Numeral 1
Condiciones generales para cualquier operación de crédito
Circular Externa 029 de 2014 · 328 numerales
Condiciones generales para cualquier operación de crédito
Condiciones en el otorgamiento de créditos
El otorgamiento de crédito se debe realizar de conformidad con lo dispuesto en los capítulos XIII – 18 y XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF) o las normas que los modifiquen o sustituyan.
Condiciones en la ejecución de los créditos
Registro de abonos parciales y de la cancelación de obligaciones en el título valor correspondiente
Cuando una obligación incorporada en un título valor es cancelada en su totalidad debe registrarse dicha cancelación en el documento respectivo. Así mismo, cuando se negocie un título valor respecto del cual se hayan efectuado pagos parciales debe expresarse en el documento el valor cancelado. En cualquiera de los eventos antes mencionados, tales registros deben llevar la firma del funcionario de la entidad vigilada con atribuciones para el efecto.
Las entidades vigiladas deben llevar en registros sistematizados los datos referentes a los abonos parciales recibidos y su aplicación a intereses o capital, para lo cual deben establecer procedimientos que permitan asegurar la contabilidad de la información contenida en dichos registros, su oportuna actualización y el fácil acceso a la misma.
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de efectuar las correspondientes anotaciones en el cuerpo del título valor en aquellos eventos en que el deudor así lo solicite.
Extractos
En la expedición de los extractos o estados de cuenta que las vigiladas entreguen a sus clientes con ocasión de la celebración de operaciones activas debe indicarse la tasa efectiva cobrada o pagada durante el período cubierto, incluyendo, para el caso de los créditos, la totalidad de los costos financieros a cargo del deudor, cualquiera que sea su denominación, vinculados o relacionados con su otorgamiento.
Tratándose de tarjetas de crédito, el extracto debe contener la fecha de la compra, el valor, el número de cuotas seleccionadas, las canceladas y las pendientes por pagar, la tasa de interés efectiva aplicable a cada una, así como la fecha de pago y de corte de la respectiva cuenta. En este tipo de operaciones se exceptúan como costos financieros, los relativos a la cuota de manejo y a la prima de seguro, en tanto el cobro de estos rubros obedezca inequívocamente a costos de índole no financiera que, por lo mismo, merecen un tratamiento excepcional.
Prepago o pago anticipado de créditos con instituciones vigiladas
De acuerdo con el literal g. del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, es un derecho del consumidor financiero efectuar pagos anticipados en toda operación de crédito en moneda nacional cuyo saldo no supere los 880 smmlv, sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por lucro cesante, de las cuotas o saldos en forma total o parcial, con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago.
Cobro de cláusula penal
En desarrollo del artículo 65 de la Ley 45 de 1990, en las operaciones activas que realicen las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) no es posible aplicar, respecto de una obligación dineraria, una sanción convencional a título de cláusula penal, cuando se hayan pactado intereses moratorios para la misma obligación, sin perjuicio de las sanciones que se estipulen para otro tipo de obligaciones pactadas en el marco de la operación activa de crédito.
Sanción por cobro de intereses en exceso
De conformidad con el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, el deudor se encuentra facultado para solicitar la devolución de los intereses pagados en exceso, aumentados en una suma igual que el acreedor debe entregar a título de sanción. Los establecimientos de crédito deben demostrar que efectivamente hicieron entrega de las sumas cobradas en exceso al haberse presentado esta situación.
Si se pactan sistemas de capitalización de intereses o de interés compuesto, los intereses remuneratorios estipulados en cualquiera de esas modalidades no pueden exceder el interés bancario corriente más la mitad de éste, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 45 de 1990.
Modificaciones a las tasas de interés
Las modificaciones que presenten las tasas de interés durante la vida de préstamos pactados con los establecimientos de crédito deben reflejarse en la correspondiente reducción de los montos convenidos al momento de la celebración de los contratos, cuando quiera que al momento de la causación de los réditos aquellos sobrepasen los límites correspondientes al período liquidado. No es procedente reajustar unilateralmente la tasa fija pactada cuando se autoricen tasas más altas.
Tipos de interés
A continuación se define cada uno de los tipos de interés aceptables con su significado, que deben ser aplicados por las entidades vigiladas tanto en los rendimientos que pagan por los recursos captados, como en el cobro de intereses anticipados o vencidos de los créditos efectuados por éstas, de conformidad con la tasa fijada por la ley en cada caso.
Tipo de interés efectivo
La tasa efectiva de interés es la que se refiere a la unidad de tiempo y a la unidad de capital y se liquida por unidad de tiempo.
El símbolo que se utiliza para el tipo efectivo de interés es la letra minúscula “i”.
Tipo nominal de interés
El tipo nominal de interés es el que se refiere a la unidad de tiempo y a la unidad de capital y se liquida por fracción de unidad de tiempo.
El símbolo que se utiliza para el tipo nominal de interés es la letra minúscula j(m), donde m significa el número de pagos del interés por unidad de tiempo.
Tipos equivalentes de interés
La unidad de capital se convierte, después de la unidad de tiempo, en el capital 1 + i, si se liquida el tipo efectivo de interés i. Al mismo tiempo, se convierte la unidad de capital, después de la unidad de tiempo, en el capital [i j (m) ]m decimos que i es el tipo efectivo equivalente al tipo nominal j(m) y viceversa.
Tipo efectivo de descuento
El tipo efectivo de descuento es el que se refiere a la unidad de tiempo y a la unidad de capital y se reconoce por unidad de tiempo, es decir, que se paga anticipadamente por unidad de tiempo. El símbolo que se utiliza para el tipo efectivo de descuento es la letra minúscula “d”.
Tipo nominal de descuento
El tipo nominal de descuento es el que se refiere a la unidad de tiempo y a la unidad de capital y se deduce por fracción de unidad de tiempo, o sea que se paga anticipadamente por fracción de unidad de tiempo.
El símbolo que se utiliza para el tipo nominal de descuento es la letra minúscula f(m), donde m significa el número de pagos por unidad de tiempo nominal que vence en un año, se deducen en forma anticipada dos centavos mensuales.
Tasa de interés preferencial
Es aquella que la entidad ha cobrado a sus clientes corporativos de menor riesgo en operaciones de crédito en moneda legal de corto plazo (hasta 12 meses), cualquiera que sea la modalidad utilizada y sin que ella constituya necesariamente una oferta. En consecuencia y con arreglo al criterio antes expuesto, dicha tasa debe reflejar la realidad comercial del momento para los usuarios del servicio, permitiéndoles seleccionar uno u otro intermediario a partir de la información suministrada.
Tasas máximas de interés
Las tasas de interés pueden ser libremente acordadas por las partes siempre que se sujeten a los límites legales. Teniendo en cuenta lo anterior, y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, aquellas obligaciones que pacten las entidades vigiladas, en las cuales hayan de pagarse créditos de un capital, deben sujetarse a las siguientes reglas:
Tasa máxima de interés remuneratorio: las tasas máximas de interés remuneratorio que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las operaciones activas y pasivas son las que indique la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) de acuerdo con lo dispuesto en el literal e. del artículo 16 de la Ley 31 de 1992. En tanto la autoridad monetaria no señale las tasas máximas remuneratorias, las mismas deben responder a lo pactado libremente por las partes, teniendo en cuenta en todo caso que no pueden superar la tasa constitutiva del delito de usura.
Tasa máxima de interés moratorio: las tasas máximas de interés moratorio no pueden ser superiores a una y media veces el interés bancario corriente certificado por la SFC de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio.
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 546 de 1999, cuando las partes no hayan pactado intereses moratorios, los mismos no se presumen; sin embargo, cuando se pacten no podrán exceder una y media veces el interés remuneratorio pactado y solamente podrán cobrarse sobre cuotas vencidas.
Atendiendo la existencia de tasas diferenciales dependiendo de las certificaciones emitidas por la SFC para los distintos tipos de crédito de conformidad con las facultades previstas en el artículo 326 del EOSF, el cálculo de las tasas moratorias debe corresponder a cada uno de los tipos de crédito existentes.
Tasa constitutiva de usura: es aquella tasa que se configura cuando la utilidad o ventaja que se cobre o reciba por concepto de un préstamo de dinero o de la venta de un bien o un servicio a plazo, exceda en la mitad el interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la SFC, de conformidad con el artículo 305 del Código Penal (CP).
Cobros que conforman intereses
Dado que los intereses son réditos de un capital, debe entenderse incluido en ellos tanto lo que se cobra por ceder el beneficio de hacer uso del dinero, como por asumir el riesgo que ello representa y en general, todas las cargas de tipo accesorio que se derivan para el acreedor respectivo, con excepción de los impuestos directos que se causen, como podrían ser los estudios de crédito y los costos de control y cobranza normal u ordinaria, resultando así remunerada con tales réditos y en su integridad, la operación financiera.
Así las cosas, para efectos de lo dispuesto en el artículo 1168 del Código de Comercio y el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, debe entenderse comprendido en el concepto de interés, toda suma que reciba el acreedor directamente o por interpuesta persona, teniendo como causa la entrega de dinero, a título de depósito o de mutuo, así como aquellas sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito.
Tratándose de microcréditos, los intermediarios financieros y las organizaciones especializadas en crédito micro empresarial, podrán cobrar honorarios y comisiones, de conformidad con las tarifas que autorice el Consejo Superior de Microempresa, según lo dispone el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, no repuntándose tales cobros como intereses, para efectos de lo estipulado en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990.
Crédito a entidades estatales
En todos los casos que pretenda celebrarse una operación de crédito público o sus asimiladas con las entidades estatales del orden nacional, definidas en el artículo 2.2.1.2. del Decreto 1068 de 2015, previo a la firma del mismo, sin excepción, debe exigirse la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el mencionado decreto.
Requisitos para el otorgamiento de créditos a cargo de entidades públicas territoriales
El otorgamiento de créditos a entidades públicas territoriales y sus organismos descentralizados, se rige por reglas que imponen a las entidades vigiladas una particular diligencia en el análisis de la capacidad de pago y endeudamiento de los potenciales deudores. En esa medida y dado que este tipo de entes se rigen por condiciones especiales, es deber de los establecimientos de crédito, además de los requisitos que se definan en sus políticas internas de crédito, exigir los requisitos dispuestos en las disposiciones legales en materia de endeudamiento para este tipo de entidades.
Para tal efecto, debe tenerse en cuenta:
Regulación vigente
En la celebración de operaciones de crédito público y sus asimiladas con entidades territoriales y sus organismos descentralizados, se deben atender las reglas contenidas en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y las contenidas en las Leyes 358 de 1997, 533 y 550 de 1999, 617 de 2000, 819 de 2003, y en las demás normas concordantes, incluyendo el Decreto 1068 de 2015.
Destinación de los recursos de financiación
En la celebración de operaciones de crédito público, las entidades vigiladas deben verificar que los recursos otorgados sean destinados a financiar gastos de inversión de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 358 de 1997, salvo aquellos créditos de corto plazo, los de refinanciación de deuda vigente o los adquiridos para pago de indemnizaciones de personal en procesos de reducción de planta.
Para el caso de créditos de corto plazo como los de tesorería, las operaciones de endeudamiento deben ajustarse a los requisitos establecidos para estas entidades en las disposiciones que les rigen, como el artículo 15 de la Ley 819 de 2003.
Capitalización de intereses
Las entidades financieras no pueden estipular mecanismos de financiación en los que por virtud de la capitalización de intereses se mantenga inactiva la atención de la deuda por un término relativamente considerable, sin que pueda evaluarse durante el mismo la capacidad de pago del deudor y, por ende, la calidad del crédito concedido en tales condiciones. Este mecanismo conduce a que no se revele en forma adecuada el servicio total de la deuda e impide ejercer el control sobre el límite de endeudamiento de las entidades territoriales previsto en la Ley 358 de 1997. En estos casos, el establecimiento de crédito debe verificar que la entidad territorial cumple además con la relación saldo de la deuda/ingresos corrientes establecido en el artículo 6 de la Ley 358 de 1997, cuando a ello hubiere lugar.
Garantías
Sin perjuicio de lo establecido en el subnumeral 2.1.2 del presente Capítulo, las entidades vigiladas deben tener en cuenta que los ingresos o rentas de vigencias futuras, son proyecciones y por tanto, son estimativos inciertos, para efectos de la asunción del riesgo implícito en dichas operaciones.
En igual sentido, es deber de los establecimientos de crédito asegurarse de que las garantías ofrecidas no tengan gravámenes o compromisos previos que limiten su eficacia, y en todo caso, cuando la cuantía del crédito no haga necesaria la sujeción a las normas sobre riesgo de concentración, el establecimiento de crédito debe verificar que las rentas no hayan sido otorgadas en garantía anteriormente a otras entidades financieras, salvo que la suficiencia de la renta sea tal que pueda garantizar créditos adicionales.
Límites a los niveles de endeudamiento
Cuando las entidades vigiladas otorguen crédito a las entidades territoriales deben, en todos los casos, verificar que estos no superen los límites de endeudamiento previstos en las Leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2013, u otras que las adicionen o modifiquen. Adicionalmente, tratándose de departamentos, distritos y municipios debe acreditarse el cumplimiento de los indicadores de gastos de funcionamiento a que se refieren los artículos 4, 6, 8 y 10 de la Ley 617 de 2000.
En todo caso, los establecimientos de crédito deben abstenerse de otorgar financiación a cualquier entidad territorial que, presentando una relación intereses/ahorro operacional superior al 60% o una relación saldo de la deuda/ingresos corrientes superior al 100%, no haya suscrito un plan de desempeño -el cual debe contar con la conformidad previa de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- y tenga la autorización de endeudamiento correspondiente, en los términos establecidos en la Ley 358 de 1997 y en la ley 2155 de 2021 y sus disposiciones complementarias.
La SFC impondrá las sanciones a que haya lugar por el otorgamiento de créditos a las entidades territoriales sin la verificación de la capacidad de pago de que trata la Ley 358 de 1997.
Planes de desempeño / Acuerdos de reestructuración - Programas de saneamiento fiscal
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 358 de 1997, los planes de desempeño son programas de ajuste fiscal, financiero y administrativo tendientes a restablecer la solidez económica y financiera de las entidades territoriales. No obstante, las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado pueden acogerse a los acuerdos de reestructuración de la Ley 550 de 1999 y a los programas de saneamiento fiscal a que se refiere la Ley 617 de 2000.
Tratándose de acuerdos de reestructuración, corresponde a las entidades vigiladas el control al cumplimiento de los acuerdos, bajo el entendido que el control atribuido a las entidades financieras sólo comprende acceder a información respecto del cumplimiento de los acuerdos de reestructuración por parte de las entidades territoriales, con el consecuente deber de comunicar a las autoridades competentes acerca de los incumplimientos identificados.
Los establecimientos de crédito deben abstenerse de otorgar cualquier nuevo endeudamiento a las entidades territoriales que incumplan el plan de desempeño a que se refiere el artículo 9 de la Ley 358 de 1997, salvo que tratándose de una nueva administración ésta cuente con autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo XXXI de la CBCF o las normas que lo modifiquen o sustituyan.
Mecanismos adicionales de verificación y de registro de la operación
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas a las entidades vigiladas en las normas que regulan la actividad de endeudamiento de las entidades a que se refiere este aparte, los establecimientos de crédito deben tener en cuenta mecanismos adicionales que les permitan evaluar en debida forma la capacidad de pago de dichas entidades y contar con suficientes elementos de juicio para valorar la seguridad de las operaciones realizadas. En tal sentido, entre los diversos mecanismos, resulta preciso que los establecimientos de crédito exijan de las entidades territoriales el certificado de registro de la deuda que expiden las correspondientes Contralorías.
Así mismo y con el fin de que las entidades sometidas a la Ley 358 de 1997 cumplan con el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 533 de 1999, de acuerdo con los cuales para la ejecución de estas operaciones de crédito es requisito indispensable proceder a su registro en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al envío de información referente a saldos y movimientos de dichas operaciones, se considera conveniente que en las minutas de contrato de empréstito interno que se acuerden con las entidades territoriales y sus organismos descentralizados, se incluya una cláusula que obligue a que previo el primer desembolso del préstamo, el prestatario, en cumplimiento de la citada disposición, remita a la Dirección General de Crédito Público copia del contrato de empréstito, para su consiguiente registro.
Para los efectos de este subnumeral, los establecimientos de crédito deben adoptar instructivos internos necesarios para poner en ejecución las medidas señaladas.
Contratos con empresas de servicios públicos de carácter oficial
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.6 de la Ley 142 de 1994, les está prohibido a las instituciones financieras celebrar contratos con empresas de servicios públicos oficiales para facilitarles recursos, cuando se encuentren incumpliendo los indicadores de gestión a los que deben estar sujetas, mientras no acuerden un plan de recuperación con la comisión encargada de regularlas.
En consecuencia, siempre que un establecimiento de crédito celebre operaciones de crédito con una empresa de servicios públicos de carácter oficial, debe verificar previamente, de manera formal y dejando constancia escrita en los documentos de estudio del crédito, si la respectiva empresa se encuentra cumpliendo los indicadores de gestión (cuyo seguimiento y control es realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios), o, en su defecto, si ha suscrito un plan de recuperación con el correspondiente ente regulador que la habilite para endeudarse.
Garantías para efectos de cupos individuales de crédito
Las instrucciones del presente numeral rigen hasta el 4 de agosto de 2025, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa 003 de 2024 de esta Superintendencia y según lo previsto en el Decreto 1533 de 2022.
Garantías admisibles
Para efectos de establecer los límites a los cupos individuales de crédito y de acuerdo con lo previsto en los artículos 2.1.2.1.3 y 2.1.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010, se consideran garantías admisibles los derechos reales o personales que permiten a la entidad financiera acreedora, en caso de ser incumplida la obligación garantizada, obtener de manera eficaz y oportuna su pago, incluso coactivamente, sin ser indispensable acudir ante la jurisdicción ordinaria. Así es como, la garantía admisible consiste en ofrecer un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación.
En tal sentido, la enunciación de garantías admisibles contenida en el artículo 2.1.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010 no es taxativa; por ende, las entidades financieras pueden aceptar como tales aquellas seguridades que conforme a la evaluación que de ellas hagan, reúnan las características descritas en los mencionados artículos. La evaluación pertinente debe reposar en la entidad y mantenerse a disposición de esta Superintendencia, acorde con las políticas de administración de riesgo de crédito.
A continuación, se considera pertinente efectuar las siguientes precisiones adicionales respecto de algunas garantías o seguridades admisibles:
Pignoración de rentas de entidades territoriales y entidades descentralizadas
Las garantías otorgadas por las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas deben evaluarse de acuerdo con los criterios definidos en el artículo 2.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010.
Ahora bien, conforme al artículo 11 de la Ley 358 de 1997, y para los efectos de lo previsto en el literal e. del artículo 2.1.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010, cuando se pignoren rentas de las entidades territoriales, de sus entidades descentralizadas o de las áreas metropolitanas y dichas rentas deban destinarse forzosamente a determinados servicios, actividades o sectores establecidos por la ley, se considera dicha pignoración como garantía admisible, sólo si el crédito asegurado con la prenda tiene como objetivo único financiar la inversión para la provisión de los mismos servicios, actividades o sectores a los cuales deban destinarse las rentas correspondientes.
No obstante, es posible constituir garantías sobre rentas de destinación específica para respaldar operaciones de sustitución de los créditos originales, es decir, para contraer una operación crediticia cuyos recursos se destinarán a pagar de manera anticipada otra obligación ya vigente. Lo anterior, en razón a que estas operaciones se interpretan como un acto de gestión sobre el pasivo financiero en el cual se realizan algunas modificaciones sobre la deuda inicial, pero manteniendo el propósito y monto de la operación.
Garantía personal
Conforme lo previsto en el literal h. del artículo 2.1.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010 es garantía admisible la garantía personal, esto es, el aval o fianza de personas jurídicas que tengan en circulación en el mercado de valores papeles con la mera garantía de su patrimonio, siempre y cuando se trate de personas cuyos valores hayan sido calificados como de primera clase por empresas calificadoras de valores inscritas ante la SFC. Esta garantía, respecto de las operaciones con un mismo deudor o grupo de deudores, no podrá ser superior al 15% del patrimonio técnico de la entidad acreedora.
Garantías mobiliarias
Se consideran admisibles, las garantías mobiliarias que refiriéndose a cualquiera de las operaciones de que trata el artículo 3 de la Ley 1676 de 2013, reúnan los requisitos establecidos en el artículo 2.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010.
La constitución, oponibilidad, registro, prelación y ejecución de las garantías mobiliarias siguen lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013 o las normas que la modifiquen, así como en sus decretos reglamentarios, entre estos, el Decreto 1074 de 2015 y sus modificaciones.
No obstante, la misma ley en el artículo 4 establece unas limitaciones a este tipo de garantía, al señalar que no será aplicable a los bienes muebles sobre los que la pignoración o utilización como garantía mobiliaria esté prohibida por ley imperativa o de orden público, y que se exceptuarán de lo dispuesto en dicha ley, las garantías mobiliarias otorgadas sobre:
Bienes muebles tales como las aeronaves, motores de aeronaves, helicópteros, equipo ferroviario, los elementos espaciales y otras categorías de equipo móvil reguladas por la Ley 967 de 2005.
Valores intermediados e instrumentos financieros regulados en la Ley 964 de 2005.
Garantías sobre títulos valores, que seguirán las reglas del Código de Comercio.
Depósito de dinero en garantía, cuando el depositario es el acreedor.
Títulos valores entregados en garantía
Los títulos valores que sean considerados como garantía admisible para efectos de lo previsto en el artículo 2.1.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010, y en consecuencia sean aceptables para efectos de la administración de riesgo de crédito deben cumplir con las siguientes condiciones:
Menciones de los títulos valores
Deben contener las menciones y requisitos que la ley señala para todos los títulos valores en general y, las particulares del que se recibe en garantía, salvo que la ley los presuma.
Librador
Los títulos deben ser librados por persona distinta del beneficiario del préstamo, sin perjuicio de que el deudor los avale para mayor seguridad de quien concede el crédito. Para efectos de ser considerados garantía admisible, deben ser emitidos, aceptados o garantizados por entidades financieras o por entidades emisoras de valores en el mercado público de valores, de acuerdo con el artículo 2.1.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010.
Vencimiento
Los títulos deben estar en aptitud para ser cobrados a la época del vencimiento del crédito, esto es, que las acciones cambiarias que de ellos emanan no caduquen ni prescriban durante el término en que ostentan la calidad de garantía.
Negociación
Los títulos deben negociarse en debida forma y cuando el endosante obre en calidad de representante o mandatario debe acreditar tal calidad.
Propiedad
Los títulos deben pertenecer efectivamente al deudor prendario.
Requisitos especiales de las facturas de venta
Tratándose de facturas de venta, deben cumplir con los requisitos especiales impuestos por la Ley 1231 de 2008, así como los que les sean complementarios.
Pignoración de los cánones de arrendamiento de los contratos de leasing
De conformidad con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 2.1.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010, se considera como admisible para los efectos de los cupos individuales de crédito, la garantía que verse sobre rentas derivadas de contratos de arrendamiento financiero o leasing, en tanto cumplan con:
i. Objeto
La pignoración de rentas recaiga sobre los cánones de arrendamiento que deben cancelar periódicamente los arrendatarios a favor de un establecimiento de crédito por razón de la celebración de un contrato de arrendamiento financiero.
ii. Requisitos
La pignoración de rentas que se constituya mediante la cesión de los derechos de crédito concretados a los cánones de arrendamiento y se surta de conformidad con el artículo 1959 del Código Civil, en armonía, con el artículo 822 del Código de Comercio, y siempre y cuando se observen los siguientes requisitos:
a. Entrega del título que documente el derecho.
b. Notificación del gravamen: debe producirse la notificación del gravamen al deudor del crédito dado en prenda.
c. Recaudo de los cánones: no puede existir por parte del acreedor prendario delegación en la entidad para efectuar el recaudo de los cánones.
d. Custodia del dinero recibido por el pago de los cánones: el acreedor prendario está obligado a mantener en custodia el dinero proveniente del pago de los cánones durante el lapso que precede al vencimiento de la obligación garantizada. Una vez vencida ésta, la suma que subroga el crédito pignorado puede ser aplicada a la satisfacción de la obligación garantizada en los términos del artículo 1173 del Código de Comercio.
En el evento en que la deuda garantizada esté vencida y el acreedor prendario reciba el pago de las rentas pignoradas, la garantía prendaria se subroga en dinero y como quiera que no es posible la prenda sobre el mismo, opera la conversión del negocio jurídico que dio origen a la garantía, tornándose en depósito de dinero respecto del cual es procedente aplicar el procedimiento señalado en el artículo 1173 del Código de Comercio.
En todo caso, si bien puede calificarse como garantía admisible la "pignoración de rentas" en comento, son las políticas de administración de riesgo de crédito las que deben determinar el nivel de riesgo que dichas seguridades conllevan.
Bonos de prenda
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010, los bonos de prenda están previstos como garantías o seguridades admisibles, en tanto cumplan con las siguientes instrucciones:
En aquellos eventos en que se otorguen créditos sobre mercancías depositadas en bodegas bajo el cuidado de los almacenes generales de depósito –AGD-, el establecimiento de crédito debe verificar que el valor de los préstamos concedidos sea inferior al valor de la mercancía que aparece en el certificado de depósito.
Al respecto, debe recordarse que sobre las mercancías existen derechos de retención y privilegio a favor de los AGD para hacerse pagar los derechos de almacenaje, comisiones y gastos de venta, de conformidad con lo previsto en el artículo 1188 del Código de Comercio, y en caso de tener que hacer uso del procedimiento indicado para el cobro de los bonos de prenda, se debe aplicar la prelación de que trata el artículo 798 del mismo código.
De otra parte, debe tenerse en cuenta el caso de las mercancías importadas que soportan gravámenes fiscales por no estar nacionalizadas, que tienen prelación según lo previsto en el Estatuto Aduanero y el artículo 798 del Código de Comercio.
Los anteriores elementos, así como el avalúo que el depositante y el AGD les han dado a las mercancías depositadas, deben ser tenidos en cuenta al realizar operaciones de descuento de los bonos de prenda.
Garantías no admisibles
Las garantías no admisibles, es decir, tanto las enunciadas en el artículo 2.1.2.1.6 del Decreto 2555 de 2010 como seguridades no admisibles, como aquellas garantías no aludidas en tal norma pero que no cumplan las condiciones de los artículos 2.1.2.1.3 y 2.1.2.1.4 del mismo Decreto, aunque pueden ser aceptadas por las entidades financieras como garantía de las operaciones activas de crédito que celebren, de acuerdo con sus políticas de administración de riesgo de crédito, no pueden ser aceptadas en el otorgamiento de aquellos créditos que superen los límites de los cupos individuales de crédito, puesto que la categoría de inadmisible de las garantías o seguridades establecida en las normas comentadas implica única y exclusivamente que estas no son idóneas para ampliar el límite básico del 10% del patrimonio técnico.
Operaciones de redescuento
Información a FINAGRO
Los establecimientos de crédito que han solicitado redescuento de bonos de prenda, deben informar al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario –FINAGRO- sobre las novedades ocurridas a las mercancías que se encuentran respaldando los citados bonos.
Con base en lo anterior, se debe comunicar cualquier operación a FINAGRO, que se haga con la mercancía sobre la cual se ha expedido un bono de prenda y ha sido redescontado por el establecimiento de crédito correspondiente.
Retención de los créditos redescontados
No es aceptable que los establecimientos de crédito avalen ante las entidades de redescuento créditos sin el perfeccionamiento de garantías por parte de los deudores, para posteriormente, una vez producidos los desembolsos, retener el total o parte del neto de cada préstamo, ocasionando parálisis en la ejecución de los proyectos de inversión financiados y encareciendo con la retención los costos financieros del crédito.
Por lo anterior, la entidad de redescuento debe exigir como requisito para aceptar los avales que el intermediario financiero le certifique la existencia legal de las contragarantías relativas al crédito garantizado.
Desviación de recursos de créditos de fomento
De conformidad con los artículos 23 de la Ley 5 de 1973 y 10 del Decreto 2645 de 1980, es obligación de las entidades prestamistas que participan del mecanismo de crédito para fomento agropecuario, declarar vencidas las obligaciones cuando se compruebe una destinación diferente a aquellas para la cual fueron concedidos los préstamos o en cualquier otra forma hayan incumplido los respectivos contratos.
Adicionalmente, FINAGRO está facultado para cargar a la cuenta de las entidades prestamistas las sumas correspondientes a los saldos insolutos de las operaciones de crédito redescontadas dentro de dicho fondo, cuando compruebe que el beneficiario final del crédito o el intermediario financiero, han incumplido los contratos de préstamo o las demás obligaciones que se adquieran por virtud de la ley.
Por otra parte, corresponde a la SFC y a la dirección del fondo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 16 de 1990 la inspección y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones aquí indicadas.
Exigencia de reciprocidad en el otorgamiento de créditos de fomento
En el trámite de los créditos de fomento no resulta legalmente admisible que los establecimientos de crédito efectúen exigencias a los usuarios, distintas de las contempladas en la ley o en normas reglamentarias, como son las reciprocidades consistentes en el mantenimiento de determinados promedios en constitución de depósitos a término, apertura de otras cuentas o adquisición de productos y otras análogas.
Operaciones con tarjeta de crédito
En las operaciones activas de crédito que realizan los establecimientos de crédito a través de los sistemas de tarjetas de crédito deben observarse las siguientes reglas:
Cupos de las tarjetas de crédito
Los cupos de las tarjetas de crédito deben otorgarse con sujeción a la política de crédito de cada establecimiento de conformidad con lo previsto en el Capítulo XXXI (SIAR) de la CBCF o las normas que lo modifiquen o sustituyan, y con las disposiciones previstas en el Capítulo 1 del Título II del Libro 1 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010. Por tal virtud, no puede anunciarse la expedición de tarjetas sin sujeción a cupo alguno y en cada extracto debe aparecer el cupo asignado por beneficiario, precisando el monto por utilizar.
La política en materia de cupos para tarjetas de crédito debe formularse por escrito por el órgano competente y ser de amplia difusión en cada entidad.
Aumento de los cupos de las tarjetas de crédito
Los aumentos de cupos deben corresponder a un previo estudio de la capacidad de endeudamiento de cada tarjetahabiente, salvo el caso de las tarjetas en estado activas, en las que el cupo puede modificarse hasta en un porcentaje equivalente al incremento del IPC correspondiente al año anterior.
Condiciones de financiación
Las condiciones de financiación que una entidad determinada ofrezca al público deben ser generales, de tal manera que el acceso al crédito por parte de cualquier usuario se haga en pie de igualdad. Ello implica que la tasa efectiva en estos productos es la misma, así el plazo de financiación sea diferente.
Prácticas inseguras
Sin perjuicio de las prácticas abusivas previstas en la Parte I, Título III, Capítulo I de la CBJ y de conformidad con las facultades otorgadas a esta Superintendencia, se califican como inseguras las siguientes prácticas:
El ofrecimiento de cupos de crédito a favor de grupos de personas, sin que éstas hayan formulado solicitud alguna ante las entidades y sin que por parte de las instituciones se hubiere efectuado un análisis del riesgo a través del estudio de sus condiciones económicas.
El exceso en los cupos máximos.
No adoptar las medidas apropiadas para impedir que los tarjetahabientes que han excedido los cupos máximos aprobados continúen utilizando la tarjeta.
No adoptar las medidas apropiadas para impedir que los tarjetahabientes que han excedido los cupos máximos aprobados continúen utilizando la tarjeta. Con el fin de prevenir la ocurrencia de estos hechos el establecimiento de crédito debe señalar las medidas que serán tomadas por la entidad, en el reglamento de uso de la tarjeta.
Operaciones interfinancieras
Las operaciones interfinancieras entendidas como aquellas que sirven como mecanismo de transferencia institucional de recursos entre entidades vigiladas -a condiciones de mercado-, permitiéndoles mantener una posición activa y pasiva de manera concomitante, se rigen por las disposiciones contenidas en el Capítulo XIX de la CBCF o las normas que lo modifiquen o sustituyan y se encuentran sujetas tanto a los límites de cupos individuales de crédito establecidos en el artículo 2.1.2.1.8 del Decreto 2555 de 2010 como a los cupos globales definidos por la juntas directivas de las entidades, los cuales deben ser evaluados periódicamente y mantener los soportes de las decisiones a disposición de la SFC.
El incumplimiento de este requisito es calificado como práctica insegura por esta Superintendencia.
Aceptaciones de títulos
Condiciones generales para la aceptación de títulos valores
De conformidad con lo previsto en los artículos 7, 12 y 24 del EOSF, los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento están legalmente facultadas para aceptar letras de cambio en los términos y condiciones señaladas en las normas citadas. Las corporaciones financieras, adicionalmente pueden aceptar cualquier clase de títulos emitidos a favor de las empresas con plazo mayor de un 1 año, siempre y cuando correspondan a financiación por parte del vendedor a más de un 1 año en el momento en que se efectúe la operación y se refieran a bienes distintos de automotores de servicio particular.
Para tales efectos, es necesario tener en cuenta las siguientes reglas:
Compraventa como relación causal
Cada aceptación debe ser el reflejo de una operación cierta de compraventa de bienes. Por tanto, los establecimientos de crédito deben adoptar todos los mecanismos indispensables para verificar la existencia de la transacción mercantil; para ello deben exigir el documento o la copia del mismo que instrumente el negocio, o la factura, el contrato de transporte, los registros de importación tratándose de las aceptaciones bancarias etc., así como cualquier documento que haga referencia a la relación causal que de origen al título valor.
Control
A fin de contar con un control adecuado, los establecimientos de crédito mencionados deben tener un sistema de información eficiente que permita mantener un adecuado registro de las aceptaciones de títulos por parte de la entidad, el cual contenga:
i. Nombre e identificación del beneficiario o tenedor inicial.
ii. Si se trata de personas jurídicas, es indispensable, además que se acrediten los certificados de existencia y representación legal y los poderes de quiénes actúan como apoderados o representantes legales del girador del título.
iii. Monto de la obligación.
iv. Fecha en que la letra de cambio es aceptada, fecha de vencimiento y fecha en que se cubre la aceptación y deja de ser un pasivo.
v. Indicación de la sucursal o agencia del establecimiento de crédito que efectuará el pago conforme al tenor literal del título.
vi.Número o serie de la aceptación.
vii. Documentos que deben presentarse y requisitos que deben cumplirse para la aceptación de la letra por parte del establecimiento de crédito.
viii. Nombre de identificación de la persona a quien se le hace el pago.
Condiciones de seguridad de los títulos
Las compañías de financiamiento, los bancos y las corporaciones financieras deben velar por expresar su aceptación en documentos que reúnan óptimas condiciones de seguridad con el fin de preservar su integridad. Dichos documentos deben contener, por lo menos, la siguiente información:
Contenido de los documentos
i. Serie o número de identificación, según sea el sistema que escoja el establecimiento, a fin de permitir su fácil identificación en el sistema de información a que se refiere el punto anterior.
ii. Indicación de la sucursal o agencia del establecimiento que efectuará el pago.
iii. Fecha de la aceptación y fecha de vencimiento.
Condiciones para la aceptación de letras de cambio
Compañías de financiamiento
De conformidad con lo previsto en el artículo 24 literal f. del EOSF las letras de cambio que acepten las compañías de financiamiento son libremente negociables, no renovables y solo pueden originarse en transacciones de compraventa de bienes en el interior del país. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 8 de la Resolución 1 de 2018 expedida por la JDBR, aquellas entidades que reúnan los requisitos exigidos por dicha norma pueden aceptar letras de cambio que se originen en operaciones de compraventa de bienes en el exterior.
Corporaciones financieras
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 literal h. del EOSF, las corporaciones financieras pueden aceptar letras de cambio cuando tales títulos han sido emitidos a favor de las empresas de que trata el artículo 11 ibídem, siempre y cuando correspondan a financiación otorgada por el vendedor a más de 1 año en el momento en el que se efectúe la operación y se refiera a bienes distintos a automotores; y realizar operaciones de factoring con títulos cuyo plazo sea inferior al plazo señalado o que correspondan a financiación por parte del vendedor a menos de 1 año en el momento en que se efectúe la operación.
Establecimientos bancarios
Las letras de cambio que acepten los establecimientos bancarios pueden originarse en transacciones de bienes correspondientes a compraventas nacionales e internacionales según lo dispone el artículo 7 literal f. del EOSF. Toda aceptación debe ser girada a la orden y a un día cierto y determinado. Entre la fecha de aceptación y la fecha de vencimiento no podrá mediar más de 1 año. En ningún caso las letras aceptadas pueden ser objeto de renovación o prórroga.
Cómputo para cupo individual de crédito
Como parte de las operaciones activas de crédito autorizadas a los establecimientos de crédito, las aceptaciones de letras, así como los avales y demás garantías otorgadas por las entidades vigiladas computan para los efectos de determinar el cupo individual de crédito del girador en los términos del Decreto 2555 de 2010 y en consonancia con lo señalado en el numeral 3 del presente Capítulo.
Pago de la letra de cambio
Los establecimientos de crédito a que se ha hecho referencia deben pagar la letra de cambio a su tenedor, para lo cual deben dejar constancia de tal evento, y mantener la información correspondiente, indicándose el nombre completo y los documentos de identidad, tratándose de personas naturales; y de los poderes y certificados de representación de aquellas personas que actúen en calidad de apoderados o representantes legales de personas jurídicas.
Prescripción de la acción cambiaria
En el caso de que una letra no sea presentada para su pago y se cause la prescripción de la acción cambiaria a favor de la institución aceptante, ésta debe adoptar las medidas necesarias, de acuerdo con las circunstancias, para restituirle a su cliente la disponibilidad absoluta sobre la provisión en el caso en que ella se hubiere constituido, salvo el evento previsto en el artículo 696 del Código de Comercio.
Régimen aplicable
En todo lo relacionado con la creación de la letra de cambio, aceptación, pago, protesto, reposición, cancelación y reivindicación, los establecimientos de crédito deben dar cumplimiento a lo previsto en el Título lll del Libro Tercero del Código de Comercio.
Evaluación de solvencia del ordenante
Los establecimientos de crédito deben realizar el análisis que conlleva cualquier operación activa para verificar la solvencia del ordenante, el nivel de endeudamiento, su capacidad de pago y todos aquellos otros elementos que permitan determinar la viabilidad de la expedición de la respectiva aceptación con el propósito de evaluar en cada caso los riesgos que asume la institución.
En consecuencia, los establecimientos de crédito deben abstenerse de otorgar aceptaciones que no reúnan los requisitos exigidos en las instrucciones contenidas en este numeral como los referentes al estudio de la situación financiera del solicitante en los términos descritos, por constituir dicha conducta una práctica no autorizada e insegura.
Crédito documentario
Constituye una operación activa de los bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento, de acuerdo con su régimen legal, el otorgamiento de crédito documentario en los términos definidos por el artículo 1408 del Código de Comercio. En tal virtud, los mencionados establecimientos de crédito pueden emitir cartas de crédito tradicionales, es decir como instrumento de pago o financiación y cartas de crédito stand-by, como garantía del pago de una obligación, según instrucciones recibidas de su cliente.
Características de la carta de crédito
Autonomía
El principio de autonomía es aplicable a las cartas de crédito, en cuanto que las relaciones entre comprador y vendedor generan unas consecuencias que no son oponibles a las relaciones entre el establecimiento de crédito como pagador y el beneficiario y, que a su turno, las relaciones entre ordenante y el emisor son independientes a las que existen entre ordenante y beneficiario y entre pagador y beneficiario.
Cada relación entre las partes las vincula en forma exclusiva y los demás son terceros respecto de dicha relación, de tal manera que no resultan afectados directamente por el desarrollo de la misma. Una vez otorgada la carta de crédito el establecimiento asume un compromiso directo de pagar al beneficiario, siempre y cuando éste cumpla con las condiciones y requisitos pactados en el crédito. La obligación que asume el establecimiento de crédito frente al beneficiario es una obligación condicionada a que éste último le acredite el cumplimiento de su obligación para con el ordenante mediante la presentación de los documentos exigidos en la carta de crédito.
Literalidad
Las partes intervinientes en la carta solo pueden tener como valederas y exigibles las instrucciones, órdenes, condiciones y requisitos que aparezcan debida y expresamente señalados en el texto mismo de ella.
Formalidad
Hace referencia a los documentos que acompañan la carta de crédito y en virtud de la cual se presume que el vendedor ha satisfecho su obligación con el ordenante, cuando presenta al establecimiento de crédito los documentos formalmente correctos. Esta característica surge de las reglas y usos uniformes expedidas por la Cámara Internacional de Comercio, cuando afirman que los bancos deben proceder al examen cuidadoso de los papeles y documentos presentados, para cerciorarse de que exteriormente están de acuerdo con las condiciones del crédito. Es decir, se trata de una verificación formal y por esta razón no puede el ordenante obligarlos a responder por las condiciones intrínsecas de los mismos.
Así es como, el establecimiento de crédito puede ser responsable de la presentación defectuosa de los documentos que debe verificar, así como de las alteraciones o enmendaduras de los mismos, que de un examen diligente sean identificables y puedan derivar en invalidez o falsificación de ellos.
Transferencia de la carta de crédito
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1413 del Código de Comercio, las cartas de crédito son en principio intransferibles salvo que en ellas se haga constar expresamente su transferencia. En este caso, quedará el beneficiario facultado para que el crédito abierto a su favor pueda ser transferido a favor de uno o más beneficiarios, bien sea por la totalidad de su valor o por una parte, siempre que instruya al establecimiento encargado de hacer el pago o las aceptaciones.
Sin embargo, la transferencia referida no puede realizarse mediante endoso, atendiendo lo dispuesto en el Decreto 2756 de 1976, debiendo efectuarse como una cesión de créditos personales. En consecuencia, la negociación no produce efecto contra el obligado ni contra terceros, mientras no sea notificada por el cesionario al establecimiento de crédito.
Si se cumple con el requisito de la notificación contemplado en los artículos 1959 a 1966 del Código Civil, no le será viable al establecimiento de crédito oponerse al pago.
Régimen de insolvencia empresarial del ordenante
El compromiso que asume el establecimiento de crédito de pagar una suma de dinero o de aceptar o negociar títulos valores girados por el beneficiario siempre que los documentos se presenten en debida forma por el mismo dentro de la oportunidad señalada para el efecto, es una obligación condicional que tan sólo depende del cumplimiento de tales requisitos por parte del deudor.
Por consiguiente, no podrá oponer el establecimiento de crédito al beneficiario como excepción al pago que le corresponde, el hecho de que el ordenante esté en proceso de reorganización empresarial o de liquidación judicial, pues no puede resultar el beneficiario afectado por la relación existente entre el emisor y el ordenante.
Apertura de créditos documentarios con recursos de líneas de crédito directas
Resulta válido establecer cartas de crédito utilizables con los recursos provenientes de líneas de crédito directas, con lo cual dichas cartas sirven sólo como instrumentos de pago y, en consecuencia, no conllevan una financiación de la operación por parte de la entidad emisora de las mismas.
En el documento en el cual conste la solicitud de apertura de la carta de crédito debe quedar constancia explícita sobre la vinculación existente entre la misma como instrumento de pago y la línea de crédito directa. Así mismo, debe existir evidencia documental de la conformidad emitida por la entidad otorgante de la línea de crédito, en el sentido de que el banco emisor proceda a expedir la carta de crédito bajo el compromiso de pago del valor equivalente a las utilizaciones efectuadas, en los términos del acuerdo celebrado, cuyas condiciones deben constar por escrito, toda vez que obrar en sentido diverso entrañaría una práctica insegura.
Considerando las características de la operación, específicamente los compromisos que se adquieran frente al beneficiario de la carta de crédito y frente a los bancos corresponsales que obren como confirmantes, la entidad debe establecer parámetros objetivos para evaluar el riesgo derivado de su celebración, en cuanto al análisis de la solidez financiera de la entidad otorgante de la línea de crédito directa.
Operaciones con títulos valores en blanco
Las operaciones activas de los establecimientos de crédito que soporten su garantía, total o parcialmente en títulos valores en blanco deben atender las disposiciones contenidas en el artículo 622 del Código de Comercio. En cumplimiento de lo anterior, además de las instrucciones que los clientes consideren necesario introducir, la carta de instrucciones debe contener:
Clase de título valor.
Identificación plena del título sobre el cual recaen las instrucciones.
Elementos generales y particulares del título, que no consten en éste, y para el cual se dan las instrucciones.
Eventos y circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el título valor.
Copia de las instrucciones que debe quedar en poder de quien las otorga.
Esta Superintendencia considera práctica insegura y no autorizada la inobservancia de las instrucciones impartidas anteriormente.
Operaciones de comercio exterior - reglamentación en materia de importaciones
En aplicación de la Resolución Externa No. 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR), se considera necesario impartir instrucciones en relación con la documentación que debe exigirse en materia de pagos al exterior por concepto de importaciones de bienes.
Documento de transporte
Cuando los intermediarios del mercado cambiario (IMC) autorizados emitan cartas de crédito, deben estipular, como condición para el pago en el exterior de las mismas, la presentación del documento de transporte. Copia o fotocopia de este documento también debe ser exigida a los importadores colombianos por los IMC previo al otorgamiento de la financiación de importaciones.
No se considera obligatoria la exigencia de este documento si se trata del pago anticipado de una importación.
Declaración de cambio
Los IMC en el momento de vender las divisas a los importadores colombianos para cancelar la financiación de importaciones o para efectuar el pago al exterior del valor de la importación, deben exigir los formularios y declaraciones correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en las normas cambiarias.
En todo caso, los IMC deben verificar la información requerida en las declaraciones de cambio, de conformidad con la Resolución Externa No. 1 de 2018, la Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 y las demás normas cambiarias que el Banco de la República expida para su efecto.
Pago de importaciones en pesos
De conformidad con la Resolución Externa No. 1 de 2018, los pagos de importaciones en moneda legal están autorizados, siempre y cuando se canalicen a través de los IMC y estos últimos exijan la declaración de cambio correspondiente.
Prácticas no autorizadas o inseguras
En virtud de las instrucciones, se califican como prácticas inseguras o no autorizadas las siguientes:
Otorgar financiaciones sin el debido registro ante el Banco de la República, dentro de los plazos consagrados en las normas cambiarias.
Modificar las cartas de crédito de importación para que los pagos en el exterior se hagan con la simple presentación de la factura comercial.
Vender divisas por importaciones de bienes que constituyen endeudamiento externo sin la presentación de la declaración de cambio correspondiente.
Recibir pesos de los importadores para el pago de importaciones en moneda legal sin la presentación de la declaración de cambio correspondiente.
Recibir declaraciones de cambio diligenciadas parcialmente, incompletas o erradas.
Recibir en forma extemporánea las declaraciones de cambio.
Recibir de los bancos corresponsales cobranzas de cheques en moneda legal para su cobro y giro al exterior del equivalente en moneda extranjera sin la presentación de la declaración de cambio correspondiente.
Depósitos en cuentas corriente y/o ahorros
Condiciones para la apertura de cuentas
Los establecimientos de crédito deben verificar que en la apertura de depósitos en cuentas corrientes y de ahorros, excepto de aquellas a que se refieren los numerales 4 y 5 de este Capítulo, se recolecte la información y los datos requeridos para implementar mecanismos de autenticación para la realización de operaciones monetarias y no monetarias, por parte del titular o titulares del respectivo producto.
En el evento en que los mecanismos de autenticación implementados requieran de la recolección y almacenamiento de muestras biométricas, las entidades deben atender las instrucciones del numeral 2.3.9.2 del Capítulo I del Título II de la Parte I de la presente Circular.
La recolección y almacenamiento de los datos deberá realizarse en condiciones de seguridad que permitan la eventual práctica de pruebas técnicas, en el evento en que las autoridades gubernamentales o judiciales respectivas así lo requieran.
Los funcionarios encargados de la vinculación de clientes deben tener especial diligencia y cuidado para que la recolección de datos se ajuste a las técnicas que informan esta materia y, en particular, a los requerimientos mínimos para la implementación y uso de biometría como factor de autenticación electrónica, de conformidad con el numeral 2.3.9 del Capítulo I del Título II de la Parte I de la presente Circular.
En aquellos eventos en que los depósitos de ahorro cumplan con las condiciones referidas en los literales a y b del artículo 2.1.15.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o aquellas normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, se podrá acudir al procedimiento simplificado de conocimiento del cliente previsto en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la presente Circular.
Tratamiento de cuentas inactivas y abandonadas
Los depósitos realizados en cuentas corrientes o de ahorros generan un derecho personal para el depositante en contrapartida de un crédito a cargo de la entidad depositaria. En tal virtud, aún vencido el plazo legal o convencional para reclamarlo, permanece para el depositante la facultad jurídica para exigir el cumplimiento de su obligación por parte del establecimiento de crédito, la cual corresponde al pago de una suma de dinero equivalente a la depositada, con los respectivos intereses, si a ello hay lugar.
No obstante, las entidades vigiladas deben dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 126 de la Ley 2294 de 2023 (y cualquier norma que la modifique, adicione o complemente) y la Ley 1777 de 2016.
Para los efectos previstos en la Ley 1793 de 2016, se considera que una cuenta de ahorros está inactiva cuando no se haya realizado alguna operación durante un periodo de 6 meses consecutivos. Entiéndase por operación cualquier movimiento de depósito, retiro, transferencia o en general cualquier débito o crédito que afecte al producto, con excepción de los créditos o débitos que la institución financiera realice con el fin de abonar intereses o cobrar costos financieros y/o transaccionales.
Recepción de moneda de curso legal
En atención a que el artículo 11 de la Ley 31 de 1992 establece que la moneda legal es el único medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado, las entidades vigiladas deben recibir y devolver el cambio de moneda metálica, así como recibir billetes viejos, deteriorados o de baja denominación, en las funciones de intermediación que les han sido autorizadas y específicamente, en desarrollo de los contratos de depósito a la vista o a término.
Adicionalmente, considerando la vocación circulatoria del dinero y el deterioro al que en virtud de ésta se expone la moneda, el Banco de la República estableció condiciones y procedimientos de cambiabilidad en la Circular Reglamentaria Externa DTE-53 de 2001, y aquellas normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, correspondiendo exclusivamente a dicho organismo la facultad de retirar billetes y monedas de circulación, tal como lo establece el artículo 10 de la Ley 31 de 1992.
En ese orden de ideas, los establecimientos de crédito deben contar con mecanismos adecuados que permitan verificar permanentemente que la institución devuelve el cambio en las operaciones que realiza y que recibe moneda legal, tanto en billetes como en moneda metálica de cualquier denominación, garantizando su plena utilización por parte de clientes y usuarios. Actuar de manera contraria implica desconocer las reglas señaladas, las cuales resultan abiertamente lesivas de los intereses de los clientes y usuarios del sistema.
Autorización de los reglamentos de los productos de las secciones de ahorro
El procedimiento de autorización de los reglamentos de los productos de la sección de ahorros de los establecimientos de crédito y cajas de compensación se sujeta al régimen de autorización general o individual de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente numeral.
Las entidades podrán surtir el trámite de autorización a través de cualquiera de los dos regímenes de acuerdo con las reglas contenidas en el presente Capítulo. Aquellas entidades que cumplan con los presupuestos para obtener la autorización a través del régimen general podrán optar por someterse al trámite individual para lo cual bastará con radicar los documentos bajo el código correspondiente a este último trámite.
Contenido mínimo de los reglamentos de los productos de las secciones de ahorro
Los reglamentos de los productos de las secciones de ahorro deben contener, como mínimo, las siguientes cláusulas:
(i) Condiciones y requisitos para la apertura del producto
(ii) Características y condiciones del producto
(iii) Derechos y obligaciones de las partes
(iv) Canales dispuestos por la entidad para el retiro de las sumas de dinero con la indicación del canal gratuito habilitado para ese propósito (Ley 1836 de 2017)
(v) Condiciones, límites y costos para el retiro de los recursos
(vi) Las tarifas asociadas al uso del producto y la forma para determinarlas y cobrarlas
(vii) Las condiciones y medidas para el uso y manejo seguro del producto y los canales asociados al mismo
(viii) Las condiciones de liquidación y abono de intereses
(ix) Las reglas y condiciones para la cancelación del producto
(x) Las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato
(xi) Las condiciones de manejo de la información del titular del producto, específicamente lo relacionado con el uso comercial que se dará al mismo
(xii) Los mecanismos de protección para la defensa del consumidor financiero, incluyendo las reglas sobre las modificaciones del producto, el término para notificar las modificaciones al reglamento, la información relacionada con el seguro de depósitos y la indicación de si las decisiones del defensor del consumidor financiero de la entidad son de obligatorio cumplimiento
(xiii) Los eventos en los cuales la entidad se encuentra habilitada para efectuar débitos automáticos del producto. Las cláusulas de compensación por el uso o adquisición de otros productos con la entidad deben estar expresamente consagradas y autorizadas en los contratos asociados a dichos productos y no en los reglamentos de los productos de ahorro del titular.
(xiv) Demás información que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor comprenda el funcionamiento del producto y los servicios asociados al mismo.
La información contenida en los reglamentos de los productos de ahorro debe ser veraz, suficiente, clara, pertinente y verificable. Además, debe permitir y facilitar la adecuada comprensión por parte del cliente, para que este pueda tomar decisiones informadas.
Los reglamentos podrán contener remisiones a los medios masivos de información donde se puedan consultar aspectos relacionados con límites y costos para el retiro de los recursos, tarifas asociadas al uso de los productos y las políticas de tratamiento de datos de la entidad.
En ningún caso, los reglamentos pueden incluir estipulaciones contrarias a las normas e instrucciones aplicables para este tipo de productos tales como: (i) saldos mínimos obligatorios, (ii) autorizaciones generales para el manejo de la información del cliente, (iii) cláusulas abusivas o cualquier otra que pueda afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de la posición dominante contractual, según lo establecido en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009.
Régimen de autorización individual
Se someten al régimen de autorización individual, los reglamentos de los productos de la sección de ahorro de las entidades que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
(i) Cuando se trate del primer reglamento de la sección de ahorros de la entidad
(ii) Cuando, durante el último año, haya sido sancionada por incumplimiento de las normas relacionadas con el régimen de protección al consumidor financiero
(iii) Cuando, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de aprobación del reglamento por parte de la Junta Directiva, la entidad vigilada haya sido objeto de la adopción de un instituto de salvamento
(iv) Cuando se encuentre sometida a vigilancia especial o se encuentre adelantando programas de recuperación, saneamiento o adecuación de capital.
Régimen de autorización general
Las reformas o modificaciones a los reglamentos de los productos de la sección de ahorro que hayan sido aprobados por la SFC se entienden autorizadas de manera general, siempre que: (i) cumplan los requisitos legales, y (ii) no incluyan estipulaciones contrarias a las normas e instrucciones que los rigen, ni al régimen de protección al consumidor financiero contenido en las Leyes 1328 de 2009, 1793 de 2016, 1836 de 2017, la presente Circular Básica Jurídica, y demás normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.
Trámite de autorización del régimen general.
Las reformas a los reglamentos de los productos de ahorro en operación deben ser aprobadas por la junta directiva de la entidad o el órgano que haga sus veces. Adicionalmente, se entienden autorizadas mediante el régimen general, siempre que cumplan las condiciones establecidas en los subnumerales 1.4.1. y 1.4.3 del presente Capítulo.
Para el efecto, la entidad debe remitir a la SFC la documentación prevista en la lista de chequeo respectiva. En la certificación suscrita por su representante legal debe constar que las modificaciones al referido reglamento cumplen con las condiciones señaladas en el subnumeral 1.4.1 del presente Capítulo.
Los reglamentos de los productos de la sección de ahorros a los que les aplique el régimen de autorización general se entienden autorizados a partir de la fecha que se indique en el acto administrativo que se emita para tal efecto.
Toda información suministrada que sea falsa, engañosa, inexacta o incompleta da lugar a las medidas de supervisión o sanciones administrativas que considere esta Superintendencia en ejercicio de sus atribuciones legales.
La autorización impartida mediante este procedimiento no restringe la facultad que tiene la SFC de solicitar y verificar, en las entidades vigiladas, el contenido de los reglamentos de las secciones de ahorro que hayan surtido el trámite de autorización a través del régimen general indicado en este Capítulo.
Las modificaciones a los reglamentos de los productos de la sección de ahorros deben ser notificadas a los consumidores financieros en los términos que se establezca en el respectivo contrato y deben ser actualizadas en todos los documentos que la respectiva entidad utilice para la comercialización y ofrecimiento del respectivo producto, así como en su página web.
Extractos de cuenta de ahorro
Los extractos de cuentas de ahorro deben indicar, por lo menos una vez al año, cuál es la periodicidad y forma de liquidación de los intereses. En el evento en que se presenten modificaciones respecto de esta información, el extracto debe incorporar la periodicidad y forma de liquidación de intereses que se esté aplicando en ese momento.
Depósitos de ahorro y certificados de ahorro a término
Aspectos comunes
Tanto en los Certificados de Depósito a Término (CDT) como en los Certificados de Ahorro a Término (CDAT), los establecimientos de crédito pueden acordar con el depositante que, al llegar al término de vencimiento, si este no se prorroga por falta de acuerdo entre las partes, el importe del depósito quedará a su disposición del depositante a partir del vencimiento del plazo señalado para su restitución, sin que por ello se cause rendimiento alguno.
Cuando sea el caso, los establecimientos de crédito deben informar oportunamente y por escrito a la dirección física o al correo electrónico del titular del depósito su decisión de no prorrogar el contrato, salvo que: (i) en el texto del certificado se hubiere previsto que, ante el silencio de las partes, el mismo se prorrogará en condiciones previamente determinadas o determinables, y (ii) que la entidad hiciere uso de tal prerrogativa. En este último evento, el certificado se prorrogará por un término igual al inicial y en las condiciones (de tasa, modalidad de pago, plazo, otros) que se hubieren previsto para tal efecto.
La constancia que se expide con ocasión de la entrega de recursos en depósitos de ahorro es una simple constancia de depósito que legitima a su titular para exigir el pago de su acreencia. Por tanto, tal constancia no tiene vocación de circulación en los términos del artículo 645 del Código de Comercio, de manera que no puede ser expedida al portador, ni transferirse mediante endoso. De igual forma, el tratamiento indicado en el artículo 802 del Código de Comercio para los casos de hurto, destrucción o extravío de los títulos valores no es aplicable a los documentos representativos de los depósitos de esta modalidad de ahorro.
Depósitos de ahorro y CDAT- de corporaciones financieras y compañías de financiamiento
En desarrollo de lo previsto en el artículo 2.36.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento pueden captar recursos a través de depósitos de ahorro a la vista o mediante la expedición de CDAT sin más requerimientos que los capitales mínimos establecidos en el artículo 80 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), a efecto de lo cual deben sujetar sus nuevas operaciones a las disposiciones de los artículos 126, 127 y 128 del mismo Estatuto. Sin perjuicio de lo anterior, la captación de recursos del público a través de depósitos en cuenta corriente se mantiene como una operación autorizada exclusivamente para los establecimientos bancarios conforme a lo establecido en el artículo 7 del EOSF.
Ahora bien, previamente al desarrollo de la captación de ahorros del público a través de depósitos de ahorro y CDAT, las entidades deben acreditar ante esta Superintendencia el cumplimiento de las siguientes condiciones:
Infraestructura tecnológica: Las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento que pretendan captar recursos mediante depósitos de ahorro a la vista y CDAT deben demostrar que cuentan con una infraestructura tecnológica adecuada y con procedimientos debidamente soportados. Por tanto, los interesados deben presentar un informe previo a la SFC para su aprobación, que por lo menos contemple los siguientes aspectos:
Requerimientos tecnológicos que describan los esquemas generales de registro de datos por clientes, operaciones y consolidación, así como las especificaciones técnicas de los sistemas de información (los cuales deben operar en forma integral), equipos de cómputo (nuevo o ensanche del actual) y en general todos los aspectos y detalles técnicos necesarios para implantar en la entidad el producto aquí referido, sustentado en un cronograma que detalle las actividades necesarias para su instalación y puesta en funcionamiento. El procesamiento electrónico de la información que corresponda a este tipo de operaciones debe hacerse con una plataforma tecnológica de propiedad de la entidad o bajo la modalidad de outsourcing o tercerización, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad exigidas por esta Superintendencia.
Se debe indicar de manera clara y expresa si los sistemas de información cumplen con los siguientes aspectos de índole operacional:
El sistema debe permitir el registro y consulta de, por lo menos, los siguientes aspectos de un cliente o usuario:
Identificación.
Actividad económica.
Oficinas y ciudades en donde realiza las transacciones.
Tipo de operación, fecha de realización y monto de la misma.
Almacenar el registro de la totalidad de las operaciones de un cliente o usuario y permitir la consulta de los aspectos antes enunciados de manera transaccional o en forma consolidada.
Consolidar todas las transacciones y clasificarlas por cliente, tomando en consideración los aspectos mencionados en el subnumeral 2.2.1.2.1. de la presente Circular, con una frecuencia diaria como mínimo y a nivel de oficina y/o ciudad.
Manejar todos los aspectos relacionados con la captación de recursos a través de los productos aquí referidos en forma automática, y efectuar la contabilización en línea de la totalidad de las operaciones, de tal manera que en situaciones normales no se requieran procesos manuales entre las diferentes oficinas para su consolidación y conciliación diaria. En el evento en que las anteriores transacciones no se puedan realizar en línea, por problemas de tipo tecnológico, la entidad debe disponer de esquemas de contingencia que permitan su actualización.
Causar, abonar y contabilizar diariamente los rendimientos.
Adquisición de los equipos de cómputo y de comunicaciones.
Planes de contingencia que garanticen el adecuado funcionamiento de las operaciones de la entidad en situaciones anormales.
Manual del producto que contenga las características, controles y procedimientos para su operación.
El anterior informe debe estar certificado por la auditoría interna. Dicha certificación debe detallar el cumplimiento de tales procedimientos y características.
Infraestructura financiera: Se debe demostrar que se cuenta con una infraestructura financiera adecuada, para lo cual deben remitir un estudio de factibilidad que comprenda por lo menos:
Estudio de mercado que contenga, como mínimo: (i) el mercado objetivo que se tiene contemplado penetrar, (ii) las características del mismo y, (iii) su viabilidad técnica. El referido estudio de mercado debe ser elaborado por una empresa idónea a juicio de la SFC o por el establecimiento de crédito. En este último caso, se deben allegar las hojas de vida de los autores incluyendo el detalle de las condiciones profesionales y técnicas que los avalen.
Estudio financiero del producto que considere, como mínimo, los siguientes aspectos:
Necesidades de capital, sin perjuicio del mínimo exigido por la ley, así como el cubrimiento de la inversión fija
Ingresos y gastos de funcionamiento normal del proyecto, que incluyan las erogaciones adicionales, entre otros, por concepto de personal, administrativos, publicidad, así como la amortización de las inversiones iniciales
Punto de equilibrio
Fuentes de financiación del proyecto
Conclusiones del estudio financiero
Gestión de riesgos: Las operaciones desarrolladas en virtud de captaciones a la vista o mediante CDAT deben hacer parte de los sistemas de administración de riesgos, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera.
Prácticas inseguras y no autorizadas
Se consideran prácticas inseguras y no autorizadas a los establecimientos de crédito, entre otras:
El incumplimiento a las disposiciones que rigen la adecuada recolección de muestras biométricas de los clientes de manera que no se ajusten a las técnicas que rigen la materia.
La inobservancia de los requerimientos mínimos necesarios para realizar captaciones de recursos a la vista o mediante CDAT por parte de las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento.
El desembolso de créditos aprobados a los clientes través de CDT y CDAT.
El ofrecimiento de comisiones, pagos en dinero, en especie o cualquier otro estímulo por parte de las entidades vigiladas a sus clientes, con el propósito de canalizar todos los pagos de impuestos a través de su red de oficinas.
Depósito de bajo monto
Los depósitos de bajo monto son depósitos a la vista, a nombre de personas naturales, los cuales se encuentran definidos en el artículo 2.1.15.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
Los depósitos de bajo monto inclusivos son aquellos que, además de cumplir las características definidas en el referido artículo, sean dirigidos a las personas pertenecientes al nivel 1 del SISBEN, desplazados inscritos en el Registro Único de Población Desplazada o beneficiarios de programas de ayuda y/o subsidios otorgados por el Estado Colombiano.
Las entidades vigiladas deben aplicar el procedimiento simplificado de conocimiento del cliente previsto en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la CBJ para la vinculación de clientes a depósitos de monto.
Adicionalmente, las entidades vigiladas deben establecer procedimientos para verificar el contenido y veracidad de la información del cliente sin que esto implique presencia física del mismo.
En los productos a los que se refiere el presente numeral no es necesario conservar tarjetas de registro de firmas ni recolectar huellas dactilares.
Depósitos ordinarios
Los depósitos ordinarios son depósitos a la vista, a nombre de personas naturales y personas jurídicas, los cuales se encuentran definidos en el artículo 2.1.15.2.2 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
Disposiciones comunes a los depósitos de bajo monto y depósitos ordinarios
Reglas especiales en materia de información
Además de la información que por virtud de las disposiciones legales vigentes deban divulgar las entidades que ofrezcan estos productos, en materia de depósitos de bajo monto y depósitos ordinarios debe informarse, de manera particular, lo siguiente:
Que se encuentran amparados por el seguro de depósito de FOGAFÍN o FOGACOOP
Los costos asociados al producto.
Las tasas de interés que las entidades decidan ofrecer a los consumidores por la captación de recursos mediante estos depósitos, si a ello hubiere lugar.
Las características y restricciones aplicables a estos depósitos, así como los efectos de su incumplimiento.
Los canales habilitados por la entidad para la realización de operaciones y transacciones.
Instrucciones especiales en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones
Las entidades vigiladas deben observar las disposiciones generales previstas en materia de requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones previstas en el numeral 2. del Capítulo I, Título II de la Parte I de esta Circular, con excepción de los siguientes:
La personalización de las condiciones bajo las cuales se les prestarán los servicios.
La posibilidad de manejar una contraseña diferente para cada uno de los instrumentos o canales.
La elaboración del perfil de las costumbres transaccionales de los clientes.
La generación y entrega de soportes en los eventos en que se realicen donaciones.
La información y capacitación a los clientes sobre las medidas de seguridad, así como la constancia del cumplimiento de esta obligación.
El establecimiento de las condiciones sobre las cuales los clientes van a ser informados en línea acerca de las operaciones realizadas con sus productos.
La entrega de constancias y paz y salvos sobre productos cancelados.
La emisión de tarjetas personalizadas.
Ofrecer tarjetas débito que manejen internamente los mecanismos fuertes de autenticación.
Informar el costo de las operaciones de manera previa a su realización.
Sin perjuicio de lo anterior, las entidades vigiladas, atendiendo el análisis del sistema de administración de riesgo operacional y las medidas de protección al consumidor financiero que se adopten para los productos relacionados en este subnumeral, podrán implementar cualquiera de estas medidas, circunstancia que debe ser informada de manera oportuna y clara a los consumidores financieros.
Extractos
Respecto de los productos antes señalados, no es necesario que las entidades vigiladas envíen físicamente los extractos. Sin embargo, deben poner a disposición de los clientes los extractos o estados de los productos a través de los mecanismos que establezcan para el efecto.
En todo caso, las entidades deben informar oportuna y claramente a los consumidores financieros dónde, cómo y cuándo pueden acceder a esta información. Igualmente, tales mecanismos deben permitir que el cliente consulte la información correspondiente a la tasa de interés efectiva reconocida por las entidades sobre el saldo durante el período cubierto, cuando a ello hubiere lugar, los movimientos del depósito, la periodicidad y forma de liquidar los rendimientos, así como los cambios que se presenten respecto de esta información.
Cuentas Ley 2044 de 2020
Las cuentas a las que se refiere el artículo 26 de la Ley 2044 de 2020 se regirán por las instrucciones aplicables a las cuentas de ahorro previstas en el presente Capítulo y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables a las cuentas de ahorro.
Los establecimientos de crédito que ofrezcan este producto deben garantizar que las entidades oficiales o entes territoriales que funjan como depositantes:
No dispongan de los recursos depositados en la cuenta de ahorros.
Entreguen los recursos al tradente al que se refiere el artículo 26 de la Ley 2044 de 2020 cuando exista una orden en firme de una autoridad competente que así lo exija.
Entreguen los recursos a los terceros a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 2044 de 2020 cuando exista una orden en firme de una autoridad competente que así lo exija.
En todo caso, los establecimientos de crédito que ofrezcan este tipo de cuentas deben adoptar mecanismos suficientes para identificar y clasificar estas cuentas, de tal manera que se distingan de las demás cuentas de ahorro.
Cuentas corrientes
Apertura
Con entidades públicas
Los establecimientos bancarios, en el proceso de apertura y mantenimiento de cuentas corrientes con las entidades públicas a las que se refieren los artículos 38, 39, 40 y 68 de la Ley 489 de 1998, deben tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1 de 1980, así como los demás requisitos previstos en la normativa aplicable.
Para tal efecto, la apertura de cuentas corrientes a nombre de estas entidades debe ser autorizada por un representante legal del establecimiento bancario o por la persona delegada por un representante legal para tales efectos, previo el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 3 de la misma Ley 1 de 1980.
Con entidades que manejan recursos del presupuesto nacional
Las entidades vigiladas a través de las cuales se administren recursos del presupuesto nacional deben cumplir con los trámites y procedimientos que para el efecto defina la Dirección General del Crédito Público y del Tesoro Nacional en el instructivo de apertura – terminación- y sustitución de cuentas, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
En desarrollo de los citados procedimientos, corresponde a los establecimientos bancarios efectuar un reporte a la Dirección General de Crédito Público y al Tesoro Nacional con la información de las cuentas corrientes o de ahorros que manejan dineros del presupuesto nacional. Dichos reportes deben contener: saldo inicial, valor total de los débitos, valor total de los créditos y el saldo promedio mensual calculado con base diaria y saldo final. Se debe reportar la información del mes inmediatamente anterior, dentro de los 5 primeros días de cada mes y debe ser transmitida en medio magnético de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el formato diseñado para tal fin.
La Dirección del Tesoro Nacional podrá solicitar información sobre cuentas corrientes y/o de ahorro que manejen recursos de la Nación, con las características que se especifique cuando dicha instancia lo considere necesario.
Prohibiciones y limitaciones
Apertura de cuentas corrientes a nombre de establecimientos de comercio
Dada la naturaleza de bien mercantil que tienen los establecimientos de comercio, no es jurídicamente viable la apertura de cuentas corrientes bancarias a su nombre, pues en sí mismos no tienen personalidad jurídica y por tanto no son sujetos de derechos y obligaciones.
Sin embargo, los títulos-valores expedidos a favor de un establecimiento de comercio se consideran títulos al portador, es decir títulos expedidos a favor de sujeto indeterminado, y por tanto, deben ser recibidos y cancelados a quien los tenga; independientemente de que jurídicamente el sujeto a quien esté emitido no exista, sea una supuesta persona o su nombre no corresponda a persona alguna
Sostenimiento de saldos mínimos y cobro de cuota de manejo
No se considera viable jurídicamente la imposición de exigencias relativas al mantenimiento de saldos mínimos promedios en las cuentas corrientes de los clientes de los bancos, como requisito para mantenerlas vigentes.
En el mismo sentido, se considera que contraría normas de orden público la imposición de manera unilateral, de cláusulas que obliguen a pagar una suma determinada de dinero por concepto de cuota de manejo de la cuenta corriente, cuando el promedio de la misma sea inferior a una determinada suma, pues ello constituye una forma de imponer limitaciones a los saldos de depósitos en cuenta corriente.
Cobro de multa por cheques devueltos por fondos insuficientes
Sin perjuicio de la posición que ostente el banco en las relaciones originadas en el contrato de cuenta corriente, y las obligaciones y responsabilidades que se derivan de esa relación contractual, los establecimientos bancarios deben abstenerse de cobrar sumas de dinero por cada devolución de cheques originada en la causal "fondos insuficientes” con cargo a las cuentas de sus clientes por cheques presentados y devueltos por esa causal.
Para tal efecto, las entidades pueden adoptar políticas unilaterales de mal manejo de sus productos, que conlleven a la terminación del contrato, y si es del caso, proceder a la cancelación de la cuenta.
Celebración de convenios para tramitar órdenes de pago
Los depósitos que en virtud del contrato de depósito se realicen en las cuentas corrientes de los bancos, deben realizarse exclusivamente con sumas de dinero y cheques de establecimientos bancarios. En tal sentido, los bancos deben abstenerse de celebrar convenios con las cooperativas de ahorro y crédito para recibir como títulos valores documentos emitidos por ellas para facilitar a sus clientes el manejo de su ahorro, así como llevarlos a canje en el Banco de la República.
Sobregiro en cuenta corriente
Acorde con la autorización contemplada a los establecimientos bancarios para que paguen cheques al descubierto (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), artículo 125), es viable que éstos pueden pactar con el cuentacorrentista un plazo para el pago de los sobregiros pagando intereses remuneratorios y moratorios. En todo caso, una y otra estipulación debe constar por escrito, sin que se requiera hacerlo para cada utilización.
En todo caso el banco: i) no está legalmente obligado a pagar si no hay provisión de fondos por parte del girador y ii) por la concesión del sobregiro, no puede cobrar comisión, esto es, remuneración por un servicio hecho al girador, sino intereses, o sea la remuneración normal que corresponde al préstamo de dinero.
Prohibiciones para incrementar y producir sobregiros
Los sobregiros o descubiertos no pueden incrementarse ni producirse, en los siguientes casos:
i. Por cargos a la cuenta por concepto de remesas negociadas extraviadas.
ii. Por cargos a la cuenta por concepto de cheques extraviados en el canje.
iii. Por cargos a la cuenta provenientes de las prefinanciaciones o financiaciones para futuras exportaciones, cartas de crédito utilizadas, abonos o cancelación de obligaciones de cartera; ni por intereses, comisiones y demás gastos causados por las operaciones antes citadas.
iv. Por cargos de comisiones o intereses por devoluciones de cheques impagados.
Formularios de cheques
Los títulos representativos de los cheques deben ser librados en formularios elaborados o autorizados por los bancos. En tal virtud, dichos formularios deben ser impresos por los bancos bajo su responsabilidad y contener necesariamente el nombre del banco librado y una numeración consecutiva que permita identificarlos plenamente.
Excepcionalmente, cuando los bancos autoricen a sus clientes para elaborar formularios especiales de cheques, debe suscribirse un documento en el que consten claramente las obligaciones que se generan para el cuentacorrentista, los requisitos y factores de seguridad que deben llenar los instrumentos y particularmente, la necesidad de incluir en la impresión el nombre del librado y el número de identificación de los cheques.
Para este efecto, se le señalarán a cada cliente numeraciones consecutivas y particulares que deben estar impresas en los cheques, de manera que permitan identificarlos, sin lugar a duda como correspondientes a los instrumentos especiales, cuya elaboración ha sido autorizada al mismo.
En ningún caso se autorizarán chequeras especiales que, al carecer de los requisitos mencionados, permitan librar cheques a cargo de distintos bancos al arbitrio del titular de las cuentas corrientes.
Cuando el banco utilice para el procesamiento de sus cheques caracteres magnéticos que identifiquen tanto al banco como al cliente o a cualquiera de ellos, dichos caracteres deben ser necesariamente impresos por el banco, aun cuando medie contrato para elaboración de chequeras especiales.
Protesto de cheques
El protesto de cheques solicitado por el tenedor del título debe ir completo, es decir, debe tener estampado al dorso del cheque la palabra "protesto", la causa de éste, el lugar, la fecha, la firma del girado y de los testigos, con el nombre o razón social del girador y la denominación o número de la cuenta, sin que ello implique violación a la reserva bancaria.
Cheques especiales
Cheques fiscales
Aplican a los cheques fiscales las disposiciones de la Ley 1 de 1980 y sus decretos reglamentarios, así como el artículo 125 del EOSF, so pena de las responsabilidades contempladas para los establecimientos de crédito.
Cheques con negociabilidad restringida
La negociabilidad de los cheques puede limitarse en virtud de un mandato legal o por la inclusión de cláusulas tales como "páguese al primer beneficiario” o "no negociable”, obligando a que el cobro se realice por conducto de un banco como lo establece el artículo 715 del Código de Comercio.
Dicha restricción carece de efectos respecto de los títulos al portador. No así en los títulos nominativos, respecto de los cuales es predicable el endoso en procuración y en donde para efectos del artículo citado, el banco actúa como mandatario al cobro de los beneficiarios del pago, sea porque lo han consignado directamente en el banco cobrador o en otra institución financiera que garantiza al banco cobrador que se abonará en cuenta del beneficiario.
La restricción de negociabilidad impone al librado la obligación de pagar el cheque exclusivamente a la persona que acredite ser el beneficiario del mismo en forma directa o por conducto de un banco, salvo en el caso de una norma legal que limite de manera específica el pago directo al beneficiario, como ocurre con los cheques fiscales que sólo podrán pagarse abonando su valor en la cuenta que la entidad pública mantenga en el banco librado o en el establecimiento de crédito consignatario.
La restricción impuesta por norma legal o por disposición de autonomía particular puede ser igualmente complementada con la inclusión de otras cláusulas como el cruzamiento general o especial o la indicación de que el cheque fue emitido para abono en cuenta.
Canje de cheques con negociabilidad restringida
Toda entidad financiera autorizada por la ley para recibir cheques en consignación con cláusula de negociabilidad restringida debe hacer una revisión cuidadosa del título, desde el punto de vista formal, con el propósito de verificar si quien lo recibe o el titular de la cuenta en la cual está consignando, es el legitimado para ejercer el derecho incorporado en el título respectivo.
Cuando una entidad crediticia envíe por canje cheques con negociabilidad restringida, consignados en las cuentas de sus clientes, debe certificar al banco librado que el título fue consignado en la cuenta del primer beneficiario, mediante la imposición del sello mecánico en el que se indique tal circunstancia.
Respecto de los cheques consignados en cuentas de entidades autorizadas por la ley para recibir cheques en consignación (cooperativas de ahorro y crédito, y otros), la certificación que éstas hagan surtirá efectos ante el banco que reciba el documento para presentarlo al canje y ante el banco librado.
La devolución del instrumento a la entidad consignataria, en el evento de haberse omitido la certificación, no puede afectar al tenedor legítimo del título, en el entendido de que dicha causal es de uso meramente interbancario.
Los bancos no deben solicitar como requisito obligatorio que los cheques con cláusula restrictiva de la negociabilidad presentados para el cobro a través del mecanismo de la Cámara de Compensación, además de contener el sello de certificación de que trata el presente subnumeral, contengan la firma del funcionario que en el establecimiento de crédito se encarga de imponer las certificaciones respectivas.
La firma del funcionario encargado de estas funciones puede ser establecida como medida de control, tendiente a establecer responsabilidades administrativas internas, puesto que frente al banco librado y a los demás terceros es el consignatario (como persona jurídica), el responsable de una indebida certificación.
Procedimiento para el pago de cheques con negociabilidad restringida y para abono en cuenta
El cheque para abono en cuenta es libremente negociable, salvo que expresamente se limite su circulación por medio de una cláusula en tal sentido. La restricción para este tipo de títulos está dada en su forma de pago, ya que solo constituye un pago válido aquél que se realice mediante un asiento contable en la cuenta corriente o de ahorros que el tenedor lleve en el banco librado, siendo inválido el pago en efectivo.
Si el tenedor del cheque para abono en cuenta no posee una cuenta corriente o de ahorros en el banco librado, puede endosar el cheque en procuración al banco donde sea titular de una de estas cuentas, para que sea éste el que lo presente al cobro ante el banco librado. En tal evento, el banco librado puede aceptar que el banco intermediario actúe en calidad de mandatario suyo para el pago, celebrándose entonces un contrato de mandato comercial entre las dos entidades.
Prácticas inseguras en cuentas convenio
Con el propósito de que las entidades utilicen adecuadamente la figura de las cuentas convenio, esta Superintendencia se permite señalar las siguientes conductas como constitutivas de prácticas inseguras en el desarrollo de las mismas o en la ejecución de otros mecanismos de traslado de fondos que tengan efectos idénticos o similares a los de la cuenta convenio:
Solicitar a los clientes autorizaciones automáticas o poderes generales para facilitar el flujo de fondos de cuenta de ahorros hacia cuenta corriente y viceversa.
Trasladar fondos de cuentas corrientes hacia cuentas de ahorros o viceversa, sin el previo consentimiento de sus titulares.
Para que una entidad vigilada pueda proceder a efectuar tales traslados debe atender las estipulaciones contractuales, los preceptos legales y las regulaciones administrativas que rigen el respectivo contrato, a efectos de evaluar y determinar los casos concretos en que expresamente está autorizado para hacerlo, y de no existir esa posibilidad dentro del marco legal debe abstenerse de realizar dichas transferencias u obtener previamente la autorización expresa del titular de la cuenta para cada caso en particular.
Cajillas de seguridad
El artículo 1424 del Código de Comercio dispone que los establecimientos bancarios que celebren el contrato de cajillas de seguridad deben conservar un duplicado de la llave entregada al cliente, que depositará inmediatamente ante el funcionario que designe la SFC.
En tal sentido la guarda, como depósito en custodia, de los duplicados de las llaves de las cajillas de seguridad para los establecimientos bancarios del país, estará en cabeza del funcionario que de acuerdo al Manual de Riesgo Operativo de cada entidad sea designado para tal efecto.
Para el retiro de los duplicados de las llaves de las cajillas de seguridad, las entidades depositarias deben cumplir rigurosamente con lo preceptuado al respecto por el inciso segundo del artículo 1424 del Código de Comercio. Para tal fin, deben llevar un registro en el cual se anote cronológicamente el nombre del usuario de la cajilla y el número asignado a ésta, la fecha y hora en que se produce el retiro de la llave y su entrega o restitución, así como, la indicación sobre si la solicitud de retiro fue conjunta o presentada exclusivamente por el banco depositante.
Así mismo, los establecimientos bancarios depositarios deben llevar un registro en el cual consten las firmas autorizadas de los usuarios de las cajillas de seguridad, y en él deben anotar cronológicamente el nombre del usuario, la fecha y hora en que se produzcan depósitos o retiros, restituciones de llaves y el número de la respectiva cajilla.
Compensación interbancaria
El servicio de compensación interbancaria debe regirse por la normativa expedida por el Banco de la República para tal efecto.
Para una mejor prestación del servicio de compensación interbancaria prestado por el Banco de la República los establecimientos bancarios deben reconciliar las diferencias por fuera de la compensación, en aquellos casos en los cuales en la segunda sesión de compensación se devuelvan documentos por valores superiores a los recibidos en la primera, so pena de que se califique como una práctica no autorizada.
Saldo débito en la Cuenta Única de Depósito (CUD) en el Banco de la República
Se califica como práctica no autorizada e insegura la conducta de los establecimientos bancarios que conduzca a generar saldos débito en su Cuenta Única de Depósito (CUD) en el Banco de la República al finalizar la primera etapa de compensación interbancaria.
Igualmente, se califica como práctica no autorizada e insegura la falta de controles adecuados de tesorería que permitan examinar adecuadamente los flujos de fondos disponibles, toda vez que tales deficiencias no permiten adoptar las medidas necesarias con la debida oportunidad para evitar situaciones como la que se comenta.
Canje
Para el cobro en las operaciones de canje, los establecimientos bancarios deben abstenerse de hacer figurar en la parte exterior de los sobres entregados una cantidad mayor a aquella que resulta de sumar el valor de los documentos librados a cargo de otra entidad bancaria de la misma plaza. Dicha práctica se convierte en una forma de crédito interbancario sin costo financiero, mediante la distorsión de la operación de canje ordenada por la ley.
La realización de la práctica antes mencionada hará incurrir a las entidades en las sanciones previstas en los artículos 209 y 211 del EOSF, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por violación a las disposiciones que regulan el encaje legal.
Reglas relativas a la apertura y régimen de los depósitos en moneda legal de no residentes en el país y de los depósitos en moneda extranjera
Para los efectos de lo dispuesto en la Resolución 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR), los establecimientos de crédito a que se refiere dicha norma que aperturen cuentas corrientes o de ahorro en moneda legal a no residentes en el país o aperturen cuentas en moneda extranjera deben cumplir las reglas que se indican a continuación.
Requisitos
Atender al concepto de residencia señalado en el artículo 2.17.1.2. del Decreto 1068 de 2015, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Cumplir con las instrucciones relativas al SARLAFT, en especial, lo relacionado con los requisitos de vinculación de clientes a que se refiere el Anexo 1 del Capítulo IV, Título IV de la Parte I de esta Circular. Si la cuenta se apertura desde el exterior a través de apoderado en Colombia, los documentos que se anexen, incluido el respectivo poder, deben cumplir las formalidades previstas en la ley para los documentos otorgados en el exterior.
Salvo la regla especial contenida en el subnumeral 4.3. del presente Capítulo para la constitución de depósitos por parte de entidades financieras del exterior, y dado que estos depósitos no constituyen inversión extranjera, los mismos no gozan de los derechos cambiarios que se otorgan a tales tipos de inversiones. Los recursos depositados en estas cuentas pueden ser utilizados para cualquier fin.
Requisitos para la apertura de cuentas en moneda extranjera
Podrán constituir depósitos en moneda extranjera, de acuerdo con el régimen de cambios internacionales, las empresas de transporte internacional, agencias de viajes y turismo, almacenes y depósitos francos, entidades que presten servicios portuarios y aeroportuarios, personas naturales y jurídicas no residentes en el país, misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el Gobierno de Colombia, organizaciones multilaterales y los funcionarios de estas últimas y entidades públicas o privadas que estén ejecutando programas de cooperación técnica internacional con el Gobierno Nacional en las cuantías efectivamente desembolsadas por los organismos externos de cooperación. Estas cuentas no dan lugar a la expedición de chequeras o talonarios.
Para tal efecto, las entidades vigiladas deben obtener la siguiente información:
Tratándose de empresas de transporte internacional, agencias de viajes y turismo, almacenes y depósitos francos, entidades que presten servicios portuarios y aeroportuarios, en todos los casos debe obtenerse el certificado de existencia y representación legal que permita acreditar la calidad que tienen para acceder a una cuenta en moneda extranjera.
Tratándose de misiones diplomáticas, consulares y organizaciones multilaterales, la entidad vigilada debe contar con la relación de las embajadas, consulados y organismos multilaterales acreditados ante el Gobierno de Colombia que expida la Dirección General de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tratándose de funcionarios de misiones diplomáticas, consulares y organizaciones multilaterales, la certificación vigente expedida por la Dirección General de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que conste que están acreditados ante la Cancillería, así como copia de la visa diplomática o visa oficial.
Tratándose de personas jurídicas no residentes, se debe anexar el certificado de existencia y representación legal o documento equivalente, expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio.
Tratándose de personas naturales no residentes, para que puedan abrir una cuenta en moneda extranjera deben acreditar su calidad de no residentes. En el caso de extranjeros deben acreditar que no han habitado o permanecido dentro del territorio nacional por un período que exceda de 6 meses continuos o discontinuos en un periodo de 12 meses, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.17.1.2. del Decreto 1068 de 2015. En el caso de nacionales colombianos deben certificar que habitan con carácter permanente en el extranjero.
Las cuentas que estas personas abran en moneda extranjera en Colombia, deben ceñirse a lo que sobre la materia dispongan las normas sobre cambios internacionales expedidas por la autoridad cambiaria.
Requisitos para la constitución de depósitos por parte de entidades financieras del exterior
Las entidades vigiladas que aperturen cuentas corrientes o de ahorro, tanto en moneda legal como extranjera, en favor de entidades financieras del exterior en calidad de no domiciliadas en el país, deben atender lo dispuesto en las respectivas normas sobre cambios internacionales.
Contratos de arrendamiento financiero o leasing financiero
Los establecimientos bancarios y las compañías de financiamiento autorizados para celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing financiero deben abstenerse de realizar las siguientes conductas, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 2.28.2.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010:
Adquirir bienes destinados a ser entregados en arrendamiento financiero, sin que medie un contrato de leasing con el cliente.
Exigir anticipadamente el pago de la opción de compra o adquisición, en contravención a lo dispuesto en las disposiciones antes citadas.
Exigir prepagos sin que se determine en el contrato de leasing la destinación específica que deba dárseles a los mismos.
Desviar el objeto social reglado de las entidades autorizadas, asumiendo compromisos de mantenimiento de los bienes entregados en arrendamiento financiero, o de fabricar o construir bienes muebles o inmuebles. Lo anterior, sin embargo, no impide que el establecimiento bancario o la compañía de financiamiento pueda contratar con un tercero el servicio de mantenimiento, reparación, fabricación o construcción de un activo, bajo el entendido que tales actividades deben tener como causa la celebración de un contrato de leasing.
Permitir, promover o exigir al cliente que pague parte del precio de adquisición del bien a ser entregado en arrendamiento financiero al proveedor del bien, pues las prestaciones derivadas del contrato de compraventa deben predicarse únicamente entre la institución financiera y el proveedor del bien, excluyendo la copropiedad con el arrendatario sobre los activos o su contabilización por un valor que no consulta el monto correspondiente al de su adquisición.
Avalúos de bienes usados
Adquisición
Al adquirir bienes usados para ser entregados en arrendamiento financiero, cualquiera sea su modalidad, los establecimientos bancarios o compañías de financiamiento deben contar con el avalúo de los mismos, de acuerdo con los requisitos contemplados en el artículo 64 del Decreto 2649 de 1993 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, de tal forma que el avalúo determine el valor comercial, su estado, la vida útil estimada, el grado o riesgo de obsolescencia tecnológica, sus posibilidades de recolocación en el evento de ser necesario, o sus posibilidades de venta y, en general, aquellas consideraciones que aseguren, o por lo menos determinen, que la inversión del establecimiento bancario o compañía de financiamiento estará debidamente precautelada.
Bienes retirados en leasing
Cuando por cualquier causa al establecimiento bancario o compañía de financiamiento se le restituya un bien entregado en arrendamiento financiero y aquel tenga capacidad jurídica de celebrar un nuevo contrato sobre el mismo, debe proceder previamente a realizar un avalúo comercial practicado por personas de reconocida especialidad e independencia, salvo que se cuente con uno reciente.
Tratamiento de los prepagos
Cuando en la celebración de contratos de arrendamiento financiero se pacten entregas de sumas de dinero bajo la figura de un "prepago", debe determinarse su destinación específica, como sería el de darles el tratamiento de una cuota extraordinaria o la aplicación a capital de manera que se produzca un menor valor de los cánones por recaudar o una garantía, en cualquiera de estos casos, sin que sea dable apartarse de los elementos esenciales del contrato de arrendamiento financiero.
En tal evento, esa destinación debe ser definida por el cliente sin que sea viable dejar al arbitrio del establecimiento bancario o compañía de financiamiento su destinación o sin que pueda acordarse que la suma así recibida sea considerada como un pago anticipado de la opción de compra, según se señaló en el subnumeral 1.5 de este Capítulo.
Constitución de garantías sobre los bienes entregados en arrendamiento financiero
De acuerdo con el literal g. del artículo 10 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), no es viable otorgar hipoteca o prenda que afecte la libre disposición de los bienes entregados en arrendamiento financiero, salvo que se confiera para garantizar el pago del precio que quede pendiente de cancelar al adquirir el bien.
En tal sentido, las entidades autorizadas para celebrar contratos de arrendamiento financiero sólo pueden constituir el gravamen sobre el bien que financia el proveedor para ser entregado en arrendamiento financiero. Para ello, las entidades deberán prever sistemas de pago con el acreedor hipotecario o prendario para que su cancelación se realice con anterioridad a la época fijada para que el cliente ejerza la opción de compra y se ponga en conocimiento del mismo este servicio financiero sobre tales circunstancias, dejándose constancia expresa.
Los bienes entregados en arrendamiento financiero, cualquiera sea la modalidad, deben estar libres de gravámenes o limitaciones al dominio distintas de las anotadas.
Contratación de seguros dentro del contrato de arrendamiento financiero o leasing financiero
El establecimiento bancario o la compañía de financiamiento puede tomar el seguro por cuenta propia para proteger única y exclusivamente su interés; en caso de presentarse el siniestro, el pago de la indemnización no libera al cliente de la responsabilidad derivada del contrato de arrendamiento financiero.
De igual manera, el interés asegurable del cliente puede resultar protegido por el mismo contrato de seguro, en cuyo caso el cliente también asume el carácter de asegurado, entendiéndose que el seguro es por cuenta ajena y vale a favor del tomador hasta concurrencia de su interés. Ante la ocurrencia del siniestro derivará a favor del cliente la extinción de su obligación.
Frente a las previsiones contenidas en los artículos 2.36.2.1.1 y 2.36.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010 las entidades autorizadas para ofrecer arrendamiento financiero no están obligadas a sujetarse a los criterios establecidos para la contratación de los seguros que suscriban para proteger Ios bienes entregados en arrendamiento financiero, cuando los mismos tengan por objeto único proteger el interés de aquéllas, caso en el cual el cliente no está obligado al cumplimiento de las cargas y obligaciones que se originen en el contrato de seguro, entre ellas el pago de la prima, ni participa de los derechos o beneficios del mismo.
Cuando el seguro comprenda el interés del cliente en calidad de asegurado, el seguro suscrito con el establecimiento bancario o la compañía de financiamiento tendrá la calidad de seguro por cuenta ajena, debiendo sujetarse a las reglas establecidas para el efecto.
Sistema especializado de financiación de vivienda
La Ley 546 de 1999, o ley de vivienda, creó un sistema especializado de financiación de vivienda individual a largo plazo permitiéndole a los establecimientos de crédito autorizados para tales efectos ofrecer tanto créditos de vivienda como operaciones de leasing habitacional destinadas a la adquisición de vivienda familiar. Tratándose de vivienda de interés social -VIS-, el crédito o la operación de leasing también puede destinarse al mejoramiento de dicha unidad.
Para estos efectos, se entiende como créditos de vivienda individual a largo plazo lo previsto en el inciso primero del artículo 2.1.11.1 del Decreto 1077 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 257 de 2021, y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Por otra parte, se entiende como leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar lo establecido en el artículo 2.28.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
En desarrollo del artículo 4 de la Ley 546 de 1999, al ser las operaciones y contratos de leasing habitacional destinados a la adquisición de vivienda familiar un mecanismo dentro del sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo, le son aplicables las reglas previstas en los artículos 11, 12, 13, y 17 con sus numerales 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y parágrafo de la Ley 546 de 1999, así como los literales b) y c) del artículo 2.1.11.1. del Decreto 1077 de 2015 y artículos 2.28.1.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.
La financiación de vivienda individual a largo plazo puede darse a través de líneas de crédito denominadas en unidad de cuenta UVR ligada exclusivamente al IPC o también, a través de líneas denominadas en moneda legal, siempre y cuando: (i) se otorguen a una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, (ii) los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y (iii) se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna.
Ámbito de aplicación
El sistema de financiación enunciado es de obligatoria observancia por parte de los establecimientos de crédito, razón por la cual deben cumplir con todas las disposiciones previstas en la ley de vivienda, en particular los requisitos establecidos en el artículo 17 de la misma.
En este orden de ideas, las instrucciones contenidas en este Capítulo aplican única y exclusivamente a las instituciones financieras destinatarias de la misma, salvo por lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 546 de 1999 en los términos dispuestos allí.
Unidad de Valor Real - UVR
La Unidad de Valor Real-UVR es una unidad de cuenta, creada por la Ley 546 de 1999, que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE.
Para efectos de la metodología para el cálculo del valor en pesos de la UVR, así como su divulgación, se deberá atender lo establecido en la Resolución Externa No. 13 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, o cualquiera que la modifique, adicione o sustituya.
Uniformidad de los documentos contentivos de las operaciones de crédito de vivienda individual a largo plazo y/o operaciones de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar
A efectos de desarrollar el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, las condiciones mínimas que deben incorporar los documentos contentivos de los créditos individuales de vivienda y sus garantías son las siguientes:
Contratos y soportes de la operación de financiamiento
Condiciones uniformes
Todo contrato de mutuo, pagaré o contrato de leasing habitacional debe contener, como mínimo, las siguientes estipulaciones:
Identificación de las partes intervinientes en el negocio.
Monto del crédito u operación expresado en UVR y su equivalencia en pesos, o el monto adeudado en pesos, cuando se trate de obligaciones denominadas en moneda legal.
Destinación del crédito u operación. Debe indicarse la destinación del crédito de vivienda individual a largo plazo, atendiendo la definición prevista para los créditos de vivienda individual a largo plazo en el artículo 2.1.11.1 del Decreto 1077 de 2015.
Plazo de la obligación en los términos establecidos en el numeral 3 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999, modificado por el artículo 9 de la Ley 2079 de 2021, y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. Para el efecto, los establecimientos de crédito deben tener en cuenta la elección y capacidad de pago verificada del deudor/locatario, indicando la forma de pago en número de cuotas/cánones mensuales y la fecha de la primera cuota.
Tasa de interés remuneratoria. La tasa de interés remuneratoria de los créditos de vivienda individual y de los créditos para financiar proyectos de construcción de vivienda pactados en UVR, así como de las operaciones de leasing habitacional destinados a la adquisición de vivienda familiar pactados en UVR, no podrán exceder los topes máximos establecidos por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR). Para los créditos pactados en moneda legal, la tasa nominal fija no podrá exceder la suma de la variación de la UVR de los últimos 12 meses, vigente al perfeccionamiento del contrato, más el tope máximo establecido por la JDBR para la tasa remuneratoria.
Sistema de amortización aplicable a la deuda que se contrae, previa y expresamente aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
Seguros necesarios para garantizar el cubrimiento de los riesgos de incendio y terremoto a los que está expuesto el inmueble financiado, así como los seguros definidos internamente por las instituciones financieras, particularmente el seguro de vida deudores. En todo caso, el establecimiento de crédito debe indicar la libertad de elección que tiene el deudor/locatario en los seguros asociados a los créditos de vivienda individual a largo plazo o los contratos de leasing habitacional destinados a la adquisición de vivienda familiar, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.36.2.2.5 del Decreto 2555 de 2010.
Impuestos y gastos a cargo del deudor/locatario. Debe indicarse clara y detalladamente aquellos impuestos y gastos que se causen al momento del perfeccionamiento del contrato. Para el efecto, es de tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 519 en concordancia con el numeral 54 del artículo 530 del Estatuto Tributario, los pagarés que instrumenten cartera hipotecaria se encuentran exentos del impuesto de timbre.
Causales para dar aplicación a la cláusula aceleratoria del plazo del contrato. Esto en el entendido de que el incumplimiento en el pago de la obligación no da lugar a que la totalidad de la misma se considere de plazo vencido hasta tanto no se presente la correspondiente demanda judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 546 de 1999.
En adición a las anteriores, y si el deudor /locatario lo solicita, debe estipularse la constitución de patrimonio de familia inembargable, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 546 de 1999 y las demás normas que rijan la materia.
Condiciones limitantes
Por disposición de la Ley 546 de 1999, los contratos o pagarés que se suscriban con ocasión de un crédito de vivienda individual a largo plazo, así como las reestructuraciones sobre los mismos, se encuentran sujetos a las siguientes condiciones:
Capacidad de pago por parte del deudor. Los establecimientos de crédito deben obtener y analizar la información referente al respectivo deudor y a la garantía, con base en una metodología técnicamente idónea que permita proyectar la evolución previsible tanto del precio del inmueble, como de los ingresos del deudor, de manera que razonablemente pueda concluirse que el crédito durante toda su vida podría ser puntualmente atendido y estaría suficientemente garantizado.
Tratándose del límite de ingresos familiares para la primera cuota del crédito de vivienda, los establecimientos de crédito deben atender lo establecido en el literal b) del artículo 2.1.11.1 del Decreto 1077 de 2015, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Monto del crédito u operación que se debe determinar en los términos previstos en el literal a) del artículo 2.1.11.1 del Decreto 1077 de 2015, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Valor del inmueble. El valor del inmueble se debe establecer mediante avalúo técnico realizado de conformidad con lo establecido en el Título III de la Ley 1673 de 2013 o el artículo 4 de la Ley 2334 de 2024.
Interés de mora. De conformidad con el artículo 19 de la Ley 546 de 1999, en caso de que se pacten intereses de mora, pues no se presumen, éstos no podrán exceder una y media veces el interés remuneratorio pactado y solamente se podrán cobrar sobre las cuotas vencidas.
Cláusulas prohibidas
Los documentos contentivos de los sistemas de financiación de vivienda individual a largo plazo y sus garantías no pueden, en ningún caso, incluir cláusulas o estipulaciones que establezcan o permitan inferir cualquiera de las siguientes circunstancias:
Impedir, restringir, obstaculizar o imponer sanciones o penalidades por el prepago total o parcial de las obligaciones.
Establecer para el deudor/locatario la obligación de asumir los gastos correspondientes a labores de cobranza, mientras no se haya presentado demanda judicial.
Contemplar intereses por encima de los topes máximos legales.
Facultar a los establecimientos de crédito para realizar modificaciones unilaterales a las condiciones del contrato.
Utilizar sistemas de amortización no aprobados por la SFC.
Indicar que las obligaciones derivadas de estos contratos son indivisibles por razón de la deuda.
Permitir la capitalización de intereses.
Restringir o no hacer efectiva la cesión del crédito hipotecario o del contrato de leasing para vivienda individual contemplada en el artículo 24 de la Ley 546 de 1999, de acuerdo con la modificación efectuada por el artículo 38 de la Ley 1537 de 2012.
Contrato de hipoteca
Además de las condiciones definidas en los subnumerales 1.3.1.1.1., 1.3.1.1.2., 1.3.1.1.4., 1.3.1.1.7., 1.3.1.1.8., 1.3.1.1.9. y 1.3.1.1.10 de este Capítulo, los documentos constitutivos de la hipoteca deben contener como mínimo:
Identificación plena del bien hipotecado. Esto es, la descripción del inmueble, sus linderos, la dirección y cédula catastral, así como el número de matrícula inmobiliaria asignado.
La causa que da origen a la hipoteca.
El monto por el cual se otorga la hipoteca. Se debe indicar la cantidad de UVR, y su equivalencia en pesos, o el monto adeudado cuando se trate de obligaciones denominadas en moneda legal.
Garantía con hipoteca de primer grado. El contrato accesorio de hipoteca se debe constituir sobre el bien inmueble financiado y se debe indicar expresamente que tal hipoteca se contrata para garantizar el préstamo otorgado por la entidad vigilada.
La cesión de la hipoteca. Las condiciones para efectuar la cesión de la hipoteca deben atender lo ordenado en el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 546 de 1999.
Tasas de interés
Las tasas máximas de interés remuneratorio – tanto en UVR como en pesos - de los créditos de vivienda individual a largo plazo, sean o no de interés social, así como las de las operaciones de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar y las de los créditos destinados a financiar la construcción de vivienda, son definidas y divulgadas por la JDBR, en su condición de máxima autoridad crediticia.
Expresión de las tasas en términos efectivos
La información que se suministre a los clientes de los establecimientos de crédito, tanto al momento de la celebración del contrato, como la que se registre en los correspondientes extractos o cuentas de cobro, debe expresarse en términos de interés efectivo anual.
Los pagos individuales que se causen y cobren por concepto de primas de seguros no computan para efectos de determinar las tasas efectivas.
Oportunidad para el inicio del cobro de intereses
El cobro de intereses remuneratorios en los créditos u operaciones destinados a financiación de vivienda individual a largo plazo sólo puede causarse y hacerse efectivo a partir del momento y sobre el monto por el cual se efectúe el desembolso.
De otra parte y dado que no se pueden capitalizar intereses, los réditos corrientes mensuales y el abono a capital correspondiente en cada una de las cuotas periódicas deben ser iguales a los valores consignados en la última proyección del crédito en UVR o en pesos, de acuerdo con el sistema de amortización elegido y de conformidad con los resultados obtenidos de aplicar las fórmulas contenidas en el subnumeral 1.6 de este Capítulo.
Interés de mora
En caso de presentarse mora en el pago de cuotas periódicas y de haber sido pactado el pago de intereses por mora, éstos se liquidarán en forma simple sobre las cuotas vencidas, por el tiempo de la mora, a la tasa pactada que, en todo caso, no podrá exceder de una y media veces el interés remuneratorio pactado.
Aplicación de los pagos
Cada pago debe aplicarse en el siguiente orden: primas de seguros, intereses de mora si fueron pactados y se han causado, y cuota o cuotas predeterminadas vencidas o causadas en orden de antigüedad, es decir, cubriendo todos los componentes de las cuotas más atrasadas. Salvo manifestación expresa en contrario del deudor/locatario, si después de cancelar la última cuota causada hasta la fecha de pago queda un excedente inferior a la cuota subsiguiente, éste se abonará como pago parcial de la misma; si el excedente es mayor o igual al valor de una cuota, se aplicará como abono a capital.
Teniendo en cuenta que los créditos pueden prepagarse total o parcialmente sin castigo, y que en caso de prepago parcial el deudor/locatario tiene derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación, después de cada prepago y de conformidad con la voluntad del deudor/locatario, la entidad crediticia debe actualizar la proyección de las cuotas y su correspondiente distribución.
Todas las primas de seguros deben liquidarse en pesos. Para el caso del seguro de vida deudores, la entidad debe informar periódicamente al deudor/locatario la tasa con la cual se liquida la prima. Para los demás seguros, se debe informar adicionalmente el valor asegurado.
Sistemas de amortización en créditos de vivienda
Sistemas en UVR
Cuota constante en UVR (sistema de amortización gradual)
La cuota mensual es constante en UVR por todos los meses del plazo del crédito. Se calcula como una anualidad uniforme en UVR a la tasa sobre UVR pactada y por los meses del plazo mediante la siguiente fórmula:
Donde:
Cu = Cuota mensual en UVR
D = Monto del préstamo en UVR
n = Plazo en meses
i = Tasa efectiva mensual equivalente a la tasa remuneratoria efectiva anual ia
i = ((1+ia) (1/12))-1
= Valor presente de n pagos unitarios periódicos a la tasa i por período
Como la UVR se reajusta diariamente con la tasa de inflación, las cuotas en pesos variarán en la misma proporción. De igual manera, aunque el saldo de la deuda valorada en UVR es siempre decreciente, al convertirlo a pesos normalmente crece durante aproximadamente las dos terceras partes del plazo.
Amortización constante a capital en UVR
Durante cada uno de los meses del plazo se amortiza a la deuda una cantidad uniforme en UVR igual al monto del préstamo en UVR dividido por el plazo en meses. La cuota mensual a pagar es la amortización constante más los intereses del mes sobre el saldo insoluto.
La cuota para cada mes se obtiene de aplicar la siguiente fórmula:
Donde:
Ctu = Cuota en UVR a la altura t, t=1,2,3.....n
D = Monto de la deuda en UVR
= Saldo a la altura t-1 igual a
i = Tasa efectiva mensual equivalente = ((1+ia) (1/12))-1, ia tasa efectiva anual remuneratoria sobre UVR
n = Número de meses del plazo
De esta forma, la cuota mensual en UVR es decreciente pero variable en pesos en una proporción inferior al IPC.
Cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por períodos anuales
Las cuotas mensuales durante cada anualidad (aniversario) del crédito son decrecientes en UVR. Para cada período anual del crédito se repite la serie de 12 cuotas decrecientes. El decremento anual equivalente debe ser igual a la inflación proyectada y no podrá modificarse durante el plazo.
Donde:
C = Cuota del primer mes de cada año del crédito en UVR
Ct = C(1-g)t-1 para t = 2,3,4,...11,12
g = decremento mensual equivalente a la inflación proyectada g=(1+Inf ) 1/12 -1
= El valor presente de N pagos anuales unitarios anticipados a la tasa efectiva anual i
D = Monto de la Deuda en UVR
N = Plazo en años
i = Tasa efectiva anual remuneratoria sobre UVR
R = Valor presente de 12 pagos mensuales decrecientes a una tasa mensual equivalente a la inflación proyectada que no podrá modificarse durante el plazo con primer pago igual a una unidad.
Sistemas en pesos
Cuota constante (amortización gradual en pesos)
La cuota mensual es fija en pesos por todo el plazo del crédito. Se calcula como una anualidad uniforme ordinaria
Donde:
C = Valor de la cuota mensual uniforme en pesos.
= Valor presente de n pagos unitarios periódicos a la tasa i por período
D = Monto del préstamo en pesos
n = Plazo en meses
i = tasa efectiva mensual equivalente a la tasa efectiva anual ia sobre pesos
i = ((1+ia) (1/12))-1
Amortización constante a capital
Las cuotas mensuales son iguales a la enésima parte de la deuda más los intereses del mes calculados sobre el saldo insoluto. De esta forma, las cuotas mensuales en pesos son decrecientes.
Donde:
Ct = Cuota en pesos a la altura t, t=1,2,3.....n
D = Monto de la deuda en pesos
St-1 = saldo a la altura t-1 igual a
i = Tasa efectiva mensual equivalente = ((1+ia) (1/12))-1, ia tasa efectiva anual sobre pesos que no podrá incrementarse durante el plazo.
n = Número de meses del plazo
Las cuotas definidas en el presente numeral corresponden única y exclusivamente al servicio de la deuda en condiciones normales, es decir no incluyen primas de seguros ni recargos por mora.
Sistemas de amortización para contratos de leasing habitacional
Leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar
Los sistemas de amortización autorizados por esta Superintendencia en el numeral anterior resultan aplicables a las operaciones de leasing, en vista de que, de conformidad con el artículo 2.28.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, a las operaciones y contratos de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar le son aplicables las reglas establecidas en los numerales 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 546 de 1999. Para tal fin, se debe tener en cuenta que la “cuota” de los créditos de vivienda equivale al “canon” en los contratos de leasing habitacional.
Leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda no familiar
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.28.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las condiciones financieras de los contratos de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda no familiar responden al acuerdo de las partes. En tal sentido, las entidades autorizadas deben diseñar el sistema o sistemas de amortización de las operaciones de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda no familiar que vayan a ofrecer al público, teniendo en cuenta que cualquiera que sea el sistema o sistemas de amortización que se adopten, deben contemplar cuando menos lo siguiente:
Modalidad: El sistema debe considerar las distintas modalidades de pacto, es decir, moneda legal o UVR.
Costos financieros involucrados en los cánones: El sistema debe considerar los costos, los cuales deben expresarse como tasa.
Plazos: El sistema debe prever los plazos derivados de la ejecución del contrato, los cuales deben corresponder a lo pactado por las partes.
Comportamiento de los cánones: Los sistemas pueden prever las distintas formas de comportamiento de los cánones, es decir, si son uniformes o variables. En caso de que el sistema permita cánones variables debe ilustrarse en qué forma varían.
El sistema debe contar con una metodología de cálculo y proyección completa de los cánones para todo el plazo.
Información al deudor/locatario
Los establecimientos de crédito que ofrezcan créditos de vivienda individual de largo plazo y operaciones de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar deben cumplir con los deberes de información a los consumidores financieros previstos en el Capítulo I del Título III de la Parte I de esta Circular.
Extractos
Los extractos suministrados a los clientes/locatarios por parte de los establecimientos de crédito deben detallar de manera precisa el nombre del titular, número de crédito –si aplica-, sistema de amortización, tasa de interés pactada y cobrada en el correspondiente período expresada en términos efectivos anuales aun cuando se haya pactado en términos nominales, cotización de la UVR, fecha de corte de la obligación y fecha límite de pago, número de la cuota/canon que se cancela, número de cuotas/cánones pendientes para el pago total, plazo inicial del mismo, saldo de la obligación y la discriminación del pago anterior indicando el monto amortizado a capital, intereses corrientes y de mora, si es del caso, así como los pagos efectuados por concepto de seguros. Las cifras que se incluyan en el extracto deben reflejarse en UVR y en pesos, si la obligación se encuentra denominada en UVR.
Documentación del producto financiero a través del cual se ofrece la financiación
Las entidades vigiladas destinatarias de este Capítulo deben mantener, durante toda la vigencia del crédito o del contrato de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar, los soportes documentales que sirvieron de base para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de vivienda, en sus decretos reglamentarios y en esta Circular, en particular las condiciones establecidas en el subnumeral 1.3 de este Capítulo.
En caso de producirse una cesión del crédito de vivienda o del contrato de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar, de acuerdo con el siguiente subnumeral, tanto la entidad cedente como la cesionaria, deben verificar que esta última reciba la totalidad de la documentación que soporta el otorgamiento del crédito o del contrato, así como su evolución hasta la fecha del perfeccionamiento de la cesión.
Cesión del crédito y de contrato de leasing habitacional
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 546 de 1999, modificado por el artículo 38 de la Ley 1537 de 2012, es obligatorio para los establecimientos de crédito efectuar la cesión de crédito otorgado para la financiación de vivienda individual a largo plazo solicitada por el deudor, en cualquier momento durante la vigencia de la obligación hipotecaria, a favor de otra entidad financiera, de cualquiera de las entidades a que se refiere el parágrafo del artículo 1 de esa ley o a las sociedades titularizadoras o sociedades fiduciarias, según el caso. Para el efecto, las entidades deben dar cumplimiento a lo señalado en dicho artículo.
Como quiera que la cesión constituye la sustitución de una de las partes del contrato por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del mismo, la cesión de los créditos hipotecarios de vivienda debe realizarse mediante la transmisión de los derechos y obligaciones derivadas del contrato original, en cuyo caso las condiciones de dicho crédito permanecen inalteradas con excepción de las referidas a la tasa de interés remuneratoria, la cual necesariamente debe ser más benéfica para el deudor, y el cedente debe responder por la existencia y validez del mismo y de sus garantías, salvo estipulación expresa en contrario, de conformidad con el artículo 890 del Código de Comercio. En este caso, la cesión se rige por las disposiciones comerciales aplicables contenidas en el Capítulo VI del Título Primero del Libro Cuarto del régimen mercantil.
En este caso, no se generan derechos ni gastos notariales, así como tampoco se causa impuesto de timbre.
Avalúos
El avalúo de los bienes inmuebles que garantizan los créditos hipotecarios debe realizarse de manera independiente y objetiva, acorde con las disposiciones que regulan la actividad del avaluador contenidas en la Ley 1673 de 2013 y las que la complementen. Sin perjuicio de lo anterior, los avalúos también podrán realizarse de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 2434 de 2024.
Crédito a constructores -subrogación de obligaciones-
El crédito otorgado al constructor de vivienda para financiar la fase de construcción debe ser subrogado al adquirente de la unidad, de tal manera que en una sola operación se formalice el mutuo debidamente aprobado al subrogatario, cuando sea del caso, la hipoteca sobre el bien financiado en forma individual y el levantamiento de la hipoteca de mayor extensión a favor de la entidad vigilada.
Adicionalmente, el contrato de crédito suscrito entre la entidad financiera y el constructor debe contener una cláusula especial en la cual se precise que la hipoteca en mayor extensión que afecta el inmueble se cancelará proporcionalmente a medida que se vayan enajenando las unidades de vivienda y se haya recibido el pago de la prorrata correspondiente.
Supuestos para solicitar reestructuración del crédito
Para el ejercicio por parte de los deudores del derecho previsto en el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, la entidad acreedora al momento de hacer la evaluación de la solicitud de reestructuración de una obligación de este tipo debe verificar que se cumplan los siguientes requisitos para que resulte viable la reestructuración:
Que la primera cuota del crédito una vez reestructurado, que esté dispuesto a pagar el deudor, en ningún caso represente más del límite establecido en el literal b) del artículo 2.1.11.1 del Decreto 1077 de 2015, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Que el saldo de la obligación a la fecha de la solicitud de la reestructuración no exceda el 70% del valor del inmueble o el 80% tratándose de vivienda de interés social.
Que el valor del inmueble sea establecido mediante avalúo técnico de conformidad con las disposiciones legales.
Que el plazo contemplado para reestructurar la obligación sea el establecido en el numeral 3 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999, modificado por el artículo 9 de la Ley 2079 de 2021, y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.
Que el reporte de endeudamiento con el sector financiero permita concluir que el deudor está en capacidad de cumplir con la obligación hipotecaria de vivienda.
Que no existan embargos sobre la garantía a la fecha de solicitud de la reestructuración.
Que el deudor no se encuentre tramitando un proceso concursal.
Que la solicitud de reestructuración del crédito sea presentada dentro de los 2 primeros meses de cada año calendario y sea suscrita por todos los obligados, así como los documentos a través de los cuales se instrumente la obligación.
Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad acreedora de acordar con sus deudores reestructuraciones de un crédito en cualquier momento, de acuerdo con la percepción de riesgo que en cada caso se tenga.
Cuentas de ahorro programado
Las cuentas de ahorro programado para la postulación al subsidio familiar de vivienda se rigen por las siguientes condiciones:
Los establecimientos de crédito interesados en ofrecer dichos servicios financieros deben remitir para aprobación de la SFC los modelos de reglamentos y de contratos a través de los cuales se manejarán dichos recursos. En tales documentos se debe estipular la posibilidad que tiene el ahorrador de trasladar libremente sus depósitos cada 6 meses entre los establecimientos de crédito que ofrezcan estos servicios financieros, siempre y cuando mantengan el carácter de ahorro programado.
Al momento de la apertura del producto, el establecimiento de crédito debe suministrar al posible cliente una proyección, a efectos de establecer con total claridad la manera como se conformará el ahorro previo requerido para la postulación al subsidio familiar de vivienda.
En caso de que el ahorrador esté interesado en completar el ahorro previo con sus cesantías depositadas en administradoras de fondos de cesantías privadas o en el Fondo Nacional de Ahorro –FNA-, así deberá manifestarlo expresamente.
El monto del ahorro previo depende de los recursos complementarios y del valor del subsidio de vivienda de interés social que sumados a aquel resulten suficientes para acceder a la solución de vivienda a adquirir o permitan sufragar el presupuesto de construcción.
El titular de la opción debe autorizar expresamente la inmovilización de los recursos e intereses hasta tanto se encuentre vigente la postulación del hogar.
Las entidades financieras están en la obligación de certificar el valor acumulado de ahorro y subsidio en la cuenta de cada titular, a fin de que se acredite el debido cumplimiento del programa.
Los recursos que se ahorren en las cuentas de ahorros para el fomento a la construcción -AFC- no forman parte de la base de retención en la fuente del contribuyente persona natural, y tienen el carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, en los términos del artículo 126-1 del Estatuto Tributario.
El ahorro requerido para acceder al subsidio de vivienda a que se hizo referencia puede acreditarse con el cumplimiento del ahorro voluntario contractual que ofrece el FNA, de conformidad con artículo 10.5.10.1.8 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con los artículos 2.1.9.1.1 y siguientes del mismo Decreto.
Reglas relativas a la protección de los usuarios de las operaciones de cobertura de créditos individuales de vivienda a largo plazo frente al incremento de la uvr respecto de una tasa determinada
Alcance
Son aplicables las instrucciones contenidas en este numeral a los créditos hipotecarios de vivienda individual que, en vigencia del artículo 96 de la Ley 795 de 2003, el artículo 65 de la Ley 921 de 2004 y el Decreto 66 de 2003, se hubieren acogido a la cobertura condicionada de tasa de interés que ofreció el Gobierno Nacional a través del FOGAFIN, y que buscaba cubrir el riesgo de tasa frente al riesgo de variación de la UVR respecto de una tasa de referencia con los deudores de los créditos elegibles.
Por tanto, este mecanismo de cobertura aplica a los citados créditos en cuanto FOGAFIN puede contratar con los establecimientos de crédito y con el FNA para que actúen como mandatarios en la administración y ejecución de tales operaciones de cobertura.
Información al deudor
En virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 97 y el literal f del artículo 72 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), cuando los establecimientos de crédito y/o el FNA (en adelante, las entidades) actúen como mandatarios en la administración y ejecución de las operaciones de cobertura a que se refiere este numeral, deben suministrar a los deudores, en todo momento durante la vigencia de la cobertura, información completa, cierta y comprensible sobre las condiciones y efectos de las mismas, de forma que puedan conocer adecuadamente, su funcionamiento, los beneficios y los costos que la misma implica, así como las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones.
Dicha información debe ser suministrada al deudor en cualquier momento durante el tiempo que dure la misma.
Desde el acceso a la cobertura, las entidades deben suministrarle información clara y precisa sobre los valores que por concepto de la misma ha recibido como beneficio o sobre aquellas sumas que le corresponde pagar.
Proyección anual de los créditos de vivienda objeto de la cobertura
A efectos del cumplimiento del artículo 20 de la Ley 546 de 1999, en la proyección anual del crédito a que se refiere el subnumeral 3.3.4.2 del Capítulo I del Título III de la Parte I de esta Circular, las entidades deben incluir, en las cuotas y saldos estimados, los valores a pagar por cuenta de la cobertura, indicando que tales datos se suministran a título informativo, pues los reales dependerán de la situación que se presente durante cada uno de los meses del año.
Extractos
En adición a los requerimientos generales ya establecidos para los extractos de los créditos de vivienda, aquellos que cuenten con la cobertura de que trata este Capítulo, deben incluir, además de los datos indicados de manera general, información clara y comprensible que le permita al deudor conocer adecuadamente el funcionamiento de la cobertura.
En tal sentido, los extractos deben discriminar expresamente entre los montos que el deudor debe pagar en virtud de la operación de cobertura o los beneficios obtenidos de ésta, y aquellos estrictamente originados en el crédito de vivienda.
En relación con los pagos que debe efectuar el deudor o los beneficios obtenidos por la operación de cobertura, los extractos deben incluir información clara sobre la forma en que fueron liquidados, discriminando entre los valores originados en la aplicación de la diferencia de tasas al capital e intereses comprendidos en las cuotas que correspondan al período de liquidación y los originados en la aplicación de dicha diferencia al saldo de capital del crédito objeto de la cobertura.
Vigencia
Las instrucciones impartidas en este aparte tendrán aplicación mientras se encuentre vigente la cobertura a que se refiere este numeral.
Reglas relativas a las coberturas condicionadas con cargo a los recursos del frech para financiación de vivienda
Los créditos hipotecarios de vivienda individual y los contratos de leasing habitacional, si es del caso, que se hubieren acogido al mecanismo de la cobertura condicionada de tasa de interés ofrecida por el Gobierno Nacional, en los distintos momentos y bajo las condiciones establecidas para ellos en las disposiciones expedidas individualmente, mientras estén vigentes, se rigen por las instrucciones contenidas en los anexos del presente Capítulo.
Ámbito de aplicación
Las instrucciones impartidas en este Capítulo son aplicables a: (i) los establecimientos bancarios que operen y administren sitios de internet para la venta o martillo electrónico de bienes, y (ii) los establecimientos bancarios que operan y administran martillos electrónicos para realizar remates judiciales electrónicos, cuando sean comisionadas por el juez de conocimiento, conforme a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 454 del Código General del Proceso.
Requisitos para la prestación del servicio de martillo electrónico.
Los establecimientos bancarios interesados en la prestación del servicio del martillo electrónico deben cumplir con los siguientes requisitos:
Garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, integridad, acceso, profesionalismo y autenticidad.
Contar con los mecanismos y dispositivos adecuados para el funcionamiento eficiente de la plataforma electrónica del martillo electrónico. Para el efecto, el establecimiento bancario, por si o a través de terceros, debe desarrollar y mantener sistemas especializados, recursos y procedimientos adecuados y proporcionales al tamaño, frecuencia y complejidad de los negocios que se realicen o registren a través de dichos sistemas, los cuales deben permitir la trazabilidad de las operaciones y conocer la fecha y hora exacta de la oferta de cada postor.
Disponer de procedimientos administrativos y contables adecuados, mecanismos de control interno, técnicas eficaces de administración y control de riesgos y mecanismos eficaces de control y salvaguardia de sus sistemas electrónicos.
Contar con políticas y procedimientos relativos a la administración de la información que permitan guardar estricta confidencialidad sobre la información reservada de los participantes en el martillo electrónico, y aquella relacionada con las ventas, subastas o remates electrónicos.
Contar con un plan de contingencia y continuidad del martillo electrónico que permita mitigar cualquier falla que afecte la prestación del servicio.
Garantizar que el sitio de internet que opera y administra el martillo electrónico cuente con un sistema de identificación de usuarios y contar con mecanismos fuertes de autenticación.
Garantizar que el sitio de internet que opera y administra el martillo electrónico cuente con controles que permitan asegurar el cumplimiento de la duración de cada una de las etapas dentro del proceso de venta, subastas o remates electrónicos.
Contar con políticas sobre el recaudo, manejo y devolución de los recursos de terceros para garantizar la debida prestación del servicio y asegurar la separación patrimonial de estos recursos, de los activos y recursos propios de la entidad financiera. Así mismo deben garantizar la disponibilidad y conservación de dichos recursos.
Contar con políticas y procedimientos administrativos y de organización para la prevención, identificación, revelación y administración de los conflictos de interés, y que, en caso de existir, deben ser de conocimiento del cliente.
Contar con una plataforma tecnológica especializada que cuente con las herramientas necesarias para realizar ventas, subastas o remates electrónicos, las cuales deben permitir la trazabilidad de cada una las operaciones y conocer la fecha y hora exacta de la realización de la oferta por parte de cada uno de los postores.
Garantizar que este mecanismo este integrado al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del establecimiento bancario.
Contemplar dentro de la gestión del riesgo operacional, la administración efectiva de los riesgos derivados de la prestación del servicio de martillo electrónico.
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad de la información que resulten aplicables. No obstante, los establecimientos bancarios que operen y administren sitios de internet para la venta, subastas o remates electrónicos deben tener a disposición de la SFC, en todo momento, la documentación que soporte el cumplimiento de los requisitos enunciados en el presente Capítulo.
Requisitos de la solicitud de los consumidores financieros para la enajenación de bienes
Cuando la solicitud de enajenación de un bien a través del servicio de martillo electrónico provenga de un consumidor financiero, dicha solicitud debe realizarse al establecimiento bancario por un medio electrónico que cumpla los requisitos que se establezcan en el reglamento de operación.
Equivalencia funcional en la prestación del servicio de martillo electrónico
Las plataformas tecnológicas empleadas por los establecimientos bancarios para prestar el servicio de martillo electrónico deberán garantizar la existencia de un procedimiento tecnológico que equipare los documentos electrónicos que se expidan durante o en relación con el proceso de subasta o remate electrónico a los documentos manuscritos para que tengan el mismo valor probatorio, y se garantice el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 527 de 1999.
Bienes enajenados a través del martillo electrónico
En el evento en que se trate de la enajenación de un bien, los establecimientos bancarios que realicen subastas a través del martillo electrónico no son responsables de garantizar la entrega de los bienes enajenados.