen necesarios; custodia y cuidado personal de los menores y régimen de visitas y su periodicidad; primando siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
El juez deberá revisar de oficio la asignación de la obligación alimentaria propuesta por las partes en el caso de encontrarse involucrados menores de edad y la asignación de obligaciones alimentarias entre la partes, a fin de verificar si uno de los cónyuges carece de medios para la subsistencia. Asimismo; el juez deberá revisar de oficio y desde una perspectiva de género la existencia de otras causales de divorcio y ordenar todas las medidas para proteger al cónyuge que se encuentre en una situación de riesgo o en la posibilidad de sufrir un daño grave para su integridad personal, su vida o su propiedad.
En todo caso, el juez podrá proponer fórmulas de arreglo alternativas a las propuestas presentadas por las partes, siempre que se garanticen en los derechos de alimentos de los menores de edad y del cónyuge que carezca de medios de subsistencia.
Parágrafo 2°. Los contrayentes que suscriban capitulaciones matrimoniales podrán regular el tema de las indemnizaciones por terminación unilateral del matrimonio.
Al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere urjencia, se adoptarán provisionalmente por el Juez, i sólo mientras dure el juicio, las providencias siguientes
1.ª Separar los cónyuges en todo caso;
2.ª Depositar la mujer en casa de sus padres o de sus parientes más inmediatos, i por falta o excusa de éstos, en la que determine el juez;
3.ª Poner los hijos al cuidado de uno de los cónyuges, o de los dos, o de otra persona, observándose lo dispuesto en los artículos 160 i 161;
4.ª Señalar la cantidad con que el marido debe contribuir a la mujer para habilitación, alimentos suyos i de los hijos que quedan en su poder i para espensas de la litis, i;
5.ª Decretar, en caso de que la mujer esté embarazada, las precauciones necesarias, si el marido le solicitare, para evitar una suposición de parto, observándose lo dispuesto en el capítulo 2,º Título 10, Libro 1.ª de este Código.
Durante el juicio de separación, la administración de los bienes comunes a los cónyuges continuará a cargo del marido, con la obligación a que se contrae el inciso 4.º. del artículo anterior.
Podrá el Juez dictar, a petición de la mujer, las medidas provisorias que estime conducentes para que el marido, como administrador de los bienes de la mujer, no cause perjuicio a ésta.
La reconciliación pone término al juicio de divorcio, i deja sin efecto ulterior la ejecutoria dictada en él; pero los cónyuges deberán ponerla en conocimiento del Juez o Tribunal que conozca del negocio, o del Juez de la primera instancia, si el juicio estuviere fenecido.
PARÁGRAFO 3.º
Efectosdeldivorcio
Artículo 160. Efectos del divorcio. Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí, salvo que haya mediado renuncia voluntaria a los mismos.
Cuando el divorcio fuere solicitado bajo la causal 10, los efectos del divorcio le serán extensibles. A falta de acuerdo entre los cónyuges, el juez determinará las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la sentencia de divorcio, de acuerdo con el inciso primero de este artículo.
Si el divorcio se hubiere decretado por haberse comprobado alguna de las causas señaladas en los incisos 1.º i 4.º del artículo 154, todos los hijos mayores de tres años, sin distinción de sexo, pasarán a poder del cónyuge inocente, siendo de cargo de ambos consortes los gastos para sus alimentos i educación, que serán regulados por el Juez.
Los bienes de la mujer le serán restituidos i se le entregará su parte de gananciales, como en el caso de disolución del matrimonio, sin perjuicio de las excepciones que van a expresarse:
Si la mujer hubiere dado causa al divorcio por adulterio, perderá todo derecho a los gananciales, i el marido tendrá la administración i el usufructo de los bienes de ella, escepto aquellos que la mujer administre como cosa separada de bienes i los que adquiera a cualquier título despues del divorcio.
En este caso el, marido asegurará siempre, a satisfacción del Juez, el valor de los bienes que administre. Esta administración no tendrá lugar cuando no haya habido secesion en el matrimonio.
El cónyuge inocente podrá revocar las donaciones que hubiere hecho al culpable.
La mujer divorciada administra con independencia del marido los bienes que ha sacado del poder de éste, o que después del divorcio ha adquirido.
El marido que ha dado causa al divorcio, conserva la obligación de contribuir a la congrua i decente sustentación de su mujer divorciada, i el Juez fijará la cantidad i forma de la contribución, atendidas las circunstancias de ambos.
Si los divorciados se reconciliaren, se restituirán las cosas, por lo tocante a la sociedad conyugal i a la administración de bienes, al estado que tenían ántes del divorcio, como si éste no hubiere existido.
Esta restitución se decretará por el Juez, a petición de ambos cónyuges i producirá los mismos efectos que el restablecimiento de la administración del marido, en el caso del artículo 210 de este Código.
Los efectos del divorcio en cuanto a los hijos lejítimos de los divorciados, se reglarán por las respectivas disposiciones contenidas en el Libro 1.º Título 12, De los derechos i obligaciones entre los padres i los hijos lejítimos
La persona que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curatela, quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando.
Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial.
Habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre o de la madre. Cuando así fuere, deberá el curador especial testificarlo.
El Juez se abstendrá de autorizar el matrimonio hasta cuando la persona que pretenda contraer nuevas nupcias le presente copia auténtica de la providencia por la cual se designó curador a los hijos, del auto que le discernió el cargo y del inventario de los bienes de los menores. No se requerirá de lo anterior si se prueba sumariamente que dicha persona no tiene hijos de precedente matrimonio, o que éstos son capaces.
La violación de lo dispuesto en este artículo ocasionará la pérdida del usufructo legal de los bienes de los hijos y multa de $ 10.000.00 al funcionario. Dicha multa se decretará a petición de cualquier persona, del Ministerio Público, del Defensor de Menores o de la Familia, con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La persona que hubiere administrado con culpa grave o dolo, los bienes del hijo, perderá el usufructo legal y el derecho a sucederle como legitimario o como heredero abintestado.
Cuando un matrimonio haya sido disuelto o declarado nulo, la mujer que está embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto, o (no habiendo señales de preñez), ántes de cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad.
Pero se podrán rebajar de este plazo todos los días que hayan precedido inmediatamente a dicha disolución o declaración, i en los cuales haya sido absolutamente imposible el acceso del marido a la mujer.
La autoridad civil no permitirá el matrimonio de la mujer sin que por parte de ésta se justifique no estar comprendida en el impedimento del artículo precedente.
La viuda que teniendo hijos de precedente matrimonio que se hallen bajo su tutela o curaduría, tratare de volver a casarse, deberá sujetarse a lo prevenido en el artículo 509.
Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente, en todas las circunstancias de la vida.
El marido y la mujer tienen conjuntamente la dirección del hogar. Dicha dirección estará a cargo de uno de los cónyuges cuando el otro no la pueda ejercer o falte. En caso de desacuerdo se recurrirá al juez o al funcionario que la ley designe.
Salvo causa justificada, los cónyuges tienen la obligación de vivir juntos y cada uno de ellos tiene derecho a ser recibido en la casa del otro.
El marido y la mujer fijarán la residencia del hogar. En caso de ausencia, incapacidad o privación de la libertad de uno de ellos, la fijará el otro. Si hubiere desacuerdo corresponderá al juez fijar la residencia teniendo en cuenta el interés de la familia.
Los cónyuges deberán subvenir a las ordinarias necesidades domésticas, en proporción a sus facultades.
Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, según las reglas del Título 22, Libro IV, del Código Civil.
Los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia, se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron se hallen sometidos a un régimen patrimonial diferente.
Sin autorización escrita del marido no puede la mujer casada parecer en juicio, por sí, ni por procurador, sea demandado, o defendiéndose.
Pero no es necesaria la autorización del marido en causa criminal o de policía en que se proceda contra la mujer, ni en los litijios de la mujer contra el marido, o del marido contra la mujer.
El marido, sinembargo, será siempre obligado a suministrar a la mujer los auxilios que necesite para sus acciones o defensas judiciales.
La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar.
La autorización del marido deberá ser otorgada por escrito o interviniendo él mismo, espresa i directamente, en el acto.
No podrá presumirse la autorización del marido sino en los casos que la lei ha previsto.
La mujer no necesita de la autorización del marido para disponer de lo suyo por acto testamentario que haya de obrar efectos después de la muerte.
La autorización del marido puede ser jeneral para todos los actos en que la mujer la necesite, o especial para una clase de negocios o para un negocio determinado.
El marido podrá revocar a su arbitrio, sin efecto retroactivo, la autorización jeneral o especial que haya concedido a la mujer.
El marido puede ratificar los actos para los cuales no haya autorizado a su mujer, i la ratificación podrá ser también jeneral o especial
La autorización del marido podrá ser suplida por la del Juez con conocimiento de causa, cuando el marido se la negare sin justo motivo i de ello se siga perjuicio a la mujer.
Podrá asimismo ser suplida por el Juez en el caso de algún impedimento del marido, como el de ausencia real o aparente, cuando de la demora se siguiere perjuicio.
Ni la mujer ni el marido, ni ambos juntos, podrán enajenar o hipotecar los bienes raíces de la mujer, sino en los casos i con las formalidades que se dirán en el Título De la sociedad conyugal
Si por impedimento de larga o indefinida duración, como el de interdicción, el de prologada ausencia, o desaparecimiento, se suspende el ejercicio de la potestad marital, se observará lo dispuesto en el Capítulo 4.º del Título De la sociedad conyugal.
La autorización judicial representa la del marido, i produce los mismos efectos, con la diferencia que va a expresarse.
La mujer que procede con autorización del marido obliga al marido en sus bienes de la misma manera que si el acto fuera del marido; i obliga además sus bienes propios, hasta concurrencia del beneficio particular que ella reportare del acto: i los mismo será si la mujer ha sido autorizada judicialmente por impedimento accidental del marido en casos urgentes, con tal que haya podido presumirse el consentimiento de éste.
Pero si la mujer ha sido autorizada por el Juez contra la voluntad del marido, obligará solamente sus bienes propios; mas no obligará el haber social, ni los bienes del marido, sino hasta concurrencia del beneficio que la sociedad, o el marido, hubieren reportado del acto.
Además, si el Juez autorizare a la mujer para aceptar una herencia, deberá ella aceptarla con beneficio de inventario; i sin este requisito obligará solamente sus propios bienes a las resultas de la aceptación.
Se presume la autorización del marido en la compra de cosas muebles que la mujer hace al contado.
Se presume también la autorización del marido en las compras al fiado, de objetos naturalmente destinados al consumo ordinario de la familia.
Pero no se presume en la compra al fiado de galas, joyas, muebles preciosos, aun de los naturalmente destinados al vestido i menaje, a ménos de probarse que se han comprado o se han empleado en el uso de la mujer o de la familia, con conocimiento i sin reclamación del marido
El marido menor de diez i ocho años necesita de curador para la administración de la sociedad conyugal.
Las reglas de los artículos precedentes sufren escepciones o modificaciones por las causas siguientes:
1.ª El ejercitar la mujer una profesión, industria u oficio;
2.ª La separación de bienes.
Si la mujer casada ejerce públicamente una profesión o industria cualquiera (como la de directora de colejio, maestra de escuela, actriz, obstetriz, posadera, nodriza) se presume la autorización jeneral del marido para todos los actos i contratos concernientes a su profesión o industria, miéntras no intervenga reclamación o potesta de su marido, notificada de antemano al público, o especialmente al que contratare con la mujer.
La mujer casada mercadera está sujeta a las reglas especiales dictadas en el Código de Comercio.
Simple separación de bienes es la que se efectúa sin divorcio, en virtud de decreto judicial o por disposición de la ley.
La mujer no podrá renunciar en las capitulaciones matrimoniales la facultad de pedir la separación de bienes a que le dan derecho las leyes.
Para que el cónyuge menor pueda pedir la separación de bienes, debe designársele un curador especial.
Artículo 200. Cualquiera de los cónyuges podrá demandar la separación de bienes en los siguientes casos:
1º Por las mismas causas que autorizan la separación de cuerpos, y
2º Por haber incurrido el otro cónyuge en cesación de pagos, quiebra, oferta de cesión de bienes, insolvencia o concurso de acreedores, disipación o juego habitual, administración fraudulenta o notoriamente descuidada de su patrimonio en forma que menoscabe gravemente los intereses del demandante en la sociedad conyugal.
Demandada la separación de bienes, podrá el Juez, a petición de la mujer, tomar las providencias que estime conducentes a la seguridad de los intereses de ésta, mientras dure el juicio derogado.
En el juicio de separación de bienes por el mal estado de los negocios del marido, la confesión de éste no hace prueba.
Ejecutoriada la sentencia que decreta la separación de bienes, ninguno de los cónyuges tendrá desde entonces parte alguna en los gananciales que resulten de la administración del otro.
La mujer separada de bienes no necesita de la autorización del marido para los actos i contratos relativos a la administración i goce de lo que separadamente administra.
Tampoco necesita de la autorización del marido para enajenar, a cualquier título, los bienes muebles que separadamente administra.
Pero necesita de esta autorización. o la del Juez en subsidio, para estar en juicio, aun en causas concernientes a su administración separada, salvo en los casos excepcionales del artículo 181.
En el estado de separación, ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común a proporción de sus facultades. El Juez, en caso necesario, reglará la contribución.
Los acreedores de la mujer separada de bienes por actos o contratos que lejítimamente han podido celebrarse por ella, tendrán acción sobre los bienes de la mujer.
El marido no será responsable con sus bienes, sino cuando hubiere accedido como fiador, o de otro modo, a las obligaciones contraídas por la mujer.
Será asímismo responsable, a prorata del beneficio que hubiese reportado de las obligaciones contraídas por la mujer; comprendiendo en este beneficio el de la familia común, en la parte en que de derecho haya él debido proveer a las necesidades de ésta.
Si la mujer separada de bienes confiere al marido la administración de alguna parte de los suyos, será obligado el marido a la mujer como simple mandatario.
A la mujer separada de bienes se dará curador para la administración de los suyos, en todos los casos en que siendo soltera necesitaría de curador para administrarlos.
No cesará por esta curaduría el derecho concedido al marido en el artículo 204.
La separación de bienes, pronunciada judicialmente por el mal estado de los negocios del marido, podrá terminar por decreto de juez, a petición de ambos cónyuges; i sin que este requisito continuará legalmente la separación.
El restablecimiento legal de la administración del marido restituye las cosas al estado anterior, como si la separación de bienes no hubiese existido. Pero valdrán todos los actos ejecutados lejítimamente por la mujer durante la separación de bienes, como si los hubiese autorizado la justicia
El marido, para poner a cubierto su responsabilidad, hará constar por inventario solemne los bienes de la mujer que entren de nuevo bajo su administración.
Si a la mujer casada se hiciere una donación, o se dejare una herencia o legado con la condición precisa de que en las cosas donadas, heredadas o legadas no tenga la administración el marido, i si dicha donación, herencia o legado fuere aceptado por la mujer con la autorización del marido o del Juez en subsidio, se observarán las reglas siguientes:
1.ª El marido exijirá que la herencia se acepte con beneficio de inventario, so pena de constituirse responsable en sus bienes a las resultas de la aceptación;
2.ª Con respecto a las cosas donadas, heredadas o legadas se observarán las disposiciones de los artículos 204 a 207;
3.ª Los contratos de la mujer en que no aparezca la autorización del marido, i que hayan podido celebrarse por ella sin esta autorización, la obligarán en los bienes que separadamente administra;
4.ª Los contratos autorizados por el marido, o por el Juez en subsidio, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 191;
5.ª Serán exclusivamente de la mujer los frutos de las cosas que administra i todo lo que con ellos adquiera
Si en las capitulaciones matrimoniales se hubiere estipulado que la mujer administre separadamente alguna parte de sus bienes, se aplicarán a esta separación parcial las reglas del artículo precedente.
Artículo 213. El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad.
Artículo 214. El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la unión marital de hecho, se reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes, excepto en los siguientes casos:
1. Cuando el Cónyuge o el compañero permanente demuestre por cualquier medio que él no es el padre.
2. Cuando en proceso de impugnación de la paternidad mediante prueba científica se desvirtúe esta presunción, en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001.
El adulterio de la mujer, aun cometido durante la época en que pudo efectuarse la concepción, no autoriza por sí solo al marido para no reconocer al hijo como suyo. Pero probado el adulterio en esa época, se le admitirá la prueba de cualesquiera otros hechos conducentes a justificar que él no es el padre.
Artículo 216. Podrán impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la unión marital de hecho, el cónyuge o compañero permanente y la madre, dentro de los ciento (140) días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológico.
Artículo 217. El hijo podrá impugnar la paternidad o la maternidad en cualquier tiempo. En el respectivo proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u otras si así lo considera. También podrá solicitarla el padre, la madre o quien acredite sumariamente ser el presunto padre o madre biológico.
La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir que lo supo inmediatamente, a menos de probarse que por parte de la mujer ha habido ocultación del parto.
Parágrafo. Las personas que soliciten la prueba científica lo harán por una sola vez y a costa del interesado; a menos que no cuenten con los recursos necesarios para solicitarla, podrán hacerlo siempre y cuando demuestren ante I.C.B.F. que no tienen los medios, para lo cual gozarán del beneficio de amparo de pobreza consagrado en la Ley 721 de 2001.
Artículo 218. El juez competente que adelante el proceso de reclamación o impugnación de la paternidad o maternidad, de oficio o a petición de parte, vinculará al proceso, siempre que fuere posible, al presunto padre biológico o la presunta madre biológica, con el fin de ser declarado en la misma actuación procesal la paternidad o la maternidad, en aras de proteger los derechos del menor, en especial el de tener una verdadera identidad y un nombre.
Artículo 219. Los herederos podrán impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que conocieron del fallecimiento del padre o la madre o con posterioridad a esta; o desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo, de lo contrario el término para impugnar será de 140 días. Pero cesará este derecho si el padre o la madre hubieren reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público.
Si los interesados hubieren entrado en posesión efectiva de los bienes sin contradicción del pretendido hijo, podrán oponerle la excepción en cualquier tiempo que él o sus herederos le disputaren sus derechos.
A peticion de cualquiera persona que tenga interes actual en ello, declarará el Juez la ílejitimidad del hijo nacido despues de espirados los trescientos días subsiguientes a la disolucion del matrimonio.
Sí el marido estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la mujer desde ántes de la disolucion del matrimonio, se contarán los trescientos días desde la fecha en que empezo esta imposibilidad.
Lo dicho acerca de la disolucion se aplica al caso de la separacion de los conyujes por declaracion de nulidad del matrimonio.
Los herederos i demas personas actualmente interesadas tendrán, para provocar el juicio de ilejitimidad, sesenta días de plazo, desde aquel en que supieron la muerte del padre, en el caso del artículo 219, o en que supieron el nacimiento del hijo, en el caso del artículo 220.
Si los interesados hubieren entrado en posesion efectiva de los bienes sin contradiccion del pretendido hijo lejítimo, podrán oponerle la escepcion de ilejitimidad en cualquier tiempo que él o sus herederos le disputaren sus derechos.
Si el marido hubiere desaparecido, el primero de los plazos señalados en este artículo se contará desde el primer decreto de posesion concedida a sus herederos presuntivos.
Artículo 222. Los ascendientes del padre o la madre tendrán derecho para impugnar la paternidad o la maternidad, aunque no tengan parte alguna en la sucesión de sus hijos, pero únicamente podrán intentar la acción con posterioridad a la muerte de estos y a más tardar dentro de los 140 días al conocimiento de la muerte.
Artículo 223. Una vez impugnada la filiación del hijo, si este fuere menor de edad, el juez nombrará curador al que lo necesitare para que le defienda en el proceso.
Artículo 224. Durante el juicio de impugnación de la paternidad o la maternidad se presumirá la paternidad del hijo, pero cuando exista sentencia en firme el actor tendrá derecho a que se le indemnice por los todos los perjuicios causados.
La mujer recien divorciada, o que, pendíente el juicio de divorcio, estuviere actualmente separada de su marido, i que se creyese en cinta, lo denunciará al marido dentro de los primeros treínta días de la separacion actual.
Igual denunciacion hará la mujer que durante el juicio sobre nulidad del matrimonio, o recien declarada la nulidad, se creyere en cinta.
Si la mujer hiciere estas denunciaciones después de dichos treinta días, valdrán siempre que el Juez, con conocimiento de causa, declare que ha sido justificable o disculpable el retardo.
El marido podrá, a consecuencia de esta denunciacion, o aun sin ella, enviar a la mujer una compañera de buena razon que le sirva de guarda, i además una matrona que inspeccione el parto; i la mujer que se crea preñada, estará obligada a recibirlas, salvo que el Juez, encontrando fundadas las objeciones de la mujer contra las personas que el marido haya enviado, elija otras para dicha guarda e inspeccion.
La guarda i la inspeccion serán a costa del marido; pero si se probare que la mujer ha procedido de mala fe, pretendiéndose embarazada sin estarlo, o que el hijo es adulterino, será indemnizado el marido
Una i otra podrán durar el tiempo necesario para que no haya duda sobre el hecho i circunstancias del parto, o sobre la identídad del recien nacido.
Tendrá también derecho el marido para que la mujer sea colocada en el seno de una familia honesta i de su confianza; i la mujer que se crea preñada deberá trasladarse a ella; salvo que el Juez, oídas las razones de la mujer i del marido, tenga a bien designar otra
Si no se realizaren la guarda e inspeccion porque la mujer no ha hecho saber la preñez al marido, o porque sin justa causa ha rehusado mudar de habitacion, pidiéndolo el marido, o porque se ha sustraido al cuidado de la familia o personas elegidas para la guarda e inspeccion, o porque de cualquier modo ha eludido su vijilancia, no será obligado el marido a reconocer el hecho i circunstancias del parto, sino en cuanto se probaren inequívocamente por parte de la mujer o del hijo, en juicio contradictorio.
Si el marido, despues de la denunciacion antedicha, no usare de su derecho de enviar la guarda i la matrona, o de colocar a la mujer en una casa honrada i de confianza, será obligado a aceptar la declaracion de la mujer acerca del hecho i circunstancias del parto
Aunque el marido tome todas las precauciones que le permiten los artículos precedentes, o sin ellas, se prueben satisfactoriamente el hecho i circunstancias del parto, le queda a salvo su derecho para no reconocer al hijo como suyo, con arreglo a los artículos 213 i 214, provocando el juicio de ilejitimidad en tiempo hábil.
No pudiendo ser hecha al marido la denunciacion prevenida en el artículo 225, podrá hacerse a cualquiera de sus consanguíneos dentro del cuarto grado, mayores de veintiún años, prefiriendo a los ascendientes lejítimos; i aquel a quien se hiciere la denunciacion podrá tomar las medidas indicadas en los artículos 226 i 227.
Muerto el marido, la mujer que se creyere embarazada podrá denunciarlo a los que, no existiendo el póstumo, serian llamados a suceder al difunto.
La denunciacion deberá hacerse dentro de los treinta días subsiguientes a su conocimiento de la muerte del marido, pero podrá justificarse o disculparse el retardo, como en el caso del artículo 225, inciso 3.°
Los interesados tendrán los derechos que por los artículos anteriores se conceden al marido en el caso de la mujer recién divorciada, pero sujetos a las mismas restricciones i cargas.
La madre tendrá derecho para que de los bienes que han de corresponder al póstumo, si nace vivo i en el tiempo debido, se le asigne lo necesario para su subsistencia i para el parto; i aunque el hijo no nazca vivo, o resulte no haber habido preñez, no será obligada a restituir lo que se le hubiere asignado; a menos de probarse que ha procedido de mala fe, pretendiéndose embarazada, o que el hijo es ilegítimo
Cuando por haber pasado la madre a otras nupcias se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece un hijo, i se invocare una decision judicial, el Juez decidirá tomando en consideracion las círcunstancias i oyendo además el dictámen de facultativos, si lo creyere conveniente.
Serán obligados solidariamente a la indemnizacion de todos los perjuicios i costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad, la mujer que ántes del tiempo debido hubiere pasado a otras nupcias i su nuevo marido.
Son también hijos lejítimos los concebidos fuera de matrimonio i lejitimados por el que posteriormente contraen sus padres, segun las reglas i bajo las condiciones que van a espresarse.
El matrimonio posterior lejitima ipso jure a los hijos concebidos ántes i nacidos en él.
El marido, con todo, podrá reclamar contra la lejitimidad del hijo que nace ántes de espirar los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, si prueba que estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la madre, durante todo el tiempo en que pudo presumírse la concepcion según las reglas legales.
Pero aun sin esta prueba, podrá reclamar contra la lejitimidad del hijo, si no tuvo conocimiento de la preñez al tiempo de casarse, i si por actos positivos no ha manifestado reconocer al hijo despues de nacído.
Para que valga la reclamacion por parte del marido será necesario que se haga en el plazo i forma que se expresan en el Capítulo precedente.
El matrimonio de los padres lejítima también ipso jure a los que uno i otro hayan reconocido como hijos naturales de ambos, con los requisitos legales.
Fuera de los casos de los dos artículos anteriores, el matrímonio posterior no produce ipso jure, la lejitimidad de los hijos. Para que ella se produzca es necesario que los padres desígnen en el acta de matrimonio, o en escritura pública, los hijos a quienes confieren este beneficio, ya estén vivos o muertos.
Cuando la lejitimacion no se produce ipso jure, el instrumento público de lejitimacion deberá notificarse a la persona que se trate de lejitimar. I si ésta vive bajo potestad marital, o es de aquellas que necesitan de tutor o curador para la administracion de sus bíenes, se hará la notificacion a su marido o a su tutor o curador jeneral, o en defecto de éste a un curador especial.
La persona que no necesite de tutor o curador para la administracion de sus bienes, o que no vive bajo potestad marital, podrá aceptar o repudiar la lejitimacion libremente.
El que necesite de tutor o curador para la administracion de sus bienes no podrá aceptar ni repudiar la lejitimacion sino por el ministerio o con el consentimiento de su tutor o curador jeneral, o de un curador especial, i previo decreto judícial, con conocimiento de causa.
La mujer que vive bajo potestad marital necesita del consentimiento de su marido, o de la justicia en subsidio, para aceptar o repudiar la lejitimacion
La persona que acepte o repudie, deberá declararlo por instrumento público dentro de los noventa días subsiguientes a la notificacion. Transcurridos este plazo, se entenderá que acepta, a ménos de probarse que estuvo imposibilitada de hacer la declaracion en tiempo hábil.
La lejitimacion aprovecha a la posteridad lejítima de los hijos lejítímados.
Si es muerto el hijo que se lejítima, se hará la notificacion a sus descendientes lejítímos; los cuales podrán aceptarla o repudiarla con arreglo a los artículos precedentes.
Los lejitimados por matrimonio posterior son iguales en todo a los lejítímos concebídos en matrímonio.
Pero el beneficio de la lejitimacion no se retrotrae a una fecha anterior al matrimonio que la produce.
La designacion de hijos lejítimos, aun con la calificacion de nacidos de lejítimo matrimonio, se entenderá comprender a los lejitimados tanto en las leyes i decretos como en los actos testamentarios i en los contratos, salvo que se exceptúe señalada i espresamente a los lejitimados.
La lejitimacion del que ha nacido despues de celebrado el matrimonio, no podrá ser impugnada sino por las mismas personas i de la misma manera que la lejitimidad del concebido en matrimonio.
Artículo 248. En los demás casos podrá impugnarse la paternidad probando alguna de las causas siguientes:
1. Que el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por tal.
2. Que el hijo no ha tenido por madre a la que pasa por tal, sujetándose esta alegación a lo dispuesto en el título 18 de la maternidad disputada.
No serán oídos contra la paternidad sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante los 140 días desde que tuvieron conocimiento de la paternidad.
Solo el supuesto lejitimado, i en el caso del artículo 244 sus descendientes lejítimos llamados inmediatamente al beneficio de la lejitimacion, tendrán derecho para impugnarla, por haberse omitido la notificacion o la aceptacion prevenidas en los artículos 240, 243 i 244.
Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres.
Aunque la emancipacion dé al hijo el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, i en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus ausilios.
Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes lejítimos, en caso de inexistencia o de insuficiencias de los inmediatos descendientes.
Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza i educacion de sus hijos lejítimos.
Podrá el Juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes.
En la eleccion de estas personas se preferirá a los consanguíneos mas próximos i sobre todo a los ascendientes lejítimos.
El Juez procederá para todas estas resoluciones breve i sumariamente, oyendo a los parientes.
Artículo 256. Visitas. Al padre o madre de cuyo cuidado personal se sacaren los hijos, no por eso se prohibirá visitarlos con la frecuencia y libertad que el juez juzgare convenientes.
Así mismo, teniendo en cuenta las particularidades del caso en concreto y atendiendo al interés superior del niño, niña o adolescente, el juez ordenará la regulación de visitas respecto de los ascendientes en segundo grado de consanguinidad o segundo grado de parentesco civil por línea materna o paterna, cuando estos no tuvieren el cuidado personal de los nietos y nietas o en los eventos en que los progenitores nieguen o sustraigan a sus hijos de la relación con estos.
Parágrafo. El juez podrá negar o regular las visitas de progenitores o ascendientes en segundo grado de consanguinidad o segundo grado de parentesco civil por línea materna o paterna, cuando estos hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos de violencia intrafamiliar o delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. El juez también podrá regular las visitas respecto de progenitores o ascendientes en segundo grado por línea materna o paterna cuando estos cuenten con diagnósticos psiquiátricos que representen un peligro para la integridad de la niña, niño o adolescente.
En ningún caso el victimario podrá ser titular del derecho de visitas a su víctima y los hermanos de esta. En todo caso, para la regulación de visitas se deberá atender al interés superior de la niña, niño o adolescente y al material probatorio del que disponga.
Los gastos de crianza, educacion i establecimiento de los hijos lejítimos pertenecen a la sociedad conyugal, según las reglas que, tratando de ella, se dirán.
Si la mujer está separada de bienes, correrán dichos gastos por cuenta del marido, contribuyendo la mujer en la proporcion que el Juez designare; i estará obligada a contribuir aún la mujer divorciada que no haya dado causa al divorcio.
Pero si un hijo tuviere bienes propios, los gastos de su establecimiento, i, en caso necesario, los de su críanza i educacion, podrán sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales en cuanto sea posible.
Muerto uno de los padres, los gastos de la crianza, educacion i establecimiento de los hijos, tocarán al sobreviviente en los términos del inciso final del precedente artículo.
Las resoluciones del Juez, bajo los respectos indicados en los artículos anteriores, se revocarán por la cesacion de la causa que haya dado motivo a ellas; i podrán también modíficarse o revocarse por el Juez en todo caso i tiempo, si sobreviene motivo justo.
La obligacion de alimentar i educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos lejítimos por una i otra línea conjuntamente.
El Juez reglará la contribucion, tomadas en consideracion las facultades de los contribuyentes, i podrá de tiempo en tiempo modificarla, segun las circunstancias que sobrevengan.
Si el hijo menor de edad, ausente de la casa paterna, se halla en urjente necesidad, en que no pueda ser asistido por su padre, se presumirá la autorizacion de éste para las suministraciones que se le hagan por cualquier persona en razon de alimentos, habida consideracion a la fortuna i rango social del padre.
Pero si ese hijo fuere de mala conducta, o si hubiere motivo de creer que anda ausente sin consentimiento del padre, no valdrán contra el padre estas suministraciones, sino en cuanto fueren absolutamente necesarias para la física subsistencia del hijo.
El que haga las suministraciones deberá dar noticia de ellas al padre, lo más pronto que fuere posible. Toda omision voluntaria en este punto, hará cesar la responsabilidad del padre.
Lo dicho del padre en los íncisos precedentes, se estiende en su caso a la madre, o a la persona a quien, por muerte o inhabilidad de los padres, toque la sustentacion del hijo.
Artículo 262. Vigilancia, corrección y sanción sin violencia. Las familias, los padres, las personas encargadas del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes o quienes tengan su representación legal, tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos.
Queda prohibido el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanción o disciplina.
El castigo físico y los tratos crueles o humillantes no serán causal de pérdida de la patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación, siempre y cuando no sean una conducta reiterativa y no afecte la salud mental o física del niño, niña o adolescente; sin perjuicio a que la utilización del castigo físico o tratos crueles o humillantes ameriten sanciones para quienes no ejerzan la patria potestad, pero están encargados del cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia.
Los derechos conferidos a los padres en el artículo precedente se extenderán en ausencia, inhabilidad o muerte de uno de ellos, al otro, y de ambos a quien corresponde el cuidado personal del hijo menor no habilitado de edad.
El padre, i en su defecto la madre, tendrán el derecho de elegir el estado o profesion futura de su hijo, i de dirijir su educacion del modo que crean mas conveniente para él.
Pero no podrán obligarle a que se case contra su voluntad.
Ni, llegado el hijo a la edad de veintiun años, podrán oponerse a que abrace una carrera honesta, mas de su gusto que la elejida para él por su padre o madre.
El derecho que por el artículo anterior se concede al padre o madre, cesará respecto de los hijos que, por mala conducta del padre o madre, hayan sido sacados de su poder i confiados a otra persona; la cual ejercerá este derecho con anuencia del tutor o curador, si ella misma no lo fuere.
Los derechos concedídos a los padres lejítimos en los artículos precedentes, no podrán reclamarse sobre el hijo que haya sido llevado por ellos a la Casa de Espósitos, o abandonado de otra manera.
En la misma privacion de derechos incurrirán los padres que por mala conducta hayan dado motivo a la providencia de separar a los hijos de su lado, a ménos que ésta haya sido despues revocada.
Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado i criado por otra persona, i quisieren sus padres sacarle del poder de ella, deberán pagarle los costos de su crianza i educacion, tasados por el Juez.
La adopcion es el prohijamiento de una persona, o la admision en lugar del hijo, del que no lo es por naturaleza.
El que hace la adopcion se llama padre o madre, hijo adoptivo o simplemente adoptivo o adoptado.
Para adoptar se requíere que el adoptante no esté bajo el poder o dependencia de otra persona; pero la mujer casada sí podrá adoptar como lo permite este Código
Requiérese tambien para adoptar, que el adoptante haya cumplido veintiun años, i que sea quince años mayor que el adoptivo.
No podrán adoptar los que tengan descendientes lejítimos.
La adopcion no puede tener lugar sino entre personas del mismo sexo; el padre adoptante debe serlo de un varon, i la madre adoptante de una mujer
El que esté casado no puede adoptar sin el consentimiento de su cónyuge.
Los cónyujes pueden adoptar conjuntamente, i en este unico caso podrá hacerse la adopcion indistintamente en favor de personas de uno i otro sexo.
El tutor o curador no puede adoptar al que tiene o ha tenido en guarda, hasta que éste haya cumplido la edad de dieciocho años, i aquel le hayan sido definitivamente aprobadas las cuentas de la tutela o curaduría, i quedando a paz i salvo en su administracion.
Para la adopcion de un mayor de edad que tenga la libre administracion de sus bienes, se necesita de su espreso consentimiento: para la de un menor, o la de persona sujeta al poder de otro, necesítase, además, el consentimiento de las personas que respectivamente deben prestarlo para que pueda el menor casarse, o el de la persona bajo cuyo poder o guarda esté el que se pretende adoptar.
En caso de que la persona a quien se pretende adoptar tenga bienes i sea menor de edad, o que por cualquier otro motivo éste bajo el poder o la guarda de otra persona, no podrá tener lugar la adopcion sin que por el adoptante se dé caucion, a satisfaccion del padre, tutor, curador o persona de quien el adoptado dependa, en responsabilidad de dichos bienes : la caucion deberá, ademas, ser aprobada por el Juez, i deberán tambien recibirse los bienes con inventario solemne o judicial, protocolizándose este ultimo.
Para la adopcion es necesario que preceda en todo caso el permiso del Juez o del Prefecto del domicilio del adoptado. Si el adoptado fuere menor de edad, o persona reputada como menor de edad, tomará el Juez, además de la providencia a que se contrae el artículo anterior, las otras que estime necesarias en beneficio de la persona del adoptado, i en seguridad de sus bienes.
Obtenido el permiso judicial, se otorgará por ante el respectivo Notario la correspondiente escritura, sin la cual no tendrá efecto la adopcion. Esta escritura será firmada por el Juez que concede el permiso, el adoptante, el adoptado i, en su caso también, por la persona que haya prestado el consentimiento para la adopcion, autorizándola el Notario i dos testigos.
Después de otorgada legalmente la escritura de adopcion adquieren respectivamente el adoptante i el adoptado los derechos i obligaciones de padre o madre e hijos lejítimos. Si el adoptado estuviere bajo el poder de tutor o curador, saldrá de él i quedará bajo la patria potestad del padre adoptante, o bajo la tutela o curaduría de la madre adoptante, en su caso.
El hijo adoptivo puede heredar al padre por testamento, en caso de que no haya ascendientes lejítimos, i si los hubiere solo tendrá derecho a una décima parte de los bienes; pero el adoptante en ningún caso podrá ser heredero del adoptado.
Revocada válidamente la adopcion, volverán la persona i los bienes del adoptivo al poder o a la guarda de la persona de quien dependia el adoptivo ántes de la adopcion, si dicho adoptivo no tuviere la libre administracion de sus bienes.
La adopcion fenece por muerte del adoptante o del adoptivo. También fenece por el hecho de tener el padre o madre adoptante descendencia lejítima.
La patria potestad es el conjunto de derechos que la lei da al padre lejítimo sobre sus hijos no emancipados.
Estos derechos no pertenecen a la madre.
Los hijos de cualquiera edad no emancipados se llaman hijos de familia, i el padre con relacion a ellos, padre de familia.
La legitimación da a los legitimantes la patria potestad sobre el menor de 21 años no habilitado de edad y pone fin a la guarda en que se hallare.
La patria potestad no se estiende al hijo que ejerce un empleo o cargo público, en los actos que ejecuta en razon de su empleo o cargo. Los empleados públicos, menores de edad, son considerados como mayores en los concerniente a sus empleos.
El padre y la madre gozan por iguales partes del usufructo de todos los bienes del hijo de familia, exceptuados:
1º El de los bienes adquiridos por el hijo como fruto de su trabajo o industria, los cuales forman su peculio profesional o industrial.
2º El de los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado, cuando el donante o testador haya dispuesto expresamente que el usufructo de tales bienes corresponda al hijo y no a los padres; si solo uno de los padres fuere excluido, corresponderá el usufructo al otro.
3º El de las herencias y legados que hayan pasado al hijo por indignidad o desheredamiento de uno de sus padres, caso en el cual corresponderá exclusivamente al otro.
Los bienes sobre los cuales los titulares de la patria potestad tienen el usufructo legal, forman el peculio adventicio ordinario del hijo; aquellos sobre los cuales ninguno de los padres tiene el usufructo, forman el peculio adventicio extraordinario.
Los padres gozan del usufructo legal hasta la emancipación del hijo.
El padre de familia no es obligado, en razon de su usufructo legal, a la fianza o caucion que generalmente deben dar los usufructuarios para la conservacion i restitucion de la cosa fructuaria.
El hijo de familia se mirará como emancipado i habilitado de edad para la administracion i goce de su peculio profesional o industrial.
Los padres administran los bienes del hijo sobre los cuales la ley les concede el usufructo. Carecen conjunta o separadamente de esta administración respecto de los bienes donados, heredados o legados bajo esta condición.
La condición de no administrar el padre o la madre o ambos, impuesta por el donante o testador, no les priva del usufruto, ni la que los priva del usufructo les quita la administración, a menos de expresarse lo uno y lo otro por el donante o testador.
El padre de familia que, como tal, administra bienes del hijo, no es obligado a hacer inventario solemne de ellos, miéntras no pasare a otras nupcias; pero si no hace inventario solemne, deberá llevar una descripcion circunstanciada de dichos bienes desde que empiece a administrarlos
El padre de familia es responsable, en la administracion de los bienes del hijo, hasta de la culpa leve.
La responsabilidad del padre para con el hijo se estiende a la propiedad i a los frutos, en aquellos bienes del hijo en que tiene la administracion, pero no el usufructo; i e limita a la propiedad en los bienes de que es administrador i usufructuario.
Tanto la administración como el usufructo cesan cuando se extingue la patria potestad y cuando por sentencia judicial se declare a los padres que la ejercen responsables de dolo o culpa grave en el desempeño de la primera.
Se presume culpa cuando se disminuyen considerablemente los bienes o se aumenta el pasivo sin causa justificada.
No teniendo los padres la administración de todo o parte del peculio adventicio ordinario o extraordinario, se dará al hijo un curador para esta administración.
"Pero quitada a los padres la administración de aquellos bienes del hijo en que la ley les da el usufructo, no dejarán por esto de tener derecho a los frutos líquidos, deducidos los gastos de administración". (Artículo 6º del Decreto 772 de 1975).
En el caso del artículo precedente, los negocios del hijo de familia no autorizados por quien ejerce la patria potestad o por el curador adjunto, le obligarán exclusivamente en su peculio profesional o industrial.
Pero no podrá tomar dinero a interés, ni comprar al fiado (excepto en el giro ordinario de dicho peculio) sin autorización escrita de los padres. Y si lo hiciere no será obligado por estos contratos, sino hasta concurrencia del beneficio que haya reportado de ellos.
Los actos o contratos que el hijo de familia celebre fuera de su peculio profesional o industrial y que sean autorizados o ratificados por quien ejerce la patria potestad, obligan directamente a quien dio la autorización y subsidiariamente al hijo hasta la concurrencia del beneficio que éste hubiere reportado de dichos negocios.
No se podrán enajenar ni hipotecar en caso alguno los bienes raíces del hijo, aun pertenecientes a su peculio profesional, sin autorizacion del Juez, con conocimiento de causa.
No podrán los padres hacer donación de ninguna parte de los bienes del hijo, ni darlos en arriendo por largo tiempo, ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores.
Siempre que el hijo tenga que litigar contra quien ejerce la patria potestad, se le dará un curador para la litis, el cual será preferentemente un abogado defensor de familia cuando exista en el respectivo municipio; y si obrare como actor será necesaria la autorización del juez.
La representación judicial del hijo corresponde a cualquiera de los padres.
El hijo de familia solo puede comparecer en juicio como actor, autorizado o representado por uno de sus padres. Si ambos niegan su consentimiento al hijo o si están inhabilitados para prestarlo o si autorizan sin representarlo, se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil para la designación de curador ad litem.
En las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el actor dirigirse a cualquiera de sus padres, para que lo represente en la litis. Si ninguno pudiere representarlo, se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil para la designación de curador ad litem.
Los derechos de administración de los bienes, el usufructo legal y la representación extrajudicial del hijo de familia serán ejercidos conjuntamente por el padre y la madre. Lo anterior no obsta para que uno de los padres delegue por escrito al otro, total o parcialmente, dichas administración o representación.
Si uno de los padres falta, corresponderán los mencionados derechos al otro.
En los casos en que no hubiere acuerdo de los titulares de la patria potestad sobre el ejercicio de los derechos de que trata el inciso primero de este artículo o en el caso de que uno de ellos no estuviere de acuerdo en la forma como el otro lleve la representación judicial del hijo, se acudirá al juez o al funcionario que la ley designe para que dirima la controversia de acuerdo con las normas procesales pertinentes.
No será necesaria la intervención de los padres para proceder contra el hijo en caso de que exista contra él una acción penal; pero aquéllos serán obligados a suministrarle los auxilios que necesite para su defensa.
El hijo de familia no necesita de la autorización paterna para disponer de sus bienes por acto testamentario que haya de tener efecto después de su muerte.
La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el Juez con conocimiento de causa, i después de oídos sobre ellos los parientes del hijo i el defensor de menores.
La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad. Puede ser voluntaria, legal o judicial.
La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público, en que los padres declaran emancipar el hijo adulto y éste consiente en ello. No valdrá esta emancipación si no es autorizada por el juez con conocimiento de causa.
"Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable, aún por causa de ingratitud". (Artículo 8º del Decreto 772 de 1975).
La emancipación legal se efectúa:
1.º Por la muerte natural del padre;
2.º Por el matrimonio del hijo;
3.º Por haber cumplido el hijo la edad de veintiún años;
4.º Por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desaparecido
La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales:
1º Por maltrato habitual del hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño.
2º Por haber abandonado al hijo.
3º Por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad.
4º "Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año". (Artículo 10 del Decreto 772 de 1975).
En los casos anteriores podrá el juez proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo, del abogado defensor de familia y aún de oficio.
Cuando se hace al hijo una donación, o se le deja una herencia o legado bajo condición de obtener la emancipación, no tendrá el padre el usufructo de estos bienes i se entenderá cumplir así la condición.
Tampoco tendrá la administración de estos bienes si así lo exije expresamente el donante o testador.
Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable, aun por causa de ingratitud.
Los hijos nacidos fuera de matrimonio podrán ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, i tendrá la calidad legal de hijos naturales respecto del padre o madre que los haya reconocido. Este reconocimiento deberá hacerse por instrumento público entre vivos, o por acto testamentario
El hijo que no ha sido reconocido voluntariamente con las formalidades legales, podrá pedir que su padre o madre le reconozca
Podrá entablar la demanda a nombre de un impúber, cualquiera persona que probare haber cuidado de su crianza.
Por parte del hijo habrá derecho a que el supuesto padre sea citado ante el Juez a declarar, bajo juramento, si cree serlo, espresándose en la citación el objeto de ella.
Si el demandado no compareciere pudiendo, i se hubiere repetido una vez la citación, espresándose el objeto, se mirará como reconocida la paternidad.
Son comunes a la comprobación de maternidad las disposiciones de los artículos 321 i 322.
Si la demanda negare ser suyo el hijo, será admitido el demandante a probarlo con testimonios fehacientes que establezcan el hecho del parto i la identidad del hijo.
La partida de nacimiento no servirá de prueba para establecer la maternidad
Si es uno solo de los padres el que reconoce, no será obligado a espresar la persona en quién o de quién hubo el hijo.
El reconocimiento del hijo natural, hecho espontáneamente por su padre, madre o ambos, o sin necesidad de demanda del hijo o de otra persona de las que pueden hacerlo en su nombre, debe ser notificado i aceptado o repudiado de la misma manera que lo sería la lejitimación , según el capítulo De los lejitimados por matrimonio posterior a la concepción.
El reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona que pruebe interés actual en ello.
En la impugnación deberá probarse alguna de las causas porque puede impugnarse la lejitimación, según los incisos 1º i 2º del artículo 248.
Los hijos de la concubina de un hombre serán tenidos como hijos de éste, a menos que compruebe que durante el tiempo en que debió verificarse la concepción estuvo imposibilitado para tener acceso a la mujer.
Para los efectos del artículo anterior no se tendrá como concubina de un hombre sino la mujer que vive públicamente con él, como si fueran casados, siempre que uno o otro sean solteros o viudos.
Si por cualesquiera medios fehacientes se probare rapto, i hubiere sido posible la concepción mientras estuvo la robada en poder del raptor, se tendrá a éste como padre del hijo.
En este caso el raptor será obligado, además, a suministrar a la madre los alimentos que competen a su rango social.
El hecho de seducir a una menor, haciéndole dejar la casa de la persona a cuyo cuidado está, es rapto, aunque no se emplee la fuerza.
La acción que por este artículo se concede, espira en diez años, contados desde la fecha en que pudo intentarse.
No es admisible la indagación o presunción de paternidad por otros medios que los espresados en los artículos precedentes
Los hijos reconocidos a virtud de demanda judicial, en conformidad a lo dispuesto en este Titulo, i los que prueben hallarse en alguno de los casos de los artículos 328 a 330, adquieren la calidad legal de hijos naturales, como los reconocidos por instrumento público o por acto testamentario.
Los hijos naturales tiene para con sus padres las mismas obligaciones que para con los suyos tiene los lejítimos, conforme a los artículos 250 i 251, i los padres naturales están obligados a cuidar personalmente de sus hijos, en los mismos términos que lo estarían los lejítimos según el artículo 253.
Para la persona casada no podrá tener un hijo natural en su casa sin el consentimiento de su mujer o marido.
Incumbe a los padres naturales los gastos de crianza i educación de sus hijos.
Se incluirán en esta, por lo menos, la enseñanza primaria i el aprendizaje de una profesión u oficio.
En caso necesario, el Juez reglará lo que cada uno de los padres, según sus facultades i circunstancias, deba contribuir para la crianza i educación del hijo.
El inciso 2º del artículo 257 es aplicable a los bienes de los hijos naturales.
Son igualmente aplicables a los padres e hijos naturales las disposiciones de los artículos 258, 259 i 261 a 267.
La maternidad, esto es, el hecho de ser una mujer la verdadera madre del hijo que pasa por suyo, podrá ser impugnada probándose falso parto, o suplantación del pretendido hijo al verdadero. Tienen el derecho de impugnarla:
1.° El marido de la supuesta madre i la misma madre supuesta, para desconocer la lejitimidad del hijo.
2.° Los verdaderos padre i madre lejítimos del hijo para conferirle a él, o a sus descendientes legítimos, los derechos de familia en la suya.
3.° La verdadera madre para exijir alimentos al hijo.
Las personas designadas en el artículo precedente no podrán impugnar la maternidad después de transcurridos diez años, contados desde la fecha del parto.
Con todo, en el caso de salir inopinadamente a luz algún hecho incompatible con la maternidad putativa, podrá subsistir o revivir la acción anterior por un bienio contado desde la revelación justificada del hecho.
Artículo 337. Se concederá también esta acción a toda otra persona a quien la maternidad putativa perjudique actualmente en sus derechos sobre sucesión testamentaria o abintestato de los supuestos padre o madre.
A ninguno de los que hayan tenido parte en el fraude de falso parto o de suplantación, aprovechará en manera alguna el descubrimiento del fraude, ni aun para ejercer sobre el hijo los derechos de patria potestad o para exijirle alimentos, o para suceder en sus bienes por causa de muerte.
La habilitación de la edad es un privilejio concedido a un menor para que pueda ejecutar todos los actos i contraer todas las obligaciones de que son capaces los mayores de veintiún años, escepto aquellos actos u obligaciones de que una lei espresa le declare incapaz.
Los varones casados que han cumplido dieziocho años obtienen habilitación de edad por el ministerio de la lei.
En los demás casos la habilitación de edad es otorgada por el competente Majistrado a petición del menor.
No puede obtener habilitación de edad por el Majistrado las mujeres que viven bajo potestad marital, aunque estén separadas de bienes; ni los hijos de familia; ni los menores de dieziocho años, aunque hayan sido emancipados.
No podrá el Majistrado conceder habilitación de edad sin haber oído sobre ello a los parientes del menor que la solicita, a su curador i al defensor de menores.
La habilitación de edad pone fin a la curaduría del menor.
Esta habilitación no se estiende a los derechos políticos.
El menor habilitado de edad no podrá enajenar o hipotecar sus bienes raíces, ni aprobar las cuentas de su tutor o curador, sin autorización judicial; no se concederá esta autorización sin conocimiento de causa.
La enajenación de dichos bienes raíces, autorizada por el Juez, se hará en pública subasta.
El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles.
Dicha calidad deberá constar en el registro del estado civil, cuyas actas serán las pruebas del respectivo estado.
Los Notarios públicos en los Estados i en los Territorios, o los funcionarios llamados a sustituirlos, son los encargados de llevar el estado civil de las personas.
Lo que en este título se dice de los Notarios es aplicable a los que deben llenar sus funciones en los Territorios.
En dicho rejistro se asentarán:
1.º los nacimientos;
2.º Las defunciones;
3.º Los matrimonios;
4.º El reconocimiento de hijos naturales, i
5.º Las adopciones.
En los Territorios todo padre de familia, en cuya casa se verifique un nacimiento, está obligado a hacerlo presente al Notario o Correjidor respectivo, a más tardar a los ocho días siguientes al del nacimiento de la persona.
Deberá indicar el Notario, en presencia de dos testigos:
1.º Que día tuvo lugar el nacimiento; 2.º El sexo i nombre del recién nacido; 3.º Quién es la madre i su estado, si la madre puede aparecer; 4.º Quién es el padre, si fuere conocido o pudiere aparecer, i lo mismo quiénes son los abuelos, así paternos como maternos.
La persona en cuya casa se esponga un recién nacido, está obligada a cumplir, en cuanto pueda, lo prescrito en los artículos anteriores.
El Notario estenderá el acta de nacimiento, la leerá a los interesados i testigos, i la firmarán todos. De dicha acta el Notario dará gratis un certificado, si se le pidiere.
La muerte del recién nacido ántes de hacerse la manifestación del nacimiento, no exime de la obligación de hacer poner las actas correspondientes en los registros de nacimiento i de defunción.
Si el nacimiento tiene lugar en un viaje o en un lugar en donde la madre no tiene su domicilio, estendida el acta de nacimiento, deberá el Notario ante quien se estienda pasar una copia al Prefecto o Correjidor, para que por su conducto se dirija al notario del domicilio de la madre, a fin de que se copie en el rejistro de nacimiento i se archive el acta remitida.
En los Territorios el padre de familia en cuya casa muera alguna persona, lo participará al Notario dentro de treinta días
El Notario estenderá en el respectivo rejistro, i en presencia de dos testigos, un acta en que se espresará:1.º El nombre i apellido del muerto; 2.º El día i la hora en que hubiere acaecido la muerte, i si esta ha sido natural o violenta; 3.º La edad, el domicilio i el estado del muerto, espresándose el nombre del cónyuge, si hubiere sido casado; 4.º El nombre i apellido del padre i de la madre del muerto, si fueren conocidos; 5º) Si testó o no, cómo i ante quién.
Los parientes o vecinos, o las personas que conciernan al finado, servirán de testigos con preferencia.
Cualquiera persona que encuentre un cadáver fuera de habitación, o en una casa que no tenga habitantes ni vecinos, tiene la obligación de dar el aviso de que trata el artículo 356, ya sea al Notario, Juez-Notario, o a cualquier Ajente de policía, para que este lo haga al Notario respectivo.
En el caso de muerte de alguna persona, en una comunidad, hospital, cuartel, cárcel u otro establecimiento semejante, dará cuenta de ella al Notario, para que estienda el acta de la defunción, el Jefe, Director o Administrador del establecimiento.
En caso de muerte a bordo de un buque que navegue en aguas que corresponden a la Unión, será obligación del que mande el buque dar aviso a la autoridad política del primer puerto de la Unión donde el buque llegue, a fin de que por dicha autoridad política se prevenga al registrador existente en el lugar en que la misma autoridad resida, que proceda a extender el acta de defunción en el correspondiente rejistro.
Respecto de los que murieren en campaña o en algún combate o encuentro, es obligación del Jeneral, Jefe u Oficial que mande en jefe, o de cualquiera que tenga el mando de la tropa, si el Jefe, Comandante u Oficial estuviere al servicio de la Unión, dar noticia al Notario respectivo de las muertes ocurridas en las fuerzas que mande alguno de ellos, para que este funcionario pueda asentar las actas correspondientes en el rejistro de defunciones.
Los Notarios i Prefectos o Correjidores-Notarios darán a los interesados una boleta en que conste que se ha hecho la inscripción de la partida de defunción de que se trata, para que aquellos la presenten al director o portero del cementerio donde deba hacerse la inhumación del cadáver
En ningún cementerio, sea público o privado, se dará sepultura a ningún cadáver sin que se haya presentado al portero o sepulturero la boleta de que habla el artículo anterior.
Los que contravengan a esta disposición serán penados por el Correjidor o Prefecto respectivo con multas de uno a diez pesos, o arresto de uno a tres días.
El Correjidor en los Territorios ante quien se celebre un matrimonio, tiene obligación de pasar al Notario respectivo el espediente creado para celebrar el contrato, i el Notario, ántes de protocolizarlo, como se previene en el artículo 137 de este Código, extenderá en el rejistro de matrimonios el acta correspondiente en la cual se espresará:
1.º La fecha del contrato;
2.º El nombre del funcionario que lo autorizó;
3.º El nombre de los contrayentes, su vecindad, edad, i
4.º El nombre de los testigos que presenciaron el contrato. Esta acta será firmada solamente por el Notario.
Si el mismo Correjidor hiciere las veces de Notario, allí mismo, en su oficina, se rejistrará el acta de matrimonio i se protocolizará el espediente.
Las actas de matrimonios celebrados por colombianos en alguno de los Estados de la Unión, o en país estranjero, se copiarán íntegramente en el rejistro, i se autorizarán con la firma del notario, las de los contrayentes i dos testigo.
Luego que se celebre el matrimonio de personas que ántes o al tiempo de casarse hubiesen reconocido un hijo, se pondrá nota marjinal de la lejitimación de éste en el acta de su nacimiento; pero no podrá oponerse a su calidad de lejitimado la falta de dicho requisito.
Cuando de un juicio civil o criminal resulte la celebración legal de un matrimonio que no se hallare inserto en el rejistro, o lo hubiere sido con inexactitud, se pondrá en él copia de la ejecutoria, que servirá de prueba del matrimonio.
Cuando el padre reconozca un hijo natural en el acta del nacimiento, bastará que firme el acta de rejistro respectivo, en prueba del reconocimiento.
El Notario o Correjidor ante quien se otorgue una escritura de reconocimiento de un hijo natural, estenderá i firmará un acta en el rejistro, en que se esprese: la fecha de la escritura, el nombre de los otorgantes, el del hijo reconocido, su edad, el lugar donde nació i el nombre de los testigos instrumentales de la escritura.
A la marjen de la partida de nacimiento del hijo reconocido se pondrá una nota, citando la escritura de reconocimiento.
Si el nacimiento fue inscrito en otra Notaría o Correjimiento diferente, el notario que autoriza el reconocimiento dará aviso a aquel en donde está rejistrado el nacimiento, para que se anote tal partida en los términos del inciso anterior.
Cuando el reconocimiento fuere hecho a virtud de demanda judicial, el Prefecto que conozca en el asunto lo avisará al notario respectivo para que extienda el acta en el rejistro.
El Notario ante quien se otorgue una escritura de adopción estenderá i firmará un acta en el rejistro, en los mismos términos establecidos, para el caso de reconocimiento, en el artículo 369.
Las actas de rejistro del estado civil se estenderán el mismo día en que se dé el aviso o se tenga noticia del acontecimiento; se pondrán seguidas, sin dejar blancos entre ellas, sin abreviaturas ni números, i sin insertar nada que les sea estraño.
Al frente de cada partida inscrita en los rejistros se pondrán, en caracteres notables, el nombre i apellido del recién nacido, muerto, contrayente o lejitimado, según el caso
Estendida el acta en el rejistro, se leerá por el Notario a los interesados o a sus representantes i a los testigos; se salvarán al pie del acta los errores, si los hubiere, i en seguida firmarán todos.
Cuando se estienda una nueva acta que tenga relación con otra, se hará en el día de la fecha de la nueva acta, i no a la margen de la anterior.
Al fin de cada libro se apartarán las fojas que se consideren suficientes para formar un índice alfabético de los nombres de las personas a que se refieren las partidas de cada rejistro con referencia a la pájina en que se encuentre inscrita. Este índice se llevará a la vez con el rejistro
Cuando se pretenda el rejistro de un nacimiento o de una muerte que se ha verificado un año antes, es preciso que los interesados comprueben el hecho con dos testigos, que lo afirmen ante el Notario bajo juramento, i que den noticia esacta de la fecha, o por lo menos del mes i año en que aconteció.
Al fin de cada mes se pondrá una nota en los respectivos rejistros, espresiva del número de actas rejistradas. Esta nota será suscrita por el Prefecto i Notario respectivos
Los poderes i demás documentos que deben estar unidos a las actas, se firmarán por el Notario i los testigos, i se archivarán junto con los rejistros.
Cualquiera persona puede pedir certificaciones de dichas actas a los Notarios, pagando veinte centavos por todo derecho.
En el caso de haberse omitido alguna partida en los rejistros, se admitirán las pruebas que sobre ello se dieren, i declaradas bastantes por el Juez, se procederá a reparar la omisión, poniendo el acta en el lugar correspondiente a la fecha en que se estiende, i anotando su referencia a la margen del lugar en que fue omitida.
Las actas de rejistro del estado civil, estendidas en otro de los Estados de la Unión o en país estranjero, son válidas si se han llenado las formalidades requeridas en el Estado o país donde se estendieren, o si se han estendido observando las disposiciones del Código Civil, ante un Ajente diplomático o consular de la Unión
Todos los rejistros del estado civil de las personas se conservarán en las oficinas de los Notarios, a cuyo efecto los Prefectos o Correjidores remitirán en el mes de enero los que hayan formado i tengan a su cargo del año anterior.
Los Notarios, Jueces o Correjidores son responsables de toda alteración en los indicados rejistros.
Toda alteración o falsificación de las actas del estado civil, todo asiento de éstas hecho en pliego suelto, o de otro modo que no sea en los rejistros destinados a este fin, da derechos a los interesados para pedir la indemnización de los daños i perjuicios que sufran, sin perjuicio de la pena que contra el falsario se establece en el Código Penal.
Además de las personas indicadas en los artículos 350, 352, 356, 358, 359, 360 i 361, están también obligados a dar el aviso que en ellos se dispone, los parientes inmediatos del recién nacido o del difunto en su caso, las comadronas, los ministros del culto, sacristanes, sepultureros i demás personas que, por razón de su oficio o profesión, hayan tenido conocimiento del nacimiento o defunción de un individuo.
Los Ajentes de policía que por cualquier motivo tengan noticia de que haya nacido o muerto una persona en el distrito o sección en que ellos ejercen su empleo, tienen el deber de dar por sí, o hacer que se dé por quien corresponda, el aviso indicado al Notario respectivo, o al Prefecto o Corregidor.
Cuando se halle ausente de la cabecera de la Prefectura o Correjimiento el Notario, en ejercicio de las funciones de su empleo, se dará al Prefecto o Correjidor el aviso de que tratan los dos artículos que preceden; quien hará dar la sepultura, si se tratara de una defunción, i tomará los apuntamientos del caso i los pasará al Notario a su regreso, para que este asinete la correspondiente partida en el rejistro respectivo
El Prefecto o Correjidor vijilará en que se lleven fiel i cumplidamente los rejistros de nacimientos i defunciones, pudiendo con tal fin competer a los individuos o empleados públicos obligados a dar los avisos de que se trata en los precedentes artículos, con multas de uno a diez pesos, o arrestos hasta por tres días para que cumplan con el deber que queda establecido.
Los rejistros del estado civil de las personas deben estar foliados i rubricados en cada foja por el Prefecto, quien además pondrá al principio de ellos una nota que exprese el número de fojas que contiene cada uno, i la autorizará con su firma.
En los primeros seis días de cada mes remitirán los Notarios i Jueces-Notarios al Prefecto un cuadro en que se esprese el número de nacidos, muertos i lejitimados que se hayan inscrito en los rejistros del estado civil, en el mes inmediatamente anterior, con espresión de tantos varones, tantas mujeres.
En todo el mes de enero de cada año formarán los Prefectos o Correjidores i remitirán a la Secretaría de lo Interior i Relaciones Esteriores, para su publicación en el "Diario Oficial", un cuadro que manifieste el movimiento de población que haya habido en cada uno de los Territorios en el año inmediatamente anterior, conforme a los datos que han debido recibir, según lo establecido en el artículo anterior
Se presumirán la autenticidad i pureza de los documentos antedichos, estando en la forma debida.
Podrán rechazarse los antedichos documentos, aun cuando conste su autenticidad i pureza, probando la no identidad personal, esto es, el hecho de no ser una misma la persona a que el documento se refiere i la persona a quien se pretende aplicar.
Los antedichos documentos atestiguan la declaración hecha por los contrayentes de matrimonio, por los padres u otras personas en los respectivos casos; pero no garantizan la veracidad de esta declaración en ninguna de sus partes.
Podrán, pues, impugnarse, haciendo constar que fue falsa la declaración en el punto de que se trata.
La falta de los referidos documentos podrá suplirse en caso necesario por otros documentos auténticos, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata, i en defecto de estas pruebas, por la notaria posesión de este estado civil.
La posesión notoria del estado de matrimonio consiste, principalmente, en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido i mujer en sus relaciones domésticas sociales; i en haber sido la mujer recibida en este carácter por los deudos i amigos de su marido, i por el vecindario de su domicilio en jeneral.
La posesión notoria del estado de hijo lejítimo consiste en que sus padres le hayan tratado como tal, proveyendo a su educación i establecimiento de un modo competente, i presentándole en ese carácter a sus deudos i amigos; i en que estos i el vecindario de su domicilio, en jeneral, le hayan reputado i reconocido como hijo lejítimo de tales padres.
Para que la posesión notoria del estado civil se reciba como prueba de dicho estado, deberá haber durado cinco años continuos por lo menos.
Parágrafo. Para integrar este lapso podrá computarse el tiempo anterior a la vigencia de la presente Ley, sin afectar la relación jurídico-procesal en los juicios en curso.
La posesión notoria del estado civil se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable; particularmente en el caso de no esplicarse i probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o estravío del libro o rejistro en que debiera encontrarse.
Cuando fuere necesario calificar la edad de un individuo, para la ejecución de actos o ejercicios de cargos que requieran cierta edad, i no fuere posible hacerlo por documentos o declaraciones que fijen la época de su nacimiento, se le atribuirá una edad media entre la mayor i la menor que parecieren compatibles con el desarrollo i aspecto físico del individuo.
El Prefecto o Correjidor, para establecer la edad, oirá el dictamen de facultativos o de otras personas idóneas.
El fallo judicial que declara verdadera o falsa la lejitimidad del hijo, no sólo vale respecto de las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos, relativamente a los efectos que dicha legitimidad acarrea.
La misma regla deberá aplicarse al fallo que declara ser verdadera o falsa una maternidad que se impugna.
Para que los fallos de que se trata en el artículo precedente produzcan los efectos que en él se designan, es necesario:
1.° Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada.
2.° Que se hayan pronunciado contra legítimos contradictor.
3.° Que no haya habido colusión en el juicio.
Lejítimo contradictor en la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo, o el hijo contra el padre, i en la cuestión de maternidad, el hijo contra la madre, o la madre contra el hijo.
Siempre que en la cuestión esté comprometida la paternidad del hijo lejítimo deberá el padre intervenir forzosamente en el juicio, so pena de nulidad.
Los herederos representan al contradictor lejítimo que ha fallecido ántes de la sentencia; i el fallo pronunciado a favor o en contra de cualquiera de ellos, aprovecha o perjudica a los coherederos que, citados, no comparecieron.
La prueba de colusión en el juicio no es admisible sino dentro de los cinco años subsiguientes a la sentencia.
Ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce.
Cuando en un acta se haya cometido alguna equivocación o algún error que no se salvó en los términos del artículo 374, se ocurrirá al Juez para que con audiencia de los interesados se corrija la equivocación o se subsane el error. Si recayere un fallo favorable, se insertará la ejecutoria de este en el respectivo lugar del registro, atendiendo a la fecha de la inserción, la cual servirá de acta, debiendo además ponerse nota a la marjen del acta reformada. La certificación sólo perjudicará a las partes que hubieren sido oídas en el juicio.
El notario ante quien se otorgue una escritura de legitimación de un hijo, conforme al Código Civil, estenderá i firmará un acta en el rejistro de legitimaciones en que se exprese: la fecha de la escritura, nombre de los otorgantes, nombre del hijo lejitimado, su edad i lugar donde nació, i nombre de los testigos instrumentales de la escritura.
A la márjen de la partida de nacimiento del lejitimado se pondrá una nota citando la escritura de lejitimación.
Si el nacimiento del lejitimado fue inscrito en otra Notaría diferente de la en que se otorga la lejitimación, el Notario que autoriza ésta, dará aviso a aquél donde está rejistrado el nacimiento, para que se anote tal partida en los términos del inciso anterior.
Cuando para comprobar hechos referentes al estado civil de las personas anteriores al 1.°. de septiembre de 1853, se necesitare copia de las partidas de nacimiento o bautismo, defunción o matrimonio inscritos en los libros que llevaban al efecto los ministros del culto católico antes de aquella fecha, los Prefectos pueden disponer, a solicitud de parte, que se exhiban tales libros para compulsar el testimonio o copia que se solicita, valiéndose con este fin de los apremios legales.
El rejistro del estado civil se llevará con arreglo a los modelos insertos a continuación de este Código.
Se deben alimentos:
1.° Al cónyuge.
2.° A los descendientes lejítimos
3.° A los ascendientes lejítimos.
4.º A la mujer divorciada sin culpa suya;
5.º A los hijos naturales i a su posteridad lejítima;
6.º A los padres naturales
7.° A los hijos adoptivos.
8.° A los padres adoptantes.
9° A los hermanos legítimos.
10.° Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.
La acción del donante se dirijirá contra el donatario.
No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una lei se los niegue.
Las reglas jenerales a que está sujeta la prestación de alimentos son las siguientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales que contiene este Código respecto de ciertas personas.
Los alimentos se dividen en congruos i necesarios.
Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social.
Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al alimentario, menor de veintiún años, la enseñanza primaria i la de alguna profesión u oficio.
Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los números 1o, 2o, 3o, 4o i 10 del artículo 411, menos en los casos en que la lei los limite espresamente a lo necesario para la subsistencia; i generalmente en los casos en que el alimentario se haya hecho culpable de injuria grave contra la persona que le debía alimentos.
Se deben asimismo alimentos congruos en el caso del artículo 330.
En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de prestar alimentos.
Para los efectos de este artículo, constituyen injuria atroz los delitos graves i aquellos delitos leves que entrañen ataque a la persona del que debe, alimentos. Constituyen injuria grave los demás delitos leves contra cualquiera de los derechos individuales de la misma persona que debe alimentos.
Los incapaces de ejercer el derecho de propiedad no lo son para recibir alimentos.
El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los espresados en el artículo 411, solo podrá hacer uso de uno de ellos, observando el siguiente orden de preferencia.
En primer lugar, el que tenga según el inciso 10.
En segundo, el que tenga según los incisos 1°. i 4°.
En tercero, el que tenga según los incisos 2°. i 5°.
En cuarto, el que tenga según los incisos 3°. i 6°.
En quinto, el que tenga según los incisos 7°. i 8°.
El del inciso 9o. no tendrá lugar sino a falta de todos los otros.
Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo grado.
Sólo en el caso de insuficiencia del título preferente podrá recurrirse a otro.
Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el Juez o Prefecto ordenar que se den provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento plausible; sin perjuicio de la restitución, si la persona a quien se demandan obtiene sentencia absolutoria.
Cesa este derecho a la restitución, contra el que de buena fe i con algún fundamento plausible, haya intentado la demanda.
En el caso de dolo para obtener alimentos, serán obligados solidariamente a la restitución i a la indemnización de perjuicios todos los que han participado en el dolo.
En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en consideración las facultades del deudor i sus circunstancias domésticas.
Los alimentos congruos o necesarios no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social o para sustentar la vida.
Los alimentos se deben desde la primera demanda, i se pagarán por mesadas anticipadas.
No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el alimentario no hubiere devengado por haber fallecido.
Los alimentos que se deben por lei, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que lejitimaron la demanda.
Con todo, ningún varón de aquéllos a quienes sólo se deben alimentos necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido veintiún años, salvo que por algún impedimento corporal o mental, se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la obligación de alimentarle
El Juez reglará la forma i cuantía en que hayan de prestarse los alimentos, i podrá disponer que se conviertan en los intereses de un capital que se consigne a este efecto en una caja de ahorros o en otro establecimiento análogo, i se restituya al alimentante o a sus herederos luego que cese la obligación.
El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse.
El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él.
No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse; i el derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse i cederse; sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor.
Las disposiciones de este título no rigen respecto de las asignaciones alimenticias hechas voluntariamente en testamento o por donación entre vivos; acerca de las cuales deberá estarse a la voluntad del testador o donante, en cuanto haya podido disponer libremente de lo suyo.
Las tutelas i las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirijirse a sí mismos, o administrar competentemente sus negocios, i que no se hallen bajo potestad de padre o marido, que pueda darles la protección debida.
Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, i jeneralmente guardadores.
Las disposiciones de este Título i de los dos siguientes están sujetas a las modificaciones i escepciones que se espresarán en los títulos especiales de la tutela i de cada especie de curaduría.
La tutela i las curadurías generales se extienden no sólo a los bienes sino a las personas de los individuos sometidos a ellas.
Están sujetos a tutela los Impúberes.
Están sujetos a curaduría jeneral los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad; los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, i los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.
Se llaman curadores de bienes los que se dan a los bienes del ausente, a la herencia yacente i a los derechos eventuales del que está por nacer.
Se llaman curadores adjuntos los que se dan en ciertos casos a las personas que están bajo potestad de padre o marido, o bajo tutela o curaduría jeneral, para que ejerzan una administración separada
Curador especial es el que se nombra para un negocio particular.
Los individuos sujetos a tutela o curaduría se llaman pupilos.
Podrán colocarse bajo una misma tutela o curaduría dos o más individuos, con tal que haya entre ellos indivisión de patrimonios.
Divididos los patrimonios, se consideran tantas tutelas o curadurías como patrimonios distintos, aunque las ejerza una misma persona.
Una misma tutela o curaduría puede ser ejercida conjuntamente por dos o más tutores o curadores.
No se puede dar tutor ni curador jeneral al que está bajo la patria potestad, salvo que ésta se suspenda por decreto judicial, en alguno de los casos enumerados en el artículo 315.
Se dará curador adjunto al hijo cuando el padre es privado de la administración de los bienes del hijo o de una parte de ellos, según el artículo 299.
No se puede dar curador a la mujer casada, no divorciada ni separada de bienes, mientras los administra el marido.
Se dará curador a la mujer divorciada en los mismos casos en que, si fuere soltera, necesitaría de curador para la administración de lo suyo.
La misma regla se aplicará a la mujer separada de bienes, respecto de aquellos a que se extienda la separación.
La curaduría de que hablan los precedentes incisos no obstará a los derechos que conserva el marido de la mujer separada de bienes, según el artículo 204.
Jeneralmente no se puede dar tutor ni curador al que ia lo tiene: sólo podrá dársele curador adjunto, en los casos que la Lei designa.
Si el tutor o curador, alegando la escesiva complicación de los negocios del pupilo, i su insuficiencia para administrarlos cumplidamente, pidiere que se le agregue un curador, podrá el Juez o el Prefecto acceder, habiendo oído sobre ello a los parientes del pupilo i al respectivo defensor.
El Juez o Prefecto dividirá entonces la administración del modo que más conveniente le parezca.
Si al que se halla bajo tutela o curaduría se hiciere una donación o se le dejare una herencia o legado, con la precisa condición de que los bienes comprendidos en la donación, herencia o legado, se administren por una persona que el donante o testador designa, se accederá a los deseos de éstos; a menos que, oídos los parientes i el respectivo defensor, apareciere que conviene más al pupilo repudiar la donación, herencia o legado, que aceptarlo en esos términos.
Si se acepta la donación, herencia o legado, i el donante o testador no hubiere designado la persona, o la que ha sido designada no fuere idónea, hará el Juez la designación.
Las tutelas o curadurías pueden ser testamentarias, lejítimas o dativas.
Son testamentarias las que se constituyen por acto testamentario.
Lejítimas, las que se confieren por la lei a los parientes o cónyujes del pupilo
Dativas, las que confiere el majistrado.
Sigue las reglas de la tutela testamentaria la que se confiere por acto entre vivos, según el artículo 450.
El padre lejítimo puede nombrar tutor, por testamento, no sólo a los hijos nacidos, sino al que se halla todavía en el vientre materno, para en caso que nazca vivo.
Puede así mismo nombrar curador, por testamento, a los menores adultos que no han obtenido habilitación para administrar sus bienes; i a los adultos de cualquier edad que se hallen en estado de demencia, o son sordo-mudos, que no entienden ni se dan a entender por escrito.
Pueden así mismo nombrar curador, por testamento, para la defensa de los derechos eventuales del hijo que está por nacer
Carecerá de los derechos que se le confieren por los artículos precedentes, el padre que ha sido privado de la patria potestad por decreto judicial, según el artículo 315 o que por mala administración haya sido removido judicialmente de la guarda del hijo.
A falta del padre podrá ejercer los mismos derechos la madre, con tal que no haya estado divorciada por adulterio, o que por su mala conducta no haya sido privada del cuidado personal del hijo, o que no haya pasado a otras nupcias.
El padre o madre natural podrá ejercer los derechos concedidos por los artículos precedentes al padre lejítimo.
Los padres lejítimos o naturales, no obstante lo dispuesto en los artículos 447 i 448 i cualquiera otra persona, podrán nombrar tutor o curador, por testamento o por acto entre vivos, con tal que donen o dejen al pupilo alguna parte de sus bienes, que no se le deba a título de lejítima.
Esta guarda se limitará a los bienes que se donan o dejan al pupilo.
Podrán nombrarse por testamento dos o más tutores o curadores que ejerzan simultáneamente la guarda; i el testador tendrá la facultad de dividir entre ellos la administración.
Si hubiere varios pupilos, i los dividiere el testador entre los tutores o curadores nombrados, todos estos ejercerán de consuno la tutela o curaduría, miéntras el patrimonio permanezca indiviso, i dividido el patrimonio, se dividirá entre ellos por el mismo hecho la guarda, i serán independientes entre sí.
Pero el cuidado de la persona de cada pupilo tocará esclusivamente a su respectivo tutor o curador, aun durante la indivisión del patrimonio
Si el testador nombra varios tutores o curadores que ejerzan de consuno la tutela o curaduría, i no dividiere entre ellos las funciones, podrá el Juez o el Prefecto, oídos los parientes del pupilo, confiarlas a uno de los nombrados o al número de ellos que estimare suficiente, i en este segundo caso, dividirlas como mejor convenga para la seguridad de los intereses del pupilo.
Podrán así mismo nombrarse por testamento varios tutores o curadores que se sustituyan o sucedan uno a otro; i establecida la sustitución o sucesión para un caso particular, se aplicará a los demás en que falte el tutor o curador; a menos que manifiestamente aparezca que el testador ha querido limitar la sustitución o sucesión al caso o casos designados.
Las tutelas i curadurías testamentarias admiten condición suspensiva i resolutoria i señalamiento de día cierto en que principien o espiren.
Tiene lugar la guarda lejítima cuando falta o espira la testamentaria.
Tiene lugar especialmente cuando, viviendo el padre, es emancipado el menor, i cuando se suspende la patria potestad por decreto judicial.
Los llamados a la tutela o curaduría lejítima, son, en general;
Primeramente el padre del pupilo;
En segundo lugar, la madre;
En tercer lugar, demás ascendientes de uno i otro sexo;
En cuarto lugar, los hermanos varones del pupilo, i los hermanos varones de los ascendientes del pupilo.
Si no hubiere lugar a la tutela o curaduría del padre o madre, el Juez o Prefecto, oídos los parientes del pupilo, elegirá entre los demás ascendientes, i a falta de ascendientes entre los colaterales aquí designados, la persona que le pareciere más apta, i que mejores seguridades presentare; i podrá también, si lo estimare conveniente, elegir más de una, i dividir entre ellas las funciones.
Los parentescos designados en este artículo, se entienden lejítimos.
Es llamado a la guarda lejítima del hijo natural, el padre o madre que primero le reconozca, o a quien primero se le asigne ese carácter, i si ambos le reconocen o son declarados a un tiempo padres naturales del menor, es llamado a la guarda de este, preferentemente, el padre. Este llamamiento pondrá fin a la guarda en que se hallare el menor, salvo el caso de inhabilidad o lejítima escusa del que, según el inciso anterior, es llamado a ejercerla.
Si continuando el pupilaje cesare en su cargo el guardador lejítimo, será reemplazado por otro de la misma especie.
A falta de otra tutela o curaduría, tiene lugar la dativa.
Cuando se retarda por cualquiera causa el discernimiento de una tutela o de una curaduría, o durante ella sobreviene un embarazo que por algún tiempo impida al tutor o curador seguir ejerciéndola, se dará, por el majistrado, tutor o curador interino, para mientras dure el retardo o el impedimento.
Pero si hubiere otro tutor o curador que pueda suplir la falta o si se tratare de nombrar un tutor o curador que suceda al que actualmente desempeña la tutela o curaduría, i puede éste continuar en ella algún tiempo, no tendrá lugar el nombramiento del interino.
El majistrado, para la elección de tutor o curador dativo, deberá oír a los parientes del pupilo; i podrá, en caso necesario, nombrar dos o más, i dividir entre ellos las funciones, como en el caso del artículo 453. Si hubiere curador adjunto, podrá el Juez o Prefecto preferirle para la tutela o curaduría dativa.
Toda tutela o curaduría debe ser discernida.
Se llama discernimiento el decreto judicial que autoriza al tutor o curador para ejercer su cargo.
Para discernir la tutela o curaduría será necesarío que preceda el otorgamiento de la fianza o caución a que el tutor o curador esté obligado.
Ni se le dará la administración de los bienes sin que preceda inventario solemne.
Son obligados a prestar fianza todos los tutores o curadores esceptuados solamente:
1.° El cónyuge i los ascendientes i descendientes lejítimos;.
2.° Los interinos, llamados por poco tiempo a servir el cargo;
3.° Los que se dan para un negocio particular sin administración de bienes.
Podrá también ser relevado de la fianza, cuando el pupilo tuviere pocos bienes, el tutor o curador que fuere persona de conocida probidad i de bastantes facultades para responder de ellos.
En lugar de la fianza prevenida en el artículo anterior, podrá prestarse hipoteca suficiente.
Los actos del tutor o curador que aún no han sido autorizados por el decreto de discernimiento, son nulos; pero el decreto, una vez obtenido, validará los actos anteriores, de cuyo retardo hubiera podido resultar perjuicio al pupilo.
El tutor o curador es obligado a inventariar los bienes del pupilo en los noventa días subsiguientes al discernimiento, i antes de tomar parte alguna en la administración sino en cuanto fuere absolutamente necesario.
El Juez o Prefecto, según las circunstancias, podrá restringir o ampliar este plazo.
Por la neglijencia del guardador en proceder al inventario i por toda falta grave que se le pueda imputar en él, podrá ser removido de la tutela o curaduría como sospechoso, i será condenado al resarcimiento de toda pérdida o daño que de ello hubiere resultado al pupilo, de la manera que se dispone en el artículo 512.
El testador no puede eximir al tutor o curador de la obligación de hacer inventario.
Si el tutor o curador probare que los bienes son demasiado exiguos para soportar el gasto de la confección de inventario, podrá el Juez o Prefecto, oídos los parientes del pupilo, i el defensor de menores, remitir la obligación de inventariar solemnemente dichos bienes i exigir solo un apunte privado, bajo las firmas del tutor o curador, i de tres de los más cercanos parientes, mayores de edad, o de otras personas respetables, a falta de éstos.
El inventario deberá ser hecho ante notario i testigos, en la forma que en el Código de enjuiciamiento se prescribe.
El inventario hará relación de todos los bienes raíces i muebles de la persona cuya hacienda se inventaría, particularizándolos uno a uno, o señalando colectivamente los que consisten en números, peso o medida, con espresión de la cantidad i calidad; sin perjuicio de hacer las esplicaciones necesarias para poner a cubierto la responsabilidad del guardador.
Comprenderá, así mismo, los títulos de propiedad, las escrituras públicas i privadas los créditos i deudas del pupilo de que hubiere comprobante o sólo noticia, los libros de comercio o de cuentas, i en general, todos los objetos presentes, esceptuados los que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad, o que sea necesario destruir con algún fin moral.
Si después de hecho el inventario se encontraren bienes de que al hacerlo no se tuvo noticia, o por cualquier título acrecieren nuevos bienes a la hacienda inventariada, se hará un inventario solemne de ellos, i se agregará al anterior.
Debe comprender el inventario aun las cosas que no fueren propias de la persona cuya hacienda se inventaría, si se encontraren entre las que lo son; i la responsabilidad del tutor o curador se estenderá a las unas como a las otras.
La mera aserción que se haga en el inventario de pertenecer a determinadas personas los objetos que se enumeran, no hace prueba en cuanto al verdadero dominio de ellos.
Si el tutor o curador alegare que por error se han relacionado en el inventario cosas que no existían, o se ha exagerado el número, peso o medida de las existentes, o se le ha atribuido una materia o calidad de que carecían, no le valdrá esta escepción; salvo que pruebe no haberse podido evitar el error con el debido cuidado de su parte, o sin conocimientos o esperimentos científicos.
El tutor o curador que alegare haber puesto, a sabiendas, en el inventario cosas que no le fueron entregadas realmente, no será oído, aunque ofrezca probar que tuvo en ello algún fin provechoso al pupilo.
Los pasajes oscuros o dudosos del inventario se interpretarán a favor del pupilo, a ménos de prueba contraria.
El tutor o curador que sucede a otro, recibirá los bienes por el inventario anterior i anotará en él las diferencias. Esta operación se hará con las mismas solemnidades que el anterior inventario, el cual pasará a ser así el inventario del sucesor.
Toca al tutor o curador representar o autorizar al pupilo en todos los actos judiciales o extrajudiciales que le conciernan i puedan menoscabar sus derechos o imponerle obligaciones.
El tutor o curador administra los bienes del pupilo, i es obligado a la conservación de estos bienes i a su reparación i cultivo. Su responsabilidad se estiende hasta la culpa leve inclusive
Si en el testamento se nombrare una persona a quien el guardador haya de consultar en el ejercicio de su cargo, no por eso será éste obligado a someterse al dictamen del consultor, ni haciéndolo, cesará su responsabilidad.
Si en el testamento se ordenare espresamente que el guardador proceda de acuerdo con el consultor, tampoco cesará la responsabilidad del primero por acceder a la opinión del segundo; pero habiendo discordia entre ellos, no procederá el guardador sino con autorización del Juez o Prefecto, que deberá concederla con conocimiento de causa.
No será lícito al tutor o curador, sin previo decreto judicial, enajenar los bienes raíces del pupilo, ni gravarlos con hipoteca o servidumbre, ni enajenar o empeñar los muebles preciosos o que tenga valor de afección; ni podrá el Juez o Prefecto autorizar esos actos sino por causa de utilidad o necesidad manifiesta.
La venta de cualquiera parte de los bienes del pupilo enumerados en los artículos anteriores se hará en pública subasta.
No obstante la disposición del artículo 483, si hubiere precedido decreto de ejecución i embargo sobre bienes raíces del pupilo, no será necesario nuevo decreto para su enajenación.
Tampoco será necesario decreto judicial para la constitución de una hipoteca o servidumbre, sobre bienes raíces que se han transferido al pupilo con la carga de constituir dicha hipoteca o servidumbre.
Sin previo decreto judicial no podrá el tutor o curador proceder a la división de bienes raíces o hereditarios que el pupilo posea con otros pro indiviso.
Si el Juez o Prefecto, a petición de un comunero o coheredero, hubiere decretado la división, no será necesario nuevo decreto.
El tutor o curador no podrá repudiar ninguna herencia deferida al pupilo sin decreto judicial, con conocimiento de causa, ni aceptarla sin beneficio de inventario
Las donaciones o legados no podrán tampoco repudiarse sin decreto judicial; i si impusieren obligaciones o gravámenes al pupilo, no podrán aceptarse sin previa tasación de las cosas donadas o legadas.
Hecha la división de una herencia, o de bienes raíces que el pupilo posea con otros proindiviso, será necesario, para que tenga efecto, nuevo decreto judicial, que con audiencia del respectivo defensor la apruebe i confirme.
Se necesita así mismo previo decreto para proceder a transacciones o compromisos sobre derechos del pupilo, que se valúen en más de mil pesos, i sobre sus bienes raíces; i en cada caso la transacción o el fallo del compromisario se someterá a la aprobación judicial, so pena de nulidad.
El dinero que se ha dejado o donado al pupilo para la adquisición de bienes raíces no podrá destinarse a ningún otro objeto que la impida o embarace; salvo que intervenga autorización judicial con conocimiento de causa.
Es prohibida la donación de bienes raíces del pupilo, aun con previo decreto judicial.
Solo con previo decreto judicial podrán hacerse donaciones en dinero u otros bienes muebles del pupilo; i no las autorizará el Juez sino por causa grave, como la de socorrer a un consanguíneo necesitado, contribuir a un objeto de beneficencia pública u otro semejante; i con tal que sean proporcionadas a las facultades del pupilo, i que por ellas no sufran un menoscabo notable los capitales productivos.
Los gastos de poco valor para objetos de caridad, o de lícita recreación, no están sujetos a la precedente prohibición
La remisión gratuita de un derecho se sujeta a las reglas de la donación.
El pupilo es incapaz de ser obligado como fiador sin previo decreto judicial, que solo autorizará esta fianza a favor de un cónyuge, de un ascendiente o descendiente lejítimo o natural, i por causa urgente i grave
Los deudores del pupilo que pagan al tutor o curador, quedan libres de todo nuevo pago.
El tutor o curador deberá prestar el dinero ocioso del pupilo con las mejores seguridades, al interés corriente que se obtenga con ellas en la plaza.
Podrá, si lo estimare preferible, emplearlo en la adquisición de bienes raíces.
Por la omisión en esta materia será responsable del lucro cesante, en cuanto aparezca que el dinero ocioso del pupilo pudo emplearse con utilidad manifiesta i sin peligro
Límites al Arrendamiento. Derogado por el art. 119, de la Lei 1306 de 2009 No podrá el tutor o curador dar en arriendo ninguna parte de los predios rústicos del pupilo por más de ocho años, ni de los urbanos por más de cinco, ni por más número de años que los que falten al pupilo para llegar a los veintiuno.
Si lo hiciere, no será obligatorio el arrendamiento para el pupilo, o para el que le suceda en el dominio del predio, por el tiempo que escediere de los límites aquí señalados.
Cuidará el tutor o curador de hacer pagar lo que se deba al pupilo, inmediatamente que sea exigible el pago, i de perseguir a los deudores por los medios legales.
El tutor o curador tendrá especial cuidado de interrumpir las prescripciones que pueden correr contra el pupilo
El tutor o curador podrá cubrir con los dineros del pupilo las anticipaciones que haya hecho a beneficio de éste, llevando los intereses corrientes de plaza; mas para ello deberá ser autorizado por los otros tutores o curadores generales del mismo pupilo, si los hubiere, o por el Juez o Prefecto en subsidio.
Si el pupilo le fuere deudor de alguna especie, raíz o mueble, a título de legado, fideicomiso, o cualquier otro, será preciso que la posesión de ella se dé al tutor o curador por los otros tutores o curadores generales, o por el Juez o Prefecto en subsidio.
En todos los actos i contratos que ejecute o celebre el tutor o curador en representación del pupilo, deberá espresar esta circunstancia en la escritura del mismo acto o contrato, so pena de que omitida esta espresión se repute ejecutado el acto o celebrado el contrato en representación del pupilo, si fuere útil a este, i no de otro modo.
Por regla general, ningún acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes lejítimos, o de sus padres o hijos naturales, o de sus hermanos lejítimos o naturales o de sus consanguíneos o afines lejítimos hasta el cuarto grado inclusive, o de su padre i madre adoptantes o hijo adoptivo, o de alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores o curadores generales que no estén implicados de la misma manera, o por el Juez o Prefecto en subsidio.
Pero ni aún de este modo podrá el tutor o curador comprar bienes raíces del pupilo o tomarlos en arriendo; i se estiende esta prohibición a su cónyuge i a sus ascendientes o descendientes lejítimos o naturales, padres adoptantes o hijo adoptivo.
Habiendo muchos tutores o curadores generales, todos ellos autorizarán de consuno los actos i contratos del pupilo; pero en materias que, por haberse dividido la administración, se hallan especialmente a cargo de uno de dichos tutores o curadores, bastará la intervención o autorización de éste solo.
Se entenderá que los tutores o curadores obran de consuno cuando uno de ellos lo hiciere a nombre de los otros, en virtud de un mandato en forma; pero subsistirá en este caso la responsabilidad solidaria de los mandantes.
En caso de discordia entre ellos, decidirá el Prefecto
El tutor o curador tiene derecho a que se le abonen los gastos que haya hecho en el ejercicio de su cargo; en caso de lejítima reclamación, los hará tasar el Prefecto.
El tutor o curador es obligado a llevar cuenta fiel, esacta i en cuanto fuere dable, documentada, de todos sus actos administrativos día por día; a exhibirla luego que termine su administración, a restituir los bienes a quien por derecho corresponda, i a pagar el saldo que resulte en su contra.
Comprende esta obligación a todo tutor o curador, incluso el testamentario sin embargo de que el testador le haya exonerado de rendir cuenta alguna, o le haya condonado anticipadamente el saldo; i aunque el pupilo no tenga otros bienes que los de la sucesión del testador, i aunque se le dejen bajo la condición precisa de no exigir la cuenta o el saldo. Semejante condición se mirará como no escrita.
Podrá el Juez o Prefecto mandar de oficio, cuando lo crea conveniente, que el tutor o curador, aun durante su cargo, exhiba las cuentas de su administración o manifieste las existencias a otro de los tutores o curadores del mismo pupilo, o a un curador especial, que el Juez o Prefecto designará al intento. Podrá provocar esta providencia, con causa grave, calificada por el Juez verbalmente, cualquier otro tutor o curador del mismo pupilo, o cualquiera de los consanguíneos más próximos de éste, o su cónyuge, o el respectivo defensor.
Espirados su cargo, procederá el guardador a la entrega de los bienes tan pronto como fuere posible; sin perjuicio de ejecutar en el tiempo intermedio aquellos actos que de otro modo se retardarían con perjuicio del pupilo.
Habiendo muchos guardadores que administren de consuno, todos ellos, a la espiración de su cargo, presentarán una sola cuenta; pero si se ha dividido entre ellos la administración se presentará una cuenta por cada administración separada.
La responsabilidad de los tutores i curadores que administran conjuntamente es solidaria; pero dividida entre ellos la administración, sea por el testador, sea por disposición o con aprobación del Juez o Prefecto, no será responsable cada uno, sino directamente de sus propios actos, i subsidiariamente de los actos de los otros tutores o curadores, en cuanto ejerciendo el derecho que les concede el artículo 505 hubieran podido atajar la torcida administración de los otros tutores o curadores.
Esta responsabilidad subsidiaria se estiende aun a los tutores o curadores generales que no administran.
Los tutores o curadores generales están sujetos a la misma responsabilidad subsidiaria por la torcida administración de los curadores adjuntos
La responsabilidad subsidiaria que se prescribe en el artículo precedente, no se estiende a los tutores o curadores que, dividida la administración por disposición del testador o con autoridad del Juez o Prefecto, administren en diversos departamentos.
Es solidaria la responsabilidad de los tutores o curadores cuando sólo por acuerdo privado dividieren la administración entre sí.
Presentada la cuenta por el tutor o curador, será discutida por la persona a quien pase la administración de los bienes.
Si la administración se transfiere a otro tutor o curador, o al mismo pupilo habilitado de edad, no quedará cerrada la cuenta sino con aprobación judicial, oído el respectivo defensor.
Contra el tutor o curador que no de verdadera cuenta de su administración, exhibiendo a la vez el inventario i las existencias, o que en su administración fuere convencido de dolo o culpa grave, habrá por parte del pupilo el derecho de apreciar i jurar la cuantía del perjuicio recibido comprendiendo el lucro cesante; i se condenará al tutor o curador en la cuantía apreciada i jurada; salvo que el Juez o Prefecto haya tenido a bien moderarla
El tutor o curador pagará los intereses corrientes del saldo que resulte en su contra, desde el día en que su cuenta quedare cerrada o haya habido mora en exhibirla; i cobrará a su vez los del saldo que resulte a su favor, desde el día en que cerrada su cuenta los pida.
Toda acción del pupilo contra el tutor o curador en razón de la tutela o curaduría, prescribirá en cuatro años, contados desde el día en que el pupilo haya salido del pupilaje. Si el pupilo fallece antes de cumplirse el cuadrienio, prescribirá dicha acción en el tiempo que falte para cumplirlo.
El que ejerce el cargo de tutor o curador, no lo siendo (sic) verdaderamente, pero creyendo serlo, tiene todas las obligaciones i responsabilidades del tutor o curador verdadero, i sus actos no obligarán al pupilo, sino en cuanto le hubieren reportado positiva ventaja.
Si se le hubiere discernido la tutela o curaduría i hubiere administrado rectamente tendrá derecho a la retribución ordinaria i podrá conferírsele el cargo, no presentándose persona de mejor derecho a ejercerlo.
Pero si hubiere procedido de mala fe, fingiéndose tutor o curador, será precisamente removido de la administración i, privado de todos los emolumentos de la tutela o curaduría, sin perjuicio de la pena a que haya lugar por la impostura.
El que en caso de necesidad, i por amparar el pupilo, toma la administración de los bienes de éste, ocurrirá el Prefecto inmediatamente para que provea a la tutela o curaduría i mientras tanto procederá como agente oficioso i tendrá solamente las obligaciones i derechos del tal. Todo retardo voluntario en ocurrir al Prefecto le hará responsable hasta de la culpa levísima.
En lo tocante a la crianza i educación del pupilo, es obligado el tutor a conformarse con la voluntad de la persona o personas encargadas de ellas, según lo ordenado en el título SSII (sic); sin perjuicio de ocurrir al Prefecto o Juez cuando lo crea conveniente.
Pero el padre o madre que ejercen la tutela, no serán obligados a consultar sobre esta materia a persona alguna; salvo que el padre encargando la tutela a la madre, le haya impuesto esa obligación; en este caso se observará lo prevenido en el artículo 482.
El tutor, en caso de neglijencia de la persona o personas encargadas de la crianza i educación del pupilo, se esforzará por todos los medios prudentes en hacerles cumplir su deber, i si fuere necesario ocurrirá Prefecto o Juez.
El pupilo no residirá en la habitación o bajo el cuidado personal de ninguno de los que, si muriese, habrían de suceder en sus bienes.
No están sujetos a esta esclusión los ascendientes lejítimos, ni los padres naturales.
Cuando los padres no hubieren provisto por testamento a la crianza i educación del pupilo, suministrará el tutor lo necesario para estos objetos, según competa al rango social de la familia; sacándolo de los bienes del pupilo, i en cuanto fuere posible de los frutos.
El tutor será responsable de todo gasto inmoderado en la crianza i educación del pupilo, aunque se saque de los frutos.
Para cubrir su responsabilidad podrá pedir al Juez que en vista de las facultades del pupilo, fije el máximum de la suma que haya de invertirse en su crianza i educación
Si los frutos de los bienes del pupilo no alcanzaren para su moderada sustentación i la necesaria educación, podrá el tutor enajenar o gravar alguna parte de los bienes, no contrayendo empréstitos ni tocando los bienes raíces o los capitales productivos, sino por estrema necesidad i con la autorización debida.
En caso de indigencia del pupilo, recurrirá el tutor a las personas que por sus relaciones con el pupilo estén obligadas a prestarle alimentos, reconviniéndolas judicialmente, si necesario fuere, para que así lo hagan
La continuada neglijencia del tutor en proveer a la congrua sustentación i educación del pupilo, es motivo suficiente para removerle de la tutela.
La curaduría del menor, de que se trata en este Título, es aquella a que sólo por razón de su edad está sujeto el adulto emancipado.
Al menor que ha obtenido habilitación no puede darse curador. Ninguna de las disposiciones de este Título le comprende.
El menor adulto que careciere de curador debe pedirlo al Juez o Prefecto, designando la persona que lo sea.
Si no lo pidiere el menor, podrán hacerlo los parientes; pero la designación de la persona corresponderá siempre al menor, o al Juez o Prefecto en subsidio.
El Juez o Prefecto, oyendo al defensor de menores, aceptará la persona designada por el menor, si fuere idónea.
Podrá el curador ejercer, en cuanto a la crianza i educación del menor, las facultades que en el título precedente se confieren al tutor respecto del impúber.
El menor que está bajo curaduría tendrá las mismas facultades administrativas que el hijo de familia, respecto de los bienes adquiridos por él en el ejercicio de una profesión o industria.
Lo dispuesto en el artículo 301, relativamente al hijo de familia i al padre, se aplica al menor i al curador.
El curador representa al menor de la misma manera que el tutor al impúber.
Podrá el curador, no obstante, si lo juzgare conveniente, confiar al pupilo la administración de alguna parte de los bienes pupilares; pero deberá autorizar, bajo su responsabilidad, los actos del pupilo en esta administración.
Se presumirá la autorización para todos los actos ordinarios anejos a ella.
El pupilo tendrá derecho para solicitar la intervención del defensor de menores, cuando de alguno de los actos de curador le resulte manifiesto perjuicio; i el defensor, encontrando fundado el reclamo, ocurrirá al Juez o Prefecto.
A los que por pródigos o disipadores han sido puesto en entredicho de administrar sus bienes, se dará curador lejítimo, i a falta de éste, curador dativo.
Esta curaduría podrá ser testamentaria en el caso del artículo 540.
El juicio de interdicción podrá ser provocado por el cónyuge no divorciado del supuesto disipador, por cualquiera de sus consanguíneos lejítimos hasta en el cuarto grado, por sus padres, hijos i hermanos naturales, i por el ministerio público.
El Ministerio público será oído aun en los casos en que el juicio de interdicción no haya sido provocado por él.
Si el supuesto disipador fuere estranjero, podrá también ser provocado el juicio por el competente funcionario diplomático o consular.
La disipación deberá probarse por hechos repetidos de dilapidación que manifiesten una falta total de prudencia.
El juego habitual en que se arriesguen porciones considerables del patrimonio; donaciones cuantiosas sin causa adecuada; gastos ruinosos, autorizan la interdicción.
Mientras se decide la causa, podrá el Juez o Prefecto, a virtud de los informes verbales de los parientes o de otras personas, i oidas las esplicaciones del supuesto disipador, decretar la interdicción provisoria.
Los decretos de interdicción provisoria i definitiva deberán registrarse en la oficina de registro de instrumentos públicos, i notificarse al público por avisos que se insertarán una vez, por lo menos en el "Diario Oficial" o periódico de la nación; i por carteles que se fijarán en tres, a lo menos, de los parajes más frecuentes (sic) del territorio
El registro i la notificación deberán reducirse a espresar que tal individuo, designado por su nombre, apellido i domicilio, no tiene la libre administración de sus bienes.
Se deferirá la curaduría:
1.° Al marido no divorciado, si la mujer no estuviere totalmente separada de bienes;
2.°.A los ascendientes (lejítimos) o padres naturales; los padres naturales casados no podrán ejercer este cargo;
3. A los colaterales lejítimos hasta el cuarto grado, o a los hermanos naturales;
El Juez o Prefecto tendrá libertad para elegir en cada clase de las designadas en los números 2,° i 3,° la persona o personas que más a propósito le parecieren.
A falta de las personas antedichas, tendrá lugar la curaduría dativa.
El curador del marido administrará la sociedad conyugal en cuanto ésta subsista, i la tutela o curatela de los hijos menores del disipador.
La mujer no puede ser curadora de su marido disipador.
Pero si fuere mayor de veintiún años, o después de la interdicción los cumpliere, tendrá derecho para pedir separación de bienes.
Separada de bienes, los administrará libremente; mas para enajenar o hipotecar los bienes raíces, necesitará previo decreto judicial
Si falleciere el padre o madre que ejerzan la curaduría del hijo disipador, podrán nombrar por testamento la persona que haya de sucederles en la guarda.
El disipador tendrá derecho de ocurrir a la justicia, cuando los actos del curador le fueren vejatorios o perjudiciales, a fin de que se ponga el remedio legal conveniente.
El disipador conservará siempre su libertad, i tendrá para sus gastos personales la libre disposición de una suma de dinero proporcionada a sus facultades i señalada por el Juez o Prefecto.
Sólo en casos estremos podrá ser autorizado el curador para proveer por sí mismo a la subsistencia del disipador, procurándole los objetos necesarios
El disipador será rehabilitado para la administración de lo suyo, si se juzgare que puede ejercerla sin inconveniente; i rehabilitado, podrá renovarse la interdicción, si ocurriere motivo.
Las disposiciones indicadas en el artículo precedente, serán decretadas por el Juez o Prefecto, con las mismas formalidades que para la interdicción primitiva; i serán seguidas de la inscripción i notificación prevenidas en el artículo 536, que en el caso de rehabilitación se limitarán a espresar que tal individuo (designado por su nombre, apellido i domicilio) tiene la libre administración de sus bienes.
TTITULO 28. Reglas especiales relativas a la curaduría del demente.
El adulto que se halla en un estado habitual de demencia, deberá ser privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos.
La curaduría del demente puede ser testamentaria, lejítima o dativa.
Cuando el niño demente haya llegado a la pubertad, podrá el padre de familia seguir cuidando de su persona i bienes hasta la mayor edad; llegada la cual, deberá precisamente provocar el juicio de interdicción.
El tutor del pupilo demente no podrá después ejercer la curaduría sin que preceda interdicción judicial, escepto por el tiempo que fuere necesario para provocar la interdicción.
Lo mismo será necesario cuando sobreviene la demencia al menor que está bajo curaduría.
Podrán provocar la interdicción del demente las mismas personas que pueden provocar la del disipador.
Deberá provocarla el curador del menor a quien sobreviene la demencia durante la curaduría.
Pero si la locura fuere furiosa, o si el loco causare notable incomodidad a los habitantes, podrá también el Prefecto o cualquiera del pueblo provocar la interdicción.
El Juez o Prefecto se informará de la vida anterior i conducta habitual del supuesto demente i oirá el dictamen de facultativos de su confianza sobre la existencia i naturaleza de la demencia. Las disposiciones de los artículos 535 i 536 se estienden al caso de demencia.
Se deferirá la curaduría del demente:
1.° A su cónyuge no divorciado; pero si la mujer demente estuviere separada de bienes, según los artículos 200 i 211, se dará al marido curador adjunto para la administración de aquellos a que se estienda la separación;
2.° A sus descendientes lejítimos;
3.° A sus ascendientes lejítimos;
4.° A sus padres o hijos naturales; los padres naturales casados no podrán ejercer este cargo;
5.° A sus colaterales lejítimos hasta en el cuarto grado; o a sus hermanos naturales.
El Juez o Prefecto elegirá en cada clase de las designadas en los números 2,°3,°4,° i 5,° la persona o personas que más idóneos le parecieren.
A falta de todas las personas antedichas tendrá lugar la curaduría dativa.
La mujer curadora de su marido demente tendrá la administración de la sociedad conyugal, i la guarda de sus hijos menores.
Si por su menor edad u otro impedimento no se le defiriere la curaduría de su marido demente, podrá a su arbitrio, luego que cese el impedimento, pedir esta curaduría o la separación de bienes.
Si se nombraren dos o más curadores al demente, podrá confiarse, el cuidado inmediato de la persona a uno de ellos, dejando a los otros la administración de los bienes.
El cuidado inmediato de la persona del demente no se encomendará a persona alguna que sea llamada a heredarle, a no ser su padre o madre, o su cónyuge.
Los actos i contratos del demente, posteriores al decreto de interdicción, serán nulos; aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido.
I por el contrario, los actos i contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos; a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente.
El demente no será privado de su libertad personal, sino en los casos en que sea de temer que usando de ella se dañe a sí mismo o cause peligro o notable incomodidad a otros.
Ni podrá ser traslado a una casa de locos, encerrado ni atado sino momentáneamente, mientras a solicitud del curador o de cualquiera persona del pueblo, se obtiene autorización judicial para cualquiera de estas medidas.
Los frutos de sus bienes, i en caso necesario i con autorización judicial, los capitales se emplearán principalmente en aliviar su condición i en procurar su establecimiento.
El demente podrá ser rehabilitado para la administración de sus bienes si apareciere que ha recobrado permanentemente la razón; i podrá también ser inhabilitado de nuevo con justa causa.
Se observará en estos casos lo previsto en los artículos 543 i 544.
La curaduría del sordo-mudo que ha llegado a la pubertad, puede ser testamentaria, lejítima o dativa.
Los artículos 546, 547, 550, 551, i 552 se estienden al sordo-mudo.
Los frutos de los bienes del sordo-mudo i, en caso necesario, i con autorización judicial, los capitales, se emplearán especialmente en aliviar su condición i en procurarle la educación conveniente.
Cesará la curaduría cuando el sordomudo se haya hecho capaz de entender i de ser entendido por escrito, si él mismo lo solicitare, i tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus bienes; sobre lo cual tomará el Juez o Prefecto los informes competentes.
En general, habrá lugar al nombramiento de curador de los bienes de una persona ausente cuando se reúnan las circunstancias siguientes:
1.ª Que no se sepa de su paradero, o que a lo menos haya dejado de estar en comunicación con los suios, i a (sic) falta de comunicación se originen perjuicios graves al mismo ausente o a terceros;
2. ª Que no haya constituido procurador, o sólo le haya constituido para cosas o negocios especiales.
Podrán provocar este nombramiento las mismas personas que son admitidas a provocar la interdicción del demente
Además, los acreedores del ausente tendrán derecho para pedir que se nombre curador a los bienes para responder a sus demandas.
Se comprende entre los ausentes al deudor que se oculta.
Pueden ser nombrados para la curaduría de bienes del ausente las mismas personas que para curaduría del demente, en conformidad al artículo 537 i se observará el mismo orden de preferencia entre ellas.
Podrá el Juez o Prefecto, con todo, separarse de este orden a petición de los herederos lejítimos o de los acreedores, si lo estimare conveniente.
Podrá así mismo nombrar más de un curador, i dividir entre ellos la administración en el caso de bienes cuantiosos situados en diferentes departamentos.
Intervendrá en el nombramiento el defensor de ausentes.
Si el ausente ha dejado mujer divorciada, se observará lo prevenido para este caso en el título De la sociedad conyugal.
Si la persona ausente es mujer casada, no podrá ser curador el marido, sino en los términos del artículo 537, número 1.º
El procurador constituido por ciertos actos o negocios del ausente, estará subordinado al curador; el cual, sin embargo, no podrá separarse de las instrucciones dadas por el ausente al procurador, sino con autorización del Juez o Prefecto.
Si no se supiere el paradero del ausente, será el primer deber del curador averiguarlo.
Sabido el paradero del ausente, hará el curador cuanto esté de su parte para ponerse en comunicación con él.
Se dará curador a la herencia yacente, esto es, a los bienes de un difunto cuya herencia no ha sido aceptada.
La curaduría de la herencia yacente será dativa.
Si el difunto a cuya herencia es necesario nombrar curador, tuviere herederos estranjeros, el cónsul de la nación de éstos tendrá derecho para proponer el curador o curadores que hayan de custodiar i administrar los bienes.
El majistrado discernirá la curaduría al curador o curadores propuesto por el cónsul, si fueren personas idóneas; i a petición de los acreedores, o de otros interesados en la sucesión, podrá agregar a dicho curador o curadores otro u otros, según la cuantía i situación de los bienes que compongan la herencia.
Después de transcurridos cuatro años desde el fallecimiento de la persona cuya herencia está en curaduría, el Juez o Prefecto, a petición del curador i con conocimiento de causa, podrá ordenar que se vendan todos los bienes hereditarios existentes i se ponga el producido a interés con las debidas seguridades, o si no las hubiere, se deposite en las arcas de la nación.
Los bienes que han de corresponder al hijo póstumo, si nace vivo, i en el tiempo debido, estarán a cargo del curador que haya sido designado a este efecto por el testamento del padre, o de un curador nombrado por el Juez o Prefecto, a petición de la madre, o a petición de cualquiera de las personas que han de suceder en dichos bienes, si no sucede en ellos el póstumo.
Podrá nombrarse dos o más curadores, si así conviniere.
La persona designada por el testamento del padre para la tutela del hijo, se presumirá designada asimismo para la curaduría de los derechos eventuales de este hijo, si mientras él está en el vientre materno fallece el padre.
El curador de los bienes de una persona ausente, el curador de una herencia yacente, el curador de los derechos eventuales del que está por nacer, están sujetos en su administración a todas las trabas de los tutores o curadores i además se les prohíbe ejecutar otros actos administrativos que los de mera custodia i conservación i los necesarios para el cobro de los créditos i pago de las deudas de sus respectivos representados.
Se les prohíbe especialmente alterar la forma de los bienes, contraer empréstitos i enajenar aun los bienes muebles que no sean corruptibles, a no ser que esta enajenación pertenezca al giro ordinario de los negocios del ausente, o que el pago de las deudas la requiera.
Sin embargo de los dispuesto en los artículos precedentes, los actos prohibidos en ellos a los curadores de bienes serán válidos, si justificada su necesidad o utilidad, los autorizare el Juez o Prefecto previamente.
El dueño de los bienes tendrá derecho para que se declare la nulidad de cualquiera de tales actos, no autorizado por el Juez o Prefecto; i declarada la nulidad será responsable el curador de todo perjuicio que de ello se hubiere originado a dicha persona o a terceros.
Toca a los curadores de bienes el ejercicio de las acciones i defensas judiciales de sus respectivos representados; i las personas que tengan créditos contra los bienes podrán hacerlos valer contra las respectivos curadores.
La curaduría de los derechos del ausente espira a su regreso; o por el hecho de hacerse cargo de sus negocios un procurador jeneral debidamente constituido; o a consecuencia de su fallecimiento; o por el decreto que en el caso de desaparecimiento conceda la posesión provisoria.
La curaduría de la herencia yacente cesa por la aceptación de la herencia, o en el caso del artículo 572, por el depósito del producto de la venta en las Arcas de la Nación.
La curaduría de los derechos eventuales del que está por nacer, cesa a consecuencia del parto.
Toda curaduría de bienes, cesa por la estincion o inversión completa de los mismos bienes.
Los curadores adjuntos tienen sobre los bienes que se pongan a su cargo, las mismas facultades administrativas que los tutores, a menos que se agreguen a los curadores de bienes.
En este caso no tendrán más facultades que las de curadores de bienes.
Los curadores adjuntos son independientes de los respectivos padres, maridos o guardadores.
La responsabilidad subsidiaria que por el artículo 508 se impone a los tutores o curadores que no administran, se estiende a los respectivos padres, maridos o guardadores respecto de los curadores adjuntos.
Las curadurías especiales son dativas.
Los curadores para pleito o ad litem son dados por la Judicatura o Prefectura que conoce en el pleito.
El curador especial no es obligado a la confección de inventario, sino sólo a otorgar recibo de los documentos, cantidades o efectos que se pongan a su disposición para el desempeño de su cargo i de que dará cuenta fiel i esacta.
Hai personas a quienes la lei prohíbe ser tutores o curadores, i personas a quienes permite escusarse de servir la tutela o curaduría.
Son incapaces de ejercer tutela o curaduría:
1.º Los ciegos;
2.º Los mudos;
3.º Los dementes, aunque no estén bajo interdiccion;
4.º Los fallidos, mientras no hayan satisfecho a sus acreedores;
5.º Los que están privados de administrar sus propios bienes por disipacion;
6.º Los que carecen de domicilio en la nación.
7.º Los que no saben leer ni escribir, con escepcion del padre o madre llamados a ejercer la guarda lejítima o testamentaria de sus hijos lejítimos o naturales;
8.º Los de mala conducta notoria;
9.º Los condenados judicialmente a una pena de las designadas en el artículo 315, número 4,º aunque se les haya indultado de ella
10.ºLa mujer que ha sido divorciada por adulterio
11.º El que ha sido privado de ejercer la patria potestad, según el artículo 310; i
12.º Los que por torcida o descuidada administracion han sido removidos de una guarda anterior, o en el juicio subsiguiente a ésta han sido condenados por fraude o culpa grave, a indemnizar al pupilo.
parágrafo 2.º
Reglas relativas al sexo.
Las mujeres son incapaces del ejercicio de la tutela o curaduría, salvas las escepciones siguientes:
1.ª La mujer que no tiene marido vivo, puede ser guardadora de sus descendientes lejítimos o de sus hijos naturales;
2.ª La mujer no divorciada puede ser curadora de su marido demente o sordo-mudo;
3.ª La mujer, mientras vive su marido, puede ser guardadora de los hijos comunes, cuando en conformidad al Capítulo 4.º, Título De las capitulaciones matrimoniales i de la sociedad conyugal, se le confiere la administración de la sociedad conyugal;
4.ª La madre adoptante puede ser guardadora de la hija adoptiva. Estas escepciones no escluyen las inhabilidades provenientes de otra causa que el sexo.
parágrafo 3.º
Reglas relativas a la edad
No pueden ser tutores o curadores los que no hayan cumplido veintiún años, aunque hayan obtenido habilitación de edad.
Sinembargo, si es deferida una tutela o curaduría al ascendiente o descendiente que no ha cumplido veintiún años, se aguardará que los cumpla para conferirle el cargo, i se nombrará un interino para el tiempo intermedio.
Se aguardará de la misma manera al tutor o curador testamentario, que no ha cumplido veintiún años.
Pero será inválido el nombramiento del tutor o curador menor, cuando llegando a los veintiún años sólo tendría que ejercer la tutela o curaduría por ménos de dos años.
Cuando no hubiere certidumbre acerca de la edad, se juzgará de ella según el artículo 400, i si en consecuencia se discierne el cargo al tutor o curador nombrado, será válido i subsistirá cualquiera que sea realmente la edad.
parágrafo 4.º
Reglas relativas a las relaciones de familia
El padrastro no puede ser tutor o curador de su entenado.
El marido no puede ser tutor o curador de sus hijos naturales, sin el consentimiento de su mujer.
El hijo no puede ser curador de su padre disipador.
parágrafo 5.º
Reglas relativas a la oposicion de interes o diferencia de relijion entre el guardador i el pupilo.
No podrá ser tutor o curador de una persona el que le dispute su estado civil.
No pueden ser solo tutores o curadores de una persona los acreedores o deudores de la misma, ni los que litiguen con ella, por intereses propios o ajenos.
El Juez o Prefecto, segun le pareciere más conveniente, le agregará otros tutores o curadores que administren conjuntamente, o los declarará incapaces del cargo.
Al cónyuge i a los ascendientes i descendientes del pupilo no se aplicará la disposición de este artículo.
Las disposiciones del precedente artículo no comprenden al tutor o curador testamentario, si se prueba que el testador tenía conocimiento del crédito, deuda o lítis, al tiempo de nombrar a dicho tutor o curador.
Ni se estienden a los créditos, deudas o lítis, que fueren de poca importancia en concepto del Juez o Prefecto.
Los que profesan diversa relijión de aquella en que debe ser o ha sido educado el pupilo, no pueden ser tutores o curadores de éste, escepto en el caso de ser aceptados por los ascendientes, i a falta de éstos por los consanguíneos más próximos.
parágrafo 6.º
Reglas relativas a la incapacidad sobreviniente
Las causas antedichas de incapacidad que sobrevengan durante el ejercicio de la tutela o curaduría, pondrán fin a ella.
La demencia del tutor o curador viciará de nulidad todos los actos que durante ella hubiere ejecutado, aunque no haya sido puesto en interdicción.
Si el ascendiente lejítima o madre natural o adoptiva, tutora o curadora, quisiere casarse, lo denunciará previamente al Juez o Prefecto, para que nombre la persona que ha de sucederle en el cargo; i de no hacerlo así, ella i su marido quedarán solidariamente responsables de la administración, estendiéndose la responsabilidad del marido aun a los actos de la tutora o curadora anteriores al matrimonio.
parágrafo 7.º
Reglas jenerales sobre las incapacidades.
Los tutores o curadores que hayan ocultado las causas de incapacidad que esistian en el tiempo de deferírseles el cargo o que después hubieren sobrevenido, además de estar sujetos a todas las responsabilidades de su administracion, perderán los emolumentos correspondientes al tiempo en que, conociendo la incapacidad, ejercieron el cargo.
Las causas ignoradas de incapacidad no vician los actos del tutor o curador; pero sabidas por él, pondrán fin a la tutela o curaduría.
El guardador que se creyere incapaz de ejercer la tutela o curatela que se le defiere, tendrá para provocar el juicio sobre su incapacidad los mismos plazos que para el juicio sobre escusas se prescriben en el artículo 608.
Sobreviniendo la incapacidad durante el ejercicio de la tutela o curaduría, deberá denunciarla al Juez o Prefecto dentro de los tres días subsiguientes a aquel en que dicha incapacidad haya empezado a existir o hubíere llegado a su conocimiento; i se ampliará este plazo de la misma manera que el de treinta días que en el artículo 608 se prescribe.
La incapacidad del tutor o curador podrá también ser denunciada al Juez o Prefecto por cualquiera de los consanguíneos del pupilo, por su cónyuge i aun por cualquier persona del pueblo.
Pueden escusarse de la tutela o curaduría:
1.º Los empleados nacionales, el Presidente de la Unión i los que ejercen funciones judiciales.
2.º Los administradores i recaudadores de rentas nacionales.
3.º Los que están obligados a servir por largo tiempo un empleo público, a considerable distancia del territorio en que se ha de ejercer la guarda.
4.º Los que tienen su domicilio a considerable distancia de dicho territorio.
5.º Las mujeres.
6o.) Los que adolecen de alguna grave enfermedad habitual o han cumplido sesenta i cinco años.
7.º Los pobres que están precisados a vivir de su trabajo personal diario.
8.º Los que ejercen ya dos guardas i los que estando casados o teniendo hijos, ejercen ya una guarda; pero no se tomarán en cuenta las curadurías especiales.
Podrá el Juez o Prefecto contar como dos la tutela o curaduría que fuere demasiado complicada o gravosa.
9.º Los que tienen bajo su patria potestad cinco o más hijos vivos; contándoseles también los que han muerto en acción de guerra bajo la banderas de la Unión.
En el caso del artículo precedente, número 8,º el que ejerciere dos o más guardas de personas que no son hijos suyos, tendrá derecho para pedir que se le exonere de una de ellas, a fin de encargarse de la guarda de un hijo suyo; pero no podrá escusarse de ésta.
La escusa del número 9,º artículo 602, no podrá alegarse para no servir la tutela o curaduría del hijo.
No se admitirá como escusa el no hallar fiadores, si el que la alega tiene bienes raíces; en este caso será obligado a constituir hipoteca sobre ellos hasta la cantidad que se estime suficiente para responder de su administración.
El que por diez o más años continuos haya servido la guarda de un mismo pupilo, como tutor o curador, sucesivamente, podrá escusarse de continuar en el ejercicio de su cargo; pero no podrá alegar esta escusa el cónyuge, ni un ascendiente o descendiente lejítimo, ni un padre o hijo natural.
Las escusas consignadas en los artículos precedentes deberán alegarse por el que quiera aprovecharse de ellas, al tiempo de deferirse la guarda; i serán admisibles si durante ella sobrevienen.
Las escusas para no aceptar la guarda que se defiere, deben alegarse dentro de los plazos siguientes:
Si el tutor o curador nombrado se halla en el territorio en que reside el Juez o Prefecto que ha de conocer de ellas, las alegará dentro de los treinta días subsiguientes a aquel en que se le ha hecho saber su nombramiento; i si no se halla en dicho territorio, sino en cualquiera otra parte fuera de él, se ampliará este plazo de cuatro días por cada cincuenta kilómetros de distancia entre la ciudad cabecera de dicho territorio i la residencia actual del tutor o curador nombrado.
Toda dilación que esceda del plazo legal, i que con mediana diligencia hubiera podido evitarse, impondrá al tutor o curador la responsabilidad de los perjuicios que se siguieren de su retardo en encargarse de la tutela o curaduría; i hará, además, inadmisibles sus escusas voluntarias, a no ser que por el interés del pupilo convenga aceptarlas.
Los motivos de escusa, que durante la tutela sobrevengan, no prescriben por ninguna demora en alegarlos.
Si el tutor o curador nombrado está en país estranjero, i se ignora cuándo ha de volver, o si no se sabe su paradero, podrá el Juez o Prefecto, según las circunstancias, señalar un plazo dentro del cual se presente el tutor o curador a encargarse de la tutela o curaduría o a escusarse; i espirado el plazo podrá, según las circunstancias, ampliarlo o declarar inválido el nombramiento, el cual no convalecerá, aunque después se presente el tutor o curador.
El juicio sobre las incapacidades o escusas alegadas por el guardador, deberá seguirse con el respectivo defensor.
Si el Juez o Prefecto en la primera instancia no reconociere las causas de incapacidad alegadas por el guardador, o no aceptare sus escusas, i si el guardador no apelare, o por el Tribunal de apelación se confirmare el fallo del Juez o Prefecto a quo, será el guardador responsable de cualesquiera perjuicios que, de su retardo en encargarse de la guarda, hayan resultado al pupilo.
No tendrá lugar esta responsabilidad si el tutor o curador, para exonerarse de ella, ofreciere encargarse interinamente de la tutela o curaduría.
El tutor o curador tendrá, en jeneral, en recompensa de su trabajo, la décima parte de los frutos de aquellos bienes de su pupilo que administra.
Si hubiere varios tutores o curadores que administren conjuntamente, se dividirá entre ellos la décima por partes iguales. Pero si uno de los guardadores ejerce funciones a que no está anesa la percepción de frutos, deducirá el Juez o Prefecto de la décima de los otros la remuneración que crea justo asignarle.
Podrá también aumentar la décima de un guardador, deduciendo este aumento de la décima de los otros, cuando hubiere una manifiesta desproporción entre los trabajos i los emolumentos respectivos.
Se dictarán estas dos providencias por el juez o prefecto, en caso necesario, a petición del respectivo guardador, i con audiencia de los otros.
La distribución de la décima se hará según las reglas jenerales del artículo precedente i de su inciso 1o, mientras en conformidad a los incisos 2.º i 3.º no se altere por acuerdo de las partes o por decreto del Juez o Prefecto; ni regirá la nueva distribución sino desde la fecha del acuerdo o del decreto.
Los gastos necesarios ocurridos a los tutores o curadores en el desempeño de su cargo se le abonarán separadamente i no se imputarán a la décima.
Toda asignación que espresamente se haga al tutor o curador testamentario en recompensa de su trabajo, se imputará a lo que de la décima de los frutos hubiere de caber a dicho tutor o curador; i si valiere menos, tendrá derecho a que se le complete su remuneración; pero si valiere más, no será obligado a pagar el esceso mientras este quepa en la cuota de bienes de que el testador pudo disponer a su arbitrio.
Las escusas aceptadas privan al tutor o curador testamentario de la asignación que se le haya hecho en remuneración de su trabajo.
Pero las escusas sobrevinientes le privarán solamente de una parte proporcional.
Las incapacidades preexistentes quitan al guardador todo derecho a la asignación antedicha.
Si la incapacidad sobreviene sin hecho o culpa del guardador, o si éste fallece durante la guarda, no habrá lugar a la restitucion de la cosa asignada en todo o en parte.
Si un tutor o curador interino releva de todas sus funciones al propietario, corresponderá su décima íntegra al primero por todo el tiempo que durare su cargo; pero si el propietario retiene alguna parte de sus funciones, retendrá también una parte proporcionada de su décima.
Si la remuneración consistiere en una cuota hereditaria o legado, i el propietario hubiere hecho necesario el nombramiento del interino por una causa justificable, como la de un encargo público o la de evitar algún grave perjuicio en sus intereses, conservará su herencia o legado íntegramente, i el interino recibirá la décima de los frutos de lo que administre.
El tutor o curador que administra fraudulentamente o que contraviene a la disposición del inciso 13, artículo 140, pierde su derecho a la décima i estará obligado a la restitución de todo lo que hubiere percibido en remuneración de su cargo.
Si administra descuidadamente no cobrará la décima de los frutos en aquella parte de los bienes que por su negligencia hubiere sufrido detrimento o esperimentado una considerable disminución de productos.
En uno i otro caso queda, además, salva al pupilo la indemnización de perjuicios.
Si los frutos del patrimonio del pupilo fueren tan escasos que apenas basten para su precisa subsistencia, el tutor o curador será obligado a servir su cargo gratuitamente; si el pupilo llegare a adquirir más bienes, sea durante la guarda o después, nada podrá exijir el guardador en razón de la décima correspondiente al tiempo anterior.
El guardador cobrará su décima a medida que se realicen los frutos.
Para determinar el valor de la décima, se tomarán en cuenta, no sólo las espensas invertidas en la producción de los frutos, sino todas las pensiones i cargas usufructuarias a que esté sujeto el patrimonio.
Respecto de los frutos pendientes a tiempo de principiar o espirar la tutela, se sujetará la décima del tutor o curador a las mismas reglas a que está sujeto el usufructo.
En jeneral, no se contarán entre los frutos de que debe deducirse la décima, las materias que separadas no renacen, ni aquéllas cuya separación deteriora el fundo o disminuie su valor.
Por consiguiente, no se contará entre los frutos la leña o madera que se vende, cuando el corte no se hace con la regularidad necesaria para que se conserven en un ser los bosques i arbolados.
La décima se estenderá, sinembargo, al producto de las canteras i minas.
Los curadores de bienes de ausentes, los curadores de los derechos eventuales de un póstumo, los curadores de una herencia yacente, i los curadores especiales no tienen derecho a la décima. Se les asignará por el Juez o Prefecto una remuneración equitativa sobre los frutos de los bienes que administran, o una cantidad determinada, en recompensa de su trabajo.
Los tutores o curadores serán removidos: 1.º Por incapacidad; 2.º Por fraude o culpa grave en el ejercicio de su cargo i en especial por las señaladas en los artículos 468 523; 3.º Por ineptitud manifiesta; 4.º Por actos repetidos de administración descuidada; 5.ºPor conducta inmoral de que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo.
Por la cuarta de las escusas anteriores no podrá ser removido el tutor o curador que fuere ascendiente, o descendiente, o cónyuge del pupilo; pero se le asociará otro tutor o curador en la administración.
Se presumirá descuido habitual en la administración por el hecho de deteriorarse los bienes, o disminuirse considerablemente los frutos; i el tutor o curador que no desvanezca esta presunción, dando esplicación satisfactoria del deterioro o disminución, será removido.
El que ejerce varias tutelas o curadurías i es removido de una de ellas por fraude o culpa grave, será por el mismo hecho removido de las otras, a petición del respectivo defensor o de cualquiera persona del pueblo, o de oficio.
La remoción podrá ser provocada por cualquiera de los consanguíneos del pupilo, i por su cónyuge, i aun por cualquiera persona del pueblo.
Podrá provocarla el pupilo mismo que haya llegado a la pubertad, recurriendo al respectivo defensor.
El Juez o Prefecto podrá también promoverla de oficio.
Serán siempre oídos los parientes i el Ministerio público.
Se nombrará tutor o curador interino para mientras penda el juicio de remoción. El interino escluirá al propietario que no fuere ascendiente, descendiente o cónyuje; i será agregado al que lo fuere
El tutor o curador removido deberá indemnizar cumplidamente al pupilo.
Será asimismo perseguido criminalmente por los delitos que haya cometido en el ejercicio de su cargo
Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos i contraer obligaciones civiles, i de ser representada judicial i estrajudicialmente.
Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones i fundaciones de beneficencia pública.
Hai personas jurídicas que participan de uno i otro carácter.
No son personas jurídicas las fundaciones que no se hayan establecido en virtud de una lei.
Las sociedades industriales no están comprendidas en las disposiciones de este Título; sus derechos i obligaciones son reglados, según su naturaleza, por otros títulos de este Código, i por el Código de Comercio.
Tampoco se estienden las disposiciones de este Título a las corporaciones o fundaciones de derecho público, como los establecimientos que se costean con fondos del Tesoro nacional.
Los reglamentos o estatutos de las corporaciones, que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo de la Unión, quien se la concederá si no tuvieren nada contrario al órden público, a las leyes o a las buenas costumbres.
Todos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren perjuicio, podrán recurrir al poder ejecutivo ya citado, para que en lo que perjudicaren a terceros, se corrijan, i aun después de aprobados les quedará espedito su recurso a la justicia contra toda lesión o perjuicio que de la aplicación de dichos estatutos les haya resultado o pueda resultarles.
Lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; i recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación.
Sinembargo, los miembros pueden, espresándolo, obligarse en particular, al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; i la responsabilidad de los miembros será entónces solidaria si se estipula espresamente la solidaridad.
Pero la responsabilidad no se estiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado espresamente.
La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan según sus estatutos voto deliberativo, será considerada como una sala o reunión legal de la corporación entera.
La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación.
Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos de la corporación prescribieren a este respecto.
Las corporaciones son representadas por las personas autorizadas por las leyes o las ordenanzas respectivas, i a falta de una i otras, por un acuerdo de la corporación que confiera este carácter.
Los actos del representante de la corporación, en cuanto no escedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación; en cuanto escedan de estos límites sólo obligan personalmente al representante.
Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre ella, i sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las penas que los mismos estatutos impongan.
Toda corporación tiene sobre sus miembros el derecho de policía correccional que sus estatutos le confieran, i ejercerá este derecho en conformidad a ellos.
Las corporaciones pueden adquirir bienes de todas clases a cualquier título, pero no pueden conservar la posesión de los bienes raíces que adquieran, sin permiso especial del Congreso de la Unión.
Sin este permiso estarán obligados a enajenar dichos bienes raíces, dentro de los cinco años subsiguientes al día en que hayan adquirido la posesión de ellos; i si no lo hicieren, caerán en comiso los referidos bienes.
Esta prohibición no se estiende a los derechos de usufructo, uso o habitación u otros asegurados sobre bienes raíces.
Las comunidades, corporaciones, asociaciones i entidades relijiosas son absolutamente incapaces de adquirir bienes raíces, aunque tales comunidades, corporaciones, asociaciones o entidades tengan el carácter de personas jurídicas.
Los bienes raíces que las corporaciones posean con permiso del Congreso, están sujetos a las reglas siguientes:
1.ª No pueden enajenarse ni gravarse con hipoteca, usufructo o servidumbre, ni arrendarse por más de ocho años, si fueren predios rústicos, ni por más de cinco, si fueren urbanos, sin previo decreto de Juez o de Prefecto, con conocimiento de causa, i por razón de necesidad o utilidad manifiesta.
2.ª Enajenados, puede adquirirlos otra vez la corporación, i conservarlos sin especial permiso, si vuelven a ella por la resolución de la enajenación i no por un nuevo título; por ejemplo, cuando el que los ha adquirido con ciertas obligaciones deja de cumplirlas, i es obligado a la restitución, o cuando ella los ha venido, reservándose el derecho de volver a comprarlos dentro de cierto tiempo, i ejercita este derecho.
Los acreedores de las corporaciones tienen acción contra sus bienes como contra los de una persona natural, que se halla bajo tutela.
Las corporaciones pueden ser disueltas a pesar de la voluntad de sus miembros, si llegan a comprometer la seguridad o los intereses de la Unión o no corresponden al objeto de su institución
Si por muerte u otros accidentes quedan reducidos los miembros de una corporación a tan corto número que no pueden ya cumplirse los objetos para que fue instituida, o si faltan todos ellos i los estatutos no hubieren prevenido el modo de integrarla o renovarla en estos casos, corresponderá a la autoridad que lejitimó su existencia dictar la forma en que haya de efectuarse la integración o renovación.
Disuelta una corporación, se dispondrá de sus propiedades, en la forma que para este caso hubìeren prescrito sus estatutos; i si en ellos no se hubiere previsto este caso, pertenecerán dichas propiedades a la nación, con la obligación de emplearlas en objetos análogos a los de la institución. Tocará al Congreso de la Unión señalarlos.
Las fundaciones de beneficencia que hayan de administrarse por una colección de individuos, se rejirán por los estatutos que el fundador les hubiere dictado; i si el fundador no hubiere manifestado su voluntad a este respecto, o sólo la hubiere manifestado incompletamente, será suplido este defecto por el Presidente de la Unión.
Lo que en los artículos 637 hasta 649 se dispone acerca de las corporaciones i de los miembros que las componen, se aplicará a las fundaciones de beneficencia i a los individuos que las administran.
Las fundaciones perecen por la destrucción de los bienes destinados a su manutención.
fin del libro primero.