Ratio
Circular Básica Jurídica › PARTE I › TÍTULO I

CAPÍTULO III. Gobierno corporativo

Circular Externa 029 de 2014 · 45 numerales

Texto vigente el
CAPÍTULO IIIGobierno corporativo

Numeral 1

Ámbito de aplicación

Las entidades vigiladas (EV) por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), ya sean matrices o subordinadas, deben implementar y mantener un gobierno corporativo acorde con el perfil de riesgo, el plan de negocio, la naturaleza, el tamaño y la complejidad de las actividades que desarrollen, así como con el entorno económico y los mercados en los que operan.

Las EV que tengan la calidad de matrices deben procurar que sus subordinadas tengan un gobierno corporativo que cumpla las instrucciones previstas en el presente Capítulo, para lo cual deben impartir lineamientos generales, atendiendo la naturaleza, tamaño, riesgos y complejidad de las actividades que cada una de ellas realiza.

Sin perjuicio de las instrucciones generales aquí contenidas cada EV, de acuerdo con su naturaleza, debe cumplir las reglas generales del Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 y sus decretos reglamentarios, incluyendo el Decreto 046 de 2024, así como las disposiciones legales y reglamentarias particulares en materia de gobierno corporativo, tales como el Decreto 1962 de 2023 y las normas especiales de las entidades sometidas a la regulación del mercado de valores, para quienes también aplican, entre otros, los artículos 72, 73 y 74 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) y el artículo 22 de la Ley 964 de 2005, así como las normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen. 

Igualmente, las EV deben cumplir con las instrucciones contenidas en este Capítulo, en otros apartes de la presente Circular o de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF), especialmente para la administración de los riesgos que les corresponde gestionar, así como al régimen aplicable a los emisores de valores en cuanto ostenten dicha calidad y les resulte aplicable.

Numeral 2

Estructura organizacional básica de las entidades vigiladas

Numeral 2.1

Asamblea general de accionistas u órgano que haga sus veces

Son aplicables a las EV por la SFC las disposiciones contenidas en los artículos 181 y siguientes del Código de Comercio, los artículos 419 y siguientes del Código de Comercio, así como las normas que los modifiquen, en especial, las relativas a la realización de las reuniones con sujeción a lo prescrito en las leyes y en los estatutos. De la misma forma, son aplicables las reglas en materia de convocatorias y quórum especiales, como lo dispone el artículo 68 y demás reglas de la Ley 222 de 1995, so pena de ineficacia, así como las disposiciones que contienen obligaciones especiales a los emisores de valores, en cuanto sean pertinentes.

Salvo aquellas EV que tengan calidad de emisores de valores, a quienes les aplica un régimen especial de revelación de información, es deber de las EV comunicar a la SFC la fecha, hora y lugar de realización de la correspondiente asamblea u órgano que haga sus veces, con una antelación de 15 días hábiles a la fecha prevista para la recepción de la citación por parte de los accionistas o de la publicación del aviso de convocatoria, cuando se trate de reuniones en que hayan de aprobarse los estados financieros de fin de ejercicio, o 5 días comunes para los demás casos.

Numeral 2.2

Junta directiva u órgano que haga sus veces

Numeral 2.2.1

Régimen de incompatibilidades e inhabilidades

El régimen de incompatibilidades e inhabilidades aplicable a los establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades de capitalización, aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguros, y sociedades de servicios técnicos o administrativos, está previsto en los artículos 75, 76, 77 y 78 del EOSF, o las normas que los modifiquen, según corresponda.

De otra parte, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 964 de 2005, las inhabilidades establecidas para los administradores de las bolsas de valores se aplican de manera extensiva a los administradores de las sociedades administradoras de sistemas de negociación y a los administradores de las bolsas de productos agropecuarios y agroindustriales o de otros commodities. 

El régimen de incompatibilidades aplicable a los miembros de consejos de administración y juntas de vigilancia de las cooperativas financieras es el establecido en el artículo 60 de la Ley 454 de 1998 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

Numeral 2.2.2

Miembros de las juntas directivas u órgano que haga sus veces

Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 73 del EOSF o de las normas que lo modifiquen, y teniendo en cuenta las disposiciones especiales aplicables a las EV relativas a la integración de sus juntas directivas u órgano que haga sus veces, así como los criterios de independencia de los miembros de junta directiva establecidos en el Capítulo IV del Título I de la Parte I de la CBJ (Sistema de Control Interno), el número de miembros de junta o del órgano equivalente vinculados laboralmente a la respectiva EV no puede ser igual o superior al número requerido para que estas personas puedan conformar, entre ellas, mayorías decisorias generales o especiales, de acuerdo con la ley y los respectivos estatutos. En desarrollo de esta regla, y a manera de ejemplo, el número máximo de miembros vinculados laboralmente a la EV que puede tener una junta directiva u órgano que haga sus veces será:

Número de integrantes

Quórum deliberatorio Código de Comercio (artículo 437)

Mayoría de los miembros Código de Comercio (artículo 437)

Número de renglones máximos posibles con miembros vinculados

5

3

3

2

6

4

4

3

7

4

4

3

8

5

5

4

9

5

5

4

10

6

6

5

En aquellos eventos en los cuales en la ley o los estatutos de la EV se establezca un quórum especial superior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 437 Código de Comercio, es obligación de las EV velar porque la regla en mención sea acatada.

Numeral 2.2.3

Limitaciones y prohibiciones en la conformación de juntas directivas

Son aplicables a las EV por la SFC las prohibiciones contenidas de manera general en los artículos 202 y 435 del Código de Comercio, en cuanto no pugnen con disposiciones especiales propias a su naturaleza o a su condición de emisores de valores, en cuyo caso le son aplicables las reglas contenidas en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005, sus modificaciones y sus reglamentos.

Numeral 2.2.4

Miembros de los consejos de administración de las cooperativas financieras

Sin perjuicio de los principios de autocontrol, autonomía, autodeterminación y autogobierno consagrados en la Ley 454 de 1998, los postulantes al consejo de administración deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

a. Contar con título profesional en un área de conocimiento relacionada con las actividades de la cooperativa financiera, tener experiencia mínima de 4 años en el ejercicio de su profesión y 2 años de experiencia específica en materias asociadas a la actividad cooperativa, financiera o en actividades, afines, relacionadas o complementarias a estas. En el evento en que el postulado no cuente con título profesional, debe acreditar como mínimo 10 años de experiencia específica en las materias referidas en el inciso anterior.

b. Cumplir con los requerimientos establecidos en las reglas internas de ética de la cooperativa financiera. En ningún caso debe haber sido condenado o sancionado por delitos o infracciones disciplinarias, sanciones por violación a las reglas internas de ética, y no debe haber sido excluido o separado de cargos de administración o vigilancia de una cooperativa en periodos anteriores.

c. No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad legal o estatutaria.

d. No ser, simultáneamente, miembro de la junta de vigilancia de la misma cooperativa financiera.

e. No llevar asuntos en calidad de asesor o contratista de la cooperativa financiera para la cual se postula, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 454 de 1998 o las normas que lo modifiquen.

La verificación de los requisitos referidos en el presente capítulo por parte de las cooperativas financieras no limita la facultad de la SFC consagrada en el literal g, numeral 2 del artículo 326 del EOSF o las normas que lo modifiquen.

Numeral 2.2.5

Comités consultivos del consejo de administración de las cooperativas financieras

La asamblea general de asociados de las cooperativas financieras y/o los consejos de administración, según lo establezcan los estatutos de la cooperativa, podrán constituir comités consultivos de sus consejos de administración, los cuales atenderán las siguientes reglas:

a. Se constituyen como un órgano colegiado independiente, cuyo propósito es apoyar y asesorar los consejos de administración de las cooperativas financieras. Es un órgano diferente a las juntas de vigilancia de que trata el artículo 39 de la Ley 79 de 1989 y al comité de auditoría de que trata el Capítulo IV, Título I de la Parte I de la CBJ.

b. Sus miembros serán designados por la asamblea general de asociados o por el consejo de administración, según se establezca en sus estatutos y estará integrado por máximo 5 miembros independientes de la cooperativa.

c. Las cooperativas podrán disponer en sus estatutos o reglamentos las calidades con que deben contar los miembros de estos comités. En todo caso, los mismos deben, como mínimo, tener título y experiencia profesionales de 4 años en los asuntos referidos en el literal f de este subnumeral.

d. El funcionamiento del comité consultivo, la periodicidad de sus reuniones y remuneración de sus miembros será establecido en los reglamentos respectivos.

e. El comité consultivo debe llevar un libro de actas en las que se plasme lo tratado en cada una de sus reuniones, así como el concepto o recomendación que se efectúe al consejo de administración sobre los asuntos objeto de consulta.

En el evento en que el consejo de administración se aparte del concepto dado por el comité consultivo, debe dejar constancia en el acta de reunión, de las razones por las cuales se apartó de dicho concepto.

f. Asuntos objeto de consulta previa al comité consultivo.

De acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de los comités consultivos, los consejos de administración podrán consultar a dichos comités, previa adopción de cualquier decisión, las materias que se enuncian a continuación:

I. Definición del apetito de riesgo de la cooperativa.

II. Planeación estratégica.

III. Inversiones de capital.

IV. Mapas de riesgo.

V. Nuevos negocios.

VI. Indicadores de gestión.

VII. Reorganizaciones derivadas de la planeación estratégica de la cooperativa, en particular, cuando se trate de incorporaciones, cesión de activos, fusiones o alianzas con otras entidades.

VIII. Adquisición de bienes inmuebles, cuando dicha adquisición afecte materialmente la solvencia o liquidez de la cooperativa, de acuerdo con las políticas generales que adopte el consejo de administración para tal efecto.

IX. Cualquier otra decisión que a consideración del consejo de administración pueda llegar a tener el carácter de estratégica para la cooperativa financiera.

Los consejos de administración deben establecer en sus reglamentos internos los procedimientos y controles para la realización y coordinación de dichas consultas.

Numeral 2.3

Representación legal

Numeral 2.3.1

Delegación de la representación legal mediante el otorgamiento de poderes

De conformidad con los artículos 832 y subsiguientes del Código de Comercio, los actos de representación, tratándose de EV pueden conferirse a un tercero ajeno a la institución, al igual que pueden recaer en empleados o funcionarios de las mismas.

Los poderes que se confieran en nombre de las EV deben señalar de manera clara las operaciones para las cuales los apoderados tienen la facultad de representar ante terceros, debiendo los apoderados, en todos los documentos, actos y negocios que celebren, registrar expresamente la calidad de tales.

El otorgamiento de poderes de carácter general o de poderes especiales de gran amplitud a personas que, habiendo sido designadas en cargos que conlleven facultades de representación legal, no han cumplido con el requisito legal de tomar posesión del cargo, constituye una forma de obviar el cumplimiento de este deber, lo cual es calificado como una práctica no autorizada.

Numeral 2.3.2

Designación de representantes legales

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 198 y 440 del Código de Comercio, los representantes legales de las EV deben ser elegidos por el máximo órgano social o por las juntas directivas u órgano que haga sus veces, cuando así lo establezcan los estatutos sociales. Por lo tanto, la facultad de designar a representantes legales no puede delegarse ni atribuirse al representante legal de la sociedad ni a otros funcionarios.

Respecto de las entidades de naturaleza cooperativa vigiladas por la SFC, la designación de los mencionados representantes legales debe efectuarse por el consejo de administración.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio del régimen especial aplicable a las entidades públicas previsto en el Decreto 1962 de 2023 o las normas que lo modifiquen.

Numeral 3

Revisoría fiscal

Numeral 3.1

Funciones y responsabilidades de la revisoría fiscal

De conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Comercio, los revisores fiscales de las EV deben cumplir con las siguientes funciones y responsabilidades mínimas, además de todas las funciones que se regulen en la ley, en las normas de aseguramiento previstas en el Decreto 2420 de 2015, en los estatutos, y las demás que se establezcan en desarrollo de lo señalado en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio:

Numeral 3.1.1

Informar a quien ostente dentro de la EV las facultades para adoptar las decisiones preventivas o correctivas que sean del caso, las siguientes irregularidades, así como cualquier otra que deba revelarse de acuerdo con la ley:

a. Abusos de sus órganos de dirección, administración o control, que impliquen desconocimiento de los derechos de los accionistas o asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias.

b. No suministro oportuno de información a la SFC u otras entidades estatales, a los organismos de autorregulación debidamente autorizados o al público, cuando de ella se puedan inferir riesgos significativos para la continuidad de la EV o cuando su divulgación deba realizarse según las normas aplicables.

c. Suministro de información que no se ajuste a la realidad o que no cumpla con los requisitos de calidad establecidos para el efecto.

d. No llevar la contabilidad o los libros de acuerdo con la normatividad aplicable.

e. Realización de operaciones no comprendidas en el objeto social.

f. La existencia de riesgos relevantes que no estén siendo adecuadamente gestionados por la administración de la EV y que, en su criterio, tengan un impacto significativo para el desarrollo de su objeto social.

g. Las demás que considere pertinentes.

La obtención de una certificación emitida por el representante legal de la EV en la que manifieste que no se presenta ninguna de las irregularidades antes mencionadas o que no se tiene conocimiento de la ocurrencia de ellas, no es evidencia suficiente para la adecuada ejecución de la referida función del revisor fiscal, por lo cual dicha certificación debe ser complementada con la ejecución de procedimientos de verificación idóneos, que le permitan contar con elementos de juicio suficientes para emitir su opinión.

Numeral 3.1.2

Suministrar a los organismos de supervisión del Estado información atinente a las situaciones de crisis de las EV, que afecten materialmente su capacidad para cumplir con los compromisos contraídos o que representen un riesgo significativo para la continuidad del negocio, dado el peligro que la situación representa para la EV, sin que pueda entenderse que el suministro de dicha información menoscabe la independencia propia del ejercicio de la revisoría fiscal.

La existencia del secreto profesional no exonera al revisor fiscal del deber antes mencionado.

Numeral 3.1.3

Verificar durante todo su ejercicio los criterios y procedimientos utilizados para llevar la contabilidad, el manejo de los libros de contabilidad, los libros de actas, los documentos contables y archivos relacionados, no sólo respecto de la EV sino también de los recursos de terceros que ésta administre (fondos públicos, recursos del sistema general de seguridad social, negocios fiduciarios o patrimonios autónomos, universalidades, entre otros), para verificar que los registros sean correctos y cumplan todos los requisitos establecidos por las normas aplicables, de manera que pueda verificar que se conservan adecuadamente los documentos de soporte de los hechos económicos, de los derechos y de las obligaciones, los cuales constituyen fundamento de la información contable.

Numeral 3.1.4

Verificar durante todo su ejercicio, mediante comprobaciones periódicas, la existencia de los activos, la adopción e implementación de medidas suficientes para la protección, conservación y mantenimiento del patrimonio social y si estas son adecuadas frente a los riesgos asumidos según su naturaleza.

Numeral 3.1.5

Evaluar la forma en que se realiza la medición de la capacidad de uso o recuperación de los activos, incluyendo en su análisis todos los aspectos que resulten relevantes, tales como comprobar la existencia de los títulos de propiedad y su correspondiente protocolización; verificar la ubicación de los bienes, el cumplimiento de las normas para su utilización; los métodos empleados para determinar las valorizaciones así como la idoneidad de los respectivos valuadores, de forma que se pueda garantizar el adecuado manejo y control de los bienes, tanto de aquellos de propiedad de la EV como de los que se encuentran bajo su responsabilidad a cualquier título.

Numeral 3.1.6

Cuando el revisor fiscal encuentre deficiencias relativas a las medidas tomadas por la administración para el control de los riesgos que puedan afectar materialmente el patrimonio de la EV, debe impartir en forma oportuna las instrucciones y recomendaciones que resulten pertinentes para mejorar la efectividad y eficacia del control sobre los bienes y valores sociales, sus métodos y procedimientos, sin que ello implique coadministración. Adicionalmente, debe hacer seguimiento a las medidas adoptadas por parte de los administradores frente a las referidas instrucciones y recomendaciones, de lo cual se debe dejar constancia por escrito.

Numeral 3.1.7

Expresar su juicio profesional respecto de la calidad y razonabilidad de los estados financieros y demás información contable, tomando como referencia las normas aplicables y los parámetros establecidos para el efecto en cada caso, mediante documentos debidamente firmados en los cuales conste su número de matrícula profesional. Respecto del dictamen de los estados financieros debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

El revisor fiscal debe obtener evidencia válida y suficiente sobre las operaciones realizadas por la EV y los documentos que soportan los registros correspondientes en cada caso, con el objeto de contar con los elementos de juicio necesarios para emitir su opinión profesional, dictámenes, informes y/o expedir certificaciones, aplicando para el efecto tanto las normas que rigen la profesión contable como las metodologías y procedimientos generalmente aceptados en la misma.

Numeral 3.1.8

Evaluar si el sistema de control interno promueve la eficiencia de la EV; reduce los riesgos de pérdida de activos operacionales y financieros; propicia la preparación y difusión de información financiera de alta calidad que muestre los resultados de la administración de los recursos de la EV y los riesgos relevantes que la afectan, en forma tal que resulte útil para los usuarios de dicha información. De igual manera, debe analizar si los referidos sistemas le permitan a la administración garantizar el adecuado cumplimiento de las normas vigentes, incluyendo las relacionadas con los sistemas de administración de riesgos.

El revisor fiscal debe elaborar un reporte periódico, como mínimo anual, dirigido a la junta directiva u órgano que haga sus veces, mediante el cual informe acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos sobre los sistemas de administración de riesgo y el sistema de control interno que deba implementar la EV, de conformidad con las normas que le resulten aplicables.

Numeral 3.1.9

Poner oportunamente en conocimiento del representante legal y cuando sea del caso del oficial de cumplimiento, del comité de auditoría y del auditor interno, según corresponda, las inconsistencias y fallas detectadas en cada uno de los sistemas de administración de riesgos y del sistema de control interno, así como todo incumplimiento que detecte a las disposiciones que regulan la materia. En caso de que sus observaciones o recomendaciones no sean adecuadamente atendidas por la administración o por el oficial de cumplimiento, o cuando la gravedad de las deficiencias encontradas así lo amerite, debe informar inmediatamente sobre tales circunstancias a la SFC.

Numeral 3.1.10

Tratándose de EV que administren recursos o activos de terceros, fondos públicos, patrimonios autónomos, recursos del sistema general de seguridad social, universalidades o similares, entre otros, el proceso de auditoría del revisor fiscal debe incluir no solamente a la EV, sino también a los recursos de terceros, patrimonios autónomos, fondos o recursos administrados, según corresponda.

Numeral 3.1.11

Su ejercicio y responsabilidad deben cubrir todo el ejercicio contable, y no sólo ejecutarse a la fecha de cierre de estados financieros o de presentación de informes especiales. Por tanto, el revisor fiscal debe ejecutar en periodos intermedios, por lo menos, las siguientes actividades:

a. Indagar sobre el ambiente de control y sobre cualquier cambio de importancia ocurrido en el sistema de control interno contable y gestión de riesgos, que afecte la preparación de la información financiera.

b. Aplicar procedimientos analíticos a la información financiera para identificar aspectos inusuales y obtener explicación por parte del representante legal o administradores responsables, acerca de las variaciones significativas o materiales que se presenten.

c. Revisar las actas de junta directiva y asamblea de accionistas u órganos equivalentes para detectar situaciones que puedan afectar la calidad, suficiencia u oportunidad de la información transmitida a las entidades de supervisión y al mercado en general.

d. Verificar, mediante los procedimientos de auditoria pertinentes, que la información haya sido preparada de conformidad con la normatividad aplicable y que dicha normatividad se haya aplicado sobre bases uniformes; y que se revele en forma adecuada y oportuna cualquier evento subsecuente que pudiera afectar dicha información.

e. Reportar, o requerir a la administración para que reporte a la SFC, cualquier información adicional que resulte necesaria para comprender cabalmente la situación actual de la EV.

Numeral 3.1.12

Proceder con diligencia profesional, imparcialidad y objetividad en sus juicios en todas las etapas de la tarea del revisor fiscal. Su ejercicio exige, asimismo, una revisión estricta a cada nivel de supervisión del trabajo efectuado y del juicio emitido por todos y cada uno de los profesionales del equipo de trabajo de revisoría.

Cuando el revisor fiscal utilice la asesoría de especialistas cuya opinión sea básica para el ejercicio de su función, debe asegurarse de su competencia y capacidad, en forma previa a su vinculación al grupo de trabajo. Así mismo, para poder apoyarse en auditorías realizadas por terceros, es necesario verificar la competencia profesional de los auditores respectivos, su independencia y la calidad del trabajo por ellos realizado.

Numeral 3.1.13

El trabajo de los revisores fiscales debe ser técnicamente planeado y debe contemplar una supervisión al trabajo de sus auxiliares. En su planeación el revisor fiscal debe tener en cuenta las siguientes etapas:

a. Desarrollar un plan con el fin de reducir el riesgo asociado a la realización de sus labores a un nivel aceptablemente bajo.

b. Planear la naturaleza, oportunidad y extensión de la dirección y supervisión de los miembros del equipo de trabajo y de la revisión de su trabajo.

c. Actualizar la estrategia general y el plan de la revisoría fiscal, y efectuar los ajustes que resulten pertinentes durante el curso del trabajo.

d. Documentar la estrategia general y el plan de la revisoría fiscal, incluyendo los cambios importantes hechos durante el trabajo.

e. Presentar los elementos de la planeación que considere pertinentes al comité de auditoría de la junta directiva, incluyendo aspectos generales tales como tiempos, la participación de expertos cuya colaboración se requiera, indicando las áreas en las cuales se emplearían, al igual que los objetivos e informes que se espera de ellos; elementos de soporte requeridos, fechas de reuniones, informes que se presentarían de forma ordinaria y cualquier otro aspecto que se considere relevante.

Numeral 3.1.14

Emitir un dictamen de los estados financieros completos en los términos del Código de Comercio, la Ley 222 de 19995 y los marcos técnicos normativos vigentes, el cual debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

a. Aspectos generales:

I. Debe hacerse por escrito, contener una clara, precisa y detallada expresión de su opinión sobre los estados financieros y elaborarse de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

II. Siempre que el nombre de un contador público sea asociado con estados financieros, debe expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con tales estados. Si practica un examen de ellos, el contador público debe expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos estados financieros.

III. Debe contener indicación sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con la normatividad aplicable.

IV. Debe contener indicación sobre si las normas vigentes han sido aplicadas de manera uniforme en el período corriente en relación con el período anterior.

V. Cuando el revisor fiscal considere necesario expresar salvedades o efectuar reservas sobre algunas de las afirmaciones genéricas de su dictamen, debe expresarlas de manera clara e inequívoca, indicando a cuál de tales afirmaciones se refiere y los motivos e importancia de la salvedad en relación con los estados financieros en conjunto.

VI. Cuando el contador público considere no estar en condiciones de expresar una opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto debe manifestarlo explícita y claramente.

b. Título: debe contener un título que indique claramente que es el dictamen del revisor fiscal.

c. Destinatario: debe dirigirse al órgano competente.

d. Párrafo introductorio: debe identificar la EV cuyos estados financieros se han auditado y además identificar el título de cada uno de los estados financieros auditados, referirse al resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias, y especificar la fecha y período cubierto por los estados financieros.

e. Responsabilidad de la administración por los estados financieros: el dictamen del revisor fiscal debe declarar que la administración es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable y que esta responsabilidad incluye:

I. Diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude o por error;

II. Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y

III. Hacer estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

f. Responsabilidad del revisor fiscal: el dictamen debe declarar que la responsabilidad del revisor fiscal es la de expresar una opinión sobre los estados financieros con base en el trabajo realizado.

El dictamen del revisor fiscal debe declarar que su trabajo se realizó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Así mismo, debe explicar que esas normas requieren que el revisor fiscal cumpla con los requisitos éticos, y que planee y desempeñe la revisoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material.

g. Descripción del trabajo del revisor fiscal: el dictamen del revisor fiscal debe describir su trabajo informando los siguientes aspectos:

I. Si ha obtenido la información necesaria para cumplir adecuadamente sus funciones.

II. Si en el curso de su revisión ha seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría generalmente aceptadas.

III. Si la contabilidad de la EV se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable.

IV. Si los valores que se presentan en los estados financieros han sido fielmente tomados de los libros.

V. Si el balance presenta en forma fidedigna la respectiva situación financiera al terminar el período revisado, de acuerdo con la normatividad aplicable.

VI. Si el estado de pérdidas y ganancias refleja el resultado de las operaciones efectuadas en el período respectivo. 

VII. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias reflejan adecuadamente el impacto de los diferentes riesgos a que se ve expuesta la EV en desarrollo de su actividad, medido de acuerdo con los sistemas de administración de riesgos implementados.

VIII. Para el caso de las compañías de seguros y capitalización, si son adecuadas y suficientes las reservas técnicas de seguros y títulos de capitalización.

IX. Si existe la debida concordancia entre el informe de gestión presentado por los administradores y los estados financieros, cuando estos son presentados conjuntamente.

X. El pronunciamiento sobre los negocios fiduciarios, patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva, fondos públicos, fondos que administren recursos de la seguridad social, universalidades o recursos de terceros respecto de los cuales se haya efectuado auditoría financiera.

XI. Si la EV ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

XII. Si se ha efectuado el seguimiento a las recomendaciones efectuadas, detallando el cumplimiento de las mismas y el porcentaje de ejecución.

XIII. El pronunciamiento sobre el origen de los recursos con cargo a los cuales se pagaron las comisiones de intermediación en el ramo de seguro de riesgos laborales.

h. Opinión del revisor fiscal: debe expresar una opinión sin salvedad cuando el revisor fiscal concluye que los estados financieros dan un punto de vista verdadero y están presentados razonablemente, respecto de todo lo importante, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable.

i. Firma del revisor fiscal: el revisor fiscal debe firmar a título personal, si actúa como persona natural, y de actuar a nombre de una firma de auditoría, además debe señalar el nombre de la misma.

j. Fecha del dictamen del revisor fiscal: la fecha del dictamen informa al lector que el revisor fiscal ha considerado el efecto de eventos y transacciones de los que se enteró y que ocurrieron hasta esa fecha.

k. Dirección: el revisor fiscal en su dictamen debe indicar la dirección de su domicilio.

l. Informar al máximo órgano social, lo siguiente:

I. Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones del máximo órgano social.

II. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de registro de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente.

III. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la EV o de terceros que estén en poder de la misma.

m. Párrafo de énfasis (asuntos que no afectan la opinión del revisor fiscal).

Cuando existan asuntos que no afecten la opinión del revisor fiscal, este debe indicarlo así en su dictamen agregando un párrafo para resaltar un asunto de importancia relativa respecto de un problema que pueda afectar a la EV como negocio en marcha.

El revisor fiscal debe considerar en su dictamen, agregando un párrafo de énfasis, si hay una falta de certeza importante, cuya resolución dependa de hechos futuros y que pueda afectar los estados financieros. Una falta de certeza es un asunto cuyo resultado depende de acciones o hechos futuros que no están bajo control directo de la EV, pero que pueden afectar a los estados financieros.

n. Diferentes formas de opinión (asuntos que sí afectan la opinión del revisor fiscal)

Un revisor fiscal puede expresar una opinión con salvedad, cuando exista cualquiera de las siguientes circunstancias y, a su juicio, el efecto del asunto es o puede ser de importancia relativa para los estados financieros: (i) existen limitaciones en el alcance de su trabajo, o (ii) existen desacuerdos con la administración respecto a la aceptación de las políticas contables seleccionadas, el método de su aplicación o lo adecuado de las revelaciones de los estados financieros.

Las circunstancias descritas en el ordinal (i) pueden llevar a una opinión con salvedad o a una abstención de opinión; mientras que, las circunstancias descritas en el ordinal (ii) pueden llevar a una opinión con salvedad o a una opinión adversa.

Debe expresar una opinión con salvedad cuando el efecto de cualquier desacuerdo con la administración o limitación en el alcance no es de tanta importancia relativa ni tan dominante como para requerir una opinión adversa o una abstención de opinión. Una opinión con salvedad debe expresarse como “excepto por” o “sujeto a” u otra expresión similar, los efectos del asunto a que se refiere la salvedad. Las salvedades deben expresarse en forma clara e inequívoca, precisando a cuál de las afirmaciones contenidas en los estados financieros se refiere, las razones que motivan la salvedad y la importancia de esta en relación con los estados financieros tomados en su conjunto.

Debe expresarse una abstención de opinión cuando el posible efecto de una limitación en el alcance sea de importancia relativa o de tal dominancia que el revisor fiscal no haya podido obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría y, en consecuencia, no pueda expresar una opinión sobre los estados financieros.

Debe expresar una opinión adversa cuando el efecto de un desacuerdo sea de importancia relativa y de tal dominancia para los estados financieros, que el revisor fiscal concluya que una opinión con salvedad del dictamen no es adecuada para relevar la naturaleza equívoca e incompleta de los estados financieros.

Siempre que el revisor fiscal exprese una opinión distinta o emita una opinión con salvedad debe incluirse en el dictamen una clara descripción de todas las razones sustantivas y, a menos que no sea factible, una cuantificación de los posibles efectos en los estados financieros.

En caso de considerar que no está en condiciones de expresar un dictamen sobre los estados financieros tomados en su conjunto, el revisor fiscal debe manifestarlo explícita y claramente.

La atestación y firma del revisor fiscal tienen valor probatorio, por lo que frente a la responsabilidad que le compete, resultan de gran importancia las reservas o salvedades que efectúe en los dictámenes que emita.

o. Estados financieros del período anterior dictaminados por otro revisor fiscal

Si los estados financieros del ejercicio anterior fueron dictaminados por otro contador público, se debe indicar:

I. Que los estados financieros del período anterior fueron auditados por otro revisor fiscal.

II. El tipo de dictamen emitido por el revisor fiscal anterior y, en el caso de que se trate de un dictamen con salvedades, las razones que lo originaron.

III. La fecha de dicho dictamen.

p. Estados financieros del período anterior no dictaminados

Cuando los estados financieros del período anterior no estén dictaminados, el revisor fiscal entrante debe declarar en su dictamen esta situación. Sin embargo, dicha declaración no exime al revisor fiscal del requisito de llevar a cabo procedimientos adecuados respecto de los saldos iniciales del período actual.

q. Dictamen sobre negocios fiduciarios, patrimonios autónomos, recursos de seguridad social y universalidades

En el caso de las sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantía, entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida, entidades aseguradoras, sociedades comisionistas de bolsas de valores, sociedades administradoras de inversión y, en general, sociedades que administren portafolios de terceros, el dictamen que se emita debe pronunciarse respecto de los estados financieros de la EV, así como de los negocios que se describen más adelante, patrimonios autónomos, portafolios de terceros, fondos de reservas pensionales que administren, según sea del caso.

En tal sentido, el dictamen del revisor fiscal debe incluir una opinión respecto de los negocios que a continuación se señalan:

I. Fondos de inversión colectiva.

II. Negocios fiduciarios que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) en los términos del artículo 1.1.1.1. del Decreto 2420 de 2015 o sus modificaciones.

III. Negocios de interés público en los términos del numeral segundo del artículo 1.1.1.1. del Decreto 2420 de 2015 o sus modificaciones.

IV. Negocios fiduciarios cuyo objeto principal del contrato sea la obtención de resultados en la ejecución del negocio, lo cual implica un interés residual en los activos netos del negocio por parte del fideicomitente y/o cliente, en los términos del artículo 1.1.2.1. del Decreto 2420 de 2015 o sus modificaciones.

V. Aquellos negocios fiduciarios que administran recursos o bienes de naturaleza pública, cuando dichos recursos sean aportes patrimoniales al fideicomiso y provengan directa o indirectamente de una entidad de carácter público, sea del nivel nacional, departamental, municipal, distrital o de los organismos descentralizados que conforman dichos niveles, sin tener en cuenta la modalidad de contratación utilizada para la celebración del negocio.

VI. Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales –FONPET – (Ley 549 de 1999), o la entidad que haga sus veces.

VII. Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional -FOPEP-, o la entidad que haga sus veces.

VIII. Fondos de Pensiones Territoriales (Decreto ley 1296 de 1994).

IX. Fondo Prestacional del Sector Salud, en lo relacionado con pensiones.

X. Patrimonios autónomos para la normalización de pasivos pensionales.

XI. Patrimonios autónomos para administración de procesos concursales.

XII. Patrimonios autónomos y encargos fiduciarios a los que hace referencia el Decreto 810 de 1998.

XIII. Patrimonios autónomos destinados a la garantía y pago de bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales (Decreto 1299 de 1994).

XIV. Fondos de Cesantía.

XV. Fondos de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).

XVI. Fondo de Solidaridad Pensional.

XVII. Fondos de reservas pensionales administrados por las entidades administradoras del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.

XVIII. Fondos de pensiones obligatorias y voluntarias.

XIX. Fondos de reservas de la administradora de riesgos laborales Positiva Compañía de Seguros S.A.

XX. Contratos de fiducia o de encargo fiduciario a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley 100 de 1993.

XXI. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y ECOPETROL, y patrimonios autónomos de TELECOM y las teleasociadas en liquidación.

XXII. Fondo de Prevención Vial.

XXIII. Los demás negocios fiduciarios que manejen recursos del sistema de seguridad social de pensiones, salud y riesgos profesionales.

XXIV. Negocios administrados por las sociedades fiduciarias que, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, administran recursos de los anticipos entregados en la celebración de contratos.

Los revisores fiscales no tendrán que dictaminar los negocios que tengan activos administrados inferiores a 75 SMMLV al cierre del ejercicio contable que va a ser auditado, ni los negocios que se encuentren en proceso de liquidación o inactivos. Para efectos de este subnumeral, se consideran inactivos aquellos negocios que por cualquier acción legal quede suspendida la ejecución del contrato de obra; y en liquidación, aquellos negocios en los que se ejecutó el plan de inversión o manejo del anticipo y no tienen saldos pendientes de giro por ningún concepto.

Deben dictaminar los negocios con activos administrados superiores a 5.000 SMMLV al cierre del ejercicio contable que va a ser auditado y aquellos seleccionados de acuerdo con la metodología establecida a continuación:

Metodología de selección de negocios a dictaminar:

A) Realizar la sumatoria del valor de los activos administrados al cierre del ejercicio contable a auditar.

B) Ordenar los negocios de menor a mayor de acuerdo con el valor de los activos administrados al cierre del ejercicio contable a auditar.

C) Calcular el porcentaje de participación del activo de cada negocio respecto del total calculado en el literal A) que antecede.

D) Calcular el porcentaje acumulado de participación de los activos de cada negocio, de acuerdo con el orden realizado según las instrucciones del literal B) que antecede.

E) Separar los negocios que tienen un porcentaje acumulado superior al 60%, los cuales deben ser dictaminados. Para aquellos negocios que tienen un porcentaje acumulado inferior al 60% inclusive, el revisor fiscal debe aplicar criterios cuantitativos y cualitativos de selección a fin de determinar aquellos negocios sujetos a dictamen. El 50% de estos negocios deben ser dictaminados por el revisor fiscal.

La metodología, los supuestos y la documentación que sustenta los criterios de selección de los negocios deben estar debidamente documentados y permanecer a disposición de esta Superintendencia.

Únicamente aquellos negocios que sean sujeto de dictamen deberán remitir la información de que trata el numeral 2.1.1 del Capítulo IX de la CBCF o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

XXV. Los demás negocios seleccionados por el revisor fiscal de conformidad con las evaluaciones de riesgo que realice en desempeño de su labor.

XXVI. Los demás negocios señalados por la SFC.

Para el caso de las sociedades titularizadoras, el revisor fiscal debe incluir en su trabajo la auditoria de los estados financieros de las universalidades e incluir la respectiva opinión en atención a las disposiciones legales.

r. Pronunciamiento y dictamen sobre estados financieros consolidados

A efectos de dictaminar los estados financieros consolidados, el revisor fiscal debe desarrollar previamente una labor de auditoría respecto de dichos estados financieros, sus anexos y soportes, siguiendo las pautas generales señaladas en la presente Circular para la auditoría y dictamen de estados financieros.

En su dictamen, el revisor fiscal debe indicar de manera detallada el alcance de la labor realizada, precisando el grado en el cual se apoyó en el trabajo de otros auditores.

De igual manera, los soportes de la auditoría financiera consolidada y el resultado de las evaluaciones derivadas de aquella deben quedar adecuadamente documentados en papeles de trabajo, los cuales pueden ser objeto de revisión por parte de la SFC.

s. Informe sobre estados financieros intermedios

La firma digital a los estados financieros intermedios de las EV implica que, en opinión del revisor fiscal la información reportada ha sido fielmente tomada de los libros de contabilidad, en su elaboración se ha dado cumplimiento a todas las normas legales aplicables y que se han seguido procedimientos adecuados para su determinación y presentación, sin perjuicio de que el revisor fiscal manifieste por escrito a la SFC cualquier salvedad, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de transmisión de los estados financieros respectivos, mediante carta en la cual se indique en forma concreta y precisa las causas que la motivan.

Al preparar y auditar estados financieros de períodos intermedios se deben observar los mismos principios que se utilizan para elaborar y auditar estados financieros al cierre del ejercicio.

t. Informe sobre estados financieros combinados

Cuando una EV deba preparar de forma excepcional estados financieros combinados de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2420 de 2015, se requiere un informe del revisor fiscal en el que se determine si para su elaboración se han cumplido los procedimientos establecidos por las normas aplicables.

Numeral 3.1.15

Emitir un dictamen del cumplimiento de la regulación, así como las certificaciones sobre la información que deba remitir a la SFC. La evaluación que se adelante debe quedar debidamente soportada, cubrir totalmente a la EV, y realizarse con la periodicidad establecida en la planeación.

Numeral 3.1.16

Mantener a disposición de la SFC, la evidencia obtenida en el desarrollo del trabajo de revisoría y los papeles de trabajo, al igual que la documentación en medios electrónicos, los archivos y manuales de usuario.

Numeral 3.1.17

Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende al máximo órgano social.

Las atribuciones adicionales a las indicadas en las normas legales, que los órganos competentes otorguen al revisor fiscal, deben ser acordes con la naturaleza de su función y preservar su independencia, objetividad e imparcialidad, evitando situaciones que puedan dar lugar a conflictos de interés.

Para efectos de cumplir en forma adecuada las funciones antes relacionadas, dentro del ámbito de fiscalización del revisor fiscal están todas las operaciones, actos y áreas de la EV, así como todos sus bienes, sin reserva alguna.

Para el correcto desempeño de las funciones del revisor fiscal, los administradores de la EV están en la obligación de suministrarle toda la información por él solicitada, así como los recursos que requiera para el adecuado ejercicio de sus funciones. En caso de no recibir la colaboración antes mencionada en debida forma y/o en la oportunidad requerida, el revisor fiscal debe poner este hecho en conocimiento del órgano competente, según el caso, y a la vez, cuando lo considere necesario, informar a la SFC.

Numeral 3.2

Elección del revisor fiscal, ejercicio y entrega del cargo

Sin perjuicio del derecho de cualquier socio o accionista de presentar al máximo órgano social candidatos para la revisoría fiscal, corresponde a la junta directiva u órgano que haga sus veces, a través del comité de auditoría, someter a consideración del máximo órgano social, la hoja de vida de los posibles candidatos, para lo cual debe verificar previamente que los mismos cumplan con los requisitos necesarios para desempeñar adecuadamente sus funciones y que no se encuentren incursos en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en los artículos 205 del Código de Comercio, así como en los artículos 50 y 51 de la Ley 43 de 1990, además de dar cumplimiento a las normas de aseguramiento de la información definidas en el artículo 5 de la Ley 1314 de 2009, o demás normas que los modifiquen

Numeral 3.2.1

Criterios objetivos para la elección del revisor fiscal:

No puede ser revisor fiscal de una EV:

a. Accionista o asociado de la misma EV o de alguna de sus subordinadas.

b. Accionista, asociado o empleado de la entidad matriz.

c. Persona ligada por matrimonio o parentesco dentro del 4° grado de consanguinidad, 1° civil o 2° de afinidad, a los administradores, funcionarios directivos o auditor interno de la misma EV. Lo mismo se aplica si tiene con las personas antes mencionadas vínculos económicos o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones.

d. Persona que haya desempeñado en la misma EV o en sus subordinadas cualquier otro cargo, o haya actuado como empleado de la EV, de su matriz, de sus subsidiarias o filiales, dentro de los 6 meses anteriores a la designación.

En igual sentido, una persona que haya prestado servicios contables de auditoría, contabilidad por outsourcing o asesoría tributaria en la misma EV, sus subsidiarias y/o filiales, dentro de los 6 meses anteriores a la designación.

e. Personas jurídicas que desempeñen en la misma EV otro cargo, o presten otros servicios profesionales durante el respectivo período.

f. Persona natural que tenga el cargo de revisor fiscal en 5 sociedades por acciones.

La aplicación estricta de este límite debe ser sopesada responsablemente por la revisoría fiscal, para lo cual debe analizar previamente de manera rigurosa que se garantice que quien va a ejercer la labor cuenta con todos los recursos necesarios para cumplir con sus funciones, en términos de personal, tiempo y tecnología, atendiendo el tamaño de las EV y la complejidad de sus operaciones.

g. Persona que no tenga residencia permanente en Colombia.

El revisor fiscal debe evaluar la existencia de conflictos de interés antes de iniciar la ejecución de su labor o, si estos se presentan con posterioridad a la aceptación del cargo, informarlos una vez los conozca o sobrevengan.

Numeral 3.2.2

Criterios subjetivos para la elección del revisor fiscal

Para garantizar un adecuado y eficiente cumplimiento de las funciones del revisor fiscal resulta necesario que quien se postule, independientemente del órgano o persona que lo presente al máximo órgano social, cumpla los siguientes requisitos:

a. Demostrar preparación técnica y experiencia adecuadas para un óptimo desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta el objeto social o actividad económica de la EV, su tamaño y la complejidad de sus operaciones.

b. Contar con un equipo profesional de apoyo idóneo y suficiente, acorde con la naturaleza, tamaño y complejidad de la EV y de sus operaciones.

c. Tener una disponibilidad de tiempo y de recursos que razonablemente permitan garantizar que su labor tenga el alcance y la cobertura requeridos en la presente Circular, teniendo en cuenta no sólo las características propias de la EV y del sector al cual pertenece, sino también las de las otras entidades en las cuales ejerce la revisoría fiscal.

d. Presentar al máximo órgano social, a través del comité de auditoría, una propuesta de servicios que incluya como mínimo:

I. Alcance de su labor respecto de cada una de las principales áreas que son competencia de la revisoría fiscal, según lo establecido en la presente Circular.

II. Número de horas/hombres mensuales que dedicaría a la revisoría de la EV.

III. Informes que presentaría y su periodicidad.

IV. Personas que forman parte de su equipo de trabajo, anexando sus hojas de vida e indicando la especialidad de cada uno y el área de la cual se encargaría dentro del equipo de trabajo.

V. Bases del cálculo de los honorarios.

VI. Acuerdos respecto de la planeación del trabajo de revisoría fiscal.

VII. Acuerdos concernientes al uso del trabajo del auditor interno.

VIII. Acuerdos adicionales con la EV.

El comité de auditoría, o el órgano social encargado de analizar las propuestas presentadas antes de la reunión, debe evaluar de forma previa a su presentación al máximo órgano social, si el perfil profesional de cada aspirante al cargo de revisor fiscal y el contenido de su propuesta se ajustan a los requerimientos legales y necesidades de la EV. Si bien las propuestas que presenten los accionistas o asociados durante la realización de la reunión no deben ser objeto de esta revisión previa, si deben contener todos los datos y documentos que suministren al máximo órgano social elementos de juicio suficientes para adoptar su decisión.

Numeral 3.2.3

Nombramiento del revisor fiscal y aprobación del presupuesto

La designación de los revisores fiscales de las EV debe ser efectuada por el máximo órgano social, según lo dispuesto en el artículo 204 del Código de Comercio, función que no puede delegarse. En el caso de las entidades públicas, se aplica lo dispuesto en las normas que les resulten aplicables.

En las cooperativas financieras, atendiendo lo establecido en el artículo 32 de la Ley 79 de 1988, la elección se efectúa por la mayoría de los votos presentes.

En las sociedades que tienen junta directiva u órgano que haga sus veces, el período del revisor fiscal es igual al de aquella, pero puede ser removido en cualquier tiempo por el máximo órgano social con el voto favorable de la mitad más uno de las acciones representadas en la respectiva reunión.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 79 del EOSF, en la reunión en la cual se designe al revisor fiscal debe definirse e incluirse en el acta la información relativa a las apropiaciones previstas y autorizadas para el suministro de recursos financieros, humanos, técnicos y logísticos destinados al adecuado desempeño de las funciones a él asignadas, adjuntando el análisis efectuado para el cálculo de tales recursos, en función del tamaño de la EV, el número de oficinas, el volumen y complejidad de sus operaciones, tanto a nivel nacional como en el exterior, así como la expansión prevista para la EV.

Con el propósito de que la apropiación presupuestal que se defina cumpla la finalidad de garantizar la permanencia, acceso irrestricto e ilimitado a la información, independencia y adecuado cumplimiento de todas las funciones que corresponden al revisor fiscal, se hace necesario que se discriminen los siguientes aspectos, que se estiman fundamentales para determinar el monto y alcance de tales recursos:

a. Valor total de la remuneración mensual del revisor fiscal, indicando el número de horas que, como mínimo, este y su equipo deben dedicar al ejercicio de sus funciones, discriminando las de su asistencia a las reuniones de la junta directiva u órgano que haga sus veces, cuando sea del caso.

b. Los auxiliares, expertos y otros colaboradores que requiera, indicando las características profesionales o técnicas de estos y su costo, el cual debe estar comprendido en el valor de la remuneración pagada mensualmente a la revisoría fiscal.

c. Valor mensual estimado para viáticos y gastos de transporte de los miembros del equipo de la revisoría fiscal.

d. Tecnología, medios de comunicación y demás elementos que se ponen a disposición de la revisoría fiscal y de sus colaboradores, con el fin de garantizar su acceso irrestricto e ilimitado a toda la información que requiera para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Tratándose de sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de inversión y, en general, EV que administren recursos o activos de terceros, negocios fiduciarios, universalidades, patrimonios autónomos o recursos del sistema general de seguridad social, entre otros, las apropiaciones presupuestales deben contemplar el cumplimiento por parte del revisor fiscal de todas sus funciones, no solamente respecto de la EV contratante, sino también de los recursos o activos de terceros, negocios fiduciarios, patrimonios autónomos, universalidades, fondos o recursos administrados, según se trate.

El vínculo contractual que se establezca entre la EV y el revisor fiscal no debe modificar los objetivos ni las características de la labor que a este le corresponde realizar, ni crearle una relación de subordinación con los órganos de administración, pues su dependencia corresponde única y exclusivamente al máximo órgano social. Cualquiera que sea el vínculo adoptado, este debe subsistir hasta el vencimiento del período para el cual fue designado o cuando el órgano competente acepte la renuncia presentada o decida su remoción, situación que puede verificarse en cualquier momento, aún antes de que se haya vencido el período para el cual fue designado.

Numeral 3.2.4

Nombramiento de auxiliares y otros expertos

Los auxiliares y colaboradores del revisor fiscal deben cumplir con los mismos requisitos éticos exigidos a éste, especialmente en materia de independencia, así como tener una formación profesional y experiencia acorde con su función dentro del equipo de auditoría. En ningún caso los auxiliares o colaboradores del revisor fiscal pueden ser empleados de la EV, o estar vinculados a ella mediante cualquier modalidad contractual que pueda implicar una subordinación a esta o a su administración.

Numeral 3.3

Otros criterios para la elección y ejercicio de la revisoría fiscal

Numeral 3.3.1

Es una buena práctica de gobierno corporativo, que las EV adopten medidas adicionales que faciliten el mantenimiento de la independencia del revisor fiscal, tales como:

a. Designar como revisor fiscal a personas o firmas que no hayan recibido de la EV, su matriz o sus subordinadas, ingresos que representan el 25% o más de los ingresos anuales en el país durante los últimos 5 años del respectivo revisor fiscal o de la firma de revisoría a la cual pertenece, con base en una certificación que para el efecto imparta el revisor fiscal o la firma de revisoría correspondiente.

b. Que la EV, en los contratos que suscriba con su revisoría fiscal, pacte cláusulas en las que la firma de revisoría se obligue a rotar a las personas que al interior de la EV adelantan dicha función con por lo menos una periodicidad de 5 años. Igualmente, a pactar que la persona que ha sido rotada solamente pueda retomar la auditoría de la misma EV luego de un periodo de 2 años. La misma recomendación aplica para los casos en los cuales el revisor fiscal sea una persona natural.

c. Que la EV, en los contratos que suscriba con su revisoría fiscal, pacte cláusulas en las que la firma de revisoría se obligue a rotar a las personas que al interior de la EV adelantan dicha función con por lo menos una periodicidad de 5 años. Igualmente, a pactar que la persona que ha sido rotada solamente pueda retomar la auditoría de la misma compañía luego de un periodo de 2 años. La misma recomendación aplica para los casos en los cuales el revisor fiscal sea una persona natural.

En adición a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 43 de 1990, el revisor fiscal y su equipo de trabajo o grupo de auditoría, incluyendo a los expertos que le colaboren en áreas diferentes al técnico contable, deben atender en todos los casos los siguientes principios básicos de ética profesional: integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observaciones de las disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión, colaboración y respeto entre colegas.

Numeral 3.3.2

Normas relativas a la ejecución del trabajo

Las normas sobre la ejecución del trabajo hacen referencia a la preparación, desarrollo y supervisión de la labor desempeñada por la revisoría fiscal, y en este sentido regulan el conjunto de técnicas de auditoría aplicables a las partidas, los procesos y la documentación que examine para poder cumplir a cabalidad con sus funciones legales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la mencionada Ley 43 de 1990, el revisor fiscal debe considerar y estudiar al usuario de sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con las circunstancias particulares de su actividad, sean éstas internas o externas, con el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y métodos más adecuados para el tipo de ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado, teniendo en cuenta, por lo menos las siguientes directrices:

a. Planeación

El trabajo de los revisores fiscales debe ser técnicamente planeado y debe contemplar una supervisión al trabajo de sus auxiliares.

En su planeación el revisor fiscal debe tener en cuenta las siguientes etapas:

i. Desarrollar un plan de auditoría con el fin de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo.

ii. Planear la naturaleza, oportunidad y extensión de la dirección y supervisión de los miembros del equipo de trabajo y de la revisión de su trabajo.

iii. Actualizar la estrategia general y el plan de auditoría, y efectuar los ajustes que resulten pertinentes durante el curso del trabajo.

iv. Documentar la estrategia general y el plan de auditoría, incluyendo los cambios importantes hechos durante el trabajo.

v. Presentar los elementos de la planeación que considere pertinentes al comité de auditoría de la junta directiva, incluyendo aspectos generales tales como tiempos, la participación de expertos cuya colaboración se requiera, indicando las áreas en las cuales se emplearían, al igual que los objetivos e informes que se espera de ellos; elementos de soporte requeridos, fechas de reuniones, informes que se presentarían de forma ordinaria y cualquier otro aspecto que se considere relevante.

Una apropiada planeación del trabajo del revisor fiscal garantiza la calidad y resultado de las pruebas desarrolladas. Así mismo, ayuda a asegurar que la revisoría fiscal evalúe de manera adecuada las áreas, riesgos y procesos más importantes, la asignación y supervisión de la labor desarrollada por sus auxiliares, así como el desarrollo del trabajo con expertos y otras áreas de control. En lo relacionado con estos últimos, se debe evaluar su competencia, objetividad, experiencia, independencia y alcance de su trabajo.

Se considera que el trabajo ejecutado por el revisor fiscal ha cumplido con los presupuestos exigidos en la regulación, cuando ha sido técnicamente planeado y esté soportado en un plan global de auditoría debidamente documentado, atendiendo lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 o normas que lo modifiquen, en el cual se indican las normas de auditoria generalmente aceptadas, y en el artículo 5 de la Ley 1314 de 2009 o normas que lo modifiquen, mediante el cual se definen las normas de aseguramiento de la información.

b. Evaluación del control interno

Obedece a la valoración que efectúa la revisoría fiscal de los sistemas de control interno y administración de riesgos implementados por las EV, con el fin de emitir una opinión profesional sobre su suficiencia y efectividad, según lo señalado en el subnumeral 3.1.8. de este Capítulo.

Dicha evaluación debe realizarse para cada uno de los elementos del sistema, tales como ambiente de control, actividades de control, gestión de riesgos, comunicación, sistemas de información y tecnología, y monitoreo, utilizando como marco de referencia los estándares internacionales que resulten aplicables. Para aquellos aspectos relacionados con materias diferentes a lo financiero – contable, puede apoyarse en el análisis y evaluación de especialistas competentes.

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al revisor fiscal, éste debe elaborar un reporte periódico dirigido a la junta directiva u órgano que haga sus veces, mediante el cual informe acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos sobre los sistemas de administración de riesgo que deba implementar la respectiva EV, de conformidad con las normas que le resulten aplicables.

c. Obtención de evidencia

El revisor fiscal debe obtener evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría, con el propósito de allegar las bases razonables para emitir un dictamen tanto de los estados financieros sujetos a revisión, como del sistema de control interno y el cumplimiento de la regulación, así como las certificaciones sobre la información que deba remitir a esta Superintendencia.

En consecuencia, la evaluación que se adelante debe quedar debidamente soportada, cubrir de manera total a la EV, y realizarse con la periodicidad establecida en la planeación.

Esta evidencia debe documentarse en papeles de trabajo o aplicativos de sistemas que comprendan la totalidad de los documentos preparados o recibidos por el revisor fiscal, de manera que en conjunto constituyan un compendio de la información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que ha adoptado para llegar a formarse una opinión sobre los estados financieros, o sobre la información relacionada con las certificaciones por él emitidas.

El revisor fiscal debe adoptar procedimientos apropiados que permitan mantener la confidencialidad y salvaguarda de la información, de acuerdo con los requisitos legales y profesionales.

En consecuencia, todas las evaluaciones adelantadas deben quedar debidamente soportadas en evidencia obtenida de fuentes confiables, tanto internas como externas.

Igualmente, el revisor fiscal debe preparar papeles de trabajo, documentos, registros magnéticos u otros medios que sean lo suficientemente completos y detallados para proporcionar la comprensión global de las evaluaciones y auditorías realizadas. Esta evidencia debe cumplir con los requisitos de forma y fondo considerados en las mejores prácticas de auditoría.

Los documentos antes mencionados deben incluir por lo menos, la planeación, naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos aplicados; los programas de auditoría y las modificaciones al respecto, los soportes del desarrollo del trabajo, entre otros; evaluaciones de riesgos, evidencia de la revisión y supervisión del trabajo del equipo de revisoría, así como las conclusiones y recomendaciones extraídas de la evidencia y las comunicaciones dirigidas a la gerencia o a los demás órganos de administración de la sociedad.

La evidencia obtenida y acumulada por el revisor fiscal y su equipo debe considerar la aplicación de normas técnicas de general aceptación.

Si bien la evidencia obtenida en el desarrollo del trabajo de revisoría y los papeles de trabajo son de propiedad del revisor fiscal, los mismos deben estar a disposición de la SFC, al igual que la documentación por medios electrónicos, los archivos y manuales de usuario, cuando este organismo lo requiera en ejercicio de sus atribuciones legales

Numeral 3.4

Deberes del revisor fiscal frente a la SFC

Los revisores fiscales deben presentar a la SFC los siguientes informes:

Numeral 3.4.1

Los exigidos por el Código de Comercio, la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, así como en los reglamentos de dichas disposiciones, relacionados con la presentación de estados financieros básicos, tanto de fin de ejercicio como de periodos intermedios y de estados financieros consolidados, para sus diferentes propósitos.

Numeral 3.4.2

Los que deban ser elaborados en cumplimiento de las normas establecidas por la SFC, en uso de la facultad consagrada en el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, y en desarrollo del deber previsto en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio.

Numeral 3.4.3

Los informes a través de los cuales se pongan en conocimiento de la SFC las observaciones de mayor importancia relativa o materialidad sobre los riesgos e información financiera evaluados, las debilidades encontradas, la cuantificación de las mismas, los comentarios y conclusiones efectuados tanto por la administración como por la revisoría fiscal, en la proforma que se adjunta al presente capítulo. Este informe debe presentarse por lo menos anualmente, dentro de los 3 meses siguientes al cierre de cada ejercicio, sin perjuicio de los informes extraordinarios a que haya lugar.

Numeral 3.4.4

Los prospectos de información y otros documentos relacionados con ofertas de títulos en el mercado de valores, exclusivamente respecto de aquellos aspectos incluidos en los referidos documentos que tengan relación con el ámbito de sus atribuciones legales.

Numeral 3.4.5

Los que tengan relación directa con aspectos contables o financieros de la EV.

Los citados informes deben remitirse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la SFC para cada caso, sin perjuicio de atender las solicitudes formuladas a través de las glosas que de su análisis se desprendan.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de otras autoridades diferentes a la SFC, que versen sobre remisión de información a esta entidad o a cualquier otra.