Ratio
Circular Básica Jurídica › PARTE I

TÍTULO I. Aspectos generales

Circular Externa 029 de 2014 · 554 numerales

Texto vigente el

Contenido

TÍTULO IAspectos generales
CAPÍTULO IOrganización

Numeral 1

Constitución de entidades vigiladas

Numeral 1.1

Capitales mínimos

Al momento de su constitución y durante su funcionamiento, y dependiendo de su naturaleza jurídica particular, son aplicables a las entidades vigiladas los capitales mínimos establecidos en el artículo 80 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), los definidos en otras disposiciones legales tales como la Ley 100 de 1993, la Ley 510 de 1999, la Ley 1735 de 2014, la Ley 964 de 2005 y la Ley 454 de 1998, entre otras que regulen, adicionen, sustituyan o modifiquen la materia, así como los establecidos por el Gobierno Nacional de acuerdo con la normatividad aplicable. Los valores establecidos en virtud de cualquiera de las disposiciones señaladas se reajustan de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

Numeral 1.2

Documentación requerida

Con el fin de contar con suficientes elementos de juicio que permitan evaluar el carácter, responsabilidad, idoneidad y capacidad patrimonial de los inversionistas, los interesados en constituir una entidad vigilada o establecer una sucursal de un banco o de una compañía de seguros del exterior, deben cumplir con las condiciones señaladas en el artículo 53 del EOSF y las que señale esta Superintendencia caso a caso, con el fin de evaluar de forma integral el trámite. Igualmente, deben acompañar la solicitud que se presente para el efecto con la información correspondiente a las exigencias propias de la naturaleza de la entidad vigilada que se pretende constituir, así como con los requisitos documentales previstos en las listas de chequeo publicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a través de su página web.

Numeral 1.2.1

Para las sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior, se debe adjuntar la autorización del organismo competente en el país de origen, en el que conste que puede efectuar la inversión y que está en capacidad de cumplir con las obligaciones que contraiga la sucursal en Colombia, si fuere el caso de acuerdo con las normas aplicables. Adicionalmente, la solicitud de constitución debe presentarse acompañada de los requisitos establecidos en el artículo 53 del EOSF, además de cualquier otro que defina esta Superintendencia.

Numeral 1.3

Especificidad en la constitución de las entidades administradoras del régimen de ahorro individual y de los fondos administrados

La constitución de las entidades administradoras del régimen de ahorro individual debe someterse al cumplimiento de los requisitos contenidos en la lista de chequeo definida por la Superintendencia en su página web, para la constitución de las entidades vigiladas. Es importante tener en cuenta que la autorización que imparta la SFC para el funcionamiento de una sociedad administradora de fondos de pensiones, o de una sociedad administradora de pensiones y cesantía, no implica de suyo la autorización para administrar los respectivos fondos. Esta autorización sólo se otorga una vez la entidad solicitante acredite la capacidad técnica, humana y administrativa necesaria, siempre que se haya aprobado el reglamento de los fondos, de conformidad con los requisitos señalados en la lista de chequeo correspondiente.

Numeral 2

Reorganizaciones empresariales

Para efectos de conversión, fusión, adquisición, escisión y cesión de activos, pasivos y contratos de entidades vigiladas con una licencia de funcionamiento vigente, las solicitudes deben cumplir con las condiciones establecidas para cada una de las formas de reorganización previstas en EOSF, bajo el entendido que cualquier reforma de las aquí mencionadas conlleva el sometimiento al régimen previsto para la entidad resultante, sin que se produzca solución de continuidad tanto en su existencia como persona jurídica, como en sus contratos o en su patrimonio.

Numeral 2.1

Requisitos y condiciones generales

La solicitud de autorización de las operaciones referidas en el numeral anterior debe presentarse acompañada de los requisitos mínimos y en las condiciones señaladas en las listas de chequeo definidas en la página web de esta Superintendencia, para los siguientes procesos de reorganización corporativa:

2.1.1. Conversión.

2.1.2. Fusión.

2.1.3. Adquisición.

2.1.4. Escisión.

2.1.5. Cesión de activos, pasivos y contratos.

Numeral 2.2

Conversión y/o especialización en cooperativas financieras

Para efectos de obtener la autorización de conversión y/o especialización en cooperativas financieras debe atenderse lo dispuesto en la lista de chequeo publicada en la página web de esta Superintendencia. Las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria pueden convertirse en cooperativas financieras. Por su parte, las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 44 de la Ley 454 de 1998, deben especializarse para el ejercicio de la actividad financiera, previo cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada ley y en la demás normatividad aplicable.

Numeral 2.2.1

Proceso de conversión

Para efectos de poder iniciar la realización de las actividades permitidas a una cooperativa financiera, las cooperativas que pretendan convertirse deben presentar un programa de adecuación de las operaciones al nuevo régimen, dentro de los 3 meses siguientes a la autorización de conversión. El programa de adecuación tendrá una duración máxima de 2 años. Por lo tanto, la aprobación de la SFC está condicionada al cumplimiento del programa de adecuación correspondiente.

Numeral 2.2.2

Procedimiento en el evento de especialización

Numeral 2.2.2.1

Término

Una vez presentada la causal de especialización, la respectiva cooperativa tiene un plazo de 1 mes para presentar, ante la SFC, un plan de ajuste para el cumplimiento de los requisitos necesarios para constituirse como cooperativa financiera.

Numeral 2.2.2.2

Alternativas para la especialización

Para especializarse, las cooperativas pueden optar por una de las 3 alternativas que señala el artículo 45 de la Ley 454 de 1998, a saber: escisión, transferencia y creación de una o varias instituciones auxiliares del cooperativismo. En cada caso, se debe observar la normatividad que regula la alternativa seleccionada.

Numeral 2.2.2.3

Plazo para el cumplimiento del plan de ajuste

La SFC debe establecer, en cada caso, el término de duración del plan de ajuste, el cual no puede ser superior a 12 meses. El citado plan debe contener el proceso de especialización y la respectiva constitución de la nueva cooperativa financiera, bajo una de las alternativas previstas en la ley.

Numeral 2.2.3

No autorización de la conversión o especialización

En caso de que esta Superintendencia no autorice la conversión, la cooperativa se debe ajustar a las condiciones que establezca la Superintendencia de la Economía Solidaria. Igualmente, en el evento que no se autorice la especialización en cualquiera de sus alternativas o la constitución del nuevo establecimiento de crédito, la cooperativa debe ajustarse al límite de captaciones fijado en el artículo 44 de la Ley 454 de 1998, en los términos que fije la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Numeral 2.2.4

Cooperativas exceptuadas de convertirse o especializarse

Las cooperativas de ahorro y crédito, y las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito que estén integradas por asociados que se encuentren o hayan estado vinculados laboralmente a una misma entidad pública o privada, no están obligadas a convertirse o especializarse en cooperativas financieras.

CAPÍTULO IIRégimen patrimonial

Numeral 1

Oferta y suscripción de acciones

La oferta y suscripción de acciones de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) se rige integralmente por las disposiciones contenidas en los artículos 384 y siguientes del Código de Comercio, el artículo 81 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) y los Capítulos IX y X de la Parte III del EOSF, en caso de que sean sociedades anónimas. Además, se aplican las normas contenidas en la Parte 6 del Decreto 2555 de 2010 si la suscripción de acciones de la entidad vigilada respectiva se realiza mediante un proceso de oferta pública de valores.

Numeral 1.1

Reglamentos de suscripción de acciones ordinarias

Los reglamentos de suscripción de acciones ordinarias de las entidades vigiladas que se vayan a colocar mediante oferta privada estarán sujetos al régimen de autorización general o individual, según corresponda, de acuerdo con los requisitos señalados en el presente Capítulo.

Aquellas entidades que cumplan con los presupuestos para obtener la autorización a través del régimen general podrán optar por someterse al trámite individual, para lo cual bastará con radicar los documentos bajo el código correspondiente a este último trámite.

Numeral 1.1.1

Régimen de autorización general

Sin perjuicio de lo establecido para el régimen de constitución de entidades vigiladas en el artículo 53 del EOSF, se entienden autorizados por vía general los reglamentos de suscripción de acciones de las sociedades sometidas a la vigilancia de la SFC que cumplan las siguientes condiciones:

Numeral 1.1.1.1

Que las acciones a emitir sean ordinarias.

Numeral 1.1.1.2

Que la oferta de las acciones no se enmarque en los presupuestos consagrados para la oferta pública de valores, de conformidad con el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

Numeral 1.1.1.3

Que el número de acciones que se pretenden colocar sea igual o inferior al 20% de las acciones en circulación

Numeral 1.1.1.4

Que la colocación se realice con sujeción al derecho de preferencia.

Numeral 1.1.1.5

Que el reglamento se ajuste en su contenido a lo previsto en el artículo 386 del Código de Comercio y atienda lo dispuesto en los artículos 81 y 88 del EOSF.

La entidad debe remitir a la SFC la documentación prevista en la lista de chequeo respectiva. Los reglamentos de suscripción de acciones a los que les aplique el régimen de autorización general se entienden autorizados a partir de la fecha de radicación de la documentación.

Así mismo, de acuerdo con el artículo 392 del Código de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expiración del plazo de la oferta, el representante legal y revisor fiscal deben informar el resultado de la oferta de suscripción, indicando la cifra en que se eleva el capital suscrito, el número de acciones suscritas, los pagos efectuados a cuenta de éstas, las cuotas pendientes para su pago y los plazos para cubrirlo.

En el evento de acogerse al régimen de autorización general sin que se presenten los supuestos descritos, se entiende que el reglamento no contó con la autorización de la SFC y, por lo tanto, la colocación será ineficaz. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones legales o demás medidas administrativas que considere adoptar esta Superintendencia.

La autorización general establecida se entiende sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del EOSF y en el presente Capítulo.

En todo caso, en razón al ejercicio de supervisión, la SFC podrá en cualquier momento restringir o suspender la aplicación del régimen de autorización general a algunas entidades, caso en el cual se someterán al régimen de autorización individual.

Numeral 1.1.2

Régimen de autorización individual

Los reglamentos de suscripción de acciones ordinarias que no se enmarquen en los supuestos señalados en el numeral 1.1.1. de este Capítulo o que hayan sido restringidos para acceder al régimen general de autorización, deben surtir el siguiente trámite:

Una vez aprobado el reglamento de suscripción de acciones por el órgano social, éste debe ser sometido a consideración de esta Superintendencia, a quien corresponde impartir su autorización previamente al proceso de colocación de las acciones, de acuerdo con lo señalado en los artículos 390 y 2034 del Código de Comercio, salvo que se trate de alguna de las excepciones legales.

La omisión de esta formalidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 390 del Código de Comercio, acarrea la ineficacia de la colocación, sin perjuicio de las sanciones que por tal hecho resulten aplicables a los administradores de la sociedad.

La autorización no implica una aprobación del reglamento de suscripción de acciones, la cual compete únicamente al órgano social señalado en los estatutos o a la junta directiva si nada se dispone al respecto. La autorización de esta Superintendencia conlleva un control de legalidad posterior que presupone la aprobación por parte del órgano social competente.

Cuando la composición accionaria de la institución permita prever que existen accionistas que mediante la suscripción de acciones podrían obtener o superar un porcentaje de participación del 10% del capital suscrito de la entidad, en virtud del ejercicio del derecho de preferencia, en los reglamentos de colocación de acciones debe contemplarse la necesidad de obtener autorización de esta Superintendencia en el aparte de negociación de acciones, so pena de que algunas de las suscripciones que lleguen a promoverse puedan derivar en ineficacia, de acuerdo con el artículo 88 del EOSF.

Igualmente, es necesario que el reglamento de suscripción de acciones contemple de manera clara la clase de acciones que se van a emitir (ordinarias, privilegiadas, con dividendo preferencial y sin derecho a voto), además del contenido previsto en el artículo 386 del Código de Comercio.

Finalmente, una vez adelantado el trámite en debida forma y vencido el plazo para la oferta de suscripción, en un lapso de 10 días hábiles el representante legal y el revisor fiscal deben informar a la SFC los resultados de la oferta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 392 del Código de Comercio. Esta comunicación debe incluir el número de acciones suscritas, los pagos realizados por tal concepto, la cantidad de capital suscrito, las cuotas pendientes y los plazos para su pago.

Numeral 2

Derecho de preferencia de los accionistas

Para el ejercicio del derecho de suscripción preferente de que gozan los accionistas en toda nueva emisión de acciones, debe tenerse en cuenta:

Numeral 2.1

Regulación del derecho de preferencia en el reglamento de suscripción de acciones

En todo reglamento de colocación de acciones se debe regular el derecho de preferencia, señalándose de manera clara la proporción y forma de suscripción de las acciones emitidas, y los plazos definidos para tal efecto. Tratándose de ofertas públicas que se materialicen mediante la construcción de libros de ofertas, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 6.2.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Para efectos de la colocación de acciones sin aplicación del derecho de preferencia, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 388 del Código de Comercio o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Numeral 2.2

Proporción en que puede ejercerse el derecho de preferencia

El derecho a la suscripción preferencial se concreta con la oferta de suscripción. La proporción a la que tiene derecho de suscripción cada accionista se determina al momento de la aprobación del reglamento en función de las acciones suscritas en dicho momento y no en función del número de accionistas. De tal manera, si la titularidad de una participación cambia posteriormente debido a la negociación de acciones, es el titular de las acciones al momento de la oferta (fecha en que se concreta el derecho) quien goza del beneficio de suscripción preferencial, para lo cual debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 399 del Código de Comercio y las demás normas aplicables.

Para efectos de la negociación del derecho de preferencia deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 389 del Código de Comercio y en las demás normas sobre la materia.

Numeral 2.3

Acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto

Para efectos de la emisión, colocación y ejercicio del derecho de preferencia de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto, las entidades deben dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 61 y siguientes de la Ley 222 de 1995.

Numeral 3

Negociación de acciones de entidades vigiladas

Numeral 3.1

Negociaciones, transacciones u operaciones sujetas a autorización

De conformidad con el artículo 88 del EOSF y el numeral 12 del artículo 11.2.1.4.2. del Decreto 2555 de 2010, se debe obtener la autorización previa de esta Superintendencia para toda transacción, negociación u operación sobre acciones, inclusive las que se originan en la suscripción o negociación de instrumentos convertibles en acciones o instrumentos que den participación en el capital, incluso cuando sean emitidos bajo cualquier tipo de instrumento financiero en los términos previstos en las normas aplicables.

La autorización de que trata el presente subnumeral es requerida en todos los casos en los cuales la transacción, negociación u operación tenga por objeto la adquisición por parte de una persona o un grupo de personas, del 10% o más del capital o del patrimonio de una entidad vigilada, aún cuando el mismo no esté representado en acciones. De conformidad con el artículo 88 del EOSF, esta autorización se requiere para toda transacción, negociación u operación, ya sea que se realice mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, o aquellas por medio de las cuales se incremente el porcentaje mencionado en la presente instrucción.

Para establecer los casos en los cuales la adquisición se entiende realizada por un grupo de personas, se deben considerar los criterios para la existencia de un grupo conectado de contrapartes señalados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 2.1.2.1.7 del Decreto 2555 de 2010, o las normas que lo modifiquen.

Para efectos de solicitar esta autorización se deben cumplir los requisitos que define la Superintendencia en las listas de chequeo que publica en su página web, así como los que se requieran de forma particular en cada caso.

Numeral 3.2

Ineficacia como efecto de la falta de autorización

En concordancia con lo previsto en el numeral 3.1. del presente Capítulo, las transacciones, negociaciones u operaciones de acciones que se efectúen sin la autorización previa de la SFC son ineficaces de pleno derecho, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 88 del EOSF.

Numeral 3.3

Inscripción en el libro de registro de accionistas

La solicitud de inscripción en el libro de accionistas de las negociaciones realizadas sobre acciones de entidades vigiladas que requieran autorización previa de la SFC, debe ir acompañada de copia del acto de autorización expedido por esta Superintendencia.

Corresponde a los representantes legales de las entidades vigiladas impedir tanto la expedición como el registro de títulos representativos de acciones a nombre de personas que, habiendo estado obligadas a obtener autorización previa, no hayan dado cumplimiento a dicho requisito con anterioridad a la negociación que pretenda la transferencia de la calidad de accionista.

Las entidades vigiladas deben informar a la SFC sobre la inscripción en el libro de registro de accionistas de las negociaciones sujetas a autorización, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que haya tenido ocurrencia la mencionada inscripción, indicando el nombre de los intervinientes y el número de acciones objeto de adquisición.

Numeral 3.4

Requisitos de la solicitud de autorización por parte de la SFC

Las solicitudes de autorización de negociaciones u operaciones sobre acciones a las que se hace referencia en los numerales anteriores deben reunir los requisitos previstos en la normatividad aplicable y presentarse acompañadas de los documentos contenidos en las listas de chequeo publicadas por esta Superintendencia en su página web.

Numeral 3.5

Negociación de acciones y/o participaciones del Estado en entidades vigiladas

En los procesos orientados a la enajenación de la participación que la Nación, una entidad descentralizada o Fogafín posean en una entidad vigilada por la SFC, se deben tener presente las disposiciones contenidas en la Ley 226 de 1995, en cuanto le sean aplicables, y las siguientes instrucciones en relación con la autorización que, en ciertos casos, es exigida como requisito esencial para la eficacia de las negociaciones que se celebren en desarrollo de tales procesos.

Numeral 3.5.1

Cuando en desarrollo de uno de los procesos de privatización indicados en el inciso anterior se pretenda adquirir el 5% por ciento o más de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones en circulación de la correspondiente institución, sea que dicha adquisición se vaya a efectuar en forma directa o indirecta, es necesario obtener la previa autorización de esta Superintendencia, cualquiera que sea el procedimiento elegido para llevar a cabo la venta de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, a menos que quienes vayan a efectuar la correspondiente adquisición se encuentren en la excepción a que se refiere el artículo 305 del EOSF.

Numeral 3.5.2

En el evento en que la autorización sea requerida, los interesados deben presentar la información necesaria con el objeto de acreditar su idoneidad, responsabilidad, carácter y solvencia patrimonial. Con el propósito de disponer de los elementos de juicio necesarios para adoptar la decisión, se debe manifestar, al formular la solicitud, cuál es el número máximo de acciones que se pretende adquirir, de manera que se pueda establecer la debida conformidad entre patrimonio, recursos disponibles y eventual valor de la negociación, calculado de acuerdo con la normatividad aplicable. La autorización que otorgue la SFC se entiende limitada al número máximo de acciones anunciadas en la solicitud elevada ante esta entidad.

Numeral 3.5.3

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009 y en sus normas reglamentarias, cuando se tenga prevista la adquisición de un porcentaje igual o superior al 20% del capital de la entidad respecto de la cual se va a realizar el proceso de privatización y, adicionalmente, se posean inversiones directas o indirectas en otra entidad vigilada, en forma directa o por intermedio o con el concurso de sus filiales o vinculadas o con la participación de personas relacionadas de cualquier otra forma con la adquirente indirecta, se debe aportar toda la información que a juicio de los interesados sea apropiada para que pueda establecerse que, con la negociación, no se va a estar en capacidad de mantener o determinar precios inequitativos, o de limitar servicios, o de impedir, restringir o falsear la libre competencia en los mercados en que participe la adquirente, sus filiales, subsidiarias o vinculadas o, si es del caso, las medidas que se adoptarían para prevenir la ocurrencia de una de tales situaciones.

Las instrucciones aquí señaladas también se deben aplicar, en cuanto sean conducentes, a las participaciones que pueda llegar a tener el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (FOGACOOP).

Numeral 3.6

Excepciones a la autorización previa de la SFC

Para efectos de la autorización de negociación de acciones, y de instrumentos convertibles en acciones o que den participación en el capital, se deben considerar las excepciones previstas en el numeral 3 del artículo 88 y en el artículo 305 del EOSF o las demás normas que los modifiquen o adicionen.

Numeral 3.7

Casos en los que no aplican las excepciones del numeral 3.6. del presente capítulo

Numeral 3.7.1

No aplican las excepciones respecto de quienes, en el lapso comprendido entre la autorización otorgada inicialmente por la SFC y la fecha de las transacciones posteriores, se encuentren incursos en alguna de las siguientes situaciones: (i) hayan sido objeto de sanción por parte de la SFC o de la Superintendencia de Sociedades, o se les haya dictado medida de aseguramiento o condena dentro de un proceso penal e informen previamente sobre la operación proyectada; (ii) se les haya declarado la extinción del dominio de conformidad con la ley aplicable; (iii) hayan sido sancionadas por violación a las normas que regulan los cupos individuales de crédito o las grandes exposiciones; o (iv) sean o hayan sido responsables del mal manejo de los negocios de la institución en cuya dirección o administración hayan intervenido.

Numeral 3.7.2

No aplican las excepciones respecto de quienes hayan figurado como administradores y revisores fiscales de entidades frente a las cuales se haya decretado toma de posesión con fines de liquidación. Esta inhabilidad no aplica a las personas que hubiesen tenido la calidad de revisores fiscales y que hayan dado aviso oportuno a esta Superintendencia sobre la ocurrencia de los hechos que originaron la toma de posesión con fines de liquidación de una entidad financiera.

Numeral 3.7.3

No aplican las excepciones cuando se realice una transacción que incremente la participación del inversionista a más del 50% de las acciones suscritas de la entidad vigilada.

Numeral 3.8

Información a la SFC en los casos que no se requiere autorización previa

En los supuestos contenidos en el numeral 3 del artículo 88 y el artículo 305 del EOSF, los potenciales inversionistas deben informar a la SFC, con no menos de 10 días calendario de antelación a cada negociación u operación, los siguientes aspectos:

Numeral 3.8.1

Las personas que intervienen en la operación.

Numeral 3.8.2

El monto de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones que se pretenden adquirir, precisando si la adquisición se realiza en una o varias operaciones sucesivas, así como el monto de la participación que el adquirente posee en la fecha de presentación de la información.

Numeral 3.8.3

Las condiciones financieras de la operación.

Numeral 3.8.4

La manifestación de los potenciales inversionistas de no encontrarse incursos en ninguno de los impedimentos señalados en el subnumeral 3.7. anterior.

No obstante lo anterior, cuando la adquisición de acciones se pretenda realizar mediante operaciones sucesivas cuya duración no exceda de 3 meses, sólo es necesario proporcionar la información anteriormente indicada para la primera operación, siempre y cuando para las operaciones subsiguientes se mantengan las mismas condiciones. En caso contrario, los inversionistas deben informar sobre las nuevas condiciones de la respectiva operación.

Sin perjuicio del deber de los inversionistas aquí contemplado, las entidades vigiladas deben en todo caso remitir la mencionada información a esta Superintendencia, así como la requerida en el subnumeral 3.3. del presente Capítulo.

Numeral 3.9

Información a la SFC en el caso de las entidades a que se refiere el numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005

La negociación de acciones no inscritas de las entidades a que se refiere el numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, que no supere el límite del 10% a que hace alusión el numeral 1 del artículo 88 del EOSF, si bien no requiere la aprobación de esta Superintendencia, debe informarse a esta entidad en los términos del presente Capítulo. Para el efecto, las entidades deben informar la fecha de negociación, el nombre del vendedor, el número de acciones negociadas, el valor de la negociación y el nombre de los adquirentes.

Numeral 4

Pago de dividendos en acciones

Numeral 4.1

Naturaleza y características

El pago de dividendos en acciones puede realizarse en los términos del artículo 455 del Código de Comercio y demás normas que regulen la materia. La decisión de pagar dividendos en acciones implica:

Numeral 4.1.1

La autorización del pago de dividendos en acciones no supone un contrato de suscripción de acciones.

Numeral 4.1.2

La autorización del pago de dividendos en acciones obedece a una manifestación unilateral de la asamblea de accionistas, en cumplimiento de las relaciones jurídicas nacidas del contrato de sociedad. Por ello, no se perfecciona a partir de una oferta o propuesta de negocio jurídico.

Numeral 4.1.3

Por lo anterior, para la distribución de dividendos en acciones no es necesario elaborar un reglamento de colocación de acciones y tampoco se requiere de la aprobación de la SFC.

Numeral 4.2

Condiciones de la decisión

Para hacer efectivo el pago del dividendo en acciones liberadas, es necesario que en la reunión en la que dicha determinación se apruebe, la asamblea de accionistas se pronuncie sobre los siguientes aspectos:

Numeral 4.2.1

El valor de las acciones;

Numeral 4.2.2

Las fechas de pago acordadas, y

Numeral 4.2.3

La forma como se van a cubrir los dividendos cuyo monto no permita liberar una acción. En estos casos, en desarrollo del derecho a la participación plena en las utilidades, se deben contemplar alternativas que permitan optar por la posibilidad de recibir mediante otros medios las utilidades que correspondan a fracciones, o que permitan al accionista adquirir la fracción faltante para recibir una acción total.

El proyecto de distribución de utilidades presentado a la asamblea de accionistas debe describir todos los aspectos de la distribución en acciones previstos en las presentes instrucciones, de acuerdo con la normatividad que sea aplicable.

Numeral 4.3

Información y certificación

Una vez efectuado el pago de dividendos en acciones, el representante legal y el revisor fiscal deben informar a esta Superintendencia el número de acciones distribuidas, la cifra en que se eleva el capital suscrito y la fecha en que fueron entregadas.

Igualmente, deben remitir, dentro del mes siguiente al vencimiento del último plazo para el pago de las acciones, un certificado de la Cámara de Comercio del domicilio social donde conste la inscripción de la certificación suscrita por el revisor fiscal, en la cual informe el citado aumento, según el Decreto 1154 de 1984.

Numeral 5

Adquisición de acciones propias

La adquisición excepcional de acciones propias de las entidades vigiladas se rige por lo dispuesto en el literal (b) del artículo 10 del EOSF y debe cumplir con las reglas de aprobación señaladas en el artículo 396 del Código de Comercio.

CAPÍTULO IIIGobierno corporativo

Numeral 1

Ámbito de aplicación

Las entidades vigiladas (EV) por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), ya sean matrices o subordinadas, deben implementar y mantener un gobierno corporativo acorde con el perfil de riesgo, el plan de negocio, la naturaleza, el tamaño y la complejidad de las actividades que desarrollen, así como con el entorno económico y los mercados en los que operan.

Las EV que tengan la calidad de matrices deben procurar que sus subordinadas tengan un gobierno corporativo que cumpla las instrucciones previstas en el presente Capítulo, para lo cual deben impartir lineamientos generales, atendiendo la naturaleza, tamaño, riesgos y complejidad de las actividades que cada una de ellas realiza.

Sin perjuicio de las instrucciones generales aquí contenidas cada EV, de acuerdo con su naturaleza, debe cumplir las reglas generales del Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 y sus decretos reglamentarios, incluyendo el Decreto 046 de 2024, así como las disposiciones legales y reglamentarias particulares en materia de gobierno corporativo, tales como el Decreto 1962 de 2023 y las normas especiales de las entidades sometidas a la regulación del mercado de valores, para quienes también aplican, entre otros, los artículos 72, 73 y 74 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) y el artículo 22 de la Ley 964 de 2005, así como las normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen. 

Igualmente, las EV deben cumplir con las instrucciones contenidas en este Capítulo, en otros apartes de la presente Circular o de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF), especialmente para la administración de los riesgos que les corresponde gestionar, así como al régimen aplicable a los emisores de valores en cuanto ostenten dicha calidad y les resulte aplicable.

Numeral 2

Estructura organizacional básica de las entidades vigiladas

Numeral 2.1

Asamblea general de accionistas u órgano que haga sus veces

Son aplicables a las EV por la SFC las disposiciones contenidas en los artículos 181 y siguientes del Código de Comercio, los artículos 419 y siguientes del Código de Comercio, así como las normas que los modifiquen, en especial, las relativas a la realización de las reuniones con sujeción a lo prescrito en las leyes y en los estatutos. De la misma forma, son aplicables las reglas en materia de convocatorias y quórum especiales, como lo dispone el artículo 68 y demás reglas de la Ley 222 de 1995, so pena de ineficacia, así como las disposiciones que contienen obligaciones especiales a los emisores de valores, en cuanto sean pertinentes.

Salvo aquellas EV que tengan calidad de emisores de valores, a quienes les aplica un régimen especial de revelación de información, es deber de las EV comunicar a la SFC la fecha, hora y lugar de realización de la correspondiente asamblea u órgano que haga sus veces, con una antelación de 15 días hábiles a la fecha prevista para la recepción de la citación por parte de los accionistas o de la publicación del aviso de convocatoria, cuando se trate de reuniones en que hayan de aprobarse los estados financieros de fin de ejercicio, o 5 días comunes para los demás casos.

Numeral 2.2

Junta directiva u órgano que haga sus veces

Numeral 2.2.1

Régimen de incompatibilidades e inhabilidades

El régimen de incompatibilidades e inhabilidades aplicable a los establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades de capitalización, aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguros, y sociedades de servicios técnicos o administrativos, está previsto en los artículos 75, 76, 77 y 78 del EOSF, o las normas que los modifiquen, según corresponda.

De otra parte, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 964 de 2005, las inhabilidades establecidas para los administradores de las bolsas de valores se aplican de manera extensiva a los administradores de las sociedades administradoras de sistemas de negociación y a los administradores de las bolsas de productos agropecuarios y agroindustriales o de otros commodities. 

El régimen de incompatibilidades aplicable a los miembros de consejos de administración y juntas de vigilancia de las cooperativas financieras es el establecido en el artículo 60 de la Ley 454 de 1998 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

Numeral 2.2.2

Miembros de las juntas directivas u órgano que haga sus veces

Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 73 del EOSF o de las normas que lo modifiquen, y teniendo en cuenta las disposiciones especiales aplicables a las EV relativas a la integración de sus juntas directivas u órgano que haga sus veces, así como los criterios de independencia de los miembros de junta directiva establecidos en el Capítulo IV del Título I de la Parte I de la CBJ (Sistema de Control Interno), el número de miembros de junta o del órgano equivalente vinculados laboralmente a la respectiva EV no puede ser igual o superior al número requerido para que estas personas puedan conformar, entre ellas, mayorías decisorias generales o especiales, de acuerdo con la ley y los respectivos estatutos. En desarrollo de esta regla, y a manera de ejemplo, el número máximo de miembros vinculados laboralmente a la EV que puede tener una junta directiva u órgano que haga sus veces será:

Número de integrantes

Quórum deliberatorio Código de Comercio (artículo 437)

Mayoría de los miembros Código de Comercio (artículo 437)

Número de renglones máximos posibles con miembros vinculados

5

3

3

2

6

4

4

3

7

4

4

3

8

5

5

4

9

5

5

4

10

6

6

5

En aquellos eventos en los cuales en la ley o los estatutos de la EV se establezca un quórum especial superior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 437 Código de Comercio, es obligación de las EV velar porque la regla en mención sea acatada.

Numeral 2.2.3

Limitaciones y prohibiciones en la conformación de juntas directivas

Son aplicables a las EV por la SFC las prohibiciones contenidas de manera general en los artículos 202 y 435 del Código de Comercio, en cuanto no pugnen con disposiciones especiales propias a su naturaleza o a su condición de emisores de valores, en cuyo caso le son aplicables las reglas contenidas en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005, sus modificaciones y sus reglamentos.

Numeral 2.2.4

Miembros de los consejos de administración de las cooperativas financieras

Sin perjuicio de los principios de autocontrol, autonomía, autodeterminación y autogobierno consagrados en la Ley 454 de 1998, los postulantes al consejo de administración deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

a. Contar con título profesional en un área de conocimiento relacionada con las actividades de la cooperativa financiera, tener experiencia mínima de 4 años en el ejercicio de su profesión y 2 años de experiencia específica en materias asociadas a la actividad cooperativa, financiera o en actividades, afines, relacionadas o complementarias a estas. En el evento en que el postulado no cuente con título profesional, debe acreditar como mínimo 10 años de experiencia específica en las materias referidas en el inciso anterior.

b. Cumplir con los requerimientos establecidos en las reglas internas de ética de la cooperativa financiera. En ningún caso debe haber sido condenado o sancionado por delitos o infracciones disciplinarias, sanciones por violación a las reglas internas de ética, y no debe haber sido excluido o separado de cargos de administración o vigilancia de una cooperativa en periodos anteriores.

c. No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad legal o estatutaria.

d. No ser, simultáneamente, miembro de la junta de vigilancia de la misma cooperativa financiera.

e. No llevar asuntos en calidad de asesor o contratista de la cooperativa financiera para la cual se postula, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 454 de 1998 o las normas que lo modifiquen.

La verificación de los requisitos referidos en el presente capítulo por parte de las cooperativas financieras no limita la facultad de la SFC consagrada en el literal g, numeral 2 del artículo 326 del EOSF o las normas que lo modifiquen.

Numeral 2.2.5

Comités consultivos del consejo de administración de las cooperativas financieras

La asamblea general de asociados de las cooperativas financieras y/o los consejos de administración, según lo establezcan los estatutos de la cooperativa, podrán constituir comités consultivos de sus consejos de administración, los cuales atenderán las siguientes reglas:

a. Se constituyen como un órgano colegiado independiente, cuyo propósito es apoyar y asesorar los consejos de administración de las cooperativas financieras. Es un órgano diferente a las juntas de vigilancia de que trata el artículo 39 de la Ley 79 de 1989 y al comité de auditoría de que trata el Capítulo IV, Título I de la Parte I de la CBJ.

b. Sus miembros serán designados por la asamblea general de asociados o por el consejo de administración, según se establezca en sus estatutos y estará integrado por máximo 5 miembros independientes de la cooperativa.

c. Las cooperativas podrán disponer en sus estatutos o reglamentos las calidades con que deben contar los miembros de estos comités. En todo caso, los mismos deben, como mínimo, tener título y experiencia profesionales de 4 años en los asuntos referidos en el literal f de este subnumeral.

d. El funcionamiento del comité consultivo, la periodicidad de sus reuniones y remuneración de sus miembros será establecido en los reglamentos respectivos.

e. El comité consultivo debe llevar un libro de actas en las que se plasme lo tratado en cada una de sus reuniones, así como el concepto o recomendación que se efectúe al consejo de administración sobre los asuntos objeto de consulta.

En el evento en que el consejo de administración se aparte del concepto dado por el comité consultivo, debe dejar constancia en el acta de reunión, de las razones por las cuales se apartó de dicho concepto.

f. Asuntos objeto de consulta previa al comité consultivo.

De acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de los comités consultivos, los consejos de administración podrán consultar a dichos comités, previa adopción de cualquier decisión, las materias que se enuncian a continuación:

I. Definición del apetito de riesgo de la cooperativa.

II. Planeación estratégica.

III. Inversiones de capital.

IV. Mapas de riesgo.

V. Nuevos negocios.

VI. Indicadores de gestión.

VII. Reorganizaciones derivadas de la planeación estratégica de la cooperativa, en particular, cuando se trate de incorporaciones, cesión de activos, fusiones o alianzas con otras entidades.

VIII. Adquisición de bienes inmuebles, cuando dicha adquisición afecte materialmente la solvencia o liquidez de la cooperativa, de acuerdo con las políticas generales que adopte el consejo de administración para tal efecto.

IX. Cualquier otra decisión que a consideración del consejo de administración pueda llegar a tener el carácter de estratégica para la cooperativa financiera.

Los consejos de administración deben establecer en sus reglamentos internos los procedimientos y controles para la realización y coordinación de dichas consultas.

Numeral 2.3

Representación legal

Numeral 2.3.1

Delegación de la representación legal mediante el otorgamiento de poderes

De conformidad con los artículos 832 y subsiguientes del Código de Comercio, los actos de representación, tratándose de EV pueden conferirse a un tercero ajeno a la institución, al igual que pueden recaer en empleados o funcionarios de las mismas.

Los poderes que se confieran en nombre de las EV deben señalar de manera clara las operaciones para las cuales los apoderados tienen la facultad de representar ante terceros, debiendo los apoderados, en todos los documentos, actos y negocios que celebren, registrar expresamente la calidad de tales.

El otorgamiento de poderes de carácter general o de poderes especiales de gran amplitud a personas que, habiendo sido designadas en cargos que conlleven facultades de representación legal, no han cumplido con el requisito legal de tomar posesión del cargo, constituye una forma de obviar el cumplimiento de este deber, lo cual es calificado como una práctica no autorizada.

Numeral 2.3.2

Designación de representantes legales

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 198 y 440 del Código de Comercio, los representantes legales de las EV deben ser elegidos por el máximo órgano social o por las juntas directivas u órgano que haga sus veces, cuando así lo establezcan los estatutos sociales. Por lo tanto, la facultad de designar a representantes legales no puede delegarse ni atribuirse al representante legal de la sociedad ni a otros funcionarios.

Respecto de las entidades de naturaleza cooperativa vigiladas por la SFC, la designación de los mencionados representantes legales debe efectuarse por el consejo de administración.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio del régimen especial aplicable a las entidades públicas previsto en el Decreto 1962 de 2023 o las normas que lo modifiquen.

Numeral 3

Revisoría fiscal

Numeral 3.1

Funciones y responsabilidades de la revisoría fiscal

De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Comercio, los revisores fiscales de las EV deben cumplir con las siguientes funciones y responsabilidades mínimas, además de todas las funciones que se regulen en la ley, en las normas de aseguramiento previstas en el Decreto 2420 de 2015, en los estatutos, y las demás que se establezcan en desarrollo de lo señalado en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio:

Numeral 3.1.1

Informar a quien ostente dentro de la EV las facultades para adoptar las decisiones preventivas o correctivas que sean del caso, las siguientes irregularidades, así como cualquier otra que deba revelarse de acuerdo con la ley:

a. Abusos de sus órganos de dirección, administración o control, que impliquen desconocimiento de los derechos de los accionistas o asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias.

b. No suministro oportuno de información a la SFC u otras entidades estatales, a los organismos de autorregulación debidamente autorizados o al público, cuando de ella se puedan inferir riesgos significativos para la continuidad de la EV o cuando su divulgación deba realizarse según las normas aplicables.

c. Suministro de información que no se ajuste a la realidad o que no cumpla con los requisitos de calidad establecidos para el efecto.

d. No llevar la contabilidad o los libros de acuerdo con la normatividad aplicable.

e. Realización de operaciones no comprendidas en el objeto social.

f. La existencia de riesgos relevantes que no estén siendo adecuadamente gestionados por la administración de la EV y que, en su criterio, tengan un impacto significativo para el desarrollo de su objeto social.

g. Las demás que considere pertinentes.

La obtención de una certificación emitida por el representante legal de la EV en la que manifieste que no se presenta ninguna de las irregularidades antes mencionadas o que no se tiene conocimiento de la ocurrencia de ellas, no es evidencia suficiente para la adecuada ejecución de la referida función del revisor fiscal, por lo cual dicha certificación debe ser complementada con la ejecución de procedimientos de verificación idóneos, que le permitan contar con elementos de juicio suficientes para emitir su opinión.

Numeral 3.1.2

Suministrar a los organismos de supervisión del Estado información atinente a las situaciones de crisis de las EV, que afecten materialmente su capacidad para cumplir con los compromisos contraídos o que representen un riesgo significativo para la continuidad del negocio, dado el peligro que la situación representa para la EV, sin que pueda entenderse que el suministro de dicha información menoscabe la independencia propia del ejercicio de la revisoría fiscal.

La existencia del secreto profesional no exonera al revisor fiscal del deber antes mencionado.

Numeral 3.1.3

Verificar durante todo su ejercicio los criterios y procedimientos utilizados para llevar la contabilidad, el manejo de los libros de contabilidad, los libros de actas, los documentos contables y archivos relacionados, no sólo respecto de la EV sino también de los recursos de terceros que ésta administre (fondos públicos, recursos del sistema general de seguridad social, negocios fiduciarios o patrimonios autónomos, universalidades, entre otros), para verificar que los registros sean correctos y cumplan todos los requisitos establecidos por las normas aplicables, de manera que pueda verificar que se conservan adecuadamente los documentos de soporte de los hechos económicos, de los derechos y de las obligaciones, los cuales constituyen fundamento de la información contable.

Numeral 3.1.4

Verificar durante todo su ejercicio, mediante comprobaciones periódicas, la existencia de los activos, la adopción e implementación de medidas suficientes para la protección, conservación y mantenimiento del patrimonio social y si estas son adecuadas frente a los riesgos asumidos según su naturaleza.

Numeral 3.1.5

Evaluar la forma en que se realiza la medición de la capacidad de uso o recuperación de los activos, incluyendo en su análisis todos los aspectos que resulten relevantes, tales como comprobar la existencia de los títulos de propiedad y su correspondiente protocolización; verificar la ubicación de los bienes, el cumplimiento de las normas para su utilización; los métodos empleados para determinar las valorizaciones así como la idoneidad de los respectivos valuadores, de forma que se pueda garantizar el adecuado manejo y control de los bienes, tanto de aquellos de propiedad de la EV como de los que se encuentran bajo su responsabilidad a cualquier título.

Numeral 3.1.6

Cuando el revisor fiscal encuentre deficiencias relativas a las medidas tomadas por la administración para el control de los riesgos que puedan afectar materialmente el patrimonio de la EV, debe impartir en forma oportuna las instrucciones y recomendaciones que resulten pertinentes para mejorar la efectividad y eficacia del control sobre los bienes y valores sociales, sus métodos y procedimientos, sin que ello implique coadministración. Adicionalmente, debe hacer seguimiento a las medidas adoptadas por parte de los administradores frente a las referidas instrucciones y recomendaciones, de lo cual se debe dejar constancia por escrito.

Numeral 3.1.7

Expresar su juicio profesional respecto de la calidad y razonabilidad de los estados financieros y demás información contable, tomando como referencia las normas aplicables y los parámetros establecidos para el efecto en cada caso, mediante documentos debidamente firmados en los cuales conste su número de matrícula profesional. Respecto del dictamen de los estados financieros debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

El revisor fiscal debe obtener evidencia válida y suficiente sobre las operaciones realizadas por la EV y los documentos que soportan los registros correspondientes en cada caso, con el objeto de contar con los elementos de juicio necesarios para emitir su opinión profesional, dictámenes, informes y/o expedir certificaciones, aplicando para el efecto tanto las normas que rigen la profesión contable como las metodologías y procedimientos generalmente aceptados en la misma.

Numeral 3.1.8

Evaluar si el sistema de control interno promueve la eficiencia de la EV; reduce los riesgos de pérdida de activos operacionales y financieros; propicia la preparación y difusión de información financiera de alta calidad que muestre los resultados de la administración de los recursos de la EV y los riesgos relevantes que la afectan, en forma tal que resulte útil para los usuarios de dicha información. De igual manera, debe analizar si los referidos sistemas le permitan a la administración garantizar el adecuado cumplimiento de las normas vigentes, incluyendo las relacionadas con los sistemas de administración de riesgos.

El revisor fiscal debe elaborar un reporte periódico, como mínimo anual, dirigido a la junta directiva u órgano que haga sus veces, mediante el cual informe acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos sobre los sistemas de administración de riesgo y el sistema de control interno que deba implementar la EV, de conformidad con las normas que le resulten aplicables.

Numeral 3.1.9

Poner oportunamente en conocimiento del representante legal y cuando sea del caso del oficial de cumplimiento, del comité de auditoría y del auditor interno, según corresponda, las inconsistencias y fallas detectadas en cada uno de los sistemas de administración de riesgos y del sistema de control interno, así como todo incumplimiento que detecte a las disposiciones que regulan la materia. En caso de que sus observaciones o recomendaciones no sean adecuadamente atendidas por la administración o por el oficial de cumplimiento, o cuando la gravedad de las deficiencias encontradas así lo amerite, debe informar inmediatamente sobre tales circunstancias a la SFC.

Numeral 3.1.10

Tratándose de EV que administren recursos o activos de terceros, fondos públicos, patrimonios autónomos, recursos del sistema general de seguridad social, universalidades o similares, entre otros, el proceso de auditoría del revisor fiscal debe incluir no solamente a la EV, sino también a los recursos de terceros, patrimonios autónomos, fondos o recursos administrados, según corresponda.

Numeral 3.1.11

Su ejercicio y responsabilidad deben cubrir todo el ejercicio contable, y no sólo ejecutarse a la fecha de cierre de estados financieros o de presentación de informes especiales. Por tanto, el revisor fiscal debe ejecutar en periodos intermedios, por lo menos, las siguientes actividades:

a. Indagar sobre el ambiente de control y sobre cualquier cambio de importancia ocurrido en el sistema de control interno contable y gestión de riesgos, que afecte la preparación de la información financiera.

b. Aplicar procedimientos analíticos a la información financiera para identificar aspectos inusuales y obtener explicación por parte del representante legal o administradores responsables, acerca de las variaciones significativas o materiales que se presenten.

c. Revisar las actas de junta directiva y asamblea de accionistas u órganos equivalentes para detectar situaciones que puedan afectar la calidad, suficiencia u oportunidad de la información transmitida a las entidades de supervisión y al mercado en general.

d. Verificar, mediante los procedimientos de auditoria pertinentes, que la información haya sido preparada de conformidad con la normatividad aplicable y que dicha normatividad se haya aplicado sobre bases uniformes; y que se revele en forma adecuada y oportuna cualquier evento subsecuente que pudiera afectar dicha información.

e. Reportar, o requerir a la administración para que reporte a la SFC, cualquier información adicional que resulte necesaria para comprender cabalmente la situación actual de la EV.

Numeral 3.1.12

Proceder con diligencia profesional, imparcialidad y objetividad en sus juicios en todas las etapas de la tarea del revisor fiscal. Su ejercicio exige, asimismo, una revisión estricta a cada nivel de supervisión del trabajo efectuado y del juicio emitido por todos y cada uno de los profesionales del equipo de trabajo de revisoría.

Cuando el revisor fiscal utilice la asesoría de especialistas cuya opinión sea básica para el ejercicio de su función, debe asegurarse de su competencia y capacidad, en forma previa a su vinculación al grupo de trabajo. Así mismo, para poder apoyarse en auditorías realizadas por terceros, es necesario verificar la competencia profesional de los auditores respectivos, su independencia y la calidad del trabajo por ellos realizado.

Numeral 3.1.13

El trabajo de los revisores fiscales debe ser técnicamente planeado y debe contemplar una supervisión al trabajo de sus auxiliares. En su planeación el revisor fiscal debe tener en cuenta las siguientes etapas:

a. Desarrollar un plan con el fin de reducir el riesgo asociado a la realización de sus labores a un nivel aceptablemente bajo.

b. Planear la naturaleza, oportunidad y extensión de la dirección y supervisión de los miembros del equipo de trabajo y de la revisión de su trabajo.

c. Actualizar la estrategia general y el plan de la revisoría fiscal, y efectuar los ajustes que resulten pertinentes durante el curso del trabajo.

d. Documentar la estrategia general y el plan de la revisoría fiscal, incluyendo los cambios importantes hechos durante el trabajo.

e. Presentar los elementos de la planeación que considere pertinentes al comité de auditoría de la junta directiva, incluyendo aspectos generales tales como tiempos, la participación de expertos cuya colaboración se requiera, indicando las áreas en las cuales se emplearían, al igual que los objetivos e informes que se espera de ellos; elementos de soporte requeridos, fechas de reuniones, informes que se presentarían de forma ordinaria y cualquier otro aspecto que se considere relevante.

Numeral 3.1.14

Emitir un dictamen de los estados financieros completos en los términos del Código de Comercio, la Ley 222 de 19995 y los marcos técnicos normativos vigentes, el cual debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

a. Aspectos generales:

I. Debe hacerse por escrito, contener una clara, precisa y detallada expresión de su opinión sobre los estados financieros y elaborarse de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

II. Siempre que el nombre de un contador público sea asociado con estados financieros, debe expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con tales estados. Si practica un examen de ellos, el contador público debe expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos estados financieros.

III. Debe contener indicación sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con la normatividad aplicable.

IV. Debe contener indicación sobre si las normas vigentes han sido aplicadas de manera uniforme en el período corriente en relación con el período anterior.

V. Cuando el revisor fiscal considere necesario expresar salvedades o efectuar reservas sobre algunas de las afirmaciones genéricas de su dictamen, debe expresarlas de manera clara e inequívoca, indicando a cuál de tales afirmaciones se refiere y los motivos e importancia de la salvedad en relación con los estados financieros en conjunto.

VI. Cuando el contador público considere no estar en condiciones de expresar una opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto debe manifestarlo explícita y claramente.

b. Título: debe contener un título que indique claramente que es el dictamen del revisor fiscal.

c. Destinatario: debe dirigirse al órgano competente.

d. Párrafo introductorio: debe identificar la EV cuyos estados financieros se han auditado y además identificar el título de cada uno de los estados financieros auditados, referirse al resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias, y especificar la fecha y período cubierto por los estados financieros.

e. Responsabilidad de la administración por los estados financieros: el dictamen del revisor fiscal debe declarar que la administración es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable y que esta responsabilidad incluye:

I. Diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude o por error;

II. Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y

III. Hacer estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

f. Responsabilidad del revisor fiscal: el dictamen debe declarar que la responsabilidad del revisor fiscal es la de expresar una opinión sobre los estados financieros con base en el trabajo realizado.

El dictamen del revisor fiscal debe declarar que su trabajo se realizó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Así mismo, debe explicar que esas normas requieren que el revisor fiscal cumpla con los requisitos éticos, y que planee y desempeñe la revisoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material.

g. Descripción del trabajo del revisor fiscal: el dictamen del revisor fiscal debe describir su trabajo informando los siguientes aspectos:

I. Si ha obtenido la información necesaria para cumplir adecuadamente sus funciones.

II. Si en el curso de su revisión ha seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría generalmente aceptadas.

III. Si la contabilidad de la EV se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable.

IV. Si los valores que se presentan en los estados financieros han sido fielmente tomados de los libros.

V. Si el balance presenta en forma fidedigna la respectiva situación financiera al terminar el período revisado, de acuerdo con la normatividad aplicable.

VI. Si el estado de pérdidas y ganancias refleja el resultado de las operaciones efectuadas en el período respectivo. 

VII. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias reflejan adecuadamente el impacto de los diferentes riesgos a que se ve expuesta la EV en desarrollo de su actividad, medido de acuerdo con los sistemas de administración de riesgos implementados.

VIII. Para el caso de las compañías de seguros y capitalización, si son adecuadas y suficientes las reservas técnicas de seguros y títulos de capitalización.

IX. Si existe la debida concordancia entre el informe de gestión presentado por los administradores y los estados financieros, cuando estos son presentados conjuntamente.

X. El pronunciamiento sobre los negocios fiduciarios, patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva, fondos públicos, fondos que administren recursos de la seguridad social, universalidades o recursos de terceros respecto de los cuales se haya efectuado auditoría financiera.

XI. Si la EV ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

XII. Si se ha efectuado el seguimiento a las recomendaciones efectuadas, detallando el cumplimiento de las mismas y el porcentaje de ejecución.

XIII. El pronunciamiento sobre el origen de los recursos con cargo a los cuales se pagaron las comisiones de intermediación en el ramo de seguro de riesgos laborales.

h. Opinión del revisor fiscal: debe expresar una opinión sin salvedad cuando el revisor fiscal concluye que los estados financieros dan un punto de vista verdadero y están presentados razonablemente, respecto de todo lo importante, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable.

i. Firma del revisor fiscal: el revisor fiscal debe firmar a título personal, si actúa como persona natural, y de actuar a nombre de una firma de auditoría, además debe señalar el nombre de la misma.

j. Fecha del dictamen del revisor fiscal: la fecha del dictamen informa al lector que el revisor fiscal ha considerado el efecto de eventos y transacciones de los que se enteró y que ocurrieron hasta esa fecha.

k. Dirección: el revisor fiscal en su dictamen debe indicar la dirección de su domicilio.

l. Informar al máximo órgano social, lo siguiente:

I. Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones del máximo órgano social.

II. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de registro de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente.

III. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la EV o de terceros que estén en poder de la misma.

m. Párrafo de énfasis (asuntos que no afectan la opinión del revisor fiscal).

Cuando existan asuntos que no afecten la opinión del revisor fiscal, este debe indicarlo así en su dictamen agregando un párrafo para resaltar un asunto de importancia relativa respecto de un problema que pueda afectar a la EV como negocio en marcha.

El revisor fiscal debe considerar en su dictamen, agregando un párrafo de énfasis, si hay una falta de certeza importante, cuya resolución dependa de hechos futuros y que pueda afectar los estados financieros. Una falta de certeza es un asunto cuyo resultado depende de acciones o hechos futuros que no están bajo control directo de la EV, pero que pueden afectar a los estados financieros.

n. Diferentes formas de opinión (asuntos que sí afectan la opinión del revisor fiscal)

Un revisor fiscal puede expresar una opinión con salvedad, cuando exista cualquiera de las siguientes circunstancias y, a su juicio, el efecto del asunto es o puede ser de importancia relativa para los estados financieros: (i) existen limitaciones en el alcance de su trabajo, o (ii) existen desacuerdos con la administración respecto a la aceptación de las políticas contables seleccionadas, el método de su aplicación o lo adecuado de las revelaciones de los estados financieros.

Las circunstancias descritas en el ordinal (i) pueden llevar a una opinión con salvedad o a una abstención de opinión; mientras que, las circunstancias descritas en el ordinal (ii) pueden llevar a una opinión con salvedad o a una opinión adversa.

Debe expresar una opinión con salvedad cuando el efecto de cualquier desacuerdo con la administración o limitación en el alcance no es de tanta importancia relativa ni tan dominante como para requerir una opinión adversa o una abstención de opinión. Una opinión con salvedad debe expresarse como “excepto por” o “sujeto a” u otra expresión similar, los efectos del asunto a que se refiere la salvedad. Las salvedades deben expresarse en forma clara e inequívoca, precisando a cuál de las afirmaciones contenidas en los estados financieros se refiere, las razones que motivan la salvedad y la importancia de esta en relación con los estados financieros tomados en su conjunto.

Debe expresarse una abstención de opinión cuando el posible efecto de una limitación en el alcance sea de importancia relativa o de tal dominancia que el revisor fiscal no haya podido obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría y, en consecuencia, no pueda expresar una opinión sobre los estados financieros.

Debe expresar una opinión adversa cuando el efecto de un desacuerdo sea de importancia relativa y de tal dominancia para los estados financieros, que el revisor fiscal concluya que una opinión con salvedad del dictamen no es adecuada para relevar la naturaleza equívoca e incompleta de los estados financieros.

Siempre que el revisor fiscal exprese una opinión distinta o emita una opinión con salvedad debe incluirse en el dictamen una clara descripción de todas las razones sustantivas y, a menos que no sea factible, una cuantificación de los posibles efectos en los estados financieros.

En caso de considerar que no está en condiciones de expresar un dictamen sobre los estados financieros tomados en su conjunto, el revisor fiscal debe manifestarlo explícita y claramente.

La atestación y firma del revisor fiscal tienen valor probatorio, por lo que frente a la responsabilidad que le compete, resultan de gran importancia las reservas o salvedades que efectúe en los dictámenes que emita.

o. Estados financieros del período anterior dictaminados por otro revisor fiscal

Si los estados financieros del ejercicio anterior fueron dictaminados por otro contador público, se debe indicar:

I. Que los estados financieros del período anterior fueron auditados por otro revisor fiscal.

II. El tipo de dictamen emitido por el revisor fiscal anterior y, en el caso de que se trate de un dictamen con salvedades, las razones que lo originaron.

III. La fecha de dicho dictamen.

p. Estados financieros del período anterior no dictaminados

Cuando los estados financieros del período anterior no estén dictaminados, el revisor fiscal entrante debe declarar en su dictamen esta situación. Sin embargo, dicha declaración no exime al revisor fiscal del requisito de llevar a cabo procedimientos adecuados respecto de los saldos iniciales del período actual.

q. Dictamen sobre negocios fiduciarios, patrimonios autónomos, recursos de seguridad social y universalidades

En el caso de las sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantía, entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida, entidades aseguradoras, sociedades comisionistas de bolsas de valores, sociedades administradoras de inversión y, en general, sociedades que administren portafolios de terceros, el dictamen que se emita debe pronunciarse respecto de los estados financieros de la EV, así como de los negocios que se describen más adelante, patrimonios autónomos, portafolios de terceros, fondos de reservas pensionales que administren, según sea del caso.

En tal sentido, el dictamen del revisor fiscal debe incluir una opinión respecto de los negocios que a continuación se señalan:

I. Fondos de inversión colectiva.

II. Negocios fiduciarios que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) en los términos del artículo 1.1.1.1. del Decreto 2420 de 2015 o sus modificaciones.

III. Negocios de interés público en los términos del numeral segundo del artículo 1.1.1.1. del Decreto 2420 de 2015 o sus modificaciones.

IV. Negocios fiduciarios cuyo objeto principal del contrato sea la obtención de resultados en la ejecución del negocio, lo cual implica un interés residual en los activos netos del negocio por parte del fideicomitente y/o cliente, en los términos del artículo 1.1.2.1. del Decreto 2420 de 2015 o sus modificaciones.

V. Aquellos negocios fiduciarios que administran recursos o bienes de naturaleza pública, cuando dichos recursos sean aportes patrimoniales al fideicomiso y provengan directa o indirectamente de una entidad de carácter público, sea del nivel nacional, departamental, municipal, distrital o de los organismos descentralizados que conforman dichos niveles, sin tener en cuenta la modalidad de contratación utilizada para la celebración del negocio.

VI. Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales –FONPET – (Ley 549 de 1999), o la entidad que haga sus veces.

VII. Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional -FOPEP-, o la entidad que haga sus veces.

VIII. Fondos de Pensiones Territoriales (Decreto ley 1296 de 1994).

IX. Fondo Prestacional del Sector Salud, en lo relacionado con pensiones.

X. Patrimonios autónomos para la normalización de pasivos pensionales.

XI. Patrimonios autónomos para administración de procesos concursales.

XII. Patrimonios autónomos y encargos fiduciarios a los que hace referencia el Decreto 810 de 1998.

XIII. Patrimonios autónomos destinados a la garantía y pago de bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales (Decreto 1299 de 1994).

XIV. Fondos de Cesantía.

XV. Fondos de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).

XVI. Fondo de Solidaridad Pensional.

XVII. Fondos de reservas pensionales administrados por las entidades administradoras del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.

XVIII. Fondos de pensiones obligatorias y voluntarias.

XIX. Fondos de reservas de la administradora de riesgos laborales Positiva Compañía de Seguros S.A.

XX. Contratos de fiducia o de encargo fiduciario a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley 100 de 1993.

XXI. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y ECOPETROL, y patrimonios autónomos de TELECOM y las teleasociadas en liquidación.

XXII. Fondo de Prevención Vial.

XXIII. Los demás negocios fiduciarios que manejen recursos del sistema de seguridad social de pensiones, salud y riesgos profesionales.

XXIV. Negocios administrados por las sociedades fiduciarias que, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, administran recursos de los anticipos entregados en la celebración de contratos.

Los revisores fiscales no tendrán que dictaminar los negocios que tengan activos administrados inferiores a 75 SMMLV al cierre del ejercicio contable que va a ser auditado, ni los negocios que se encuentren en proceso de liquidación o inactivos. Para efectos de este subnumeral, se consideran inactivos aquellos negocios que por cualquier acción legal quede suspendida la ejecución del contrato de obra; y en liquidación, aquellos negocios en los que se ejecutó el plan de inversión o manejo del anticipo y no tienen saldos pendientes de giro por ningún concepto.

Deben dictaminar los negocios con activos administrados superiores a 5.000 SMMLV al cierre del ejercicio contable que va a ser auditado y aquellos seleccionados de acuerdo con la metodología establecida a continuación:

Metodología de selección de negocios a dictaminar:

A) Realizar la sumatoria del valor de los activos administrados al cierre del ejercicio contable a auditar.

B) Ordenar los negocios de menor a mayor de acuerdo con el valor de los activos administrados al cierre del ejercicio contable a auditar.

C) Calcular el porcentaje de participación del activo de cada negocio respecto del total calculado en el literal A) que antecede.

D) Calcular el porcentaje acumulado de participación de los activos de cada negocio, de acuerdo con el orden realizado según las instrucciones del literal B) que antecede.

E) Separar los negocios que tienen un porcentaje acumulado superior al 60%, los cuales deben ser dictaminados. Para aquellos negocios que tienen un porcentaje acumulado inferior al 60% inclusive, el revisor fiscal debe aplicar criterios cuantitativos y cualitativos de selección a fin de determinar aquellos negocios sujetos a dictamen. El 50% de estos negocios deben ser dictaminados por el revisor fiscal.

La metodología, los supuestos y la documentación que sustenta los criterios de selección de los negocios deben estar debidamente documentados y permanecer a disposición de esta Superintendencia.

Únicamente aquellos negocios que sean sujeto de dictamen deberán remitir la información de que trata el numeral 2.1.1 del Capítulo IX de la CBCF o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

XXV. Los demás negocios seleccionados por el revisor fiscal de conformidad con las evaluaciones de riesgo que realice en desempeño de su labor.

XXVI. Los demás negocios señalados por la SFC.

Para el caso de las sociedades titularizadoras, el revisor fiscal debe incluir en su trabajo la auditoria de los estados financieros de las universalidades e incluir la respectiva opinión en atención a las disposiciones legales.

r. Pronunciamiento y dictamen sobre estados financieros consolidados

A efectos de dictaminar los estados financieros consolidados, el revisor fiscal debe desarrollar previamente una labor de auditoría respecto de dichos estados financieros, sus anexos y soportes, siguiendo las pautas generales señaladas en la presente Circular para la auditoría y dictamen de estados financieros.

En su dictamen, el revisor fiscal debe indicar de manera detallada el alcance de la labor realizada, precisando el grado en el cual se apoyó en el trabajo de otros auditores.

De igual manera, los soportes de la auditoría financiera consolidada y el resultado de las evaluaciones derivadas de aquella deben quedar adecuadamente documentados en papeles de trabajo, los cuales pueden ser objeto de revisión por parte de la SFC.

s. Informe sobre estados financieros intermedios

La firma digital a los estados financieros intermedios de las EV implica que, en opinión del revisor fiscal la información reportada ha sido fielmente tomada de los libros de contabilidad, en su elaboración se ha dado cumplimiento a todas las normas legales aplicables y que se han seguido procedimientos adecuados para su determinación y presentación, sin perjuicio de que el revisor fiscal manifieste por escrito a la SFC cualquier salvedad, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de transmisión de los estados financieros respectivos, mediante carta en la cual se indique en forma concreta y precisa las causas que la motivan.

Al preparar y auditar estados financieros de períodos intermedios se deben observar los mismos principios que se utilizan para elaborar y auditar estados financieros al cierre del ejercicio.

t. Informe sobre estados financieros combinados

Cuando una EV deba preparar de forma excepcional estados financieros combinados de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2420 de 2015, se requiere un informe del revisor fiscal en el que se determine si para su elaboración se han cumplido los procedimientos establecidos por las normas aplicables.

Numeral 3.1.15

Emitir un dictamen del cumplimiento de la regulación, así como las certificaciones sobre la información que deba remitir a la SFC. La evaluación que se adelante debe quedar debidamente soportada, cubrir totalmente a la EV, y realizarse con la periodicidad establecida en la planeación.

Numeral 3.1.16

Mantener a disposición de la SFC, la evidencia obtenida en el desarrollo del trabajo de revisoría y los papeles de trabajo, al igual que la documentación en medios electrónicos, los archivos y manuales de usuario.

Numeral 3.1.17

Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende al máximo órgano social.

Las atribuciones adicionales a las indicadas en las normas legales, que los órganos competentes otorguen al revisor fiscal, deben ser acordes con la naturaleza de su función y preservar su independencia, objetividad e imparcialidad, evitando situaciones que puedan dar lugar a conflictos de interés.

Para efectos de cumplir en forma adecuada las funciones antes relacionadas, dentro del ámbito de fiscalización del revisor fiscal están todas las operaciones, actos y áreas de la EV, así como todos sus bienes, sin reserva alguna.

Para el correcto desempeño de las funciones del revisor fiscal, los administradores de la EV están en la obligación de suministrarle toda la información por él solicitada, así como los recursos que requiera para el adecuado ejercicio de sus funciones. En caso de no recibir la colaboración antes mencionada en debida forma y/o en la oportunidad requerida, el revisor fiscal debe poner este hecho en conocimiento del órgano competente, según el caso, y a la vez, cuando lo considere necesario, informar a la SFC.

Numeral 3.2

Elección del revisor fiscal, ejercicio y entrega del cargo

Sin perjuicio del derecho de cualquier socio o accionista de presentar al máximo órgano social candidatos para la revisoría fiscal, corresponde a la junta directiva u órgano que haga sus veces, a través del comité de auditoría, someter a consideración del máximo órgano social, la hoja de vida de los posibles candidatos, para lo cual debe verificar previamente que los mismos cumplan con los requisitos necesarios para desempeñar adecuadamente sus funciones y que no se encuentren incursos en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en los artículos 205 del Código de Comercio, así como en los artículos 50 y 51 de la Ley 43 de 1990, además de dar cumplimiento a las normas de aseguramiento de la información definidas en el artículo 5 de la Ley 1314 de 2009, o demás normas que los modifiquen

Numeral 3.2.1

Criterios objetivos para la elección del revisor fiscal:

No puede ser revisor fiscal de una EV:

a. Accionista o asociado de la misma EV o de alguna de sus subordinadas.

b. Accionista, asociado o empleado de la entidad matriz.

c. Persona ligada por matrimonio o parentesco dentro del 4° grado de consanguinidad, 1° civil o 2° de afinidad, a los administradores, funcionarios directivos o auditor interno de la misma EV. Lo mismo se aplica si tiene con las personas antes mencionadas vínculos económicos o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones.

d. Persona que haya desempeñado en la misma EV o en sus subordinadas cualquier otro cargo, o haya actuado como empleado de la EV, de su matriz, de sus subsidiarias o filiales, dentro de los 6 meses anteriores a la designación.

En igual sentido, una persona que haya prestado servicios contables de auditoría, contabilidad por outsourcing o asesoría tributaria en la misma EV, sus subsidiarias y/o filiales, dentro de los 6 meses anteriores a la designación.

e. Personas jurídicas que desempeñen en la misma EV otro cargo, o presten otros servicios profesionales durante el respectivo período.

f. Persona natural que tenga el cargo de revisor fiscal en 5 sociedades por acciones.

La aplicación estricta de este límite debe ser sopesada responsablemente por la revisoría fiscal, para lo cual debe analizar previamente de manera rigurosa que se garantice que quien va a ejercer la labor cuenta con todos los recursos necesarios para cumplir con sus funciones, en términos de personal, tiempo y tecnología, atendiendo el tamaño de las EV y la complejidad de sus operaciones.

g. Persona que no tenga residencia permanente en Colombia.

El revisor fiscal debe evaluar la existencia de conflictos de interés antes de iniciar la ejecución de su labor o, si estos se presentan con posterioridad a la aceptación del cargo, informarlos una vez los conozca o sobrevengan.

Numeral 3.2.2

Criterios subjetivos para la elección del revisor fiscal

Para garantizar un adecuado y eficiente cumplimiento de las funciones del revisor fiscal resulta necesario que quien se postule, independientemente del órgano o persona que lo presente al máximo órgano social, cumpla los siguientes requisitos:

a. Demostrar preparación técnica y experiencia adecuadas para un óptimo desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta el objeto social o actividad económica de la EV, su tamaño y la complejidad de sus operaciones.

b. Contar con un equipo profesional de apoyo idóneo y suficiente, acorde con la naturaleza, tamaño y complejidad de la EV y de sus operaciones.

c. Tener una disponibilidad de tiempo y de recursos que razonablemente permitan garantizar que su labor tenga el alcance y la cobertura requeridos en la presente Circular, teniendo en cuenta no sólo las características propias de la EV y del sector al cual pertenece, sino también las de las otras entidades en las cuales ejerce la revisoría fiscal.

d. Presentar al máximo órgano social, a través del comité de auditoría, una propuesta de servicios que incluya como mínimo:

I. Alcance de su labor respecto de cada una de las principales áreas que son competencia de la revisoría fiscal, según lo establecido en la presente Circular.

II. Número de horas/hombres mensuales que dedicaría a la revisoría de la EV.

III. Informes que presentaría y su periodicidad.

IV. Personas que forman parte de su equipo de trabajo, anexando sus hojas de vida e indicando la especialidad de cada uno y el área de la cual se encargaría dentro del equipo de trabajo.

V. Bases del cálculo de los honorarios.

VI. Acuerdos respecto de la planeación del trabajo de revisoría fiscal.

VII. Acuerdos concernientes al uso del trabajo del auditor interno.

VIII. Acuerdos adicionales con la EV.

El comité de auditoría, o el órgano social encargado de analizar las propuestas presentadas antes de la reunión, debe evaluar de forma previa a su presentación al máximo órgano social, si el perfil profesional de cada aspirante al cargo de revisor fiscal y el contenido de su propuesta se ajustan a los requerimientos legales y necesidades de la EV. Si bien las propuestas que presenten los accionistas o asociados durante la realización de la reunión no deben ser objeto de esta revisión previa, si deben contener todos los datos y documentos que suministren al máximo órgano social elementos de juicio suficientes para adoptar su decisión.

Numeral 3.2.3

Nombramiento del revisor fiscal y aprobación del presupuesto

La designación de los revisores fiscales de las EV debe ser efectuada por el máximo órgano social, según lo dispuesto en el artículo 204 del Código de Comercio, función que no puede delegarse. En el caso de las entidades públicas, se aplica lo dispuesto en las normas que les resulten aplicables.

En las cooperativas financieras, atendiendo lo establecido en el artículo 32 de la Ley 79 de 1988, la elección se efectúa por la mayoría de los votos presentes.

En las sociedades que tienen junta directiva u órgano que haga sus veces, el período del revisor fiscal es igual al de aquella, pero puede ser removido en cualquier tiempo por el máximo órgano social con el voto favorable de la mitad más uno de las acciones representadas en la respectiva reunión.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 79 del EOSF, en la reunión en la cual se designe al revisor fiscal debe definirse e incluirse en el acta la información relativa a las apropiaciones previstas y autorizadas para el suministro de recursos financieros, humanos, técnicos y logísticos destinados al adecuado desempeño de las funciones a él asignadas, adjuntando el análisis efectuado para el cálculo de tales recursos, en función del tamaño de la EV, el número de oficinas, el volumen y complejidad de sus operaciones, tanto a nivel nacional como en el exterior, así como la expansión prevista para la EV.

Con el propósito de que la apropiación presupuestal que se defina cumpla la finalidad de garantizar la permanencia, acceso irrestricto e ilimitado a la información, independencia y adecuado cumplimiento de todas las funciones que corresponden al revisor fiscal, se hace necesario que se discriminen los siguientes aspectos, que se estiman fundamentales para determinar el monto y alcance de tales recursos:

a. Valor total de la remuneración mensual del revisor fiscal, indicando el número de horas que, como mínimo, este y su equipo deben dedicar al ejercicio de sus funciones, discriminando las de su asistencia a las reuniones de la junta directiva u órgano que haga sus veces, cuando sea del caso.

b. Los auxiliares, expertos y otros colaboradores que requiera, indicando las características profesionales o técnicas de estos y su costo, el cual debe estar comprendido en el valor de la remuneración pagada mensualmente a la revisoría fiscal.

c. Valor mensual estimado para viáticos y gastos de transporte de los miembros del equipo de la revisoría fiscal.

d. Tecnología, medios de comunicación y demás elementos que se ponen a disposición de la revisoría fiscal y de sus colaboradores, con el fin de garantizar su acceso irrestricto e ilimitado a toda la información que requiera para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Tratándose de sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de inversión y, en general, EV que administren recursos o activos de terceros, negocios fiduciarios, universalidades, patrimonios autónomos o recursos del sistema general de seguridad social, entre otros, las apropiaciones presupuestales deben contemplar el cumplimiento por parte del revisor fiscal de todas sus funciones, no solamente respecto de la EV contratante, sino también de los recursos o activos de terceros, negocios fiduciarios, patrimonios autónomos, universalidades, fondos o recursos administrados, según se trate.

El vínculo contractual que se establezca entre la EV y el revisor fiscal no debe modificar los objetivos ni las características de la labor que a este le corresponde realizar, ni crearle una relación de subordinación con los órganos de administración, pues su dependencia corresponde única y exclusivamente al máximo órgano social. Cualquiera que sea el vínculo adoptado, este debe subsistir hasta el vencimiento del período para el cual fue designado o cuando el órgano competente acepte la renuncia presentada o decida su remoción, situación que puede verificarse en cualquier momento, aún antes de que se haya vencido el período para el cual fue designado.

Numeral 3.2.4

Nombramiento de auxiliares y otros expertos

Los auxiliares y colaboradores del revisor fiscal deben cumplir con los mismos requisitos éticos exigidos a éste, especialmente en materia de independencia, así como tener una formación profesional y experiencia acorde con su función dentro del equipo de auditoría. En ningún caso los auxiliares o colaboradores del revisor fiscal pueden ser empleados de la EV, o estar vinculados a ella mediante cualquier modalidad contractual que pueda implicar una subordinación a esta o a su administración.

Numeral 3.3

Otros criterios para la elección y ejercicio de la revisoría fiscal

Numeral 3.3.1

Es una buena práctica de gobierno corporativo, que las EV adopten medidas adicionales que faciliten el mantenimiento de la independencia del revisor fiscal, tales como:

a. Designar como revisor fiscal a personas o firmas que no hayan recibido de la EV, su matriz o sus subordinadas, ingresos que representan el 25% o más de los ingresos anuales en el país durante los últimos 5 años del respectivo revisor fiscal o de la firma de revisoría a la cual pertenece, con base en una certificación que para el efecto imparta el revisor fiscal o la firma de revisoría correspondiente.

b. Que la EV, en los contratos que suscriba con su revisoría fiscal, pacte cláusulas en las que la firma de revisoría se obligue a rotar a las personas que al interior de la EV adelantan dicha función con por lo menos una periodicidad de 5 años. Igualmente, a pactar que la persona que ha sido rotada solamente pueda retomar la auditoría de la misma EV luego de un periodo de 2 años. La misma recomendación aplica para los casos en los cuales el revisor fiscal sea una persona natural.

c. Que la EV, en los contratos que suscriba con su revisoría fiscal, pacte cláusulas en las que la firma de revisoría se obligue a rotar a las personas que al interior de la EV adelantan dicha función con por lo menos una periodicidad de 5 años. Igualmente, a pactar que la persona que ha sido rotada solamente pueda retomar la auditoría de la misma compañía luego de un periodo de 2 años. La misma recomendación aplica para los casos en los cuales el revisor fiscal sea una persona natural.

En adición a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 43 de 1990, el revisor fiscal y su equipo de trabajo o grupo de auditoría, incluyendo a los expertos que le colaboren en áreas diferentes al técnico contable, deben atender en todos los casos los siguientes principios básicos de ética profesional: integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observaciones de las disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión, colaboración y respeto entre colegas.

Numeral 3.3.2

Normas relativas a la ejecución del trabajo

Las normas sobre la ejecución del trabajo hacen referencia a la preparación, desarrollo y supervisión de la labor desempeñada por la revisoría fiscal, y en este sentido regulan el conjunto de técnicas de auditoría aplicables a las partidas, los procesos y la documentación que examine para poder cumplir a cabalidad con sus funciones legales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la mencionada Ley 43 de 1990, el revisor fiscal debe considerar y estudiar al usuario de sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con las circunstancias particulares de su actividad, sean éstas internas o externas, con el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y métodos más adecuados para el tipo de ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado, teniendo en cuenta, por lo menos las siguientes directrices:

a. Planeación

El trabajo de los revisores fiscales debe ser técnicamente planeado y debe contemplar una supervisión al trabajo de sus auxiliares.

En su planeación el revisor fiscal debe tener en cuenta las siguientes etapas:

i. Desarrollar un plan de auditoría con el fin de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo.

ii. Planear la naturaleza, oportunidad y extensión de la dirección y supervisión de los miembros del equipo de trabajo y de la revisión de su trabajo.

iii. Actualizar la estrategia general y el plan de auditoría, y efectuar los ajustes que resulten pertinentes durante el curso del trabajo.

iv. Documentar la estrategia general y el plan de auditoría, incluyendo los cambios importantes hechos durante el trabajo.

v. Presentar los elementos de la planeación que considere pertinentes al comité de auditoría de la junta directiva, incluyendo aspectos generales tales como tiempos, la participación de expertos cuya colaboración se requiera, indicando las áreas en las cuales se emplearían, al igual que los objetivos e informes que se espera de ellos; elementos de soporte requeridos, fechas de reuniones, informes que se presentarían de forma ordinaria y cualquier otro aspecto que se considere relevante.

Una apropiada planeación del trabajo del revisor fiscal garantiza la calidad y resultado de las pruebas desarrolladas. Así mismo, ayuda a asegurar que la revisoría fiscal evalúe de manera adecuada las áreas, riesgos y procesos más importantes, la asignación y supervisión de la labor desarrollada por sus auxiliares, así como el desarrollo del trabajo con expertos y otras áreas de control. En lo relacionado con estos últimos, se debe evaluar su competencia, objetividad, experiencia, independencia y alcance de su trabajo.

Se considera que el trabajo ejecutado por el revisor fiscal ha cumplido con los presupuestos exigidos en la regulación, cuando ha sido técnicamente planeado y esté soportado en un plan global de auditoría debidamente documentado, atendiendo lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 o normas que lo modifiquen, en el cual se indican las normas de auditoria generalmente aceptadas, y en el artículo 5 de la Ley 1314 de 2009 o normas que lo modifiquen, mediante el cual se definen las normas de aseguramiento de la información.

b. Evaluación del control interno

Obedece a la valoración que efectúa la revisoría fiscal de los sistemas de control interno y administración de riesgos implementados por las EV, con el fin de emitir una opinión profesional sobre su suficiencia y efectividad, según lo señalado en el subnumeral 3.1.8. de este Capítulo.

Dicha evaluación debe realizarse para cada uno de los elementos del sistema, tales como ambiente de control, actividades de control, gestión de riesgos, comunicación, sistemas de información y tecnología, y monitoreo, utilizando como marco de referencia los estándares internacionales que resulten aplicables. Para aquellos aspectos relacionados con materias diferentes a lo financiero – contable, puede apoyarse en el análisis y evaluación de especialistas competentes.

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al revisor fiscal, éste debe elaborar un reporte periódico dirigido a la junta directiva u órgano que haga sus veces, mediante el cual informe acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos sobre los sistemas de administración de riesgo que deba implementar la respectiva EV, de conformidad con las normas que le resulten aplicables.

c. Obtención de evidencia

El revisor fiscal debe obtener evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría, con el propósito de allegar las bases razonables para emitir un dictamen tanto de los estados financieros sujetos a revisión, como del sistema de control interno y el cumplimiento de la regulación, así como las certificaciones sobre la información que deba remitir a esta Superintendencia.

En consecuencia, la evaluación que se adelante debe quedar debidamente soportada, cubrir de manera total a la EV, y realizarse con la periodicidad establecida en la planeación.

Esta evidencia debe documentarse en papeles de trabajo o aplicativos de sistemas que comprendan la totalidad de los documentos preparados o recibidos por el revisor fiscal, de manera que en conjunto constituyan un compendio de la información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que ha adoptado para llegar a formarse una opinión sobre los estados financieros, o sobre la información relacionada con las certificaciones por él emitidas.

El revisor fiscal debe adoptar procedimientos apropiados que permitan mantener la confidencialidad y salvaguarda de la información, de acuerdo con los requisitos legales y profesionales.

En consecuencia, todas las evaluaciones adelantadas deben quedar debidamente soportadas en evidencia obtenida de fuentes confiables, tanto internas como externas.

Igualmente, el revisor fiscal debe preparar papeles de trabajo, documentos, registros magnéticos u otros medios que sean lo suficientemente completos y detallados para proporcionar la comprensión global de las evaluaciones y auditorías realizadas. Esta evidencia debe cumplir con los requisitos de forma y fondo considerados en las mejores prácticas de auditoría.

Los documentos antes mencionados deben incluir por lo menos, la planeación, naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos aplicados; los programas de auditoría y las modificaciones al respecto, los soportes del desarrollo del trabajo, entre otros; evaluaciones de riesgos, evidencia de la revisión y supervisión del trabajo del equipo de revisoría, así como las conclusiones y recomendaciones extraídas de la evidencia y las comunicaciones dirigidas a la gerencia o a los demás órganos de administración de la sociedad.

La evidencia obtenida y acumulada por el revisor fiscal y su equipo debe considerar la aplicación de normas técnicas de general aceptación.

Si bien la evidencia obtenida en el desarrollo del trabajo de revisoría y los papeles de trabajo son de propiedad del revisor fiscal, los mismos deben estar a disposición de la SFC, al igual que la documentación por medios electrónicos, los archivos y manuales de usuario, cuando este organismo lo requiera en ejercicio de sus atribuciones legales

Numeral 3.4

Deberes del revisor fiscal frente a la SFC

Los revisores fiscales deben presentar a la SFC los siguientes informes:

Numeral 3.4.1

Los exigidos por el Código de Comercio, la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, así como en los reglamentos de dichas disposiciones, relacionados con la presentación de estados financieros básicos, tanto de fin de ejercicio como de periodos intermedios y de estados financieros consolidados, para sus diferentes propósitos.

Numeral 3.4.2

Los que deban ser elaborados en cumplimiento de las normas establecidas por la SFC, en uso de la facultad consagrada en el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, y en desarrollo del deber previsto en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio.

Numeral 3.4.3

Los informes a través de los cuales se pongan en conocimiento de la SFC las observaciones de mayor importancia relativa o materialidad sobre los riesgos e información financiera evaluados, las debilidades encontradas, la cuantificación de las mismas, los comentarios y conclusiones efectuados tanto por la administración como por la revisoría fiscal, en la proforma que se adjunta al presente capítulo. Este informe debe presentarse por lo menos anualmente, dentro de los 3 meses siguientes al cierre de cada ejercicio, sin perjuicio de los informes extraordinarios a que haya lugar.

Numeral 3.4.4

Los prospectos de información y otros documentos relacionados con ofertas de títulos en el mercado de valores, exclusivamente respecto de aquellos aspectos incluidos en los referidos documentos que tengan relación con el ámbito de sus atribuciones legales.

Numeral 3.4.5

Los que tengan relación directa con aspectos contables o financieros de la EV.

Los citados informes deben remitirse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la SFC para cada caso, sin perjuicio de atender las solicitudes formuladas a través de las glosas que de su análisis se desprendan.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de otras autoridades diferentes a la SFC, que versen sobre remisión de información a esta entidad o a cualquier otra.

CAPÍTULO IVSistema de control interno

Numeral 1

Ámbito de aplicación

Las entidades vigiladas (EV) por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), ya sean matrices o subordinadas, deben implementar y mantener un Sistema de Control Interno (SCI) acorde con el perfil de riesgo, el plan de negocio, la naturaleza, el tamaño y la complejidad de las actividades que desarrollen, así como con el entorno económico y los mercados en los que operan.

Las EV que tengan la calidad de matrices deben procurar que sus subordinadas tengan un SCI que cumpla las instrucciones previstas en el presente Capítulo, para lo cual deben impartir lineamientos generales, atendiendo la naturaleza, tamaño, riesgos y complejidad de las actividades que cada una de ellas realiza.

Las EV que pertenezcan al sector público deberán adoptar el enfoque establecido en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), sin perjuicio del cumplimiento de las instrucciones del presente Capítulo que les resulten aplicables.

Numeral 2

Definición

El SCI es el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación que deben implementar las EV, donde intervienen y participan los órganos de gobierno y control, así como todos sus funcionarios, con el fin de proporcionar un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos en aras de lograr, como mínimo, lo siguiente:

a. Mejorar la eficiencia en el desarrollo de sus actividades.

b. Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes internos y externos.

c. Realizar una gestión adecuada de los riesgos.

d. Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información generada.

e. Cumplir la normatividad aplicable.

f. Proteger los activos de la organización.

g. Prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción.

Para el logro de los anteriores propósitos, las EV deben basarse en los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión, de acuerdo con las siguientes definiciones:

Numeral 2.1

Autocontrol

Los funcionarios de las EV deben evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y adoptar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones.

Numeral 2.2

Autorregulación

Las EV deben desarrollar métodos, normas y procedimientos internos que permitan la implementación y mejoramiento del SCI.

Numeral 2.3

Autogestión

Las EV deben tener capacidad para coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz el funcionamiento del SCI.

Numeral 3

Componentes del sistema de control interno

Las EV deben tener en cuenta el modelo de las tres líneas propuesto por el Instituto de Auditores Internos (IIA, por sus siglas en inglés) en la implementación del SCI, por lo menos, en la asignación de funciones. En todo caso, deben considerar, como mínimo, los elementos que se señalan a continuación:

Numeral 3.1

Ambiente de control

Es el conjunto de políticas, normas internas, objetivos, procedimientos, y estructuras jerárquicas y de gobierno al que se encuentra sujeto todo el personal de las EV en el desempeño de las funciones relacionadas con el SCI.

El ambiente de control debe estar compuesto, como mínimo, por los siguientes elementos:

Numeral 3.1.1

Código de ética y conducta

Las EV deben tener un código de ética y conducta que incluya, como mínimo, reglas sobre: i) la gestión de conflictos de interés en los que puedan incurrir los funcionarios y administradores de la EV; ii) el uso, acceso y custodia de la información reservada; iii) el otorgamiento de incentivos por parte de la EV a los funcionarios, a los administradores y a terceros; iv) el seguimiento al cumplimiento del código; v) el procedimiento para el reporte de los incumplimientos del código por parte de los funcionarios y administradores de la entidad, incluyendo líneas y canales adoptados; vi) la divulgación del código; vii) normas de conducta; y viii) el procedimiento sancionatorio frente a su inobservancia y las consecuencias de su incumplimiento.

Numeral 3.1.2

Política de generación y remisión de informes sobre el SCI

Son los lineamientos que establecen la periodicidad y contenido de los informes dirigidos a la Junta Directiva (JD) o el órgano que haga sus veces, en los cuales se analiza la efectividad del SCI, de acuerdo con los indicadores de gestión definidos por las EV.

Numeral 3.1.3

Política de recurso humano

Son los lineamientos para la selección, formación y conservación del personal competente para cumplir los objetivos estratégicos de las EV y la mitigación de los riesgos asociados a la rotación de personal. Dichos lineamientos deben contener, como mínimo: i) el esquema de remuneración y evaluación del recurso humano, ii) el programa de capacitación, iii) los planes de sucesión, y iv) el procedimiento para la elaboración y aprobación de los manuales de funciones o equivalentes.

Numeral 3.1.4

Políticas de gestión de riesgos

Son los lineamientos para la gestión integral de los riesgos asociados a las actividades que desarrollan las EV de conformidad con las instrucciones en materia de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) establecidas en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (CBJ), y/o las instrucciones sobre el Marco de Gestión de Riesgos de los Conglomerados Financieros (MGR) - Capítulo XXX, Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) - Capítulo XXXI y/o el Sistema Integral de Administración de Riesgo de las Entidades Exceptuadas del SIAR (SARE) - Capítulo XXXII, y/o las instrucciones sobre la Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales, incluidos los climáticos - Capítulo XXXIII contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF) y las disposiciones que las modifiquen o adicionen.

Numeral 3.1.5

Política financiera y contable

Son los lineamientos para la preparación de la información financiera y demás informes que reflejan la situación financiera y los resultados de las EV, atendiendo las disposiciones aplicables.

Numeral 3.1.6

Política de evaluaciones y autoevaluaciones

Son los lineamientos aplicables a las evaluaciones internas y externas, así como a las autoevaluaciones que deben realizar las EV para identificar las deficiencias del SCI y comunicarlas de manera oportuna a los responsables de aplicar las medidas correctivas. Los lineamientos que definan las EV deben garantizar que la periodicidad de las evaluaciones y autoevaluaciones tengan en cuenta la dinámica propia de las actividades que estas desarrollan, incluyendo aquellas tercerizadas.

Numeral 3.1.7

Política de inducción y capacitación de miembros de JD u órgano que haga sus veces y de sus comités de apoyo

Son los lineamientos que definen el proceso de inducción, capacitación y su periodicidad para los nuevos miembros de JD u órgano que haga sus veces y de sus comités de apoyo con el fin de asegurar que conozcan la estructura, objetivos estratégicos, modelo funcional de las EV, marco de apetito de riesgo, el funcionamiento de dicho órgano y la normatividad que le resulte aplicable a sus miembros. Esta política comprende además los lineamientos de capacitación a los integrantes de la JD u órgano que haga sus veces y de sus comités de apoyo, cuando los miembros de tales órganos lo soliciten para adoptar decisiones sobre asuntos con un alto componente técnico.

Numeral 3.1.8

Política de seguridad de la información

Son los lineamientos que definen los controles que deben implementar las EV para asegurar y proteger la información, los cuales incluyen, entre otros mecanismos, los siguientes:

a. Celebrar acuerdos de confidencialidad.

b. Permitir el acceso a sistemas, programas y datos exclusivamente a usuarios autorizados en virtud de sus funciones, entre otros, a través de:

i. Controles de acceso físico y lógico que comprendan autorización, autenticación y control de acceso.

ii. Protocolo de manejo de incidentes.

iii. Herramientas para la prevención y detección de código malicioso, virus, entre otros.

iv. Capacitaciones de personal y usuarios, en caso de ser procedente.

v. Administración centralizada de la seguridad.

c. Los demás que defina la EV.

Numeral 3.1.9

Miembros independientes de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces

Para aquellas EV que por disposición legal o estatutaria deben contar con miembros independientes en la JD u órgano que hace sus veces, serán miembros independientes aquellos que en ningún caso sean:

a. Empleados o integrantes de la Alta Gerencia (AG) de la EV o de alguna de sus filiales, subsidiarias o controlantes, incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección de una persona independiente.

b. Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos de voto de la EV o que determinen la composición mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o de control de la misma.

c. Socios o empleados de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría a la EV o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del cual forme parte esta, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos, el 20% o más de sus ingresos operacionales.

d. Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos importantes de la EV. Se consideran donativos importantes aquellos que representen más del 20% del total de donativos recibidos por la respectiva institución.

e. Administrador de una entidad en cuya JD u órgano que haga sus veces participe un representante legal de la EV.

f. Persona que reciba de la EV alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de la JD u órgano que haga sus veces, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado por la JD u órgano que haga sus veces.

Las EV podrán establecer criterios adicionales a los definidos en el presente subnumeral.

Numeral 3.1.10

Comité de Auditoría

Las EV deben contar con un Comité de Auditoría integrado por lo menos con 3 miembros de la JD u órgano que haga sus veces. Dichos miembros deben ser en su mayoría independientes para aquellas EV que por disposición legal o estatutaria deben contar con tales miembros en el referido órgano social. Este Comité debe ser presidido por un miembro independiente, en caso de contar con este tipo de miembros.

Los miembros del Comité de Auditoría deben contar con experiencia y conocimientos en los temas relacionados con las funciones asignadas a dicho Comité.

El Comité de Auditoría debe reunirse por lo menos una vez cada 3 meses o, con una frecuencia mayor, si así lo establece su reglamento de funcionamiento. En todo caso, el Comité puede ser convocado a reuniones extraordinarias cada vez que se requiera.

Numeral 3.1.11

Comité de Riesgos

Para las EV que están obligadas a contar con un Comité de Riesgos, su estructura y funcionamiento debe corresponder con lo previsto en el SIAR y el MGR de la CBCF y las instrucciones que lo modifiquen o adicionen. En todo caso, la JD u órgano que haga sus veces, le podrá asignar funciones adicionales, siempre que estas contribuyan al desarrollo y adecuado funcionamiento del SCI.

Numeral 3.1.12

Estatuto de auditoría

Es el documento que define las funciones de la auditoría interna u órgano que haga sus veces, y establece como mínimo:

a. Su posición dentro del organigrama de las EV.

b. Los mecanismos de acceso a la información y bienes de las EV que resulten necesarios para la ejecución de sus funciones.

c. Los criterios que deben cumplirse para mantener la independencia.

d. El alcance y condiciones de las funciones de aseguramiento y consultoría.

Numeral 3.1.13

Plan anual de auditoría interna

Es el plan anual definido por las EV en el cual se detallan las actividades a ser desarrolladas por la auditoría interna u órgano que haga sus veces, su alcance, los plazos para su cumplimiento y los recursos necesarios para su desarrollo.

Dicho plan debe cumplirse integralmente, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen, las cuales deben sustentarse y aprobarse siguiendo el mismo proceso que se surtió para su aprobación inicial.

Para el caso de las EV que sean subordinadas, su plan de auditoría debe estar alineado con el de su matriz (nacional o extranjera) y cumplir con lo previsto en el presente Capítulo y demás disposiciones vigentes en Colombia que sean aplicables.

En todo caso, la auditoría interna de la EV subordinada u órgano que haga sus veces, deberá verificar que su plan de auditoría interna se ajuste a su tamaño, plan estratégico, complejidad de sus actividades, y los riesgos a los que está expuesta en desarrollo de estas.

Numeral 3.1.14

Política de aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna

Son los lineamientos que debe seguir el auditor interno o el funcionario que haga sus veces, para evaluar la calidad del área de auditoría interna u órgano que haga sus veces.

Numeral 3.1.15

Presupuesto anual

Son los recursos asignados y aprobados para la ejecución de las actividades que las EV llevarán a cabo en el año correspondiente.

Numeral 3.1.16

Plan estratégico

Son los objetivos estratégicos para el corto, mediano y largo plazo definidos por las EV, teniendo en cuenta los riesgos, la prioridad e impacto de cada objetivo.

Numeral 3.1.17

Plan estratégico de tecnología

Son los desarrollos tecnológicos para el corto, mediano y largo plazo definidos por las EV, teniendo en cuenta los riesgos, la prioridad e impacto de cada objetivo.

Este plan debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

a. Evaluación del estado actual de la infraestructura tecnológica de la EV.

b. Cronograma de actividades y objetivos que se ejecutarán en el corto, mediano y largo plazo en materia de desarrollos tecnológicos.

c. Capacitaciones de personal y usuarios para la implementación de los desarrollos, en caso de ser aplicable.

d. Mecanismos para la mitigación del riesgo operacional y de ciberseguridad asociados a la implementación y al funcionamiento de los desarrollos tecnológicos.

e. Justificación técnica y financiera de los desarrollos a implementar, indicando su prioridad e impacto en las actividades de la entidad.

Numeral 3.2

Gestión de riesgos

Es un proceso dinámico y permanente que deben realizar las EV para gestionar los riesgos asociados a sus actividades, de acuerdo con las instrucciones en materia de Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) previstas en el Capítulo IV, Título IV, Parte I de la CBJ, y/o las instrucciones en materia de administración de riesgos establecidas en el Marco de Gestión de Riesgos (MGR) - Capítulo XXX CBCF, en el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) - Capítulo XXXI CBCF y/o en el Sistema Integral de Administración de Riesgos de las Entidades Exceptuadas del SIAR (SARE) - Capítulo XXXII CBCF, y/o las instrucciones sobre la Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales, incluidos los climáticos - Capítulo XXXIII o las instrucciones que las modifiquen o sustituyan.

Numeral 3.3

Actividades de control

Son las acciones que contribuyen a garantizar la correcta aplicación del SCI de las EV. Estas acciones se deben realizar en todos los niveles de las EV, en las diferentes etapas de los procesos de negocio, así como en el entorno tecnológico, y deben estar alineadas con la gestión de riesgos. La selección y desarrollo de las actividades de control deben determinarse considerando la relación beneficio/costo y su potencial efectividad.

Las actividades de control deben contemplar, al menos, las siguientes acciones y mecanismos:

Numeral 3.3.1

Controles de alto nivel

Es el seguimiento por parte de la JD u órgano que haga sus veces, comités de apoyo y AG del funcionamiento del SCI y del progreso de las EV en el logro de sus objetivos estratégicos y definición de la cultura organizacional. Estos controles tienen como propósito detectar posibles falencias, tales como deficiencias de control, errores en la información financiera, o actividades fraudulentas, y permiten adoptar los correctivos necesarios.

Numeral 3.3.2

Controles generales

Son las actividades que deben desarrollar las diferentes áreas de las EV para asegurar la continuidad y correcto funcionamiento de todos sus procesos.

Numeral 3.3.3

Controles de aplicación

Son los mecanismos que contribuyen a garantizar la correcta implementación de procesos tecnológicos y operativos, los cuales deben estar definidos en manuales de procedimiento, indicando los pasos para su aplicación y los responsables de su ejecución.

Numeral 3.3.4

Controles sobre la tecnología

Son mecanismos para: i) asegurar el cumplimiento de la política de seguridad de la información, ii) mitigar los riesgos asociados a la adquisición, funcionamiento, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, y iii) identificar cambios o actualización de la tecnología.

Numeral 3.3.5

Controles sobre la gestión contable y financiera

Son las actividades para asegurar el cumplimiento de la política contable y financiera de las EV y de la normativa aplicable en esta materia.

Numeral 3.4

Información y comunicación

Es el proceso para el intercambio de información entre las EV y los diferentes grupos de interés, internos y externos.

El componente de información y comunicación debe contemplar, al menos, lo siguiente:

Numeral 3.4.1

Política de información y comunicación

La política de información y comunicación debe establecer, como mínimo, lo siguiente:

Numeral 3.4.1.1

Características de la información

La información transmitida a los grupos de interés debe ser accesible, exacta, actualizada y protegida.

Numeral 3.4.1.2

Sistemas de información

Los sistemas de información de las EV deben tener la capacidad de obtener, capturar y procesar datos procedentes de fuentes internas y externas seguras, y transformarlos en información que tenga valor para las EV. Los sistemas deben ajustarse de acuerdo con las necesidades de las EV y los volúmenes de datos que deban ser procesados.

Numeral 3.4.1.3

Criterios de selección de información

Las EV deben establecer criterios para definir el tipo de información que debe ser comunicados a los diferentes grupos de interés internos y externos, en atención a su importancia y criticidad.

Numeral 3.4.1.4

Canales de comunicación

Las EV deben contar con canales de comunicación específicos y exclusivos para la recepción de quejas y denuncias contra los funcionarios y administradores de las EV, o contra terceros contratados por las EV, tales como: líneas telefónicas, correos electrónicos, buzones especiales en el sitio web y otros mecanismos digitales, con el fin de que las personas que adviertan o conozcan eventuales irregularidades, incumplimientos normativos, violaciones al código de ética y conducta, u otros hechos o circunstancias que afecten o puedan afectar el adecuado funcionamiento del SCI, los pongan en conocimiento de los órganos competentes de las EV.

Los canales de comunicación dispuestos para la recepción de quejas y denuncias deben contar con salvaguardas que garanticen el anonimato de los denunciantes y la confidencialidad de la información. Las EV deben diferenciar claramente estos canales de recepción de quejas y denuncias, de los canales de formulación de quejas de los consumidores financieros derivadas de las fallas en la prestación de servicios o productos.

Para la recepción y tratamiento de las quejas y denuncias se debe garantizar lo siguiente:

a. Protección a denunciantes frente a represalias.

b. Capacitación a los funcionarios de las EV en esta materia.

c. Instancias dentro de las EV que asumirán el trámite de las quejas y denuncias.

d. Procesos eficientes que permitan su trámite de manera oportuna.

Numeral 3.4.1.5

Grupos de interés externos

Las EV deben definir reglas para garantizar igualdad en el acceso a la información a los grupos de interés externos, estableciendo los canales y la oportunidad para su acceso.

Numeral 3.5

Actividades de seguimiento y monitoreo

Son las evaluaciones internas y externas o, una combinación de ambas, que deben adelantar las EV para determinar si los componentes del SCI están presentes y funcionan adecuadamente.

Numeral 3.5.1

Evaluaciones y autoevaluaciones internas

Las EV deben realizar periódicamente evaluaciones y autoevaluaciones de los procesos internos con el propósito de verificar el funcionamiento de los diferentes componentes del SCI y ejecutar las acciones correctivas o preventivas en caso de ser necesario.

Numeral 3.5.2

Evaluaciones externas

Las EV pueden contratar evaluaciones externas con el propósito de verificar el funcionamiento de los diferentes componentes del SCI, para lo cual deben definir su alcance y frecuencia.

Numeral 4

Responsabilidades en el sistema de control interno

Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades asignadas en otras disposiciones, los órganos de las EV deben cumplir, como mínimo, con las siguientes funciones:

Numeral 4.1

Funciones de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces

La JD u órgano que haga sus veces, debe cumplir como mínimo con las funciones y responsabilidades previstas en los siguientes subnumerales:

Numeral 4.1.1

Funciones de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces respecto del ambiente de control

La JD u órgano que haga sus veces debe aprobar los siguientes documentos y políticas:

a. Código de ética y conducta.

b. Política de generación y remisión de informes sobre el SCI.

c. Política de recurso humano.

d. Política financiera y contable.

e. Política de evaluaciones y autoevaluaciones.

f. Política de inducción y capacitación de miembros de JD u órgano que haga sus veces y de sus comités de apoyo.

g. Reglamentos internos de los comités de apoyo.

h. Política de seguridad de la información.

i. Estatuto de auditoría interna.

j. Presupuesto anual.

k. Plan estratégico.

l. Plan estratégico de tecnología.

m. Política de información y comunicación.

Asimismo, debe designar al auditor interno de la EV o el funcionario que haga sus veces. Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones aplicables a la designación del auditor interno para las entidades de naturaleza pública.

Numeral 4.1.2

Funciones de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces respecto de la gestión de riesgos

Le corresponde a la JD u órgano que haga sus veces, cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.1.2.1

Hacer seguimiento a las acciones ejecutadas por la AG para mitigar los riesgos asociados a las actividades previstas en la planeación estratégica.

Numeral 4.1.2.2

Hacer seguimiento al funcionamiento del SCI para mitigar los riesgos asociados al logro de los objetivos estratégicos de la EV.

Numeral 4.1.3

Funciones de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces respecto de las actividades de control

Le corresponde a la JD u órgano que haga sus veces, cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.1.3.1

Hacer seguimiento al desempeño financiero y operacional de las EV.

Numeral 4.1.3.2

Revisar los estados financieros junto con sus notas antes de que sean presentados a la Asamblea General de Accionistas o máximo órgano social, teniendo en cuenta los informes y recomendaciones que le presente el Comité de Auditoría.

Numeral 4.1.3.3

Asegurar que la AG establezca procesos que permitan la identificación y evaluación de los cambios que puedan tener un impacto significativo en el SCI.

Numeral 4.1.3.4

Reunirse con el Revisor Fiscal y el auditor interno o el funcionario que haga sus veces. Así mismo, podrá reunirse sin la presencia de la AG, cuando lo considere necesario.

Numeral 4.1.4

Funciones de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces respecto de la información y comunicación

Le corresponde a la JD u órgano que haga sus veces cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.1.4.1

Solicitar toda la información que estime necesaria sobre el desarrollo y desempeño de los controles internos para cumplir con sus responsabilidades.

Numeral 4.1.4.2

Presentar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o en la reunión ordinaria del órgano equivalente, un informe respecto del funcionamiento y evaluación del SCI durante el período inmediatamente anterior.

Numeral 4.1.5

Funciones de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces respecto de las actividades de seguimiento y monitoreo

Le corresponde a la JD u órgano que haga sus veces, cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.1.5.1

Autoevaluar su gestión al menos una vez al año.

Numeral 4.1.5.2

Evaluar la gestión de la AG al menos una vez al año.

Numeral 4.1.5.3

Definir acciones para solucionar los hallazgos producto de las autoevaluaciones y evaluaciones internas y externas.

Numeral 4.1.5.4

Realizar seguimiento cada 6 meses a la gestión de riesgos y a las medidas adoptadas para su control o mitigación, o con una frecuencia mayor, si resulta procedente.

Se considera buena práctica de gobierno corporativo, la contratación de un tercero especializado para evaluar la gestión de la JD u órgano que haga sus veces.

Numeral 4.2

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría debe cumplir como mínimo con las funciones y responsabilidades previstas en el presente subnumeral:

Numeral 4.2.1

Funciones del Comité de Auditoría respecto del ambiente de control

Le corresponde al Comité de Auditoría cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.2.1.1

Aprobar los siguientes documentos y políticas:

a. Estructura, procedimientos y metodologías del SCI con líneas de responsabilidad y de rendición de cuentas.

b. Plan anual de auditoría interna.

c. Política de aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna.

Numeral 4.2.1.2

Revisar y recomendar para aprobación de la JD u órgano que haga sus veces, los siguientes documentos y políticas:

a. Código de ética y conducta.

b. Política de generación y remisión de informes sobre el SCI.

c. Política de seguridad de la información.

d. Estatuto de auditoría interna.

e. Plan estratégico de tecnología.

Numeral 4.2.2

Funciones del Comité de Auditoría respecto de la gestión de riesgos

Le corresponde al Comité de Auditoría cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.2.2.1

Presentar a la JD u órgano que haga sus veces, un informe sobre las decisiones adoptadas por el Comité de Auditoría, por lo menos cada 6 meses, o con una frecuencia mayor, si resulta procedente.

Numeral 4.2.2.2

Evaluar los riesgos que puedan afectar la ejecución de la planeación estratégica y aquellos derivados de los cambios en la AG y sus impactos en el SCI y, en caso de ser necesario, recomendar las medidas que estime oportunas para mitigar dichos impactos.

Numeral 4.2.2.3

Proponer a la JD u órgano que haga sus veces, controles para prevenir, detectar y responder adecuadamente a los riesgos de fraude.

Numeral 4.2.3

Funciones del Comité de Auditoría respecto de las actividades de control

Le corresponde al Comité de Auditoría cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.2.3.1

Aprobar la metodología para definir la criticidad de los hallazgos de la auditoría interna u órgano que haga sus veces, de la revisoría fiscal y de las auditorías externas, si es el caso.

Numeral 4.2.3.2

Monitorear las funciones y actividades de la auditoría interna u órgano que haga sus veces, con el objeto de verificar que mantenga su independencia y objetividad en relación con las actividades que audita, e identificar posibles limitaciones que impidan su adecuado desempeño.

Numeral 4.2.3.3

Evaluar la estructura del SCI con el fin de determinar si los procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos de la EV y de los terceros que administre o custodie.

Numeral 4.2.3.4

Velar porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera y contable se ajuste a lo dispuesto en las disposiciones vigentes y las metas de desempeño financiero definidas por la EV, verificando que existan los controles necesarios para el efecto.

Numeral 4.2.3.5

Evaluar y aprobar las propuestas de la auditoría interna u órgano que haga sus veces, relativas a la contratación de auditores externos especializados.

Numeral 4.2.3.6

Evaluar si el SCI asegura razonablemente el funcionamiento de los sistemas de información, su confiabilidad e integridad para la toma de decisiones, y proponer a la JD u órgano que haga sus veces, las medidas a que haya lugar para solucionar las vulnerabilidades que sean detectadas.

Numeral 4.2.3.7

Evaluar los informes realizados por la auditoría interna u órgano que haga sus veces, la revisoría fiscal y los auditores externos, verificando que se hayan implementado sus sugerencias y recomendaciones.

Numeral 4.2.4

Funciones del Comité de Auditoría respecto de la información y comunicación

Le corresponde al Comité de Auditoría cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.2.4.1

Elaborar el informe que la JD u órgano que haga sus veces debe presentar al máximo órgano social en su reunión ordinaria respecto al funcionamiento del SCI durante el período anterior, el cual debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

a. El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, con mención expresa de los aspectos relacionados con la gestión de riesgos.

b. Las actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de Auditoría.

c. Las deficiencias materiales detectadas, las recomendaciones formuladas y las medidas adoptadas, incluyendo entre otros aspectos aquellos que puedan afectar los estados financieros y el informe de gestión.

d. Las observaciones formuladas por los órganos de control y las sanciones impuestas a la EV, cuando aplique.

e. En caso de contar con un departamento de auditoría interna, la evaluación de la labor realizada por dicha área, incluyendo, entre otros aspectos, el alcance del trabajo desarrollado, la independencia de la función y los recursos asignados. En caso de que la EV no cuente con un departamento de auditoría interna debe informar las razones por las cuales no se ha considerado pertinente contar con dicho departamento.

Numeral 4.2.4.2

Servir de canal de comunicación en materia de control interno entre la AG y la JD u órgano que haga sus veces.

Numeral 4.2.4.3

Mantener una comunicación continua con la auditoría interna u órgano que haga sus veces, a través del presidente del Comité.

Numeral 4.2.4.4

Informar a la JD u órgano que haga sus veces, cuando advierta que la EV no suministra la información requerida por las autoridades competentes y los órganos de control.

Numeral 4.2.4.5

Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo de sus funciones.

Numeral 4.2.4.6

Presentar al máximo órgano social, por conducto de la JD u órgano que haga sus veces, los candidatos para ocupar el cargo de Revisor Fiscal, sin perjuicio del derecho de los accionistas de presentar otros candidatos. Para tal efecto, corresponde al Comité recopilar y analizar la información suministrada por cada uno de los candidatos y someter a consideración del máximo órgano social los resultados del estudio efectuado.

Numeral 4.2.5

Funciones del Comité de Auditoría respecto de las actividades de seguimiento y monitoreo

Le corresponde al Comité de Auditoría cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.2.5.1

Evaluar de manera continua el cumplimiento de las normas y políticas que integran el ambiente de control y solicitar a la AG los informes que estime necesarios.

Numeral 4.2.5.2

Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la JD u órgano que haga sus veces, en relación con el SCI.

Numeral 4.2.5.3

Monitorear el cumplimiento del plan anual de auditoría interna.

Numeral 4.2.5.4

Evaluar la eficiencia de la auditoría interna u órgano que haga sus veces en términos de recursos y resultados, reportando a la JD u órgano que haga sus veces, las ineficiencias advertidas.

Numeral 4.2.5.5

Revisar y evaluar los cambios del entorno de la EV y su modelo de negocio, siempre que puedan incidir en la gestión de riesgos o en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Numeral 4.3

Comité de Riesgos

El Comité de Riesgos deberá cumplir con las obligaciones y responsabilidades previstas en los Capítulos XXX MGR, XXXI SIAR y/o XXXII SARE de la CBCF y las normas que los modifiquen o adicionen, sin perjuicio de las funciones adicionales que le sean asignadas por la JD u órgano que haga sus veces, en materia de SCI a través del reglamento de funcionamiento del Comité.

Numeral 4.4

Alta Gerencia

La AG debe cumplir como mínimo con las funciones y responsabilidades previstas en los siguientes subnumerales:

Numeral 4.4.1

Funciones de la Alta Gerencia respecto del ambiente de control

Le corresponde a la AG cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.4.1.1

Someter a consideración de la JD u órgano que haga sus veces los siguientes documentos y políticas:

a. Política de recurso humano.

b. Política financiera y contable.

c. Política de información y comunicación.

d. Política de evaluaciones y autoevaluaciones.

e. Política de inducción y capacitación de miembros de JD u órgano que haga sus veces y de sus comités de apoyo.

f. Plan estratégico.

g. Presupuesto anual.

h. Reglamentos internos de los comités de apoyo.

Numeral 4.4.1.2

Someter a consideración del Comité de Auditoría los siguientes documentos y políticas:

a. Estructura, procedimientos y metodologías del SCI con líneas de responsabilidad y de rendición de cuentas.

b. Código de ética y conducta.

c. Política de generación y remisión de informes sobre el SCI.

d. Política de seguridad de la información.

e. Plan estratégico de tecnología.

Numeral 4.4.1.3

Establecer una cultura organizacional de control mediante la divulgación de las normas éticas y de conducta dentro de la EV y la capacitación respecto al SCI, de forma tal que el personal de todos los niveles comprenda la importancia del control interno e identifique su responsabilidad frente al mismo.

Numeral 4.4.1.4

Cooperar en lo que sea requerido por la auditoría interna u órgano que haga sus veces, para el desempeño de sus funciones.

Numeral 4.4.2

Funciones de la Alta Gerencia respecto de la gestión de riesgos

Le corresponde a la AG cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.4.2.1

Presentar a la JD u órgano que haga sus veces, los riesgos asociados a la planeación estratégica y las medidas implementadas para su mitigación.

Numeral 4.4.2.2

Identificar y evaluar los cambios que impacten la gestión de riesgos de las EV, tales como cambios macroeconómicos o regulatorios, y realizar los ajustes correspondientes en el SCI para responder a estos cambios.

Numeral 4.4.2.3

Monitorear la implementación y cumplimiento de las disposiciones en materia de administración de riesgos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades previstas en el SIAR, SARE, MGR y SARLAFT y las normas que los modifiquen o adicionen.

Numeral 4.4.2.4

Desarrollar mecanismos para mitigar los riesgos de fraude en las EV.

Numeral 4.4.3

Funciones de la Alta Gerencia respecto de las actividades de control

Le corresponde a la AG cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.4.3.1

Monitorear la implementación y cumplimiento del plan estratégico.

Numeral 4.4.3.2

Velar porque los responsables de las funciones de control tengan idoneidad, independencia y recursos adecuados para llevar a cabo sus funciones.

Numeral 4.4.3.3

Monitorear el cumplimiento de las políticas que definen el ambiente de control, para verificar su validez y vigencia en el tiempo.

Numeral 4.4.3.4

Documentar y hacer seguimiento a la implementación de los planes de acción y medidas correctivas para resolver los hallazgos identificados en las autoevaluaciones y evaluaciones internas y externas.

Numeral 4.4.4

Funciones de la Alta Gerencia respecto de la información y comunicación

Le corresponde a la AG cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.4.4.1

Establecer mecanismos que garanticen la comunicación efectiva con las diferentes áreas de la EV para obtener de manera oportuna la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Numeral 4.4.4.2

Informar a la JD u órgano que haga sus veces, así como a los comités de apoyo, sobre el funcionamiento y disponibilidad de los sistemas de información y comunicación de la EV. Para este efecto, deben establecerse los indicadores correspondientes.

Numeral 4.4.4.3

Comunicar las políticas y decisiones adoptadas por la JD u órgano que haga sus veces, a los funcionarios de la EV de conformidad con sus roles y responsabilidades.

Numeral 4.4.4.4

Suministrar la información requerida por los órganos de control y las autoridades competentes.

Numeral 4.4.4.5

Monitorear el funcionamiento de los controles descritos en el subnumeral 3.3. del presente Capítulo, y adoptar medidas que resulten necesarias para corregir las fallas que se presenten.

Numeral 4.4.4.6

Preparar y entregar con la antelación definida en su reglamento, a la JD u órgano que haga sus veces y a los diferentes órganos de gobierno, la información necesaria sobre los temas a tratar en cada reunión ordinaria o extraordinaria del respectivo órgano colegiado.

Numeral 4.4.5

Funciones de la Alta Gerencia respecto de las actividades de seguimiento y monitoreo

Le corresponde a la AG cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.4.5.1

Verificar que se cumplan las obligaciones en materia de rendición de cuentas definidas al interior de la EV y que su cumplimiento esté documentado.

Numeral 4.4.5.2

Mantener actualizados los manuales de funciones de la AG, el código de ética y el de gobierno corporativo.

Numeral 4.4.5.3

Verificar el cumplimiento del marco de apetito de riesgos de la EV, de acuerdo con las disposiciones que les resulten aplicables.

Numeral 4.4.5.4

Definir oportunamente los planes de acción para atender los hallazgos de las evaluaciones sobre los diferentes componentes del SCI.

Numeral 4.4.5.5

Monitorear los cambios del entorno de la EV y su modelo de negocio, evaluando su incidencia en la gestión de riesgos y en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Numeral 4.5

Auditoría Interna u órgano que haga sus veces

La auditoría interna u órgano que haga sus veces debe cumplir como mínimo con las funciones y responsabilidades previstas en los siguientes subnumerales:

Numeral 4.5.1

Funciones de la Auditoría Interna u órgano que haga sus veces respecto del ambiente de control

Le corresponde a la auditoría interna u órgano que haga sus veces cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.5.1.1

Elaborar y someter a consideración del Comité de Auditoría los siguientes documentos:

a. Estatuto de auditoría interna.

b. Plan anual de auditoría interna.

c. Política de aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna.

Numeral 4.5.1.2

Establecer los procedimientos para el ejercicio de la actividad de auditoría interna

Numeral 4.5.1.3

Determinar los recursos necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones y solicitarlos a la JD u órgano que haga sus veces.

Numeral 4.5.2

Funciones de la Auditoría Interna u órgano que haga sus veces respecto de la gestión de riesgos

Le corresponde a la auditoría interna u órgano que haga sus veces, someter para aprobación del Comité de Auditoría las propuestas para la contratación de auditorías externas especializadas.

Numeral 4.5.3

Funciones de la Auditoría Interna u órgano que haga sus veces respecto de las actividades de control

Le corresponde a la auditoría interna u órgano que haga sus veces, cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.5.3.1

Establecer las actividades de control al interior del área de auditoría interna que contribuyan a garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Numeral 4.5.3.2

Dar su opinión sobre la efectividad de los controles, y proponer soluciones para abordar las oportunidades de mejora identificadas, de acuerdo con lo previsto en el plan anual de auditoría.

Numeral 4.5.3.3

Presentar al Comité de Auditoría los hallazgos identificados en las evaluaciones internas o externas de la EV, o del área de auditoría interna, de acuerdo con su nivel de criticidad.

Numeral 4.5.3.4

Informar al Comité de Auditoría las decisiones tomadas por el área de auditoría interna que considere relevantes.

Numeral 4.5.3.5

Establecer los mecanismos para garantizar la seguridad de la información del trabajo del área de auditoría interna.

Numeral 4.5.3.6

Realizar seguimiento al trabajo realizado por los integrantes de su equipo, verificando que se cumplan los estándares de calidad correspondientes.

Numeral 4.5.3.7

Revisar los controles adoptados por la AG para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable, códigos y políticas internas, de acuerdo con lo previsto en el plan anual de auditoría.

Numeral 4.5.3.8

Hacer seguimiento al cumplimiento e implementación de las recomendaciones del Comité de Auditoría.

Numeral 4.5.4

Funciones de la Auditoría Interna u órgano que haga sus veces respecto de la información y comunicación

Le corresponde a la auditoría interna u órgano que haga sus veces, cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.5.4.1

Evaluar el cumplimiento de la política de información y comunicación, de acuerdo con lo previsto en el plan anual de auditoría.

Numeral 4.5.4.2

Presentar al Comité de Auditoría informes sobre su gestión, los hallazgos identificados, las recomendaciones para abordar dichos hallazgos y el cumplimiento del plan de auditoría.

Numeral 4.5.4.3

Reunirse con la JD u órgano que haga sus veces, y con el Comité de Auditoría sin la presencia de la AG, cuando lo estime necesario.

Numeral 4.5.4.4

Acceder a la información de la EV y entrevistar a sus funcionarios cuando lo requiera para obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Numeral 4.5.4.5

Presentar a la JD u órgano que haga sus veces, un informe anual de su gestión y su evaluación sobre la eficacia del SCI, de acuerdo con lo previsto en el plan anual de auditoría que contenga, como mínimo, lo siguiente:

a. Identificación de los temas, procesos, y áreas objeto del examen, el periodo y criterios de evaluación, y los responsables de la información tenida en cuenta para la elaboración del informe.

b. Descripción de los resultados de las siguientes evaluaciones:

i. Cumplimiento de la política contable y financiera.

ii. Funcionamiento del SCI.

iii. Calidad de los sistemas establecidos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y las políticas establecidas por la EV.

iv. Análisis de la estructura organizacional de la EV.

c. Resultados de la evaluación realizada respecto del funcionamiento y efectividad del SCI y el sistema de administración de riesgos.

d. Descripción del procedimiento para obtener las evidencias, indicando el soporte técnico de sus conclusiones.

e. Limitaciones encontradas en la realización de las evaluaciones o en el acceso a información u otros eventos que hayan afectado el resultado de las pruebas realizadas y las conclusiones.

f. Recomendaciones formuladas sobre deficiencias materiales detectadas, mencionando los criterios generales que se tuvieron en cuenta para determinar su importancia.

g. Resultados del seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores.

h. Identificación y firma de las personas que elaboraron el informe, ciudad y fecha de elaboración.

Numeral 4.5.5

Funciones de la Auditoría Interna u órgano que haga sus veces respecto de las actividades de seguimiento y monitoreo.

Le corresponde a la auditoría interna u órgano que haga sus veces cumplir con las siguientes funciones:

Numeral 4.5.5.1

Evaluar la efectividad del SCI en las áreas y procesos de las EV, teniendo en cuenta las políticas definidas por la JD u órgano que haga sus veces.

Numeral 4.5.5.2

Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de la JD u órgano que haga sus veces, los comités de apoyo y la Revisoría Fiscal, con el fin de verificar si fueron implementadas bajo la dirección de la AG.

Numeral 4.5.5.3

Evaluar el funcionamiento de los controles establecidos por la EV, de acuerdo con lo previsto en el plan de auditoría interna.

Numeral 4.5.5.4

Evaluar las actividades tercerizadas por la EV, verificando que se cumplan las disposiciones aplicables y los lineamientos internos en esta materia, de acuerdo con lo previsto en el plan anual de auditoría.

Numeral 4.5.5.5

Verificar que las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno atiendan lo previsto en las disposiciones normativas y en los lineamientos internos aplicables.

Numeral 4.5.5.6

Hacer las recomendaciones a las áreas competentes para mejorar el proceso de gobierno corporativo.

Numeral 4.5.5.7

Dar su opinión en las investigaciones que se adelanten al interior de la EV cuando sea solicitada en asuntos relativos a posibles conflictos de interés.

Numeral 5

Modelo de las tres líneas

El modelo de las tres líneas propuesto por el IIA promueve la creación de estructuras de gobierno y procesos que contribuyen a la materialización de los objetivos estratégicos de las EV y facilitan la gestión de los riesgos.

Las EV deben tener en cuenta el referido modelo en la asignación de funciones a todo su personal y en la definición de las líneas de rendición de cuentas.

Numeral 5.1

Asignación de funciones

Independientemente de la estructura que defina cada EV para el diseño de su SCI, las EV deben asignar responsabilidades a su personal, teniendo en cuenta las funciones generales que establece el modelo de las tres líneas, de tal manera que se definan claramente los roles y responsabilidades de cada una de ellas, así como la forma en que se interrelacionan, conforme se establece a continuación:

Numeral 5.1.1

Primera línea

Las EV deben contar con funcionarios encargados de identificar los riesgos asociados a las actividades que ejecuta la EV en el desarrollo de su operación e implementar los controles necesarios.

Numeral 5.1.2

Segunda Línea

Las EV deben contar con funcionarios encargados de evaluar la gestión de riesgos, apoyar la identificación de los controles para la mitigación de los riesgos, verificar la correcta aplicación de los controles y aportar su conocimiento especializado para el direccionamiento de la EV.

Numeral 5.1.3

Tercera Línea

Las EV deben contar con funcionarios encargados de ejecutar actividades de aseguramiento y asesoría independiente. En aquellas EV que cuenten con un área de auditoría interna u órgano que haga sus veces, las funciones de tercera línea serán desempeñadas por esta área, de acuerdo con lo previsto en el subnumeral 4.5. del presente Capítulo.

Numeral 5.2

Líneas de rendición de cuentas

Las EV deben definir líneas de rendición de cuentas internas y externas, entendidas como las instancias y los canales a través de los cuales se informa el cumplimiento de las funciones de control interno. En ese sentido, tanto la primera como la segunda línea responden por la observancia de sus responsabilidades ante la AG. Por su parte, la tercera línea debe responder por la observancia de sus responsabilidades ante la JD u órgano que haga sus veces y ante el Comité de Auditoría.

CAPÍTULO VBienes e inversiones de las entidades vigiladas

Numeral 1

Inversiones en bienes inmuebles y demás activos fijos

En desarrollo de lo previsto en los numerales 3 y 6 del artículo 110 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), las entidades vigiladas pueden realizar inversiones que tengan por finalidad la construcción, remodelación, adecuación y dotación de los bienes a los que hace referencia la norma citada, en los términos de la regulación aplicable.

Numeral 1.1

Inversiones para la adquisición y construcción de inmuebles y otros activos fijos

Numeral 1.1.1

Régimen de autorización general

Bajo el régimen de autorización general, las entidades vigiladas se entienden autorizadas para efectuar inversiones para la construcción, mejora y adquisición de bienes inmuebles en los términos de la regulación aplicable, así como para la adquisición de otros activos fijos, siempre que el valor agregado de dichos bienes y activos no supere en ningún momento el valor equivalente al 100% de la suma del capital y las reservas patrimoniales una vez descontadas las pérdidas acumuladas, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales.

Para efectos de lo anterior, se consideran sujetos al límite previsto en el presente subnumeral las inversiones que se registren en los siguientes rubros del Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión (CUIF):

170300 Operaciones Discontinuadas

170400 Activos no Corrientes Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

170500   Otros Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta

177515   Operaciones Discontinuadas – Deterioro (menos)

177520   Activos no Corrientes Mantenidos para Distribuir a los Propietarios – Deterioro (menos)

177525   Otros Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta - Deterioro (menos)

180100   Propiedad, Planta y Equipo

180160   Revaluación Propiedad, Planta y Equipo (menos)

181800   Mejoras en Propiedades Ajenas

182000   Propiedades Planta y Equipo No Explotados

182096   Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo No Explotados (menos)

182200   Otras Propiedades y Equipo

182296   Revaluación de Otras Propiedades y Equipo (menos)

182300   Construcciones en Curso

182400   Bienes Terminados

182700   Propiedades de Inversión

182800   Activos Biológicos

190500   Importaciones en Curso

194000   Bienes de Arte y Cultura

194500   Bienes Entregados a Terceros

195510   Activos Adquiridos

195700   Especies Valoradas

En todo caso, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) puede, en cualquier tiempo, exigir a las entidades vigiladas, cuando lo considere necesario, que sometan al régimen de autorización previa todas las adquisiciones y construcciones de bienes inmuebles y otros activos fijos que pretendan realizar, por razón de su situación financiera, por el incumplimiento reiterado de disposiciones legales, o por otra circunstancia.

Numeral 1.1.2

Régimen de autorización previa

En cualquiera de los siguientes supuestos, se requiere obtener la autorización previa de la SFC para efectuar adquisiciones o construcciones de inmuebles u otros activos fijos:

Numeral 1.1.2.1

Tratándose de entidades sometidas a vigilancia especial o que se encuentren adelantando programas de recuperación, saneamiento o adecuación de capital.

Numeral 1.1.2.2

Cuando la operación se vaya a celebrar con miembros de junta directiva, otros administradores, el revisor fiscal, accionistas que posean el 5% o más del capital, así como con el cónyuge o con parientes de cualquiera de éstos dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, o con sociedades vinculadas a la entidad vigilada o de las que sean socios las personas antes relacionadas, siempre que en este último caso posean, conjunta o separadamente, más del 20% del capital.

Numeral 1.1.2.3

Cuando se trate de inversiones para la construcción o mejora de inmuebles, y se prevea la posibilidad de enajenar a terceros alguna o algunas de las unidades resultantes.

Numeral 1.1.2.4

Cuando la entidad no hubiere cumplido, durante los 3 meses anteriores al de la realización de la inversión proyectada, cualquiera de los controles de ley que le resulten aplicables, así como las disposiciones legales relativas a la relación de solvencia, el patrimonio adecuado,  la relación de apalancamiento, relación de inversiones en filiales y activos fijos a capital y reservas patrimoniales, relación entre mercancías depositadas con certificado de prenda y capital pagado, y reserva legal, según el caso.

Numeral 1.2

Información a remitir

En el evento en que, de conformidad con lo establecido en este Capítulo, resulte necesario obtener la autorización previa de la SFC, las solicitudes respectivas deben presentarse acompañadas de la documentación contenida en las listas de chequeo definidas por esta Superintendencia.

Numeral 1.3

Inversiones en mejoras de inmuebles de los establecimientos de crédito

Las operaciones complementarias de los establecimientos de crédito para la mejora o finalización de proyectos de construcción de bienes inmuebles se rigen por lo dispuesto en el artículo 2.1.11.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 1.4

Otras disposiciones

De acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del Decreto Ley 2150 de 1995, en aquellos casos en los cuales se deba remitir un informe sobre las mejoras realizadas en los términos de la norma citada, dicho informe debe enviarse junto con la transmisión de la información del CUIF correspondiente al período o períodos durante los cuales ocurrió el exceso.

Numeral 2

Inversiones de capital

Las inversiones de capital de las entidades vigiladas deben sujetarse a lo señalado en el EOSF y, para el caso de las inversiones en el exterior, deben considerar adicionalmente lo establecido en el Decreto 1068 de 2015. Para el efecto, las entidades vigiladas deben remitir la documentación establecida en las listas de chequeo definidas por esta Superintendencia en caso de ser requerido, a fin de obtener la correspondiente autorización. En desarrollo de lo anterior, las entidades vigiladas deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones e instrucciones especiales, así como todas las demás que resultan aplicables según el caso:

Numeral 2.1

Las inversiones de los establecimientos de crédito en otros establecimientos de crédito se rigen por lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 510 de 1999 (numeral 7 del artículo 2 del EOSF).

Numeral 2.2

Las inversiones realizadas por las entidades vigiladas en sociedades de servicios financieros, sociedades comisionistas de bolsa de valores, y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos deben atender, según el caso, lo dispuesto en el artículo 28, el numeral 9 del artículo 110, el artículo 119, el artículo 147, y el numeral 3 del artículo 187 del EOSF, así como en el artículo 48 y 52 de la Ley 454 de 1998, y demás normas que los modifiquen o complementen.

Numeral 2.3

Las inversiones realizadas por las filiales que tengan la naturaleza de sociedad de servicios financieros, sociedades comisionistas de bolsa de valores y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, deben tener en cuenta las restricciones previstas en el numeral 2 del artículo 119 del EOSF.

Numeral 2.4

Las inversiones de las sociedades fiduciarias se rigen por lo señalado en el artículo 147 del EOSF.

Numeral 2.5

Las inversiones realizas por los Almacenes Generales de Depósito deben sujetarse a lo previsto en el numeral 2 del artículo 35 del EOSF.

Para efectos de estas inversiones, los Almacenes Generales de Depósitos deben presentar, en cada caso, solicitud de autorización de la inversión previa y por escrito, anexando copia del acta de la junta directiva de la entidad en la cual se imparta la autorización respectiva. La citada acta debe contener las razones fundamentales que determinaron la decisión adoptada y anexarse copia de los estatutos sociales o del proyecto de estatutos de la sociedad receptora de la inversión, a efectos de poder verificar que su objeto se ajuste a las autorizaciones legales. La Superintendencia, si lo estima necesario, puede solicitar la información adicional o el cumplimiento de los requisitos que estime pertinentes.

En todo caso, los Almacenes Generales de Depósitos no pueden realizar inversiones en sociedades de intermediación aduanera, por cuanto no están contempladas en el numeral 2 del artículo 35 del EOSF.

Numeral 2.6

Las inversiones realizadas por bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities deben sujetarse a lo señalado en el artículo 2.11.4.3.1 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.7

Las inversiones de las entidades aseguradoras en sociedades de servicios financieros y sociedades comisionistas de bolsa de valores deben sujetarse a lo señalado en el numeral 3 en el artículo 187 del EOSF.

Numeral 2.8

Las inversiones realizadas por las sociedades de servicios técnicos o administrativos deben ajustarse a lo previsto en el numeral 2 del artículo 110 del EOSF y, como tal, deben aplicar las limitaciones contempladas en los literales (a) y (b) del numeral 2 del artículo 119 del mismo estatuto.

Numeral 2.9

Inversión en sociedades de servicios técnicos o administrativos

De conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del numeral 2 del artículo 110 del EOSF, las inversiones de capital de los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros y las sociedades de capitalización en sociedades de servicios técnicos o administrativos constituidas entre bolsas de valores, comisionistas de bolsa o entidades vigiladas por esta Superintendencia, no están sujetas a los límites previstos en el literal (c) del numeral 1 del artículo 119 del EOSF. En este mismo sentido, cuando las respectivas sociedades de servicios técnicos o administrativos sean objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la SFC, el régimen de negociación de sus acciones corresponderá al previsto en el artículo 88 del EOSF.

En tanto el Gobierno Nacional disponga otra cosa, se entienden como sociedades de servicios técnicos o administrativos, además de las señaladas en la Resolución No. 0775 del 6 de marzo de 1991, expedida por la entonces Superintendencia Bancaria, las sociedades anónimas que contemplen dentro de su objeto social cualquiera de las siguientes actividades:

Numeral 2.9.1

Empresas de seguridad: vigilancia privada de inmuebles, muebles o personas; transporte, almacenamiento, manipulación y custodia de todo tipo de valores; impresión de documentos de seguridad tales como cheques, bonos y acciones.

Numeral 2.9.2

Empresas de administración de depósitos de valores y servicios conexos: administración de depósitos centralizados de valores, de sistemas de compensación y de información centralizada de operaciones en el mercado de valores.

Numeral 2.9.3

Empresas de servicios de cobranza: administración y cobro extrajudicial o judicial de cartera.

Numeral 2.9.4

Empresas de sistemas y servicios de informática: programación de computadores, comercialización de programas; representación de compañías nacionales o extranjeras productoras o comercializadoras de programas; organización, conexión y administración de redes de cajeros automáticos para la realización de transacciones u operaciones; procesamiento de datos y manejo de información de equipos propios o ajenos para la elaboración de la contabilidad; creación y organización de los archivos y la realización de cálculos, estadísticas e informes en general; así como comunicación y transferencia electrónica de datos. Estas inversiones pueden ser realizadas como parte de los procesos de transformación digital de las entidades.

Numeral 2.9.5

Sociedades titularizadoras de activos hipotecarios y no hipotecarios: los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros y las sociedades de capitalización pueden poseer acciones en este tipo de sociedades, de acuerdo con los artículos 2.26.1.1.1 y 2.26.1.2.1. del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.9.6

Operadores de bases de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países: los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros y las sociedades de capitalización pueden poseer acciones en estas sociedades, de conformidad con el artículo 2.26.1.3.1 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.9.7

Sociedades administradoras de sistemas de compensación y liquidación de divisas: los establecimientos de crédito, las sociedades comisionistas de bolsa y las bolsas de valores se encuentran autorizados para invertir en este tipo de sociedades, de conformidad con el artículo 2.27.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.9.8

Sociedades creadas para la prestación de servicios de corresponsales: el artículo 2.1.7.1.1 del Decreto 2555 de 2010 autoriza a los establecimientos de crédito a invertir en sociedades de servicios técnicos y administrativos cuyo objeto social consista en la prestación de los servicios de corresponsales, incluido el procesamiento, transmisión, registro y demás gestión de los datos relacionados con dichas actividades, siempre y cuando tales sociedades no comprendan dentro de su objeto social actividades diferentes a las permitidas a las sociedades de servicios técnicos y administrativos.

Numeral 2.10

Las inversiones de los establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, sociedades de capitalización y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, en entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor, deben sujetarse a lo señalado en el artículo 2.17.2.1.2. del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.11

Inversiones y límites a las inversiones en proveedores de infraestructura del mercado de valores

Para efectos de las inversiones en sociedades constituidas como proveedores de infraestructura, se deben considerar las siguientes disposiciones normativas, además de cualquier otra norma que regule la materia:

Numeral 2.11.1

Bolsas de valores: se debe dar aplicación a lo previsto en el numeral 8 del artículo 110 del EOSF y en el artículo 54 de la Ley 510 de 1999.

Numeral 2.11.2

Bolsas de futuros, opciones y otros derivados: se debe dar aplicación a lo previsto en el artículo 61 de la Ley 510 de 1999.

Numeral 2.11.3

Cámara de riesgo central de contraparte: se debe dar aplicación a lo previsto en el artículo 16 de la Ley 964 de 2005 y en el artículo 2.13.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.11.4

Sociedades administradoras de sistemas de negociación de valores o de registro de operaciones sobre valores: se debe dar aplicación a lo previsto en el artículo 67 de la Ley 964 de 2005 y en el artículo 2.15.1.2.2. del Decreto 2555 de 2010.

En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 2.15.1.2.2. del Decreto 2555 de 2010, una sociedad extranjera será considerada como reconocida a nivel internacional por administrar bolsas de valores, sistemas de negociación de valores o sistemas de registro de operaciones sobre valores, cuando se acredite que cuenta con experiencia igual o superior a 5 años administrando en el exterior bolsas de valores, sistemas de negociación de valores o sistemas de registro de operaciones sobre valores, o quien haga sus veces de acuerdo con su respectiva jurisdicción. Esta experiencia se puede demostrar directamente o por conducto de sus entidades vinculadas o beneficiario real, siempre y cuando la experiencia respectiva esté relacionada con la administración de sistemas que se encuentren bajo la supervisión de una autoridad con funciones públicas o de un ente con funciones de autorregulación, según corresponda en su jurisdicción de origen.

También se consideran sociedades internacionalmente reconocidas por administrar bolsas de valores, sistemas de negociación de valores o sistemas de registro de operaciones sobre valores, o quien haga sus veces de acuerdo con su respectiva jurisdicción, a los miembros de la Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE por sus siglas en inglés).

Para los efectos de los limites aquí señalados, quien pretenda ser titular de más del 30% de las acciones de estas sociedades es responsable de acreditar ante la SFC el cumplimiento de los supuestos previstos en las normas aplicables, pudiendo esta Superintendencia en cada caso concreto pedir la información adicional que considere pertinente.

Numeral 2.11.5

Proveedores de precios para valoración: se debe dar aplicación a lo previsto en el artículo 2.16.1.2.7 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.11.6

Organismos de autorregulación: se debe dar aplicación a lo previsto en el artículo 11.4.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.11.7

Sociedades administradoras de sistemas de compensación y liquidación de divisas: se debe dar aplicación a lo previsto en el artículo 2.27.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.11.8

Bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities: se debe dar aplicación a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 964 de 2005 y en el artículo 2.11.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.12

Inversiones realizadas por las sociedades comisionistas de bolsa y bolsas de valores

Sin perjuicio de las disposiciones legales especiales, y de conformidad con el artículo 7 del Decreto 2016 de 1992, las bolsas de valores y las sociedades comisionistas de bolsa pueden realizar las inversiones que guarden relación directa con su objeto social.

Para efectos de lo anterior, no se considera una inversión o una actividad que tenga relación directa con el objeto social de las bolsas de valores y de las sociedades comisionistas realizar de forma habitual préstamos a los socios o terceros. En tal sentido, las operaciones de préstamos a los accionistas solo pueden realizarse con sujeción a las siguientes reglas:

Numeral 2.12.1

No se pueden acordar plazos superiores a 1 mes, ni estipular la prórroga de este término. Igualmente, no está permitido otorgar nuevos créditos al mismo deudor durante los 4 meses siguientes a cualquier operación.

Numeral 2.12.2

De acuerdo con lo señalado en el Capítulo XIII-18 de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF) o las normas que lo modifiquen o sustituyan, no se pueden comprometer sumas superiores al 10% de la base de capital de que trata la Sección III del mencionado Capítulo. En todo caso, las acreencias frente a la totalidad de los accionistas no pueden exceder el 30% de la suma indicada cualquiera que sea el concepto del préstamo.

Numeral 2.12.3

Se deben abstener de concertar renovaciones, refinanciaciones o cualquier otro tipo de modificación contractual que implique una prórroga o cambio en las condiciones financieras de la obligación.

Así mismo, las operaciones de préstamo a empleados pueden realizarse, siempre que se atiendan las políticas aprobadas por la junta directiva para la celebración de estas operaciones, las cuales deben contemplar como mínimo: (i) la destinación  de los recursos que se desembolsen, teniendo en consideración que tales recursos no podrán emplearse para la celebración de operaciones de intermediación de valores, (ii) montos máximos de desembolso por empleado, y (iii) gestión de situaciones generadoras de conflictos de interés.

Por otra parte, las inversiones de capital que pretendan realizar las sociedades comisionistas de bolsa y bolsas de valores en otras sociedades o entidades requieren de la autorización de la SFC.

Tratándose de bienes inmuebles, la inversión será procedente cuando tenga como finalidad la utilización del bien para el funcionamiento de la entidad.

Numeral 2.13

Límite a las inversiones de capital realizadas por los establecimientos de crédito

Para efectos de las inversiones de capital de los establecimientos de crédito deberán tenerse en cuenta los límites definidos en el artículo 119 del EOSF, considerando para el efecto las siguientes instrucciones:

Numeral 2.13.1

Base de liquidación del límite de inversiones

Numeral 2.13.1.1

Rubros que integran la base: los rubros que deben incluirse para determinar el correcto cómputo del capital y las reservas patrimoniales que sirven de referencia para aplicar los límites previstos en el artículo 119 del EOSF, corresponden a los siguientes códigos del CUIF:

213026 Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones*

224526 Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones*

310500 Capital Suscrito y Pagado

311000 Acciones, Cuotas o Partes de Interés Social Propias Readquiridas (menos)

311500 Aportes Sociales

312000 Capital Mínimo e Irreductible - Sección de ahorros

320000 Reservas

380500 Prima en Colocación de Acciones

391000    Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores (menos)

392000    Pérdida del Ejercicio (menos)

393010    Pérdida Acumulada Proceso de Convergencia (menos)

810100    Capital Garantía

*Los bonos obligatoriamente convertibles en acciones sólo computan en cuanto en su emisión hayan concurrido las condiciones previstas en el artículo 86 del EOSF.

Numeral 2.13.1.2

Rubros que se deducen de la base

De conformidad con el literal b del numeral 1 del artículo 119 del EOSF, los activos fijos sin valorizaciones deben deducirse de la sumatoria del capital y reservas patrimoniales de la respectiva entidad. En consecuencia, a continuación se señalan los códigos del CUIF cuyo valor debe deducirse:

170300 Operaciones Discontinuadas

170400 Activos no Corrientes Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

170500   Otros Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta

177515   Operaciones Discontinuadas – Deterioro (menos)

177520   Activos no Corrientes Mantenidos para Distribuir a los Propietarios – Deterioro (menos)

177525   Otros Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta - Deterioro (menos)

180100   Propiedad, Planta y Equipo

180160   Revaluación Propiedad, Planta y Equipo (menos)

181800   Mejoras en Propiedades Ajenas

182000   Propiedades Planta y Equipo No Explotados

182096   Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo No Explotados (menos)

182200   Otras Propiedades y Equipo

182296   Revaluación de Otras Propiedades y Equipo (menos)

182300   Construcciones en Curso

182400   Bienes Terminados

182700   Propiedades de Inversión

182895   Otros

190500   Importaciones en Curso

194000   Bienes de Arte y Cultura

194500   Bienes Entregados a Terceros

195510   Activos Adquiridos

195700   Especies Valoradas

Numeral 2.13.2

Inversiones computables: las inversiones de capital autorizadas a las entidades financieras, diferentes de aquellas que tengan el carácter de obligatorias, conforman las inversiones a comparar con la base patrimonial prevista en el subnumeral 2.12.1. del presente Capítulo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 119 del EOSF, las inversiones de capital autorizadas para cada tipo de establecimiento de crédito computan por su costo de adquisición, y el límite previsto en la norma se calcula para el monto agregado de todas las inversiones computables.

Para tal fin, los establecimientos de crédito que realicen inversiones de capital deben informar, en cada oportunidad y mediante relación suscrita por el representante legal, el nombre de la sociedad receptora de la inversión, el costo de adquisición, el número de acciones o cuotas partes de interés social adquiridos y la fecha de realización de la inversión.

Numeral 2.13.3

Inversiones excluidas del cómputo: además de las inversiones obligatorias previstas en las normas aplicables, las siguientes inversiones no computan dentro del límite de que trata el presente numeral:

Numeral 2.13.3.1

Aportes efectuados por el Banco Agrario en su calidad de integrante del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario a FINAGRO, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 229 del EOSF.

Numeral 2.13.3.2

Corporaciones Financieras: aún cuando las corporaciones financieras se encuentran habilitadas para realizar inversiones de capital en empresas del sector real, las mismas no computan para efectos de dar cumplimiento al límite previsto en el presente numeral, sin perjuicio de los límites previstos en las demás normas aplicables.

Numeral 3

Inversiones de portafolio

Según el caso, las entidades vigiladas por la SFC podrán realizar inversiones de portafolio en el extranjero, de acuerdo con su respectiva naturaleza, objeto social, régimen legal y reglamentario, y las disposiciones establecidas en la Resolución 1 de 2018 del Banco de la República, el Decreto 1068 de 2015, y las demás normas que regulen la materia.

Numeral 4

Adquisición de acciones o partes de capital en entidades financieras del exterior

Las entidades vigiladas por la SFC pueden realizar inversiones en filiales del exterior, previa autorización. Para estos propósitos, debe presentarse la correspondiente solicitud acompañada de los requisitos señalados en la lista de chequeo definida por esta Superintendencia, atendiendo las disposiciones cambiarias a las que se encuentra sometida la inversión de capital en el exterior.

Numeral 4.1

Reinversión de capitales en el exterior

En relación con las solicitudes de reinversión de capitales en el exterior que pretendan efectuar las entidades vigiladas con utilidades recibidas como dividendos en acciones, reparto de utilidades retenidas u otros conceptos que busquen aumentar la participación accionaria en el extranjero, es necesario que la entidad vigilada lleve a cabo previamente las gestiones necesarias para obtener la autorización correspondiente por parte de la SFC. Por consiguiente, la efectiva realización del incremento solo será posible una vez que se haya recibido la autorización respectiva.

Si la solicitud de reinversión de utilidades se presenta con ocasión de decisiones tomadas con una mayoría compuesta por personas o entidades distintas de la entidad inversionista colombiana, la entidad deberá presentar, conjuntamente con la solicitud, los documentos que acrediten debidamente dicha circunstancia. Adicionalmente, a la solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos:

Numeral 4.1.1

Informe sucinto en el cual se fundamente la necesidad de realizar la reinversión de la utilidad, tanto en relación con la entidad receptora en el exterior, como con el establecimiento colombiano.

Numeral 4.1.2

Copia de las actas de asamblea general o de junta directiva en cuyas reuniones se hubieren estudiado o propuesto (no aprobado definitivamente) las respectivas operaciones.

Numeral 4.1.3

Copia de los estados financieros debidamente acompañados de la opinión del revisor fiscal o auditor externo de la entidad del exterior, sobre cuyas cifras se pretenden efectuar las apropiaciones respectivas.

Numeral 4.1.4

Indicación clara de los rubros o conceptos en general de donde se toman las partidas objeto de capitalización.

Junto con la solicitud, las entidades deben acreditar: (i) que informaron a la institución del exterior que la recepción de la distribución de utilidades en forma de acciones está condicionada a la autorización de esta Superintendencia, y (ii) la documentación que demuestre que la decisión de reparto de utilidades en acciones le fue impuesta y que no tenía opción de oponerse.

Numeral 4.2

Utilidades de inversiones en el exterior

Dentro de la asamblea general o la junta directiva, según el caso, se debe dar la opción a los accionistas para recibir las sumas respectivas en acciones o en dinero. En el evento que la entidad del exterior decida repartir las utilidades en acciones, se debe otorgar un plazo adecuado para que la entidad vigilada en Colombia adelante las gestiones para obtener la autorización de la SFC con el fin de aumentar el valor de su inversión en el exterior. La entidad siempre debe prever la posibilidad legal de que las autoridades nacionales ordenen el reintegro de las divisas respectivas al país y, en consecuencia, no podrá comprometer en forma definitiva su voto en las decisiones de los organismos citados.

Lo dispuesto en este subnumeral se entiende aplicable en aquellos eventos en que la entidad colombiana tiene la capacidad decisoria en la respectiva sociedad, esto es, cuando su voto determine la forma de recepción de las utilidades o repartos, en general.

CAPÍTULO VIReglas relativas al uso de servicios de computación en la nube

Numeral 1

Ámbito de aplicación

Las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) pueden soportar todos sus procesos y actividades en servicios computacionales en la nube. Cuando se trate de la operación de sus procesos misionales o de gestión contable y financiera deben cumplir las instrucciones de las que trata este Capítulo.

También pueden hacerlo los operadores de información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) respecto de la actividad del Operador de Información de la Planilla definida en el artículo 2° del Decreto 1465 de 2005 y los Institutos de Fomento y Desarrollo de las entidades territoriales.

Numeral 2

Definiciones

Las siguientes definiciones se deben tener en cuenta para los fines del presente Capítulo.

Numeral 2.1

Disponibilidad

Porcentaje de tiempo que el servicio tecnológico utilizado por la entidad está habilitado para la prestación del servicio.

Numeral 2.2

Procesos misionales

Son aquellos procesos que contribuyen directamente al resultado previsto por la entidad en cumplimiento de su objeto social. Estos procesos están relacionados con la naturaleza, misión, objetivos y función de la entidad y no están asociados a actividades de apoyo o complementarias.

Numeral 2.3

Servicios de computación en la nube

Tecnología que permite el acceso en condiciones de ubicuidad, configurable y por demanda, a un conjunto compartido de recursos computacionales, que se pueden aprovisionar, configurar y liberar rápidamente, con poco esfuerzo de gestión o de interacción con el proveedor de servicios. Dicha tecnología puede prestarse a través de los siguientes tipos de modelo de servicios y cuatro modelos de implementación:

Numeral 2.3.1

Software como servicio (SaaS, por su sigla en inglés). Modelo de servicio en el cual el proveedor de servicios de computación en la nube pone a disposición de una entidad las aplicaciones que corren en la infraestructura de éste bajo demanda y que pueden ser utilizadas de forma compartida con otros usuarios. La entidad no administra ni controla la infraestructura del proveedor.

Numeral 2.3.2

Plataforma como servicio (PaaS, por su sigla en inglés). Modelo de servicio en el cual el proveedor de servicios de computación en la nube pone a disposición de una entidad las plataformas en las cuales desarrollan y prueban distintas aplicaciones mediante el uso de lenguajes y herramientas de programación que son gestionadas por el prestador de servicios. La entidad no administra ni controla la infraestructura del proveedor.

Numeral 2.3.3

Infraestructura como servicio (IaaS, por su sigla en inglés). Modelo de servicio en el cual el proveedor de servicios de computación en la nube pone a disposición de una entidad la infraestructura que le permite ejecutar software de cualquier tipo, con el propósito de obtener la capacidad de procesamiento informático o de almacenamiento de información mediante servicios estandarizados.

Numeral 2.4

Implementaciones de nube

Las siguientes son las implementaciones de nube consideradas para la aplicación de este Capítulo:

Numeral 2.4.1

Nube pública. Servicios disponibles para ser utilizados por el público en general y que son suministrados por un proveedor que comercializa servicios por demanda.

Numeral 2.4.2

Nube privada. Servicios disponibles que se proporcionan para uso exclusivo de una organización.

Numeral 2.4.3

Nube comunitaria. Servicios disponibles para el uso exclusivo de una comunidad específica de organizaciones que tienen objetivos similares.

Numeral 2.4.4

Nube híbrida. Servicios disponibles compuestos de dos o más implementaciones de nube.

Numeral 2.5

Subcontratistas o partners

Terceros contratados por los proveedores de servicios de computación en la nube o de otra forma relacionado con ellos y cuyas actividades comprenden el desarrollo de una parte material de los servicios en la nube que usan las entidades vigiladas. Su actividad puede implicar el acceso a información y datos de la entidad y no está asociada a las actividades auxiliares de mantenimiento y soporte.

Numeral 3

Obligaciones generales de las entidades

Las entidades que soporten la operación de sus procesos misionales o de gestión contable y financiera en servicios computacionales en la nube, deben:

Numeral 3.1

Contemplar dentro de la gestión efectiva de los riesgos derivados de la utilización de servicios computacionales en la nube, particularmente el riesgo operacional, considerando, entre otros factores, el tipo de nube contratada, los sitios de procesamiento, los servicios contratados, el tipo de información a procesar, los controles de seguridad para la protección de los datos en ambientes virtualizados y la protección de las aplicaciones de la entidad. Adicionalmente, las entidades deben dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Capítulo XXXI «Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR)» de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF) o las normas que lo modifiquen o sustituyan, en lo relacionado con el proveedor de servicios de computación en la nube.

Numeral 3.2

Evaluar la conveniencia de implementar en sus filiales y subsidiarias del exterior, en caso de que las tengan, las instrucciones de este Capítulo.

Numeral 3.3

Verificar que el proveedor de servicios en la nube cuente y mantenga vigente, al menos, la certificación ISO 27001 y dé observancia a los estándares o buenas prácticas, tales como ISO 27017 y 27018. El proveedor puede certificarse con estándares o mejores prácticas que reemplacen, sustituyan o modifiquen las anteriores y debe disponer de informes de controles de organización de servicios (SOC1, SOC2 y SOC3).

Numeral 3.4

Verificar que el proveedor ofrezca una disponibilidad de al menos el 99.95% en los servicios prestados en la nube en los modelos Iaas y PaaS. Para aquellos proveedores del servicio de computación en la nube en el modelo Saas, la disponibilidad debe ser de al menos el 99.5%.

Numeral 3.5

Gestionar los riesgos de las API o Servicios Web suministrados por el proveedor de servicios en la nube.

Numeral 3.6

Verificar que las jurisdicciones en donde se procesará la información ofrezcan un nivel adecuado de protección de datos, de conformidad con lo que establezcan: (i) las normas que rigen la materia o, (ii) la Superintendencia de Industria y Comercio, o la entidad que haga sus veces.

Numeral 3.7

Establecer mecanismos que permitan contar con respaldo de la información que se procesa en la nube, la cual debe estar a disposición de la entidad cuando así lo requiera.

Numeral 3.8

Garantizar la independencia de su información y de sus copias de respaldo de la información de las otras entidades que procesen en la nube. La independencia se puede dar a nivel lógico o físico.

Numeral 3.9

Mantener cifrada la información clasificada como confidencial, en tránsito o en reposo, usando estándares y algoritmos de cifrado fuerte reconocidos internacionalmente y que se encuentren vigentes. En caso de que cualquiera de los formatos, marcos de referencia, estándares o protocolos establecidos en el presente Capítulo, sea declarado obsoleto por parte del organismo que lo establece o soporta, la entidad vigilada deberá adoptar aquel que lo modifique, sustituya o adicione.

Numeral 3.10

Tener bajo su control la administración de usuarios y de privilegios para el acceso a los servicios ofrecidos, así como a las plataformas, aplicaciones y bases de datos que operen en la nube, dependiendo del modelo de servicio contratado.

Numeral 3.11

Monitorear los servicios contratados para detectar operaciones o cambios no deseados y/o adelantar las acciones preventivas o correctivas cuando se requiera.

Numeral 3.12

Establecer procedimientos para verificar el cumplimiento de los acuerdos y niveles de servicio establecidos con el proveedor de servicios en la nube y sus subcontratistas o partners, cuando sean estos quienes prestan el servicio, así como fijar con el tercero las condiciones bajo las cuales se puede subcontratar el servicio.

Numeral 3.13

Contar con canales de comunicación con el proveedor de servicios en la nube cifrados de extremo a extremo y que, en lo posible, usen rutas diferentes.

Numeral 3.14

Contemplar dentro de los criterios para seleccionar las firmas que tendrán a su cargo la auditoría interna o externa de la entidad, las competencias técnicas necesarias para evaluar servicios en la nube.

Numeral 3.15

Establecer las medidas necesarias para garantizar que, en el evento de toma de posesión, la SFC, Fogafín, Fogacoop, o quienes éstas designen, puedan acceder a la información y a la administración de los sistemas de información que operan en la nube.

Numeral 3.16

Establecer que el proveedor de servicios en la nube únicamente utilice la información compartida para ejecutar los servicios contratados y hacer claridad que los datos son propiedad de la entidad vigilada.

Numeral 3.17

Verificar la calidad, desempeño y efectividad del proveedor de servicios en la nube en los servicios contratados por medio de los informes y las certificaciones que determine para el efecto.

Numeral 3.18

Establecer mecanismos para adelantar el borrado seguro de los datos existentes en los medios de almacenamiento cuando se reemplacen dichos medios, se finalice el contrato o la entidad vigilada lo requiera.

Numeral 3.19

Tener en cuenta la corrección de las vulnerabilidades informáticas detectadas de manera oportuna y eficaz.

Numeral 3.20

Usar técnicas de múltiple factor de autenticación para el acceso a las consolas de administración.

Numeral 3.21

Considerar dentro del plan de continuidad del negocio los servicios de computación en la nube.

Numeral 3.22

Contar con la estrategia de migración a otra plataforma en el evento en que se requiera, por ejemplo, por terminación del contrato por cualquiera de las partes, así como por la interrupción o la degradación en la prestación del servicio de parte del proveedor de servicios en la nube.

Numeral 3.23

Establecer canales de comunicación con el proveedor con el objetivo de conocer cualquier evento o situación que pudiera afectar significativamente la prestación del servicio.

Numeral 4

Remisión de información a la SFC

Dentro de los 15 días anteriores al inicio del procesamiento de información en la nube, relacionada con procesos misionales o de gestión contable y financiera, las entidades deben remitir a la SFC la siguiente información:

Numeral 4.1

El nombre del proveedor que prestará los servicios en la nube y de los subcontratistas o partners que le prestarán servicios asociados al objeto del contrato.

Numeral 4.2

La relación de los procesos que serán manejados en la nube, incluyendo las aplicaciones, tipo de datos, productos y servicios asociados a éstos.

Numeral 4.3

La ubicación física o región donde se procesarán y almacenarán los datos.

Numeral 4.4

Las certificaciones otorgadas al proveedor del servicio y/o sitio de procesamiento.

Numeral 4.5

La relación de auditorías a las que se somete el proveedor de servicios contratado.

Numeral 4.6

La información sobre los niveles de servicio establecidos.

Numeral 4.7

El diagrama con la plataforma tecnológica que soportará los servicios contratados.

Numeral 5

Documentación

Las entidades deben mantener actualizada y a disposición permanente de la SFC, a través de los medios verificables que establezcan para el efecto, la información que se relaciona a continuación:

Numeral 5.1

La documentación completa de los procesos y procedimientos que se ejecutan en la nube.

Numeral 5.2

La documentación de las aplicaciones que operan en la nube.

Numeral 5.3

La documentación de los flujos de datos de los procesos misionales o de gestión contable y financiera que alimentan o consumen las aplicaciones dispuestas por el proveedor de servicios en la nube, cuando aplique.

Numeral 5.4

Los diagramas de red que permitan identificar la plataforma que soporta el servicio contratado.

Numeral 5.5

Los procedimientos para verificar el cumplimiento de los acuerdos y niveles de servicio establecidos con el proveedor de servicios en la nube.

Numeral 5.6

Los reportes generales de auditoría, pruebas de vulnerabilidades y estado actual de los servicios contratados.

CAPÍTULO VIIMecanismos de resolución

Numeral 1

Mecanismos de resolución

Numeral 1.1

Planes de resolución

Numeral 1.1.1

Definiciones

Además de las definiciones previstas en el Título 6 del Libro 35 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y en las demás normas aplicables, para efectos del presente Capítulo se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

Numeral 1.1.1.1

Nivel de riesgo sistémico: se refiere al impacto en el sistema financiero, y/o en la respectiva industria, que puede implicar la salida no ordenada del mercado de una entidad vigilada. Para su determinación se deben tener en cuenta las características de la entidad vigilada en relación con su objeto, tamaño, complejidad, interconectividad, sustituibilidad e interconexión con otras jurisdicciones, entre otros factores.

Numeral 1.1.1.2

Funciones críticas: se refiere a las actividades desarrolladas por la entidad vigilada que, en el caso en que se suspenda su ejecución, pueden generar un impacto negativo material en el normal funcionamiento y/o la estabilidad del sistema financiero y/o el sector al que pertenece la entidad vigilada.

Numeral 1.1.1.3

Servicios críticos: son aquellos que soportan el funcionamiento de las funciones críticas y líneas de negocio.

Numeral 1.1.2

Entidades vigiladas obligadas a presentar planes de resolución

Están obligadas a elaborar y presentar planes de resolución en los términos establecidos en el presente Capítulo, las entidades vigiladas que sean seleccionadas conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2.35.6.1.5 del Decreto 2555 de 2010. Para esta selección se deben considerar aspectos tales como el nivel de riesgo sistémico de las entidades vigiladas, su tamaño, complejidad, sustituibilidad e interconexión. Así mismo, serán seleccionadas para elaborar y presentar planes de resolución, aquellas entidades vigiladas que esta Superintendencia determine como resultado del ejercicio de su facultad de supervisión.

Anualmente, con corte al mes de abril, esta Superintendencia informará a las entidades vigiladas seleccionadas, mediante comunicaciones individuales, su obligación de presentar planes de resolución y el plazo establecido para el efecto, indicando la forma en la que se hará esta presentación, en atención al carácter confidencial y reservado de los planes de resolución.

Numeral 1.1.3

Estrés financiero material

Conforme a los lineamientos impartidos por la Comisión Intersectorial de Resolución (CIR) en ejercicio de sus funciones, se entiende que una entidad vigilada se encuentra en una situación de estrés financiero material cuando se hayan agotado las alternativas encaminadas a lograr la recuperación de la entidad o el restablecimiento para su normal funcionamiento, y se presente una o varias de las siguientes situaciones:

Numeral 1.1.3.1

Es muy probable que incurra en pérdidas que agoten la totalidad o más del ochenta por ciento (80%) de su capital y no existe una perspectiva razonable de que la entidad vigilada pueda evitar tal situación.

Numeral 1.1.3.2

Es muy probable que el valor de sus activos sea menor que el de sus obligaciones.

Numeral 1.1.3.3

Es muy probable que incumpla el pago de sus obligaciones en el curso normal de los negocios.

Numeral 1.1.3.4

Es muy probable que incumpla las normas prudenciales que rigen su funcionamiento.

Numeral 1.1.3.5

Es muy probable que no vaya a poder continuar desarrollando su objeto social.

Numeral 1.1.4

Obligaciones de la junta directiva

La junta directiva es responsable de: (i) aprobar el plan de resolución que preparen y presente el representante legal junto con las áreas designadas, (ii) aprobar los procesos y procedimientos para darle viabilidad a su ejecución, y (iii) realizar un seguimiento periódico al cumplimiento del plan de resolución y ordenar los ajustes que se consideren necesarios.

Numeral 1.1.5

Elaboración del plan de resolución

Para la elaboración del plan de resolución las entidades deben tener en consideración, como mínimo, los siguientes aspectos:

Numeral 1.1.5.1

Estructura organizacional y operativa: la estructura organizacional y operativa de la entidad vigilada y la estructura de propiedad accionaria, incluyendo los beneficiarios reales. En caso de que la entidad vigilada pertenezca a un conglomerado financiero, además de lo anterior, se debe considerar la relación de todas las entidades pertenecientes al conglomerado financiero y su organización jerárquica, así como la estructura de la propiedad accionaria.

Adicionalmente, en relación con la estructura organizacional y operativa, para la elaboración del plan de resolución se deben considerar los siguientes aspectos:

Numeral 1.1.5.1.1

La jurisdicción en que opera cada una de las entidades pertenecientes al conglomerado financiero, las autoridades de supervisión y los regímenes de resolución aplicable.

Numeral 1.1.5.1.2

El gobierno corporativo de la entidad vigilada y de las que conforman el conglomerado financiero.

Numeral 1.1.5.1.3

La forma como se integra la creación y ejecución del plan de resolución en la estructura de gobierno corporativo y en los procesos internos de la entidad vigilada.

Numeral 1.1.5.2

Modelo y principales líneas de negocio: el modelo y las principales líneas de negocio de la entidad vigilada. Adicionalmente, se deben considerar los siguientes aspectos:

Numeral 1.1.5.2.1

Las principales líneas de negocio que se pueden independizar de la entidad vigilada y la forma de hacerlo.

Numeral 1.1.5.2.2

La estrategia de desarrollo de las principales líneas de negocio.

Numeral 1.1.5.2.3

La fuente de financiamiento de las principales líneas de negocio.

Numeral 1.1.5.2.4

Los principales riesgos a los que está expuesta la entidad vigilada en el desarrollo de las principales líneas de negocios.

Numeral 1.1.5.2.5

La posición en el mercado de la entidad, detallando el valor por cada línea de negocio y su representatividad como fuente de ingresos, así como los servicios críticos asociados a los mismos.

Numeral 1.1.5.3

Situación financiera: para la elaboración del plan de resolución se deben considerar los siguientes aspectos relacionados con la situación financiera de la entidad:

Numeral 1.1.5.3.1

Los estados financieros individuales o separados y los consolidados de cierre de ejercicio o intermedios más recientes, y sus notas, incluyendo cualquier tipo de exposición fuera del balance, así como las garantías y obligaciones contractuales de la entidad vigilada.

Numeral 1.1.5.3.2

La metodología utilizada por la entidad para establecer sus límites de exposición a los riesgos, como mínimo, los señalados en el Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF).

Numeral 1.1.5.3.3

Los componentes materiales de los pasivos de la entidad vigilada incluyendo los tipos y montos de los pasivos a corto y largo plazo, los pasivos garantizados y no garantizados, y los pasivos subordinados.

Numeral 1.1.5.4

Servicios y funciones críticos de la operación de la entidad vigilada: los servicios y funciones críticos de la operación de la entidad vigilada, indicando las partes y/o terceros para quienes se realizan y los efectos específicos que su cese tendría sobre estas partes y/o terceros.

Numeral 1.1.5.5

Sistemas de información: los sistemas y aplicaciones de información y de los centros principales y alternos de procesamiento de datos, utilizados por la entidad vigilada. De igual manera, se deben considerar los servicios y funciones críticos de la operación de la entidad vigilada que dependan de tales sistemas de información, los informes que utiliza la alta gerencia de la entidad vigilada para el seguimiento de los riesgos inherentes a estos sistemas, y los planes de contingencia y continuidad del negocio en caso de la materialización de alguno de estos riesgos o la falla de estos sistemas.

Numeral 1.1.6

Contenido del plan de resolución

Los planes de resolución deben contener, como mínimo, lo siguiente:

Numeral 1.1.6.1

Interconexiones: descripción de todas aquellas interconexiones e interdependencias entre la entidad vigilada y terceros, sean o no entidades del sistema financiero, con el propósito de identificar las relaciones de dependencia existentes. En relación con estas interconexiones se debe incluir, como mínimo, la siguiente información en los planes de resolución:

Numeral 1.1.6.1.1

Identificación de las instalaciones o sistemas que sean compartidos con otras entidades, tales como plataformas tecnológicas, financieras o contables y sistemas de gestión de riesgos. Esta identificación debe comprender la ubicación de las instalaciones o sistemas compartidos, la explicación del nivel en que éstos se comparten y las condiciones contractuales establecidas para permitir que estas instalaciones o sistemas se compartan.

Numeral 1.1.6.1.2

Identificación de los acuerdos de nivel de servicio o centros de servicios compartidos con otras entidades pertenecientes al conglomerado financiero.

Numeral 1.1.6.1.3

Descripción de los convenios relevantes celebrados con otras entidades del conglomerado financiero, incluyendo la cuantificación de las exposiciones, fondeo, garantías y flujos de capital, entre otros, que se generen en virtud de dichos convenios. Así mismo, una descripción de las restricciones legales y operativas que existan para dar por terminados los mencionados convenios, y aquellas que existan en relación con el libre flujo de recursos entre las entidades pertenecientes al conglomerado financiero.

Numeral 1.1.6.1.4

Identificación y descripción del impacto económico, legal, operativo y de gobierno corporativo que pueda llegar a presentarse en cualquier otra entidad perteneciente al conglomerado financiero, si la entidad vigilada ingresa en una etapa de resolución y los mecanismos de mitigación de este impacto.

Numeral 1.1.6.2

Principales contrapartes: definición de las principales contrapartes. Así mismo, la información sobre la evaluación que haya realizado la entidad vigilada sobre el impacto que puede producir en sus principales contrapartes el que la entidad ingrese en una etapa de resolución.

Así mismo, se debe detallar el impacto que puede tener en la entidad vigilada la materialización de una situación de crisis o de contingencia por parte de alguna de sus principales contrapartes.

Numeral 1.1.6.3

Instrumentos financieros derivados, productos estructurados y coberturas: respecto de este tipo de operaciones se debe indicar:

Numeral 1.1.6.3.1

Las garantías y demás mitigantes de crédito existentes, discriminando esta información por jurisdicción.

Numeral 1.1.6.3.2

Las prácticas de reservas globales, de cobertura de activos y procesos de gestión de riesgo de instrumentos derivados de la entidad vigilada.

Numeral 1.1.6.3.3

Cualquier otra situación que pueda afectar el resultado en el balance de este tipo de operaciones.

Numeral 1.1.6.4

Sistemas de pago, compensación y liquidación: identificación de los sistemas de negociación, pago, compensación o liquidación de los que la entidad vigilada es parte y realiza un número importante de transacciones. Adicionalmente, se deben indicar los proveedores de infraestructura que son esenciales para la continuidad de las principales líneas de negocio de la entidad vigilada.

Numeral 1.1.6.5

Operaciones con entidades del exterior: descripción de las operaciones de la entidad vigilada celebradas con entidades del exterior, detallando su monto, contrapartes y principales riesgos.

Numeral 1.1.6.6

Indicadores para la aplicación de las estrategias de resolución: descripción y funcionamiento de los indicadores que servirán para determinar el momento en el cual se debe iniciar la aplicación de alguna de las estrategias de resolución definidas en el plan de resolución. Los indicadores deben tener la capacidad de reflejar el real deterioro de la entidad y ser determinantes para permitir el inicio de las acciones previstas en el plan de resolución.

Se deben incluir indicadores que contemplen acontecimientos sistémicos e idiosincráticos, cuantitativos y cualitativos de solvencia y liquidez para dar seguimiento a la situación de la entidad vigilada, teniendo en consideración sus principales líneas de negocio. Estos indicadores deben incluir umbrales que, de sobrepasarse, implicarían el ingreso a una etapa de resolución y, por ende, la implementación de las estrategias de resolución.

La entidad vigilada puede crear otros indicadores cuantitativos y cualitativos, tales como, de capital, rentabilidad, mercado, macroeconómicos y de calidad de los activos.

Los indicadores deben considerar:

Numeral 1.1.6.6.1

El modelo de negocio, la estrategia y el perfil de riesgo de la entidad vigilada, teniendo en cuenta las situaciones que, de materializarse, llevarían a la entidad a estar inmersa en una situación de estrés financiero material.

Numeral 1.1.6.6.2

El tamaño y complejidad de la entidad vigilada.

Numeral 1.1.6.6.3

El marco de gestión de riesgos de la entidad vigilada y los resultados de los esquemas de pruebas de resistencia.

Numeral 1.1.6.7

Estrategia de resolución: es el procedimiento a seguir por parte de la entidad vigilada ante la existencia de una situación de estrés financiero material y el ingreso en una etapa de resolución, indicando el periodo requerido para la ejecución de cada una de las etapas que conformen este procedimiento. Esta estrategia debe incluir los siguientes elementos:

Numeral 1.1.6.7.1

Diferentes alternativas aplicables, dependiendo de la situación de estrés financiero material que se presente, que resulten viables y que permitan lograr una resolución rápida y ordenada de la entidad vigilada, manteniendo el funcionamiento de las funciones críticas. Estas alternativas deben estar encaminadas a evitar un impacto sistémico y la utilización de las fuentes de recursos descritos en el segundo inciso del subnumeral 1.1.6.7.4 del presente Capítulo.

Indicar la forma en la que se pueda ver comprometida la estabilidad de las entidades pertenecientes al conglomerado financiero como consecuencia de la puesta en marcha de la estrategia de resolución.

Numeral 1.1.6.7.2

Estudio sobre la viabilidad o factibilidad de la estrategia de resolución, considerando aspectos como la efectiva protección del interés público y la confianza en el sistema, los mercados e infraestructuras, y la no utilización de las fuentes de recursos descritos en el segundo inciso del subnumeral 1.1.6.7.4 del presente Capítulo.

Numeral 1.1.6.7.3

Los recursos requeridos por parte de la entidad vigilada que se asignarán para mantener los servicios críticos y las funciones críticas de la operación de la entidad vigilada, en el evento en que se presente una situación de estrés financiero material. Se deben señalar los instrumentos contractuales necesarios para poder disponer de estos recursos, así como el tiempo máximo para lograr su consecución.

Numeral 1.1.6.7.4

Las fuentes de recursos requeridos: descripción de las fuentes de liquidez y financiamiento requeridas para la ejecución de la estrategia de resolución.

La entidad deberá diseñar la estrategia de resolución sin tener en cuenta las siguientes fuentes de recursos: i) ayuda financiera pública; o ii) apoyos o provisiones de liquidez del Banco de la República.

Numeral 1.1.6.7.5

Los procesos para establecer el valor de mercado y eventual comerciabilidad de las operaciones, principales líneas de negocio y las funciones críticas, así como de sus activos.

Respecto de las funciones críticas de la operación de la entidad vigilada se debe evaluar la posibilidad de separarla teniendo en cuenta los aspectos financieros, legales, operacionales y tecnológicos que ello conllevaría.

Numeral 1.1.6.7.6

Los planes previstos para la enajenación o cesión de los diferentes activos de la entidad vigilada, incluyendo los plazos previstos para el efecto y el impacto producido en la entidad vigilada y/o las entidades pertenecientes al conglomerado financiero.

Numeral 1.1.6.7.7

El diagrama de los servicios críticos y funciones críticas de la operación de la entidad vigilada, junto con sus aplicaciones, sistemas y repositorios que respalden sus principales líneas de negocio.

Numeral 1.1.6.7.8

Una relación de los cargos que serán responsables de la administración y funcionamiento de los sistemas de información durante la ejecución de la estrategia de resolución.

Numeral 1.1.6.7.9

Una relación de los centros principales y alternos de procesamientos de datos y de los centros alternos de operación de la entidad vigilada, así como su ubicación.

Numeral 1.1.6.7.10

La siguiente información respecto al manejo que se le dará a las garantías otorgadas por la entidad o expedidas a su favor en etapa de resolución:

Numeral 1.1.6.7.10.1

Los derechos de las contrapartes para embargar las garantías preferenciales y posteriores dentro de la estrategia de resolución y su impacto en este proceso.

Numeral 1.1.6.7.10.2

Posibles complicaciones asociadas a contratos con garantías cruzadas entre la entidad vigilada y/o entidades pertenecientes al conglomerado financiero.

Numeral 1.1.6.7.11

Un análisis de las repercusiones de la estrategia de resolución en los empleados de la entidad vigilada, incluyendo una evaluación de los costos asociados y, de ser procedente, una descripción del procedimiento a seguir, incluyendo la etapa de diálogos con los interlocutores sindicales.

Numeral 1.1.6.8

Acciones preparatorias: la definición de las acciones preparatorias que posibiliten la aplicación de la estrategia de resolución de manera efectiva y oportuna, contemplando varias alternativas. Para lo anterior, es necesario que se incluya información respecto de:

Numeral 1.1.6.8.1

Los riesgos financieros, legales y operacionales inherentes a la ejecución de la estrategia de resolución, las restricciones legales y la viabilidad de comercialización de los activos o líneas de negocio de la entidad vigilada.

Numeral 1.1.6.8.2

Los obstáculos sustanciales o debilidades que se pueden presentar, que dificulten la viabilidad de la estrategia de resolución y las acciones y mitigantes dispuestos para enfrentarlos.

Numeral 1.1.6.8.3

La manera en la que las funciones críticas de la operación de la entidad vigilada pueden separarse jurídica y económicamente de otras funciones que desarrolla la entidad vigilada, en la medida en que esto sea necesario para asegurar la continuidad de su funcionamiento en caso de la materialización de una situación de estrés financiero material. Para estos efectos, la entidad vigilada presentará un esquema de continuidad que detalle cómo garantizar: i) que las funciones críticas de su operación, incluidas aquellas que se encuentren tercerizadas, puedan ser transferidas; y ii) los servicios, infraestructura e interdependencias que resultan esenciales para que esas funciones críticas puedan mantenerse en funcionamiento.

Numeral 1.1.6.8.4

El efecto que representa la interrupción de una función crítica en el normal funcionamiento y/o la estabilidad del sistema financiero y/o el sector al que pertenece la entidad vigilada. Se debe realizar un análisis de impacto que mida las consecuencias que se deriven de la interrupción repentina de los servicios críticos y funciones críticas de la operación de la entidad vigilada en los terceros y el mercado, y en el normal funcionamiento y/o la estabilidad del sistema financiero y/o el sector al que pertenece la entidad vigilada, incluyendo una estrategia que logre mitigar el impacto calculado.

Numeral 1.1.6.8.5

El impacto que la estrategia de resolución producirá frente a accionistas, consumidores y contrapartes, así como frente al sector al que pertenece la entidad vigilada. Para estos propósitos se debe especificar el tratamiento legal, operativo y financiero que resulte necesario para mitigarlo.

Numeral 1.1.6.8.6

La estrategia para mitigar los efectos negativos derivados de la estrategia de resolución en aspectos tales como, la continuidad de las funciones críticas, las operaciones cruzadas y los servicios compartidos que presta en conjunto con terceros. Así mismo, se debe hacer referencia a los proyectos en curso que la entidad vigilada tenga con terceros y al tratamiento que se le dará a los mismos.

Numeral 1.1.6.8.7

Las acciones adoptadas conjuntamente con los proveedores de infraestructura del mercado, encaminadas a lograr que la entidad vigilada mantenga su membresía en los respectivos proveedores de infraestructura durante la etapa de resolución. El manejo y la continuidad que se le dará a las operaciones propias de la entidad vigilada y de sus clientes, inversionistas y ahorradores, conforme a los reglamentos del mercado.

Numeral 1.1.6.8.8

El manejo que se le debe dar a la interrupción de cualquiera de los servicios interconectados que preste la entidad vigilada dentro o fuera del respectivo sector, incluyendo las soluciones de tipo operativo, legal, de financiación, liquidez y posibles obstáculos o impedimentos legales, nacionales o extranjeros.

Numeral 1.1.6.8.9

La evaluación del impacto en los acuerdos de compensación, en caso de que se presenten retrasos en la liquidación de los contratos celebrados con instrumentos derivados.

Numeral 1.1.6.8.10

La evaluación de la forma como se culminarán las relaciones con las principales contrapartes de la entidad vigilada en las operaciones con instrumentos derivados.

Numeral 1.1.6.8.11

Evaluación de la capacidad de sustituir los sistemas y aplicaciones tecnológicos para garantizar la continuidad de las funciones críticas.

Numeral 1.1.6.8.12

Una descripción de los sistemas de información que utilizará la entidad vigilada, cuando implemente su estrategia de resolución, para informar de manera permanente del desarrollo del proceso a la alta dirección y administración de la entidad vigilada, y de aquellas entidades que hacen parte del conglomerado financiero.

Numeral 1.1.7

Procedimientos relacionados con el plan de resolución

Con el propósito de garantizar la viabilidad del plan de resolución, las entidades vigiladas que sean seleccionadas para presentarlos deben crear procesos y procedimientos para la elaboración, aprobación, monitoreo y ejecución del plan de resolución. Dichos procedimientos deben incluir, como mínimo, lo siguiente:

Numeral 1.1.7.1

La realización de monitoreos y controles periódicos que resulten necesarios para asegurar la viabilidad de los planes de resolución.

Numeral 1.1.7.2

Los procesos de toma de decisiones que garanticen que éstas se puedan tomar rápida y efectivamente cuando se presente una situación de estrés financiero material. Se deben especificar los temas sobre los cuales los órganos colegiados deben tomar decisiones, determinando su plazo máximo, y los esquemas de divulgación y comunicación que se utilizarán con las partes interesadas.

Numeral 1.1.7.3

Información relacionada con los órganos de administración y control de la entidad vigilada, y los directivos que tendrán bajo su responsabilidad el esquema de toma de decisiones relacionadas con el plan de resolución.

Numeral 1.1.7.4

El alcance y la frecuencia de la presentación de informes a la junta directiva de la entidad vigilada sobre los planes de resolución.

Numeral 1.1.7.5

La estrategia de comunicación y divulgación al público que la entidad vigilada debe ejecutar, una vez se materialice una situación de estrés financiero material.

Numeral 1.1.7.6

La obligación de informar a esta Superintendencia de manera inmediata de cualquier hecho relevante relacionado con la estrategia de resolución.

Numeral 1.1.8

Revisión, ajustes y actualización del plan de resolución

Recibido el plan de resolución dentro del plazo concedido a cada entidad, esta Superintendencia revisará que se ajuste a lo previsto en los artículos 2.35.6.1.3 y 2.35.6.1.4 del Decreto 2555 de 2010 y en el presente Capítulo, dentro de los seis (6) meses siguientes a su presentación.

Dentro de este término, esta Superintendencia en caso de que considere que las propuestas del plan de resolución no son suficientes, podrá requerirle a la entidad vigilada que realice las modificaciones o ajustes a que haya lugar, o que adopte cualquier medida adicional. Para esto se concederá un término que no debe exceder del plazo máximo para realizar la actualización del plan de resolución.

Los planes de resolución deben ser presentados y actualizados en los términos previstos en el artículo 2.35.6.1.2 del Decreto 2555 de 2010. En todo caso, las entidades vigiladas deben actualizar sus planes de resolución cuando se presenten cambios significativos en su estructura jurídica u organizacional, y/o en las actividades que desarrolla, y/o en su situación financiera, o cuando la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) así lo requiera. Para estos efectos, la entidad vigilada está obligada a comunicar a esta Superintendencia, a la mayor brevedad, los mencionados cambios significativos y el soporte en donde se evidencie la actualización de los planes de resolución.

Numeral 1.2

Banco puente

Numeral 1.2.1

Constitución

El banco puente es un establecimiento de crédito especial de conformidad con el artículo 295A del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) y el artículo 9.1.4.1.15 del Decreto 2555 de 2010. Su constitución se realiza de acuerdo con las siguientes instrucciones, entendiendo que todas las referencias hechas a Fogafín aplican, en lo que sea de su competencia, a Fogacoop:

Para los anteriores propósitos se debe adjuntar la lista de chequeo especial que, para la constitución del banco puente, señale la SFC en su página web.

Numeral 1.2.1.1

Naturaleza

El banco puente debe constituirse como sociedad anónima o sociedad por acciones simplificada, independientemente de la naturaleza societaria de la entidad que se encuentre en estado de liquidación. En todo caso, el banco puente que se constituya debe atender el objeto social autorizado por las normas vigentes.

Numeral 1.2.1.2

Temporalidad

El tiempo de duración del banco puente debe estar sujeto a lo contemplado en el artículo 9.1.4.1.19 del Decreto 2555 de 2010. Durante este tiempo, el establecimiento de crédito que haga las veces de banco puente tendrá la condición de establecimiento de crédito especial y, por lo tanto, está exento de cumplir con los requisitos mínimos enunciados en el numeral 1.2.1.3. del presente capítulo.

Numeral 1.2.1.3

Requerimientos mínimos exceptuados de cumplimiento

Mientras mantenga su condición de establecimiento de crédito especial, el banco puente no está sujeto a disposiciones que le exijan requerimientos mínimos de capital, solvencia, regímenes de reserva legal, inversiones forzosas ni encaje.

Numeral 1.2.1.4

Proceso de constitución

El banco puente se constituirá ante la SFC en cualquier momento sin importar si existe o no una situación determinada que requiera su utilización. La constitución se hará mediante solicitud presentada por Fogafín en la que acompañe los documentos de los que trata el artículo 9.1.4.1.16 del Decreto 2555 de 2010 y de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Numeral 1.2.1.4.1

Solicitud de constitución

La solicitud de constitución del banco puente debe ser suscrita por un representante legal de Fogafín o por su apoderado y contener la siguiente información:

Numeral 1.2.1.4.1.1

Informar las personas adicionales a Fogafín que serán accionistas del banco puente, de ser el caso. Para el efecto, se deberá incluir la información relevante que exige la SFC para verificar su idoneidad, cuando se trate de accionistas diferentes a: Fogafín, sociedades controladas por éste o entidades estatales.

Numeral 1.2.1.4.2

Estatutos sociales

El proyecto de estatutos sociales del banco puente debe contener lo mismo que se requiere para la constitución de un establecimiento de crédito vigilado por la SFC.

Numeral 1.2.1.4.3

Operaciones e inversiones que puede realizar el banco puente.

Para la autorización de activación de que trata el numeral 1.2.2 del presente Capítulo, el representante legal de la entidad constituida debe señalar las operaciones e inversiones que va a realizar el banco puente durante su funcionamiento, las cuales deben guardar relación con la naturaleza de la entidad y de los activos y pasivos transferidos al banco puente. Cualquier modificación a las actividades, las inversiones y operaciones, deberá surtirse conforme las reglas aplicables para el caso.

Numeral 1.2.1.4.4

Personas que conformarán el gobierno corporativo del banco puente

Fogafín puede en cualquier momento presentar varios candidatos para ocupar los distintos cargos que conformarán el gobierno corporativo del banco puente para la aprobación de la SFC, conforme a las normas aplicables para su posesión. Para el efecto, el banco puente debe cumplir con los requisitos para la composición de los órganos de gobierno corporativo aplicables a las demás entidades vigiladas y que se encuentran previstos en el Capítulo III del Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (CBJ).

Para los representantes legales y los miembros de junta directiva principales y suplentes, se seguirá el trámite de posesión con procedimiento abreviado previsto en el Capítulo II del Título IV de la Parte I de la CBJ de esta Superintendencia. En la etapa de constitución del banco puente, Fogafín debe cumplir con las obligaciones señaladas para las entidades vigiladas en este trámite.

Numeral 1.2.1.4.5

Autorización de constitución del banco puente

Según lo previsto en el subnumeral 1.2.1.4.1 del presente Capítulo, la constitución del banco puente debe ser autorizada por la SFC, previa solicitud de Fogafín. En el mismo acto administrativo en el que se autorice la constitución del banco puente se impartirá la autorización de su inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV).

Numeral 1.2.1.4.6

Notificación de la constitución del banco puente

En el momento en que la constitución del banco puente sea autorizada por la SFC conforme a lo señalado en el numeral 1.2.1.4.5 del presente Capítulo, un representante legal de Fogafín o su apoderado debe notificar a los proveedores de infraestructura y, en caso de que aplique, a los custodios internacionales de valores para que estas entidades procedan a implementar los procedimientos de afiliación previstos en sus reglamentos con el objetivo de garantizar a futuro la continuidad de las funciones del banco puente. Así mismo, Fogafín dispondrá los medios de amplia divulgación para informar al mercado en general de la autorización y propósito de la constitución del banco puente.

Numeral 1.2.2

Autorización de la activación del banco puente por parte de la SFC

Numeral 1.2.2.1

Una vez sea autorizada la constitución a la que se refiere el subnumeral 1.2.1.4.5 del presente capítulo y frente a la existencia de un evento en virtud del cual un establecimiento de crédito se le ha ordenado su liquidación forzosa, un representante legal de Fogafín o su apoderado y el representante legal de la entidad constituida, deben comunicar a la SFC la necesidad de activar el banco puente como mecanismo de resolución, con el fin de que la SFC autorice la entrada en funcionamiento de dicha entidad.

A partir de este momento se empieza a contar el término de duración señalado en el artículo 9.1.4.1.19 del Decreto 2555 de 2010.

Para los anteriores propósitos, se debe adjuntar la lista de chequeo especial que señale la SFC en su página web para la autorización de funcionamiento del banco puente.

Numeral 1.2.2.2

Notificación de la activación del banco puente

Numeral 1.2.2.2.1

Una vez sea autorizada la activación del banco puente por parte de la SFC, el representante legal de la entidad constituida debe notificar a los proveedores de infraestructura y, en caso de aplique, a los custodios internacionales de valores sobre dicha activación. Lo anterior, a efectos de que estas entidades conozcan y ejecuten los procedimientos de afiliación previstos en su reglamentación, con el objetivo de garantizar la continuidad del negocio.

Numeral 1.2.2.2.2

Una vez activado el banco puente, un representante legal de Fogafin o su apoderado y el representante legal de esta entidad, deben comunicar a los titulares de los activos y de los pasivos sobre la transferencia de los recursos, conforme a lo señalado en el numeral 9.1.4.1.12 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 1.2.3

Operación

El banco puente puede acoger los sistemas de administración de riesgo de la entidad cuyos activos y pasivos fueron transferidos. En dicho evento, los sistemas de administración de riesgo deben ajustarse a la naturaleza del banco puente y en aquello que resulte pertinente, de acuerdo con las instrucciones particulares que para el efecto determine Fogafín. En todo caso, durante su funcionamiento, el banco puente debe contar con sistemas de administración de riesgo.

Numeral 1.2.4

Supervisión

El banco puente es vigilado por la SFC en los mismos términos en que se supervisan los demás establecimientos de crédito, con excepción de lo indicado en el subnumeral 1.2.1.3 de este Capítulo, de acuerdo con sus características particulares de establecimiento de crédito especial.

Numeral 1.2.5

Ajustes en los reglamentos de los proveedores de infraestructura

Los proveedores de infraestructura deben ajustar sus reglamentos de operación o de funcionamiento para considerar la figura del banco puente, para lo cual deben diseñar e implementar procesos de vinculación y activación diferenciados que incluyan generación de usuarios y acceso automático a su sistema.

CAPÍTULO VIIIEspacio controlado de prueba para actividades de innovación financiera

Numeral 1

Ingreso al Espacio Controlado de Prueba (ECP)

El Espacio Controlado de Prueba (ECP) se rige por las disposiciones del Título 7 del Libro 35 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.

Podrán acceder al ECP atendiendo el procedimiento al que hace referencia el presente capítulo:

i) Aplicantes Tipo 1: son aquellos interesados, en los términos del numeral 3 del artículo 2.35.7.1.4. del Decreto 2555 de 2010, que se propongan implementar desarrollos tecnológicos innovadores (DTI) para realizar actividades propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) siempre que soliciten la constitución de una de estas entidades y la expedición del certificado de operación temporal (COT) por parte de la SFC;

ii) Aplicante Tipo 2: son entidades vigiladas por la SFC que se propongan implementar un DTI para llevar a cabo una actividad no propia de su licencia; y

iii) Aplicante Tipo 3: son entidades vigiladas por la SFC que se propongan implementar un DTI para llevar a cabo una actividad propia de su licencia, pero que no puedan realizarla en virtud de disposiciones jurídicas que requieran ser flexibilizadas para la ejecución de la prueba.

En los dos últimos casos, las entidades vigiladas deberán solicitar únicamente la expedición del COT.

La palabra aplicantes se usará para referirse a los tres tipos de solicitantes.

Sin perjuicio de las aplicaciones individuales, la SFC podrá realizar convocatorias esporádicas o recurrentes con el fin de que los aplicantes presenten DTI que atiendan una necesidad u objetivo puntual, o utilicen una tecnología particular que se requiera probar. Para tal efecto, publicará, en cada caso, las condiciones y requisitos particulares que deberán acreditar los aplicantes. En el proceso de realización de las convocatorias se dará aplicación a los principios de selección objetiva, libre competencia e imparcialidad.

Numeral 2

Solicitud de constitución o de expedición del COT

Los aplicantes deberán solicitar el COT para probar el DTI en este espacio, según lo establecido en el subnumeral 2.2 del presente Capítulo. De igual manera, los aplicantes tipo 1 deben presentar al mismo tiempo la solicitud de constitución para operación temporal a la que hace referencia el subnumeral 2.1 siguiente.

En cualquier caso, los aplicantes deberán presentar la solicitud a través de los medios señalados por la SFC y los requisitos deberán acreditarse de conformidad con lo establecido en la Lista de Chequeo que defina esta entidad. Así mismo, de conformidad con el numeral 17 del artículo 2.35.7.2.2 del Decreto 2555 de 2010, la SFC podrá solicitar la información adicional que estime necesaria.

Numeral 2.1

Contenido de la solicitud de constitución para operación temporal

De conformidad con el numeral 1 del artículo 2.35.7.2.2 del Decreto 2555 de 2010, los aplicantes tipo 1, deberán presentar una solicitud de constitución que contenga, como mínimo, lo siguiente:

Numeral 2.1.1

El proyecto de estatutos sociales que deben incorporar, además, el nombre de la entidad, tipo de persona jurídica (sociedad anónima o cooperativa) y la descripción de su objeto social y plazo enfocados ambos en la realización de las actividades encaminadas al desarrollo y salida de la prueba temporal, conforme a los límites presentados en la solicitud de COT a la que hace referencia el subnumeral 2.2 del presente Capítulo.

Numeral 2.1.2

Identificación y acreditación de la idoneidad de los accionistas, beneficiarios reales y administradores propuestos. En ningún caso, los futuros accionistas, beneficiarios reales o futuros administradores pueden estar incursos en las inhabilidades de que tratan los literales a) al d) del numeral 5 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).

Numeral 2.1.3

Información sobre la acreditación del capital

Numeral 2.1.3.1

El monto mínimo de capital propuesto y su forma de acreditación, incluyendo la proporción entre recursos propios y ajenos. El capital debe ser suficiente para implementar y probar el DTI, según las necesidades y riesgos propios del mismo.

Numeral 2.1.3.2

Plan para la acreditación del monto de capital mínimo de constitución. A los accionistas no les serán aplicables los requisitos de solvencia patrimonial previstos en el numeral 5 del artículo 53 del EOSF.

Numeral 2.1.4

Justificación detallada del origen de los recursos que se utilizarán en la operación.

Numeral 2.2

Contenido de solicitud del COT

Numeral 2.2.1

Todos los aplicantes deben presentar una solicitud a la SFC que contenga, como mínimo, los aspectos relacionados en los numerales 2 al 16 del artículo 2.35.7.2.2 del Decreto 2555 de 2010, según sean aplicables al DTI o a la naturaleza del aplicante. En este sentido, todos los aplicantes deben cumplir con los requisitos que se establecen a continuación.

Numeral 2.2.1.1

Características específicas del DTI

En relación con el numeral 2 del artículo 2.35.7.2.2. del Decreto 2555 de 2010, los aplicantes deberán:

Numeral 2.2.1.1.1

Describir el DTI, así como acreditar la manera en la que el mismo cumpliría una o varias de las finalidades señaladas en el artículo 2.35.7.2.1. del Decreto 2555 de 2010.

Para la revisión de este requisito, la SFC tendrá en cuenta los siguientes criterios respecto de cada una de las finalidades:

i) Aumentar la eficiencia en la prestación u ofrecimiento de productos y servicios financieros: si el DTI genera eficiencias respecto al costo, la calidad, la velocidad u oportunidad, la experiencia o la accesibilidad en los productos o servicios financieros involucrados.

ii) Resolver una problemática para los consumidores: si el DTI resuelve una necesidad de los consumidores financieros no atendida por la oferta actual.

iii) Facilitar la inclusión financiera: si el DTI brinda acceso y uso a productos y servicios financieros de calidad a grupos poblacionales o empresariales con brechas identificadas en los indicadores de inclusión financiera del país.

iv) Mejorar el cumplimiento normativo: si el DTI mejora los estándares de datos, información, seguridad, diseño o tecnología asociados al cumplimiento normativo, o si hace más eficientes las actividades operativas relacionadas, o si mitiga los riesgos asociados.

v) Desarrollar mercados financieros: si el DTI genera oferta de productos o servicios financieros nuevos o potencializa de forma sustantiva los mercados existentes o si implementa productos o servicios exitosos en el mercado internacional pero adecuados al contexto local.

vi) Mejorar la competitividad de los mercados financieros: si el DTI promueve la competencia en los mercados financieros generando nuevos actores, productos o servicios financieros con mejores precios y condiciones para los consumidores o que ofrezcan mejor información para la toma de sus decisiones.

Numeral 2.2.1.1.2

Demostrar que el DTI se encuentre suficientemente avanzado de forma tal que pueda ser probado inmediatamente después de ser expedido el COT. Para tal fin, los aplicantes deberán proporcionar una demostración de inicio a fin en la cual se evidencie el funcionamiento del DTI, así como una prueba que el DTI ha superado exitosamente la etapa de pruebas técnicas y está listo para entrar en producción en caso de que ingrese al ECP.

Numeral 2.2.1.2

Modelo de negocio

En relación con el numeral 3 del artículo 2.35.7.2.2. del Decreto 2555 de 2010, los aplicantes también deberán indicar la forma en que el DTI se ajusta a las características del modelo de negocio. Para el afecto, los aplicantes deberán demostrar que el DTI no es una forma diferente de presentar un desarrollo existente, sino que amplía o rediseña modelos de negocios, aplicaciones, procesos, servicios o productos dentro del mercado de servicios financieros en Colombia.

Numeral 2.2.1.3

Información sobre la administración de los riesgos:

De acuerdo con el numeral 7 del artículo 2.35.7.2.2 del Decreto 2555 de 2010, la solicitud de todos los aplicantes deberá incluir las políticas para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de los servicios financieros que serán ofrecidos en el ECP, incluyendo los mecanismos para asegurar una adecuada y oportuna comunicación con los consumidores financieros, así como los mecanismos para su protección, acordes con las características propias de la prueba.

Numeral 2.2.1.4

Mecanismo de salida ordenada

Para dar cumplimiento al numeral 15 del artículo 2.35.7.2.2 del Decreto 2555 de 2010, todos los aplicantes deberán incluir una propuesta de mecanismo de salida ordenada del ECP o plan de desmonte, que debe contemplar, como mínimo:

Numeral 2.2.1.4.1

Causales que determinan el incumplimiento de las métricas e indicadores para la evaluación de los objetivos propuestos con la prueba.

Numeral 2.2.1.4.2

Mecanismos para dar cumplimiento a las obligaciones generadas con los consumidores financieros, con ocasión de la implementación del DTI.

Numeral 2.2.1.4.3

Cronograma y plan de actividades a través de los cuales será adelantada la salida controlada.

Numeral 2.2.1.4.4

Plazo estimado para la ejecución del mecanismo de salida ordenada.

Numeral 2.2.1.5

Plan inicial de transición

De conformidad con el numeral 15 del artículo 2.35.7.2.2 del Decreto 2555 de 2010, los aplicantes tipo 1 y tipo 2 deberán incluir una propuesta inicial de plan de transición en el cual consten las actividades necesarias para obtener la licencia que contemple las actividades que pretenda desarrollar por fuera del ECP.

Numeral 2.2.1.6

Plan inicial de ajuste

De acuerdo con el numeral 15 del artículo 2.35.7.2.2 del Decreto 2555 de 2010, los aplicantes tipo 3 deberán presentar un plan de ajuste para cumplir los requisitos aplicables al desarrollo de la actividad objeto del DTI por fuera del ECP, de conformidad con las normas vigentes que resulten aplicables.

Numeral 2.2.1.7

Información sobre las salvaguardas y la protección de los consumidores financieros

En atención a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 2.35.7.2.2 del Decreto 2555 de 2010, la solicitud deberá incluir la propuesta de salvaguardas apropiadas para proteger a los consumidores financieros, así como para mantener la seguridad y solidez del sistema financiero, conforme al nivel de riesgo de la prueba temporal. Para estos efectos, los aplicantes podrán proponer la constitución de garantías o similares para respaldar la implementación y prueba del DTI, tales como: pólizas de seguros, garantías bancarias u otros instrumentos financieros.

Numeral 2.2.1.8

Información sobre alianzas

En los casos en los cuales en el DTI participe más de una entidad vigilada, o una persona no vigilada junto con una entidad vigilada, se deberá acreditar el convenio o alianza que contenga las condiciones en las que participarán en la aplicación y eventual funcionamiento en el ECP.

Numeral 2.2.1.9

Dispensas regulatorias

Los aplicantes deberán indicar si el DTI requiere ingresar al ECP porque existen disposiciones regulatorias o prácticas de supervisión que impiden su desarrollo fuera de este espacio. En el evento en que el DTI requiera de una dispensa regulatoria, la justificación deberá incluir el alcance de la flexibilización de los requisitos prudenciales aplicables que se requeriría, de ser el caso. Dichas disposiciones regulatorias o prácticas de supervisión no pueden corresponder a las establecidas en el numeral 10 del artículo 2.35.7.2.5 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 2.2.2

Los aplicantes tipo 2 y tipo 3 deberán incluir también lo establecido en el numeral 1 del artículo 2.35.7.2.3 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 3

Procedimiento para evaluación de la solicitud para constitución o expedición del COT

Numeral 3.1

Evaluación de la solicitud de constitución y de expedición del COT

La SFC evaluará las solicitudes de constitución para operación temporal presentadas por los aplicantes tipo 1, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Numeral 3.1.1

Radicada la solicitud, la SFC la admitirá si está completa, o la inadmitirá si está incompleta, caso en el cual requerirá a los aplicantes el envío de la información faltante. En caso de que los aplicantes no envíen la información requerida por la SFC, o la remitan de forma incompleta, se rechazará la solicitud.

Numeral 3.1.2

Admitida la solicitud de constitución y expedición del COT, la SFC procederá a su respectiva evaluación. Durante esta etapa, la SFC podrá exigir a los aplicantes que ajusten, adicionen, complementen o aclaren cualquier información remitida.

Numeral 3.1.3

La SFC evaluará la necesidad de autorizar los requisitos y requerimientos prudenciales diferenciados y/o de flexibilizar disposiciones jurídicas o prácticas de supervisión solicitados por los aplicantes para la realización de la prueba temporal, y verificará en todo caso:

Numeral 3.1.3.1

Los capitales mínimos propuestos y la forma de acreditarlos en los términos del subnumeral 2.1.3 del presente Capítulo.

Numeral 3.1.3.2

Que el mecanismo de salida ordenada garantice que la finalización de la prestación del servicio o producto se haga de forma ordenada, transparente y sin causar perjuicios a los consumidores financieros ni a la estabilidad del sistema.

Numeral 3.1.3.3

Que se haya acreditado satisfactoriamente la idoneidad de los futuros accionistas, beneficiarios reales y administradores.

Numeral 3.1.3.4

Que las salvaguardas propuestas sean adecuadas y estén suficientemente respaldadas para proteger a los consumidores financieros, así como para mantener la seguridad y solidez del sistema financiero.

Numeral 3.1.3.5

Que, con las condiciones propuestas para el DTI, se avance en los objetivos señalados en el artículo 2.35.7.1.2. del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 3.1.3.6

Que se evidencie que con el DTI se puede alcanzar alguna de las finalidades señaladas en el artículo 2.35.7.1.3 del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 3.1.4

La SFC de forma simultánea autorizará la constitución para la operación temporal y otorgará el COT señalando el plazo máximo de constitución. El COT atenderá lo establecido en el artículo 2.35.7.2.5 del Decreto 2555 de 2010.

El COT se entenderá expedido y entrará en vigencia, una vez la SFC verifique la constitución regular, el pago del capital mínimo propuesto y la inscripción en el registro mercantil.

La entidad deberá iniciar la prueba temporal dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia del COT. En el evento en que la entidad no inicie la prueba temporal dentro del plazo establecido, la SFC procederá a revocar el COT inmediatamente.

El objeto social de la entidad vigilada en el ECP estará limitado a las actividades autorizadas para desarrollar la prueba temporal, bajo las condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales establecidos en el COT.

Numeral 3.2

Evaluación de la solicitud para la expedición del COT para entidades vigiladas

Para la evaluación de las solicitudes de expedición del COT de los aplicantes tipo 2 y tipo 3 serán aplicables las instrucciones previstas en el subnumeral 3.1 del presente Capítulo, según correspondan.

Una vez otorgado el COT atendiendo lo establecido en el artículo 2.35.7.2.5. del Decreto 2555 de 2010, el aplicante deberá iniciar la prueba temporal a más tardar dentro del mes siguiente. Cuando el aplicante no inicie la prueba temporal dentro del plazo establecido, la SFC procederá a revocar el COT.

Numeral 4

Seguimiento, evaluación y supervisión en el ECP

Numeral 4.1

Informes de seguimiento

En las fechas fijadas en el COT, los aplicantes deberán remitir a la SFC los informes de seguimiento, de acuerdo con las condiciones y periodicidad allí establecidas. Dichos informes deberán ser remitidos por los canales que indique la SFC.

Durante el desarrollo de la prueba temporal, la SFC podrá modificar las obligaciones estipuladas en el COT en los eventos en que lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.35.7.2.5. del Decreto 2555 de 2010. Para tal efecto, la SFC tendrá en cuenta los siguientes criterios, atendiendo a cada uno de los objetivos establecidos en el artículo 2.35.7.1.2. del Decreto 2555 de 2010.

i) Aprovechar la innovación en la prestación de servicios y productos financieros. Cuando se identifiquen cambios requeridos en el alcance inicial de la prueba derivados, entre otros, de mejoras o avances en la tecnología, para efectos de tener mejor información o potencializar la finalidad buscada por el DTI.

ii) Velar por la protección y los intereses de los consumidores financieros. Cuando se identifiquen situaciones o efectos perjudiciales para los consumidores financieros no atendidos por las medidas de protección contenidas inicialmente en el COT.

iii) Preservar la integridad y estabilidad del sistema financiero. Cuando se identifiquen efectos no previstos en la evaluación inicial que pudieran poner en riesgo la integridad o estabilidad del sistema financiero.

iv) Prevenir los arbitrajes regulatorios. Cuando se identifiquen excepciones normativas que no sean inherentes al DTI que está siendo probado y a su alcance y que generen ventajas competitivas no justificadas frente a los actores del mercado que no gocen de dichas excepciones. Lo anterior, sin perjuicio de que en esta evaluación se aplique el principio de proporcionalidad establecido en el numeral 12 del artículo 2.35.7.1.4. del Decreto 2555 de 2010.

Numeral 4.2

Evaluación de los resultados de la prueba temporal

Previo al vencimiento del COT, y a más tardar en la fecha informada por la SFC, el aplicante deberá manifestar a la SFC su intención de implementar el plan de ajuste o de transición, según corresponda. Dicha solicitud, deberá fundamentarse en los resultados de la prueba acreditados mediante los informes de seguimiento solicitados por la SFC. En caso contrario, deberán informar su decisión de activar el mecanismo de salida ordenada antes de la finalización de la vigencia del COT.

La SFC evaluará las solicitudes de implementación del plan de transición o de ajuste, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

i) Que el cumplimiento de los indicadores a los que hace referencia el numeral 10 del artículo 2.35.7.2.2. del Decreto 2555 de 2010.

ii) Que, a juicio de la SFC, durante la vigencia de la prueba no se hubieran materializados riesgos para los consumidores financieros o para la estabilidad del sistema financiero, o que, de haberse materializado, las salvaguardas propuestas hubieran sido suficientes para mitigarlos adecuadamente.

iii) Cuando la SFC considere que, durante el período estimado para la ejecución del plan de transición o ajuste correspondiente, el aplicante podrá acomodar su operación a los requisitos normativos, prudenciales, de gobierno corporativo, protección al consumidor, sistemas de control interno y de gestión de riesgos que fueran aplicables al DTI por fuera del ECP.

Si como resultado de la evaluación, la SFC considera que la prueba temporal fue exitosa, podrá prorrogar el término de duración del COT, con el fin de continuar con la ejecución de la prueba y adelantar la ejecución del plan que corresponda. En todo caso, el término de duración del COT no puede superar los dos (2) años contados desde su expedición.

En caso contrario, la SFC ordenará al aplicante la activación del mecanismo de salida ordenada una vez finalice el plazo establecido en el COT.

Dentro del mes siguiente a la finalización del plazo establecido en el COT o de su prórroga, los aplicantes deberán presentar un informe final con los resultados obtenidos durante la implementación del DTI.

Numeral 4.3

Divulgación por parte de la SFC

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.35.7.4.6 del Decreto 2555 de 2010, la SFC publicará en su página web el listado de los aplicantes aceptados en el ECP y la descripción de los DTI que serán probados. Una vez recibido el informe final al que hace referencia el subnumeral 4.2 del presente Capítulo, la SFC publicará una descripción general de los resultados de la prueba asegurándose de no divulgar información comercial de los aplicantes. De igual forma, una vez se ejecute el plan de transición, el plan de ajuste o el mecanismo de salida controlada de conformidad con lo establecido en el subnumeral 5 del presente Capítulo, la SFC publicará una descripción general de los resultados de estos asegurándose de no divulgar información comercial de los aplicantes.

Numeral 4.4

Revisión regulatoria

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.35.7.1.1. y en el artículo 2.35.7.4.6. del Decreto 2555 de 2010, una vez sea otorgado el COT, la SFC determinará si es pertinente iniciar un proceso de revisión de las normas que regulan la actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores, para lo cual tendrá en cuenta los resultados de la prueba.

Si el DTI no puede llevarse a cabo de conformidad con la normatividad vigente al vencimiento del plazo del COT, se deberá activar el mecanismo de salida ordenada.

Numeral 4.5

Protección al consumidor financiero

Durante la vigencia del COT se aplicarán las normas de protección al consumidor financiero, salvo aquellas que se hubieran exceptuado de manera expresa en el mismo. Dichas excepciones deberán ser comunicadas a los consumidores financieros, según lo establecido en el presente Capítulo.

Numeral 5

Finalización del ECP

Numeral 5.1

Implementación del plan de transición por entidades vigiladas constituidas en el ECP

En caso de que la SFC considere que la prueba temporal fue exitosa en los términos del subnumeral 4.2 del presente Capítulo, el aplicante tipo 1 podrá solicitar a la SFC la licencia para realizar las actividades propias del objeto social respectivo, para lo cual deberá acreditar todos los requisitos aplicables según la naturaleza y tipo de entidad.

Para ello, los aplicantes tipo 1 deberán presentar la solicitud para obtener la respectiva licencia en los términos del artículo 53 del EOSF. La SFC indicará cuáles de los requisitos podrán acreditarse total o parcialmente con la información aportada o generada durante la vigencia del COT.

En todo caso, la solicitud deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

Numeral 5.1.1

El proyecto de modificación de los estatutos sociales, incluyendo el tipo de licencia de entidad vigilada que se solicitará.

Numeral 5.1.2

El plan de transición definitivo, el cual debe prever la implementación de los cambios necesarios para el cumplimiento pleno de las condiciones y requisitos legales aplicables según las actividades autorizadas, incluyendo, por lo menos, el pago del capital mínimo, así como la infraestructura técnica y operativa necesaria para su funcionamiento.

El plazo previsto para implementar y completar dicho plan de transición no podrá superar el término del COT, incluyendo su prórroga.

Numeral 5.1.3

Los demás requisitos legales contenidos en el artículo 53 del EOSF, según la lista de chequeo respectiva.

Una vez presentada la solicitud, el procedimiento se sujetará a lo establecido en el artículo 53 del EOSF y las demás instrucciones aplicables.

Numeral 5.2

Implementación del plan de transición o ajuste por entidades vigiladas

Si la prueba temporal fue exitosa como se indica en el subnumeral 4.2. del presente Capítulo y el aplicante tipo 2 desea continuar desarrollando la actividad o servicio financiero, podrá solicitar a la SFC la aprobación del plan de transición final que incluya el cronograma definitivo con las fases de implementación de los cambios necesarios y la solicitud de las autorizaciones pertinentes para el cumplimiento pleno de las condiciones y requisitos legales aplicables según las actividades autorizadas.

Por su parte, en el mismo caso, si el aplicante tipo 3 desea continuar prestando el producto o servicio financiero, y esto es posible de conformidad con las normas vigentes, podrá solicitar a la SFC la aprobación del plan de ajuste final que incluya el cronograma definitivo con las fases de implementación de los cambios necesarios o la solicitud de autorizaciones necesarias para el cumplimiento pleno de los requisitos de operación aplicables al DTI, una vez finalice la prueba temporal.

Numeral 5.3

Activación del mecanismo de salida ordenada

Numeral 5.3.1

Revocatoria del COT

De conformidad con el artículo 166 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.35.7.4.5 del Decreto 2555 de 2010, la SFC podrá revocar el COT cuando se verifique la ocurrencia de cualquiera de las causales establecidas en el artículo 2.35.7.4.5 del Decreto 2555 de 2010.

Sin perjuicio de las causales mencionadas en el artículo 2.35.7.4.5 del Decreto 2555 de 2010, la SFC podrá revocar el COT en cualquier momento ante la ocurrencia de alguna de las siguientes causales objetivas:

Numeral 5.3.1.1

Cuando se verifique un incumplimiento injustificado del cronograma previsto para el plan de transición o de ajuste, según corresponda.

Numeral 5.3.1.2

Cuando la información aportada para el ingreso al ECP o durante la vigencia del COT sea falsa, inexacta o incompleta, de forma tal que de haber contado la SFC con dicha información, la decisión hubiera sido diferente.

Ejecutoriada la resolución que revoca el COT, los aplicantes deberán activar de inmediato su mecanismo de salida ordenada.

Numeral 5.3.2

Activación voluntaria del mecanismo de salida ordenada.

En cualquier momento durante el periodo establecido en el COT, los aplicantes podrán desmontar de manera voluntaria sus operaciones, para lo cual deberán informar de manera inmediata la decisión a la SFC y activar el mecanismo de salida ordenada definido en el COT.

Numeral 5.3.3

Activación del mecanismo de salida ordenada por vencimiento del plazo

Una vez se cumpla el plazo establecido en el COT, incluyendo su prórroga, el aplicante deberá activar de inmediato el mecanismo de salida ordenada definido en el COT sin necesidad de pronunciamiento adicional por parte de la SFC.

Numeral 5.4

Verificación del cumplimiento del mecanismo de salida ordenada

La SFC indicará el contenido, forma y periodicidad de los informes que deberán remitirse durante la vigencia del mecanismo de salida ordenada.

Una vez finalice el plazo fijado para la implementación del mecanismo de salida ordenada, la SFC verificará su cumplimiento.

Numeral 6

Información publicitaria

Numeral 6.1

Información de los productos y/o servicios ofrecidos en el ECP

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.35.7.3.2 del Decreto 2555 de 2010, todos los aplicantes deben acompañar la publicidad de los productos y servicios ofrecidos en el ECP, incluyendo todas las interfaces en las que se interactúe con el consumidor financiero como aplicaciones móviles, páginas web u otros canales, entre otros, con la siguiente expresión distintiva:

Adicionalmente, junto con la expresión distintiva, se debe indicar expresamente:

(i) Que la entidad ofrece el producto y/o servicio bajo una licencia de operación temporal dentro del ECP;

(ii) La fecha de finalización de la prueba temporal y sus prórrogas (en caso de aplicar); y

(iii) Los mecanismos de protección al consumidor financiero y los canales de atención habilitados.

CAPÍTULO IXReglas relativas a las finanzas abiertas

Numeral 1

Consideraciones generales

En desarrollo de las facultades previstas en el artículo 2.35.10.1.1. del Decreto 2555 de 2010, incorporado por el Decreto 1297 de 2022, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) determina los estándares tecnológicos, de seguridad y demás necesarios para el desarrollo de las finanzas abiertas regulados por el Título 8 del Libro 35 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.

De conformidad con el Documento Técnico «Arquitectura Financiera Abierta en Colombia», documento soporte del Decreto 1297 de 2022, se entiende por finanzas abiertas la práctica en la cual las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) abren sus sistemas para que la información de los consumidores financieros pueda ser compartida de forma estandarizada con otras entidades vigiladas o con terceros, con la autorización del consumidor financiero y con el objetivo de que dichas entidades provean servicios a dichos clientes.

Las entidades vigiladas que participen en finanzas abiertas deben cumplir con las instrucciones previstas en el presente Capítulo.

Numeral 2

Terceros receptores de datos

Las entidades vigiladas que participen en finanzas abiertas deben vincular a los terceros receptores de datos. Para el efecto, las entidades vigiladas deben adoptar políticas y procedimientos para la vinculación de los terceros receptores de datos que cumplan los requisitos establecidos en el presente numeral. Dichas políticas deben ser aprobadas por la junta directiva u órgano que haga sus veces. Las mencionadas políticas y procedimientos deben estar disponibles en la página web de la respectiva entidad vigilada.

Se entiende por terceros receptores de datos aquellas personas jurídicas que tratan los datos personales de los consumidores financieros en el marco de las finanzas abiertas.

Numeral 2.1

Para la vinculación del tercero receptor de datos las entidades vigiladas deben verificar que estos:

a) Estén inscritos en el Registro Nacional de Bases de Datos. En el evento en que los terceros receptores de datos no estén inscritos en el mencionado registro, las entidades vigiladas deben verificar que los mismos cuenten con políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales.

b) Cuenten con procedimientos para la atención de consultas y reclamos, de conformidad con las normas aplicables.

c) Cuenten con mecanismos que les permitan:

i) Gestionar los riesgos asociados al tratamiento de los datos personales del consumidor financiero, en particular, el de seguridad de la información y ciberseguridad, así como fallas en la infraestructura tecnológica y en los sistemas de información donde se procesan y almacenan los datos. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden tener en cuenta marcos de referencia, tales como: ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework, OWASP ASVS, última versión o cualquiera que los modifique, sustituya o adicione. En caso de que cualquiera de los marcos de referencia sea declarado obsoleto por parte del organismo que lo establece o soporta, la entidad vigilada debe tener en cuenta aquel que lo modifique, sustituya o adicione.

ii) Mantener cifrados los datos personales de los consumidores financieros que estén en almacenamiento o circulación usando para el efecto estándares y algoritmos reconocidos internacionalmente que briden al menos la seguridad ofrecida por AES o RSA.

iii) Contar con sistemas de monitoreo de la información para el desarrollo de finanzas abiertas.

iv) Gestionar las vulnerabilidades de aquellas plataformas que hagan uso de los datos suministrados en el marco de finanzas abiertas.

v) Contar con la certificación PCI-DSS emitida por una entidad que ostente la categoría QSA (Qualified Security Assessor) y soportada por el documento AoC (Attestation of Compliance) correspondiente, en el evento en que el tercero receptor de datos pretenda almacenar, procesar y/o transmitir datos contenidos en tarjetas débito y crédito.

vi) Informar a las entidades vigiladas, en el menor tiempo posible, sobre cualquier evento o situación que pueda comprometer la seguridad de los datos personales de los consumidores financieros.

En relación con las entidades vigiladas que actúen como terceros receptores de datos y estén obligadas a cumplir con las instrucciones en materia de seguridad de la información y ciberseguridad previstas en el Capítulo V del Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, se entenderán verificados los requisitos previstos en el literal c) del presente numeral.

d) Cuenten con procedimientos para la revocatoria y supresión de los datos personales de los consumidores financieros, de conformidad con las normas aplicables.

Numeral 2.2

Las entidades vigiladas deben aplicar el tratamiento previsto para los clientes o potenciales clientes a los terceros receptores de datos, de conformidad con las medidas adoptadas por la respectiva entidad para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 102 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y del Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica.

Numeral 2.3

Las entidades vigiladas deben establecer controles para verificar periódicamente que el tercero receptor de datos cumpla los requisitos señalados en el subnumeral 2.1. del presente Capítulo durante la vigencia de la relación contractual. Dicha periodicidad debe ser razonable y definida por la entidad vigilada, atendiendo al perfil de riesgo del tercero receptor de datos y a las características de la relación con este.

Numeral 2.4

Las entidades vigiladas deben dejar constancia de la verificación de los requisitos señalados en el subnumeral 2.1. del presente Capítulo por cada tercero receptor de datos con el que tengan una relación contractual, la cual debe quedar a disposición de la SFC.

Numeral 2.5

En ningún caso las entidades vigiladas pueden restringir la vinculación de terceros receptores de datos que cumplan con lo establecido en el subnumeral 2.1. del presente Capítulo.

Numeral 2.6

2.6. En el marco de las finanzas abiertas, las entidades vigiladas no pueden dar un trato discriminatorio a los terceros receptores de datos que vinculen. Para el efecto, deben abstenerse de incurrir en tratos discriminatorios relacionados, entre otros, con:

a) Los requisitos de vinculación de los terceros receptores de datos.

b) Los controles para monitorear el cumplimiento de los requisitos por parte del tercero receptor de datos, de acuerdo con lo previsto en el subnumeral 2.3 del presente Capítulo.

c) Las tarifas, precios, comisiones, cargos, cobros o cualquier otra retribución aplicable a los terceros receptores de datos.

Numeral 3

Estándares tecnológicos y de seguridad

Numeral 3.1

Principios generales

Las entidades vigiladas que participen en finanzas abiertas deben contar con políticas, procedimientos y recursos técnicos y humanos para monitorear que los datos personales de los consumidores financieros se traten en condiciones de seguridad. Para el efecto, las entidades vigiladas deben cumplir con las siguientes instrucciones:

a) Mantener los sistemas relacionados con finanzas abiertas en una red interna separada lógicamente de las demás redes.

b) Monitorear que la información que circula en el marco de las finanzas abiertas se ajuste a las especificaciones establecidas entre las entidades vigiladas y los terceros receptores de datos.

c) Abstenerse de exponer públicamente los repositorios de información que se utilicen para el desarrollo de las finanzas abiertas.

d) Mantener registros de auditoría de información (logs), por el término de 5 años, por cada solicitud de datos realizada en desarrollo de las finanzas abiertas que permitan determinar, como mínimo: el origen desde el cual se realizó la solicitud, el momento en el que se realizó el consumo de la información, el usuario que ejecutó la solicitud, la información objeto de circulación y el estado del proceso. En todo caso, según el nivel de criticidad de la información, esta se deberá enmascarar o cifrar.

e) Propender por la disponibilidad y accesibilidad de los sistemas de información en todo momento y contar con mecanismos de redundancia, balanceo de carga y tolerancia a fallos para garantizar su disponibilidad continua.

Numeral 3.2

Estándares de arquitectura, seguridad y tecnología

Las entidades vigiladas deben implementar protocolos de intercambio automático de información para atender las solicitudes de acceso a datos personales presentadas por los terceros receptores de datos en el desarrollo de las finanzas abiertas. Los protocolos de intercambio automático de información que implementen las entidades vigiladas en desarrollo de las finanzas abiertas deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

Numeral 3.2.1

En materia de arquitectura:

a) Ejecutar el intercambio de información bajo el formato JSON (JavaScript Object Notation).

b) Cumplir con el marco de referencia REST y su implementación debe ser RESTful.

Numeral 3.2.2

En materia de administración de datos, cumplir con el estándar ISO 20022 en lo relacionado con el diccionario de datos y utilizar el diccionario de campos que establece el referido estándar. El cumplimiento del referido estándar aplicará en aquellos campos financieros que corresponda.

Numeral 3.2.3

En materia de seguridad:

a) Cumplir con el marco FAPI 2.0 desarrollado por The OpenID Foundation (OIDF) para los perfiles de seguridad.

b) Ejecutar la autorización sobre el protocolo OAuth 2.0 desarrollado por el IETF OAuth Working Group. Para el efecto, se debe hacer uso de mecanismos seguros para la implementación del Token de Acceso (Access Token), tales como: Client Credentials (RFC 6749), Authorization Code (RFC 6749), Authorization Code con PKCE (RFC 7636) o Refresh Token (RFC 6749), entre otros. El Token de Acceso debe generarse haciendo uso del estándar JWT (JSON Web Token), debe firmarse utilizando algoritmos seguros tales como: PS256 o superiores, y debe utilizar private_key_jwt como método de autenticación.

c) Realizar el intercambio de información bajo el protocolo TLS garantizando el proceso de autenticación mutua o recíproca (mutual authentication), haciendo uso de certificados digitales vigentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 de 1999 y normas que la sustituyan, modifiquen o reglamenten, para lo cual deben utilizar cualquiera de las siguientes suites de cifrado:

i) TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

ii) TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

En caso de que cualquiera de los formatos, marcos de referencia, estándares o protocolos establecidos en el numeral 3.2. sea declarado obsoleto por parte del organismo que lo establece o soporta, la entidad vigilada deberá adoptar aquel que lo modifique, sustituya o adicione.

Numeral 4

Tratamiento de los datos personales de los consumidores financieros en finanzas abiertas

Numeral 4.1

En el marco de las finanzas abiertas, las entidades vigiladas deben cumplir con las siguientes obligaciones para el tratamiento de los datos personales de los consumidores financieros:

a) Verificar, de forma previa a la circulación de la información, que el tercero receptor de datos cuente con la autorización previa, expresa e informada del consumidor financiero para el tratamiento de sus datos personales.

b) Autenticar al consumidor financiero para realizar cualquier acción que busque otorgar, modificar y/o revocar su autorización de tratamiento de datos personales en el marco de las finanzas abiertas a través de mecanismos fuertes de autenticación de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, así como en el numeral 3 del artículo 2.17.4.1.3. del Decreto 2555 de 2010, y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

c) Contar con la autorización previa, expresa e informada del consumidor financiero para el tratamiento de sus datos personales dando estricto cumplimiento a las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, y demás normas que las reglamenten, modifiquen, sustituyan o adicionen. Para el efecto, la solicitud de autorización requerida al consumidor financiero debe estar expresada en forma sencilla, clara y precisa, de tal manera que sea de fácil comprensión, y debe contener, como mínimo, la siguiente información:

i) La identificación del tercero receptor de datos, indicando como mínimo su razón social y su domicilio.

ii) Los datos específicos cuyo tratamiento autoriza el consumidor financiero.

iii) El tratamiento al cual serán sometidos los datos personales del consumidor financiero por parte del tercero receptor de datos.

iv) La finalidad específica para la cual el consumidor financiero autoriza el tratamiento de sus datos personales. En el evento en que se vayan a comercializar los datos personales de los consumidores financieros, la solicitud de autorización debe advertir además de forma expresa dicha situación. Adicionalmente, debe informarse al consumidor financiero si se le remunerará por esta actividad, así como si trae consigo algún costo.

v) El tiempo de la finalidad para la cual el consumidor financiero autoriza el tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1377 de 2013 incorporado en el Decreto 1074 de 2015 y demás normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.

Las entidades vigiladas deben abstenerse de solicitar autorizaciones generales o abiertas que les impidan a los consumidores financieros conocer la finalidad, su término y el tratamiento que los terceros receptores de datos darán a los mismos.

En ningún caso las entidades vigiladas pueden condicionar la prestación de un producto o servicio financiero que no surja en desarrollo de las finanzas abiertas al otorgamiento de la autorización para el tratamiento de datos personales en el marco de las finanzas abiertas.

d) Permitir al consumidor financiero consultar de manera accesible y permanente las autorizaciones de que trata el literal c) del presente subnumeral.

e) Permitir al consumidor financiero revocar la autorización otorgada para el tratamiento de sus datos personales en el marco de las finanzas abiertas de la que trata el literal c) del presente subnumeral, cuando resulte aplicable de conformidad con las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, y demás normas que las reglamenten, modifiquen, sustituyan o adicionen.

f) Permitir al consumidor financiero actualizar, en todo momento, la autorización otorgada para el tratamiento de sus datos personales en el desarrollo de las finanzas abiertas de la que trata el literal c) del presente subnumeral.

g) Permitir que el consumidor financiero se abstenga de autorizar el tratamiento de su información en el marco de las finanzas abiertas.

Numeral 5

Deberes de revelación de información

Las entidades vigiladas que vinculen terceros receptores de datos en el marco de las finanzas abiertas deben publicar, en una sección de fácil acceso en su página web, la información actualizada que le permita a los consumidores financieros conocer las condiciones de implementación de las finanzas abiertas, sin perjuicio de que lo hagan en cualquier canal adicional.

Para el efecto, las entidades vigiladas deben informar de forma sencilla, clara y precisa, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) El procedimiento para consultar de manera accesible y permanente las autorizaciones otorgadas para el tratamiento de los datos personales del consumidor financiero de que trata el literal c) del subnumeral 4.1. del presente Capítulo.

b) El procedimiento para actualizar la autorización para el tratamiento de los datos personales del consumidor financiero.

c) El procedimiento para revocar la autorización para el tratamiento de los datos personales del consumidor financiero cuando resulte aplicable de conformidad con las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, y demás normas que las reglamenten, modifiquen, sustituyan o adicionen.

d) La información actualizada de contacto de los terceros receptores de datos para la atención de consultas y reclamos presentados por los consumidores financieros como titulares de los datos.

e) Los canales dispuestos por la entidad vigilada para la atención de consultas y reclamos relacionados con el tratamiento de los datos personales del consumidor financiero, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

f) Los procedimientos que permitan la supresión de los datos personales de los consumidores financieros, según aplique, de conformidad con la normatividad vigente.

De igual forma, las entidades vigiladas deben adelantar programas de educación financiera para informar a los consumidores financieros sobre los derechos, obligaciones y responsabilidades derivados del tratamiento de sus datos en el marco de las finanzas abiertas.

CAPÍTULO XComercialización de tecnología e infraestructura

Numeral 1

Ámbito de aplicación

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) que comercialicen a terceros y entidades vigiladas la tecnología e infraestructura que utilizan o hayan utilizado para el ofrecimiento o prestación de sus servicios y desarrollo de sus actividades conexas, de conformidad con el artículo 2.35.9.3.1. del Decreto 2555 de 2010, incorporado por el Decreto 1297 de 2022, deben cumplir las instrucciones previstas en el presente Capítulo.

Numeral 2

Reglas para la comercialización de tecnología e infraestructura

Las entidades vigiladas no podrán destinar recursos captados del público para desarrollar la actividad de comercialización de tecnología e infraestructura, ni tampoco para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos mediante los cuales se instrumentalizó la comercialización. La tecnología e infraestructura objeto de comercialización debe corresponder a aquella que haya sido o sea utilizada por la entidad vigilada para el ofrecimiento o prestación de sus servicios y desarrollo de sus actividades conexas, con independencia de si ha sido desarrollada por esta o por un tercero.

La junta directiva o el órgano que haga sus veces de las entidades vigiladas que lleven a cabo la actividad de comercialización de tecnología e infraestructura debe definir las políticas para el desarrollo de esta actividad y la gestión de los riesgos derivados de la misma. Además, corresponde a las entidades vigiladas definir y adoptar procedimientos para verificar las condiciones, términos y requisitos bajo los cuales se desarrolla esta actividad.

Las entidades vigiladas deben dar cumplimiento a las siguientes instrucciones:

a) Evaluar de forma previa a la celebración del contrato los riesgos asociados a la comercialización de tecnología e infraestructura.

b) Establecer salvaguardas, tales como seguros o garantías, para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos.

c) Administrar el riesgo reputacional asociado al uso del nombre o imagen de la entidad vigilada por parte de quienes adquieran o usen la tecnología o infraestructura.

d) Administrar el riesgo sistémico asociado a la falla de la tecnología o infraestructura objeto de la comercialización, en el evento en que dicha tecnología o infraestructura haya sido adquirida por otras entidades vigiladas.

e) Implementar controles de calidad sobre la tecnología e infraestructura objeto de la comercialización.

Las entidades vigiladas deben dejar constancia de la verificación de los requisitos establecidos en el presente numeral, y dicha constancia debe quedar a disposición de la SFC. Adicionalmente, las entidades vigiladas mantendrán a disposición de esta Superintendencia los documentos en los cuales consten las condiciones, términos y requisitos bajo los cuales desarrollan la actividad de comercialización de tecnología e infraestructura.