Numeral 1
Condiciones generales para cualquier operación de crédito
Circular Externa 029 de 2014 · 2373 numerales
Condiciones generales para cualquier operación de crédito
Condiciones en el otorgamiento de créditos
El otorgamiento de crédito se debe realizar de conformidad con lo dispuesto en los capítulos XIII – 18 y XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF) o las normas que los modifiquen o sustituyan.
Condiciones en la ejecución de los créditos
Registro de abonos parciales y de la cancelación de obligaciones en el título valor correspondiente
Cuando una obligación incorporada en un título valor es cancelada en su totalidad debe registrarse dicha cancelación en el documento respectivo. Así mismo, cuando se negocie un título valor respecto del cual se hayan efectuado pagos parciales debe expresarse en el documento el valor cancelado. En cualquiera de los eventos antes mencionados, tales registros deben llevar la firma del funcionario de la entidad vigilada con atribuciones para el efecto.
Las entidades vigiladas deben llevar en registros sistematizados los datos referentes a los abonos parciales recibidos y su aplicación a intereses o capital, para lo cual deben establecer procedimientos que permitan asegurar la contabilidad de la información contenida en dichos registros, su oportuna actualización y el fácil acceso a la misma.
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de efectuar las correspondientes anotaciones en el cuerpo del título valor en aquellos eventos en que el deudor así lo solicite.
Extractos
En la expedición de los extractos o estados de cuenta que las vigiladas entreguen a sus clientes con ocasión de la celebración de operaciones activas debe indicarse la tasa efectiva cobrada o pagada durante el período cubierto, incluyendo, para el caso de los créditos, la totalidad de los costos financieros a cargo del deudor, cualquiera que sea su denominación, vinculados o relacionados con su otorgamiento.
Tratándose de tarjetas de crédito, el extracto debe contener la fecha de la compra, el valor, el número de cuotas seleccionadas, las canceladas y las pendientes por pagar, la tasa de interés efectiva aplicable a cada una, así como la fecha de pago y de corte de la respectiva cuenta. En este tipo de operaciones se exceptúan como costos financieros, los relativos a la cuota de manejo y a la prima de seguro, en tanto el cobro de estos rubros obedezca inequívocamente a costos de índole no financiera que, por lo mismo, merecen un tratamiento excepcional.
Prepago o pago anticipado de créditos con instituciones vigiladas
De acuerdo con el literal g. del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, es un derecho del consumidor financiero efectuar pagos anticipados en toda operación de crédito en moneda nacional cuyo saldo no supere los 880 smmlv, sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por lucro cesante, de las cuotas o saldos en forma total o parcial, con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago.
Cobro de cláusula penal
En desarrollo del artículo 65 de la Ley 45 de 1990, en las operaciones activas que realicen las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) no es posible aplicar, respecto de una obligación dineraria, una sanción convencional a título de cláusula penal, cuando se hayan pactado intereses moratorios para la misma obligación, sin perjuicio de las sanciones que se estipulen para otro tipo de obligaciones pactadas en el marco de la operación activa de crédito.
Sanción por cobro de intereses en exceso
De conformidad con el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, el deudor se encuentra facultado para solicitar la devolución de los intereses pagados en exceso, aumentados en una suma igual que el acreedor debe entregar a título de sanción. Los establecimientos de crédito deben demostrar que efectivamente hicieron entrega de las sumas cobradas en exceso al haberse presentado esta situación.
Si se pactan sistemas de capitalización de intereses o de interés compuesto, los intereses remuneratorios estipulados en cualquiera de esas modalidades no pueden exceder el interés bancario corriente más la mitad de éste, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 45 de 1990.
Modificaciones a las tasas de interés
Las modificaciones que presenten las tasas de interés durante la vida de préstamos pactados con los establecimientos de crédito deben reflejarse en la correspondiente reducción de los montos convenidos al momento de la celebración de los contratos, cuando quiera que al momento de la causación de los réditos aquellos sobrepasen los límites correspondientes al período liquidado. No es procedente reajustar unilateralmente la tasa fija pactada cuando se autoricen tasas más altas.
Tipos de interés
A continuación se define cada uno de los tipos de interés aceptables con su significado, que deben ser aplicados por las entidades vigiladas tanto en los rendimientos que pagan por los recursos captados, como en el cobro de intereses anticipados o vencidos de los créditos efectuados por éstas, de conformidad con la tasa fijada por la ley en cada caso.
Tipo de interés efectivo
La tasa efectiva de interés es la que se refiere a la unidad de tiempo y a la unidad de capital y se liquida por unidad de tiempo.
El símbolo que se utiliza para el tipo efectivo de interés es la letra minúscula “i”.
Tipo nominal de interés
El tipo nominal de interés es el que se refiere a la unidad de tiempo y a la unidad de capital y se liquida por fracción de unidad de tiempo.
El símbolo que se utiliza para el tipo nominal de interés es la letra minúscula j(m), donde m significa el número de pagos del interés por unidad de tiempo.
Tipos equivalentes de interés
La unidad de capital se convierte, después de la unidad de tiempo, en el capital 1 + i, si se liquida el tipo efectivo de interés i. Al mismo tiempo, se convierte la unidad de capital, después de la unidad de tiempo, en el capital [i j (m) ]m decimos que i es el tipo efectivo equivalente al tipo nominal j(m) y viceversa.
Tipo efectivo de descuento
El tipo efectivo de descuento es el que se refiere a la unidad de tiempo y a la unidad de capital y se reconoce por unidad de tiempo, es decir, que se paga anticipadamente por unidad de tiempo. El símbolo que se utiliza para el tipo efectivo de descuento es la letra minúscula “d”.
Tipo nominal de descuento
El tipo nominal de descuento es el que se refiere a la unidad de tiempo y a la unidad de capital y se deduce por fracción de unidad de tiempo, o sea que se paga anticipadamente por fracción de unidad de tiempo.
El símbolo que se utiliza para el tipo nominal de descuento es la letra minúscula f(m), donde m significa el número de pagos por unidad de tiempo nominal que vence en un año, se deducen en forma anticipada dos centavos mensuales.
Tasa de interés preferencial
Es aquella que la entidad ha cobrado a sus clientes corporativos de menor riesgo en operaciones de crédito en moneda legal de corto plazo (hasta 12 meses), cualquiera que sea la modalidad utilizada y sin que ella constituya necesariamente una oferta. En consecuencia y con arreglo al criterio antes expuesto, dicha tasa debe reflejar la realidad comercial del momento para los usuarios del servicio, permitiéndoles seleccionar uno u otro intermediario a partir de la información suministrada.
Tasas máximas de interés
Las tasas de interés pueden ser libremente acordadas por las partes siempre que se sujeten a los límites legales. Teniendo en cuenta lo anterior, y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, aquellas obligaciones que pacten las entidades vigiladas, en las cuales hayan de pagarse créditos de un capital, deben sujetarse a las siguientes reglas:
Tasa máxima de interés remuneratorio: las tasas máximas de interés remuneratorio que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las operaciones activas y pasivas son las que indique la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) de acuerdo con lo dispuesto en el literal e. del artículo 16 de la Ley 31 de 1992. En tanto la autoridad monetaria no señale las tasas máximas remuneratorias, las mismas deben responder a lo pactado libremente por las partes, teniendo en cuenta en todo caso que no pueden superar la tasa constitutiva del delito de usura.
Tasa máxima de interés moratorio: las tasas máximas de interés moratorio no pueden ser superiores a una y media veces el interés bancario corriente certificado por la SFC de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio.
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 546 de 1999, cuando las partes no hayan pactado intereses moratorios, los mismos no se presumen; sin embargo, cuando se pacten no podrán exceder una y media veces el interés remuneratorio pactado y solamente podrán cobrarse sobre cuotas vencidas.
Atendiendo la existencia de tasas diferenciales dependiendo de las certificaciones emitidas por la SFC para los distintos tipos de crédito de conformidad con las facultades previstas en el artículo 326 del EOSF, el cálculo de las tasas moratorias debe corresponder a cada uno de los tipos de crédito existentes.
Tasa constitutiva de usura: es aquella tasa que se configura cuando la utilidad o ventaja que se cobre o reciba por concepto de un préstamo de dinero o de la venta de un bien o un servicio a plazo, exceda en la mitad el interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la SFC, de conformidad con el artículo 305 del Código Penal (CP).
Cobros que conforman intereses
Dado que los intereses son réditos de un capital, debe entenderse incluido en ellos tanto lo que se cobra por ceder el beneficio de hacer uso del dinero, como por asumir el riesgo que ello representa y en general, todas las cargas de tipo accesorio que se derivan para el acreedor respectivo, con excepción de los impuestos directos que se causen, como podrían ser los estudios de crédito y los costos de control y cobranza normal u ordinaria, resultando así remunerada con tales réditos y en su integridad, la operación financiera.
Así las cosas, para efectos de lo dispuesto en el artículo 1168 del Código de Comercio y el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, debe entenderse comprendido en el concepto de interés, toda suma que reciba el acreedor directamente o por interpuesta persona, teniendo como causa la entrega de dinero, a título de depósito o de mutuo, así como aquellas sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito.
Tratándose de microcréditos, los intermediarios financieros y las organizaciones especializadas en crédito micro empresarial, podrán cobrar honorarios y comisiones, de conformidad con las tarifas que autorice el Consejo Superior de Microempresa, según lo dispone el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, no repuntándose tales cobros como intereses, para efectos de lo estipulado en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990.
Crédito a entidades estatales
En todos los casos que pretenda celebrarse una operación de crédito público o sus asimiladas con las entidades estatales del orden nacional, definidas en el artículo 2.2.1.2. del Decreto 1068 de 2015, previo a la firma del mismo, sin excepción, debe exigirse la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el mencionado decreto.
Requisitos para el otorgamiento de créditos a cargo de entidades públicas territoriales
El otorgamiento de créditos a entidades públicas territoriales y sus organismos descentralizados, se rige por reglas que imponen a las entidades vigiladas una particular diligencia en el análisis de la capacidad de pago y endeudamiento de los potenciales deudores. En esa medida y dado que este tipo de entes se rigen por condiciones especiales, es deber de los establecimientos de crédito, además de los requisitos que se definan en sus políticas internas de crédito, exigir los requisitos dispuestos en las disposiciones legales en materia de endeudamiento para este tipo de entidades.
Para tal efecto, debe tenerse en cuenta:
Regulación vigente
En la celebración de operaciones de crédito público y sus asimiladas con entidades territoriales y sus organismos descentralizados, se deben atender las reglas contenidas en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y las contenidas en las Leyes 358 de 1997, 533 y 550 de 1999, 617 de 2000, 819 de 2003, y en las demás normas concordantes, incluyendo el Decreto 1068 de 2015.
Destinación de los recursos de financiación
En la celebración de operaciones de crédito público, las entidades vigiladas deben verificar que los recursos otorgados sean destinados a financiar gastos de inversión de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 358 de 1997, salvo aquellos créditos de corto plazo, los de refinanciación de deuda vigente o los adquiridos para pago de indemnizaciones de personal en procesos de reducción de planta.
Para el caso de créditos de corto plazo como los de tesorería, las operaciones de endeudamiento deben ajustarse a los requisitos establecidos para estas entidades en las disposiciones que les rigen, como el artículo 15 de la Ley 819 de 2003.
Capitalización de intereses
Las entidades financieras no pueden estipular mecanismos de financiación en los que por virtud de la capitalización de intereses se mantenga inactiva la atención de la deuda por un término relativamente considerable, sin que pueda evaluarse durante el mismo la capacidad de pago del deudor y, por ende, la calidad del crédito concedido en tales condiciones. Este mecanismo conduce a que no se revele en forma adecuada el servicio total de la deuda e impide ejercer el control sobre el límite de endeudamiento de las entidades territoriales previsto en la Ley 358 de 1997. En estos casos, el establecimiento de crédito debe verificar que la entidad territorial cumple además con la relación saldo de la deuda/ingresos corrientes establecido en el artículo 6 de la Ley 358 de 1997, cuando a ello hubiere lugar.
Garantías
Sin perjuicio de lo establecido en el subnumeral 2.1.2 del presente Capítulo, las entidades vigiladas deben tener en cuenta que los ingresos o rentas de vigencias futuras, son proyecciones y por tanto, son estimativos inciertos, para efectos de la asunción del riesgo implícito en dichas operaciones.
En igual sentido, es deber de los establecimientos de crédito asegurarse de que las garantías ofrecidas no tengan gravámenes o compromisos previos que limiten su eficacia, y en todo caso, cuando la cuantía del crédito no haga necesaria la sujeción a las normas sobre riesgo de concentración, el establecimiento de crédito debe verificar que las rentas no hayan sido otorgadas en garantía anteriormente a otras entidades financieras, salvo que la suficiencia de la renta sea tal que pueda garantizar créditos adicionales.
Límites a los niveles de endeudamiento
Cuando las entidades vigiladas otorguen crédito a las entidades territoriales deben, en todos los casos, verificar que estos no superen los límites de endeudamiento previstos en las Leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2013, u otras que las adicionen o modifiquen. Adicionalmente, tratándose de departamentos, distritos y municipios debe acreditarse el cumplimiento de los indicadores de gastos de funcionamiento a que se refieren los artículos 4, 6, 8 y 10 de la Ley 617 de 2000.
En todo caso, los establecimientos de crédito deben abstenerse de otorgar financiación a cualquier entidad territorial que, presentando una relación intereses/ahorro operacional superior al 60% o una relación saldo de la deuda/ingresos corrientes superior al 100%, no haya suscrito un plan de desempeño -el cual debe contar con la conformidad previa de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- y tenga la autorización de endeudamiento correspondiente, en los términos establecidos en la Ley 358 de 1997 y en la ley 2155 de 2021 y sus disposiciones complementarias.
La SFC impondrá las sanciones a que haya lugar por el otorgamiento de créditos a las entidades territoriales sin la verificación de la capacidad de pago de que trata la Ley 358 de 1997.
Planes de desempeño / Acuerdos de reestructuración - Programas de saneamiento fiscal
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 358 de 1997, los planes de desempeño son programas de ajuste fiscal, financiero y administrativo tendientes a restablecer la solidez económica y financiera de las entidades territoriales. No obstante, las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado pueden acogerse a los acuerdos de reestructuración de la Ley 550 de 1999 y a los programas de saneamiento fiscal a que se refiere la Ley 617 de 2000.
Tratándose de acuerdos de reestructuración, corresponde a las entidades vigiladas el control al cumplimiento de los acuerdos, bajo el entendido que el control atribuido a las entidades financieras sólo comprende acceder a información respecto del cumplimiento de los acuerdos de reestructuración por parte de las entidades territoriales, con el consecuente deber de comunicar a las autoridades competentes acerca de los incumplimientos identificados.
Los establecimientos de crédito deben abstenerse de otorgar cualquier nuevo endeudamiento a las entidades territoriales que incumplan el plan de desempeño a que se refiere el artículo 9 de la Ley 358 de 1997, salvo que tratándose de una nueva administración ésta cuente con autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo XXXI de la CBCF o las normas que lo modifiquen o sustituyan.
Mecanismos adicionales de verificación y de registro de la operación
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas a las entidades vigiladas en las normas que regulan la actividad de endeudamiento de las entidades a que se refiere este aparte, los establecimientos de crédito deben tener en cuenta mecanismos adicionales que les permitan evaluar en debida forma la capacidad de pago de dichas entidades y contar con suficientes elementos de juicio para valorar la seguridad de las operaciones realizadas. En tal sentido, entre los diversos mecanismos, resulta preciso que los establecimientos de crédito exijan de las entidades territoriales el certificado de registro de la deuda que expiden las correspondientes Contralorías.
Así mismo y con el fin de que las entidades sometidas a la Ley 358 de 1997 cumplan con el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 533 de 1999, de acuerdo con los cuales para la ejecución de estas operaciones de crédito es requisito indispensable proceder a su registro en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al envío de información referente a saldos y movimientos de dichas operaciones, se considera conveniente que en las minutas de contrato de empréstito interno que se acuerden con las entidades territoriales y sus organismos descentralizados, se incluya una cláusula que obligue a que previo el primer desembolso del préstamo, el prestatario, en cumplimiento de la citada disposición, remita a la Dirección General de Crédito Público copia del contrato de empréstito, para su consiguiente registro.
Para los efectos de este subnumeral, los establecimientos de crédito deben adoptar instructivos internos necesarios para poner en ejecución las medidas señaladas.
Contratos con empresas de servicios públicos de carácter oficial
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.6 de la Ley 142 de 1994, les está prohibido a las instituciones financieras celebrar contratos con empresas de servicios públicos oficiales para facilitarles recursos, cuando se encuentren incumpliendo los indicadores de gestión a los que deben estar sujetas, mientras no acuerden un plan de recuperación con la comisión encargada de regularlas.
En consecuencia, siempre que un establecimiento de crédito celebre operaciones de crédito con una empresa de servicios públicos de carácter oficial, debe verificar previamente, de manera formal y dejando constancia escrita en los documentos de estudio del crédito, si la respectiva empresa se encuentra cumpliendo los indicadores de gestión (cuyo seguimiento y control es realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios), o, en su defecto, si ha suscrito un plan de recuperación con el correspondiente ente regulador que la habilite para endeudarse.
Garantías para efectos de cupos individuales de crédito
Las instrucciones del presente numeral rigen hasta el 4 de agosto de 2025, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa 003 de 2024 de esta Superintendencia y según lo previsto en el Decreto 1533 de 2022.
Garantías admisibles
Para efectos de establecer los límites a los cupos individuales de crédito y de acuerdo con lo previsto en los artículos 2.1.2.1.3 y 2.1.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010, se consideran garantías admisibles los derechos reales o personales que permiten a la entidad financiera acreedora, en caso de ser incumplida la obligación garantizada, obtener de manera eficaz y oportuna su pago, incluso coactivamente, sin ser indispensable acudir ante la jurisdicción ordinaria. Así es como, la garantía admisible consiste en ofrecer un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación.
En tal sentido, la enunciación de garantías admisibles contenida en el artículo 2.1.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010 no es taxativa; por ende, las entidades financieras pueden aceptar como tales aquellas seguridades que conforme a la evaluación que de ellas hagan, reúnan las características descritas en los mencionados artículos. La evaluación pertinente debe reposar en la entidad y mantenerse a disposición de esta Superintendencia, acorde con las políticas de administración de riesgo de crédito.
A continuación, se considera pertinente efectuar las siguientes precisiones adicionales respecto de algunas garantías o seguridades admisibles:
Pignoración de rentas de entidades territoriales y entidades descentralizadas
Las garantías otorgadas por las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas deben evaluarse de acuerdo con los criterios definidos en el artículo 2.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010.
Ahora bien, conforme al artículo 11 de la Ley 358 de 1997, y para los efectos de lo previsto en el literal e. del artículo 2.1.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010, cuando se pignoren rentas de las entidades territoriales, de sus entidades descentralizadas o de las áreas metropolitanas y dichas rentas deban destinarse forzosamente a determinados servicios, actividades o sectores establecidos por la ley, se considera dicha pignoración como garantía admisible, sólo si el crédito asegurado con la prenda tiene como objetivo único financiar la inversión para la provisión de los mismos servicios, actividades o sectores a los cuales deban destinarse las rentas correspondientes.
No obstante, es posible constituir garantías sobre rentas de destinación específica para respaldar operaciones de sustitución de los créditos originales, es decir, para contraer una operación crediticia cuyos recursos se destinarán a pagar de manera anticipada otra obligación ya vigente. Lo anterior, en razón a que estas operaciones se interpretan como un acto de gestión sobre el pasivo financiero en el cual se realizan algunas modificaciones sobre la deuda inicial, pero manteniendo el propósito y monto de la operación.
Garantía personal
Conforme lo previsto en el literal h. del artículo 2.1.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010 es garantía admisible la garantía personal, esto es, el aval o fianza de personas jurídicas que tengan en circulación en el mercado de valores papeles con la mera garantía de su patrimonio, siempre y cuando se trate de personas cuyos valores hayan sido calificados como de primera clase por empresas calificadoras de valores inscritas ante la SFC. Esta garantía, respecto de las operaciones con un mismo deudor o grupo de deudores, no podrá ser superior al 15% del patrimonio técnico de la entidad acreedora.
Garantías mobiliarias
Se consideran admisibles, las garantías mobiliarias que refiriéndose a cualquiera de las operaciones de que trata el artículo 3 de la Ley 1676 de 2013, reúnan los requisitos establecidos en el artículo 2.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010.
La constitución, oponibilidad, registro, prelación y ejecución de las garantías mobiliarias siguen lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013 o las normas que la modifiquen, así como en sus decretos reglamentarios, entre estos, el Decreto 1074 de 2015 y sus modificaciones.
No obstante, la misma ley en el artículo 4 establece unas limitaciones a este tipo de garantía, al señalar que no será aplicable a los bienes muebles sobre los que la pignoración o utilización como garantía mobiliaria esté prohibida por ley imperativa o de orden público, y que se exceptuarán de lo dispuesto en dicha ley, las garantías mobiliarias otorgadas sobre:
Bienes muebles tales como las aeronaves, motores de aeronaves, helicópteros, equipo ferroviario, los elementos espaciales y otras categorías de equipo móvil reguladas por la Ley 967 de 2005.
Valores intermediados e instrumentos financieros regulados en la Ley 964 de 2005.
Garantías sobre títulos valores, que seguirán las reglas del Código de Comercio.
Depósito de dinero en garantía, cuando el depositario es el acreedor.
Títulos valores entregados en garantía
Los títulos valores que sean considerados como garantía admisible para efectos de lo previsto en el artículo 2.1.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010, y en consecuencia sean aceptables para efectos de la administración de riesgo de crédito deben cumplir con las siguientes condiciones:
Menciones de los títulos valores
Deben contener las menciones y requisitos que la ley señala para todos los títulos valores en general y, las particulares del que se recibe en garantía, salvo que la ley los presuma.
Librador
Los títulos deben ser librados por persona distinta del beneficiario del préstamo, sin perjuicio de que el deudor los avale para mayor seguridad de quien concede el crédito. Para efectos de ser considerados garantía admisible, deben ser emitidos, aceptados o garantizados por entidades financieras o por entidades emisoras de valores en el mercado público de valores, de acuerdo con el artículo 2.1.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010.
Vencimiento
Los títulos deben estar en aptitud para ser cobrados a la época del vencimiento del crédito, esto es, que las acciones cambiarias que de ellos emanan no caduquen ni prescriban durante el término en que ostentan la calidad de garantía.
Negociación
Los títulos deben negociarse en debida forma y cuando el endosante obre en calidad de representante o mandatario debe acreditar tal calidad.
Propiedad
Los títulos deben pertenecer efectivamente al deudor prendario.
Requisitos especiales de las facturas de venta
Tratándose de facturas de venta, deben cumplir con los requisitos especiales impuestos por la Ley 1231 de 2008, así como los que les sean complementarios.
Pignoración de los cánones de arrendamiento de los contratos de leasing
De conformidad con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 2.1.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010, se considera como admisible para los efectos de los cupos individuales de crédito, la garantía que verse sobre rentas derivadas de contratos de arrendamiento financiero o leasing, en tanto cumplan con:
i. Objeto
La pignoración de rentas recaiga sobre los cánones de arrendamiento que deben cancelar periódicamente los arrendatarios a favor de un establecimiento de crédito por razón de la celebración de un contrato de arrendamiento financiero.
ii. Requisitos
La pignoración de rentas que se constituya mediante la cesión de los derechos de crédito concretados a los cánones de arrendamiento y se surta de conformidad con el artículo 1959 del Código Civil, en armonía, con el artículo 822 del Código de Comercio, y siempre y cuando se observen los siguientes requisitos:
a. Entrega del título que documente el derecho.
b. Notificación del gravamen: debe producirse la notificación del gravamen al deudor del crédito dado en prenda.
c. Recaudo de los cánones: no puede existir por parte del acreedor prendario delegación en la entidad para efectuar el recaudo de los cánones.
d. Custodia del dinero recibido por el pago de los cánones: el acreedor prendario está obligado a mantener en custodia el dinero proveniente del pago de los cánones durante el lapso que precede al vencimiento de la obligación garantizada. Una vez vencida ésta, la suma que subroga el crédito pignorado puede ser aplicada a la satisfacción de la obligación garantizada en los términos del artículo 1173 del Código de Comercio.
En el evento en que la deuda garantizada esté vencida y el acreedor prendario reciba el pago de las rentas pignoradas, la garantía prendaria se subroga en dinero y como quiera que no es posible la prenda sobre el mismo, opera la conversión del negocio jurídico que dio origen a la garantía, tornándose en depósito de dinero respecto del cual es procedente aplicar el procedimiento señalado en el artículo 1173 del Código de Comercio.
En todo caso, si bien puede calificarse como garantía admisible la "pignoración de rentas" en comento, son las políticas de administración de riesgo de crédito las que deben determinar el nivel de riesgo que dichas seguridades conllevan.
Bonos de prenda
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010, los bonos de prenda están previstos como garantías o seguridades admisibles, en tanto cumplan con las siguientes instrucciones:
En aquellos eventos en que se otorguen créditos sobre mercancías depositadas en bodegas bajo el cuidado de los almacenes generales de depósito –AGD-, el establecimiento de crédito debe verificar que el valor de los préstamos concedidos sea inferior al valor de la mercancía que aparece en el certificado de depósito.
Al respecto, debe recordarse que sobre las mercancías existen derechos de retención y privilegio a favor de los AGD para hacerse pagar los derechos de almacenaje, comisiones y gastos de venta, de conformidad con lo previsto en el artículo 1188 del Código de Comercio, y en caso de tener que hacer uso del procedimiento indicado para el cobro de los bonos de prenda, se debe aplicar la prelación de que trata el artículo 798 del mismo código.
De otra parte, debe tenerse en cuenta el caso de las mercancías importadas que soportan gravámenes fiscales por no estar nacionalizadas, que tienen prelación según lo previsto en el Estatuto Aduanero y el artículo 798 del Código de Comercio.
Los anteriores elementos, así como el avalúo que el depositante y el AGD les han dado a las mercancías depositadas, deben ser tenidos en cuenta al realizar operaciones de descuento de los bonos de prenda.
Garantías no admisibles
Las garantías no admisibles, es decir, tanto las enunciadas en el artículo 2.1.2.1.6 del Decreto 2555 de 2010 como seguridades no admisibles, como aquellas garantías no aludidas en tal norma pero que no cumplan las condiciones de los artículos 2.1.2.1.3 y 2.1.2.1.4 del mismo Decreto, aunque pueden ser aceptadas por las entidades financieras como garantía de las operaciones activas de crédito que celebren, de acuerdo con sus políticas de administración de riesgo de crédito, no pueden ser aceptadas en el otorgamiento de aquellos créditos que superen los límites de los cupos individuales de crédito, puesto que la categoría de inadmisible de las garantías o seguridades establecida en las normas comentadas implica única y exclusivamente que estas no son idóneas para ampliar el límite básico del 10% del patrimonio técnico.
Operaciones de redescuento
Información a FINAGRO
Los establecimientos de crédito que han solicitado redescuento de bonos de prenda, deben informar al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario –FINAGRO- sobre las novedades ocurridas a las mercancías que se encuentran respaldando los citados bonos.
Con base en lo anterior, se debe comunicar cualquier operación a FINAGRO, que se haga con la mercancía sobre la cual se ha expedido un bono de prenda y ha sido redescontado por el establecimiento de crédito correspondiente.
Retención de los créditos redescontados
No es aceptable que los establecimientos de crédito avalen ante las entidades de redescuento créditos sin el perfeccionamiento de garantías por parte de los deudores, para posteriormente, una vez producidos los desembolsos, retener el total o parte del neto de cada préstamo, ocasionando parálisis en la ejecución de los proyectos de inversión financiados y encareciendo con la retención los costos financieros del crédito.
Por lo anterior, la entidad de redescuento debe exigir como requisito para aceptar los avales que el intermediario financiero le certifique la existencia legal de las contragarantías relativas al crédito garantizado.
Desviación de recursos de créditos de fomento
De conformidad con los artículos 23 de la Ley 5 de 1973 y 10 del Decreto 2645 de 1980, es obligación de las entidades prestamistas que participan del mecanismo de crédito para fomento agropecuario, declarar vencidas las obligaciones cuando se compruebe una destinación diferente a aquellas para la cual fueron concedidos los préstamos o en cualquier otra forma hayan incumplido los respectivos contratos.
Adicionalmente, FINAGRO está facultado para cargar a la cuenta de las entidades prestamistas las sumas correspondientes a los saldos insolutos de las operaciones de crédito redescontadas dentro de dicho fondo, cuando compruebe que el beneficiario final del crédito o el intermediario financiero, han incumplido los contratos de préstamo o las demás obligaciones que se adquieran por virtud de la ley.
Por otra parte, corresponde a la SFC y a la dirección del fondo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 16 de 1990 la inspección y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones aquí indicadas.
Exigencia de reciprocidad en el otorgamiento de créditos de fomento
En el trámite de los créditos de fomento no resulta legalmente admisible que los establecimientos de crédito efectúen exigencias a los usuarios, distintas de las contempladas en la ley o en normas reglamentarias, como son las reciprocidades consistentes en el mantenimiento de determinados promedios en constitución de depósitos a término, apertura de otras cuentas o adquisición de productos y otras análogas.
Operaciones con tarjeta de crédito
En las operaciones activas de crédito que realizan los establecimientos de crédito a través de los sistemas de tarjetas de crédito deben observarse las siguientes reglas:
Cupos de las tarjetas de crédito
Los cupos de las tarjetas de crédito deben otorgarse con sujeción a la política de crédito de cada establecimiento de conformidad con lo previsto en el Capítulo XXXI (SIAR) de la CBCF o las normas que lo modifiquen o sustituyan, y con las disposiciones previstas en el Capítulo 1 del Título II del Libro 1 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010. Por tal virtud, no puede anunciarse la expedición de tarjetas sin sujeción a cupo alguno y en cada extracto debe aparecer el cupo asignado por beneficiario, precisando el monto por utilizar.
La política en materia de cupos para tarjetas de crédito debe formularse por escrito por el órgano competente y ser de amplia difusión en cada entidad.
Aumento de los cupos de las tarjetas de crédito
Los aumentos de cupos deben corresponder a un previo estudio de la capacidad de endeudamiento de cada tarjetahabiente, salvo el caso de las tarjetas en estado activas, en las que el cupo puede modificarse hasta en un porcentaje equivalente al incremento del IPC correspondiente al año anterior.
Condiciones de financiación
Las condiciones de financiación que una entidad determinada ofrezca al público deben ser generales, de tal manera que el acceso al crédito por parte de cualquier usuario se haga en pie de igualdad. Ello implica que la tasa efectiva en estos productos es la misma, así el plazo de financiación sea diferente.
Prácticas inseguras
Sin perjuicio de las prácticas abusivas previstas en la Parte I, Título III, Capítulo I de la CBJ y de conformidad con las facultades otorgadas a esta Superintendencia, se califican como inseguras las siguientes prácticas:
El ofrecimiento de cupos de crédito a favor de grupos de personas, sin que éstas hayan formulado solicitud alguna ante las entidades y sin que por parte de las instituciones se hubiere efectuado un análisis del riesgo a través del estudio de sus condiciones económicas.
El exceso en los cupos máximos.
No adoptar las medidas apropiadas para impedir que los tarjetahabientes que han excedido los cupos máximos aprobados continúen utilizando la tarjeta.
No adoptar las medidas apropiadas para impedir que los tarjetahabientes que han excedido los cupos máximos aprobados continúen utilizando la tarjeta. Con el fin de prevenir la ocurrencia de estos hechos el establecimiento de crédito debe señalar las medidas que serán tomadas por la entidad, en el reglamento de uso de la tarjeta.
Operaciones interfinancieras
Las operaciones interfinancieras entendidas como aquellas que sirven como mecanismo de transferencia institucional de recursos entre entidades vigiladas -a condiciones de mercado-, permitiéndoles mantener una posición activa y pasiva de manera concomitante, se rigen por las disposiciones contenidas en el Capítulo XIX de la CBCF o las normas que lo modifiquen o sustituyan y se encuentran sujetas tanto a los límites de cupos individuales de crédito establecidos en el artículo 2.1.2.1.8 del Decreto 2555 de 2010 como a los cupos globales definidos por la juntas directivas de las entidades, los cuales deben ser evaluados periódicamente y mantener los soportes de las decisiones a disposición de la SFC.
El incumplimiento de este requisito es calificado como práctica insegura por esta Superintendencia.
Aceptaciones de títulos
Condiciones generales para la aceptación de títulos valores
De conformidad con lo previsto en los artículos 7, 12 y 24 del EOSF, los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento están legalmente facultadas para aceptar letras de cambio en los términos y condiciones señaladas en las normas citadas. Las corporaciones financieras, adicionalmente pueden aceptar cualquier clase de títulos emitidos a favor de las empresas con plazo mayor de un 1 año, siempre y cuando correspondan a financiación por parte del vendedor a más de un 1 año en el momento en que se efectúe la operación y se refieran a bienes distintos de automotores de servicio particular.
Para tales efectos, es necesario tener en cuenta las siguientes reglas:
Compraventa como relación causal
Cada aceptación debe ser el reflejo de una operación cierta de compraventa de bienes. Por tanto, los establecimientos de crédito deben adoptar todos los mecanismos indispensables para verificar la existencia de la transacción mercantil; para ello deben exigir el documento o la copia del mismo que instrumente el negocio, o la factura, el contrato de transporte, los registros de importación tratándose de las aceptaciones bancarias etc., así como cualquier documento que haga referencia a la relación causal que de origen al título valor.
Control
A fin de contar con un control adecuado, los establecimientos de crédito mencionados deben tener un sistema de información eficiente que permita mantener un adecuado registro de las aceptaciones de títulos por parte de la entidad, el cual contenga:
i. Nombre e identificación del beneficiario o tenedor inicial.
ii. Si se trata de personas jurídicas, es indispensable, además que se acrediten los certificados de existencia y representación legal y los poderes de quiénes actúan como apoderados o representantes legales del girador del título.
iii. Monto de la obligación.
iv. Fecha en que la letra de cambio es aceptada, fecha de vencimiento y fecha en que se cubre la aceptación y deja de ser un pasivo.
v. Indicación de la sucursal o agencia del establecimiento de crédito que efectuará el pago conforme al tenor literal del título.
vi.Número o serie de la aceptación.
vii. Documentos que deben presentarse y requisitos que deben cumplirse para la aceptación de la letra por parte del establecimiento de crédito.
viii. Nombre de identificación de la persona a quien se le hace el pago.
Condiciones de seguridad de los títulos
Las compañías de financiamiento, los bancos y las corporaciones financieras deben velar por expresar su aceptación en documentos que reúnan óptimas condiciones de seguridad con el fin de preservar su integridad. Dichos documentos deben contener, por lo menos, la siguiente información:
Contenido de los documentos
i. Serie o número de identificación, según sea el sistema que escoja el establecimiento, a fin de permitir su fácil identificación en el sistema de información a que se refiere el punto anterior.
ii. Indicación de la sucursal o agencia del establecimiento que efectuará el pago.
iii. Fecha de la aceptación y fecha de vencimiento.
Condiciones para la aceptación de letras de cambio
Compañías de financiamiento
De conformidad con lo previsto en el artículo 24 literal f. del EOSF las letras de cambio que acepten las compañías de financiamiento son libremente negociables, no renovables y solo pueden originarse en transacciones de compraventa de bienes en el interior del país. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 8 de la Resolución 1 de 2018 expedida por la JDBR, aquellas entidades que reúnan los requisitos exigidos por dicha norma pueden aceptar letras de cambio que se originen en operaciones de compraventa de bienes en el exterior.
Corporaciones financieras
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 literal h. del EOSF, las corporaciones financieras pueden aceptar letras de cambio cuando tales títulos han sido emitidos a favor de las empresas de que trata el artículo 11 ibídem, siempre y cuando correspondan a financiación otorgada por el vendedor a más de 1 año en el momento en el que se efectúe la operación y se refiera a bienes distintos a automotores; y realizar operaciones de factoring con títulos cuyo plazo sea inferior al plazo señalado o que correspondan a financiación por parte del vendedor a menos de 1 año en el momento en que se efectúe la operación.
Establecimientos bancarios
Las letras de cambio que acepten los establecimientos bancarios pueden originarse en transacciones de bienes correspondientes a compraventas nacionales e internacionales según lo dispone el artículo 7 literal f. del EOSF. Toda aceptación debe ser girada a la orden y a un día cierto y determinado. Entre la fecha de aceptación y la fecha de vencimiento no podrá mediar más de 1 año. En ningún caso las letras aceptadas pueden ser objeto de renovación o prórroga.
Cómputo para cupo individual de crédito
Como parte de las operaciones activas de crédito autorizadas a los establecimientos de crédito, las aceptaciones de letras, así como los avales y demás garantías otorgadas por las entidades vigiladas computan para los efectos de determinar el cupo individual de crédito del girador en los términos del Decreto 2555 de 2010 y en consonancia con lo señalado en el numeral 3 del presente Capítulo.
Pago de la letra de cambio
Los establecimientos de crédito a que se ha hecho referencia deben pagar la letra de cambio a su tenedor, para lo cual deben dejar constancia de tal evento, y mantener la información correspondiente, indicándose el nombre completo y los documentos de identidad, tratándose de personas naturales; y de los poderes y certificados de representación de aquellas personas que actúen en calidad de apoderados o representantes legales de personas jurídicas.
Prescripción de la acción cambiaria
En el caso de que una letra no sea presentada para su pago y se cause la prescripción de la acción cambiaria a favor de la institución aceptante, ésta debe adoptar las medidas necesarias, de acuerdo con las circunstancias, para restituirle a su cliente la disponibilidad absoluta sobre la provisión en el caso en que ella se hubiere constituido, salvo el evento previsto en el artículo 696 del Código de Comercio.
Régimen aplicable
En todo lo relacionado con la creación de la letra de cambio, aceptación, pago, protesto, reposición, cancelación y reivindicación, los establecimientos de crédito deben dar cumplimiento a lo previsto en el Título lll del Libro Tercero del Código de Comercio.
Evaluación de solvencia del ordenante
Los establecimientos de crédito deben realizar el análisis que conlleva cualquier operación activa para verificar la solvencia del ordenante, el nivel de endeudamiento, su capacidad de pago y todos aquellos otros elementos que permitan determinar la viabilidad de la expedición de la respectiva aceptación con el propósito de evaluar en cada caso los riesgos que asume la institución.
En consecuencia, los establecimientos de crédito deben abstenerse de otorgar aceptaciones que no reúnan los requisitos exigidos en las instrucciones contenidas en este numeral como los referentes al estudio de la situación financiera del solicitante en los términos descritos, por constituir dicha conducta una práctica no autorizada e insegura.
Crédito documentario
Constituye una operación activa de los bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento, de acuerdo con su régimen legal, el otorgamiento de crédito documentario en los términos definidos por el artículo 1408 del Código de Comercio. En tal virtud, los mencionados establecimientos de crédito pueden emitir cartas de crédito tradicionales, es decir como instrumento de pago o financiación y cartas de crédito stand-by, como garantía del pago de una obligación, según instrucciones recibidas de su cliente.
Características de la carta de crédito
Autonomía
El principio de autonomía es aplicable a las cartas de crédito, en cuanto que las relaciones entre comprador y vendedor generan unas consecuencias que no son oponibles a las relaciones entre el establecimiento de crédito como pagador y el beneficiario y, que a su turno, las relaciones entre ordenante y el emisor son independientes a las que existen entre ordenante y beneficiario y entre pagador y beneficiario.
Cada relación entre las partes las vincula en forma exclusiva y los demás son terceros respecto de dicha relación, de tal manera que no resultan afectados directamente por el desarrollo de la misma. Una vez otorgada la carta de crédito el establecimiento asume un compromiso directo de pagar al beneficiario, siempre y cuando éste cumpla con las condiciones y requisitos pactados en el crédito. La obligación que asume el establecimiento de crédito frente al beneficiario es una obligación condicionada a que éste último le acredite el cumplimiento de su obligación para con el ordenante mediante la presentación de los documentos exigidos en la carta de crédito.
Literalidad
Las partes intervinientes en la carta solo pueden tener como valederas y exigibles las instrucciones, órdenes, condiciones y requisitos que aparezcan debida y expresamente señalados en el texto mismo de ella.
Formalidad
Hace referencia a los documentos que acompañan la carta de crédito y en virtud de la cual se presume que el vendedor ha satisfecho su obligación con el ordenante, cuando presenta al establecimiento de crédito los documentos formalmente correctos. Esta característica surge de las reglas y usos uniformes expedidas por la Cámara Internacional de Comercio, cuando afirman que los bancos deben proceder al examen cuidadoso de los papeles y documentos presentados, para cerciorarse de que exteriormente están de acuerdo con las condiciones del crédito. Es decir, se trata de una verificación formal y por esta razón no puede el ordenante obligarlos a responder por las condiciones intrínsecas de los mismos.
Así es como, el establecimiento de crédito puede ser responsable de la presentación defectuosa de los documentos que debe verificar, así como de las alteraciones o enmendaduras de los mismos, que de un examen diligente sean identificables y puedan derivar en invalidez o falsificación de ellos.
Transferencia de la carta de crédito
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1413 del Código de Comercio, las cartas de crédito son en principio intransferibles salvo que en ellas se haga constar expresamente su transferencia. En este caso, quedará el beneficiario facultado para que el crédito abierto a su favor pueda ser transferido a favor de uno o más beneficiarios, bien sea por la totalidad de su valor o por una parte, siempre que instruya al establecimiento encargado de hacer el pago o las aceptaciones.
Sin embargo, la transferencia referida no puede realizarse mediante endoso, atendiendo lo dispuesto en el Decreto 2756 de 1976, debiendo efectuarse como una cesión de créditos personales. En consecuencia, la negociación no produce efecto contra el obligado ni contra terceros, mientras no sea notificada por el cesionario al establecimiento de crédito.
Si se cumple con el requisito de la notificación contemplado en los artículos 1959 a 1966 del Código Civil, no le será viable al establecimiento de crédito oponerse al pago.
Régimen de insolvencia empresarial del ordenante
El compromiso que asume el establecimiento de crédito de pagar una suma de dinero o de aceptar o negociar títulos valores girados por el beneficiario siempre que los documentos se presenten en debida forma por el mismo dentro de la oportunidad señalada para el efecto, es una obligación condicional que tan sólo depende del cumplimiento de tales requisitos por parte del deudor.
Por consiguiente, no podrá oponer el establecimiento de crédito al beneficiario como excepción al pago que le corresponde, el hecho de que el ordenante esté en proceso de reorganización empresarial o de liquidación judicial, pues no puede resultar el beneficiario afectado por la relación existente entre el emisor y el ordenante.
Apertura de créditos documentarios con recursos de líneas de crédito directas
Resulta válido establecer cartas de crédito utilizables con los recursos provenientes de líneas de crédito directas, con lo cual dichas cartas sirven sólo como instrumentos de pago y, en consecuencia, no conllevan una financiación de la operación por parte de la entidad emisora de las mismas.
En el documento en el cual conste la solicitud de apertura de la carta de crédito debe quedar constancia explícita sobre la vinculación existente entre la misma como instrumento de pago y la línea de crédito directa. Así mismo, debe existir evidencia documental de la conformidad emitida por la entidad otorgante de la línea de crédito, en el sentido de que el banco emisor proceda a expedir la carta de crédito bajo el compromiso de pago del valor equivalente a las utilizaciones efectuadas, en los términos del acuerdo celebrado, cuyas condiciones deben constar por escrito, toda vez que obrar en sentido diverso entrañaría una práctica insegura.
Considerando las características de la operación, específicamente los compromisos que se adquieran frente al beneficiario de la carta de crédito y frente a los bancos corresponsales que obren como confirmantes, la entidad debe establecer parámetros objetivos para evaluar el riesgo derivado de su celebración, en cuanto al análisis de la solidez financiera de la entidad otorgante de la línea de crédito directa.
Operaciones con títulos valores en blanco
Las operaciones activas de los establecimientos de crédito que soporten su garantía, total o parcialmente en títulos valores en blanco deben atender las disposiciones contenidas en el artículo 622 del Código de Comercio. En cumplimiento de lo anterior, además de las instrucciones que los clientes consideren necesario introducir, la carta de instrucciones debe contener:
Clase de título valor.
Identificación plena del título sobre el cual recaen las instrucciones.
Elementos generales y particulares del título, que no consten en éste, y para el cual se dan las instrucciones.
Eventos y circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el título valor.
Copia de las instrucciones que debe quedar en poder de quien las otorga.
Esta Superintendencia considera práctica insegura y no autorizada la inobservancia de las instrucciones impartidas anteriormente.
Operaciones de comercio exterior - reglamentación en materia de importaciones
En aplicación de la Resolución Externa No. 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR), se considera necesario impartir instrucciones en relación con la documentación que debe exigirse en materia de pagos al exterior por concepto de importaciones de bienes.
Documento de transporte
Cuando los intermediarios del mercado cambiario (IMC) autorizados emitan cartas de crédito, deben estipular, como condición para el pago en el exterior de las mismas, la presentación del documento de transporte. Copia o fotocopia de este documento también debe ser exigida a los importadores colombianos por los IMC previo al otorgamiento de la financiación de importaciones.
No se considera obligatoria la exigencia de este documento si se trata del pago anticipado de una importación.
Declaración de cambio
Los IMC en el momento de vender las divisas a los importadores colombianos para cancelar la financiación de importaciones o para efectuar el pago al exterior del valor de la importación, deben exigir los formularios y declaraciones correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en las normas cambiarias.
En todo caso, los IMC deben verificar la información requerida en las declaraciones de cambio, de conformidad con la Resolución Externa No. 1 de 2018, la Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 y las demás normas cambiarias que el Banco de la República expida para su efecto.
Pago de importaciones en pesos
De conformidad con la Resolución Externa No. 1 de 2018, los pagos de importaciones en moneda legal están autorizados, siempre y cuando se canalicen a través de los IMC y estos últimos exijan la declaración de cambio correspondiente.
Prácticas no autorizadas o inseguras
En virtud de las instrucciones, se califican como prácticas inseguras o no autorizadas las siguientes:
Otorgar financiaciones sin el debido registro ante el Banco de la República, dentro de los plazos consagrados en las normas cambiarias.
Modificar las cartas de crédito de importación para que los pagos en el exterior se hagan con la simple presentación de la factura comercial.
Vender divisas por importaciones de bienes que constituyen endeudamiento externo sin la presentación de la declaración de cambio correspondiente.
Recibir pesos de los importadores para el pago de importaciones en moneda legal sin la presentación de la declaración de cambio correspondiente.
Recibir declaraciones de cambio diligenciadas parcialmente, incompletas o erradas.
Recibir en forma extemporánea las declaraciones de cambio.
Recibir de los bancos corresponsales cobranzas de cheques en moneda legal para su cobro y giro al exterior del equivalente en moneda extranjera sin la presentación de la declaración de cambio correspondiente.
Depósitos en cuentas corriente y/o ahorros
Condiciones para la apertura de cuentas
Los establecimientos de crédito deben verificar que en la apertura de depósitos en cuentas corrientes y de ahorros, excepto de aquellas a que se refieren los numerales 4 y 5 de este Capítulo, se recolecte la información y los datos requeridos para implementar mecanismos de autenticación para la realización de operaciones monetarias y no monetarias, por parte del titular o titulares del respectivo producto.
En el evento en que los mecanismos de autenticación implementados requieran de la recolección y almacenamiento de muestras biométricas, las entidades deben atender las instrucciones del numeral 2.3.9.2 del Capítulo I del Título II de la Parte I de la presente Circular.
La recolección y almacenamiento de los datos deberá realizarse en condiciones de seguridad que permitan la eventual práctica de pruebas técnicas, en el evento en que las autoridades gubernamentales o judiciales respectivas así lo requieran.
Los funcionarios encargados de la vinculación de clientes deben tener especial diligencia y cuidado para que la recolección de datos se ajuste a las técnicas que informan esta materia y, en particular, a los requerimientos mínimos para la implementación y uso de biometría como factor de autenticación electrónica, de conformidad con el numeral 2.3.9 del Capítulo I del Título II de la Parte I de la presente Circular.
En aquellos eventos en que los depósitos de ahorro cumplan con las condiciones referidas en los literales a y b del artículo 2.1.15.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o aquellas normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, se podrá acudir al procedimiento simplificado de conocimiento del cliente previsto en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la presente Circular.
Tratamiento de cuentas inactivas y abandonadas
Los depósitos realizados en cuentas corrientes o de ahorros generan un derecho personal para el depositante en contrapartida de un crédito a cargo de la entidad depositaria. En tal virtud, aún vencido el plazo legal o convencional para reclamarlo, permanece para el depositante la facultad jurídica para exigir el cumplimiento de su obligación por parte del establecimiento de crédito, la cual corresponde al pago de una suma de dinero equivalente a la depositada, con los respectivos intereses, si a ello hay lugar.
No obstante, las entidades vigiladas deben dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 126 de la Ley 2294 de 2023 (y cualquier norma que la modifique, adicione o complemente) y la Ley 1777 de 2016.
Para los efectos previstos en la Ley 1793 de 2016, se considera que una cuenta de ahorros está inactiva cuando no se haya realizado alguna operación durante un periodo de 6 meses consecutivos. Entiéndase por operación cualquier movimiento de depósito, retiro, transferencia o en general cualquier débito o crédito que afecte al producto, con excepción de los créditos o débitos que la institución financiera realice con el fin de abonar intereses o cobrar costos financieros y/o transaccionales.
Recepción de moneda de curso legal
En atención a que el artículo 11 de la Ley 31 de 1992 establece que la moneda legal es el único medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado, las entidades vigiladas deben recibir y devolver el cambio de moneda metálica, así como recibir billetes viejos, deteriorados o de baja denominación, en las funciones de intermediación que les han sido autorizadas y específicamente, en desarrollo de los contratos de depósito a la vista o a término.
Adicionalmente, considerando la vocación circulatoria del dinero y el deterioro al que en virtud de ésta se expone la moneda, el Banco de la República estableció condiciones y procedimientos de cambiabilidad en la Circular Reglamentaria Externa DTE-53 de 2001, y aquellas normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, correspondiendo exclusivamente a dicho organismo la facultad de retirar billetes y monedas de circulación, tal como lo establece el artículo 10 de la Ley 31 de 1992.
En ese orden de ideas, los establecimientos de crédito deben contar con mecanismos adecuados que permitan verificar permanentemente que la institución devuelve el cambio en las operaciones que realiza y que recibe moneda legal, tanto en billetes como en moneda metálica de cualquier denominación, garantizando su plena utilización por parte de clientes y usuarios. Actuar de manera contraria implica desconocer las reglas señaladas, las cuales resultan abiertamente lesivas de los intereses de los clientes y usuarios del sistema.
Autorización de los reglamentos de los productos de las secciones de ahorro
El procedimiento de autorización de los reglamentos de los productos de la sección de ahorros de los establecimientos de crédito y cajas de compensación se sujeta al régimen de autorización general o individual de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente numeral.
Las entidades podrán surtir el trámite de autorización a través de cualquiera de los dos regímenes de acuerdo con las reglas contenidas en el presente Capítulo. Aquellas entidades que cumplan con los presupuestos para obtener la autorización a través del régimen general podrán optar por someterse al trámite individual para lo cual bastará con radicar los documentos bajo el código correspondiente a este último trámite.
Contenido mínimo de los reglamentos de los productos de las secciones de ahorro
Los reglamentos de los productos de las secciones de ahorro deben contener, como mínimo, las siguientes cláusulas:
(i) Condiciones y requisitos para la apertura del producto
(ii) Características y condiciones del producto
(iii) Derechos y obligaciones de las partes
(iv) Canales dispuestos por la entidad para el retiro de las sumas de dinero con la indicación del canal gratuito habilitado para ese propósito (Ley 1836 de 2017)
(v) Condiciones, límites y costos para el retiro de los recursos
(vi) Las tarifas asociadas al uso del producto y la forma para determinarlas y cobrarlas
(vii) Las condiciones y medidas para el uso y manejo seguro del producto y los canales asociados al mismo
(viii) Las condiciones de liquidación y abono de intereses
(ix) Las reglas y condiciones para la cancelación del producto
(x) Las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato
(xi) Las condiciones de manejo de la información del titular del producto, específicamente lo relacionado con el uso comercial que se dará al mismo
(xii) Los mecanismos de protección para la defensa del consumidor financiero, incluyendo las reglas sobre las modificaciones del producto, el término para notificar las modificaciones al reglamento, la información relacionada con el seguro de depósitos y la indicación de si las decisiones del defensor del consumidor financiero de la entidad son de obligatorio cumplimiento
(xiii) Los eventos en los cuales la entidad se encuentra habilitada para efectuar débitos automáticos del producto. Las cláusulas de compensación por el uso o adquisición de otros productos con la entidad deben estar expresamente consagradas y autorizadas en los contratos asociados a dichos productos y no en los reglamentos de los productos de ahorro del titular.
(xiv) Demás información que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor comprenda el funcionamiento del producto y los servicios asociados al mismo.
La información contenida en los reglamentos de los productos de ahorro debe ser veraz, suficiente, clara, pertinente y verificable. Además, debe permitir y facilitar la adecuada comprensión por parte del cliente, para que este pueda tomar decisiones informadas.
Los reglamentos podrán contener remisiones a los medios masivos de información donde se puedan consultar aspectos relacionados con límites y costos para el retiro de los recursos, tarifas asociadas al uso de los productos y las políticas de tratamiento de datos de la entidad.
En ningún caso, los reglamentos pueden incluir estipulaciones contrarias a las normas e instrucciones aplicables para este tipo de productos tales como: (i) saldos mínimos obligatorios, (ii) autorizaciones generales para el manejo de la información del cliente, (iii) cláusulas abusivas o cualquier otra que pueda afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de la posición dominante contractual, según lo establecido en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009.
Régimen de autorización individual
Se someten al régimen de autorización individual, los reglamentos de los productos de la sección de ahorro de las entidades que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
(i) Cuando se trate del primer reglamento de la sección de ahorros de la entidad
(ii) Cuando, durante el último año, haya sido sancionada por incumplimiento de las normas relacionadas con el régimen de protección al consumidor financiero
(iii) Cuando, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de aprobación del reglamento por parte de la Junta Directiva, la entidad vigilada haya sido objeto de la adopción de un instituto de salvamento
(iv) Cuando se encuentre sometida a vigilancia especial o se encuentre adelantando programas de recuperación, saneamiento o adecuación de capital.
Régimen de autorización general
Las reformas o modificaciones a los reglamentos de los productos de la sección de ahorro que hayan sido aprobados por la SFC se entienden autorizadas de manera general, siempre que: (i) cumplan los requisitos legales, y (ii) no incluyan estipulaciones contrarias a las normas e instrucciones que los rigen, ni al régimen de protección al consumidor financiero contenido en las Leyes 1328 de 2009, 1793 de 2016, 1836 de 2017, la presente Circular Básica Jurídica, y demás normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.
Trámite de autorización del régimen general.
Las reformas a los reglamentos de los productos de ahorro en operación deben ser aprobadas por la junta directiva de la entidad o el órgano que haga sus veces. Adicionalmente, se entienden autorizadas mediante el régimen general, siempre que cumplan las condiciones establecidas en los subnumerales 1.4.1. y 1.4.3 del presente Capítulo.
Para el efecto, la entidad debe remitir a la SFC la documentación prevista en la lista de chequeo respectiva. En la certificación suscrita por su representante legal debe constar que las modificaciones al referido reglamento cumplen con las condiciones señaladas en el subnumeral 1.4.1 del presente Capítulo.
Los reglamentos de los productos de la sección de ahorros a los que les aplique el régimen de autorización general se entienden autorizados a partir de la fecha que se indique en el acto administrativo que se emita para tal efecto.
Toda información suministrada que sea falsa, engañosa, inexacta o incompleta da lugar a las medidas de supervisión o sanciones administrativas que considere esta Superintendencia en ejercicio de sus atribuciones legales.
La autorización impartida mediante este procedimiento no restringe la facultad que tiene la SFC de solicitar y verificar, en las entidades vigiladas, el contenido de los reglamentos de las secciones de ahorro que hayan surtido el trámite de autorización a través del régimen general indicado en este Capítulo.
Las modificaciones a los reglamentos de los productos de la sección de ahorros deben ser notificadas a los consumidores financieros en los términos que se establezca en el respectivo contrato y deben ser actualizadas en todos los documentos que la respectiva entidad utilice para la comercialización y ofrecimiento del respectivo producto, así como en su página web.
Extractos de cuenta de ahorro
Los extractos de cuentas de ahorro deben indicar, por lo menos una vez al año, cuál es la periodicidad y forma de liquidación de los intereses. En el evento en que se presenten modificaciones respecto de esta información, el extracto debe incorporar la periodicidad y forma de liquidación de intereses que se esté aplicando en ese momento.
Depósitos de ahorro y certificados de ahorro a término
Aspectos comunes
Tanto en los Certificados de Depósito a Término (CDT) como en los Certificados de Ahorro a Término (CDAT), los establecimientos de crédito pueden acordar con el depositante que, al llegar al término de vencimiento, si este no se prorroga por falta de acuerdo entre las partes, el importe del depósito quedará a su disposición del depositante a partir del vencimiento del plazo señalado para su restitución, sin que por ello se cause rendimiento alguno.
Cuando sea el caso, los establecimientos de crédito deben informar oportunamente y por escrito a la dirección física o al correo electrónico del titular del depósito su decisión de no prorrogar el contrato, salvo que: (i) en el texto del certificado se hubiere previsto que, ante el silencio de las partes, el mismo se prorrogará en condiciones previamente determinadas o determinables, y (ii) que la entidad hiciere uso de tal prerrogativa. En este último evento, el certificado se prorrogará por un término igual al inicial y en las condiciones (de tasa, modalidad de pago, plazo, otros) que se hubieren previsto para tal efecto.
La constancia que se expide con ocasión de la entrega de recursos en depósitos de ahorro es una simple constancia de depósito que legitima a su titular para exigir el pago de su acreencia. Por tanto, tal constancia no tiene vocación de circulación en los términos del artículo 645 del Código de Comercio, de manera que no puede ser expedida al portador, ni transferirse mediante endoso. De igual forma, el tratamiento indicado en el artículo 802 del Código de Comercio para los casos de hurto, destrucción o extravío de los títulos valores no es aplicable a los documentos representativos de los depósitos de esta modalidad de ahorro.
Depósitos de ahorro y CDAT- de corporaciones financieras y compañías de financiamiento
En desarrollo de lo previsto en el artículo 2.36.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento pueden captar recursos a través de depósitos de ahorro a la vista o mediante la expedición de CDAT sin más requerimientos que los capitales mínimos establecidos en el artículo 80 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), a efecto de lo cual deben sujetar sus nuevas operaciones a las disposiciones de los artículos 126, 127 y 128 del mismo Estatuto. Sin perjuicio de lo anterior, la captación de recursos del público a través de depósitos en cuenta corriente se mantiene como una operación autorizada exclusivamente para los establecimientos bancarios conforme a lo establecido en el artículo 7 del EOSF.
Ahora bien, previamente al desarrollo de la captación de ahorros del público a través de depósitos de ahorro y CDAT, las entidades deben acreditar ante esta Superintendencia el cumplimiento de las siguientes condiciones:
Infraestructura tecnológica: Las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento que pretendan captar recursos mediante depósitos de ahorro a la vista y CDAT deben demostrar que cuentan con una infraestructura tecnológica adecuada y con procedimientos debidamente soportados. Por tanto, los interesados deben presentar un informe previo a la SFC para su aprobación, que por lo menos contemple los siguientes aspectos:
Requerimientos tecnológicos que describan los esquemas generales de registro de datos por clientes, operaciones y consolidación, así como las especificaciones técnicas de los sistemas de información (los cuales deben operar en forma integral), equipos de cómputo (nuevo o ensanche del actual) y en general todos los aspectos y detalles técnicos necesarios para implantar en la entidad el producto aquí referido, sustentado en un cronograma que detalle las actividades necesarias para su instalación y puesta en funcionamiento. El procesamiento electrónico de la información que corresponda a este tipo de operaciones debe hacerse con una plataforma tecnológica de propiedad de la entidad o bajo la modalidad de outsourcing o tercerización, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad exigidas por esta Superintendencia.
Se debe indicar de manera clara y expresa si los sistemas de información cumplen con los siguientes aspectos de índole operacional:
El sistema debe permitir el registro y consulta de, por lo menos, los siguientes aspectos de un cliente o usuario:
Identificación.
Actividad económica.
Oficinas y ciudades en donde realiza las transacciones.
Tipo de operación, fecha de realización y monto de la misma.
Almacenar el registro de la totalidad de las operaciones de un cliente o usuario y permitir la consulta de los aspectos antes enunciados de manera transaccional o en forma consolidada.
Consolidar todas las transacciones y clasificarlas por cliente, tomando en consideración los aspectos mencionados en el subnumeral 2.2.1.2.1. de la presente Circular, con una frecuencia diaria como mínimo y a nivel de oficina y/o ciudad.
Manejar todos los aspectos relacionados con la captación de recursos a través de los productos aquí referidos en forma automática, y efectuar la contabilización en línea de la totalidad de las operaciones, de tal manera que en situaciones normales no se requieran procesos manuales entre las diferentes oficinas para su consolidación y conciliación diaria. En el evento en que las anteriores transacciones no se puedan realizar en línea, por problemas de tipo tecnológico, la entidad debe disponer de esquemas de contingencia que permitan su actualización.
Causar, abonar y contabilizar diariamente los rendimientos.
Adquisición de los equipos de cómputo y de comunicaciones.
Planes de contingencia que garanticen el adecuado funcionamiento de las operaciones de la entidad en situaciones anormales.
Manual del producto que contenga las características, controles y procedimientos para su operación.
El anterior informe debe estar certificado por la auditoría interna. Dicha certificación debe detallar el cumplimiento de tales procedimientos y características.
Infraestructura financiera: Se debe demostrar que se cuenta con una infraestructura financiera adecuada, para lo cual deben remitir un estudio de factibilidad que comprenda por lo menos:
Estudio de mercado que contenga, como mínimo: (i) el mercado objetivo que se tiene contemplado penetrar, (ii) las características del mismo y, (iii) su viabilidad técnica. El referido estudio de mercado debe ser elaborado por una empresa idónea a juicio de la SFC o por el establecimiento de crédito. En este último caso, se deben allegar las hojas de vida de los autores incluyendo el detalle de las condiciones profesionales y técnicas que los avalen.
Estudio financiero del producto que considere, como mínimo, los siguientes aspectos:
Necesidades de capital, sin perjuicio del mínimo exigido por la ley, así como el cubrimiento de la inversión fija
Ingresos y gastos de funcionamiento normal del proyecto, que incluyan las erogaciones adicionales, entre otros, por concepto de personal, administrativos, publicidad, así como la amortización de las inversiones iniciales
Punto de equilibrio
Fuentes de financiación del proyecto
Conclusiones del estudio financiero
Gestión de riesgos: Las operaciones desarrolladas en virtud de captaciones a la vista o mediante CDAT deben hacer parte de los sistemas de administración de riesgos, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera.
Prácticas inseguras y no autorizadas
Se consideran prácticas inseguras y no autorizadas a los establecimientos de crédito, entre otras:
El incumplimiento a las disposiciones que rigen la adecuada recolección de muestras biométricas de los clientes de manera que no se ajusten a las técnicas que rigen la materia.
La inobservancia de los requerimientos mínimos necesarios para realizar captaciones de recursos a la vista o mediante CDAT por parte de las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento.
El desembolso de créditos aprobados a los clientes través de CDT y CDAT.
El ofrecimiento de comisiones, pagos en dinero, en especie o cualquier otro estímulo por parte de las entidades vigiladas a sus clientes, con el propósito de canalizar todos los pagos de impuestos a través de su red de oficinas.
Depósito de bajo monto
Los depósitos de bajo monto son depósitos a la vista, a nombre de personas naturales, los cuales se encuentran definidos en el artículo 2.1.15.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
Los depósitos de bajo monto inclusivos son aquellos que, además de cumplir las características definidas en el referido artículo, sean dirigidos a las personas pertenecientes al nivel 1 del SISBEN, desplazados inscritos en el Registro Único de Población Desplazada o beneficiarios de programas de ayuda y/o subsidios otorgados por el Estado Colombiano.
Las entidades vigiladas deben aplicar el procedimiento simplificado de conocimiento del cliente previsto en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la CBJ para la vinculación de clientes a depósitos de monto.
Adicionalmente, las entidades vigiladas deben establecer procedimientos para verificar el contenido y veracidad de la información del cliente sin que esto implique presencia física del mismo.
En los productos a los que se refiere el presente numeral no es necesario conservar tarjetas de registro de firmas ni recolectar huellas dactilares.
Depósitos ordinarios
Los depósitos ordinarios son depósitos a la vista, a nombre de personas naturales y personas jurídicas, los cuales se encuentran definidos en el artículo 2.1.15.2.2 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
Disposiciones comunes a los depósitos de bajo monto y depósitos ordinarios
Reglas especiales en materia de información
Además de la información que por virtud de las disposiciones legales vigentes deban divulgar las entidades que ofrezcan estos productos, en materia de depósitos de bajo monto y depósitos ordinarios debe informarse, de manera particular, lo siguiente:
Que se encuentran amparados por el seguro de depósito de FOGAFÍN o FOGACOOP
Los costos asociados al producto.
Las tasas de interés que las entidades decidan ofrecer a los consumidores por la captación de recursos mediante estos depósitos, si a ello hubiere lugar.
Las características y restricciones aplicables a estos depósitos, así como los efectos de su incumplimiento.
Los canales habilitados por la entidad para la realización de operaciones y transacciones.
Instrucciones especiales en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones
Las entidades vigiladas deben observar las disposiciones generales previstas en materia de requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones previstas en el numeral 2. del Capítulo I, Título II de la Parte I de esta Circular, con excepción de los siguientes:
La personalización de las condiciones bajo las cuales se les prestarán los servicios.
La posibilidad de manejar una contraseña diferente para cada uno de los instrumentos o canales.
La elaboración del perfil de las costumbres transaccionales de los clientes.
La generación y entrega de soportes en los eventos en que se realicen donaciones.
La información y capacitación a los clientes sobre las medidas de seguridad, así como la constancia del cumplimiento de esta obligación.
El establecimiento de las condiciones sobre las cuales los clientes van a ser informados en línea acerca de las operaciones realizadas con sus productos.
La entrega de constancias y paz y salvos sobre productos cancelados.
La emisión de tarjetas personalizadas.
Ofrecer tarjetas débito que manejen internamente los mecanismos fuertes de autenticación.
Informar el costo de las operaciones de manera previa a su realización.
Sin perjuicio de lo anterior, las entidades vigiladas, atendiendo el análisis del sistema de administración de riesgo operacional y las medidas de protección al consumidor financiero que se adopten para los productos relacionados en este subnumeral, podrán implementar cualquiera de estas medidas, circunstancia que debe ser informada de manera oportuna y clara a los consumidores financieros.
Extractos
Respecto de los productos antes señalados, no es necesario que las entidades vigiladas envíen físicamente los extractos. Sin embargo, deben poner a disposición de los clientes los extractos o estados de los productos a través de los mecanismos que establezcan para el efecto.
En todo caso, las entidades deben informar oportuna y claramente a los consumidores financieros dónde, cómo y cuándo pueden acceder a esta información. Igualmente, tales mecanismos deben permitir que el cliente consulte la información correspondiente a la tasa de interés efectiva reconocida por las entidades sobre el saldo durante el período cubierto, cuando a ello hubiere lugar, los movimientos del depósito, la periodicidad y forma de liquidar los rendimientos, así como los cambios que se presenten respecto de esta información.
Cuentas Ley 2044 de 2020
Las cuentas a las que se refiere el artículo 26 de la Ley 2044 de 2020 se regirán por las instrucciones aplicables a las cuentas de ahorro previstas en el presente Capítulo y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables a las cuentas de ahorro.
Los establecimientos de crédito que ofrezcan este producto deben garantizar que las entidades oficiales o entes territoriales que funjan como depositantes:
No dispongan de los recursos depositados en la cuenta de ahorros.
Entreguen los recursos al tradente al que se refiere el artículo 26 de la Ley 2044 de 2020 cuando exista una orden en firme de una autoridad competente que así lo exija.
Entreguen los recursos a los terceros a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 2044 de 2020 cuando exista una orden en firme de una autoridad competente que así lo exija.
En todo caso, los establecimientos de crédito que ofrezcan este tipo de cuentas deben adoptar mecanismos suficientes para identificar y clasificar estas cuentas, de tal manera que se distingan de las demás cuentas de ahorro.
Cuentas corrientes
Apertura
Con entidades públicas
Los establecimientos bancarios, en el proceso de apertura y mantenimiento de cuentas corrientes con las entidades públicas a las que se refieren los artículos 38, 39, 40 y 68 de la Ley 489 de 1998, deben tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1 de 1980, así como los demás requisitos previstos en la normativa aplicable.
Para tal efecto, la apertura de cuentas corrientes a nombre de estas entidades debe ser autorizada por un representante legal del establecimiento bancario o por la persona delegada por un representante legal para tales efectos, previo el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 3 de la misma Ley 1 de 1980.
Con entidades que manejan recursos del presupuesto nacional
Las entidades vigiladas a través de las cuales se administren recursos del presupuesto nacional deben cumplir con los trámites y procedimientos que para el efecto defina la Dirección General del Crédito Público y del Tesoro Nacional en el instructivo de apertura – terminación- y sustitución de cuentas, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
En desarrollo de los citados procedimientos, corresponde a los establecimientos bancarios efectuar un reporte a la Dirección General de Crédito Público y al Tesoro Nacional con la información de las cuentas corrientes o de ahorros que manejan dineros del presupuesto nacional. Dichos reportes deben contener: saldo inicial, valor total de los débitos, valor total de los créditos y el saldo promedio mensual calculado con base diaria y saldo final. Se debe reportar la información del mes inmediatamente anterior, dentro de los 5 primeros días de cada mes y debe ser transmitida en medio magnético de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el formato diseñado para tal fin.
La Dirección del Tesoro Nacional podrá solicitar información sobre cuentas corrientes y/o de ahorro que manejen recursos de la Nación, con las características que se especifique cuando dicha instancia lo considere necesario.
Prohibiciones y limitaciones
Apertura de cuentas corrientes a nombre de establecimientos de comercio
Dada la naturaleza de bien mercantil que tienen los establecimientos de comercio, no es jurídicamente viable la apertura de cuentas corrientes bancarias a su nombre, pues en sí mismos no tienen personalidad jurídica y por tanto no son sujetos de derechos y obligaciones.
Sin embargo, los títulos-valores expedidos a favor de un establecimiento de comercio se consideran títulos al portador, es decir títulos expedidos a favor de sujeto indeterminado, y por tanto, deben ser recibidos y cancelados a quien los tenga; independientemente de que jurídicamente el sujeto a quien esté emitido no exista, sea una supuesta persona o su nombre no corresponda a persona alguna
Sostenimiento de saldos mínimos y cobro de cuota de manejo
No se considera viable jurídicamente la imposición de exigencias relativas al mantenimiento de saldos mínimos promedios en las cuentas corrientes de los clientes de los bancos, como requisito para mantenerlas vigentes.
En el mismo sentido, se considera que contraría normas de orden público la imposición de manera unilateral, de cláusulas que obliguen a pagar una suma determinada de dinero por concepto de cuota de manejo de la cuenta corriente, cuando el promedio de la misma sea inferior a una determinada suma, pues ello constituye una forma de imponer limitaciones a los saldos de depósitos en cuenta corriente.
Cobro de multa por cheques devueltos por fondos insuficientes
Sin perjuicio de la posición que ostente el banco en las relaciones originadas en el contrato de cuenta corriente, y las obligaciones y responsabilidades que se derivan de esa relación contractual, los establecimientos bancarios deben abstenerse de cobrar sumas de dinero por cada devolución de cheques originada en la causal "fondos insuficientes” con cargo a las cuentas de sus clientes por cheques presentados y devueltos por esa causal.
Para tal efecto, las entidades pueden adoptar políticas unilaterales de mal manejo de sus productos, que conlleven a la terminación del contrato, y si es del caso, proceder a la cancelación de la cuenta.
Celebración de convenios para tramitar órdenes de pago
Los depósitos que en virtud del contrato de depósito se realicen en las cuentas corrientes de los bancos, deben realizarse exclusivamente con sumas de dinero y cheques de establecimientos bancarios. En tal sentido, los bancos deben abstenerse de celebrar convenios con las cooperativas de ahorro y crédito para recibir como títulos valores documentos emitidos por ellas para facilitar a sus clientes el manejo de su ahorro, así como llevarlos a canje en el Banco de la República.
Sobregiro en cuenta corriente
Acorde con la autorización contemplada a los establecimientos bancarios para que paguen cheques al descubierto (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), artículo 125), es viable que éstos pueden pactar con el cuentacorrentista un plazo para el pago de los sobregiros pagando intereses remuneratorios y moratorios. En todo caso, una y otra estipulación debe constar por escrito, sin que se requiera hacerlo para cada utilización.
En todo caso el banco: i) no está legalmente obligado a pagar si no hay provisión de fondos por parte del girador y ii) por la concesión del sobregiro, no puede cobrar comisión, esto es, remuneración por un servicio hecho al girador, sino intereses, o sea la remuneración normal que corresponde al préstamo de dinero.
Prohibiciones para incrementar y producir sobregiros
Los sobregiros o descubiertos no pueden incrementarse ni producirse, en los siguientes casos:
i. Por cargos a la cuenta por concepto de remesas negociadas extraviadas.
ii. Por cargos a la cuenta por concepto de cheques extraviados en el canje.
iii. Por cargos a la cuenta provenientes de las prefinanciaciones o financiaciones para futuras exportaciones, cartas de crédito utilizadas, abonos o cancelación de obligaciones de cartera; ni por intereses, comisiones y demás gastos causados por las operaciones antes citadas.
iv. Por cargos de comisiones o intereses por devoluciones de cheques impagados.
Formularios de cheques
Los títulos representativos de los cheques deben ser librados en formularios elaborados o autorizados por los bancos. En tal virtud, dichos formularios deben ser impresos por los bancos bajo su responsabilidad y contener necesariamente el nombre del banco librado y una numeración consecutiva que permita identificarlos plenamente.
Excepcionalmente, cuando los bancos autoricen a sus clientes para elaborar formularios especiales de cheques, debe suscribirse un documento en el que consten claramente las obligaciones que se generan para el cuentacorrentista, los requisitos y factores de seguridad que deben llenar los instrumentos y particularmente, la necesidad de incluir en la impresión el nombre del librado y el número de identificación de los cheques.
Para este efecto, se le señalarán a cada cliente numeraciones consecutivas y particulares que deben estar impresas en los cheques, de manera que permitan identificarlos, sin lugar a duda como correspondientes a los instrumentos especiales, cuya elaboración ha sido autorizada al mismo.
En ningún caso se autorizarán chequeras especiales que, al carecer de los requisitos mencionados, permitan librar cheques a cargo de distintos bancos al arbitrio del titular de las cuentas corrientes.
Cuando el banco utilice para el procesamiento de sus cheques caracteres magnéticos que identifiquen tanto al banco como al cliente o a cualquiera de ellos, dichos caracteres deben ser necesariamente impresos por el banco, aun cuando medie contrato para elaboración de chequeras especiales.
Protesto de cheques
El protesto de cheques solicitado por el tenedor del título debe ir completo, es decir, debe tener estampado al dorso del cheque la palabra "protesto", la causa de éste, el lugar, la fecha, la firma del girado y de los testigos, con el nombre o razón social del girador y la denominación o número de la cuenta, sin que ello implique violación a la reserva bancaria.
Cheques especiales
Cheques fiscales
Aplican a los cheques fiscales las disposiciones de la Ley 1 de 1980 y sus decretos reglamentarios, así como el artículo 125 del EOSF, so pena de las responsabilidades contempladas para los establecimientos de crédito.
Cheques con negociabilidad restringida
La negociabilidad de los cheques puede limitarse en virtud de un mandato legal o por la inclusión de cláusulas tales como "páguese al primer beneficiario” o "no negociable”, obligando a que el cobro se realice por conducto de un banco como lo establece el artículo 715 del Código de Comercio.
Dicha restricción carece de efectos respecto de los títulos al portador. No así en los títulos nominativos, respecto de los cuales es predicable el endoso en procuración y en donde para efectos del artículo citado, el banco actúa como mandatario al cobro de los beneficiarios del pago, sea porque lo han consignado directamente en el banco cobrador o en otra institución financiera que garantiza al banco cobrador que se abonará en cuenta del beneficiario.
La restricción de negociabilidad impone al librado la obligación de pagar el cheque exclusivamente a la persona que acredite ser el beneficiario del mismo en forma directa o por conducto de un banco, salvo en el caso de una norma legal que limite de manera específica el pago directo al beneficiario, como ocurre con los cheques fiscales que sólo podrán pagarse abonando su valor en la cuenta que la entidad pública mantenga en el banco librado o en el establecimiento de crédito consignatario.
La restricción impuesta por norma legal o por disposición de autonomía particular puede ser igualmente complementada con la inclusión de otras cláusulas como el cruzamiento general o especial o la indicación de que el cheque fue emitido para abono en cuenta.
Canje de cheques con negociabilidad restringida
Toda entidad financiera autorizada por la ley para recibir cheques en consignación con cláusula de negociabilidad restringida debe hacer una revisión cuidadosa del título, desde el punto de vista formal, con el propósito de verificar si quien lo recibe o el titular de la cuenta en la cual está consignando, es el legitimado para ejercer el derecho incorporado en el título respectivo.
Cuando una entidad crediticia envíe por canje cheques con negociabilidad restringida, consignados en las cuentas de sus clientes, debe certificar al banco librado que el título fue consignado en la cuenta del primer beneficiario, mediante la imposición del sello mecánico en el que se indique tal circunstancia.
Respecto de los cheques consignados en cuentas de entidades autorizadas por la ley para recibir cheques en consignación (cooperativas de ahorro y crédito, y otros), la certificación que éstas hagan surtirá efectos ante el banco que reciba el documento para presentarlo al canje y ante el banco librado.
La devolución del instrumento a la entidad consignataria, en el evento de haberse omitido la certificación, no puede afectar al tenedor legítimo del título, en el entendido de que dicha causal es de uso meramente interbancario.
Los bancos no deben solicitar como requisito obligatorio que los cheques con cláusula restrictiva de la negociabilidad presentados para el cobro a través del mecanismo de la Cámara de Compensación, además de contener el sello de certificación de que trata el presente subnumeral, contengan la firma del funcionario que en el establecimiento de crédito se encarga de imponer las certificaciones respectivas.
La firma del funcionario encargado de estas funciones puede ser establecida como medida de control, tendiente a establecer responsabilidades administrativas internas, puesto que frente al banco librado y a los demás terceros es el consignatario (como persona jurídica), el responsable de una indebida certificación.
Procedimiento para el pago de cheques con negociabilidad restringida y para abono en cuenta
El cheque para abono en cuenta es libremente negociable, salvo que expresamente se limite su circulación por medio de una cláusula en tal sentido. La restricción para este tipo de títulos está dada en su forma de pago, ya que solo constituye un pago válido aquél que se realice mediante un asiento contable en la cuenta corriente o de ahorros que el tenedor lleve en el banco librado, siendo inválido el pago en efectivo.
Si el tenedor del cheque para abono en cuenta no posee una cuenta corriente o de ahorros en el banco librado, puede endosar el cheque en procuración al banco donde sea titular de una de estas cuentas, para que sea éste el que lo presente al cobro ante el banco librado. En tal evento, el banco librado puede aceptar que el banco intermediario actúe en calidad de mandatario suyo para el pago, celebrándose entonces un contrato de mandato comercial entre las dos entidades.
Prácticas inseguras en cuentas convenio
Con el propósito de que las entidades utilicen adecuadamente la figura de las cuentas convenio, esta Superintendencia se permite señalar las siguientes conductas como constitutivas de prácticas inseguras en el desarrollo de las mismas o en la ejecución de otros mecanismos de traslado de fondos que tengan efectos idénticos o similares a los de la cuenta convenio:
Solicitar a los clientes autorizaciones automáticas o poderes generales para facilitar el flujo de fondos de cuenta de ahorros hacia cuenta corriente y viceversa.
Trasladar fondos de cuentas corrientes hacia cuentas de ahorros o viceversa, sin el previo consentimiento de sus titulares.
Para que una entidad vigilada pueda proceder a efectuar tales traslados debe atender las estipulaciones contractuales, los preceptos legales y las regulaciones administrativas que rigen el respectivo contrato, a efectos de evaluar y determinar los casos concretos en que expresamente está autorizado para hacerlo, y de no existir esa posibilidad dentro del marco legal debe abstenerse de realizar dichas transferencias u obtener previamente la autorización expresa del titular de la cuenta para cada caso en particular.
Cajillas de seguridad
El artículo 1424 del Código de Comercio dispone que los establecimientos bancarios que celebren el contrato de cajillas de seguridad deben conservar un duplicado de la llave entregada al cliente, que depositará inmediatamente ante el funcionario que designe la SFC.
En tal sentido la guarda, como depósito en custodia, de los duplicados de las llaves de las cajillas de seguridad para los establecimientos bancarios del país, estará en cabeza del funcionario que de acuerdo al Manual de Riesgo Operativo de cada entidad sea designado para tal efecto.
Para el retiro de los duplicados de las llaves de las cajillas de seguridad, las entidades depositarias deben cumplir rigurosamente con lo preceptuado al respecto por el inciso segundo del artículo 1424 del Código de Comercio. Para tal fin, deben llevar un registro en el cual se anote cronológicamente el nombre del usuario de la cajilla y el número asignado a ésta, la fecha y hora en que se produce el retiro de la llave y su entrega o restitución, así como, la indicación sobre si la solicitud de retiro fue conjunta o presentada exclusivamente por el banco depositante.
Así mismo, los establecimientos bancarios depositarios deben llevar un registro en el cual consten las firmas autorizadas de los usuarios de las cajillas de seguridad, y en él deben anotar cronológicamente el nombre del usuario, la fecha y hora en que se produzcan depósitos o retiros, restituciones de llaves y el número de la respectiva cajilla.
Compensación interbancaria
El servicio de compensación interbancaria debe regirse por la normativa expedida por el Banco de la República para tal efecto.
Para una mejor prestación del servicio de compensación interbancaria prestado por el Banco de la República los establecimientos bancarios deben reconciliar las diferencias por fuera de la compensación, en aquellos casos en los cuales en la segunda sesión de compensación se devuelvan documentos por valores superiores a los recibidos en la primera, so pena de que se califique como una práctica no autorizada.
Saldo débito en la Cuenta Única de Depósito (CUD) en el Banco de la República
Se califica como práctica no autorizada e insegura la conducta de los establecimientos bancarios que conduzca a generar saldos débito en su Cuenta Única de Depósito (CUD) en el Banco de la República al finalizar la primera etapa de compensación interbancaria.
Igualmente, se califica como práctica no autorizada e insegura la falta de controles adecuados de tesorería que permitan examinar adecuadamente los flujos de fondos disponibles, toda vez que tales deficiencias no permiten adoptar las medidas necesarias con la debida oportunidad para evitar situaciones como la que se comenta.
Canje
Para el cobro en las operaciones de canje, los establecimientos bancarios deben abstenerse de hacer figurar en la parte exterior de los sobres entregados una cantidad mayor a aquella que resulta de sumar el valor de los documentos librados a cargo de otra entidad bancaria de la misma plaza. Dicha práctica se convierte en una forma de crédito interbancario sin costo financiero, mediante la distorsión de la operación de canje ordenada por la ley.
La realización de la práctica antes mencionada hará incurrir a las entidades en las sanciones previstas en los artículos 209 y 211 del EOSF, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por violación a las disposiciones que regulan el encaje legal.
Reglas relativas a la apertura y régimen de los depósitos en moneda legal de no residentes en el país y de los depósitos en moneda extranjera
Para los efectos de lo dispuesto en la Resolución 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR), los establecimientos de crédito a que se refiere dicha norma que aperturen cuentas corrientes o de ahorro en moneda legal a no residentes en el país o aperturen cuentas en moneda extranjera deben cumplir las reglas que se indican a continuación.
Requisitos
Atender al concepto de residencia señalado en el artículo 2.17.1.2. del Decreto 1068 de 2015, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Cumplir con las instrucciones relativas al SARLAFT, en especial, lo relacionado con los requisitos de vinculación de clientes a que se refiere el Anexo 1 del Capítulo IV, Título IV de la Parte I de esta Circular. Si la cuenta se apertura desde el exterior a través de apoderado en Colombia, los documentos que se anexen, incluido el respectivo poder, deben cumplir las formalidades previstas en la ley para los documentos otorgados en el exterior.
Salvo la regla especial contenida en el subnumeral 4.3. del presente Capítulo para la constitución de depósitos por parte de entidades financieras del exterior, y dado que estos depósitos no constituyen inversión extranjera, los mismos no gozan de los derechos cambiarios que se otorgan a tales tipos de inversiones. Los recursos depositados en estas cuentas pueden ser utilizados para cualquier fin.
Requisitos para la apertura de cuentas en moneda extranjera
Podrán constituir depósitos en moneda extranjera, de acuerdo con el régimen de cambios internacionales, las empresas de transporte internacional, agencias de viajes y turismo, almacenes y depósitos francos, entidades que presten servicios portuarios y aeroportuarios, personas naturales y jurídicas no residentes en el país, misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el Gobierno de Colombia, organizaciones multilaterales y los funcionarios de estas últimas y entidades públicas o privadas que estén ejecutando programas de cooperación técnica internacional con el Gobierno Nacional en las cuantías efectivamente desembolsadas por los organismos externos de cooperación. Estas cuentas no dan lugar a la expedición de chequeras o talonarios.
Para tal efecto, las entidades vigiladas deben obtener la siguiente información:
Tratándose de empresas de transporte internacional, agencias de viajes y turismo, almacenes y depósitos francos, entidades que presten servicios portuarios y aeroportuarios, en todos los casos debe obtenerse el certificado de existencia y representación legal que permita acreditar la calidad que tienen para acceder a una cuenta en moneda extranjera.
Tratándose de misiones diplomáticas, consulares y organizaciones multilaterales, la entidad vigilada debe contar con la relación de las embajadas, consulados y organismos multilaterales acreditados ante el Gobierno de Colombia que expida la Dirección General de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tratándose de funcionarios de misiones diplomáticas, consulares y organizaciones multilaterales, la certificación vigente expedida por la Dirección General de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que conste que están acreditados ante la Cancillería, así como copia de la visa diplomática o visa oficial.
Tratándose de personas jurídicas no residentes, se debe anexar el certificado de existencia y representación legal o documento equivalente, expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio.
Tratándose de personas naturales no residentes, para que puedan abrir una cuenta en moneda extranjera deben acreditar su calidad de no residentes. En el caso de extranjeros deben acreditar que no han habitado o permanecido dentro del territorio nacional por un período que exceda de 6 meses continuos o discontinuos en un periodo de 12 meses, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.17.1.2. del Decreto 1068 de 2015. En el caso de nacionales colombianos deben certificar que habitan con carácter permanente en el extranjero.
Las cuentas que estas personas abran en moneda extranjera en Colombia, deben ceñirse a lo que sobre la materia dispongan las normas sobre cambios internacionales expedidas por la autoridad cambiaria.
Requisitos para la constitución de depósitos por parte de entidades financieras del exterior
Las entidades vigiladas que aperturen cuentas corrientes o de ahorro, tanto en moneda legal como extranjera, en favor de entidades financieras del exterior en calidad de no domiciliadas en el país, deben atender lo dispuesto en las respectivas normas sobre cambios internacionales.
Contratos de arrendamiento financiero o leasing financiero
Los establecimientos bancarios y las compañías de financiamiento autorizados para celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing financiero deben abstenerse de realizar las siguientes conductas, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 2.28.2.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010:
Adquirir bienes destinados a ser entregados en arrendamiento financiero, sin que medie un contrato de leasing con el cliente.
Exigir anticipadamente el pago de la opción de compra o adquisición, en contravención a lo dispuesto en las disposiciones antes citadas.
Exigir prepagos sin que se determine en el contrato de leasing la destinación específica que deba dárseles a los mismos.
Desviar el objeto social reglado de las entidades autorizadas, asumiendo compromisos de mantenimiento de los bienes entregados en arrendamiento financiero, o de fabricar o construir bienes muebles o inmuebles. Lo anterior, sin embargo, no impide que el establecimiento bancario o la compañía de financiamiento pueda contratar con un tercero el servicio de mantenimiento, reparación, fabricación o construcción de un activo, bajo el entendido que tales actividades deben tener como causa la celebración de un contrato de leasing.
Permitir, promover o exigir al cliente que pague parte del precio de adquisición del bien a ser entregado en arrendamiento financiero al proveedor del bien, pues las prestaciones derivadas del contrato de compraventa deben predicarse únicamente entre la institución financiera y el proveedor del bien, excluyendo la copropiedad con el arrendatario sobre los activos o su contabilización por un valor que no consulta el monto correspondiente al de su adquisición.
Avalúos de bienes usados
Adquisición
Al adquirir bienes usados para ser entregados en arrendamiento financiero, cualquiera sea su modalidad, los establecimientos bancarios o compañías de financiamiento deben contar con el avalúo de los mismos, de acuerdo con los requisitos contemplados en el artículo 64 del Decreto 2649 de 1993 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, de tal forma que el avalúo determine el valor comercial, su estado, la vida útil estimada, el grado o riesgo de obsolescencia tecnológica, sus posibilidades de recolocación en el evento de ser necesario, o sus posibilidades de venta y, en general, aquellas consideraciones que aseguren, o por lo menos determinen, que la inversión del establecimiento bancario o compañía de financiamiento estará debidamente precautelada.
Bienes retirados en leasing
Cuando por cualquier causa al establecimiento bancario o compañía de financiamiento se le restituya un bien entregado en arrendamiento financiero y aquel tenga capacidad jurídica de celebrar un nuevo contrato sobre el mismo, debe proceder previamente a realizar un avalúo comercial practicado por personas de reconocida especialidad e independencia, salvo que se cuente con uno reciente.
Tratamiento de los prepagos
Cuando en la celebración de contratos de arrendamiento financiero se pacten entregas de sumas de dinero bajo la figura de un "prepago", debe determinarse su destinación específica, como sería el de darles el tratamiento de una cuota extraordinaria o la aplicación a capital de manera que se produzca un menor valor de los cánones por recaudar o una garantía, en cualquiera de estos casos, sin que sea dable apartarse de los elementos esenciales del contrato de arrendamiento financiero.
En tal evento, esa destinación debe ser definida por el cliente sin que sea viable dejar al arbitrio del establecimiento bancario o compañía de financiamiento su destinación o sin que pueda acordarse que la suma así recibida sea considerada como un pago anticipado de la opción de compra, según se señaló en el subnumeral 1.5 de este Capítulo.
Constitución de garantías sobre los bienes entregados en arrendamiento financiero
De acuerdo con el literal g. del artículo 10 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), no es viable otorgar hipoteca o prenda que afecte la libre disposición de los bienes entregados en arrendamiento financiero, salvo que se confiera para garantizar el pago del precio que quede pendiente de cancelar al adquirir el bien.
En tal sentido, las entidades autorizadas para celebrar contratos de arrendamiento financiero sólo pueden constituir el gravamen sobre el bien que financia el proveedor para ser entregado en arrendamiento financiero. Para ello, las entidades deberán prever sistemas de pago con el acreedor hipotecario o prendario para que su cancelación se realice con anterioridad a la época fijada para que el cliente ejerza la opción de compra y se ponga en conocimiento del mismo este servicio financiero sobre tales circunstancias, dejándose constancia expresa.
Los bienes entregados en arrendamiento financiero, cualquiera sea la modalidad, deben estar libres de gravámenes o limitaciones al dominio distintas de las anotadas.
Contratación de seguros dentro del contrato de arrendamiento financiero o leasing financiero
El establecimiento bancario o la compañía de financiamiento puede tomar el seguro por cuenta propia para proteger única y exclusivamente su interés; en caso de presentarse el siniestro, el pago de la indemnización no libera al cliente de la responsabilidad derivada del contrato de arrendamiento financiero.
De igual manera, el interés asegurable del cliente puede resultar protegido por el mismo contrato de seguro, en cuyo caso el cliente también asume el carácter de asegurado, entendiéndose que el seguro es por cuenta ajena y vale a favor del tomador hasta concurrencia de su interés. Ante la ocurrencia del siniestro derivará a favor del cliente la extinción de su obligación.
Frente a las previsiones contenidas en los artículos 2.36.2.1.1 y 2.36.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010 las entidades autorizadas para ofrecer arrendamiento financiero no están obligadas a sujetarse a los criterios establecidos para la contratación de los seguros que suscriban para proteger Ios bienes entregados en arrendamiento financiero, cuando los mismos tengan por objeto único proteger el interés de aquéllas, caso en el cual el cliente no está obligado al cumplimiento de las cargas y obligaciones que se originen en el contrato de seguro, entre ellas el pago de la prima, ni participa de los derechos o beneficios del mismo.
Cuando el seguro comprenda el interés del cliente en calidad de asegurado, el seguro suscrito con el establecimiento bancario o la compañía de financiamiento tendrá la calidad de seguro por cuenta ajena, debiendo sujetarse a las reglas establecidas para el efecto.
Sistema especializado de financiación de vivienda
La Ley 546 de 1999, o ley de vivienda, creó un sistema especializado de financiación de vivienda individual a largo plazo permitiéndole a los establecimientos de crédito autorizados para tales efectos ofrecer tanto créditos de vivienda como operaciones de leasing habitacional destinadas a la adquisición de vivienda familiar. Tratándose de vivienda de interés social -VIS-, el crédito o la operación de leasing también puede destinarse al mejoramiento de dicha unidad.
Para estos efectos, se entiende como créditos de vivienda individual a largo plazo lo previsto en el inciso primero del artículo 2.1.11.1 del Decreto 1077 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 257 de 2021, y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Por otra parte, se entiende como leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar lo establecido en el artículo 2.28.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
En desarrollo del artículo 4 de la Ley 546 de 1999, al ser las operaciones y contratos de leasing habitacional destinados a la adquisición de vivienda familiar un mecanismo dentro del sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo, le son aplicables las reglas previstas en los artículos 11, 12, 13, y 17 con sus numerales 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y parágrafo de la Ley 546 de 1999, así como los literales b) y c) del artículo 2.1.11.1. del Decreto 1077 de 2015 y artículos 2.28.1.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.
La financiación de vivienda individual a largo plazo puede darse a través de líneas de crédito denominadas en unidad de cuenta UVR ligada exclusivamente al IPC o también, a través de líneas denominadas en moneda legal, siempre y cuando: (i) se otorguen a una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, (ii) los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y (iii) se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna.
Ámbito de aplicación
El sistema de financiación enunciado es de obligatoria observancia por parte de los establecimientos de crédito, razón por la cual deben cumplir con todas las disposiciones previstas en la ley de vivienda, en particular los requisitos establecidos en el artículo 17 de la misma.
En este orden de ideas, las instrucciones contenidas en este Capítulo aplican única y exclusivamente a las instituciones financieras destinatarias de la misma, salvo por lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 546 de 1999 en los términos dispuestos allí.
Unidad de Valor Real - UVR
La Unidad de Valor Real-UVR es una unidad de cuenta, creada por la Ley 546 de 1999, que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE.
Para efectos de la metodología para el cálculo del valor en pesos de la UVR, así como su divulgación, se deberá atender lo establecido en la Resolución Externa No. 13 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, o cualquiera que la modifique, adicione o sustituya.
Uniformidad de los documentos contentivos de las operaciones de crédito de vivienda individual a largo plazo y/o operaciones de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar
A efectos de desarrollar el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, las condiciones mínimas que deben incorporar los documentos contentivos de los créditos individuales de vivienda y sus garantías son las siguientes:
Contratos y soportes de la operación de financiamiento
Condiciones uniformes
Todo contrato de mutuo, pagaré o contrato de leasing habitacional debe contener, como mínimo, las siguientes estipulaciones:
Identificación de las partes intervinientes en el negocio.
Monto del crédito u operación expresado en UVR y su equivalencia en pesos, o el monto adeudado en pesos, cuando se trate de obligaciones denominadas en moneda legal.
Destinación del crédito u operación. Debe indicarse la destinación del crédito de vivienda individual a largo plazo, atendiendo la definición prevista para los créditos de vivienda individual a largo plazo en el artículo 2.1.11.1 del Decreto 1077 de 2015.
Plazo de la obligación en los términos establecidos en el numeral 3 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999, modificado por el artículo 9 de la Ley 2079 de 2021, y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. Para el efecto, los establecimientos de crédito deben tener en cuenta la elección y capacidad de pago verificada del deudor/locatario, indicando la forma de pago en número de cuotas/cánones mensuales y la fecha de la primera cuota.
Tasa de interés remuneratoria. La tasa de interés remuneratoria de los créditos de vivienda individual y de los créditos para financiar proyectos de construcción de vivienda pactados en UVR, así como de las operaciones de leasing habitacional destinados a la adquisición de vivienda familiar pactados en UVR, no podrán exceder los topes máximos establecidos por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR). Para los créditos pactados en moneda legal, la tasa nominal fija no podrá exceder la suma de la variación de la UVR de los últimos 12 meses, vigente al perfeccionamiento del contrato, más el tope máximo establecido por la JDBR para la tasa remuneratoria.
Sistema de amortización aplicable a la deuda que se contrae, previa y expresamente aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
Seguros necesarios para garantizar el cubrimiento de los riesgos de incendio y terremoto a los que está expuesto el inmueble financiado, así como los seguros definidos internamente por las instituciones financieras, particularmente el seguro de vida deudores. En todo caso, el establecimiento de crédito debe indicar la libertad de elección que tiene el deudor/locatario en los seguros asociados a los créditos de vivienda individual a largo plazo o los contratos de leasing habitacional destinados a la adquisición de vivienda familiar, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.36.2.2.5 del Decreto 2555 de 2010.
Impuestos y gastos a cargo del deudor/locatario. Debe indicarse clara y detalladamente aquellos impuestos y gastos que se causen al momento del perfeccionamiento del contrato. Para el efecto, es de tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 519 en concordancia con el numeral 54 del artículo 530 del Estatuto Tributario, los pagarés que instrumenten cartera hipotecaria se encuentran exentos del impuesto de timbre.
Causales para dar aplicación a la cláusula aceleratoria del plazo del contrato. Esto en el entendido de que el incumplimiento en el pago de la obligación no da lugar a que la totalidad de la misma se considere de plazo vencido hasta tanto no se presente la correspondiente demanda judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 546 de 1999.
En adición a las anteriores, y si el deudor /locatario lo solicita, debe estipularse la constitución de patrimonio de familia inembargable, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 546 de 1999 y las demás normas que rijan la materia.
Condiciones limitantes
Por disposición de la Ley 546 de 1999, los contratos o pagarés que se suscriban con ocasión de un crédito de vivienda individual a largo plazo, así como las reestructuraciones sobre los mismos, se encuentran sujetos a las siguientes condiciones:
Capacidad de pago por parte del deudor. Los establecimientos de crédito deben obtener y analizar la información referente al respectivo deudor y a la garantía, con base en una metodología técnicamente idónea que permita proyectar la evolución previsible tanto del precio del inmueble, como de los ingresos del deudor, de manera que razonablemente pueda concluirse que el crédito durante toda su vida podría ser puntualmente atendido y estaría suficientemente garantizado.
Tratándose del límite de ingresos familiares para la primera cuota del crédito de vivienda, los establecimientos de crédito deben atender lo establecido en el literal b) del artículo 2.1.11.1 del Decreto 1077 de 2015, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Monto del crédito u operación que se debe determinar en los términos previstos en el literal a) del artículo 2.1.11.1 del Decreto 1077 de 2015, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Valor del inmueble. El valor del inmueble se debe establecer mediante avalúo técnico realizado de conformidad con lo establecido en el Título III de la Ley 1673 de 2013 o el artículo 4 de la Ley 2334 de 2024.
Interés de mora. De conformidad con el artículo 19 de la Ley 546 de 1999, en caso de que se pacten intereses de mora, pues no se presumen, éstos no podrán exceder una y media veces el interés remuneratorio pactado y solamente se podrán cobrar sobre las cuotas vencidas.
Cláusulas prohibidas
Los documentos contentivos de los sistemas de financiación de vivienda individual a largo plazo y sus garantías no pueden, en ningún caso, incluir cláusulas o estipulaciones que establezcan o permitan inferir cualquiera de las siguientes circunstancias:
Impedir, restringir, obstaculizar o imponer sanciones o penalidades por el prepago total o parcial de las obligaciones.
Establecer para el deudor/locatario la obligación de asumir los gastos correspondientes a labores de cobranza, mientras no se haya presentado demanda judicial.
Contemplar intereses por encima de los topes máximos legales.
Facultar a los establecimientos de crédito para realizar modificaciones unilaterales a las condiciones del contrato.
Utilizar sistemas de amortización no aprobados por la SFC.
Indicar que las obligaciones derivadas de estos contratos son indivisibles por razón de la deuda.
Permitir la capitalización de intereses.
Restringir o no hacer efectiva la cesión del crédito hipotecario o del contrato de leasing para vivienda individual contemplada en el artículo 24 de la Ley 546 de 1999, de acuerdo con la modificación efectuada por el artículo 38 de la Ley 1537 de 2012.
Contrato de hipoteca
Además de las condiciones definidas en los subnumerales 1.3.1.1.1., 1.3.1.1.2., 1.3.1.1.4., 1.3.1.1.7., 1.3.1.1.8., 1.3.1.1.9. y 1.3.1.1.10 de este Capítulo, los documentos constitutivos de la hipoteca deben contener como mínimo:
Identificación plena del bien hipotecado. Esto es, la descripción del inmueble, sus linderos, la dirección y cédula catastral, así como el número de matrícula inmobiliaria asignado.
La causa que da origen a la hipoteca.
El monto por el cual se otorga la hipoteca. Se debe indicar la cantidad de UVR, y su equivalencia en pesos, o el monto adeudado cuando se trate de obligaciones denominadas en moneda legal.
Garantía con hipoteca de primer grado. El contrato accesorio de hipoteca se debe constituir sobre el bien inmueble financiado y se debe indicar expresamente que tal hipoteca se contrata para garantizar el préstamo otorgado por la entidad vigilada.
La cesión de la hipoteca. Las condiciones para efectuar la cesión de la hipoteca deben atender lo ordenado en el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 546 de 1999.
Tasas de interés
Las tasas máximas de interés remuneratorio – tanto en UVR como en pesos - de los créditos de vivienda individual a largo plazo, sean o no de interés social, así como las de las operaciones de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar y las de los créditos destinados a financiar la construcción de vivienda, son definidas y divulgadas por la JDBR, en su condición de máxima autoridad crediticia.
Expresión de las tasas en términos efectivos
La información que se suministre a los clientes de los establecimientos de crédito, tanto al momento de la celebración del contrato, como la que se registre en los correspondientes extractos o cuentas de cobro, debe expresarse en términos de interés efectivo anual.
Los pagos individuales que se causen y cobren por concepto de primas de seguros no computan para efectos de determinar las tasas efectivas.
Oportunidad para el inicio del cobro de intereses
El cobro de intereses remuneratorios en los créditos u operaciones destinados a financiación de vivienda individual a largo plazo sólo puede causarse y hacerse efectivo a partir del momento y sobre el monto por el cual se efectúe el desembolso.
De otra parte y dado que no se pueden capitalizar intereses, los réditos corrientes mensuales y el abono a capital correspondiente en cada una de las cuotas periódicas deben ser iguales a los valores consignados en la última proyección del crédito en UVR o en pesos, de acuerdo con el sistema de amortización elegido y de conformidad con los resultados obtenidos de aplicar las fórmulas contenidas en el subnumeral 1.6 de este Capítulo.
Interés de mora
En caso de presentarse mora en el pago de cuotas periódicas y de haber sido pactado el pago de intereses por mora, éstos se liquidarán en forma simple sobre las cuotas vencidas, por el tiempo de la mora, a la tasa pactada que, en todo caso, no podrá exceder de una y media veces el interés remuneratorio pactado.
Aplicación de los pagos
Cada pago debe aplicarse en el siguiente orden: primas de seguros, intereses de mora si fueron pactados y se han causado, y cuota o cuotas predeterminadas vencidas o causadas en orden de antigüedad, es decir, cubriendo todos los componentes de las cuotas más atrasadas. Salvo manifestación expresa en contrario del deudor/locatario, si después de cancelar la última cuota causada hasta la fecha de pago queda un excedente inferior a la cuota subsiguiente, éste se abonará como pago parcial de la misma; si el excedente es mayor o igual al valor de una cuota, se aplicará como abono a capital.
Teniendo en cuenta que los créditos pueden prepagarse total o parcialmente sin castigo, y que en caso de prepago parcial el deudor/locatario tiene derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación, después de cada prepago y de conformidad con la voluntad del deudor/locatario, la entidad crediticia debe actualizar la proyección de las cuotas y su correspondiente distribución.
Todas las primas de seguros deben liquidarse en pesos. Para el caso del seguro de vida deudores, la entidad debe informar periódicamente al deudor/locatario la tasa con la cual se liquida la prima. Para los demás seguros, se debe informar adicionalmente el valor asegurado.
Sistemas de amortización en créditos de vivienda
Sistemas en UVR
Cuota constante en UVR (sistema de amortización gradual)
La cuota mensual es constante en UVR por todos los meses del plazo del crédito. Se calcula como una anualidad uniforme en UVR a la tasa sobre UVR pactada y por los meses del plazo mediante la siguiente fórmula:
Donde:
Cu = Cuota mensual en UVR
D = Monto del préstamo en UVR
n = Plazo en meses
i = Tasa efectiva mensual equivalente a la tasa remuneratoria efectiva anual ia
i = ((1+ia) (1/12))-1
= Valor presente de n pagos unitarios periódicos a la tasa i por período
Como la UVR se reajusta diariamente con la tasa de inflación, las cuotas en pesos variarán en la misma proporción. De igual manera, aunque el saldo de la deuda valorada en UVR es siempre decreciente, al convertirlo a pesos normalmente crece durante aproximadamente las dos terceras partes del plazo.
Amortización constante a capital en UVR
Durante cada uno de los meses del plazo se amortiza a la deuda una cantidad uniforme en UVR igual al monto del préstamo en UVR dividido por el plazo en meses. La cuota mensual a pagar es la amortización constante más los intereses del mes sobre el saldo insoluto.
La cuota para cada mes se obtiene de aplicar la siguiente fórmula:
Donde:
Ctu = Cuota en UVR a la altura t, t=1,2,3.....n
D = Monto de la deuda en UVR
= Saldo a la altura t-1 igual a
i = Tasa efectiva mensual equivalente = ((1+ia) (1/12))-1, ia tasa efectiva anual remuneratoria sobre UVR
n = Número de meses del plazo
De esta forma, la cuota mensual en UVR es decreciente pero variable en pesos en una proporción inferior al IPC.
Cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por períodos anuales
Las cuotas mensuales durante cada anualidad (aniversario) del crédito son decrecientes en UVR. Para cada período anual del crédito se repite la serie de 12 cuotas decrecientes. El decremento anual equivalente debe ser igual a la inflación proyectada y no podrá modificarse durante el plazo.
Donde:
C = Cuota del primer mes de cada año del crédito en UVR
Ct = C(1-g)t-1 para t = 2,3,4,...11,12
g = decremento mensual equivalente a la inflación proyectada g=(1+Inf ) 1/12 -1
= El valor presente de N pagos anuales unitarios anticipados a la tasa efectiva anual i
D = Monto de la Deuda en UVR
N = Plazo en años
i = Tasa efectiva anual remuneratoria sobre UVR
R = Valor presente de 12 pagos mensuales decrecientes a una tasa mensual equivalente a la inflación proyectada que no podrá modificarse durante el plazo con primer pago igual a una unidad.
Sistemas en pesos
Cuota constante (amortización gradual en pesos)
La cuota mensual es fija en pesos por todo el plazo del crédito. Se calcula como una anualidad uniforme ordinaria
Donde:
C = Valor de la cuota mensual uniforme en pesos.
= Valor presente de n pagos unitarios periódicos a la tasa i por período
D = Monto del préstamo en pesos
n = Plazo en meses
i = tasa efectiva mensual equivalente a la tasa efectiva anual ia sobre pesos
i = ((1+ia) (1/12))-1
Amortización constante a capital
Las cuotas mensuales son iguales a la enésima parte de la deuda más los intereses del mes calculados sobre el saldo insoluto. De esta forma, las cuotas mensuales en pesos son decrecientes.
Donde:
Ct = Cuota en pesos a la altura t, t=1,2,3.....n
D = Monto de la deuda en pesos
St-1 = saldo a la altura t-1 igual a
i = Tasa efectiva mensual equivalente = ((1+ia) (1/12))-1, ia tasa efectiva anual sobre pesos que no podrá incrementarse durante el plazo.
n = Número de meses del plazo
Las cuotas definidas en el presente numeral corresponden única y exclusivamente al servicio de la deuda en condiciones normales, es decir no incluyen primas de seguros ni recargos por mora.
Sistemas de amortización para contratos de leasing habitacional
Leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar
Los sistemas de amortización autorizados por esta Superintendencia en el numeral anterior resultan aplicables a las operaciones de leasing, en vista de que, de conformidad con el artículo 2.28.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, a las operaciones y contratos de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar le son aplicables las reglas establecidas en los numerales 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 546 de 1999. Para tal fin, se debe tener en cuenta que la “cuota” de los créditos de vivienda equivale al “canon” en los contratos de leasing habitacional.
Leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda no familiar
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.28.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las condiciones financieras de los contratos de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda no familiar responden al acuerdo de las partes. En tal sentido, las entidades autorizadas deben diseñar el sistema o sistemas de amortización de las operaciones de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda no familiar que vayan a ofrecer al público, teniendo en cuenta que cualquiera que sea el sistema o sistemas de amortización que se adopten, deben contemplar cuando menos lo siguiente:
Modalidad: El sistema debe considerar las distintas modalidades de pacto, es decir, moneda legal o UVR.
Costos financieros involucrados en los cánones: El sistema debe considerar los costos, los cuales deben expresarse como tasa.
Plazos: El sistema debe prever los plazos derivados de la ejecución del contrato, los cuales deben corresponder a lo pactado por las partes.
Comportamiento de los cánones: Los sistemas pueden prever las distintas formas de comportamiento de los cánones, es decir, si son uniformes o variables. En caso de que el sistema permita cánones variables debe ilustrarse en qué forma varían.
El sistema debe contar con una metodología de cálculo y proyección completa de los cánones para todo el plazo.
Información al deudor/locatario
Los establecimientos de crédito que ofrezcan créditos de vivienda individual de largo plazo y operaciones de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar deben cumplir con los deberes de información a los consumidores financieros previstos en el Capítulo I del Título III de la Parte I de esta Circular.
Extractos
Los extractos suministrados a los clientes/locatarios por parte de los establecimientos de crédito deben detallar de manera precisa el nombre del titular, número de crédito –si aplica-, sistema de amortización, tasa de interés pactada y cobrada en el correspondiente período expresada en términos efectivos anuales aun cuando se haya pactado en términos nominales, cotización de la UVR, fecha de corte de la obligación y fecha límite de pago, número de la cuota/canon que se cancela, número de cuotas/cánones pendientes para el pago total, plazo inicial del mismo, saldo de la obligación y la discriminación del pago anterior indicando el monto amortizado a capital, intereses corrientes y de mora, si es del caso, así como los pagos efectuados por concepto de seguros. Las cifras que se incluyan en el extracto deben reflejarse en UVR y en pesos, si la obligación se encuentra denominada en UVR.
Documentación del producto financiero a través del cual se ofrece la financiación
Las entidades vigiladas destinatarias de este Capítulo deben mantener, durante toda la vigencia del crédito o del contrato de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar, los soportes documentales que sirvieron de base para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de vivienda, en sus decretos reglamentarios y en esta Circular, en particular las condiciones establecidas en el subnumeral 1.3 de este Capítulo.
En caso de producirse una cesión del crédito de vivienda o del contrato de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar, de acuerdo con el siguiente subnumeral, tanto la entidad cedente como la cesionaria, deben verificar que esta última reciba la totalidad de la documentación que soporta el otorgamiento del crédito o del contrato, así como su evolución hasta la fecha del perfeccionamiento de la cesión.
Cesión del crédito y de contrato de leasing habitacional
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 546 de 1999, modificado por el artículo 38 de la Ley 1537 de 2012, es obligatorio para los establecimientos de crédito efectuar la cesión de crédito otorgado para la financiación de vivienda individual a largo plazo solicitada por el deudor, en cualquier momento durante la vigencia de la obligación hipotecaria, a favor de otra entidad financiera, de cualquiera de las entidades a que se refiere el parágrafo del artículo 1 de esa ley o a las sociedades titularizadoras o sociedades fiduciarias, según el caso. Para el efecto, las entidades deben dar cumplimiento a lo señalado en dicho artículo.
Como quiera que la cesión constituye la sustitución de una de las partes del contrato por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del mismo, la cesión de los créditos hipotecarios de vivienda debe realizarse mediante la transmisión de los derechos y obligaciones derivadas del contrato original, en cuyo caso las condiciones de dicho crédito permanecen inalteradas con excepción de las referidas a la tasa de interés remuneratoria, la cual necesariamente debe ser más benéfica para el deudor, y el cedente debe responder por la existencia y validez del mismo y de sus garantías, salvo estipulación expresa en contrario, de conformidad con el artículo 890 del Código de Comercio. En este caso, la cesión se rige por las disposiciones comerciales aplicables contenidas en el Capítulo VI del Título Primero del Libro Cuarto del régimen mercantil.
En este caso, no se generan derechos ni gastos notariales, así como tampoco se causa impuesto de timbre.
Avalúos
El avalúo de los bienes inmuebles que garantizan los créditos hipotecarios debe realizarse de manera independiente y objetiva, acorde con las disposiciones que regulan la actividad del avaluador contenidas en la Ley 1673 de 2013 y las que la complementen. Sin perjuicio de lo anterior, los avalúos también podrán realizarse de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 2434 de 2024.
Crédito a constructores -subrogación de obligaciones-
El crédito otorgado al constructor de vivienda para financiar la fase de construcción debe ser subrogado al adquirente de la unidad, de tal manera que en una sola operación se formalice el mutuo debidamente aprobado al subrogatario, cuando sea del caso, la hipoteca sobre el bien financiado en forma individual y el levantamiento de la hipoteca de mayor extensión a favor de la entidad vigilada.
Adicionalmente, el contrato de crédito suscrito entre la entidad financiera y el constructor debe contener una cláusula especial en la cual se precise que la hipoteca en mayor extensión que afecta el inmueble se cancelará proporcionalmente a medida que se vayan enajenando las unidades de vivienda y se haya recibido el pago de la prorrata correspondiente.
Supuestos para solicitar reestructuración del crédito
Para el ejercicio por parte de los deudores del derecho previsto en el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, la entidad acreedora al momento de hacer la evaluación de la solicitud de reestructuración de una obligación de este tipo debe verificar que se cumplan los siguientes requisitos para que resulte viable la reestructuración:
Que la primera cuota del crédito una vez reestructurado, que esté dispuesto a pagar el deudor, en ningún caso represente más del límite establecido en el literal b) del artículo 2.1.11.1 del Decreto 1077 de 2015, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Que el saldo de la obligación a la fecha de la solicitud de la reestructuración no exceda el 70% del valor del inmueble o el 80% tratándose de vivienda de interés social.
Que el valor del inmueble sea establecido mediante avalúo técnico de conformidad con las disposiciones legales.
Que el plazo contemplado para reestructurar la obligación sea el establecido en el numeral 3 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999, modificado por el artículo 9 de la Ley 2079 de 2021, y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.
Que el reporte de endeudamiento con el sector financiero permita concluir que el deudor está en capacidad de cumplir con la obligación hipotecaria de vivienda.
Que no existan embargos sobre la garantía a la fecha de solicitud de la reestructuración.
Que el deudor no se encuentre tramitando un proceso concursal.
Que la solicitud de reestructuración del crédito sea presentada dentro de los 2 primeros meses de cada año calendario y sea suscrita por todos los obligados, así como los documentos a través de los cuales se instrumente la obligación.
Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad acreedora de acordar con sus deudores reestructuraciones de un crédito en cualquier momento, de acuerdo con la percepción de riesgo que en cada caso se tenga.
Cuentas de ahorro programado
Las cuentas de ahorro programado para la postulación al subsidio familiar de vivienda se rigen por las siguientes condiciones:
Los establecimientos de crédito interesados en ofrecer dichos servicios financieros deben remitir para aprobación de la SFC los modelos de reglamentos y de contratos a través de los cuales se manejarán dichos recursos. En tales documentos se debe estipular la posibilidad que tiene el ahorrador de trasladar libremente sus depósitos cada 6 meses entre los establecimientos de crédito que ofrezcan estos servicios financieros, siempre y cuando mantengan el carácter de ahorro programado.
Al momento de la apertura del producto, el establecimiento de crédito debe suministrar al posible cliente una proyección, a efectos de establecer con total claridad la manera como se conformará el ahorro previo requerido para la postulación al subsidio familiar de vivienda.
En caso de que el ahorrador esté interesado en completar el ahorro previo con sus cesantías depositadas en administradoras de fondos de cesantías privadas o en el Fondo Nacional de Ahorro –FNA-, así deberá manifestarlo expresamente.
El monto del ahorro previo depende de los recursos complementarios y del valor del subsidio de vivienda de interés social que sumados a aquel resulten suficientes para acceder a la solución de vivienda a adquirir o permitan sufragar el presupuesto de construcción.
El titular de la opción debe autorizar expresamente la inmovilización de los recursos e intereses hasta tanto se encuentre vigente la postulación del hogar.
Las entidades financieras están en la obligación de certificar el valor acumulado de ahorro y subsidio en la cuenta de cada titular, a fin de que se acredite el debido cumplimiento del programa.
Los recursos que se ahorren en las cuentas de ahorros para el fomento a la construcción -AFC- no forman parte de la base de retención en la fuente del contribuyente persona natural, y tienen el carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, en los términos del artículo 126-1 del Estatuto Tributario.
El ahorro requerido para acceder al subsidio de vivienda a que se hizo referencia puede acreditarse con el cumplimiento del ahorro voluntario contractual que ofrece el FNA, de conformidad con artículo 10.5.10.1.8 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con los artículos 2.1.9.1.1 y siguientes del mismo Decreto.
Reglas relativas a la protección de los usuarios de las operaciones de cobertura de créditos individuales de vivienda a largo plazo frente al incremento de la uvr respecto de una tasa determinada
Alcance
Son aplicables las instrucciones contenidas en este numeral a los créditos hipotecarios de vivienda individual que, en vigencia del artículo 96 de la Ley 795 de 2003, el artículo 65 de la Ley 921 de 2004 y el Decreto 66 de 2003, se hubieren acogido a la cobertura condicionada de tasa de interés que ofreció el Gobierno Nacional a través del FOGAFIN, y que buscaba cubrir el riesgo de tasa frente al riesgo de variación de la UVR respecto de una tasa de referencia con los deudores de los créditos elegibles.
Por tanto, este mecanismo de cobertura aplica a los citados créditos en cuanto FOGAFIN puede contratar con los establecimientos de crédito y con el FNA para que actúen como mandatarios en la administración y ejecución de tales operaciones de cobertura.
Información al deudor
En virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 97 y el literal f del artículo 72 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), cuando los establecimientos de crédito y/o el FNA (en adelante, las entidades) actúen como mandatarios en la administración y ejecución de las operaciones de cobertura a que se refiere este numeral, deben suministrar a los deudores, en todo momento durante la vigencia de la cobertura, información completa, cierta y comprensible sobre las condiciones y efectos de las mismas, de forma que puedan conocer adecuadamente, su funcionamiento, los beneficios y los costos que la misma implica, así como las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones.
Dicha información debe ser suministrada al deudor en cualquier momento durante el tiempo que dure la misma.
Desde el acceso a la cobertura, las entidades deben suministrarle información clara y precisa sobre los valores que por concepto de la misma ha recibido como beneficio o sobre aquellas sumas que le corresponde pagar.
Proyección anual de los créditos de vivienda objeto de la cobertura
A efectos del cumplimiento del artículo 20 de la Ley 546 de 1999, en la proyección anual del crédito a que se refiere el subnumeral 3.3.4.2 del Capítulo I del Título III de la Parte I de esta Circular, las entidades deben incluir, en las cuotas y saldos estimados, los valores a pagar por cuenta de la cobertura, indicando que tales datos se suministran a título informativo, pues los reales dependerán de la situación que se presente durante cada uno de los meses del año.
Extractos
En adición a los requerimientos generales ya establecidos para los extractos de los créditos de vivienda, aquellos que cuenten con la cobertura de que trata este Capítulo, deben incluir, además de los datos indicados de manera general, información clara y comprensible que le permita al deudor conocer adecuadamente el funcionamiento de la cobertura.
En tal sentido, los extractos deben discriminar expresamente entre los montos que el deudor debe pagar en virtud de la operación de cobertura o los beneficios obtenidos de ésta, y aquellos estrictamente originados en el crédito de vivienda.
En relación con los pagos que debe efectuar el deudor o los beneficios obtenidos por la operación de cobertura, los extractos deben incluir información clara sobre la forma en que fueron liquidados, discriminando entre los valores originados en la aplicación de la diferencia de tasas al capital e intereses comprendidos en las cuotas que correspondan al período de liquidación y los originados en la aplicación de dicha diferencia al saldo de capital del crédito objeto de la cobertura.
Vigencia
Las instrucciones impartidas en este aparte tendrán aplicación mientras se encuentre vigente la cobertura a que se refiere este numeral.
Reglas relativas a las coberturas condicionadas con cargo a los recursos del frech para financiación de vivienda
Los créditos hipotecarios de vivienda individual y los contratos de leasing habitacional, si es del caso, que se hubieren acogido al mecanismo de la cobertura condicionada de tasa de interés ofrecida por el Gobierno Nacional, en los distintos momentos y bajo las condiciones establecidas para ellos en las disposiciones expedidas individualmente, mientras estén vigentes, se rigen por las instrucciones contenidas en los anexos del presente Capítulo.
Ámbito de aplicación
Las instrucciones impartidas en este Capítulo son aplicables a: (i) los establecimientos bancarios que operen y administren sitios de internet para la venta o martillo electrónico de bienes, y (ii) los establecimientos bancarios que operan y administran martillos electrónicos para realizar remates judiciales electrónicos, cuando sean comisionadas por el juez de conocimiento, conforme a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 454 del Código General del Proceso.
Requisitos para la prestación del servicio de martillo electrónico.
Los establecimientos bancarios interesados en la prestación del servicio del martillo electrónico deben cumplir con los siguientes requisitos:
Garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, integridad, acceso, profesionalismo y autenticidad.
Contar con los mecanismos y dispositivos adecuados para el funcionamiento eficiente de la plataforma electrónica del martillo electrónico. Para el efecto, el establecimiento bancario, por si o a través de terceros, debe desarrollar y mantener sistemas especializados, recursos y procedimientos adecuados y proporcionales al tamaño, frecuencia y complejidad de los negocios que se realicen o registren a través de dichos sistemas, los cuales deben permitir la trazabilidad de las operaciones y conocer la fecha y hora exacta de la oferta de cada postor.
Disponer de procedimientos administrativos y contables adecuados, mecanismos de control interno, técnicas eficaces de administración y control de riesgos y mecanismos eficaces de control y salvaguardia de sus sistemas electrónicos.
Contar con políticas y procedimientos relativos a la administración de la información que permitan guardar estricta confidencialidad sobre la información reservada de los participantes en el martillo electrónico, y aquella relacionada con las ventas, subastas o remates electrónicos.
Contar con un plan de contingencia y continuidad del martillo electrónico que permita mitigar cualquier falla que afecte la prestación del servicio.
Garantizar que el sitio de internet que opera y administra el martillo electrónico cuente con un sistema de identificación de usuarios y contar con mecanismos fuertes de autenticación.
Garantizar que el sitio de internet que opera y administra el martillo electrónico cuente con controles que permitan asegurar el cumplimiento de la duración de cada una de las etapas dentro del proceso de venta, subastas o remates electrónicos.
Contar con políticas sobre el recaudo, manejo y devolución de los recursos de terceros para garantizar la debida prestación del servicio y asegurar la separación patrimonial de estos recursos, de los activos y recursos propios de la entidad financiera. Así mismo deben garantizar la disponibilidad y conservación de dichos recursos.
Contar con políticas y procedimientos administrativos y de organización para la prevención, identificación, revelación y administración de los conflictos de interés, y que, en caso de existir, deben ser de conocimiento del cliente.
Contar con una plataforma tecnológica especializada que cuente con las herramientas necesarias para realizar ventas, subastas o remates electrónicos, las cuales deben permitir la trazabilidad de cada una las operaciones y conocer la fecha y hora exacta de la realización de la oferta por parte de cada uno de los postores.
Garantizar que este mecanismo este integrado al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del establecimiento bancario.
Contemplar dentro de la gestión del riesgo operacional, la administración efectiva de los riesgos derivados de la prestación del servicio de martillo electrónico.
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad de la información que resulten aplicables. No obstante, los establecimientos bancarios que operen y administren sitios de internet para la venta, subastas o remates electrónicos deben tener a disposición de la SFC, en todo momento, la documentación que soporte el cumplimiento de los requisitos enunciados en el presente Capítulo.
Requisitos de la solicitud de los consumidores financieros para la enajenación de bienes
Cuando la solicitud de enajenación de un bien a través del servicio de martillo electrónico provenga de un consumidor financiero, dicha solicitud debe realizarse al establecimiento bancario por un medio electrónico que cumpla los requisitos que se establezcan en el reglamento de operación.
Equivalencia funcional en la prestación del servicio de martillo electrónico
Las plataformas tecnológicas empleadas por los establecimientos bancarios para prestar el servicio de martillo electrónico deberán garantizar la existencia de un procedimiento tecnológico que equipare los documentos electrónicos que se expidan durante o en relación con el proceso de subasta o remate electrónico a los documentos manuscritos para que tengan el mismo valor probatorio, y se garantice el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 527 de 1999.
Bienes enajenados a través del martillo electrónico
En el evento en que se trate de la enajenación de un bien, los establecimientos bancarios que realicen subastas a través del martillo electrónico no son responsables de garantizar la entrega de los bienes enajenados.
Negocios fiduciarios
Concepto
Los negocios fiduciarios son actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos, con el propósito de que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero. Incluye la fiducia mercantil y los encargos fiduciarios, al igual que los negocios denominados de fiducia pública y los encargos fiduciarios públicos de que tratan la Ley 80 de 1993 y disposiciones complementarias.
Cuando hay transferencia de la propiedad de los bienes se está ante la denominada fiducia mercantil regulada en el artículo 1226 y siguientes del C.Cio. Si no hay transferencia de la propiedad se está ante un encargo fiduciario y aplican a éstos las disposiciones que regulan el contrato de fiducia mercantil y, subsidiariamente, las disposiciones del C.Cio en relación con el contrato de mandato en los términos señalados en el numeral 1 del artículo 146 del EOSF.
Otras operaciones y/o contratos autorizados a las sociedades fiduciarias
Incluidas las operaciones y contratos permitidos a las sociedades fiduciarias contenidos en el artículo 29 del EOSF, éstas pueden:
Celebrar contratos de cuentas de margen en los términos señalados en los artículos 2.33.1.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.
Administrar fondos de pensiones de jubilación e invalidez en los términos del numeral 1 del artículo 168 del EOSF.
Administrar, gestionar y distribuir fondos de inversión colectiva en los términos de las disposiciones contenidas en la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010 y en el Título VI de la Parte III de esta Circular.
Actuar como custodios de los activos provenientes de los fondos de inversión colectiva, de otros valores que integren vehículos de inversión y/o negocios de administración de activos de terceros, y de inversionistas de capitales del exterior en Colombia, en los términos del Libro 37 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y de las disposiciones contenidas en el Capítulo VI del Título IV de la Parte III de esta Circular.
Actuar como agente liquidador de las entidades públicas del orden nacional, en los términos del Decreto 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006 y como agentes liquidadores de empresas, de acuerdo con lo señalado en la Resolución No. 100-000285 del 2 de marzo de 2004 de la Superintendencia de Sociedades, modificada por la Resolución 100-04738 del 31 de octubre de 2008 de la misma Superintendencia.
Actuar como representantes legales de tenedores de bonos y/o valores emitidos en procesos de titularización en los términos del literal d. del artículo 29 del EOSF y las disposiciones relativas a la oferta pública de los citados valores.
Actuar como agentes liquidadores y promotores de entidades privadas de acuerdo con los artículos 5, 67 y 122 de la Ley 1116 de 2006 y el literal b. del artículo 5 del Decreto 962 de 2009.
Condiciones de los negocios fiduciarios
En la celebración de los negocios fiduciarios deben tenerse en cuenta las siguientes previsiones:
Redacción y presentación
Los contratos deben redactarse en términos sencillos, de forma tal que sean de fácil comprensión para los usuarios y cumpliendo en todo con las condiciones señaladas en la Ley 1328 de 2009 y en el Capítulo I, Título III de la Parte I de esta Circular. Los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles y reflejar con claridad, fidelidad y precisión las condiciones jurídicas y económicas que se deriven del contrato para cada una de las partes que se vinculen a él, independientemente de su posición contractual.
Previsiones generales
Normas y principios a considerar
En la celebración de cualquier negocio fiduciario, además de las normas propias contenidas en los artículos 1226 y siguientes del C.Cio y en los artículos 146 y siguientes del EOSF, deben atenderse las demás disposiciones imperativas aplicables a cada negocio en particular, así como las propias de la naturaleza del contrato según la ley, la costumbre y la equidad natural al tenor de lo dispuesto en el artículo 1603 del CC y en el artículo 871 del C.Cio.
En la celebración de todo negocio, la sociedad fiduciaria debe tener en cuenta y observar los deberes que le asisten de acuerdo con lo señalado en el artículo 1234 del C.Cio, en el artículo 2.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, los principios generales del negocio fiduciario y la jurisprudencia, entre otros, los siguientes:
Deber de información. Con base en el carácter profesional de las sociedades fiduciarias, les asiste el deber de informar los riesgos, limitaciones técnicas y aspectos negativos inherentes a los bienes y servicios que hacen parte del objeto del contrato y de las prestaciones que se les encomienden, de manera tal que el cliente debe ser advertido de las implicaciones del contrato, desde la etapa precontractual, durante la ejecución e incluso hasta la liquidación del mismo. El alcance de esta obligación debe consultar el carácter y conocimiento de las partes intervinientes. Este deber implica la obligación de poner en conocimiento del cliente las dificultades o imprevistos que ocurran en la ejecución del contrato.
En los negocios en los que se comercialicen participaciones fiduciarias las sociedades fiduciarias deben implementar los mecanismos necesarios para que los interesados conozcan con claridad los riesgos asociados a este tipo de inversiones.
Deber de asesoría
Este es un deber que no debe confundirse con el deber de información previsto en el subnumeral anterior y, salvo que el contrato sea de inversión, solamente es obligatorio en la medida en que haya una obligación expresa pactada en el contrato. En virtud de este deber, el fiduciario debe dar consejos u opiniones para que los clientes tengan conocimiento de los factores a favor y en contra del negocio y así puedan expresar su consentimiento con suficientes elementos de juicio, para lo cual resulta necesario considerar la naturaleza y condiciones propias de cada negocio y de los intervinientes en ellos. Este deber implica necesariamente un juicio de valoración que involucra una opinión fundamentada e inclusive una recomendación para el cliente.
La asesoría a que se refiere el presente numeral tiene el alcance previsto en el mismo, y en ningún caso puede ser interpretada conforme a las normas relativas a la actividad de asesoría establecido en el Libro 40 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010. Sin embargo, para la celebración de negocios fiduciarios que tengan dentro de sus finalidades invertir en valores, se debe dar aplicación a lo establecido en el mencionado Libro 40.
En virtud de lo señalado el numeral 6 del artículo 2.40.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010, en aquellos negocios fiduciarios que no tengan dentro de sus finalidades invertir en valores, pero que inviertan temporalmente los recursos en fondos de inversión colectiva que cumplan las características de los productos simples masivos, no se requiere llevar a cabo la actividad de asesoría, toda vez que en estos casos el uso de los fondos corresponde a la gestión de liquidez del negocio fiduciario y no a la inversión.
Deber de protección de los bienes fideicomitidos. El fiduciario debe proteger y defender los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente para conseguir la finalidad prevista en el contrato. En tal sentido, cuando dichos bienes sean sustraídos o distraídos con o sin intervención de la sociedad fiduciaria, ésta debe, como vocera del fideicomiso, interponer las acciones legales que correspondan para su recuperación de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del art. 1234 del C.Cio.
Deber de lealtad y buena fe. La realización de los negocios fiduciarios y la ejecución de los contratos a que estos den lugar, suponen el deber de respetar y salvaguardar el interés o utilidad del fideicomitente y/o beneficiario, absteniéndose de desarrollar actos que le ocasionen daño o lesionen sus intereses, por incurrir en situaciones de conflicto de interés.
Deber de diligencia, profesionalidad y especialidad. En su actuar, las sociedades fiduciarias deben tener los conocimientos técnicos y prácticos de la profesión, emplearlos para adoptar las medidas tendientes a la mejor ejecución del negocio y prever circunstancias que puedan afectar su ejecución. En este sentido, deben abstenerse de realizar negocios fiduciarios en los cuales no tengan la adecuada experiencia para llevarlos a cabo o no cuenten con los recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para su desarrollo.
Deber de previsión. La sociedad fiduciaria debe precisar claramente cuáles son sus obligaciones en los contratos para evitar situaciones de conflicto en su desarrollo. Igualmente, deben prever los diferentes riesgos que puedan afectar al negocio y a los bienes fideicomitidos y advertirlos a sus clientes desde la etapa precontractual.
Debe evitarse consignar cláusulas que desnaturalicen el negocio fiduciario, desvíen su objeto original o se traduzcan en menoscabo ilícito de algún derecho ajeno vr. gr. los pactos de no responsabilidad en obligaciones propias de un determinado negocio en los cuales es precisamente la responsabilidad de la sociedad fiduciaria la razón de ser de su celebración.
Debe hacerse claridad sobre el alcance jurídico que tienen las decisiones contenidas en las actas de los comités fiduciarios o las instrucciones especiales que profiera el fideicomitente, precisando de qué manera tienen la virtud de modificar, complementar o desarrollar el contrato fiduciario.
Debe evitarse la inclusión de cláusulas potestativas en las cuales se concedan facultades al fiduciario para alterar unilateralmente el contenido del contrato.
Debe evitarse consignar cláusulas en donde la sociedad fiduciaria se exima de responsabilidades que la ley le otorga de conformidad con los deberes atrás mencionados.
Interpretación
Los negocios fiduciarios deben interpretarse teniendo en cuenta los principios previstos en los arts. 1618 a 1624 del CC y tomando todas las manifestaciones de voluntad proferidas por las partes, sea que consten en un mismo documento o en varios, tales como la oferta, la aceptación de la oferta, las instrucciones generales, la aceptación de las mismas y cualquier acto similar verbal o escrito. Cada una de las partes en los negocios fiduciarios debe recibir copia del contrato, así como de los demás actos y documentos que lo integren y complementen.
Prohibición general
En los términos del parágrafo del artículo 2.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 el negocio fiduciario no puede servir de instrumento para realizar actos o contratos que no pueda celebrar directamente el fideicomitente de acuerdo con las disposiciones legales, en razón de lo cual le corresponde a la sociedad fiduciaria desarrollar acciones que le permitan evitar que el negocio fiduciario se convierta en un instrumento de fraude a la ley. Para tales efectos, se debe acudir a todas las herramientas de administración y gestión de riesgos que las disposiciones normativas le permitan.
Práctica insegura
Se considera práctica ilegal e insegura la estructuración y celebración de contratos de fiducia mercantil en cuyo objeto esté previsto que para la obtención de recursos se permita la vinculación de terceros, llámense inversionistas, cesionarios de beneficios, acreedores o cualquier otra denominación similar, o que impliquen la recepción de recursos en calidad de aportes con cargo al pago del precio de los derechos de beneficio cedidos, en los cuales la fiduciaria no se haya reservado la potestad de oponerse al ingreso de dichos terceros o no asuma responsabilidad alguna en la verificación de la legalidad de tales operaciones y en la procedencia y origen lícito de tales recursos.
Se considera práctica insegura la celebración de contratos de fiducia donde se garanticen rentabilidades. Lo anterior, sin perjuicio del deber del fiduciario de procurar el mayor rendimiento de los bienes objeto del negocio fiduciario. Así mismo, con igual fundamento, se considera práctica ilegal e insegura la inclusión de cláusulas como las señaladas en el subnumeral 2.2.1.3 de este Capítulo.
Conflictos de interés
En desarrollo del deber de lealtad antes expuesto, en todos los negocios fiduciarios corresponde a las sociedades fiduciarias evitar y evaluar, frente a cada caso particular, la posible incursión en situaciones de conflictos de interés en los términos del numeral 9, artículo 146 del EOSF.
Así las cosas, en los contratos respectivos debe dejarse constancia expresa de la realización de tal evaluación junto con los mecanismos previstos para conjurar la eventual configuración de situaciones que den origen a conflictos de interés y su solución. Dicha circunstancia es obligatoria cuando quiera que la sociedad fiduciaria tenga como fideicomitente, beneficiario o acreedor garantizado a entidades vinculadas. Para los efectos de este Capítulo, se entienden como vinculados las personas o entidades definidas en el literal d. del artículo 2.6.12.1.15 del Decreto 2555 de 2010 para efectos del régimen de inversiones de los fondos de pensiones y cesantías.
Para los efectos de este Capítulo, las fiduciarias deben definir claramente los posibles conflictos de interés que puedan surgir, así como su tratamiento. En especial, se deben prever el tratamiento a dar a las siguientes operaciones:
Negocios celebrados entre fideicomisos administrados por una misma sociedad fiduciaria.
Negocios celebrados entre la fiduciaria y sus vinculados, y los fideicomisos administrados por la sociedad.
Contenido de los contratos
Sin perjuicio de las cláusulas que se deban incorporar en el contrato en virtud de las previsiones generales anteriormente expuestas, todos los contratos de negocios fiduciarios deben contener las que se señalan a continuación:
Objeto. Comprende las gestiones o actividades específicas constitutivas de la finalidad del negocio, haciendo una enunciación clara y completa de las mismas, según el tipo de negocio fiduciario celebrado. De la lectura del objeto del contrato debe quedar clara la conveniencia y necesidad de la utilización del vehículo fiduciario.
Bienes fideicomitidos. Se deben indican los términos y condiciones bajo los cuales se verifica la transferencia o entrega de los bienes fideicomitidos, la cual debe atender siempre la naturaleza de los bienes y la finalidad señalada por el fideicomitente, según el tipo de negocio fiduciario a desarrollar.
Cuando los bienes fideicomitidos sean derechos en contratos, bienes futuros sujetos a condición suspensiva de que existan, bienes o derechos intangibles o contratos accesorios, en el contrato se debe especificar claramente dicha connotación indicando las implicaciones y los riesgos que de dicha circunstancia se deriven, así como la forma como se efectuará su valoración.
Cuando los bienes fideicomitidos consistan en acciones, cuotas o partes de interés de sociedades, en el libro de registro de accionistas o en los respectivos estatutos, según corresponda, debe figurar como accionista o socio la sociedad fiduciaria actuando como vocera del patrimonio autónomo o del fideicomiso respectivo.
La destinación de los recursos recibidos, para efectos de su inversión, sólo puede ser establecida por el propio fideicomitente de manera expresa. Por lo anterior, el mecanismo subsidiario de inversión consagrado en el numeral 3 del artículo 151 del EOSF no puede hallarse preimpreso en los modelos de contrato que se utilicen para instrumentalizar la respectiva relación jurídica.
Rendimientos o utilidades. Cuando quiera que en desarrollo de la gestión sobre los bienes fideicomitidos, éstos generen rendimientos o utilidades, debe establecerse el uso y destino que se dará a los mismos, así como el momento para su ejecución.
Obligaciones y derechos de las partes contratantes. Deben estipularse en cláusulas separadas las obligaciones y derechos del fiduciario, fideicomitente y/o beneficiario. En todo caso, las limitaciones o restricciones a tales derechos deben convenirse con arreglo a lo establecido en este Capítulo. Las obligaciones, los derechos y las limitaciones deben guardar relación de causalidad con la finalidad perseguida en el contrato.
Remuneración. Se debe expresar los valores o factores sobre los cuales se determina la remuneración que percibirá la fiduciaria por su gestión, así como la forma y oportunidad en que la misma debe ser liquidada y cobrada.
En aquellos contratos cuya ejecución conlleve la celebración de otros contratos o negocios fiduciarios con el fin de dar cumplimiento al objeto contratado, debe establecerse claramente, si a ella hubiere lugar, la remuneración, la forma y oportunidad en que la misma debe ser liquidada y cobrada. En igual sentido, debe establecerse la remuneración de los recursos administrados a través de fondos de inversión colectiva, en cuyo caso se aplicará lo establecido en el reglamento del fondo correspondiente. Todo lo anterior a fin de que el fideicomitente y/o beneficiario conozcan con claridad la comisión total que se paga a la sociedad fiduciaria.
En todo caso, no se pueden establecer formas de remuneración con las cuales se mimetice la garantía de un resultado o se desnaturalice la obligación del fiduciario de procurar el mayor rendimiento de los bienes fideicomitidos. Igualmente debe buscarse que la comisión fiduciaria sea una verdadera remuneración al trabajo, responsabilidad y funciones asumidas por la sociedad fiduciaria.
Terminación del negocio fiduciario. Debe señalarse la forma como se transferirán los bienes y activos del negocio que existan al momento en que ocurra una cualquiera de las causales de extinción del contrato previstas en el mismo o en la ley, indicando las circunstancias que resulten pertinentes para el efecto, así como la forma en que se deben atender las obligaciones generadas en el negocio, cuando a ello haya lugar. Igualmente, debe preverse la manera de dar por terminado el negocio fiduciario cuando quiera que el fideicomitente incumpla con sus funciones de contribuir a los gastos del fideicomiso, si así se pactare o cuando el fideicomiso no cuente con recursos para atender tales gastos, si los mismos estuvieren a su cargo.
Órganos asesores y/o administradores. Si existen juntas o cuerpos colegiados con carácter de asesores y/o administradores, deben señalarse sus atribuciones y forma de integración. La designación de sus integrantes debe hacerse por los fideicomitentes (sean estos adherentes o no) y/o por los beneficiarios del respectivo contrato, según se pacte, salvo que la designación corresponda al fiduciario en ejercicio de la gestión encomendada en el contrato, teniendo en cuenta y precisando la responsabilidad que de tal hecho se derive.
Gastos. En el contrato deben señalarse los gastos que son de cargo del fideicomiso, particularmente aquellos que no correspondan a la operación normal del mismo, en especial los relacionados con avalúos, pagos de impuestos, realización de peritajes, etc.
Deben entenderse como gastos del fideicomiso las erogaciones a su cargo siguiendo para el efecto los lineamientos señalados en el subnumeral 2.3.5 anterior. Lo anterior sin perjuicio de que la remuneración pueda ser asumida directamente por el fideicomitente.
En todo caso, debe preverse la manera de suministrar los recursos para atender todos los gastos que conlleve el negocio fiduciario y las consecuencias que se deriven para el desarrollo del mismo, en caso de la inexistencia de recursos.
Gestión de riesgos. Dentro de los contratos respectivos deben incluirse cláusulas en las que se prevean los mecanismos para el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos por la sociedad fiduciaria para la gestión de los riesgos asociados a cada negocio y la forma como tales estándares deben ser cumplidos por las partes, clientes y usuarios de los negocios fiduciarios. En este sentido, el contrato no puede limitarse en este punto a la simple exclusión de responsabilidades por parte de la fiduciaria.
Avalúos de los bienes fideicomitidos. Atendiendo la clase de negocio fiduciario del que se trate, se debe prever claramente en el contrato:
Periodicidad con la que se harán o actualizarán los avalúos
Obligación del fideicomitente de aportarlos y/o de proveer recursos para sufragarlos
Consecuencias e implicaciones que para las partes, deudores y acreedores del fideicomiso acarrea el incumplimiento de dicha obligación, y
Alcance de la responsabilidad de la sociedad fiduciaria en la contratación, designación del avaluador y contenido del avalúo, de conformidad con la regulación vigente aplicable a la materia, vr.gr. Ley 1673 de 2013 y sus decretos reglamentarios, Decreto 422 de 2000, Decreto 400 y 556 de 2014, en lo que sea pertinente.
No localización de fideicomitentes, beneficiarios y/o acreedores garantizados. El contrato debe prever con claridad el procedimiento a seguir en los casos en los cuales no fuere posible la localización del (os) fideicomitente (s), beneficiario (s) y/o acreedor (es) garantizado (s), de forma tal que la sociedad fiduciaria pueda cumplir a cabalidad sus obligaciones y ejercer sus derechos.
Liquidación. Debe establecerse de modo claro el procedimiento para la liquidación del contrato y los términos para hacerla, incluyendo los eventos en los cuales haya necesidad de hacer pagos por conceptos de impuestos, tasas, contribuciones, etc. para la restitución de los bienes fideicomitidos.
Solemnidad en los contratos de fiducia mercantil
La instrumentación de los contratos fiduciarios debe realizarse conforme con su naturaleza y con la de los bienes fideicomitidos.
En términos generales se establece que cuando se trate de un contrato de fiducia mercantil, tal como lo señala el artículo 1228 del C.Cio, éste debe constar en escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes y, la constituida mortis causa, debe serlo por testamento.
De acuerdo con el numeral 2 del artículo 146 del EOSF, las sociedades fiduciarias pueden celebrar contratos de fiducia mercantil sin que para tal efecto se requiera la solemnidad de la escritura pública, en todos aquellos casos en que así lo autorice mediante norma de carácter general el Gobierno Nacional.
En ese orden de ideas y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.5.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 los contratos de fiducia mercantil que celebren las sociedades fiduciarias no requieren de la solemnidad de la escritura pública cuando los bienes fideicomitidos sean exclusivamente bienes muebles. En consecuencia, tales contratos pueden constar en documentos privados y si la propiedad del bien se halla sujeta a registro, dicho documento debe registrarse en los términos y condiciones previstos en el artículo 16 de la Ley 35 de 1993 y artículo 7 del Decreto 650 de 1996, en relación con bienes inmuebles; y de acuerdo con las disposiciones del Decreto 400 de 2014 y complementarias, respecto de las garantías mobiliarias.
En concordancia con lo anterior y de conformidad con el artículo 123 de la Ley 1116 de 2006, modificado por el artículo 4 de Ley 1429 de 2010, y atendiendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1676 de 2013, los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía, si es del caso, deben inscribirse en el registro creado mediante la citada disposición.
Contratos de adhesión y contratos de prestación masiva
En concordancia con las disposiciones contenidas en el literal e. artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, Capítulo II de la Ley 1480 de 2011 y de las instrucciones que sobre la materia se contemplan en el Capítulo I, Título III de la Parte I de esta Circular, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del artículo 146 del EOSF, la SFC tiene la función de evaluar los tipos o modelos de contratos que se pretende utilizar en el desarrollo de la actividad fiduciaria, así como sus modificaciones o adiciones, siempre que éstos constituyan contratos de adhesión o se utilicen para la prestación masiva de servicios.
Dicha revisión tiene por objeto procurar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios fiduciarios, en orden a velar porque las condiciones generales de los contratos se ajusten a las disposiciones legales, así como evitar que estén provistos de cláusulas abusivas que puedan afectar sus intereses.
Para los efectos de este Capítulo y en concordancia con el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, se entienden por contratos de adhesión aquellos elaborados unilateralmente por la sociedad fiduciaria y cuyas cláusulas y/o condiciones no pueden ser discutidas libre y previamente por los clientes, limitándose éstos a expresar su aceptación o a rechazarlos en su integridad, o aquellos que sean predeterminados en un contrato al que después de celebrado adhieren otros fideicomitentes, quienes sólo pueden expresar su aceptación o rechazarlos en su integridad. Para que se considere como un contrato de adhesión no debe existir necesariamente una parte contratante que sea superior económicamente sobre la otra.
Por otra parte, por contratos de prestación masiva se entienden aquellos cuyo texto se utiliza indistintamente con diferentes personas en varios y futuros negocios por ser su contenido similar y uniforme, generalmente en formularios o documentos idénticos o similares. Estos contratos responden además en la mayoría de los casos al concepto de contrato de adhesión.
Las entidades fiduciarias deben presentar ante la SFC, para la evaluación que le compete, los modelos de contrato de adhesión y/o de prestación masiva de servicios que pretendan implementar o sus modificaciones o adiciones.
El alcance del pronunciamiento de la SFC se limita únicamente a la revisión de los modelos de contrato y en ningún momento constituye una valoración previa, aprobación o conformidad respecto de la validez o eficacia del negocio jurídico, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con su celebración, ejecución y/o liquidación, así como de las obligaciones y derechos de las partes intervinientes, o relacionado con los conflictos de orden contractual que puedan surgir con ocasión del desarrollo del mismo.
No obstante lo anterior, la SFC puede ordenar en cualquier momento la suspensión de su utilización y exigir las modificaciones a que haya lugar, cuando dichos contratos en su celebración o ejecución desconozcan alguno de los requisitos señalados en este Capítulo o en una disposición imperativa.
Tratándose de contratos de adhesión, las sociedades fiduciarias deben entregar a sus clientes al momento de la adhesión todos los documentos jurídicos que hagan parte del contrato al cual adhieren.
Los contratos fiduciarios diferentes de los de adhesión y/o de prestación masiva de servicios no están sujetos a la evaluación previa por parte de la SFC, sin que ello signifique que sus términos puedan apartarse de lo dispuesto en este Capítulo y en las normas legales vigentes.
Acciones de los acreedores anteriores al fideicomiso- alcance del art. 1238 del código de comercio
Aspectos sustanciales
De conformidad con el inciso 1 del artículo 1238 del C.Cio, los bienes fideicomitidos pueden ser perseguidos en cabeza del fiduciario por los acreedores del fideicomitente, acudiendo para ello a un proceso ordinario, siempre que se trate de obligaciones adquiridas con anterioridad a la constitución de la fiducia. De igual forma, se contempla la formulación de la acción pauliana cuando el negocio fiduciario se haya celebrado en perjuicio de los acreedores y medie mala fe de las partes, a lo cual hace referencia el inciso 2 del artículo 1238 del C.Cio.
Desde el punto de vista estrictamente sustancial y atendiendo a su tenor literal, el artículo 1238 del C.Cio sólo tiene sentido en la medida en que se refiera a los contratos de fiducia mercantil definidos en el artículo 1226 ibídem.
Significa lo anterior, en términos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia consignados en la Sentencia 01041 de enero 25 de 2010 que los acreedores del fideicomitente gozan, dependiendo de las circunstancias, por un lado, de la acción pauliana para lo cual deben cumplirse los requisitos propios de ella, es decir impone para su existencia el fraude propiamente dicho (consilium fraudis) y el daño o perjuicio al acreedor (eventus damni), y por otro, una acción encaminada a recomponer el patrimonio del deudor, pero desprovista del fraude, que se estructura por la sola circunstancia de causarse un detrimento al acreedor o presentarse el acto reprochado con la jerarquía suficiente para generarlo (eventus damni), connotando, de manera nítida, una acción eminentemente objetiva, que permite materializar la garantía de que los bienes del deudor son, efectivamente, la prenda general de los acreedores y que aquél no puede valerse del pacto fiduciario en detrimento.
Esta última acción mira al perjuicio de los acreedores del deudor-fideicomitente derivado de la celebración de un contrato de fiducia mercantil, sin que para su ejercicio sea menester entrar a considerar circunstancias tales como el deseo de causar daño, la intención de maniobrar para perjudicar a los acreedores o la mala fe, elementos que son requisitos indispensables para que se dé el fraude pauliano.
Lo dicho, sin embargo, no equivale a una acción que puedan ejercitarla los acreedores del deudor-fideicomitente de un modo irrestricto e ilimitado, toda vez que ella se halla circunscrita a ciertas circunstancias que se cifran en el perjuicio a los acreedores derivado del hecho de disminuir o suprimir bienes del patrimonio que ocasionan o agravan su estado de insolvencia.
Aspectos procesales
Para el ejercicio válido del “derecho de persecución de los bienes fideicomitidos” de que trata el inciso 1 del artículo 1238 del C.Cio y respecto del cual aplica la acción –diferente a la pauliana- a que se ha hecho referencia, los acreedores en cuestión deben acudir a la vía judicial para que se decrete la extinción o terminación del negocio fiduciario, toda vez que, ese derecho tiene como materia propia un acto jurídico verdadero y completo, cual es un contrato de fiducia mercantil.
En tal sentido, señaló la Corte Suprema de Justicia que un acreedor no puede por el mero hecho de serlo pedir la invalidación de un acto o contrato de su deudor, celebrado con un tercero de buena fe que ha pactado con el deudor una obligación seria, como tampoco puede, so pretexto de guarda de sus derechos pretender intervenir en los actos y contratos de su deudor porque entonces la relación jurídica de acreedor a deudor se convertiría en una total subordinación del primero al segundo, lo cual es inadmisible. Por tanto, dicha pretensión, en tanto se endereza a procurar la reconstitución del patrimonio del deudor-fideicomitente debe seguir los trámites propios de un proceso ordinario, independientemente del título que documenta la respectiva obligación y de que éste preste o no mérito ejecutivo.
En materia de fiducia mercantil los bienes fideicomitidos salen definitivamente del patrimonio del fideicomitente y se destinan al cumplimiento de la finalidad señalada en el acto constitutivo, conformando un verdadero patrimonio de afectación, sobre el que pierde potestad dicho fideicomitente, pero que tampoco forma parte del patrimonio del fiduciario, en los términos señalados en los artículos 53 y 54 del CGP.
Como consecuencia de la formación de ese patrimonio autónomo y dada su afectación al cumplimiento de la finalidad señalada en el acto constitutivo, éste se convierte en un centro receptor de derechos subjetivos pudiendo ser, desde el punto de vista sustancial, titular de derechos y obligaciones, y desde el punto de vista procesal, comparecer a juicio como demandante o demandado a través de su titular -el fiduciario-.
Bajo la anterior perspectiva, los acreedores del fideicomitente anteriores a la celebración del contrato de fiducia mercantil tienen el carácter de terceros en relación con el patrimonio autónomo, máxime si se atiende al hecho de que frente a tales acreedores el patrimonio autónomo no ostenta la calidad de deudor.
En consecuencia, se estima que para el correcto ejercicio de la acción de que trata el inciso 1 del artículo 1238 del C.Cio y el buen éxito de la misma se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:
En primer lugar, les corresponde a los acreedores -siguiendo los lineamientos generales de la carga de la prueba- demostrar los elementos de los cuales deriva su legitimación en la causa para actuar, vale decir, la preexistencia de una obligación teniendo en cuenta al efecto los términos en que fue pactada y el título que la documenta.
Al respecto, es necesario poner de presente que no por el hecho de tratarse de un acreedor anterior a la celebración del contrato de fiducia mercantil está legitimado per se para ejercer la acción de persecución de los bienes fideicomitidos, toda vez que si la obligación, vb.gr., está sometida a condición suspensiva, sólo tiene la facultad para solicitar medidas conservativas en los términos del artículo 1549 del CC.
En segundo lugar, corresponde al actor acreditar que el contrato de fiducia mercantil celebrado por el deudor, propició o aumentó su estado de insolvencia, y, por ende, le produjo un perjuicio consistente en la imposibilidad de hacer efectivos sus derechos.
En tal virtud, no es cualquier acreedor el que tiene derecho para ejercitar la acción que se comenta, toda vez que para que ésta prospere, el interés jurídico debe ser actual, esto es, debe tratarse de un interés protegido por la ley que resulta burlado o desconocido por la conducta del deudor.
En el anterior orden de ideas, si con ocasión de la celebración del contrato de fiducia mercantil no se produjo un desequilibrio en el patrimonio del deudor-fideicomitente que le impida satisfacer las obligaciones contraídas con anterioridad a dicha celebración, la acción de persecución no está llamada a prosperar, pues es claro que no se configuraría un “eventus damni” sin el cual no habría interés jurídico para incoar la acción.
Si, no obstante lo anterior, se admitiera una demanda presentada sin que mediase ese interés jurídico al que se ha hecho referencia, el deudor fideicomitente -a nuestro juicio- puede defenderse con éxito alegando y probando que posee bienes suficientes para satisfacer la obligación que contrajo con el acreedor demandante, esto es, proponiendo la excepción que la doctrina francesa denomina de “discusión de bienes”, medio exceptivo que también puede -o debe proponer- la sociedad fiduciaria en cumplimiento del deber que le impone el numeral 4 del artículo 1234 del C.Cio de llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente.
Finalmente, desde el punto de vista pasivo, la acción de persecución de los bienes fideicomitidos por parte de los acreedores anteriores a la celebración del contrato de fiducia mercantil debe dirigirse contra el deudor fideicomitente y contra la sociedad fiduciaria como titular del patrimonio autónomo y, en su caso, también contra el beneficiario.
Efectos de la declaratoria judicial de extinción del negocio fiduciario frente a las obligaciones contraídas por el patrimonio autónomo
Decretada la extinción del negocio fiduciario con fundamento en lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 1240 del C.Cio y para los efectos previstos en el artículo 1238 ibídem, debe aclararse qué sucede con las obligaciones que, como titular y vocera del patrimonio autónomo, contrajo la sociedad fiduciaria en orden al cumplimiento de la finalidad señalada en el acto constitutivo.
Al efecto, ocurrida la terminación del negocio fiduciario lo único que subsiste de la relación fiduciaria es el cumplimiento de una obligación que ya nada tiene que ver con el desarrollo del mismo, como es la relativa a la restitución de los bienes fideicomitidos, previa la rendición y liquidación comprobada de cuentas de la gestión fiduciaria que constituye el efecto natural y obvio de dicha terminación.
Obviamente, dicha rendición y liquidación de cuentas, como paso previo a la restitución de los bienes fideicomitidos, presupone para el fiduciario el deber de cancelar anticipadamente a tal restitución las obligaciones contraídas en cumplimiento de la finalidad señalada en el contrato y, en el evento de existir obligaciones contingentes, el deber de efectuar las provisiones necesarias para atender a su eventual cancelación; entendiéndose que el remanente es el que es objeto de restitución. De esta forma se da cabal cumplimiento al precepto contenido en el artículo 1227 del C.Cio.
Normas especiales respecto de ciertos contratos fiduciarios
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Capítulo, para el caso de determinados contratos fiduciarios se debe tener en cuenta lo siguiente:
Contratos de fiducia de inversión
Fideicomiso de inversión
Como quiera que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 29 del EOSF, las operaciones de fiducia de inversión se pueden celebrar por medio de contratos de fiducia mercantil o de encargos fiduciarios, es necesario que en dichos contratos se indique de manera precisa cuál de las dos modalidades anteriores se está adoptando, aún en los casos en que el contrato se origine a partir de los denominados documentos de “oferta comercial” o similares, amén de respetar las formalidades legales exigidas para cada uno de estos tipos negociables.
Modelos pre-impresos y destinación específica de los recursos fideicomitidos
La destinación de los recursos recibidos a título de negocio fiduciario de inversión sólo puede ser establecida por el propio fideicomitente debiéndose aplicar, en su defecto, el mecanismo subsidiario previsto en el numeral 3 artículo 151 del EOSF. Por tanto, la entidad fiduciaria en ningún caso y de manera unilateral puede señalar tal destinación y en consecuencia esa destinación no puede hallarse pre-impresa en los modelos de contrato que se utilicen para instrumentalizar la respectiva relación jurídica.
Delegación de la profesionalidad
Es deber del fiduciario administrar y/o cumplir con el mandato sobre los bienes fideicomitidos según la finalidad determinada por el constituyente, e invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma y con los requisitos previstos en el acto constitutivo, salvo que se le haya permitido obrar del modo que más conveniente le parezca.
En este orden de ideas, en los contratos de fiducia de inversión, no procede la administración de los recursos por un beneficiario ni por el fiduciante ni mucho menos por terceros para la consecución de la finalidad del fideicomiso, de modo tal que otra persona diferente al fiduciario lo sustituya como obligado, pues es un elemento esencial del contrato que la fiduciaria administre o enajene los bienes trasferidos por el constituyente.
En los casos en que la sociedad fiduciaria requiera de un tercero para cumplir con sus obligaciones de manera adecuada y profesional v.gr. para acceder a mercados u opciones que por sus especiales características y condiciones no son parte del quehacer habitual de la sociedad fiduciaria o no le está permitido acceder, puede subcontratar esas operaciones sin actuar en desmedro de los intereses del fideicomiso, en condiciones de transparencia y, en todo caso, dichas subcontrataciones deben estar acordes con la finalidad del contrato y con las instrucciones y autorizaciones impartidas expresamente por el fideicomitente.
Además, la sociedad fiduciaria responde porque esas premisas se cumplan y porque la rentabilidad de la operación y el costo-beneficio de haberla celebrado utilizando otro intermediario, no vaya en desmedro de la finalidad del contrato mediante el cual se confió el manejo de los recursos en la sociedad fiduciaria como administradora profesional, ni se haya hecho en circunstancias que impliquen conflicto de interés.
De este modo, la sociedad fiduciaria no puede delegar en un tercero la ejecución del objeto mismo del contrato y la administración de los bienes trasferidos, pues con ello estaría haciendo una delegación de profesionalidad, salvo disposición legal expresa que lo permita.
Contratos de fiducia inmobiliaria
Corresponde a las fiduciarias, como parte de sus deberes en este tipo de contratos, realizar el análisis de los riesgos que involucra cada proyecto, así como contar con contratos fiduciarios adecuados al negocio específico y efectuar una correcta divulgación de información al público sobre el alcance y efectos de su participación.
En este sentido, la sociedad fiduciaria al momento de decidir si compromete o no su responsabilidad, así como el alcance del negocio fiduciario a celebrar, debe evaluar, valorar y verificar aspectos, tales como:
Que los terrenos en los cuales se va a desarrollar el proyecto se hayan adquirido o hayan sido aportados de manera definitiva y con el lleno de las formalidades que la ley exige para este tipo de negociaciones.
Que la tradición de los inmuebles no presenten problemas de carácter legal que puedan obstaculizar o impedir el traspaso de la propiedad de las unidades inmobiliarias resultantes a los futuros adquirentes.
Que el punto de equilibrio establecido por parte del fideicomitente o partícipe no comprometa la viabilidad del proyecto.
Que se encuentren dadas las condiciones técnicas, financieras y jurídicas para que el proyecto llegue a término, antes de permitir que los constructores dispongan de los recursos de los futuros compradores.
Que se cuente con las licencias de construcción y permisos necesarios para el desarrollo de la obra.
Que el constructor o promotor del proyecto cumpla con unos niveles mínimos de solvencia, capacidad técnica, administrativa y financiera, acordes con la magnitud del proyecto.
Que se hayan establecido las fuentes de financiación para el desarrollo del proyecto.
Que se cuente, durante todas las etapas del proyecto inmobiliario según aplique, con pólizas de seguro que amparen, por los menos, los riesgos de daños a la obra y los riesgos en la construcción, los daños a la maquinaria de la obra, los daños a terceros y los riesgos de responsabilidad civil.
Tratándose de los negocios fiduciarios llamados de “preventas” debe tenerse en cuenta las condiciones de publicidad establecidas en el subnumeral 3.4.7.2 del Capítulo I, Título III de la Parte I de esta Circular.
Adicionalmente siempre que los acuerdos en los que se fundamenten las preventas revistan las características de contratos de adhesión o de prestación masiva de servicios, deben ser calificados como tales y deben ser sometidos previamente a autorización de la SFC.
De estos contratos, en cuanto sea necesario para dar una adecuada información al fideicomitente, adherente o beneficiario, deben hacer parte, a su vez, los contratos suscritos para el desarrollo del proyecto inmobiliario, razón por la cual se debe entregar copia de tales documentos a la firma del contrato de fiducia respectivo.
En desarrollo del artículo 97 del EOSF, el contrato o acuerdo a través del cual se vinculen inversionistas a proyectos inmobiliarios a través de figuras como (i) el aporte de dinero por parte de los interesados en adquirir uno o más inmuebles a construirse dentro de un proyecto inmobiliario, y/o (ii) la instrucción a la sociedad fiduciaria de entregar a un tercero el dinero recaudado como parte del valor del inmueble a adquirirse, deberán contener como mínimo lo siguiente:
La indicación de que se cuenta con las licencias de construcción y permisos necesarios para el desarrollo del proyecto y que los mismos deben estar vigentes al momento de alcanzar el punto de equilibrio y/o las condiciones de desembolso de recursos.
La indicación de la destinación que se le dará a los recursos una vez se den las condiciones necesarias para el desembolso de los mismos.
La indicación de las causales y los plazos en los cuales procede la devolución de los recursos entregados a la fiduciaria.
La identificación clara y expresa del beneficiario en el negocio fiduciario.
La identificación clara y expresa del mecanismo que se escoja para invertir los recursos entregados a la sociedad fiduciaria junto con la identificación del sujeto contractual a quien correspondan los rendimientos o pérdidas generadas por el mismo.
La obligación de la sociedad fiduciaria de informar al adquirente cuando le entregue a un tercero los dineros recaudados en virtud del negocio fiduciario, y sea éste quien asuma la administración de los mismos para la ejecución del proyecto inmobiliario.
La indicación de los derechos y obligaciones que le otorga al interesado el tipo de vinculación al negocio fiduciario, según se trate de una fiducia de administración y pagos, de tesorería o de preventas.
El responsable de la construcción del proyecto.
Los acuerdos en los que se fundamente la comercialización de unidades inmobiliarias que tengan las características de contratos de adhesión o de prestación masiva de servicios, deben ser calificados como tales y deben ser sometidos previamente a autorización de la SFC. En tal sentido, sin perjuicio de la facultad contenida en el subnumeral 3.3 del presente Capítulo, en el evento en que pasados 30 días hábiles después de la radicación de la solicitud de autorización la Superintendencia no haya emitido un pronunciamiento al respecto, se entenderá que el modelo de contrato ha sido autorizado.
Los contratos fiduciarios a través de los cuales se desarrollen o ejecuten proyectos inmobiliarios deberán contener como mínimo lo siguiente:
Las condiciones que se deben verificar para el cumplimiento del punto de equilibrio
La obligación de la sociedad fiduciaria de verificar el cumplimiento de las condiciones financieras, técnicas y jurídicas contractualmente establecidas para la transferencia o desembolso de los recursos.
El término dentro del cual el fideicomitente debe acreditar el cumplimiento de las condiciones para la transferencia o desembolso de los recursos.
El término estimado de duración de la construcción del proyecto inmobiliario y de sus sub-etapas.
La prohibición expresa de que el constructor responsable del proyecto o los promotores autorizados, directamente o por medio de sus agentes o empleados, reciban dinero, aportes, cuotas o anticipos de los adquirentes de los inmuebles a construirse.
La obligación del constructor responsable del proyecto o de los promotores autorizados de dar cumplimiento a las disposiciones de publicidad establecidas en la Parte I, Título III, Capítulo I de la CBJ.
La obligación de presentar una certificación semestral por parte del constructor, en donde se indique que los recursos se destinaron al cumplimiento del objeto del contrato.
La obligación del fideicomitente, constructor, promotor o aquella persona a cargo del proyecto de remitir a la sociedad fiduciaria la información necesaria para realizar los registros contables correspondientes, así como para el cumplimiento de las obligaciones de entrega de información establecidas en los subnumerales 6.1.4.2.13.2.1 y 6.2.1. de este capítulo.
Todos los anteriores requisitos deberán ser cumplidos para los contratos de fiducia inmobiliaria de administración y pagos. En aquellos eventos en que el negocio de administración y pagos no contemple la etapa de preventa del proyecto, no se debe incluir lo establecido en el subnumeral 5.2.3.1.
A los contratos de tesorería le aplican únicamente los numerales 5.2.3.5 y 5.2.3.6 y a los contratos de fiducia inmobiliaria de preventas le aplicarán los numerales 5.2.3.1, 5.2.3.2 y 5.2.3.3, 5.2.3.5., 5.2.3.6. y 5.2.3.8
Contratos de fiducia en garantía
En esta clase de contratos debe preverse una facultad a la sociedad fiduciaria de abstenerse de expedir nuevos certificados o constancias de garantía cuando los avalúos de los bienes dados en fiducia no se hayan actualizado en los últimos 3 años, por causa de la falta de suministro de recursos por parte del fideicomitente o ante la ausencia de recursos suficientes en el fideicomiso para tales efectos.
Negocios fiduciarios con entidades públicas
De conformidad con lo previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en los decretos reglamentarios de dichas leyes, especialmente pero sin limitarse al Decreto 1510 de 2013 y en las demás disposiciones o instrucciones emitidas por las instancias nacionales o territoriales correspondientes, y sin perjuicio del contenido de las disposiciones generales del presente Capítulo, en relación con los negocios fiduciarios que se celebren con las entidades públicas de acuerdo con la normatividad aplicable a los recursos objeto del contrato, deben tenerse en cuenta las siguientes instrucciones:
A las entidades estatales, entendiendo por tales las señaladas en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, las normas a ellas aplicables reconocen expresamente la posibilidad de celebrar, en calidad de fideicomitentes, única y exclusivamente contratos de fiducia pública y encargos fiduciarios.
Los encargos fiduciarios señalados, pueden tener por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que las entidades estatales fideicomitentes celebren, así como la administración de los fondos o recursos destinados a la cancelación de obligaciones originadas de la celebración de contratos estatales de acuerdo con lo previsto en el numeral 20 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
De conformidad con lo anterior, las sociedades fiduciarias no pueden celebrar con las entidades estatales negocios fiduciarios distintos a los ya señalados.
En relación con los negocios fiduciarios que se celebren para administrar o manejar recursos que cubran más de una vigencia fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1550 de 1995, necesitan en cuanto a la remuneración que se pacte con la sociedad fiduciaria, autorización previa a la apertura de la licitación o concurso, de manera general o particular, emanada del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS.
Igualmente, tal autorización es necesaria ante la adición, prórroga o reajuste de los contratos celebrados que cubran más de una vigencia fiscal.
En todo caso, el régimen de inversiones de los excedentes de liquidez de los establecimientos públicos del orden nacional y de las entidades estatales del orden nacional, de las empresas industriales y comerciales del estado del orden nacional y las sociedades de economía mixta con régimen de empresas industriales y comerciales del Estado, dedicadas a actividades no financieras y asimiladas a éstas, de las entidades territoriales y las entidades descentralizadas del orden territorial, de las sociedades de economía mixta con participación pública inferior al 90% de su capital, las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas, así como de aquellas con participación directa o indirecta del estado superior al 50% de su capital social y de los organismos autónomos, se rige por lo dispuesto en el Decreto 1525 de 2008, en especial en el parágrafo 3 del artículo 49, modificado por el artículo 1 del Decreto 600 de 2013 y normas concordantes.
La firmeza y seguridad jurídica de un contrato de fiducia pública o de un encargo fiduciario, según el caso, dependen necesariamente de que tanto la entidad estatal como la sociedad fiduciaria que pretende vincularse contractualmente con ella, acaten y respeten en la práctica todos los presupuestos, formas y formalidades que informan la contratación administrativa, o dicho de otro modo, no resulta viable, desde el punto de vista jurídico, celebrar contratos de fiducia pública y encargos fiduciarios que conduzcan a un desconocimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y en las demás disposiciones reglamentarias o instrucciones emitidas por las instancias nacionales o territoriales correspondientes.
En este sentido se reitera la prohibición general mediante la cual en los términos del parágrafo del artículo 2.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 el negocio fiduciario no puede servir de instrumento para realizar actos o contratos que no pueda celebrar directamente el fideicomitente de acuerdo con las disposiciones legales, en razón de lo cual, le corresponde a la sociedad fiduciaria desarrollar acciones que le permitan evitar que el negocio fiduciario se convierta en un instrumento de fraude a la ley. Este mismo análisis debe realizarse cuando quiera que al fideicomiso se vinculen de manera directa o indirecta recursos públicos.
Como corolario de lo anterior, toda sociedad fiduciaria está obligada, antes de celebrar con una entidad estatal un contrato de fiducia pública o un encargo fiduciario, a cerciorarse de que el mismo no adolezca de ilicitud por causa u objeto o por cualquiera otra circunstancia de la cual ella pueda derivarse. Para tal efecto, deben tenerse en cuenta las siguientes restricciones y limitaciones a las cuales se hallan sujetos los negocios fiduciarios examinados:
Los contratos de fiducia pública no pueden conllevar la transferencia de la propiedad de los bienes fideicomitidos ni, por lo mismo, dar lugar a la formación de un patrimonio autónomo, excepto en los casos señalados en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en relación con procesos de titularización.
Los contratos de fiducia pública y encargo fiduciario deben tener un objeto y un plazo precisamente determinados. No obstante, en cuanto al objeto se refiere, debe tenerse en cuenta que cuando el inciso 5, numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 alude a “los actos y contratos que se realicen en desarrollo de un contrato de fiducia pública o encargo fiduciario”, por tales, sólo pueden entenderse aquellos que resulten propios o connaturales al objeto del negocio fiduciario de que trate, vale decir, todos aquellos que son normalmente aptos y legalmente admisibles para el cumplimiento diligente de la finalidad señalada por la respectiva entidad estatal fideicomitente en el acto constitutivo del negocio fiduciario.
En ningún caso y por ningún motivo, las entidades estatales pueden utilizar el esquema fiduciario para delegar en las sociedades fiduciarias el cumplimiento de una función pública que les es propia, como sucede con la adjudicación de los contratos que deban celebrarse en desarrollo de la finalidad señalada en el acto constitutivo del respectivo negocio fiduciario. No obstante, pueden encomendar a la fiduciaria la suscripción de tales contratos y la ejecución de todos los trámites inherentes al proceso de contratación, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 1510 de 2013.
Adicionalmente y conforme lo establece el numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 a las entidades estatales les está vedado pactar la remuneración fiduciaria con cargo a los rendimientos generados por los bienes fideicomitidos a menos que éstos se encuentren presupuestados.
En este sentido y al tenor de la citada norma dentro de las utilidades o rendimientos de los bienes objeto de la fiducia pública o del encargo fiduciario sólo puede pactarse la remuneración de la entidad fiduciaria si así se hubiera previsto o presupuestado, de lo contrario tal concepto no puede deducirse de tales rendimientos.
De la misma forma, debe tenerse en cuenta que, cuando en ejecución de un contrato de fiducia pública o de un encargo fiduciario deba darse aplicación al mecanismo subsidiario o supletivo consagrado en el numeral 3. del artículo 151 del EOSF con el alcance restringido por el Decreto 1525 de 2008, en los eventos en que fuere posible invertir recursos públicos de entidades públicas en fondos de inversión colectiva, si en los respectivos contratos y/o reglamentos aprobados por esta Superintendencia se ha estipulado que la remuneración fiduciaria está dada en función de los rendimientos generados por el conjunto de recursos administrados colectivamente, las sociedades fiduciarias no pueden alegar en su favor el principio de la primacía o prevalencia de las estipulaciones contenidas en tales contratos y/o reglamentos y, por esta vía, cobrar a la entidad estatal fideicomitente la remuneración establecida en esa forma, por cuanto ésta contraviene la prohibición al efecto consagrada en el inciso 3 del numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que se comenta.
No pueden celebrarse contratos de fiducia pública o encargos fiduciarios que conduzcan a un desconocimiento del mandato contenido en el artículo 355 de la Constitución Política, so pena de quedar viciados de nulidad por ilicitud de su objeto.
De acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007, la, selección de la fiduciaria a contratar, sea pública o privada, debe hacerse con rigurosa observancia del procedimiento de licitación o concurso previsto en la ley, concurriendo en igualdad de condiciones y sin que sea admisible el mecanismo de la contratación directa.
Sobre este particular, el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 merece un comentario especial en la medida en que permite prescindir de la licitación o concurso cuando se trate de contratos interadministrativos.
Ciertamente, a juicio de esta Superintendencia, tratándose de negocios fiduciarios, la disposición antes mencionada resulta inaplicable en tanto y en cuanto el antes citado inciso 5 del numeral 5 del artículo 32 ibídem, reguló íntegramente y de una manera especial y opuesta a la prevista en aquella lo concerniente a la selección o escogencia de la sociedad fiduciaria a contratar, esto es, suprimiendo privilegios para la celebración de negocios jurídicos de la índole y naturaleza de los que se comentan, toda vez que las sociedades fiduciarias, sean públicas o privadas, celebran los contratos de fiducia pública y de encargo fiduciario sin que existan ventajas comparativas de ninguna especie entre ellas, pues el principio que informa la nueva regulación de la actividad fiduciaria en el sector público en Colombia es el de la libre competencia entre las entidades que, debidamente autorizadas por este organismo de control, actúan en el mercado en calidad de fiduciarios.
No sucede lo propio tratándose de la conformación de patrimonios autónomos necesarios para la estructuración de procesos de titularización, en cuyo caso, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2681 de 1993, es viable acudir al mecanismo de la contratación directa.
Así mismo, no debe olvidarse que el artículo 36 de la Ley 388 de 1997, que establece los mecanismos que permiten a los municipios, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes, les permite celebrar contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. No obstante, dado que se trata de una excepción la misma es de aplicación restrictiva, según lo señaló el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil mediante concepto 1502 del 4 de julio de 2003.
Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que a la fecha de promulgación de la Ley 80 de 1993 hayan sido celebrados por las sociedades fiduciarias y las entidades estatales sujetas a la misma, continúan vigentes hasta su terminación en los términos convenidos, aplicándose de ser el caso el artículo 22 del Decreto 679 de 1994.
Al tenor de lo dispuesto en los incisos 1 del artículo 13 y 1 y 8 del artículo 32, numeral 5, de la Ley 80 de 1993, respectivamente, en relación con los contratos de fiducia pública y encargo fiduciario aplican las disposiciones del C.Cio que regulan el contrato de fiducia mercantil en cuanto no sean incompatibles con lo previsto en dicha ley. Tal es el caso de los artículos 1227, 1228, 1231, 1232, 1233 (en lo pertinente), 1234, 1235, 1236 y 1239 a 1244.
Responsabilidad administrativa
La celebración de contratos de fiducia pública y encargos fiduciarios con entidades estatales comporta un alto grado de responsabilidad por parte de los directores y administradores de las sociedades fiduciarias a quienes competa adoptar las decisiones relacionadas con esta materia. En tal virtud, la SFC requiere la personal intervención de los directores y administradores de las sociedades fiduciarias, en orden a que se respeten y acaten en la práctica los parámetros señalados en este Capítulo en cuanto son desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley 80 de 1993, en la ley 1150 de 2007, en sus decretos reglamentarios, así como las disposiciones fiscales, presupuestales, de interventoría y de control a las cuales esté sujeta la entidad estatal fideicomitente.
Por lo demás, se recuerda a las sociedades fiduciarias que, en todo caso, están obligadas a facilitar las labores de control que la ley le atribuye a la Contraloría General de la República y a las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, al igual que a la entidad estatal fideicomitente.
Negocios fiduciarios a través de los cuales se comercializan participaciones fiduciarias
Son aquellos negocios en virtud de los cuales una persona natural o jurídica, mediante la transferencia de la propiedad a una sociedad fiduciaria, de uno o más bienes determinados, prevé la comercialización de participaciones fiduciarias en un fideicomiso, las cuales otorgan a los inversionistas el derecho a participar de los resultados económicos derivados del cumplimiento de una finalidad específica, sin que implique la propiedad del bien objeto el proyecto y, sin perjuicio, del ofrecimiento de beneficios adicionales.
Estos negocios están principalmente compuestos por las fases de estructuración, desarrollo del proyecto y operación de la actividad vinculada a la finalidad del negocio fiduciario.
La fiduciaria debe contar con contratos adecuados al negocio específico y efectuar una correcta divulgación de información al público sobre el alcance y efectos de su participación.
Sin perjuicio de las instrucciones especiales aquí definidas, a los negocios fiduciarios a través de los cuales se comercialicen participaciones fiduciarias le serán aplicables, en lo que corresponda, las normas definidas en el presente capítulo para los otros tipos de negocios fiduciarios.
Para los efectos del artículo 146 numeral 4 del EOSF se entenderá que todos aquellos negocios fiduciarios a través de los cuales se comercialicen participaciones fiduciarias mediante oferta o promoción al público en general, o mediante oferta o promoción a 20 o más personas determinadas, serán para la prestación masiva del servicio. En tal sentido, sin perjuicio de la facultad contenida en el subnumeral 3.3 del presente Capítulo, en el evento en que pasados 60 días hábiles después de la radicación de la solicitud de autorización la Superintendencia no haya emitido un pronunciamiento al respecto, se entenderá que el modelo de contrato ha sido autorizado.
Las sociedades fiduciarias al momento de decidir si comprometen o no su responsabilidad, así como el alcance del negocio fiduciario a celebrar, deben solicitar al gestor o promotor la información necesaria para evaluar, valorar y verificar aspectos como:
Los riesgos del negocio y las posibilidades de ganancia o pérdida, conforme a los escenarios proyectados para la operación. Tal información debe reposar en un documento que contenga la evaluación de riesgos del proyecto.
Las condiciones que deben cumplirse para iniciar o continuar con cada fase del negocio.
El número de participaciones fiduciarias que se deben comercializar para obtener la viabilidad financiera del proyecto, la cual debe abarcar desde la fase pre-operativa hasta el inicio de la operación y debe tener en cuenta todas las fuentes de recursos.
La existencia de los estudios de títulos en los que conste que los bienes que se transfieran o vayan a transferir no presentan problemas que afecten su tradición y demás requisitos legales para su plena disposición.
La existencia de los modelos, estudios técnicos y diseños con los que debe contar el proyecto, los cuales deben ser presentados por el promotor o gestor, según corresponda.
Que se hayan establecido las fuentes de financiación para el desarrollo del proyecto.
Que se cuente con la metodología para la cuantificación y valoración de las participaciones de los negocios.
Que el constructor y promotor cuenta con capacidad técnica, administrativa y financiera, acordes con la magnitud del proyecto.
Que se tomen las pólizas de seguros que amparen, por lo menos, los riesgos de daños a la obra, los riesgos en la construcción, daños a la maquinaria de la obra, daños a terceros y riesgos de responsabilidad civil, según aplique.
Que las licencias de construcción y permisos necesarios para el desarrollo de la obra se encuentren vigentes.
Los contratos fiduciarios a través de los cuales se comercializan participaciones fiduciarias deberán contener, como mínimo, lo siguiente:
El número de participaciones a enajenar y la indicación de las otras fuentes de recursos que constituyan la condición económica para iniciar cada una de las fases de proyecto.
Las condiciones financieras, técnicas y jurídicas que se deben cumplir para dar inicio a las etapas de desarrollo del proyecto y operación.
La indicación expresa de contar con un interventor, auditor o asesor externo, independiente de los fideicomitentes, para supervisar las actividades adelantadas por el promotor y/o gestor, durante todas las etapas del fideicomiso. En aquellos eventos en que el proyecto esté relacionado con el desarrollo de proyectos de construcción, la actividad del interventor se regirá por las disposiciones contenidas en el numeral 6 del Decreto 2090 de 1989 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
Los órganos asesores y/o administradores de acuerdo con lo dispuesto el numeral 2.3.7 de presente Capítulo.
El procedimiento para la designación y reemplazo del promotor y/o del operador, las calidades que deben reunir y las causales para su remoción, así como el órgano establecido en el contrato a cargo de la adopción de tales decisiones.
La obligación del promotor de dar cumplimiento a las disposiciones de publicidad establecidas en la Parte I Título III Capítulo I de la CBJ.
La forma y metodología de valorar técnicamente los activos subyacentes que corresponden al patrimonio autónomo y el procedimiento para cuantificar y valorar las participaciones fiduciarias, según la naturaleza de dicho activo.
Establecer el número de participaciones fiduciarias y el tiempo que el promotor las mantendrá a su nombre durante la vigencia del contrato. No se computarán para efectos del cumplimiento del punto de equilibrio del proyecto, las participaciones que mantenga el promotor a su nombre, salvo cuando éste haya aportado recursos o bienes cuyo valor esté debidamente soportado y que hubieren sido efectivamente transferidos al fideicomiso en razón de sus participaciones fiduciarias.
Establecer el procedimiento y los responsables para la suscripción de los contratos necesarios para la fase de operación. En caso de que dichos contratos estén previamente acordados por el promotor, sus términos y condiciones deberán ser conocidos por los partícipes al momento de su vinculación.
Los canales a través de los cuales la sociedad fiduciaria remitirá y suministrará a los fideicomitentes la información relacionada con el cumplimiento de la finalidad del contrato.
Las reglas y el procedimiento para llevar a cabo la cesión de las participaciones, los cuales no pueden incluir condicionamientos que afecten injustificadamente el derecho de los participantes de ceder su posición contractual en cualquier momento, así como el deber de la sociedad fiduciaria de verificar el cumplimiento de los mismos al momento de la cesión.
La obligación que tiene la fiduciaria, como vocera y administradora del patrimonio autónomo, de informar a los fideicomitentes cualquier situación de la cual llegue a tener conocimiento, que afecte el cumplimiento de la finalidad del negocio, entre las cuales se encuentran aquellas que alteren el normal desarrollo del proyecto afecto al patrimonio autónomo.
La prohibición expresa de que el constructor responsable del proyecto o los promotores autorizados, directamente o por medio de sus agentes o empleados, reciban dineros de los adquirentes de las participaciones.
La indicación de que el desembolso de los recursos recaudados a través del negocio fiduciario será con posterioridad al momento de alcanzar el punto de equilibrio y conforme a las condiciones establecidas en el contrato para tal fin.
Adicionalmente, en el contrato mediante el cual se celebre la vinculación de los partícipes al Contrato de Fiducia Mercantil, se deben incluir de manera precisa: i) todas las condiciones del negocio fiduciario, ii) los derechos y obligaciones de cada una de las partes, iii) la duración, iv) la estimación de costos del proyecto y v) las penalidades por incumplimiento de las partes. Igualmente, se debe estipular en dichos contratos que las participaciones fiduciarias adquiridas podrán generar ganancias o pérdidas, según se cumplan o no las proyecciones de la explotación y operación de los activos subyacentes, y demás aspectos que se consideren relevantes.
Rendición de cuentas e informes periódicos
Rendición de cuentas
Para los efectos previstos en el numeral 8 del artículo 1234, y numeral 4 del artículo 1236, ambos del C.Cio y con el propósito de mantener informados a los beneficiarios, incluidos los llamados cesionarios de beneficio, acreedores garantizados y a los fideicomitentes, de la suerte de los respectivos negocios fiduciarios, así como del desarrollo de la gestión que está desempeñando el fiduciario, las sociedades deben presentar rendiciones de cuentas, que deben contener:
Concepto
El fiduciario tiene como deber indelegable presentar al beneficiario y/o acreedor garantizado así como al fideicomitente (sin perjuicio de que contractualmente puedan ampliarse los destinatarios) un informe detallado y pormenorizado de la gestión de los bienes entregados en virtud de un negocio fiduciario, particularmente en aquello que tenga relevancia con la labor ejecutada, justificando, argumentando y demostrando el cumplimiento de la labor encomendada en el acto constitutivo o en la ley.
Por lo tanto, la rendición de cuentas debe reflejar plenamente el estado económico, jurídico, administrativo o contable actual del negocio así como de la ocurrencia de cualquier hecho que incida en el desarrollo normal de la labor encomendada, señalando las medidas correctivas adoptadas, cuando sean del caso, sin perjuicio de que, para efecto de su necesaria verificación, se acompañen los soportes que documenten la información presentada.
Carácter indelegable
La rendición de cuentas es un deber indelegable en terceras personas u órganos del fideicomiso, pues el fideicomitente ha depositado su confianza en el profesionalismo del fiduciario para la realización de la gestión, por lo cual le corresponde rendir las cuentas comprobadas de sus actuaciones personalmente, entre otras razones, como administrador de los bienes fideicomitidos. En tal virtud, es a la sociedad fiduciaria a quien le compete demostrar su cumplimiento en la labor ejecutada, de acuerdo con lo dispuesto en el acto constitutivo y en la ley.
Periodicidad de las rendiciones de cuentas
Corresponde a las sociedades fiduciarias rendir cuentas tanto a los beneficiarios, acreedores garantizados y a los fideicomitentes, con una periodicidad mínima de 6 meses contados a partir de la celebración del negocio fiduciario, sin perjuicio de que contractualmente pueda establecerse una periodicidad menor.
La rendición de cuentas debe ser remitida al (los) destinatario (s) a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de corte que se está informando. En todo caso, las sociedades fiduciarias deben dejar constancia de envío y recibo de las rendiciones de cuentas emitidas en desarrollo de sus obligaciones.
Ante la negativa de aceptar o aprobar la rendición de cuentas por parte de los destinatarios de la misma, las sociedades fiduciarias pueden hacer uso de los mecanismos procesales previstos en el artículo 380 del CGP -rendición espontánea de cuentas- para dar cumplimiento a su obligación.
Forma de rendir cuentas
Las rendiciones de cuentas deben basarse en soportes o documentos que comprueben la veracidad de la información y deben realizarse mediante procedimientos que les permitan a sus destinatarios tener conocimiento de la existencia de los soportes documentales que acrediten las diversas gestiones del fiduciario, en el entendido que deben hacer factible la verificación o revisión física de tales soportes cuando aquéllos así lo estimen pertinente.
Las rendiciones de cuentas, excepto las generadas para los fondos de inversión colectiva que se rigen por las normas propias contenidas en la parte 3 del Decreto 2555 de 2010, deben contar en todos los casos, como mínimo, con la siguiente información:
Período que cobija la rendición de cuentas.
Partes del contrato.
Objeto y finalidad del negocio fiduciario.
Estado actual, localización e identificación de los bienes que conforman el negocio fiduciario. Así mismo, se debe incluir la fecha del último avalúo o estudio técnico practicado a los bienes y el resultado de dicho estudio o avalúo.
Evolución de los aportes y del patrimonio del fideicomiso.
Monto de la comisión fiduciaria efectivamente cobrada durante el período. Así mismo, se deben informar de manera acumulada las comisiones cobradas en desarrollo del negocio. Si el negocio jurídico es complejo e involucra más negocios fiduciarios o de otra índole que deba celebrar la fiduciaria en nombre del fideicomiso o del fideicomitente, deben incluirse todas las comisiones cobradas y pagadas.
Breve descripción del desarrollo y ejecución del negocio, así como de la gestión del fiduciario de acuerdo con las obligaciones a su cargo, incluyendo las particularidades que permitan lograr la finalidad contratada, así como las variaciones significativas o importantes presentadas durante el período reportado.
Respecto del disponible, se deben informar las partidas a conciliar existentes en el negocio fiduciario mayores a 30 días, así como las gestiones realizadas por la fiduciaria para regularizarlas.
Relación de los procesos, quejas y/o reclamos que se presenten en desarrollo del negocio fiduciario por parte de cualquier persona natural o jurídica.
Acreedores garantizados y estado de las garantías.
Cesionarios de los beneficios.
Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos.
Adicionalmente, con base en los términos del respectivo contrato, se debe informar:
En aquellos negocios en los que se realicen inversiones, debe informarse:
Composición del portafolio de inversión por plazo, especie, tasa y emisor.
Políticas de inversión aplicables.
Valor en Riesgo de mercado del Portafolio y su comportamiento durante el período reportado.
Rentabilidad del portafolio y su comportamiento durante el período reportado, expresadas en términos efectivos anuales
En los negocios fiduciarios inmobiliarios se debe informar por lo menos los siguientes aspectos adicionales:
Para los casos de fiducia inmobiliaria de administración y pagos, como mínimo con los siguientes aspectos:
Alcance de las funciones y actividades que desarrolla la fiduciaria.
Estado actual en la obtención del punto de equilibrio establecido para el proyecto, así como los temas asociados con las licencias de construcción y permisos necesarios para el desarrollo del proyecto.
El responsable de la construcción del proyecto.
Las situaciones que hayan afectado el normal desarrollo del proyecto inmobiliario o la ejecución del fideicomiso, y de la cual haya tenido conocimiento la sociedad fiduciaria.
Sí se han afectado las pólizas contratadas para el desarrollo del proyecto inmobiliario.
Número de unidades resultantes del proyecto inmobiliario comprometidas y transferidas según corresponda.
En el evento que el negocio posea un interventor, se debe incluir un resumen de las conclusiones realizadas por él en sus informes.
En el caso de los negocios fiduciarios de tesorería sólo debe suministrarse la información señalada en el subnumeral 6.1.4.2.13.2.1 y para los negocios de preventa no aplica la información señalada en los subnumerales 6.1.4.2.13.2.5, 6.1.4.2.13.2.6 y 6.1.4.2.13.2.7.
En aquellos eventos en que el negocio de administración y pagos no contemple la etapa de preventa del proyecto, no se debe incluir lo establecido en el subnumeral 6.1.4.2.13.2.2.
Para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente subnumeral, la sociedad fiduciaria debe basarse en los soportes y documentos que sean suministrados por el fideicomitente, constructor, promotor, interventor o aquella persona a cargo del proyecto.
En aquellos negocios fiduciarios en los que se tengan registrados créditos a cargo o por cuenta del negocio, así como garantías otorgadas por el mismo, debe informase además lo siguiente:
Tipo de crédito contratado.
Tipo de garantías otorgadas.
La relación de beneficiarios en la que conste el valor de los créditos de cada uno y las condiciones de los mismos (plazo, interés pactado, modalidad de pago, etc.)
Informe sobre el estado de cada una de las obligaciones registradas incluyendo el monto de provisiones resultantes del proceso de evaluación del riesgo de crédito.
En los negocios fiduciarios en que se realicen pagos, giros o abonos en cuenta por cuenta o cargo del mismo, debe realizarse un informe adicional que contengan los siguientes aspectos:
Fuentes y usos de los recursos.
Número de pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el período.
Mecanismos utilizados para efectuar los pagos.
En los negocios fiduciarios a través de los cuales se comercializan participaciones la rendición de cuentas contendrá adicionalmente lo siguiente:
El responsable de cada una de las etapas o fases del proyecto y de la operación del mismo.
El alcance de las funciones y actividades que realiza la sociedad fiduciaria.
El estado actual de las condiciones necesarias para iniciar las diferentes etapas del proyecto, de acuerdo con el informe del promotor, constructor, operador o interventor.
La indicación del grado de avance del proyecto.
Un reporte sobre hechos relevantes que afecten el proyecto y las actividades llevadas a cabo frente a los mismos.
Información relevante de la etapa en la que se encuentre el proyecto.
Informe sobre el estado del activo subyacente.
Informe de resultados de la operación y la gestión en la distribución de excedentes.
Para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente subnumeral, la sociedad fiduciaria debe basarse en los soportes y documentos que sean suministrados por el fideicomitente, constructor, promotor, interventor, operador o responsable del negocio.
La rendición de cuentas debe ir acompañada de la información financiera del Catálogo Único con Fines de Supervisión del negocio, con la información mínima que permita identificar el estado de los activos, de los ingresos, de los gastos y acreencias del fideicomiso, además de un estado de cuenta que refleje el comportamiento financiero de las inversiones efectuadas con base en las instrucciones impartidas por el fideicomitente. Considerando que la fecha de rendición de cuentas no necesariamente coincide con el final del período de preparación de los estados financieros, éstos deberán hacer parte de la rendición de cuentas más próxima, tales estados financieros deberán prepararse y presentarse de conformidad con el marco contable que les resulte aplicable.
En caso de que los negocios fiduciarios posean órganos de administración y/o control, en la redición de cuentas debe presentarse una breve reseña de los aspectos tratados en las reuniones de dichos órganos.
Teniendo en cuenta que en algunos negocios fiduciarios existe la posibilidad de vincular a terceros en el desarrollo y resultado de los mismos, se debe realizar una breve descripción que contenga por lo menos, tipo de vinculación, obligaciones o facultades para con los terceros, y la incidencia de los recursos aportados por éstos en la ejecución y desarrollo del negocio fiduciario.
Cuando por razones de manejo operativo, el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados para cada fideicomiso por parte de una entidad fiduciaria, deba ser sustituido por uno equivalente y siempre y cuando con ello no se afecten los objetivos perseguidos en la rendición de cuentas, se debe informar previamente a la SFC.
El informe contentivo de la rendición de cuentas debe ser suscrito por quien ostente la representación legal de la sociedad fiduciaria.
Informes periódicos
Sin perjuicio de la obligación de rendición comprobada de cuentas, cuando por su importancia resulte necesario o cuando se establezca una obligación contractual en ese sentido, la fiduciaria debe remitir al fideicomitente o al beneficiario un reporte sobre hechos relevantes que afecten el negocio y las actividades llevadas a cabo frente a los mismos.
La periodicidad de estos informes responde a aquella que se señale en el contrato o en su defecto debe remitirse dentro de los 15 días siguientes al momento de conocerse el hecho que lo motive.
Estos informes no tienen el carácter de rendición de cuentas, por lo que no liberan a la fiduciaria de dicha obligación.
Respecto de los informes periódicos deben atenderse las normas especiales que sobre el particular se fijen según el negocio fiduciario del que se trate o de la naturaleza de la entidad fideicomitente, v. gr. aquellos informes que surgen con ocasión de negocios fiduciarios derivados de licitaciones públicas o contratos estatales.
De los informes presentados durante la ejecución del contrato debe dejarse constancia en la fiduciaria sobre su presentación y contenido, de manera tal que puedan ser conocidos o consultados como soporte del respectivo negocio fiduciario.
De otra parte y en cumplimiento de lo señalado en el parágrafo del artículo 271-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 18 de la Ley 1111 de 2006 para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, las fiduciarias deben expedir cada año, a cada uno de los beneficiarios de los fideicomisos a su cargo, un certificado indicando el valor de sus derechos, los rendimientos acumulados hasta el 31 de diciembre del respectivo ejercicio, aunque no hayan sido liquidados en forma definitiva y los rendimientos del último ejercicio gravable. En caso de que las cifras incluyan ajustes por inflación, de conformidad con las normas vigentes hasta el año gravable 2006, se deben hacer las aclaraciones de rigor.
Informes periódicos a los adquirentes de unidades inmobiliarias
En los negocios fiduciarios inmobiliarios las sociedades fiduciarias deben remitir, con una periodicidad mínima de 6 meses, informes periódicos a los adquirentes de las unidades inmobiliarias que contengan información del negocio fiduciario que sea de interés del destinatario. Dicho reporte debe ser remitido a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de corte que se está informando. Las sociedades fiduciarias deben dejar constancia de envío y recibo de dichos reportes.
Para los casos de fiducia inmobiliaria de administración y pagos con fase de preventas se debe informar como mínimo:
El período objeto de reporte.
El objeto y finalidad del negocio fiduciario.
El monto de los recursos recibidos del adquirente de la unidad inmobiliaria.
El responsable de la construcción del proyecto.
El alcance de las funciones y actividades que realiza la sociedad fiduciaria.
El estado actual en la obtención del punto de equilibrio establecido para el proyecto.
La calidad en que la sociedad fiduciaria transfiere las unidades inmobiliarias.
La indicación del grado de avance del proyecto inmobiliario de acuerdo con la información reportada por el responsable de la construcción del proyecto.
Un reporte sobre hechos relevantes que afecten el proyecto y las actividades llevadas a cabo frente a los mismos.
En el caso de los negocios fiduciarios de preventas sólo debe suministrarse la información señalada en los subnumerales 6.2.1.1 al 6.2.1.6. En los negocios fiduciarios de administración y pagos que no prevean la fase de preventas, no se debe informar lo indicado en el subnumeral 6.2.1.6.
Informes periódicos a los adquirentes de participaciones fiduciarias
En los negocios fiduciarios a través de los cuales se comercializan participaciones fiduciarias, las sociedades fiduciarias tienen el deber de informar a los adquirentes de éstas, con una periodicidad mínima de 6 meses, por lo menos los siguientes aspectos:
El período objeto de reporte.
El objeto y finalidad del negocio fiduciario.
El monto de los recursos recibidos del adquirente de la participación.
El responsable de cada una de las etapas o fases del proyecto y de la operación del mismo.
El alcance de las funciones y actividades que realiza la sociedad fiduciaria.
El estado actual de las condiciones necesarias para iniciar las diferentes etapas del proyecto, de acuerdo al informe del promotor, constructor, operador o interventor.
La indicación del grado de avance del proyecto.
Un reporte sobre hechos relevantes que afecten el proyecto y las actividades llevadas a cabo frente a los mismos.
Información relevante de la etapa en la que se encuentre el proyecto.
Informe sobre el estado del activo subyacente.
Informe de resultados de la operación y la gestión en la distribución de excedentes.
Remisión de información a la SFC
Los aspectos contables y financieros de la rendición de cuentas deben guardar armonía con la información que debe presentar periódicamente el fiduciario a la SFC.
Igualmente, el representante legal y el revisor fiscal deben informar a la SFC los hechos o situaciones que impidan el normal desarrollo del negocio fiduciario y que retarden o puedan retardar de manera sustancial su ejecución y/o terminación, de suerte que comprometan seriamente la obtención de los objetivos perseguidos. Dicho aviso debe darse a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del hecho o a la fecha en que tuvo o debió tener conocimiento del mismo.
Rendición de cuentas para inversionistas de capitales del exterior de portafolio
Para los negocios fiduciarios de inversión de capitales del exterior de portafolio descritos en el subnumeral 8.1.3 de este Capítulo las sociedades fiduciarias deben presentar las rendiciones de cuentas únicamente con el contenido que para el efecto se establezca en el respectivo contrato. El contenido establecido en el contrato debe tener en cuenta las características particulares del inversionista.
En caso de que el contrato no especifique un contenido mínimo, la respectiva rendición de cuentas debe contar con el contenido mínimo establecido en el subnumeral 6.1.4. del este Capítulo, en los que sea aplicable a los negocios fiduciarios de inversión.
Reportes de información
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones, las sociedades fiduciarias deben reportar la siguiente información:
La clasificación de los tipos y subtipos de negocios fiduciarios, así como la información detallada de la identificación de cada uno de los negocios fiduciarios teniendo en cuenta las características definidas en el Módulo de Registro de Negocios contenido en el Capítulo VI del Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica y bajo los parámetros de los documentos técnicos pertinentes.
Con el portafolio de inversiones de las fondos de inversión colectiva administrados por las sociedades fiduciarias, fondos de pensiones voluntarias, fideicomisos de inversión, fideicomisos de seguridad social, fideicomisos inmobiliarios y fideicomisos de administración y otros debe enviarse el movimiento diario de las compras y ventas de los títulos del portafolio de inversiones (código 713), de los fondos interbancarios vendidos y pactos de reventa (código 712), de los fondos interbancarios comprados y pactos de recompra (código 722), de los derechos (7150205) y obligaciones (7150210) de los contratos a término y de futuros para proveer cobertura, de los derechos (7150305) y obligaciones (7150310) de los contratos a término y de futuros para obtener cobertura y de los derechos en compromisos de compra (7150420) derechos en compromisos de venta (7150425) y obligaciones en compromisos de compra (7150430), obligaciones en compromisos de venta (7150435) de las operaciones carrusel.
Esta información se debe enviar bajo ambiente excel, dentro de los 10 días siguientes al cierre del mes objeto de reporte, a la Dirección de Superintendencia respectiva, detallando: secuencia; identificación del título; denominación del título; emisor; valor de compra; valor nominal; fecha de compra; fecha de emisión; fecha de vencimiento; tasa nominal y periodicidad de pago; vigencia de la tasa variable; TIR de compra o de emisión, según proceda, margen inicial (en términos efectivos); margen actual (en términos efectivos); TIR de resumen; valor presente al cierre; y días al vencimiento.
Clasificación por tipos de negocios fiduciarios
Para efectos de la clasificación, el reporte de la información y su posterior transmisión a esta Superintendencia, a continuación, se enuncian los tipos de negocios fiduciarios:
Fiducia de inversión
Fideicomisos de inversión con destinación específica
Es el negocio en el cual se consagra como finalidad principal la inversión o colocación a cualquier título de sumas de dinero, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el constituyente.
Se entienden incluidos en este tipo de negocios, para efectos de su clasificación, los contratos celebrados con arreglo a lo dispuesto en el Título 1 del Libro 33 de la parte 2 del Decreto 2555 de 2010.
Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión
Es el negocio fiduciario celebrado con los fondos mutuos de inversión para la administración fiduciaria de sus inversiones.
Inversión de capitales del exterior de portafolio
Es el negocio fiduciario que tiene como finalidad la inversión de capitales del exterior de portafolio en Colombia de acuerdo con el régimen general de inversiones de capital del exterior en Colombia contenido en el Título 2 de la Parte 17 del Decreto 1068 de 2015.
Inversión de capitales del exterior directa
Es el negocio fiduciario que tiene como finalidad la inversión directa de capitales del exterior en Colombia de acuerdo con el régimen general de inversiones de capital del exterior en Colombia contenido en el Título 2 de la Parte 17 del Decreto 1068 de 2015.
Fiducia inmobiliaria
Es el negocio fiduciario que, en términos generales, tiene como finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto inmobiliario o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de un proyecto, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato. Puede presentar varias modalidades:
De administración y pagos
En virtud del cual se transfiere un bien inmueble a la sociedad fiduciaria, sin perjuicio de la transferencia o no de otros bienes o recursos, para que administre el proyecto inmobiliario, efectúe los pagos asociados a su desarrollo de acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo y transfiera las unidades construidas a quienes resulten beneficiarios del respectivo contrato.
En desarrollo de este negocio la sociedad fiduciaria puede asumir la obligación de efectuar la escrituración de las unidades resultantes del proyecto inmobiliario.
De tesorería
Tiene como finalidad principal encomendar a la sociedad fiduciaria la inversión y administración de los recursos en efectivo destinados a la ejecución de un proyecto inmobiliario.
De preventas
Conlleva para la sociedad fiduciaria como obligación principal, efectuar el recaudo de los dineros provenientes de la promoción y consecución de interesados en adquirir inmuebles dentro de un proyecto inmobiliario. En este caso, la fiduciaria recibe los recursos como mecanismo de vinculación a un determinado proyecto inmobiliario y los administra e invierte mientras se cumplen las condiciones establecidas para ser destinados al desarrollo del proyecto inmobiliario.
Fiducia de administración
Es el negocio fiduciario en virtud del cual se entregan bienes a una sociedad fiduciaria, transfiriendo o no su propiedad, para que los administre y desarrolle la gestión encomendada por el constituyente, destinando los bienes fideicomitidos junto con sus respectivos rendimientos, si los hay, al cumplimiento de la finalidad señalada. Puede tener varias modalidades:
Administración y pagos
Tiene como finalidad la administración de sumas de dinero y/u otros bienes que junto con sus rendimientos, si los hay, pueden ser destinados al cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones que le señale.
Deben entenderse incluidos en este subtipo, aquellos patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales de que trata el artículo 2 de la Ley 1116 de 2006.
Administración de procesos de titularización
Tiene por objeto la emisión y/o administración de una emisión de valores emanados de un proceso de titularización de activos y bienes. Con este negocio se pretende crear mecanismos para respaldar la rentabilidad y el pago total de los títulos emitidos, contando la sociedad fiduciaria con la potestad de utilizar los activos que conforman el patrimonio autónomo, para realizar las gestiones pertinentes al pago oportuno de las obligaciones de la titularización.
Administración de cartera
Tiene como finalidad principal la administración de carteras productivas e improductivas de entidades financieras y/o del sector real.
Administración de procesos concursales
Este negocio fiduciario se genera en virtud de la designación efectuada a una sociedad fiduciaria como agente liquidador o promotor de un proceso concursal y tiene como objetivo la administración de los recursos afectos a su finalidad.
Debe entenderse por procesos concursales, los acuerdos de reestructuración de que trata la Ley 550 de 1999, en cuanto esté vigente, el proceso de reorganización y el proceso de liquidación judicial consagrados en la Ley 1116 de 2006.
Fiducia en garantía
Es el negocio fiduciario que se constituye cuando una persona entrega o transfiere a la sociedad fiduciaria bienes o recursos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros.
A los contratos de fiducia en garantía le son aplicables en lo referente al registro, oponibilidad y restitución de la tenencia del bien objeto de comodato precario y las disposiciones contenidas en la Ley 1676 de 2013, de conformidad con el parágrafo del artículo 3 de la misma ley. Adicionalmente, se señala que el registro establecido en la citada disposición tiene para los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía los efectos previstos en el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1116 de 2006.
El negocio fiduciario en garantía puede presentar las siguientes modalidades:
Fiducia en garantía propiamente dicha
Consiste en la transferencia irrevocable de la propiedad de uno o varios bienes a título de fiducia mercantil o la entrega en encargo fiduciario irrevocable, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de obligaciones propias del fideicomitente o de terceros, a favor de uno o varios acreedores. La garantía se realiza de conformidad con las instrucciones contenidas en el contrato, mediante la venta o remate de los bienes fideicomitidos para que, con su producto, o mediante dación en pago, se cancele el valor de la obligación garantizada.
Fiducia en garantía y fuente de pagos
Consiste en la transferencia o entrega irrevocable a una sociedad fiduciaria de un flujo futuro de recursos producto de una cesión de derechos económicos a favor del fideicomitente, que se destinan a garantizar el cumplimiento de una obligación y a la atención de la deuda producto de la misma.
Fiducia con recursos del sistema general de seguridad social y otros relacionados
Es el negocio fiduciario que, en términos generales, consiste en la entrega de sumas de dinero o bienes a una sociedad fiduciaria, transfiriendo o no su propiedad, para que ésta los administre y desarrolle la gestión encomendada por el constituyente.
Pasivos pensionales
Es el negocio fiduciario que consiste en la entrega a una sociedad fiduciaria de recursos para la administración, inversión y constitución de reservas y garantías destinadas a la atención y/o normalización de pasivos pensionales, tales como el pago de mesadas pensionales, cuotas partes pensionales o cualquier otra obligación derivada de dichos pasivos.
Recursos de la seguridad social
Es el negocio fiduciario que tiene como finalidad la entrega a una sociedad fiduciaria, de recursos destinados a algunas operaciones relacionadas con el sistema de seguridad social en las áreas de salud y riesgos profesionales, para ser administrados por ella.
Los contratos a través de los cuales se comercializan participaciones fiduciarias se clasificarán según su activo subyacente, de tal manera que los que tienen como subyacente un activo inmobiliario harán parte del tipo 2- Fiducia Inmobiliaria y para otros activos corresponderá el tipo 3 – Administración y Pagos.
En virtud del artículo 3 del Decreto 119 de 2017, los fondos de inversión de capital del extranjero que se encontraban autorizados y en funcionamiento antes del 29 de diciembre de 2010, conforme a la normativa vigente en el momento de su autorización, serán tratados para todos los efectos como un inversionista de capitales del exterior. En consecuencia, para efectos del reporte de información a esta Superintendencia, deben ser clasificados en alguno de los negocios descritos en los subnumerales 8.1.3 y 8.1.4 de este Capítulo, o en el caso de las sociedades fiduciarias autorizadas para llevar a cabo la custodia de valores, en los subnumerales 13.3 o 13.4 del Capítulo VI del Título IV de la Parte III de la Circular Básica Jurídica.
Naturaleza de los recursos entregados para efectos de la clasificación por tipos y subtipos
Cada uno de los referidos subtipos de negocios fiduciarios enunciados en el numeral anterior se subdivide a su vez al momento de su inscripción ante la SFC en negocios fiduciarios públicos o privados, dependiendo de la naturaleza de los recursos o bienes administrados.
Para efectos de las instrucciones impartidas en esta Circular se entiende que un negocio fiduciario administra recursos o bienes de naturaleza pública cuando dichos recursos sean aportes patrimoniales al fideicomiso y provengan directa o indirectamente de una entidad de carácter público, sea del nivel nacional, departamental, municipal, distrital o de los organismos descentralizados que conforman dichos niveles, sin tener en cuenta la modalidad de contratación utilizada para la celebración del negocio. Igualmente, se entienden como públicos los recursos parafiscales.
Cuando quiera que en el negocio fiduciario haya recursos públicos y privados deben tenerse en cuenta las siguientes condiciones para su identificación como públicos:
Cuando en el respectivo contrato está pactado que en caso de incumplimiento de su objeto la totalidad o parte de los recursos deben retornar a un ente público, y/o
Cuando en el respectivo contrato está pactado que los recursos fideicomitidos deben destinarse al cumplimento de las funciones propias del ente público.
La anterior clasificación no modifica la naturaleza de los bienes y recursos fideicomitidos.
La SFC puede ordenar en cualquier momento la reclasificación y exigir las modificaciones a que haya lugar.
Objeto social
Las actividades autorizadas a los Almacenes Generales de Depósito (AGD) en el artículo 33 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) deben entenderse principales e independientes entre sí, salvo la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda al tenor del artículo 757 del Código de Comercio, así como los créditos otorgados con base y para los efectos del numeral 5 del artículo 33 del EOSF, ambas operaciones, derivadas del contrato de depósito.
Operaciones autorizadas
Contrato de depósito
Contenido
El contrato de depósito debe contener:
i. Designación del depositante y determinación de su condición.
ii. Lugar de depósito.
iii. Una descripción pormenorizada de las mercancías, con todos los datos necesarios para su identificación o la precisión, en su caso, de que se trata de mercancías a granel o genéricamente designadas, así como la indicación de su estado aparente.
iv. Plazo del depósito.
v. Tarifas por concepto de almacenaje y demás prestaciones a que tenga derecho el AGD.
vi. Valor de las mercancías.
vii. Demás estipulaciones que sean compatibles con la naturaleza y el régimen del contrato.
Cada uno de los depósitos debe ser objeto de un contrato diferente, con el fin de conservar la individualidad, tanto para el manejo como para la liquidación de los costos inherentes a los mismos. En tal sentido, si un mismo cliente tiene varios contratos de depósito, sea de la misma mercancía o de diferentes productos, ellos deben manejarse como dos relaciones jurídicas distintas.
Constitución de depósitos - Relación entre el valor de los depósitos de mercancías y el patrimonio técnico
El monto de las mercancías que los AGD pueden recibir en depósito y por contrato de prestación de servicios de operación logística en instalaciones propias, particulares, y/o tomadas en arrendamiento por parte del AGD que incluyan el depósito y/o el almacenamiento como servicio contratado, no puede ser superior a 36 veces el valor de su patrimonio técnico. La relación anterior no aplica respecto de mercancías de propiedad del Fondo Nacional del Café o de la Federación Nacional de Cafeteros que reciban en depósito estas entidades.
i. Cuentas del patrimonio técnico:
a. El capital suscrito y pagado.
b. Las reservas y utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.
c. El 50% del valor de la cuenta de "valorizaciones".
d. Las utilidades del ejercicio en curso, en una proporción equivalente al porcentaje de las utilidades que en el periodo inmediatamente anterior, hayan sido capitalizadas o destinadas a incrementar la reserva legal, y
e. El valor total de los dividendos decretados en acciones.
ii. Deducciones del patrimonio técnico. Son deducibles del patrimonio técnico, los siguientes conceptos:
a. Las pérdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso.
b. El valor de la cuenta de "desvalorizaciones".
c. El valor de las inversiones de capital, así como el valor de las inversiones en bonos obligatoriamente convertibles en acciones, en bonos subordinados opcionalmente convertibles en acciones o, en general, en instrumentos de deuda subordinada, efectuadas en forma directa o indirecta en entidades sometidas a la inspección y vigilancia de las SFC o de la Superintendencia de Sociedades.
Para efectos del cálculo del patrimonio técnico, se deben tener en cuenta las mercancías que por contrato de prestación de servicios de operación logística se almacenen o depositen en instalaciones propias, particulares, y/o tomadas en arrendamiento por parte del AGD que incluyan el depósito y/o el almacenamiento como servicio contratado.
Clases de depósitos
Los AGD sólo pueden recibir mercancías bajo las siguientes modalidades:
i. Depósito provisional. Es aquel que se origina con la entrada parcial de mercancías, hasta completar el total anunciado por el cliente, momento con el cual se constituye el depósito, de conformidad con las categorías que se exponen a continuación.
ii. Depósito simple y/o consignación. Es aquel que se constituye una vez haya entrado la totalidad de la mercancía anunciada. Para este depósito se deben expedir recibos que no son negociables.
iii. Depósito con obligación prendaria. Es aquel que se constituye sobre las mercancías de un depósito simple con obligación prendaria.
iv. Depósitos de mercancías sobre las cuales se haya pactado retención a favor de terceros. Es aquel sobre el cual las leyes reconocen la posibilidad de pactar retención o cuando la misma se ha estipulado expresamente, en los términos establecidos en el artículo 2417 del Código de Comercio.
v. Depósitos con certificado. Es el depósito sobre el cual los interesados han solicitado la emisión de certificados de depósito.
vi. Depósitos con certificado y bono de prenda. Es el depósito sobre el cual los interesados han solicitado la expedición de certificados de depósito y han emitido bono de prenda para incorporar un crédito.
En guarda de sus intereses y los de terceros, el AGD debe cerciorarse, en lo posible, sobre la propiedad de las mercancías.
Valor de mercancías
El avalúo de las mercancías debe efectuarse de común acuerdo entre el AGD y el cliente, teniendo en cuenta las facturas y su valor comercial. Tratándose de productos agrícolas el valor debe ser establecido de acuerdo con los precios que certifique la respectiva bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities o los de sustentación que fijen los organismos oficiales que tengan el mercadeo de tales productos o la fijación de sus precios.
Así mismo, el precio justo de intercambio para los certificados de depósito de mercancías –CDM- se rige por lo dispuesto en el Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF) o las normas que lo modifiquen.
El AGD debe responder por el valor fijado a las mercancías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del EOSF.
Mercancías genéricamente designadas
Se entiende por mercancías genéricamente designadas, aquellos productos que teniendo una calidad o clase diferente, o perteneciendo a especies distintas, pueden agruparse entre sí por tener características y cualidades esenciales, que sean análogas o similares. Cuando existiere duda acerca de la naturaleza del género al que pertenecen los productos, los AGD no pueden aceptar operaciones bajo esta denominación.
Para que los AGD puedan realizar operaciones sobre productos genéricamente designados, deben atender las siguientes formalidades:
i. Sólo pueden ser objeto de esta operación, las materias primas destinadas a la industria.
ii. Para cada grupo de especies del mismo género, la empresa debe emitir certificados de depósito y bonos de prenda separados.
iii. En ambos documentos se debe dejar expresa constancia de que la operación versa sobre productos genéricamente designados, e indicarse con toda claridad tanto el género al que pertenecen, como las distintas especies que forman el grupo.
iv. Los elementos que constituyan cada grupo deben mantenerse materialmente separados en las bodegas, de tal manera que no puedan confundirse con productos de otros géneros recibidos en depósito.
v. No pueden agruparse bajo la denominación común de productos genéricamente designados, aquellos elementos que por su naturaleza sean susceptibles de deterioro o disminución considerable de valor, ni aquellos que puedan causar daño a otros elementos del mismo grupo por causa de su olor, filtración o carácter explosivo.
vi. La materia prima pignorada debe estar independizada de la que no lo está, por medio de paredes o mallas metálicas, cuando se encuentre en la misma bodega.
Bodegaje
Es responsabilidad directa de los órganos de administración de los AGD determinar las condiciones de bodegaje de la mercancía recibida, incluyendo las condiciones en las cuales deben operar sus instalaciones y ajustarlas de acuerdo a la naturaleza de la mercancía almacenada, sin que se requiera entonces autorización de esta Superintendencia.
En concordancia con lo anterior, es parte de la responsabilidad del mismo AGD establecer los controles a aplicar en los lugares de depósito que se usen para el bodegaje.
Lo anterior, sin perjuicio de que los soportes documentales utilizados por la sociedad con la finalidad de efectuar la verificación y aprobación interna de nuevos lugares de depósito, arrendamiento de bodegas particulares o de las que se usen para mercancías en tránsito, así como la actualización de las bases de datos internas de instalaciones aprobadas por el AGD, permanezcan a disposición de esta Superintendencia en el evento de procesos de supervisión que se practiquen a la sociedad.
Expedición de certificados de depósito y bonos de prenda
Expedición y registro. Los AGD solo pueden expedir certificados de depósito y bonos de prenda cuando se haya constituido efectivamente el depósito, salvo lo dispuesto en las normas pertinentes.
Los AGD deben entregar el certificado y, en su caso, el formulario del bono de prenda, a requerimiento y costo del depositante.
Los AGD deben llevar un libro de registro para el control, actualizado en forma clara y completa de los títulos emitidos, sin perjuicio de los requisitos propios de la ley de circulación de títulos. Además, dichos títulos deben contabilizarse en cuentas de orden.
Excepción a la obligación de depositar previamente las mercancías a la expedición de los certificados de depósito y bonos de prenda. La única excepción establecida por la ley a la obligación de depositar previamente las mercancías para constituir sobre ellas el certificado de depósito y el bono de prenda, la constituye el caso de las mercancías en tránsito, de conformidad con lo previsto en artículo 1183 del Código de Comercio.
Títulos sobre mercancías para exportación. En las mercancías destinadas a la exportación y que garanticen bonos de prenda, los AGD deben velar porque no salgan del país sin que previamente se hayan cancelado dichos bonos.
Constancia en títulos sobre el tránsito de mercancías. En el recibo de depósito, en el certificado de depósito y en el bono de prenda que expidan los AGD sobre mercancías en tránsito debe dejarse constancia de este hecho.
Entrega del certificado de depósito y del formulario del bono de prenda. No es procedente que los AGD conserven los certificados de depósito, los endosen en blanco o a su favor.
Emisión en caso de mercancías recibidas por un AGD y depositadas en bodegas de otro. Cuando quiera que el AGD que no tenga bodegas en los puertos de destino de mercancías importadas sobre las cuales existe derecho de retención a favor del banco, y por tal razón debe acudir a utilizar bodegas de otro AGD; o cuando sin existir ese derecho de retención simplemente el banco ha ordenado que sea el consignatario de las mercancías actuando como agente de aduana; o cuando sin tratarse de mercancías en puertos, sino en el interior del país en donde tampoco el AGD tienen bodegas y debe acudir a otra para que la custodie y conserve la mercancía, el tratamiento que deben dar los AGD a las mercancías y a las personas que deben aparecer en los documentos que amparan dichas mercancías, es el siguiente:
i. Legal. El AGD al celebrar el contrato como agente de aduana con un cliente, ha recibido la mercancía en depósito y se hace responsable de la conservación y custodia de la misma, de conformidad con la ley, como depositario que es por una parte, y por otra, como agente de aduana.
Al celebrar un AGD un contrato de depósito con otro para que le conserve y custodie la mercancía surge para el último una responsabilidad como depositario, de conformidad con el artículo 1171 del Código de Comercio y del artículo 34 del EOSF.
En consecuencia, en caso de pérdida de la mercancía o deterioro de la misma, el primer AGD es directamente responsable ante el cliente de los daños y perjuicios que pueda ocasionarle tal hecho, y el segundo AGD donde se encontraba almacenada la mercancía, se hace responsable ante el primero, en razón de que la relación contractual es independiente.
Por lo anterior, se hace indispensable que el AGD depositario expida al depositante la matrícula correspondiente y que el segundo AGD expida la matrícula a nombre del primer depositario.
ii. Contable. Se hace necesario que los dos AGD contabilicen tales operaciones en "cuentas de orden", así: El primer AGD lo debe registrar según el caso con "simple recibo", "con retención", etc.; y el segundo habilitando el renglón "H" con la denominación "mercancías recibidas en depósito de otros AGD".
Se considera que en caso de presentarse emisión de títulos valores sobre las mercancías depositadas, ésta debe hacerse por el primer AGD quien es el responsable de las mismas frente al tenedor del certificado de depósito. Igualmente, el AGD es responsable frente al tenedor del bono de prenda tanto por la existencia de la mercancía, como porque ésta corresponda a las calidades detalladas en tal título. En estos casos, el primer AGD debe dejar constancia en los títulos del lugar donde se encuentran depositadas las mercancías. El segundo AGD no puede emitir títulos.
Instrucciones para expedir y emitir bonos de prenda. El certificado y cuando sea del caso, el formulario del bono de prenda lo expide el AGD a solicitud y por cuenta del deudor depositante, de conformidad con el régimen mercantil. Dicho bono para efectos de incorporar el derecho de crédito debe llevar las firmas tanto del deudor depositante como del gerente y secretario del AGD y transferirse de acuerdo con la ley de circulación aplicable.
Así, cuando se efectúa la operación de redescuento, el establecimiento de crédito como acreedor prendario, beneficiario y tenedor del bono de prenda es quien debe figurar como primer endosatario.
El valor de la mercancía depositada debe ser igual en la matrícula, en el certificado y en el bono de prenda, entendiendo como tal, el precio de sustentación para los productos agrícolas o el comercial para el resto de los artículos.
Avalúo de mercancías. Se considera práctica insegura aquella en que aparece un valor diferente al de los certificados de depósito y bonos de prenda en la matrícula de depósito, para los productos que respaldan créditos incorporados en bonos de prenda y que van a ser objeto de redescuento en el Banco de la República.
Reavalúo de mercancías. Los AGD pueden revaluar para todos los efectos las mercancías no nacionalizadas y recibidas en depósito, una vez se hayan nacionalizado, incorporándoles los gastos que normalmente se efectúen como derechos arancelarios, impuesto a las ventas, timbres, consulares, impuestos al café, etc.
El reavalúo solo puede hacerse a petición del depositante y con el consentimiento del acreedor prendario si existe.
Los reavalúos se deben anotar en la correspondiente matrícula de depósito.
Procedimientos en relación con mercancías depositadas
Venta de mercancías depositadas.
i. Mercancías abandonadas. Se entiende por mercancías abandonadas aquellas que no han sido retiradas por el depositante al vencimiento del plazo pactado para el depósito, si además se cumplen los siguientes requisitos:
a. Que se haya comunicado el vencimiento del contrato de depósito al depositante por correo certificado a la última dirección registrada en el AGD.
b. Que las mercancías no hayan sido retiradas dentro de los 30 días siguientes, contados a partir de la notificación o no se haya pactado de nuevo plazo para el depósito.
En tal sentido, jurídicamente no cabe la posibilidad de que los AGD se declaren poseedores de las mercancías que han sido objeto de un contrato de depósito, aun cuando sobre éstas se predique su abandono, por cuanto el contrato de depósito supone la obligación de restituir las mercancías, no pudiendo argumentarse el ánimo de señor y dueño por parte del Almacén.
ii. Venta o subasta de mercancías. Los AGD pueden efectuar la venta de mercancías abandonadas, así como de las mercancías que corren riesgo de deterioro o de causar daños a otros efectos depositados, respecto de las cuales no se hayan emitido bonos de prenda, por cualquier procedimiento comercial, cuando así se hubiere pactado en el contrato de depósito. Si no se hubiere pactado la venta directa o no hubiere interesados en ella se hará en pública subasta en el AGD o en un martillo.
La venta de mercancías depositadas respecto de las cuales se hayan emitido bonos de prenda se debe efectuar en pública subasta, observando lo dispuesto en los artículos 798 y 1189 del Código de Comercio.
Tratándose de mercancías deterioradas que por razones de salud pública no es posible vender o transferir, se debe solicitar a la autoridad competente autorización para su destrucción.
Lo dispuesto en el presente subnumeral aplica también en los casos en que las mercancías no hayan sido retiradas a la expiración del plazo del depósito, previo cumplimiento de las normas sobre mercancías abandonadas, o cuando hayan transcurrido 30 días contados a partir del requerimiento hecho por el AGD al adjudicatario de las mercancías rematadas o vendidas directamente por el AGD.
Procedimiento para subasta de mercancías
i. Aviso de subasta. La subasta de las mercancías debe anunciarse con 8 días de anticipación, por medio de avisos que se fijen en un lugar visible al público en los AGD y, además, a través de cualquier mecanismo masivo de comunicación, incluyendo alternativas digitales. Este plazo será de 3 días en caso de deterioro de la mercancía. Dicho aviso debe contener:
a. Lugar, fecha y hora en que ha de principiar la subasta
b. Los bienes materia de la subasta, con indicación de su clase, especie, calidad y cantidad
c. El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la subasta
d. La oportunidad en que debe de hacerse la consignación del 20% del avalúo para hacer postura
El avalúo de las mercancías es el que aparezca en el contrato de depósito a menos que las circunstancias justifiquen uno nuevo, a juicio del AGD y/o del depositante o de su derecho habiente. El tenedor del bono puede pedir en todo caso la realización de un nuevo avalúo.
ii. Avalúo de mercancías para subasta. El avalúo de las mercancías debe hacerse, en su caso, por dos peritos designados uno por cada parte, quienes al momento de tomar posesión, designan un tercero para el caso de desacuerdo. Si no lo hacen, el tercer perito es designado por el AGD. No obstante, las partes pueden designar un solo experto. En todo caso, el mencionado avalúo debe realizarse por personas inscritas en un registro abierto de avaluadores – RAA-, en desarrollo de las actividades autorizadas a dichas personas y atendiendo los criterios de profesionalidad establecidos en la Ley 1673 de 2013.
La designación debe hacerse en el término de 3 días, contados a partir de la notificación hecha por el AGD. Si las partes no hacen el nombramiento en el término fijado, la peritación debe llevarse a cabo por un solo perito designado por el AGD.
iii. Exposición de mercancías para subasta. División en lotes. Las mercancías que fueren a subastarse deben exhibirse al público en los AGD desde el día en que principien las publicaciones. Si fueren a granel o genéricamente designadas, la exposición puede hacerse por medio de muestras.
Con el objeto de facilitar la subasta y siempre que la naturaleza y empaque de la mercancía lo permita, ésta puede ser dividida en lotes, previa autorización de las partes o de la SFC en subsidio.
iv. Lugar de la subasta. La subasta debe efectuarse en los AGD con la asistencia del depositante o su cesionario, del titular del crédito o quien éste delegue y del representante del AGD. El Superintendente podrá asistir o nombrar su delegado.
En defecto del titular del crédito o del depositante o sus delegados, el AGD debe nombrar dos testigos para presenciar la subasta y en ese caso debe informarse a la SFC.
v. Acta. Del remate debe levantarse el acta correspondiente, debidamente firmada si fuere posible por las personas que hayan intervenido, entregándose copia a los interesados.
Dicha acta debe sentarse en un libro especial y contener:
a. La fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia
b. La designación de las partes que intervinieron
c. Las distintas ofertas que se hayan hecho y el nombre de cada uno de los postores
d. Designación del rematante y de los bienes subastados
e. Precio del remate y forma de pago
Si la subasta queda desierta, de ello debe dejarse constancia en el acta.
vi. Duración de la subasta. La subasta debe tener una duración mínima de 2 horas. Las mercancías deben salir inicialmente a subasta pública por el 80% de su avalúo, cuando menos.
Quien pretenda hacer postura en una subasta, debe depositar previamente, en un banco autorizado legalmente para recibir depósitos judiciales que funcione en el lugar del domicilio del AGD, o en el propio AGD y a órdenes de éste, el 40% del avalúo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 451 del Código General del Proceso (CGP).
Cuando el postor sea el acreedor debe aplicarse lo dispuesto en el inciso final del artículo 451 del CGP.
De conformidad con lo dispuesto con el artículo 2423 del Código Civil, el deudor también puede ser postor.
Es postura aceptable la que cubra el 80% del avalúo.
En un tablero debe anotarse la base del avalúo y las ofertas propuestas.
vii. Adjudicación. El AGD debe adjudicar al mejor postor los bienes materia de la subasta luego de haber anunciado por 3 veces que de no existir una oferta mejor se declarará cerrada.
Si se presenta duda acerca de la persona adjudicataria, el AGD debe abrir de nuevo subasta por un término de 15 minutos.
Llevado a efecto el remate, los importes depositados deben devolverse de inmediato a quienes los consignaron, excepto el que corresponda al rematante que se reservará como parte del precio o como garantía de sus obligaciones.
viii. Forma de pago del remate. El rematante debe consignar en efectivo o cheque de gerencia o con provisión garantizada de fondos el valor de remate, descontadas las sumas que depositó para hacer la postura, dentro de los 5 días siguientes a la diligencia. Las partes de común acuerdo pueden ampliar este término hasta por 1 mes.
Si no se efectúa el pago se declara desierta la subasta sin lugar a restitución del 20% que debe imputarse al pago del crédito en la forma prevista en el artículo 453 del CGP, debiendo sacar nuevamente a remate las mercancías con la base inicial.
ix. Segunda y tercera subasta. Cuando no hubiere postores en la primera subasta dentro de los 15 días siguientes, el AGD debe sacar nuevamente a subasta las mercancías, siguiendo el procedimiento señalado para la primera.
Para el segundo remate se toma como base el 60% del avalúo, cuando menos.
Si en la segunda subasta no hubiere postores debe señalarse dentro de los 15 días siguientes una tercera fecha para la misma en la cual la base debe ser el 40% del avalúo, cuando menos. Si en esta oportunidad no se rematare debe procederse dentro de los 30 días siguientes a nuevo avalúo y subasta, en los términos indicados en este numeral.
x. Entrega de mercancías al adjudicatario. Una vez recibido el pago de las mercancías rematadas, el AGD las debe entregar al adjudicatario y, en caso de no ser retiradas dentro del término de 24 horas, éste será responsable de los bodegajes y gastos necesarios que se causen con posterioridad al remate.
El AGD debe entregar, además, copia del acta de adjudicación que le servirá para demostrar la propiedad de los bienes rematados.
xi. Prohibiciones a los AGD y sus empleados. A los AGD les está prohibido en las subastas:
a. Admitir posturas por signos equívocos.
b. Pregonar puja alguna sin que el postor la haya expresado en forma clara e inteligible.
c. Tomar parte en la licitación por sí o por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona.
d. Adquirir del adjudicatario los objetos rematados.
e. Tomar parte en los remates, directa o indirectamente, por apoderado, ni por interpuesta persona, los empleados de los AGD.
xii. Subasta de mercancías pertenecientes a personas sometidas a procesos de insolvencia o liquidación administrativa. Para proceder a la subasta de mercancías abandonadas que pertenezcan a depositantes que estén sometidos a cualquiera de los regímenes mencionados, el AGD debe obtener previa autorización del funcionario responsable respectivo. Exceptúese la subasta de mercancías que corran el riesgo de deterioro o de causar daños a otros efectos depositados, caso en el cual al AGD le basta con informar al responsable del correspondiente proceso.
En todo caso, realizada la subasta, el AGD debe poner a disposición del funcionario respectivo el precio obtenido en el remate, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 310 del CGP.
Mercancías en proceso de transformación
i. Transformación de mercancías. Los AGD que permitan a sus clientes someter las mercancías depositadas a procesos de transformación o beneficio deben exigir los siguientes requisitos:
a. Indicación de la persona encargada del proceso de transformación o beneficio, lugar donde se verificará y breve descripción de dicho proceso
b. Permiso del acreedor, si las mercancías estuvieren sujetas a gravámenes.
c. Fecha de iniciación y terminación del respectivo proceso.
d. Determinación del producto o productos que se obtendrán, indicando su clase, cantidad y valor.
Sobre las transformaciones de mercancías que los AGD permitan a sus clientes, debe informarse a la SFC indicando los datos señalados anteriormente.
ii. Transformación de mercancías sujetas a gravamen. Si las mercancías que hayan de procesarse estuvieren sujetas a gravámenes, el AGD debe proceder a instancias del acreedor a sustituir los documentos en que consten tales gravámenes por otros que se refieran a los productos obtenidos en dicho proceso.
Los AGD también pueden expedir certificados de depósito y bonos de prenda sobre mercancías en proceso de transformación o beneficio, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 1182 del Código de Comercio.
Transporte y traslado de mercancías
i. Traslado. Para trasladar mercancías de un lugar de depósito a otro, el AGD general debe obtener el permiso del acreedor prendario, si lo hubiere, y del depositante en caso de no ser éste el interesado en la movilización.
ii. Vigilancia de prendas sin tenencia y contratación del transporte por cuenta de sus clientes. Los AGD pueden por cuenta del acreedor, ejercer la vigilancia de los bienes dados en prenda sin tenencia y contratar por cuenta de sus clientes el transporte de las mercancías.
iii. Documentos de transporte. Cuando el transporte de las mercancías depositadas se contrate con terceros, el AGD debe exigir la emisión de una carta de porte o conocimiento de embarque expedido o endosado a su favor.
Si se expide la carta de porte, la misma debe contener los requisitos exigidos en el artículo 768 del Código de Comercio.
Si se trata de otro documento de transporte, debe contener los datos necesarios para la completa identificación de las mercancías, así como las especificaciones propias del contrato de transporte exigidas en el título IV del Libro 4 del Código de Comercio.
Si no existieren estos títulos, debe exigirse el correspondiente documento contentivo del contrato de transporte, expedido o cedido a su favor.
Si el depositante contrata la conducción de las mercancías, el AGD debe exigir una carta de porte o un documento de transporte, endosado o cedido a su favor, y ejercer estricta vigilancia sobre todo el proceso de movilización.
Las mercancías transportadas deben asegurarse, en todo caso, contra los riesgos de transporte.
El flete y demás gastos de movilización son de cargo de la parte interesada en la misma.
Una vez producido el traslado, el AGD debe hacer las modificaciones correspondientes en el libro de talonario o en las respectivas matrículas de depósito.
Requisitos para retiro total de mercancías
Para que el AGD permita al tenedor del certificado de depósito el retiro de la totalidad de las mercancías depositadas, debe exigir la entrega de dicho documento y, en su caso, la del correspondiente formulario de bono de prenda. Si hubiere emitido bono de prenda, el AGD sólo entrega las mercancías al tenedor del certificado que haya hecho la provisión correspondiente. En ningún caso, el AGD puede cancelar el bono de prenda cuando no se haya constituido la provisión.
Si el AGD ha recibido la provisión para el pago de la deuda garantizada con el bono de prenda y ha hecho la entrega de tal suma al beneficiario, debe identificarlo plenamente. Para los efectos de esa identificación, el AGD debe abrir un libro de registro de beneficiarios o tenedores de títulos en el cual se anote los datos personales de éstos como nombre, documento de identificación, profesión y dirección, cuando se trate de personas naturales. En el caso de personas jurídicas, debe anotarse la razón social, dirección, poderes, certificados de existencia y representación y nombre del representante legal.
Retiros parciales de mercancías
Para que los AGD autoricen retiros parciales de la mercancía depositada deben exigir la presentación del certificado de depósito y, en su caso, la del correspondiente formulario de bono de prenda, consignando en su cuerpo la cantidad y valor de la mercancía retirada.
Si se ha emitido bono de prenda debe procederse en la forma establecida en el artículo 1184 del Código de Comercio.
Si la mercancía estuviere pignorada mediante celebración de un contrato de prenda o sometido a retención a favor de terceros, la liberación de la prenda no puede hacerse sino con la autorización escrita del acreedor prendario o del tercero en cuyo favor se haya establecido la retención y de acuerdo con las instrucciones, que hubieren sido notificadas al AGD.
Si las mercancías estuvieren pignoradas en un lugar de propiedad de terceros, sobre el cual se hubiere celebrado con el AGD un contrato de tenencia material compartida o convenio, dichos terceros no pueden retirar total o parcialmente mercancías depositadas sin el cumplimiento previo de los anteriores requisitos y sin que se haya obtenido la autorización del correspondiente AGD.
Entrega parcial de mercancías
Para la entrega parcial de mercancías depositadas, en el caso en que no se hayan expedido certificados de depósito y bonos de prenda, debe seguirse, en lo pertinente, el procedimiento señalado en los incisos anteriores.
En todo caso, los AGD pueden abstenerse de autorizar el retiro total o parcial de las mercancías depositadas, mientras permanezcan insolutas deudas contraídas a su favor por el depositante, en los casos autorizados por la ley.
Para el retiro de las mercancías el AGD debe exigir un recibo firmado por el depositante o su representante.
Disposición del bien propio gravado con prenda
Cuando se presente un retiro de mercancías depositadas en bodegas particulares y esté mediando el pago del crédito que las grava, es necesario que exista una precisa diferenciación entre el contrato de depósito y el contrato de mutuo en la operación integralmente considerada. En particular, no puede considerarse el pago del crédito como una vía regular inmediata para disponer de la mercancía, pues desconoce la relación subyacente al crédito mismo.
Otorgamiento de préstamos
Préstamos
i. Préstamos a sus clientes. El crédito directo que los AGD pueden otorgar o gestionar en beneficio de sus clientes, de conformidad con el numeral 5 del artículo 33 del EOSF, debe ajustarse a los siguientes requisitos:
a. Solo puede tener por objeto suplir los gastos que se produzcan y guarden relación con la prestación de los servicios a cargo del AGD, con exclusión de las tarifas de almacenamiento.
b. Solo puede destinarse a sufragar los gastos actuales o futuros, quedando excluidos los pasados; por tanto, entre la fecha de crédito, la prestación del servicio y la cancelación del gasto, no puede existir más de 6 meses de diferencia. Plazos mayores indican que la financiación no es oportuna y no cumple con el objeto de la ley.
c. Sólo puede otorgarse hasta por el 30% del valor de la mercancía depositada, la cual se mantendrá en tal estado, guardando siempre el porcentaje citado anteriormente en relación con el monto o saldo del crédito pendiente.
d. Las liberaciones de mercancías deben sujetarse a lo previsto en el inciso anterior y podrán efectuarse cuando se presenten abonos parciales o cancelación total del crédito.
e. No pueden otorgarse créditos por encima de los gastos financiables aunque los mismos sean inferiores al máximo del 30% permitido. El AGD debe mantener los soportes de estas operaciones.
f. Cuando se otorguen créditos directos o se gestionen por cuenta de los clientes, las mercancías deben estar depositadas en los AGD y su liberación debe efectuarse en forma proporcional al abono hecho al crédito. Cuando exista bono de prenda, al efectuarse un crédito y conforme a lo previsto en el artículo 33 numeral 5 del EOSF, los AGD deben observar especial cuidado en la exigencia y constitución de las garantías adecuadas.
g. Debe concederse teniendo en cuenta las necesidades de un depósito determinado y no las de otros depósitos, aunque sean del mismo cliente, ya que debe existir relación de causalidad entre el crédito y el depósito.
h. El plazo máximo que los AGD pueden conceder en el otorgamiento del crédito, incluyendo prórrogas, debe ser de 1 año. Mientras esté vigente el plazo inicial o la prórroga, no pueden cobrarse intereses de mora.
i. Para el otorgamiento de estos créditos, los AGD deben exigir a sus clientes garantías que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, teniendo presente que una cosa gravada con prenda no puede pignorarse nuevamente, como sería el caso de la mercancía ya pignorada sobre la cual se ha expedido un bono de prenda.
No se consideran garantías adecuadas las mercancías no nacionalizadas, excepto cuando se haya constituido la provisión para el efecto; los títulos valores emitidos por el cliente que incorporen solamente un derecho de crédito y los bonos de prenda expedidos sobre la mercancía depositada.
j. Por cuanto los créditos tienen destinación especial, los comprobantes de la prestación del servicio (que deben provenir de quien lo prestó, no del depositante) se deben entregar por el cliente al AGD prestamista dentro de los 2 meses siguientes al otorgamiento del crédito.
k. Por cada crédito efectuado el AGD debe abrir una carpeta en la cual se conserve la solicitud escrita del interesado, el presupuesto de los gastos indicando su destinación específica y los comprobantes.
l. El AGD no puede otorgar nuevos créditos directos a un depositante cuando tenga créditos u otra deuda vencida con el AGD, calificada por éste como de difícil cobro, o no haya acreditado mediante comprobantes la realización de los gastos.
m. Los AGD sólo deben atender los créditos con recursos propios.
n. Los AGD sólo pueden deducir de los créditos otorgados a sus clientes, el valor de los intereses remuneratorios que se causen durante el plazo pactado.
Certificados sobre existencia de préstamos. A efectos de que la SFC certifique acerca de la existencia y monto de las deudas constituidas a favor de los AGD, en los casos autorizados por la ley, es necesario que la solicitud correspondiente contenga los siguientes requisitos:
i. Nombre, razón o denominación legal del depositante
ii. Fecha de la constitución del depósito y del vencimiento del plazo del contrato.
iii. Clase, cantidad y valor de las mercancías depositadas respecto de las cuales el AGD ha constituido el préstamo y, en su caso, la cantidad y el valor de los retiros parciales de la misma, efectuados hasta la fecha de la solicitud.
iv. Lugar donde se encuentran depositadas las mercancías, citando el número y fecha de los oficios de aprobación.
v. Fecha de celebración del contrato de mutuo perfeccionado con el AGD y el vencimiento del plazo para el pago de la deuda.
vi. Valor de la deuda, abonos efectuados a la misma, si los hubiere, intereses ordinarios y de mora convenidos y destino del crédito.
vii. Manifestación del AGD sobre la carencia de documentos que prestan mérito ejecutivo.
viii. Certificación del revisor fiscal del AGD sobre la exactitud de los datos aportados.
Intermediarios aduaneros
Para que los AGD puedan actuar como intermediarios aduaneros, deben obtener autorización para ejercer dicha actividad por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Sin embargo, esta actividad sólo puede ser desarrollada en condición de entidad vigilada por la SFC.
Para la respectiva actuación el AGD, en la carta de porte o conocimiento de embarque o en su defecto en el documento de transporte respectivo, debe aparecer como consignatario de la mercancía o que éste se endose a su favor.
Depósito sobre mercancía para importación o exportación. A petición del interesado, los AGD pueden constituir depósito con las mercancías que les hayan sido consignadas para su importación o exportación.
De las operaciones relacionadas con la actividad de intermediación aduanera y el correlacionado contrato de depósito, debe mantenerse los soportes correspondientes.
Documentos para carpeta D.O. -Documentos de operaciones-. Los AGD deben conservar en su correspondiente carpeta D.O. además de todos los documentos requeridos para la importación y exportación de mercancías, una copia del respectivo contrato de depósito, si es el caso.
Régimen de inversiones
Además de las Inversiones autorizadas en los artículos 35 y 110 del EOSF, los AGD pueden efectuar inversiones en títulos de alta liquidez y constituir y mantener depósitos en cuentas corrientes, depósitos a término y depósitos de ahorro en establecimientos de crédito y en fondos de inversión colectiva abiertos administrados por sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva autorizadas por la SFC, para el desarrollo de su objeto social, como actividad conexa.
Los depósitos que efectúen los clientes para el pago de derechos de importación, cuando actúen como intermediarios aduaneros, solamente pueden ser invertidos en títulos cuyo vencimiento no exceda de 90 días comunes y hayan sido emitidos o garantizados por la Nación o el Banco de la República, debiendo registrarse en la cuenta “voluntarias”.
Cuando en forma habitual los AGD mantengan sus recursos en las inversiones de que trata este artículo, la SFC puede señalar límites al respectivo AGD.
Aseguramiento de bienes
Seguro de incendio de mercancías
Las mercancías depositadas en los AGD deben asegurarse contra incendio y otros riesgos. En caso de que el depositante de las mercancías las tenga aseguradas contra el riesgo de incendio, el AGD debe tener en cuenta ese factor en el pacto de la tarifa por almacenaje y, además, debe exigir el endoso de la correspondiente póliza. Si posteriormente el depositante no mantiene vigente el seguro, el AGD está en la obligación de asegurar la mercancía y, por consiguiente, puede reajustar la tarifa por almacenamiento en forma proporcional al seguro.
El tenedor del certificado de depósito, el del bono de prenda, el depositante o su cesionario, en su caso, tienen sobre el monto de la indemnización cubierta a los AGD por los aseguradores de las mercancías depositadas los mismos derechos que tendrían sobre éstas.
Régimen de tarifas por servicios
El criterio utilizado para la liquidación de las tarifas por los servicios prestados por los AGD debe quedar claramente expresado en la documentación relacionada con las operaciones, para efectos de lo cual deberá tenerse en cuenta lo previsto en el numeral 4.1. del presente Capítulo y los demás factores que se consideren relevantes.
En los depósitos que ofrezcan un movimiento permanente, los servicios se liquidan y cobran sobre los promedios simples de saldos diarios, salvo pacto en contrario. Se entiende por promedio simple, la suma de varias cantidades dividida por el número de ellas.
Las únicas modalidades de depósito de movimiento permanente son el depósito provisional y el simple y/o consignación.
De otra parte, la compra y venta por cuenta del cliente de la mercancía, ofrece también un movimiento permanente, en tanto que las modalidades de depósito con obligación prendaria, o con derecho de retención, o con certificado y bono de prenda, para estos efectos, no ofrecen movimiento permanente.
Cobro de los servicios de almacenamiento
Para el cobro de las tarifas se pueden tomar como base de liquidación factores tales como el valor, peso o volumen. En todo caso, las tarifas dispuestas deben corresponder a servicios efectivamente prestados.
Los AGD pueden cobrar los servicios de bodegaje cuando se presenten demoras no imputables a su conducta para el retiro de las mercancías, previa expedición de la orden de entrega, la cual tiene una vigencia de 3 días.
Lo anterior no se opone, de ninguna manera, a que las partes convengan un plazo de preaviso que se cobre, necesario para poder adecuar y planear el almacenamiento, o bien a que se sancione el incumplimiento al plazo pactado mediante el cobro completo del almacenaje convenido, pues en tales eventos se está frente a una situación diferente a la del cobro de una tarifa por servicio no prestado, toda vez que su origen, en el primer caso, es un pacto legítimo fundamentado en un aspecto de carácter técnico y, en el otro, la consecuencia establecida por las partes para el caso en que no se respete el plazo acordado para el depósito.
Servicios extraordinarios
Los servicios extraordinarios tales como avalúos especializados, clasificación, fumigación, repeso, zunchaje, acarreos, empaque, limpieza y desecación, cuando hayan sido autorizados expresamente por el cliente y para cada caso, o fueren necesarios y urgentes para la conservación y almacenamiento de las mercancías, son por cuenta del mismo y deben liquidarse y cobrarse separadamente de los demás servicios previstos en este numeral.
Cuentas de cobro
En las cuentas de cobro que formulen los AGD a sus clientes se deben determinar claramente los conceptos a que corresponden los respectivos valores.
Saldos a favor del depositante
Practicada la liquidación definitiva, los AGD deben poner a disposición del cliente cualquier valor que hayan recibido anticipadamente y no se hubiere causado, comunicándole tal hecho de inmediato, o pueden proceder a compensar dichos valores, si fuere legalmente posible.
Prohibiciones
Acorde con su naturaleza, a los AGD les está prohibido:
Captar recursos del público, pues los créditos que otorguen a sus clientes lo deben hacer con recursos propios.
Realizar operaciones de crédito diferentes a las expresamente autorizadas, es decir, al crédito directo a sus clientes para sufragar los gastos de la actividad contratada o por cuenta de éste, mediante el descuento de bonos de prenda. Por lo tanto, los AGD no pueden realizar operaciones que simulen operaciones no autorizadas, dándoles apariencia o nombres diferentes.
Otorgar garantías o pactar compromisos a cargo del AGD que conlleven la asunción de posiciones como la de avalista. En tal sentido, los AGD deben abstenerse de incluir en el bono de prenda o en escrito adherido a él, o en documento separado, cláusulas que les obliguen a que el bono sea cancelado a su vencimiento por dichas entidades con recursos propios.
Pagar comisiones por concepto de descuento de bonos de prenda a sus clientes a los establecimientos de crédito o dar participación o utilidad de las tarifas de bodegajes a los establecimientos de crédito, cualquiera que fuere el título utilizado, por concepto de descuento de bonos de prenda o presentación de clientes.
El AGD debe pagar al tenedor del bono de prenda sólo en el caso de que el depositante deudor o el tenedor del certificado haya constituido la provisión correspondiente. En este evento, el pago debe hacerse oportunamente, siendo el AGD responsable por el retardo. En ningún caso puede suministrar el AGD fondos para este efecto.
En caso de que el tenedor del bono lo presente y el depositante deudor o tenedor del certificado no haya constituido la provisión, el AGD debe poner en el bono la anotación "falta de pago", en la forma prevista por el artículo 795 del Código de Comercio.
Expedir certificados de depósito y bonos de prenda cuando la mercancía subyacente mantenga otros gravámenes como la prenda de la misma mercancía u otorgar crédito con garantía prendaría cuando sobre la mercancía ha sido previamente expedido un CDM o un bono de prenda.
Facilitar o promover cualquier práctica que tenga como efecto permitir la evasión fiscal.
Funcionamiento de las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales
Gestión de riesgos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.7.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y las normas que lo modifiquen o adicionen, las Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Financieros Especiales (SICSFE) deben cumplir integralmente con las instrucciones impartidas por esta Superintendencia en materia de gestión de riesgos, según lo establecido en el Capítulo XXXII de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF) – Sistema de Administración de Riesgo de las Entidades Exceptuadas (SARE) - o las normas que lo modifiquen o sustituyan.
Información sobre cuentas corrientes y cuentas de ahorro
Las SICSFE deben informar de manera semestral a la Superintendencia Financiera de Colombia una relación de las cuentas corrientes o de ahorros que, en moneda legal o extranjera, posean tanto en Colombia como en el exterior, con indicación de la entidad financiera y la ciudad, así como la indicación de cuáles son empleadas exclusivamente para la realización de las operaciones autorizadas. De la misma manera, deben informar sobre las cuentas utilizadas para el manejo administrativo de la entidad.
Vinculación a las entidades administradoras del SGP
La vinculación de los afiliados al Sistema General de Pensiones debe realizarse mediante el diligenciamiento del formulario único de afiliación establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en el Anexo 1 del presente Capítulo. La información contenida en el formulario de vinculación puede diligenciarse por cualquier medio verificable previamente autorizado por esta Superintendencia. En todo caso la administradora debe enviar copia del formulario al afiliado y al empleador.
Previo al diligenciamiento del formulario único de afiliación, las entidades administradoras deben brindar la asesoría de que trata el artículo 2.2.2.1.18 del Decreto 1833 de 2016 a sus potenciales afiliados y dejar constancia y registro del cumplimiento de dicha obligación.
Al respecto es de señalar que la vinculación no se invalida por el hecho de que se omitan algunos datos del formulario, como por ejemplo el documento de identidad de los beneficiarios, siempre y cuando los mismos no correspondan a la información mínima exigida en el artículo 2.2.2.1.8 del Decreto 1833 de 2016.
El formulario a que se refiere este numeral debe ser adoptado por las entidades administradoras, con las especificaciones e instrucciones indicadas por esta Superintendencia en la mencionada proforma y su correspondiente instructivo. En todo caso las entidades durante el proceso de vinculación pueden solicitar la información adicional que consideren necesaria, la cual debe mantenerse a disposición de esta Superintendencia, y adicionalmente, deben garantizar la accesibilidad al contenido del formulario único de afiliación por parte de las personas en condición de discapacidad.
El afiliado tiene el derecho de retractarse de su decisión de vinculación en los términos del artículo 2.2.2.2.1 del Decreto 1833 de 2016, y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
Cálculo de reservas
Las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones y las correspondientes aseguradoras de vida al efectuar los cálculos que involucran la utilización de tablas de mortalidad, de invalidez de activos, de mortalidad de inválidos y de rentistas, para efectos del cálculo de reservas deben emplear tanto el interés técnico real como las tablas establecidas en el subnumeral 2.2.2.2 y en los anexos del subnumeral 3.8 del Capítulo II, Título IV de la Parte II de la presente Circular o sus modificaciones.
Procedimiento para el traslado de afiliados entre regímenes pensionales y entre las diferentes administradoras del SGP
Términos para los traslados
El término para trasladarse de régimen será el establecido en el literal e. del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, siempre que al afiliado le falten más de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 frente a la oportunidad de traslado y las demás normas que lo adicionen o modifiquen.
Para cambiarse de sociedad administradora dentro del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS-, el término es el contemplado en los artículos 107 de la Ley 100 de 1993 y 2.2.5.2.1. del Decreto 1833 de 2016, y demás normas que las modifiquen o adicionen.
En ambos casos los términos señalados deben contarse desde la selección anterior. Se entiende que hubo selección desde el momento en que se presente debidamente diligenciado el formulario correspondiente.
En caso de optar por el reconocimiento de la pensión familiar establecida en la Ley 1580 de 2012 reglamentada por los artículos 2.2.8.7.1. y siguientes del Decreto 1833 de 2016, los términos antes señalados no serán aplicables para el traslado entre los regímenes pensionales o entre las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Diligenciamiento del formulario
Cuando el afiliado, dependiente o independiente, decida trasladarse de régimen o de administradora, debe expresar su voluntad mediante el diligenciamiento del formulario que para el efecto se disponga, de conformidad con su instructivo ante el empleador o ante la nueva entidad administradora, según corresponda.
Con el fin de proceder al traslado entre regímenes o entre administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el respectivo formulario sólo se puede presentar debidamente diligenciado, una vez sea verificado el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el literal e) del artículo 13 y artículo 107 de la Ley 100 de 1993, así como el artículo 2.2.5.2.1. del Decreto 1833 de 2016.
El formulario de vinculación puede diligenciarse por cualquier medio verificable establecido para el efecto por la nueva entidad administradora, quien en todo caso debe enviar copia a la administradora anterior, al afiliado, y al empleador.
Solicitudes de retracto
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.2.2.1. del Decreto 1833 de 2016, el afiliado tiene el derecho a retractarse de su decisión a través de cualquier medio físico o electrónico dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que se haya informado al afiliado de la validación de afiliación o del traslado por parte de la administradora.
La solicitud de retracto en la selección de régimen, de vinculación o de traslado, podrá ser informada a la administradora a la que se solicita la novedad o en la que se encuentra efectivamente el afiliado. En cualquiera de estos eventos, la administradora que recibe la solicitud de retracto deberá informar dicha decisión a la otra administradora dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la mencionada solicitud.
Reporte de solicitudes de traslado a la administradora anterior
La nueva administradora debe informar a la administradora anterior a más tardar el octavo día de cada mes las solicitudes de traslado presentadas en el mes inmediatamente anterior. Si el plazo señalado vence un sábado, domingo o festivo, se entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente. Para tales efectos, la nueva administradora debe elaborar un listado que contenga los nombres de los trabajadores con su identificación y deberá enviar copia por los medios verificables que dispongan para tal efecto de los respectivos formularios de vinculación, dejando constancia expresa de la fecha en que se efectúa el reporte.
Informe de solicitudes de traslado
La administradora anterior, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales, debe informar a la nueva administradora, al afiliado y al empleador, si es del caso, acerca de la procedencia o no de las solicitudes de traslado reportadas en el respectivo mes de acuerdo con el subnumeral precedente, a más tardar el 23 del mismo mes en que se efectuó el reporte, o a más tardar el 23 del mes siguiente en que se efectuó la solicitud de traslado, cuando se trate de traslados entre regímenes, si la solicitud fue radicada ante la administradora anterior.
Para ello debe emplear un formato que contenga como mínimo las siguientes especificaciones:
3.5.1. Nombre o razón social de la nueva entidad administradora
3.5.2. Fechas del reporte de las solicitudes de traslado y del informe de verificación de los requisitos legales
3.5.3. Nombre y apellidos del solicitante
3.5.4. Documento de identificación
3.5.5. Procedencia o improcedencia de la solicitud, la cual se determinará con base en las causales establecidas en el siguiente subnumeral.
3.5.6. Nombre completo, cargo y firma del funcionario responsable
Causales de rechazo del traslado
Para efectos de lo dispuesto en el subnumeral 3.5.5, la administradora anterior está en la obligación de verificar que el afiliado no esté incurso en alguna de las siguientes situaciones:
3.6.1. No haber dado cumplimiento al término señalado en el artículo 2.2.5.2.1. del Decreto 1833 de 2016 (cambio entre administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad)
3.6.2. No haber dado cumplimiento al término señalado en el literal e) del artículo 2 de la Ley 797 de 2003 (traslado entre regímenes pensionales)
3.6.3. Que al afiliado le falten 10 o menos años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida (traslado entre regímenes), salvo que se trate: (i) de una solicitud de traslado soportado en el acceso a una pensión familiar, de conformidad con el artículo 2.2.8.7.5. del Decreto 1833 de 2016 o (ii) se encuentre dentro de la oportunidad de traslado consagrada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024.
3.6.4. En disfrute de pensión
3.6.5. Solicitud de pensión en trámite
3.6.6. No afiliado
Los plazos mencionados en los subnumerales 3.6.1. y 3.6.2. deben contarse desde la fecha en que se seleccionó la administradora anterior, siempre que tal selección se haya realizado dentro de los términos legales.
En los eventos en que la administradora anterior verifique que se cumplieron los requisitos legales para que proceda el traslado, en el respectivo informe debe precisar la fecha a partir de la cual dicho traslado surte efectos, así como el mes a partir del cual deben efectuarse las cotizaciones a la nueva entidad.
En los eventos en que no proceda el traslado, el informe debe expresar con claridad la causa del rechazo.
Traslado de la información y de los saldos del afiliado a la nueva entidad administradora
La administradora anterior tiene como plazo máximo 30 días hábiles siguientes a la fecha en que inicia la efectividad, definida en el siguiente subnumeral, para transferir los recursos pertinentes y remitir la información respectiva a la nueva administradora, dejando expresa constancia de dicha transferencia. No obstante, para el caso de los traslados de recursos que se generen con la aplicación del parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, este señala que los valores contenidos en la cuenta de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez.
La información a trasladar de la historia laboral del afiliado, la cual puede remitirse a través de cualquier medio verificable, debe contener como mínimo: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, documento de identificación y por cada período cotizado el número de identificación del empleador, la administradora en la que se efectuaron las cotizaciones, el período correspondiente, salario base de cotización, semanas cotizadas, valor de las cotizaciones obligatorias, porcentaje de cotización de alto riesgo, aportes voluntarios, si a ello hay lugar, y la solicitud del bono pensional, así como toda información adicional que repose en la entidad.
Si en la fecha en que se efectúe el traslado de los saldos de un trabajador dependiente, la administradora anterior no ha recibido la última cotización, es decir, la que debió liquidarse en el mes en que se hizo efectivo el traslado, debe proceder a la transferencia de ésta dentro de los 20 días calendario siguientes a su recepción.
Si el traslado se produce del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual con Solidaridad además del envío de la información aludida, hay lugar a la transferencia del título pensional o del valor que corresponda a la reserva pensional entregada, en su caso, y a la emisión o entrega del bono pensional.
Tratándose de trabajadores independientes, la administradora anterior tiene el mismo plazo máximo previsto en el primer inciso del presente subnumeral, para transferir los saldos y remitir la información respectiva a la nueva administradora.
Efectividad del traslado ante la nueva administradora
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.1.12. del Decreto 780 de 2016, el traslado surte efectos el primer día calendario del segundo mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de vinculación realizada por el afiliado ante la nueva administradora.
Primera cotización a la nueva administradora
La primera autoliquidación y consignación de aportes a la nueva administradora debe realizarse en el mes siguiente al cual se hace efectivo el traslado, dentro de los plazos legalmente previstos para ello. A título de ejemplo, si el traslado surte efectos el 1 de agosto, la autoliquidación y consignación de aportes a la nueva administradora debe realizarse en septiembre, correspondiente a los aportes de agosto.
Documentos soporte de las solicitudes efectuadas
Tanto la nueva administradora como aquella en la cual se encontraba afiliado el trabajador, deben mantener a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia los documentos que soporten las solicitudes de traslado presentadas con el propósito de que en cualquier momento pueda verificarse el cumplimiento efectivo de las instrucciones aquí contenidas.
Realización de convenios particulares
Las entidades administradoras de pensiones pueden celebrar convenios de carácter gremial o entre regímenes, con el propósito de lograr la agilización y seguridad del procedimiento, así como de la información que se obtenga en el trámite de los traslados.
En todo caso, las administradoras son responsables del cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en el presente numeral para los trámites de traslados.
Rentabilidad en el traslado de recursos del régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad
La rentabilidad mensual a tener en cuenta para calcular la rentabilidad acumulada del período que se requiera debe establecerse mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Donde:
RA = Rentabilidad acumulada del período a calcular
RMi = Rentabilidad divulgada por la SFC para cada uno de los meses que componen el período de cálculo.
i=1,2,…,n
En el evento en que dentro del período de cálculo se presente una fracción de mes, la rentabilidad de los respectivos días se establecerá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Donde:
RMx = Rentabilidad equivalente para los n días calendario del mes
RM = Rentabilidad divulgada por la SFC para el mes
n = Número de días calendario a tener en cuenta
ndm = Número de días calendario del mes del cálculo
Las rentabilidades mensuales divulgadas por la Superintendencia Financiera de Colombia se calculan de acuerdo con lo dispuesto para el tipo de fondo moderado en la Opción A, en los términos del parágrafo 2 del artículo 2.6.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010, tomando como período de cálculo el número de días calendario del respectivo mes.
Deber de asesoría para que proceda el traslado de afiliados entre regímenes.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 1328 de 2009, adicionado por el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1748 de 2014, y el artículo 2.6.10.2.3. del Decreto 2555 de 2010, las Administradoras del Sistema General de Pensiones deben garantizar que los afiliados que deseen trasladarse entre regímenes pensionales reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado.
Solicitud de asesoría
Requisitos para la solicitud de asesoría.
El afiliado puede efectuar la solicitud de asesoría en cualquier momento, salvo: (i) que se encuentre dentro del término de 10 años establecido en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 o (ii) que no se encuentre dentro del término de 2 años a los que se refiere el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y demás normas que lo adicionen o modifiquen.
La solicitud debe realizarse por cualquier medio verificable ante la administradora en la que se encuentra afiliado o ante la administradora del otro régimen a la que estaría interesado en trasladarse. Una vez el afiliado reciba las asesorías por parte de las administradoras de ambos regímenes, se podrá dar inicio al procedimiento de traslado de que trata el numeral 3 de este capítulo.
Para efectuar esta solicitud no se pueden exigir formalidades adicionales a la presentación del documento de identificación del afiliado.
Deberes de las administradoras frente a la solicitud de asesoría.
Una vez presentada la solicitud de asesoría, la administradora del Sistema General de Pensiones debe requerir al solicitante toda la información necesaria que permita contactar al afiliado para la prestación de la asesoría. En la recolección de esta información, la administradora del Sistema General de Pensiones debe solicitar, como mínimo, los siguientes datos: teléfono de residencia y trabajo, celular, dirección de correo electrónico y dirección del domicilio y trabajo. En todo caso, la administradora donde se efectuó la solicitud de asesoría debe procurar brindar la asesoría inmediatamente.
La administradora del Sistema General de Pensiones que reciba la solicitud debe contar con las autorizaciones sobre protección y tratamiento de datos personales a que haya lugar a efectos de poder compartir información entre las administradoras responsables de la prestación de las asesorías.
Como soporte de la solicitud de asesoría, la administradora del Sistema General de Pensiones debe expedir y entregar al afiliado un documento que contenga como mínimo lo siguiente: la información de identificación y los datos de contacto del afiliado, la autorización que otorgó para el tratamiento y protección de datos personales, una explicación o presentación del procedimiento de asesoría y traslado entre regímenes, haciendo énfasis en la necesidad de recibir asesoría de parte de ambas administradoras como requisito para que proceda la futura solicitud de traslado, la fecha límite dentro de la cual las administradoras involucradas le deben brindar la asesoría personalizada de la que trata el subnumeral 3.13.2. de este capítulo y los derechos que le asisten durante la asesoría.
Desde la fecha en que se solicita la asesoría, las administradoras del Sistema General de Pensiones involucradas en la asesoría, cuentan con un plazo máximo de 20 días hábiles para brindarla.
Cuando se trate de aquellos afiliados próximos a cumplir la edad máxima para traslado entre regímenes y cuando se encuentre próximo el vencimiento del plazo de que trata el artículo 76 de la Ley 2381, las administradoras deben tomar todas las medidas conducentes a prestar la asesoría de manera ágil y expedita, con el fin de garantizarles el ejercicio de su derecho de traslado.
La administradora que reciba la solicitud de asesoría debe remitir copia de la misma a la otra administradora, a más tardar el día hábil siguiente a su recepción, para que esta pueda proceder con lo indicado en el subnumeral 3.13.1.2.4. de este capítulo.
Información mínima que debe ser suministrada al afiliado de manera personalizada y particularizada en el marco de la asesoría.
Conforme los aspectos que corresponden a su respectivo régimen, cada administradora del Sistema General de Pensiones debe suministrar al afiliado la información que se detalla a continuación. Esta información se debe suministrar de manera personalizada, esto es, debe prestarse a través de un medio verificable que permita la interacción directa y en tiempo real entre representantes de la entidad y el afiliado. Asimismo, la información debe estar ajustada a la situación particular del interesado, debe ser presentada de manera sencilla y didáctica de tal forma que facilite la comprensión del consumidor financiero y debe contener los datos de identificación del afiliado. Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán de forma conjunta adelantar jornadas masivas para llevar a cabo la doble asesoría, en las que cada administradora debe suministrar la información particular e individualizada a los afiliados que hayan solicitado la asesoría. Se debe suministrar al afiliado la información de que trata el presente subnumeral y disponer de medios verificables individuales.
Información a ser suministrada por la administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
Información general sobre pensión de vejez
Proyección de eventos pensión de vejez
(*) Corresponde a la edad en la cual el afiliado cumple con los requisitos de edad y semanas cotizadas para pensionarse en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
(**) La información de este recuadro será suministrada únicamente en aquellos eventos en que, de acuerdo con las proyecciones, el afiliado al cumplir la edad requerida no alcanza a cotizar el mínimo de semanas exigidas.
Las proyecciones se realizarán sin tener en cuenta los tiempos recordados por el afiliado. Los tiempos recordados son los mencionados por el afiliado en la asesoría, los cuales no hacen parte de la historia laboral. No obstante, se podrá solicitar la corrección de historia laboral una vez finalizada la asesoría.
Para aquellos afiliados que, de acuerdo con las proyecciones, sean sujetos de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, se les debe suministrar información sobre los mecanismos de protección a la vejez -Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y Pensión Familiar- y sus requisitos de acceso, de tal forma que puedan contar con la información suficiente para decidir si desean o no adherirse a alguno de ellos.
La información adicional que considere la administradora que se debe suministrar para que el afiliado tome una decisión informada, de acuerdo con su situación particular.
Información a ser suministrada por la administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Información general sobre la pensión de vejez.
Proyección de eventos de pensión de vejez
(*) Los tiempos de permanencia en cada tipo de fondo serán los que manifieste el afiliado de acuerdo con su condición particular y respetando las reglas de convergencia.
(**) Esta información será suministrada únicamente en aquellos eventos en que, de acuerdo con las proyecciones, el afiliado al cumplir la edad mínima, alcanza a cotizar 1150 semanas, pero a dicha edad no ha acumulado el capital necesario para financiar una pensión de por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente y no recibe ingresos permanentes superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, excluido el ingreso sobre el cual cotiza y que dejaría de percibir al momento de pensionarse.
(***) La información de este recuadro será suministrada únicamente en aquellos eventos en que, de acuerdo con las proyecciones, el afiliado al cumplir la edad mínima no alcanza a cotizar el mínimo de semanas exigidas y no ha acumulado el capital necesario para financiar una pensión de por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente.
(****) Corresponde a la edad en la cual el afiliado cumple con los requisitos de edad y semanas cotizadas para pensionarse en el RPM.
(*****) Las proyecciones se efectuarán bajo el supuesto de que el afiliado continúa en el RAIS o se traslada a dicho régimen desde la fecha de la asesoría, en el evento en que se encuentre afiliado en el RPM. En aquellos casos en que para alguna de las densidades de cotización el capital acumulado no le dé derecho a una pensión, en la columna correspondiente se indicará lo siguiente: “No tendría derecho a pensionarse, por lo tanto, aplicaría devolución de saldos”.
Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán de forma conjunta adelantar jornadas masivas para llevar a cabo la doble asesoría, en las que cada administradora debe suministrar la información particular e individualizada a los afiliados que hayan solicitado la asesoría. Se debe suministrar al afiliado la información de que trata el presente subnumeral y disponer de medios verificables individuales.
Para aquellos afiliados que de acuerdo con las proyecciones sean sujetos de devolución de saldos, se les debe suministrar información sobre los mecanismos de protección a la vejez -Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y Pensión Familiar- y sus requisitos de acceso, de tal forma que puedan contar con la información suficiente para evaluar si llegado el momento les interesaría o no adherirse a alguno de ellos.
La información adicional que considere la administradora que se le debe suministrar para que el afiliado tome una decisión informada, de acuerdo con su situación particular.
Los datos que se requieran para individualizar la información de que trata el presente subnumeral 3.13.2. de este capítulo no pueden ser exigidos al afiliado si la administradora ya dispone de ellos.
Para efectos del cálculo de las proyecciones mencionadas, las administradoras deben atender las instrucciones establecidas en el subnumeral 3.3.9. del Capítulo I del Título III de la Parte I de esta circular.
Información que debe ser suministrada por la administradora que preste la segunda asesoría
A efectos de cumplir lo indicado en este subnumeral, las administradoras del Sistema General de Pensiones deben establecer un mecanismo que les permita identificar aquella administradora que prestó la primera asesoría y, en general, el estado del trámite de asesoría.
Finalizada la segunda asesoría, la administradora del Sistema General de Pensiones que la haya prestado, debe informar al afiliado las alternativas con las que cuenta en relación con el proceso de traslado, esto es: radicar el formulario de que trata el subnumeral 3.2. de este capítulo ante cualquiera de las administradoras para iniciar el proceso de traslado o no iniciarlo. Adicionalmente debe informar que la vigencia de las asesorías recibidas es de 12 meses y que una vez radicado el formulario se da inicio al término legal para el ejercicio del derecho de retracto del que trata el subnumeral 3.3. de este capítulo.
Si la administradora que presta la segunda asesoría es la administradora a la que tiene intención de trasladarse el afiliado, se debe continuar con lo establecido en el subnumeral 3.4.
Información general que debe ser suministrada al afiliado en el marco de la asesoría.
Sin perjuicio de la información que debe ser suministrada al afiliado de manera personalizada y particularizada de la que tratan los subnumerales 3.13.1. y 3.13.2. de este capítulo, cada administradora del Sistema General de Pensiones, conforme los aspectos que corresponden a su respectivo régimen, debe, como mínimo, brindar información sobre lo siguiente: definición de pensión, excepciones y excluidos del respectivo régimen pensional, ingreso base de liquidación (IBL) como base para el cálculo de la mesada pensional, condiciones y restricciones para los traslados de régimen de pensión, igualdad de condiciones de reconocimiento de prestaciones de invalidez y sobrevivencia en los dos regímenes. Para el caso de las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deben dar una explicación sobre cotización voluntaria, retiro programado y renta vitalicia inmediata.
La asesoría de la que trata este subnumeral puede ser prestada a través de cualquier medio verificable que se encuentre a disposición de los afiliados.
Preservación de la documentación relacionada con la asesoría.
Copia de la información suministrada al afiliado, de que trata el subnumeral 3.13.2. de este capítulo debe ser conservada por las administradoras y debe estar disponible para la Superintendencia Financiera de Colombia y para que el afiliado la pueda volver a consultar en cualquier momento, inclusive después de realizado el traslado entre regímenes.
Esta copia debe ser firmada por el afiliado en señal de: recibo de la información, recibo de la asesoría requerida para realizar el traslado de régimen y aceptación y entendimiento de los efectos legales, así como los potenciales riesgos y beneficios de su decisión. Cuando la asesoría se preste por medios distintos a los presenciales, las administradoras igualmente deben mantener los soportes de la información suministrada y deben establecer los mecanismos necesarios para verificar la aceptación dada por el afiliado en los términos de este inciso.
Imposibilidad de brindar la asesoría.
Si alguna de las administradoras no puede brindar la asesoría al afiliado dentro del plazo previsto en el primer inciso del subnumeral 3.13.1.2.4. de este capítulo, por factores atribuibles al afiliado, debe conservar los soportes que evidencien las razones por las cuales no se pudo encontrar al afiliado o por las cuales no se pudo brindar la asesoría.
Sin embargo, lo anterior no obsta para que la asesoría pueda ser prestada en otro momento por iniciativa del afiliado.
Mecanismos de intercambio de información.
Las administradoras del Sistema General de Pensiones pueden suscribir convenios de intercambio de información con la finalidad exclusiva de facilitar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente subnumeral 3.13. de este capítulo y de velar por los derechos de los afiliados. Asimismo, se puede implementar el uso de herramientas tecnológicas para garantizar la eficiencia del procedimiento de traslado. Lo anterior, en consonancia con la normatividad vigente sobre protección de datos personales.
Posibilidad de solicitar la información en cualquier momento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral 3.13. de este capítulo y de la información que se suministra al afiliado en sus extractos, el afiliado puede solicitar en cualquier momento, durante la vigencia de su relación con la administradora, toda aquella información que requiera para tomar decisiones informadas en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes y la modalidad de pensión, incluyendo la escogencia de la aseguradora previsional en el caso de seleccionar una renta vitalicia.
Aclaración sobre el alcance de la asesoría.
La asesoría a que se refiere el subnumeral 3.13. de este capítulo en ningún caso será interpretada conforme a las normas relativas al deber de asesoría contenidas en el artículo 7.3.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.
Para el caso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, se debe aclarar que las proyecciones realizadas en el marco de la asesoría se tratan de cálculos provisionales que no se deben entender como una situación jurídica concreta o como un derecho adquirido en favor del afiliado, que depende del tipo de fondo elegido, que no hay certeza sobre la rentabilidad exacta de un tipo de fondo, y que hay otros factores que pueden modificar el monto de la pensión o la devolución de los saldos tales como el ingreso base de cotización, la fidelidad de la cotización, el valor del bono pensional, si lo hay, la tasa de descuento del bono pensional, cuando aplique, y de sus beneficiarios. Finalmente, debe aclararse que las proyecciones no incluyen los aportes voluntarios.
Para el caso del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se debe aclarar que la proyección realizada en el marco de la asesoría se trata de un cálculo provisional que no se debe entender como una situación jurídica concreta o como un derecho adquirido en favor del afiliado, teniendo en cuenta que los cálculos son hechos con la información disponible al momento de evaluar la posibilidad de traslado y que algunos parámetros técnicos, como el cambio en el ingreso base de cotización y la fidelidad de cotización pueden implicar variaciones en la probabilidad de acceder a alguna prestación dentro del régimen o el monto de la misma.
Asimismo, se debe aclarar que el afiliado es responsable por la veracidad de los datos que suministre para efectos de la preparación de la información de la asesoría por parte de las administradoras, cuando la administradora no dispone o no ha conocido dichos datos y, por ende, los pudo solicitar.
Traslado de régimen pensional en los términos de la sentencia SU 062 de 2010 de la corte constitucional para el caso de afiliados beneficiarios del régimen de transición sin el cumplimiento de los términos legales de traslado
Para efectos de dar aplicación a lo establecido en la Sentencia SU 062 de 2010 proferida por la Corte Constitucional, las administradoras del Sistema General de Pensiones deben adelantar el procedimiento que se describe a continuación:
Solicitud de aplicación de la Sentencia SU 062 de 2010 y diligenciamiento del formulario de traslado
Cuando el afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad desee que se le aplique la jurisprudencia establecida en el mencionado fallo debe expresar su voluntad mediante el diligenciamiento y entrega del formulario de traslado a Colpensiones, antes Instituto de Seguro Social - ISS, acompañado de una comunicación en la que manifieste su intención de acogerse a la referida sentencia y de una fotocopia de su documento de identificación.
Reporte de solicitudes de traslado
A más tardar, el día 10 de cada mes, Colpensiones debe radicar ante las respectivas sociedades administradoras de fondos de pensiones los formularios de traslado de estos afiliados que haya recibido en el mes inmediatamente anterior, para lo cual utilizará el aplicativo establecido para tal fin, informando a cada sociedad administradora y por cada afiliado, el número de semanas que, de acuerdo con la correspondiente historia laboral de Colpensiones, anterior Instituto de Seguro Social, había cotizado el afiliado al 31 de marzo de 1994 o a la fecha en que haya entrado en vigencia el Sistema General de Pensiones en el respectivo nivel territorial, según corresponda.
Debe tenerse en cuenta que la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en el nivel territorial debía ser determinada por la autoridad competente, sin exceder del 30 de junio de 1995.
Requisitos por verificar
La sociedad administradora de fondos de pensiones que reciba el formulario de traslado debe verificar que se cumplan los requisitos -señalados en la Sentencia SU 062 de 2010-, a saber:
Que el afiliado, a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, es decir el 1 de abril de 1994, o a la fecha en que haya entrado en vigencia el Sistema General de Pensiones en el respectivo nivel territorial, tuviera 15 años de servicios cotizados para la pensión de vejez, equivalentes a 750 semanas.
Que traslade a Colpensiones, todos los aportes pensionales (ahorro) que haya acumulado en su cuenta de ahorro individual.
Que el ahorro efectuado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, incluidos sus rendimientos y el valor correspondiente del fondo de garantía de pensión mínima del referido régimen, no sea inferior al monto total que habría obtenido en caso de que hubiere permanecido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Verificación del cumplimiento de los requisitos
Contra la radicación del formulario de traslado, la sociedad administradora de fondos de pensiones debe informar a Colpensiones, mediante el aplicativo establecido para tal fin, si el afiliado cumple o no con el requisito señalado en el subnumeral 4.3.1. Para este efecto, la sociedad debe tener en cuenta, además de las semanas reportadas por Colpensiones, antes el ISS, en la solicitud de traslado, las que tenga registradas como cotizadas o el tiempo de servicio prestado en las entidades que no realizaron aportes para pensión a dicha entidad o instituto. En caso de no cumplirse este requisito, la solicitud de traslado será rechazada.
Verificado el cumplimiento del requisito anterior, la sociedad administradora de fondos de pensiones debe efectuar el cálculo de la equivalencia del ahorro entre el régimen de prima media y el de ahorro individual, estableciendo si la suma acumulada en la cuenta de ahorro individual del afiliado es suficiente o equivalente a la que hubiera obtenido si el afiliado hubiese permanecido en el Régimen Prima Media con Prestación Definida.
A más tardar el día 23 del mes de la radicación del formulario de traslado ante la sociedad administradora de fondos de pensiones, ésta mediante el aplicativo establecido para tal fin, debe informar a Colpensiones el resultado de las validaciones realizadas, indicando:
Las solicitudes que fueron rechazadas por incumplimiento del requisito señalado en el subnumeral 4.3.1.
Las solicitudes que fueron aprobadas por el cumplimiento del requisito señalado en el subnumeral 4.3.1. y por el cumplimiento del cálculo de equivalencia señalado en el subnumeral 4.3.3.
Las solicitudes que cumpliendo con el requisito señalado en el subnumeral 4.3.1., no cumplen con el requisito del subnumeral 4.3.3., indicando en este caso el valor de la diferencia que debe ser consignada por el afiliado.
Simultáneamente, entre el día 23 y el 30 del mes de la radicación del formulario de traslado ante la sociedad administradora de fondos de pensiones, ésta notificará al afiliado los resultados del proceso, de lo cual debe dejar constancia.
A aquellas solicitudes que, cumpliendo con el requisito señalado en el subnumeral 4.3.1, no cumplan con el requisito establecido en el subnumeral 4.3.3. es decir que el saldo de la cuenta de ahorro individual del afiliado es menor al resultado del cálculo efectuado por la sociedad administradora de fondos de pensiones, la notificación mediante comunicación escrita al afiliado debe indicar lo siguiente:
Que, a partir de la fecha de la comunicación, el afiliado tiene un plazo que esta Superintendencia estima razonable de 2 meses para consignar a favor de Colpensiones el valor de la diferencia. En esta comunicación se le debe indicar la entidad bancaria, el número de la cuenta, los medios de pago aceptados y el procedimiento para efectuar la consignación.
En todo caso las entidades administradoras de pensiones pueden establecer, de manera general, un plazo diferente al señalado en el inciso anterior, previa información a esta Superintendencia justificando su razonabilidad.
El valor de la diferencia que debe consignar el afiliado como requisito para la aprobación del traslado no está sujeto a las variaciones de la rentabilidad de los fondos de pensiones en el plazo establecido para el efecto.
Que, dentro del mismo plazo, el afiliado debe comprobar ante la sociedad administradora de fondos de pensiones, la realización de la consignación, entregando copia legible de la misma a la administradora de pensiones de la cual pretende trasladarse.
Que, si el afiliado no llegare a pagar o paga de manera parcial la referida diferencia dentro del plazo señalado, el traslado debe ser rechazado y Colpensiones debe devolver al afiliado los dineros recibidos por este concepto, dentro del mes siguiente al rechazo del traslado, para lo cual debe informar al afiliado respecto de la disponibilidad de los recursos.
El día 23 de cada mes, la sociedad administradora de fondos de pensiones debe revisar los casos sobre los que haya recibido la copia de la consignación y, de resultar procedente, debe aprobar los traslados a través del aplicativo establecido para tal fin, entregando a Colpensiones copia digitalizada de la consignación realizada por el afiliado.
Igualmente debe revisar los casos sobre los que habiéndose cumplido el plazo de 2 meses no haya recibido la copia de la consignación y procederá a su rechazo informando de tal hecho a Colpensiones, a través del aplicativo establecido para tal fin y al afiliado, quien puede presentar una nueva solicitud de traslado en los términos de la referida Sentencia.
Si el afiliado con posterioridad a los 2 meses establecidos como plazo razonable, demuestra haber consignado en tiempo y en debida forma el valor de la diferencia, aun cuando su solicitud de traslado hubiese sido rechazada, la administradora de fondos de pensiones, a partir de la fecha de la comprobación, debe proceder a aprobar el traslado en las condiciones establecidas en este subnumeral.
Efectividad del traslado
Una vez aprobado el traslado, ya sea por el cumplimiento de los requisitos mencionados o por la consignación de la diferencia por parte del afiliado, la sociedad administradora de fondos de pensiones debe girar a Colpensiones el saldo que posea el afiliado en su cuenta de ahorro individual, a más tardar, el día 20 del mes siguiente a la aprobación. La sociedad administradora de fondos de pensiones debe informarle a Colpensiones, de manera detallada e individualizada por afiliado, el monto girado, el número de semanas de cotización a que corresponde, y debe remitir su historia laboral debidamente actualizada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2.1.12. del Decreto 780 de 2016 el traslado que cumpla con los requisitos señalados en los subnumerales 4.3.1 y 4.3.3, tendrá efectos a partir del primer día calendario del segundo mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de traslado. Así mismo, cuando el traslado es aprobado posteriormente por consignación realizada por el afiliado, producirá efectos a partir del primer día calendario del segundo mes siguiente a la fecha de su aprobación.
Marcación de la base de datos de Colpensiones - antes ISS-
Colpensiones debe realizar una marcación en su base de datos, identificando que los afiliados cuyo traslado se ha autorizado, son beneficiarios del régimen de transición.
Aplicación del procedimiento en otras administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
El procedimiento señalado en este numeral es aplicable también a las administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida diferentes a Colpensiones, antes el Instituto de Seguro Social, caso en el cual la respectiva entidad debe convenir con las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el procedimiento requerido para cumplir con las disposiciones de esta Circular, el cual debe ser informado a esta Superintendencia.
Traslado de recursos e intercambio de información entre entidades administradoras del sistema general de pensiones y la entidad administradora del servicio social complementario de beneficios económicos periódicos – BEPS
Las administradoras del Sistema General de Pensiones y la entidad administradora del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS deben informar a los afiliados o vinculados, según sea el caso, sobre la existencia y características del mecanismo BEPS, los requisitos de ingreso al mismo, los usos que pueden dar a los recursos ahorrados, y brindar la asesoría sobre sus potenciales riesgos y beneficios, en concordancia con lo establecido en los artículos 2.2.13.5.2. y 2.2.13.7.3 del Decreto 1833 de 2016. Asimismo, deben suministrar la información respecto del procedimiento para solicitar el traslado de los recursos.
La persona (que para efectos de este numeral se denominará, el solicitante), que decida trasladar sus recursos del Sistema General de Pensiones a la administradora del mecanismo BEPS o viceversa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.13.7.3. del Decreto 1833 de 2016, debe realizar la solicitud ante la administradora del mecanismo BEPS, o ante la administradora del Sistema General de Pensiones donde tenga los recursos, para lo cual debe diligenciar el formulario único de traslado.
La administradora del mecanismo BEPS y las administradoras del Sistema General de Pensiones deben acordar el contenido del referido formulario. Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad de la administradora del mecanismo BEPS presentarlo ante esta Superintendencia con el fin de obtener la respectiva aprobación, de manera previa a su utilización.
En todo caso, el formulario debe permitir la identificación de la causal de traslado de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.13.7.3 del Decreto 1833 de 2016, y debe quedar constancia que el solicitante recibió de parte de la administradora la asesoría requerida, así como la información suficiente, y que, en consecuencia, entiende y acepta los efectos legales, así como los potenciales riesgos y beneficios de su solicitud de traslado, en concordancia con los principios establecidos en las normas relacionadas con protección al consumidor financiero.
Se entiende que existe solicitud de traslado de recursos e información por parte del solicitante, desde el momento en que éste radique el mencionado formulario ante la respectiva administradora.
Reporte de solicitudes de traslado de recursos
La administradora que reciba la solicitud de traslado debe informar, a más tardar el tercer día hábil de cada mes, a la administradora a la cual se desean trasladar los recursos acerca de las solicitudes de traslado radicadas en el mes inmediatamente anterior. Para estos efectos, la administradora que reciba la solicitud de traslado debe elaborar un reporte relacionando los nombres de los solicitantes con su identificación, junto con las copias de los respectivos formularios de solicitud de traslado, dejando constancia de la fecha en que se efectúa el reporte, atendiendo para el efecto las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. El referido reporte puede ser remitido en medio magnético o electrónico.
Informe sobre la evaluación de las solicitudes de traslado por parte de las administradoras
La administradora a la cual se desea trasladar el solicitante, una vez reciba el reporte de solicitudes de traslado, debe evaluar cada solicitud en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos para su procedencia. Realizada dicha evaluación debe informar tanto al solicitante como a la administradora de la que se desean trasladar los recursos, acerca de la procedencia o no de la solicitud, a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que recibió el mencionado reporte. Para estos efectos la administradora debe elaborar una comunicación que contenga como mínimo la siguiente información, respecto de cada solicitud:
Fecha de recepción de la solicitud
Nombre y apellidos del solicitante
Género
Tipo y número del documento de identificación
Causal del traslado
Fecha de evaluación del cumplimiento de los requisitos asociados a la solicitud
Procedencia o improcedencia de la solicitud. En este último caso, se deben indicar las razones por las cuales no procede.
Nombre, cargo y firma del funcionario responsable de la evaluación.
La referida comunicación puede ser remitida en medio magnético o electrónico.
Traslado de recursos e información entre administradoras
La administradora responsable de realizar el traslado, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que recibió la comunicación acerca de la procedencia de este, debe transferir los recursos e información a la otra administradora, dejando para el efecto el respectivo soporte, el cual debe incluir como mínimo la siguiente información, respecto de cada solicitud:
Fecha de traslado de los recursos
Nombre y apellidos del solicitante
Género
Tipo y número del documento de identificación
Monto de los recursos transferidos
Tratándose de recursos relacionados con devolución de saldos e indemnización sustitutiva, el plazo para la evaluación y traslado es el establecido en la ley para efectos del reconocimiento de estas prestaciones.
Las administradoras deben mantener a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia la documentación e información a que hace referencia el presente numeral, permitiendo su revisión en cualquier momento.
Intercambio de información
Entre las administradoras del Sistema General de Pensiones y la administradora del mecanismo BEPS se pueden suscribir convenios de intercambio de información con la finalidad exclusiva de facilitar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente numeral y de velar por los derechos de los vinculados y afiliados al sistema de protección para la vejez. Así mismo, se puede implementar el uso de herramientas tecnológicas para garantizar la eficiencia del procedimiento de traslado y el funcionamiento adecuado del mecanismo BEPS.
Múltiple vinculación
La aplicación de los criterios acá contenidos se debe efectuar sin perjuicio de lo establecido en los artículos 2.2.2.4.1. y siguientes del Decreto 1833 de 2016, el cual se aplica a los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de diciembre de 2007 se encontraban incursos en situación de múltiple vinculación entre el régimen de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad.
Para los efectos aquí contenidos, cuando se haga referencia al término “afiliación” se entiende la realizada al Sistema General de Pensiones, en tanto que el término “vinculación” se reserva para la que se efectúa ante una determinada entidad administradora, sea ésta del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
En ese orden de ideas, ante conflictos presentados por múltiple vinculación, acorde con el artículo 2.2.2.3.3. del Decreto 1833 de 2016, las entidades administradoras de pensiones deben tener en cuenta las siguientes reglas:
Los trabajadores vinculados al Instituto de Seguro Social –ISS- al 31 de marzo de 1994, eran aquellos que a esa fecha no se encontraban en ninguna de las causales de desafiliación automática previstas en el artículo 39 del Acuerdo 044 de 1989 y, por tal razón, son destinatarios de los efectos jurídicos establecidos en el inciso final del artículo 2.2.2.1.8. del Decreto 1833 de 2016, es decir, podían continuar en dicho Instituto sin necesidad de diligenciar ningún formulario o comunicación para hacer constar su vinculación; posibilidad igualmente predicable de los servidores públicos que se encontraban afiliados a una caja, fondo o entidad del sector público mientras no fuera ordenada su liquidación. En consecuencia, dichos trabajadores pueden ejercer en cualquier momento la opción de traslado.
Casos de múltiple vinculación
Sin perjuicio de las disposiciones en materia de retracto, las entidades administradoras deben cumplir con lo dispuesto en los subnumerales siguientes:
Personas que se encontraban vinculadas al entonces Instituto de Seguro Social al 31 de marzo de 1994, que con posterioridad a tal fecha diligenciaron un formulario de vinculación o ratificación ante el citado Instituto y antes de que transcurrieran 3 años (o 5 años con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003) seleccionaron el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Con fundamento en lo dispuesto en el inciso final del artículo 2.2.2.1.8. del Decreto 1833 de 2016 el trabajador vinculado a la fecha señalada al citado Instituto podía continuar en el mismo sin necesidad de diligenciar ningún formulario o comunicación donde constara la vinculación, quedando por tanto facultado para ejercer la opción de traslado en cualquier momento.
En tal sentido, tampoco debía entenderse como selección de régimen el diligenciamiento del formulario ante el Instituto de Seguro Social, realizado por parte del trabajador que habiéndose desvinculado laboralmente con posterioridad al 31 de marzo de 1994, decidió continuar cotizando al Instituto al vincularse nuevamente.
En consecuencia, el trabajador que encontrándose en cualesquiera de las situaciones descritas en el presente subnumeral, hubiera seleccionado el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad antes de que transcurrieran 3 o 5 años contados desde del diligenciamiento de la solicitud de vinculación o ratificación realizada ante el Instituto de Seguro Social, según corresponda, sin que hubiera sido necesario hacerlo, se entiende vinculado a la administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad seleccionada o a la que hubiere seleccionado posteriormente de conformidad con los requisitos legales pertinentes.
Personas que no se encontraban vinculadas al entonces Instituto de Seguro Social al 31 de marzo de 1994, que con posterioridad a tal fecha diligenciaron formulario de vinculación ante el citado Instituto y antes de que transcurrieran 3 años (o 5 con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003) seleccionaron el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Frente a la hipótesis descrita, los trabajadores que seleccionaron, por primera vez, el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y, por lo tanto, se entienden vinculados al entonces Instituto de Seguro Social y el diligenciamiento del formulario para vincularse a una administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad antes de que transcurrieran 3 o 5 años contados a partir de la selección inicial, según corresponda a la fecha de selección de este Régimen, no era jurídicamente procedente.
Personas que al vincularse a una entidad administradora diligenciaron un formulario que no se ajustaba a las disposiciones legales y antes de transcurrir los términos para el traslado se vincularon a otra entidad administradora.
Si el formulario de vinculación diligenciado no se encontraba autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia o no contenía los datos mínimos legales y la entidad no se lo comunicó al solicitante y al empleador, dentro del mes siguiente a la solicitud con el fin de subsanarlos, la vinculación se entiende confirmada en los términos del artículo 2.2.2.1.10. del citado Decreto 1833 de 2016, siempre que el formulario hubiese sido suscrito por el solicitante, lo cual se tendrá como manifestación expresa de su voluntad. Por tal razón, si el trabajador se vinculó a otra entidad administradora antes de que transcurrieran los términos legalmente señalados para el traslado entre entidades o entre regímenes, se entenderá que se encuentra vinculado a la administradora ante la cual se confirmó inicialmente la respectiva vinculación.
La confirmación de la vinculación prevista en el artículo 2.2.2.1.10. del Decreto 1833 de 2016 no es aplicable a los reportes de novedades, considerando que dichos reportes no constituyen para el trabajador vinculación a las administradoras del Sistema General de Pensiones.
Personas que en la misma fecha diligenciaron formularios de vinculación ante distintas entidades administradoras sin que pueda establecerse cuál se realizó primero.
En esa situación se entenderá que el trabajador se encuentra vinculado a la entidad que esté recibiendo las cotizaciones correspondientes. Si el trabajador no está cotizando, se entenderá vinculado a la última entidad ante la cual cotizó.
Personas que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones se encontraban vinculadas a una caja, fondo o entidad previsional del sector público o privado, posteriormente diligenciaron formulario de vinculación ante el entonces Instituto de Seguro Social y antes de que transcurrieran 3 años (o 5 años con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003) a partir de dicho diligenciamiento seleccionaron el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
El trabajador debe entenderse vinculado al entonces Instituto de Seguro Social al haber seleccionado el régimen de prima media con prestación definida y estaba en la obligación de esperar a que transcurrieran 3 años a partir de dicha selección o 5 años con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, para vincularse a una entidad administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Para los efectos de este subnumeral, el entonces Instituto de Seguro Social no debe entenderse incluido en la denominación genérica de caja, fondo o entidad previsional del sector público.
Personas que se encontraban vinculadas al entonces Instituto de Seguro Social al 31 de marzo de 1994, que con posterioridad a tal fecha se vincularon como servidores públicos a una entidad del nivel territorial y al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones en dicha entidad, seleccionaron el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Estos trabajadores, por encontrarse en el supuesto previsto en el inciso final del artículo 2.2.2.1.8. del Decreto 1833 de 2016, podían ejercer su opción de traslado en cualquier momento y, por lo tanto, se entiende que seleccionaron el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Personas que no se encontraban vinculadas al entonces Instituto de Seguro Social al 31 de marzo de 1994, que con posterioridad a tal fecha diligenciaron formulario de vinculación ante el citado Instituto, luego se vincularon como servidores públicos a una entidad del nivel territorial y al entrar en vigencia el sistema en dicha entidad, seleccionaron el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad antes de que transcurrieran 3 años desde la selección inicial o 5 años con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003.
Estos trabajadores no podían trasladarse antes de transcurridos 3 o 5 años, según corresponda, contados a partir de dicha selección.
Trabajadores que no seleccionaron régimen a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, y sus cotizaciones fueron efectuadas por el empleador en varias entidades administradoras en desarrollo de lo previsto en el artículo 2.2.2.1.11. del Decreto 1833 de 2016, situación que no tiene el carácter de selección.
En tales eventos, mientras no se ejerza el derecho de selección, se entiende vinculado a la entidad ante la cual el empleador efectuó la primera cotización.
Cruce de información entre administradoras del Sistema General de Pensiones
Es obligación de las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones consultar el registro único de afiliados, Registro Únicos de Afiliados - RUAF, así como establecer y mantener sistemas de control previo de múltiple vinculación, cada vez que reciban una solicitud de vinculación.
Deber de informar al trabajador y al empleador
Dentro de un plazo máximo de 1 mes contado a partir de la fecha en que se solucione la múltiple vinculación, la entidad administradora a la cual se entienda vinculado el trabajador, debe informar expresamente tal circunstancia a éste y a su empleador o al trabajador independiente, según el caso, indicándole la obligación de continuar realizando los aportes correspondientes de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Otros casos de múltiple vinculación
En desarrollo de lo previsto en el artículo 2.2.2.4.4. del Decreto 1833 de 2016, en el evento que resultaren situaciones específicas de múltiple vinculación que no puedan ser resueltas de acuerdo con las instrucciones impartidas en este presente numeral, las respectivas entidades deben poner el caso en conocimiento de esta Superintendencia.
Cumplimiento de los términos legales para el traslado de afiliados
Con el fin de verificar el cumplimiento de los términos legales por parte de los trabajadores que manifiesten su voluntad de trasladarse de régimen o de administradora luego de solucionada la múltiple vinculación, los 3 o 5 años, según corresponda, o los 6 meses a partir de la selección anterior, se cuentan desde la fecha del diligenciamiento del formulario que soporte la vinculación ante la entidad a la cual se entienda pertenecer de acuerdo con lo dispuesto en los subnumerales anteriores.
Solicitudes de reconocimiento de prestaciones
En ningún caso las entidades administradoras pueden desatender los principios y términos legalmente establecidos, so pretexto de estar el afiliado incurso en una situación de múltiple vinculación. En tal sentido, es deber de dichas entidades dar aplicación a las disposiciones contenidas en los artículos 2.2.2.4.5. y 2.2.2.4.6. del ya citado Decreto 1833 de 2016.
Declaración de ingresos percibidos
Teniendo en cuenta que la suma base de cotización al Sistema General de Pensiones debe corresponder al monto de los ingresos que efectivamente perciba el afiliado; las personas naturales que presten directamente sus servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado deben dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.5. del Decreto 1833 de 2016.
Reglas sobre reconocimiento y pago de pensiones
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley 700 de 2001 y 1 de la Ley 717 de 2001, así como en la Ley 1574 de 2012 y la Ley 1580 de 2012, y con el fin de que las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones adelanten las diligencias de reconocimiento y pago de pensiones dentro de los plazos establecidos en dichas disposiciones, las mismas deben diseñar y adoptar formalmente un sistema interno de procedimientos, en el que, de acuerdo con la estructura organizacional de la entidad se establezcan tiempos y funcionarios responsables de adelantar los trámites y diligencias necesarias para el reconocimiento y pago de las pensiones a su cargo.
Cualquiera sea el sistema que se adopte para tal fin, en su diseño e implementación se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:
Los plazos establecidos por las normas legales mencionadas constituyen únicamente los términos máximos para dar cumplimiento a los deberes en ellas consagrados. Lo anterior supone que en desarrollo del principio de eficiencia consagrado en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, es deber de las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones adelantar con agilidad los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de las pensiones, de modo que los beneficiarios de las prestaciones pensionales tengan acceso al derecho a la seguridad social de manera adecuada, oportuna y suficiente.
El sistema debe prever mecanismos que permitan la recolección de la información necesaria para el reconocimiento oportuno y pago ágil de pensiones a los clientes sobre el resultado de tales diligencias. Igualmente, deben establecer mecanismos para mantener permanentemente actualizada la historia laboral de sus afiliados.
Debe contar con al menos un funcionario responsable designado por el representante legal principal, a cargo de velar porque el sistema de procedimientos opere de manera adecuada al interior de la entidad y atender los requerimientos de información que sobre la materia presenten las autoridades.
Debe contar con procedimientos especiales para la atención rápida y eficiente de las solicitudes de información que sobre la materia presenten los clientes y usuarios, en los plazos señalados por la Corte Constitucional.
Debe permitir que la administradora del Sistema General de Pensiones verifique, antes de decidir una solicitud de pensión o prestación contemplada en cualquiera de los dos regímenes, que el solicitante no se encuentra afiliado en otra administradora del Sistema General de Pensiones y que no cuenta con una pensión o prestación que sea incompatible con la solicitada, dejando expresa constancia de dichas verificaciones.
Remisión de extractos por parte de las entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida
En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1, artículo 41 del Decreto 326 de 1996 y el artículo 2.6.10.4.2. del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo previsto en el numeral 1, artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las entidades administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida deben remitir a sus afiliados un extracto anual con información sobre las semanas y montos cotizados, a más tardar el día 31 de marzo de cada año. Ese extracto debe indicar el período al cual pertenece y contener de forma clara y precisa, como mínimo la siguiente información:
Información de la entidad administradora. Indica el nombre o razón social de la administradora y el número de identificación tributaria –NIT.
Información del afiliado. Registra los datos personales del afiliado como son el tipo y el número del documento de identidad, el nombre y apellidos, la fecha de afiliación y la dirección para remisión de la correspondencia.
Información sobre los aportes. Indica la fecha en que se efectuó la consignación y su monto, el período o ciclo a que corresponde, el ingreso base de cotización, el tiempo cotizado (semanas o días) y el nombre e identificación del empleador o empleadores aportantes en caso de los trabajadores dependientes. Adicionalmente, deben atender lo dispuesto en el literal d del artículo 2.6.10.4.2 del Decreto 2555 de 2010.
Información consolidada. Presenta un resumen de las semanas cotizadas en el período objeto del extracto, clasificado por cada empleador, cuando hay más de uno. Así mismo, informa el total de semanas cotizadas y/o el tiempo de servicio efectivamente prestado por el afiliado durante toda su permanencia en la entidad, según corresponda, con la indicación clara de si hubo períodos en que no cotizó, así como la dirección y área de la entidad a la que se puede acudir en caso de duda o inconformidad con el contenido del extracto.
Información adicional. Indica al afiliado si existen procesos de cobro coactivo, señalando los períodos en mora y el nombre e identificación de los empleadores morosos. Así mismo, puede incluir notas de interés relacionadas con la afiliación o con el Sistema General de Pensiones.
Al respaldo del extracto se debe incorporar un escrito en el que se ilustre la información contenida en cada uno de los campos.
Los extractos deben remitirse por correo a la dirección que el afiliado haya indicado para el envío de correspondencia en el formulario de vinculación o de traslado.
La entidad administradora debe establecer controles y mecanismos adecuados de seguridad para el manejo y utilización de esta información.
Pago de mesadas pensionales
Las entidades de previsión social deben ilustrar a los beneficiarios de mesadas pensionales sobre las diferentes posibilidades con que cuentan para el pago de las mismas, según los mecanismos establecidos para el efecto en los artículos 5 del Decreto 2150 de 1995, 2 y 5 de la Ley 700 de 2001, modificado por el artículo 1 de la Ley 952 de 2005 y artículo 16 de la Ley 1171 de 2007, respectivamente, 2.2.8.3.3. del Decreto 1833 de 2016, 21 y 22 del Decreto Ley 019 de 2012 y 87 de la Ley 2136 de 2021, e informarles que la decisión sobre el mecanismo a utilizar corresponde exclusivamente a ellos según les resulte más conveniente.
En el evento en que el pensionado elija la consignación en una cuenta como mecanismo para el pago de su mesada pensional, debe seleccionar una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, una cooperativa de ahorro y crédito, una cooperativa multiactiva con sección de ahorro y crédito o una cooperativa integral con sección de ahorro y crédito vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, con sucursal, agencia o corresponsal, en los términos de los artículos 2.36.9.1.1. y siguientes del Decreto 2555 de 2010, en la localidad donde se efectúe regularmente el pago o en aquella en la cual el pensionado tenga su cuenta.
Para el efecto, es necesario que la entidad administradora de pensiones haya celebrado o tenga vigente un convenio con la respectiva entidad financiera, cooperativa de ahorro y crédito, cooperativa multiactiva con sección de ahorro y crédito o cooperativa integral con sección de ahorro y crédito, en el que se especifique que dichas cuentas sólo pueden debitarse por su titular personalmente o mediante autorización especial, sin que puedan admitirse autorizaciones de carácter general o que la administración de la cuenta se confíe a un apoderado o representante.
En este sentido, las entidades financieras o pagadoras de pensiones al momento de realizar el pago tienen el deber legal de verificar adecuadamente la identidad del titular de la cuenta o beneficiario, a través de medios probatorios idóneos que acrediten tal circunstancia. Así mismo, deben efectuar las consultas respectivas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para confirmar la supervivencia del afiliado pensionado o beneficiario de la pensión.
De otra parte, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 700 de 2001, las entidades depositarias no pueden cobrar a los beneficiarios cuotas de manejo por la utilización de las cuentas. Y de acuerdo con lo establecido en el artículo 145 del Decreto Ley 019 de 2012, las entidades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito o cooperativas integrales con sección de ahorro y crédito, no pueden exigir a los pensionados cuya mesada no exceda de 2 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, mantener saldo alguno en las cuentas en las cuales se les abonen las respectivas pensiones.
Publicación de información al afiliado
Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de cesantías con el fin de contribuir a una mayor transparencia en el desarrollo de su actividad deben suministrar a sus afiliados la información a que se refiere el subnumeral 3.3.9.6. del Capítulo I, Título III, de la Parte I de esta Circular, de manera que puedan comparar las distintas opciones del mercado.
En el mismo sentido y sin perjuicio de las obligaciones de información a cargo de las administradoras, la Superintendencia Financiera de Colombia dará a conocer la tabla de rentabilidades de los distintos tipos de fondos de pensiones obligatorias, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la divulgación de la rentabilidad mínima obligatoria al corte de cada trimestre; es decir, al corte de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Las rentabilidades mínimas de cada tipo de fondo deben incluirse en la citada tabla a partir de su primera verificación.
La SFC incluye en la tabla en mención, las rentabilidades acumuladas del tipo de fondo moderado, teniendo en cuenta para el efecto los flujos de caja del fondo.
Educación financiera del sistema general de pensiones
Las entidades administradoras de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones deben desarrollar programas de capacitación dirigidos a los consumidores financieros en los términos establecidos en el numeral 4 del artículo 2.6.10.1.2. del Decreto 2555 de 2010.
Para este efecto, tales programas deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos, de acuerdo con el régimen aplicable para las sociedades administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad como para las de Prima Media con Prestación Definida:
Marco regulatorio del Sistema General de Pensiones y de los dos regímenes pensionales que lo conforman.
Características de cada uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones.
Marco regulatorio del esquema de “Multifondos” y las disposiciones relativas a asignación por defecto.
Facultades de selección y traslado entre los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, entre las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y entre los tipos de fondos que éstas administran.
Composición y características de cada uno de los tipos de fondos ofrecidos dentro del esquema de “Multifondos”, con una clara identificación de los riesgos de cada uno de ellos.
Marco general sobre el cálculo de pensiones del Sistema General de Pensiones.
Modalidades de pensión de cada uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones.
Marco regulatorio de protección al consumidor financiero en general y en el esquema de “Multifondos”,
Esquema de comisiones de administración en cada uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones y particularmente en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Características del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS.
La importancia de la revisión permanente de la historia laboral y los extractos por parte de los afiliados.
La obligación de las administradoras del Sistema General de Pensiones de garantizar que los afiliados que deseen trasladarse entre regímenes pensionales reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado.
Las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones deben contar con una estrategia de evaluación de impacto de los programas de educación financiera a que se refiere el presente numeral, cuyos resultados deben ser presentados a la Junta Directiva con una periodicidad anual. Asimismo, toda la información y documentación relacionada con estos programas se debe mantener a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia en cualquier medio verificable.
Actualización de historia laboral
Las administradoras del Sistema General de Pensiones deben desarrollar e implementar programas que tengan como finalidad incentivar a los afiliados a revisar la información relativa a su historia laboral y a informar sobre posibles inconsistencias. Estos programas deben ser aprobados por la Junta Directiva, y deben contar como mínimo con los siguientes elementos.
Página web
Las administradoras deben implementar un módulo en su página web para la actualización de la historia laboral, el cual permita al afiliado solicitar la corrección de la historia laboral e informar tiempos recordados. El módulo debe ser de fácil acceso y el link para acceder a éste debe estar en la página de inicio de la administradora. La solicitud de actualización se realizará en la administradora en la cual se encuentre vigente la afiliación del ciudadano, independientemente de que los periodos a corregir o actualizar hayan sido recibidos por otra administradora.
En adición a su página web, las administradoras pueden implementar este módulo por medio de apps (aplicaciones informáticas diseñadas para ser ejecutadas en teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos) u otros canales tecnológicos.
Contacto
Para garantizar la efectividad de los programas de actualización de historia laboral, las administradoras del Sistema General de Pensiones deben diseñar una política encaminada a la actualización periódica de los datos de contacto de los afiliados.
Esquema de notificación
Las administradoras deben desarrollar un esquema que permita notificar al afiliado cuando el empleador deje de cotizar sin que medie una novedad de retiro y/o cuando pasen seis meses sin realizar cotizaciones, lo cual conlleva a que la afiliación pase a un estado inactivo. Esta notificación se puede realizar mediante el envío al afiliado de una comunicación remitida junto con el extracto trimestral o mediante cualquier medio verificable.
Evaluación del programa
Las administradoras deben contar con estrategias de evaluación de impacto tanto del programa de actualización de historia laboral como de su política de actualización de datos de contacto. Estas estrategias deben contar con indicadores y metas de efectividad que deben ser revisadas por lo menos anualmente por la Junta Directiva.
Asimismo, toda la información y documentación relacionada con estos programas se debe mantener a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia en cualquier medio verificable.
Programas de afiliados próximos a cumplir la edad de pensión
Las administradoras del Sistema General de Pensiones deben desarrollar e implementar programas enfocados en los afiliados próximos a cumplir la edad de pensión con el objetivo de que se revise anticipada y oportunamente la información previsional del afiliado con anterioridad a cumplir la edad de pensión. Estos programas deben ser aprobados por la Junta Directiva.
Etapas de los programas de afiliados próximos a cumplir la edad de pensión
Afiliados a falta de 12 años para cumplir la edad de pensión
Las administradoras deben contactar a los afiliados que les falten 12 años para cumplir la edad de pensión con el fin de que éstos reciban información adecuada sobre los dos regímenes, incluyendo la posibilidad de solicitar la asesoría de que trata el subnumeral 3.13. de este Capítulo. La información podrá ser proporcionada al afiliado de forma presencial o por medios electrónicos verificables.
Afiliados a falta de 5 años para cumplir la edad de pensión
Las administradoras deben llevar a cabo una revisión de la información básica de los afiliados a quienes les falten 5 años para cumplir la edad de pensión. Esta revisión debe incluir la información básica de los afiliados, el estado de su afiliación y la consistencia de su historia laboral, y en caso de presentar inconsistencias, realizar las acciones necesarias para corregirlas. En desarrollo de lo anterior las administradoras deben realizar como mínimo lo siguiente:
Revisar que los datos personales del afiliado estén completos y actualizados.
Verificar el estado de la afiliación con el fin de asegurar que no haya multiafiliación, y verificar la sincronización de sus bases de datos misionales y las del Sistema General de Pensiones.
Verificar que el afiliado no esté pensionado en otra administradora, tenga indicio de pensión con entidades públicas, o que aparezca como solicitud de pensión en trámite.
Verificar las deudas a cargo de Colpensiones a las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por concepto de los aportes de que tratan los artículos 2.2.16.1.14. y 2.2.16.7.18. del Decreto 1833 de 2016, y gestionar su cobro cuando sea necesario.
Revisar periodos cotizados, deudas y pagos correspondientes a traslados entre regímenes y entre administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Verificar las deudas por concepto de aportes de no vinculado entre administradoras y gestionar su cobro cuando sea necesario.
Depurar sus rezagos.
Verificar las gestiones realizadas para el cobro de la deuda real y presunta.
Verificar que el afiliado cuente con las historias laborales de que trata la sección 2.2.9.2.2. del Decreto 1833 de 2016.
Afiliados a falta de 2 años para cumplir la edad de pensión.
Para los afiliados a quienes les falten 2 años para cumplir la edad de pensión, las administradoras deben contactarlos con la finalidad de que éstos revisen su historia laboral e informen si están conformes con la misma. En caso de que el afiliado manifieste que existen inconsistencias en la información de su historia laboral, las administradoras deben realizar las gestiones necesarias para subsanarla antes de que se cumplan los requisitos para solicitar las prestaciones a que tenga derecho.
Para estos afiliados la administradora debe identificar los casos que sean susceptibles de una futura devolución de saldos o una indemnización sustitutiva con el objetivo de informarles sobre la posibilidad de vincularse al servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) o de acceder a una pensión familiar.
Evaluación del programa
Las administradoras deben contar con una estrategia de evaluación de impacto del programa de afiliados próximos a cumplir la edad de pensión, la cual debe contar con indicadores y metas de efectividad que deben ser revisadas por lo menos semestralmente por la Junta Directiva.
Asimismo, las administradoras deben conservar los soportes de las gestiones realizadas para todos los afiliados en desarrollo del programa, los cuales deben estar a disposición de la SFC en cualquier medio verificable.
Disposiciones relacionadas con obligaciones especiales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones –AFP-
Contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia
Es responsabilidad de las entidades administradoras verificar que las pólizas que se contraten para cubrir los riesgos de invalidez y sobrevivencia cumplan con los requisitos señalados en el subnumeral 3.2 del Capítulo II, Título IV de la Parte II de esta Circular.
Información respecto del aviso del siniestro
Las entidades administradoras deben avisar por cualquier medio verificable a las entidades aseguradoras con quien tengan contratada la póliza de seguro de invalidez y sobrevivencia, respecto de:
La radicación de una solicitud de pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de un afiliado.
La notificación de un proceso judicial relacionado con una pensión de sobrevivencia o de invalidez.
La solicitud de determinar la pérdida de la capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de la contingencia.
El recálculo de la suma adicional por el incremento del grado de invalidez de un pensionado, si aplica.
Deber de información para el cálculo de reservas técnicas del seguro de invalidez y sobrevivencia
Adicionalmente al aviso de cualquiera de los eventos señalados en el subnumeral 1.1.1 de este Capítulo, las entidades administradoras deben suministrar a las entidades aseguradoras con quien tengan contratada la póliza de seguro de invalidez y sobrevivencia el listado de solicitudes de subsidio económico por concepto favorable de rehabilitación, auxilios funerarios, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia y, según corresponda, la siguiente información:
Fecha de afiliación
Nombre / identificación del afiliado
Sexo del afiliado
Fecha de nacimiento
Fecha de solicitud del beneficio (notificación)
Tipo de cobertura (Invalidez o Sobrevivencia)
Fecha de fallecimiento o de estructuración de la invalidez en cada una de las instancias, si aplica.
Fecha del siniestro de incapacidad temporal, si aplica
Historia laboral
Ingreso Base de Liquidación (IBL) y/o Ingreso Base de Cotización (IBC) o mejor estimación
Origen del siniestro (común o laboral) en cada una de las instancias, si aplica
Número de semanas cotizadas
Estado civil del afiliado.
Composición del grupo familiar: fecha de nacimiento, sexo, parentesco (cónyuge, compañero/a, hijo, padre, madre, etc.), estado de salud (activo / inválido)
Saldo en la cuenta de ahorro individual con corte a la fecha de reporte o fecha de indemnización
Monto del bono pensional actualizado y capitalizado a la fecha de corte, si aplica
Porcentaje de pérdida de capacidad laboral para cada una de las instancias, si aplica
Concepto favorable de rehabilitación expedido por la Entidad Promotora de Salud (EPS), si aplica.
Las modificaciones a la información reportada con el aviso se deben dar a conocer a la entidad aseguradora, dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de estas.
Remisión de extractos a los afiliados y pensionados del RAIS
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 63 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, las sociedades administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad están en la obligación de remitir periódicamente a sus afiliados y pensionados extractos de sus cuentas individuales, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Periodicidad y plazo para el envío de extractos a los afiliados y pensionados
Las Administradoras de Fondos de Pensiones deben remitir a sus afiliados y pensionados, por lo menos trimestralmente, los extractos de sus cuentas individuales de ahorro pensional. En el caso de pensión de sobrevivientes, debe remitirse el extracto a todos los beneficiarios mayores de edad y los representantes legales de los menores de edad. En el evento de tratarse de una pensión temporal, debe advertirse tal hecho al beneficiario de esta.
Como quiera que esta obligación involucra a todos los afiliados y pensionados de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, es deber de las sociedades administradoras enviar los extractos a que se refiere este subnumeral a quienes, en cualquier momento, durante el período del extracto, hayan tenido el carácter de afiliados o pensionados. Cuando haya varios beneficiarios de una pensión de sobrevivientes, el extracto de cuenta debe ser enviado a todos ellos conforme a las reglas contenidas en el presente Capítulo.
Los extractos se deben remitir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) de la rentabilidad mínima con corte al cierre de cada trimestre (marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31). En aquellos eventos en que una sociedad administradora ofrezca a sus afiliados la remisión de extractos que comprendan períodos inferiores a un trimestre, debe dejar expresa constancia en el reglamento del fondo, de la periodicidad y del plazo dentro del cual serán enviados.
En aquellos eventos en que los extractos sean devueltos durante 2 períodos consecutivos porque la dirección que el afiliado o pensionado indicó expresamente para el recibo de correspondencia no es la correcta, la sociedad administradora debe adelantar las gestiones pertinentes para ubicar al afiliado y corregir la dirección, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el subnumeral 1.2 precedente. Hasta tanto sea corregida la dirección del afiliado, la administradora debe mantener, a disposición del afiliado o pensionado, los respectivos extractos.
Los extractos remitidos a aquellos afiliados que ingresaron a un tipo de fondo como consecuencia del traslado de otra administradora de cualquier régimen, durante el período del extracto, éste debe ir acompañado de un documento que contenga la historia laboral del afiliado, indicando el número de semanas cotizadas (o tiempo de servicios prestados, según corresponda) al Sistema General de Pensiones y, por cada período cotizado, la identificación del empleador, de la administradora en la que se efectuaron las cotizaciones, el período correspondiente, el salario base de cotización y el valor de las cotizaciones obligatorias (en el caso de las cotizaciones en el Régimen Ahorro Individual con Solidaridad, las mismas se refieren a lo abonado en la cuenta individual).
En todo caso, con corte al 30 de junio y 31 de diciembre, la historia laboral de los afiliados a que se refiere el párrafo anterior debe quedar a disposición de estos para consulta a través de la página de Internet de la respectiva entidad, dentro de los plazos previstos para la remisión de los extractos, en los que debe informar sobre este aspecto, indicando el procedimiento a seguir para dicha consulta. En la citada publicación se debe informar al afiliado que cuando lo solicite por cualquier medio verificable, la historia laboral le puede ser remitida por correo físico a la dirección que indique. Para el efecto, la entidad tendrá un plazo para la remisión de la misma de 15 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.
En aquellos eventos en que la sociedad administradora no publique la historia laboral de los afiliados para su consulta a través de la página de Internet, debe remitirla por correo físico o electrónico, en caso de que el afiliado así lo haya solicitado, dentro de los plazos previstos en el inciso anterior.
Contenido mínimo de los extractos
Los extractos periódicos que remitan las sociedades administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deben contener como mínimo la información descrita en los formatos que se establezcan para el efecto.
Medio y dirección a la cual deben remitirse los extractos periódicos
La Administradora de Fondos de Pensiones debe remitir los extractos a través de los medios establecidos en el artículo 2.6.10.4.1 del Decreto 2555 de 2010. En cuanto a la utilización del correo físico para el envío de los extractos a afiliados y pensionados, sólo puede darse respecto de los afiliados o pensionados que lo consientan de manera expresa.
Las entidades administradoras deben mantener en su página web un documento en el cual se explique de manera sencilla el significado de la información contenida en el extracto de afiliados.
Comisiones de los fondos de pensiones obligatorias
Comisión por administración aportes obligatorios
Determinación de la comisión por administración. Las entidades que administren fondos de pensiones obligatorias pueden determinar libremente el componente de comisión de administración de aportes obligatorios calculado sobre el ingreso base de cotización, al igual que la periodicidad de su cobro dentro del año calendario, con sujeción al límite de tasa previsto en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993. Por tanto, la tasa que se cobre a los afiliados por concepto de seguro de invalidez y sobrevivencia y comisión de administración de aportes obligatorios calculado sobre el ingreso base de cotización no puede exceder del 3% de la base de cotización.
Término de duración de la metodología para determinar la comisión. La metodología para la determinación del componente de comisión de administración calculado sobre el ingreso base de cotización debe mantenerse por un término no inferior a 1 año, con excepción de aquellos casos en los cuales la entidad reduzca el valor de la comisión. El término antes señalado debe establecerse en relación con todos los afiliados al fondo y no en forma individual, independientemente de la fecha de vinculación de cada afiliado.
Una vez transcurrido el término antes señalado, o el período que la entidad haya estipulado si éste es mayor, puede modificarse el componente de comisión de administración calculado sobre el ingreso base de cotización, así como la periodicidad para su cobro, para lo cual se debe atender el siguiente procedimiento:
Informar a cada afiliado con una antelación no inferior a 15 días hábiles respecto de la fecha en que vayan a surtirse dichas modificaciones, mediante comunicación dirigida a la última dirección registrada.
En la comunicación que la entidad remita al afiliado debe expresar la periodicidad de cobro de la comisión, el componente de comisión de administración que se calculará sobre el ingreso base de cotización, así como la fecha a partir de la cual deben empezar a regir las modificaciones correspondientes.
Los cambios introducidos en la metodología de cálculo de la comisión que conlleven a su vez el cambio en su valor deben ser informados con la misma antelación a la SFC.
Comisión por administración de pensiones bajo la modalidad de retiro programado
Las sociedades administradoras de los tipos de fondos de pensiones pueden cobrar por la administración de los recursos de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado un valor no superior al 1% de los rendimientos abonados durante el mes en la respectiva cuenta individual de ahorro pensional, sin que en ningún momento el valor de dicha comisión exceda el 1.5% de la mesada pensional. La comisión por este concepto puede cobrarse por cada mes vencido a partir del primer mes en que deba reconocerse la respectiva mesada.
Comisión por concepto de la administración de recursos de afiliados cesantes
Las sociedades administradoras de los tipos de fondos de pensiones pueden percibir en forma mensual como ingreso por concepto de la administración de recursos de afiliados cesantes, un valor no superior al 4.5% de los rendimientos abonados durante el mes en cada cuenta individual.
En todo caso, el valor mensual de esta comisión por cuenta individual no puede ser superior al valor que resulte de aplicar al último ingreso base de cotización del afiliado cesante, el 50% del porcentaje de comisión de administración de cotizaciones obligatorias que se encuentre cobrando la administradora a sus afiliados cotizantes. Para tal efecto, el último ingreso base de cotización debe reajustarse el primero de enero de cada año según la variación del IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
Con el fin de proceder al cobro de la comisión prevista en este aparte, se entiende que un afiliado dependiente se encuentra cesante durante el lapso comprendido entre la fecha de novedad de terminación del vínculo laboral, legal o reglamentario y el reporte del nuevo vínculo. No puede cobrarse comisión a los afiliados cuyos empleadores se encuentren en mora. Se presumen en mora los empleadores que no han continuado haciendo los aportes respectivos y no han reportado a la administradora la novedad del retiro.
Se presume que un trabajador independiente está cesante, cuando ha dejado de cotizar durante por lo menos 3 meses consecutivos.
Comisión por traslado de afiliados
En el evento en que un afiliado a los tipos de fondos de pensiones opte por trasladarse a otra sociedad administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, la entidad administradora de la cual se traslada el afiliado puede descontar por concepto de comisión de traslado, un valor no superior al 1% del ingreso base de cotización sobre el cual se efectuó el último recaudo, sin que en ningún caso exceda del 1% de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esta comisión debe ser descontada de la cuenta individual en el momento en que esté a disposición de la administradora a la cual se traslada el afiliado el valor de los recursos a trasladar.
Comisiones diferenciales
Dentro de los límites impuestos por la Ley 100 de 1993 y por esta Circular, las entidades que administren fondos de pensiones pueden establecer comisiones diferenciales por descuento para cada uno de los conceptos señalados en los subnumerales 1.3.1 a 1.3.4. El descuento en la fijación de la comisión debe considerar criterios de permanencia y regularidad de los afiliados en su relación con el tipo de fondo correspondiente y el valor del tipo de fondo individual.
El descuento debe presentarse como un porcentaje único que resulte de las anteriores consideraciones.
Las entidades que opten por fijar comisiones diferenciales no pueden utilizarlas como mecanismo para discriminar a determinados afiliados en el ejercicio de los derechos que la ley les confiere. Para tales efectos, las comisiones deben establecerse con base en los mismos criterios y en forma transparente, lo que significa que debe aplicarse idéntica comisión al afiliado o afiliados que se encuentren bajo los mismos supuestos previamente establecidos por la entidad. Así mismo, las comisiones diferenciales no pueden establecerse por grupos de afiliados, sino que su fijación debe ceñirse a la aplicación de los criterios antes señalados en relación con las condiciones individuales de cada afiliado frente al tipo de fondo.
Campañas de información y de educación para la promoción del esquema de multifondos
Las Administradoras de Fondos de Pensiones deben adelantar campañas de información y de educación financiera para la promoción del esquema de multifondos de los fondos de pensiones obligatorias, con el fin de ofrecer a sus afiliados información clara, completa, oportuna y que genere mayores elementos de juicio, para que éstos puedan adoptar decisiones informadas sobre (i) las alternativas de elección del esquema de multifondos durante la etapa de acumulación de acuerdo con su edad, horizonte de inversión y perfil de riesgo y (ii) los efectos de la toma de tales decisiones.
Las campañas de educación y de información para la promoción de este esquema pueden realizarse a través de la entidad que agremie a las entidades administradoras de fondos de pensiones, utilizando medios masivos de comunicación.
En todo caso, las entidades administradoras de fondos de pensiones deben adelantar dichas campañas a través de mecanismos que procuren que los consumidores financieros conozcan el esquema de multifondos, tales como: página de internet, remisión de cartillas, folletos o volantes educativos junto con los extractos o conferencias en las empresas donde laboren los afiliados de los fondos.
Las administradoras deben mantener a disposición de esta Superintendencia el material de la campaña correspondiente, por tal motivo, dicho material se debe conservar a través de cualquier medio verificable.
Las campañas de información y educación financiera para promover el esquema de multifondos de que trata el presente subnumeral deben contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos:
Tipos de fondos que conforman el esquema de multifondos.
Características de cada fondo de pensiones (perfil de riesgo, horizonte de inversión, objetivo, principales activos en que puede invertir, entre otros).
Perfil del afiliado al que está dirigido cada fondo teniendo en cuenta la edad, el horizonte de inversión y el grado de tolerancia al riesgo.
Condiciones para la elección y retracto del tipo de fondo.
Efectos de la elección para el afiliado, de acuerdo con su edad y perfil de riesgo.
Condiciones para el traspaso entre los diferentes tipos de fondos administrados por una misma administradora.
Condiciones para el traslado entre sociedades administradoras y traslado de régimen pensional.
Efectos del traslado de administradora, frente a los recursos pensionales y los tipos de fondos seleccionados.
Derechos y deberes de los afiliados a los fondos de pensiones de conformidad con lo señalado en los artículos 2.6.10.1.3. y 2.6.10.1.4. del Decreto 2555 de 2010.
Las reglas aplicables a la asignación por defecto y los efectos de su aplicación.
Cada vez que se promueva o publicite cualquier tipo de fondo del esquema de multifondos debe indicarse que corresponde al fondo de pensiones obligatorias y el tipo de fondo al que hace referencia, por ejemplo, fondo de pensiones obligatorias (nombre del Fondo) conservador, fondo de pensiones obligatorias (nombre del Fondo) moderado y fondo de pensiones obligatorias (nombre del Fondo) mayor riesgo.
El deber de adelantar campañas de información y educación para la promoción del esquema de multifondos no exime a las administradoras de la obligación de suministrar de manera particular a sus afiliados o potenciales afiliados asesoría e información clara, cierta, completa, comprensible y oportuna, que les permita tomar decisiones informadas.
Disposiciones relacionadas con los fondos administrados
Régimen de gastos admisibles para los tipos de fondos de pensiones obligatorios
Con cargo a los tipos de fondos de pensiones se pueden sufragar exclusivamente los gastos que se señalan a continuación, debiendo quedar expresa constancia en el correspondiente reglamento de administración:
Los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la defensa de los intereses de los tipos de fondos, cuando las circunstancias así lo exijan.
Los correspondientes al pago de comisiones por la utilización de comisionistas de bolsa y corredores de valores especializados en TES (CVTES), así como los gastos en que incurran en la negociación de las inversiones a través de sistemas de negociación de valores aprobados por la SFC o en el mercado mostrador registradas en un sistema de registro de operaciones sobre valores autorizado por esta Superintendencia, incluidos los gastos correspondientes a la utilización y acceso a tales sistemas.
Los intereses y demás rendimientos financieros que deban cancelarse por razón de operaciones de reporto o repo activas / pasivas y operaciones simultáneas activas / pasivas, siempre que estén autorizadas.
La pérdida en venta de inversiones, la pérdida en venta de bienes recibidos en pago, así como los gastos que surjan en la aplicación del Decreto 352 de 2017 y los demás gastos de índole similar que autorice con carácter general esta Superintendencia.
La remuneración correspondiente al revisor fiscal de los tipos de fondos.
Los gastos en que haya de incurrirse para la constitución de las garantías que deban otorgarse para hacer posible la participación de la administradora con recursos de los tipos de fondos en los procesos de privatización a que se refiere la Ley 226 de 1995.
Los gastos en que haya de incurrirse en la realización de operaciones a través de las cámaras de riesgo central de contraparte.
Los gastos de compensación y liquidación provenientes de la negociación de inversiones.
Los gastos derivados del registro de valores y los del depósito centralizado de valores que se generen en la realización de operaciones repo, transferencia temporal de valores (TTVs) y simultáneas.
Los gastos derivados del registro de operaciones con instrumentos financieros derivados y con productos estructurados que no se compensen y liquiden en sistemas de compensación y liquidación, incluido el registro de operaciones en los sistemas de registro de operaciones sobre divisas, y los gastos correspondientes a la utilización y acceso a tales sistemas.
Los gastos derivados del registro de operaciones con instrumentos financieros derivados y con productos estructurados realizadas en el mercado mostrador, en un sistema de registro de operaciones sobre valores autorizado por la SFC, tengan o no la calidad de valores, incluidos los gastos correspondientes a la utilización y acceso a tales sistemas.
Elección o cambio de tipo de fondo de pensiones obligatorias
Las Administradoras de Fondos de Pensiones deben poner a disposición de sus afiliados medios verificables a través de los cuales éstos puedan realizar la elección o cambio de tipo de fondo dentro del esquema de multifondos.
La disposición de los medios verificables por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones debe efectuarse por medios físicos, caso en el cual deben adoptar el formato que se establezca para el efecto junto con su respectivo instructivo, disponibles en el Anexo 2 del presente Capítulo, o a través de su canal de distribución de servicios financieros de internet.
Independientemente del medio verificable que se ponga a disposición de los afiliados, las Administradoras de Fondos de Pensiones deben:
Asegurar que al afiliado se le suministre de manera obligatoria y previa toda la información sobre el esquema multifondos y las características de cada uno de los tipos de fondos.
Garantizar que se le exigirá al afiliado ratificar que ha comprendido la información suministrada mediante la aplicación de un cuestionario, siendo obligatorio que éste conteste acertadamente tal evaluación de forma previa a la elección o cambio de tipo de fondo.
Advertir al afiliado antes de que manifieste su “ACEPTACIÓN Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD”, acerca de la importancia de haber entendido la información suministrada.
Para efectos de la utilización del canal de distribución de servicios financieros de internet, es necesario que la respectiva Administradora de Fondo de Pensiones obtenga la no objeción previa de la SFC para lo cual debe:
Acreditar que el canal cuenta con los mecanismos y las medidas de seguridad necesarios para establecer en todo momento que es el afiliado quien manifiesta de manera expresa y libre su elección o cambio de tipo de fondo.
Contar con un sistema de información que le explique al afiliado como mínimo, los aspectos señalados en la Proforma B.6000-17.
Asegurar que el sistema en caracteres destacados, le indica al afiliado los medios de que dispone la sociedad administradora para resolver cualquier duda que se le presente, antes de tomar la decisión de elección o cambio de tipo de fondo.
Disponer de mecanismos que permitan validar, si realmente corresponde a la primera elección del afiliado o a un cambio de tipo de fondo.
Establecer mecanismos que le informen al afiliado la fecha en la que se hará efectiva la orden impartida.
Tanto para la elección o cambio, por medio del formato establecido para el efecto a través del canal de distribución de servicios financieros de internet de la Administradora de Fondo de Pensiones, es necesario que el afiliado responda una encuesta que permita establecer su perfil de riesgo, advirtiéndole que la misma arroja como resultado una sugerencia, más no la obligación, del tipo de fondo a seleccionar. La sociedad administradora debe dejar evidencia del resultado de dicha encuesta, la cual debe tener en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos:
Rango de edad al momento de realizar la solicitud
Años en los que proyecta pensionarse (años contados a partir de la fecha de solicitud)
Tolerancia a las pérdidas del capital acumulado
Tolerancia del afiliado al riesgo en busca de una mejor rentabilidad
Periodicidad con la que el afiliado se informa sobre la rentabilidad de los tipos de fondos de pensiones obligatorias
El modelo de encuesta para evaluar el perfil de riesgo puede realizarse individualmente por cada Administradora de Fondos de Pensiones o a través de la entidad que las agremie. Dicho modelo debe remitirse para no objeción previa de la SFC, indicando cada uno de los aspectos a evaluar, la puntuación asignada a cada una de las respuestas y el procedimiento a seguir para determinar el tipo de fondo sugerido.
Retracto de la elección de tipo de fondo
El afiliado puede ejercer la opción de retracto de su primera elección de tipo de fondo por una única vez. En el evento en que el afiliado decida ejercer la citada opción de retracto, la misma puede ser presentada por escrito o a través del canal de distribución de servicios financieros de internet. Las Administradoras de Fondos de Pensiones deben validar que la solicitud de retracto presentada por el afiliado se ejerce frente a su primera elección y que la misma se ha efectuado dentro del término establecido en el artículo 2.2.2.2.1. del Decreto 1833 de 2016.
Surtido el procedimiento anterior, las Administradoras de Fondos de Pensiones deben informar al afiliado, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud de retracto sobre la aceptación o rechazo de la misma, utilizando para el efecto el mismo medio empleado por el afiliado. En todos los casos, se debe dejar evidencia de dicha respuesta.
Transferencia de títulos y/o valores entre los diferentes fondos, como consecuencia de los cambios de tipo de fondo
Las juntas directivas de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, deben aprobar las políticas de distribución de títulos y/o valores para aquellos eventos en que el traspaso de recursos entre los diferentes tipos de fondos, como consecuencia de los cambios de tipo de fondo, se realice mediante la transferencia de títulos y/o valores.
Para la definición de las citadas políticas, las juntas directivas deben tener en consideración el objetivo de cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, su perfil de riesgo, su horizonte de inversión y su rentabilidad objetivo. En las citadas políticas se debe indicar que corresponde al comité de inversiones de la administradora tomar la decisión sobre los títulos y/o valores a transferir.
Dichas políticas deben permitirle a la administradora actuar con diligencia e imparcialidad en la distribución de los títulos y/o valores, evitando conflictos de interés en la asignación de beneficios o pérdidas que se puedan dar entre los distintos tipos de fondos.
Cada vez que las sociedades administradoras transfieran títulos y/o valores entre los diferentes tipos de fondos administrados como consecuencia de cambios en los tipos de fondo, deben realizar una compensación entre los valores a trasladar por cada tipo de fondo, de tal forma que únicamente se lleven a cabo transferencias por el neto resultante.
El valor por el cual se transfieren títulos y/o valores entre los diferentes tipos de fondo, como consecuencia de cambios de tipos de fondo, debe corresponder al valor por el cual se encontraban registrados en la contabilidad al cierre del día inmediatamente anterior a la transferencia.
El comité de inversiones de las sociedades administradoras, cada vez que transfieran títulos y/o valores entre los tipos de fondos administrados, como consecuencia de cambios de tipos de fondo debe elaborar y mantener a disposición de la SFC un acta de distribución de los títulos, en donde se indique, por lo menos:
La fecha en que se realiza la transferencia.
Los valores compensados entre los tipos de fondo, junto con los documentos que soportan dichos valores, y el neto transferido.
El número asignado por la entidad a la inversión en el tipo de fondo que la transfiere, el cual debe corresponder al reportado en el formato 351 - Composición del portafolio de inversiones el día inmediatamente anterior a la transferencia. En ningún caso se pueden transferir títulos y/o valores adquiridos el mismo día de la transferencia.
Valor por el cual se transfiere cada título y/o valor.
Razón por la cual se transfieren cada uno de los títulos, la cual debe ser consistente con las políticas establecidas por la junta directiva.
Nombre y firma de quienes suscriben el acta.
El valor de la unidad con el cual un tipo de fondo traspasa recursos a otro, como consecuencia de cambios de tipo de fondo, debe corresponder al valor de la unidad de operación del día en que se transfieren los títulos y/o valores, esto es el día 20 calendario de cada mes o el día hábil siguiente.
Criterios metodológicos para la conformación del componente de referencia para tener en cuenta en el cálculo de la rentabilidad mínima obligatoria de los fondos de pensiones obligatorias de la etapa de acumulación.
Para cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias de acumulación deben tenerse en cuenta los siguientes criterios metodológicos en la constitución, composición y actualización del componente de referencia para efectos del cálculo de la rentabilidad mínima obligatoria, el cual debe conformarse por la suma ponderada de las rentabilidades calculadas con base en un conjunto de índices del mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Índices del mercado
El componente de referencia para tener en cuenta para el cálculo de rentabilidad mínima de cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias de la etapa de acumulación se conforma con la variación porcentual (rentabilidad), en términos efectivos anuales, que durante el período de cálculo correspondiente presenten los siguientes índices:
Índice para renta variable local: Índice Agregado de Renta Variable Local (IARVL) establecido en el subnumeral 1.10.2.3. del Capítulo III Título III Parte II de la presente Circular.
Índice para renta fija internacional: Barclays Capital Global Aggregate Bond Index.
Índice para renta variable internacional: Morgan Stanley Capital International All Country World Index (MSCI ACWI).
Ponderación de índices para renta fija local.
En el caso de los fondos mayor riesgo y moderado se debe tener en cuenta la variación porcentual del promedio simple de las rentabilidades de los índices de Deuda Pública COLTES LP (Largo Plazo) y COLTES UVR.
En el caso del fondo conservador se debe tener en cuenta el índice de Deuda Pública COLTES.
Componente de referencia
El componente de referencia para cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias de la etapa de acumulación debe conformarse por la suma ponderada de las rentabilidades de los índices del mercado mencionados. Para el efecto, las citadas rentabilidades deben ponderar así:
Siendo:
(A): Porcentaje de la inversión en títulos en moneda extranjera en el portafolio del tipo de fondo (promedio diario de acuerdo con el periodo de rentabilidad mínima de cada tipo de fondo)
(B): Porcentaje del fondo sin cobertura cambiaria en títulos en dólar estadounidense (USD) (promedio mensual sobre el período de rentabilidad mínima de cada tipo de fondo)
(C): Límite de inversión en moneda extranjera sin cobertura para el tipo de fondo, según lo definido en el régimen de inversiones
(D): Porcentaje de la inversión en títulos de renta variable del exterior en el portafolio del tipo de fondo (promedio diario de acuerdo con el periodo de rentabilidad mínima de cada tipo de fondo)
(E): Porcentaje de la inversión en títulos de deuda del exterior en el portafolio del tipo de fondo (promedio diario de acuerdo con el periodo de rentabilidad mínima de cada tipo de fondo)
Rentabilidad mínima obligatoria para el fondo especial de retiro programado.
Índices del mercado
La rentabilidad mínima obligatoria para el fondo especial de retiro programado será determinada de acuerdo con la suma ponderada de las rentabilidades que presenten los siguientes índices, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6.5.1.9. del Decreto 2555 de 2010.
Índice representativo del mercado de renta variable local: Índice Agregado de Renta Variable Local (IARVL) establecido en el subnumeral 1.10.2.3. del Capítulo III Título III Parte II de la presente Circular.
Índice representativo del mercado accionario del exterior: Morgan Stanley Capital International All Country World Index (MSCI ACWI).
Índice representativo del mercado de TES en UVR: Índice de Deuda Pública COLTES UVR.
Porcentajes de ponderación para las rentabilidades de los índices de mercado.
La SFC calculará los porcentajes de ponderación de las rentabilidades de los índices de mercado como el promedio simple, calculado a la fecha de cierre de los doce (12) meses anteriores, de las participaciones de las inversiones en los tipos de activos descritos en el presente subnumeral.
Los porcentajes de ponderación de las rentabilidades de los índices de mercado serán informados por la SFC dentro de los 10 días hábiles del mes de julio de cada año, y se tendrán en cuenta para el cálculo de la rentabilidad mínima obligatoria de los siguientes 12 meses, desde el mes de julio del año de la publicación hasta el mes de junio del año siguiente.
El porcentaje de ponderación del índice IARVL será calculado con base en la participación de las inversiones en acciones de emisores nacionales y fondos de inversión colectiva representativos de índices accionarios locales.
%IARVL = ‘participación renta variable local’
Las rentabilidades del índice MSCI ACWI serán calculadas tanto en dólares estadounidenses como en pesos colombianos, las cuales serán ponderadas de acuerdo con los criterios establecidos a continuación.
El porcentaje de ponderación de la rentabilidad calculada en dólares estadounidenses del índice MSCI ACWI será el mínimo entre el límite establecido en el régimen de inversión para las inversiones en moneda extranjera sin cobertura cambiaria y la participación de las inversiones en moneda extranjera sin cobertura cambiaria en acciones de emisores extranjeros, fondos de inversión internacionales representativos de índices accionarios y activos alternativos del exterior.
El porcentaje de ponderación de la rentabilidad calculada en pesos colombianos del índice MSCI ACWI será el resultado de tomar el mínimo entre el límite establecido en el régimen de inversión para las inversiones en títulos y/o valores participativos y la participación de las inversiones en acciones de emisores extranjeros, fondos de inversión internacionales representativos de índices accionarios y activos alternativos del exterior, y restar a este valor el porcentaje de ponderación obtenido en el subnumeral 2.6.2.2.1. de este Capítulo.
El porcentaje de ponderación de la rentabilidad del índice COLTES UVR para las demás inversiones admisibles, será el resultado de restar al 100% los porcentajes obtenidos en los subnumerales de ponderación obtenidos en los subnumerales 2.6.2.1, 2.6.2.2.1, y 2.6.2.2.2. de este Capítulo.
Disposiciones relacionadas con nuevas modalidades de pensión
De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 79 de la Ley 100 de 1993, esta Superintendencia autoriza, de manera general, las siguientes modalidades de pensión, las cuales deben ser ofrecidas a sus afiliados por las entidades administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, atendiendo las siguientes instrucciones:
Definiciones generales
Para efectos de lo establecido en este subnumeral se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:
Afiliado: Es la persona que hace parte del Sistema General de Pensiones en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, mediante su afiliación a una sociedad que administre fondos de pensiones.
Pensionado: Es la persona que ha cumplido los requisitos para acceder a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Mesada pensional: Corresponde al pago mensual que efectúa la administradora o aseguradora, según el caso, con ocasión del reconocimiento de una pensión por causa de vejez, invalidez o sobrevivencia. Dicho pago se efectúa de manera vencida.
Mesada adicional: Pago adicional a las 12 mesadas anuales a que tienen derecho los pensionados del Sistema General de Pensiones, de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Auxilio funerario: Es el pago que debe efectuar la aseguradora o administradora que tiene a su cargo el pago de la pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes, por causa del fallecimiento del pensionado, a la persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro del pensionado, equivalente al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, el cual no debe ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 10 veces dicho salario.
Renta vitalicia diferida: Corresponde a los pagos de mesadas pensionales a partir del mes siguiente a aquél en que termina el periodo de diferimiento y hasta la pérdida del derecho del pensionado y del último de los beneficiarios de ley, momento en el cual cesa la obligación. Si dicha pérdida se presenta durante el periodo de diferimiento no habría lugar a la devolución del capital correspondiente a la renta vitalicia diferida.
A la renta vitalicia diferida le son aplicables, en lo pertinente, las previsiones contenidas en el subnumeral 3.3.2.2.2 del Capítulo II, Título IV de la Parte II de esta Circular.
Tomador: Persona que celebra el contrato de seguro con la compañía de seguros seleccionada y que corresponde al pensionado en el caso de pensiones de vejez o invalidez y, a los beneficiarios de ley en el caso de pensiones de sobrevivientes.
Prima única: Corresponde al monto que debe ser girado a la aseguradora elegida por el afiliado o sus beneficiarios al contratar una renta vitalicia con la aseguradora.
Renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto
Definiciones. En adición a los términos definidos de manera general para todas las modalidades, para los efectos de esta modalidad de pensión se entiende por:
Asegurados: Corresponde a los pensionados a los que se les ha reconocido el derecho al pago de una pensión por causa de vejez o invalidez, así como a los beneficiarios de Ley de una pensión por muerte del afiliado o pensionado.
Renta temporal cierta: Corresponde a pagos de mesadas pensionales por un período determinado, desde la fecha de inicio de vigencia del contrato hasta la fecha de inicio de la renta vitalicia de diferimiento cierto.
Durante la vigencia de esta renta, siempre habrá lugar al pago de una mesada pensional o de un beneficio, por cuanto no depende de la sobrevivencia del pensionado o de sus beneficiarios de ley.
Período de diferimiento cierto: Corresponde al período de vigencia pactado para la renta temporal cierta.
Renta vitalicia de diferimiento cierto: Corresponde a pagos de mesadas pensionales a partir del mes siguiente a aquel en que termina el periodo de diferimiento y hasta la pérdida del derecho del pensionado y del último de los beneficiarios de ley, momento en el cual cesa la obligación. Si dicha pérdida se presenta durante el periodo de diferimiento la aseguradora debe pagar el capital correspondiente a esta renta, efectuadas las deducciones previstas en el plan de pensiones respectivo.
Entidades que participan en la modalidad
Esta modalidad está a cargo de las compañías de seguros de vida que tengan aprobado el ramo de seguro de pensiones Ley 100 y que cuenten con la aprobación individual correspondiente para el plan de pensiones que rige esta modalidad, de acuerdo con lo señalado en el subnumeral 3.7.2. de este Capítulo.
Descripción general de la modalidad
Bajo esta modalidad el afiliado, contrata simultáneamente con una aseguradora de su elección el pago de una renta temporal cierta y el pago de una renta vitalicia de diferimiento cierto, que inicia una vez expire el periodo de diferimiento cierto y dura hasta el fallecimiento del pensionado o del último beneficiario de Ley.
La aseguradora se obliga a pagar las mesadas pensionales adicionales a que haya lugar, y el auxilio funerario al fallecimiento del pensionado por vejez o invalidez.
Características especiales
En esta modalidad el afiliado o sus beneficiarios pueden optar por una mesada pensional más alta durante el período de diferimiento cierto, y menor en la renta vitalicia de diferimiento cierto o, viceversa, dependiendo de sus necesidades.
El monto de la mesada pensional durante la renta vitalicia de diferimiento cierto no puede en ningún caso ser inferior al 70% ni superior al 200% del monto de la mesada de la renta temporal cierta, porcentaje que se determina con base en las mesadas pensionales de la renta vitalicia de diferimiento cierto, expresadas en pesos de la fecha de la contratación de la modalidad.
La duración de la renta temporal cierta no puede ser inferior a 1 año ni superior a 10 años.
En ningún caso la pensión a pagar durante la renta temporal cierta o en vigencia de la renta vitalicia de diferimiento cierto puede ser inferior a 1 smmlv.
Una vez contratada esta modalidad de pensión la misma es irrevocable sin perjuicio de lo dispuesto en el EOSF sobre cesión de activos, pasivos y contratos y demás normas relativas al funcionamiento de las instituciones financieras. Ninguna de las partes puede poner término a la modalidad renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, la cual debe permanecer vigente hasta la muerte del pensionado o del último de sus beneficiarios de ley.
Si uno de los asegurados fallece durante el período de diferimiento cierto, se genera un beneficio respecto de la renta vitalicia de diferimiento cierto, dada la exclusión de este asegurado en el cálculo actuarial, el cual debe ser reconocido como un mayor valor de mesada pensional de dicha renta o como un pago único a los otros asegurados.
En caso de fallecimiento de todos los asegurados durante el período de diferimiento cierto y siempre que no existan más beneficiarios con derecho a la pensión, la suma del valor presente de los pagos pendientes de la renta temporal cierta y el valor del pago único de la obligación pendiente de la renta vitalicia con diferimiento cierto, deben ser destinados a acrecentar la masa sucesoral del causante de la pensión.
El pago único de la obligación pendiente de la renta vitalicia con diferimiento cierto, se determina mediante el cálculo de la reserva matemática a la fecha del fallecimiento.
Participación de utilidades
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 108 de la Ley 100 de 1993, en esta modalidad de pensión la aseguradora se obliga a retornar al asegurado un porcentaje de participación de las utilidades originadas en la inversión de las reservas técnicas constituidas para la operación de dicha modalidad, a partir de la fecha de inicio de pagos de la renta vitalicia de diferimiento cierto.
Asunción de riesgos
En esta modalidad de pensión, el afiliado traslada a la aseguradora de su elección los riesgos de extra longevidad y de mercado, por lo que el monto de la pensión no está sujeto a variaciones derivadas de una mayor o menor longevidad de los asegurados o de las fluctuaciones de los instrumentos en los que se encuentren invertidas las reservas constituidas por la aseguradora.
Renta temporal variable con renta vitalicia diferida
Entidades que participan en la modalidad
La sociedad administradora de fondos de pensiones obligatorias a la cual se encuentre vinculado el afiliado está a cargo de la administración de la mesada pensional durante la renta temporal.
La compañía de seguros de vida que tenga aprobado el ramo de seguro de pensiones Ley 100 estará a cargo de la renta vitalicia diferida.
Descripción general de la modalidad
La renta temporal variable con renta vitalicia diferida, es la modalidad de pensión en la cual un afiliado contrata con la aseguradora de su elección, una renta vitalicia que se paga a partir de una fecha posterior al momento en que se pensiona, reteniendo en su cuenta individual de ahorro pensional los recursos suficientes para que la sociedad administradora de fondo de pensiones le pague, con cargo a dicha cuenta, una renta temporal durante el período comprendido entre el momento en que se pensiona y la fecha en que la renta vitalicia comience a ser pagada por la aseguradora.
Igualmente, y de acuerdo con la ley, habrá lugar al pago de las mesadas pensionales adicionales, ya sea por la sociedad administradora de fondos de pensiones o por la aseguradora, y al fallecimiento del pensionado, el pago del auxilio funerario a cargo de la aseguradora que expidió la renta vitalicia diferida.
Características especiales
En esta modalidad el afiliado puede optar por una mesada pensional más alta durante el período de la renta temporal y menor en la renta vitalicia diferida o, viceversa, dependiendo de sus necesidades.
El monto de la mesada pensional durante la renta vitalicia diferida no puede en ningún caso ser inferior al 70% ni superior al 200% del monto de la mesada de la renta temporal, porcentaje que debe determinarse con base en las mesadas pensionales de la renta vitalicia diferida, expresadas en pesos de la fecha de la contratación de la modalidad.
En ningún caso la pensión a pagar durante la renta temporal variable o en vigencia de la renta vitalicia diferida puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente.
El monto de las mesadas canceladas durante la renta vitalicia diferida, deben ajustarse cada año en la variación del IPC certificado por el DANE para el año calendario inmediatamente anterior, o en el incremento del salario mínimo legal mensual vigente para dicho año, cuando sea del caso, de tal manera que la pensión no sea inferior a este salario.
Una vez contratada la renta vitalicia diferida, la decisión es irrevocable.
La mesada de la renta temporal se recalcula cada año con base en el saldo de la cuenta individual.
La renta temporal debe constituirse por un lapso mínimo de 1 año y máximo de 10 años.
La última mesada pensional pagada bajo la modalidad de renta temporal debe corresponder al saldo total existente en la cuenta de ahorro individual del pensionado.
El saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el pensionado o sus beneficiarios disfrutan de una renta temporal variable, no puede ser inferior al capital requerido para contratar con la aseguradora que emitió la renta vitalicia diferida, una renta temporal por lo menos igual al salario mínimo legal mensual vigente durante el tiempo de pago que le falte para acceder a la renta vitalicia diferida. La aseguradora que emitió la renta vitalicia diferida debe garantizar el otorgamiento de dicha prestación.
Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos que queden en la cuenta individual al fallecer un pensionado que esté disfrutando de la renta temporal, debe acrecentar la masa sucesoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 100 de 1993.
Asunción de riesgos
En esta modalidad de pensión, durante el tiempo que se encuentre disfrutando de una renta temporal variable, el pensionado o sus beneficiarios de ley asumen el riesgo de mercado frente al capital que se ha retenido en su cuenta individual de ahorro pensional para el pago de la renta temporal, esto es, el riesgo derivado de las variaciones en los precios de los títulos, valores o participaciones en que se encuentren invertidos tales recursos. Dado que la renta temporal se contrata por un tiempo determinado el afiliado no asume el riesgo de extra-longevidad.
En cuanto a la renta vitalicia diferida, el afiliado traslada a la aseguradora de su elección los riesgos de extra-longevidad y de mercado, por lo que el monto de la pensión no está sujeto a variaciones derivadas de una mayor o menor longevidad de los asegurados o de las fluctuaciones de los instrumentos en que se encuentren invertidas las reservas constituidas por la aseguradora.
Retiro programado sin negociación del bono pensional
Entidad que participa en la modalidad
La Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre vinculado el afiliado está a cargo de la administración de la respectiva mesada pensional.
Descripción general de la modalidad
El retiro programado sin negociación del bono pensional es la modalidad de pensión en la cual el afiliado se pensiona, de manera anticipada a la fecha de redención del bono pensional emitido, bajo la modalidad de retiro programado descrita en el artículo 81 de la Ley 100 de 1993, sin necesidad de negociar el citado bono.
Para acceder a esta modalidad de pensión el saldo en la cuenta de ahorro individual, sin considerar el monto del bono pensional, debe ser suficiente para cubrir el 130% de las mesadas pensionales proyectadas bajo la modalidad de retiro programado a pagar desde el momento en que se pensiona el afiliado, hasta la fecha de redención normal del bono pensional.
Bajo esta modalidad, la sociedad administradora le paga al pensionado o a los beneficiarios de ley la pensión con cargo a la cuenta de ahorro individual.
A esta modalidad le son aplicables las normas previstas para la modalidad de pensión de retiro programado de que trata el artículo 81 de la Ley 100 de 1993. No obstante, para efectos de calcular cada año la anualidad en unidades de valor constante, en los años en que no se haya redimido normalmente el bono pensional, se debe tener en cuenta el valor actualizado y capitalizado del bono pensional a la fecha de cálculo (o recálculo) del monto de la pensión.
Los excedentes de libre disponibilidad deben calcularse únicamente en el momento en que el bono pensional sea redimido.
En esta modalidad de pensión debe tenerse en cuenta que, como consecuencia de las actualizaciones de la historia laboral del afiliado, el valor del bono pensional a la fecha de recálculo de la pensión puede ser diferente al valor con el que se calculó inicialmente.
Mientras el bono pensional no se haya redimido y pagado o negociado, el pensionado no puede optar por otra modalidad de pensión de las establecidas en la ley o autorizadas por la SFC.
Asunción de riesgos
En esta modalidad de pensión, al tratarse de un retiro programado, el pensionado asume los riesgos de mercado y de extra longevidad, lo que significa que el monto de la pensión está sujeto al comportamiento de los precios de los títulos, valores o participaciones en que se encuentren invertidos los recursos de la cuenta individual, así como al riesgo de que el pensionado o sus beneficiarios vivan más allá de las probabilidades estimadas en las tablas de mortalidad emitidas por esta Superintendencia.
Control de saldos
Las Administradora de Fondos de Pensiones que paguen pensiones bajo esta modalidad, deben controlar permanentemente que el saldo de la cuenta individual de ahorro pensional, mientras el bono no se redima, no sea inferior al monto de las mesadas a pagar durante los próximos 6 meses. En el evento en que el saldo sea inferior a dicho monto, la administradora debe proceder a negociar el respectivo bono, previa información al pensionado sobre dicha circunstancia.
Con la elección de esta modalidad de pensión, el afiliado autoriza expresa e irrevocablemente a la sociedad administradora de fondos de pensiones a negociar el bono pensional en el caso descrito en el inciso anterior.
Renta temporal variable con renta vitalicia inmediata
Entidades que participan en la modalidad
La AFP a la cual se encuentre vinculado el afiliado está a cargo de la administración de la parte correspondiente de la mesada pensional, mientras opere la renta temporal.
La aseguradora de vida que tenga aprobado el ramo de seguro de pensiones Ley 100 estará a cargo de la renta vitalicia inmediata.
Descripción general de la modalidad
La renta temporal con renta vitalicia inmediata es la modalidad de pensión en la cual un afiliado contrata con la aseguradora de su elección el pago de una renta vitalicia inmediata a partir de la fecha en que se pensiona, reteniendo en la cuenta individual de ahorro pensional los recursos suficientes para que la sociedad administradora de fondos de pensiones le pague, con cargo a dicha cuenta y de manera simultánea a la renta vitalicia inmediata, una renta temporal durante el período acordado con la sociedad administradora.
De acuerdo con la ley, habrá lugar al pago de las mesadas pensionales adicionales, tanto por la AFP, respecto de la renta temporal y mientras esté vigente, como por la aseguradora, en relación con la renta vitalicia inmediata. Así mismo, al fallecimiento del pensionado por vejez o invalidez, dará lugar al pago del auxilio funerario a cargo de la aseguradora que expidió la renta vitalicia inmediata. El monto del auxilio se debe calcular teniendo en cuenta el valor total de la mesada pensional que está recibiendo el pensionado tanto por la renta vitalicia inmediata como por la renta temporal.
El monto de la pensión en esta modalidad corresponde a la suma de las mesadas pagadas tanto por la renta temporal como por la renta vitalicia inmediata.
Características especiales
En esta modalidad el afiliado o sus beneficiarios optan por una mesada pensional total más alta durante el período de la renta temporal y menor en la renta vitalicia inmediata.
En todo caso, la suma de la mesada total recibida mientras se tenga derecho al pago de la renta temporal, no puede ser superior al 200% del monto de la mesada a que tiene derecho por la renta vitalicia inmediata.
En ningún caso la parte de la pensión a pagar mediante la renta vitalicia puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente.
El monto de las mesadas canceladas por la renta vitalicia inmediata, se deben ajustar cada año, en la variación del IPC certificado por el DANE para el año calendario inmediatamente anterior, o en el incremento del salario mínimo legal mensual vigente para dicho año, cuando sea del caso, de tal manera que la pensión no sea inferior a este salario.
Una vez contratada esta modalidad de pensión, la porción correspondiente a la renta vitalicia inmediata es irrevocable. En caso de que el pensionado opte por revocar la renta temporal, los recursos deben destinarse a incrementar el valor de la mesada de la renta vitalicia.
La mesada de la renta temporal se recalcula cada año con base en el saldo de la cuenta individual.
La renta temporal debe constituirse por un lapso mínimo de 1 año y máximo de 10 años.
El último pago bajo la renta temporal debe corresponder al saldo total existente en la cuenta de ahorro individual de ahorro pensional.
Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos que queden en la cuenta individual de ahorro pensional al fallecer un pensionado o beneficiarios que estén disfrutando de la renta temporal, debe acrecentar la masa sucesoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 100 de 1993.
Asunción de riesgos
En esta modalidad de pensión, durante el tiempo que se encuentre disfrutando de una renta temporal, el pensionado o sus beneficiarios asumen el riesgo de mercado frente al capital que se ha retenido en su cuenta individual de ahorro pensional para el pago de la renta temporal, esto es, el riesgo derivado de las variaciones en los precios de los títulos, valores o participaciones en que se encuentren invertidos tales recursos. Dado que la renta temporal se contrata por un tiempo determinado y de manera simultánea a la renta vitalicia inmediata, el pensionado no asume el riesgo de extra-longevidad.
En cuanto a la renta vitalicia inmediata, el pensionado o sus beneficiarios trasladan a la aseguradora de su elección los riesgos de extra-longevidad y de mercado, por lo que el monto de la pensión no está sujeto a variaciones derivadas de una mayor o menor longevidad de los asegurados o de las fluctuaciones de los instrumentos en los que se encuentren invertidas las reservas constituidas por la aseguradora.
Autorización de otras modalidades de pensión
Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía y las aseguradoras de vida pueden proponer a la SFC que, en desarrollo de la facultad otorgada por el artículo 79 de la Ley 100 de 1993, autorice de manera general nuevas modalidades de pensión en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, efecto para el cual, la solicitud debe cumplir con las siguientes condiciones mínimas:
3.6.1. Adjuntar una explicación de la modalidad propuesta, indicando su estructura jurídica, técnica y financiera. Para tal efecto, la modalidad a proponer debe considerar los aspectos técnicos y jurídicos establecidos por la normatividad vigente, tales como, tablas de mortalidad, tasa de interés técnico, limitaciones legales y constitucionales a los montos de la pensión y número de mesadas, etc.
3.6.2. Indicar de manera expresa los riesgos asociados a la referida modalidad en todas sus etapas, determinando quién asumirá dichos riesgos (aseguradora, pensionado u otros).
Adjuntar un comparativo de la modalidad propuesta frente a cada una de las modalidades de pensión contempladas en la Ley 100 de 1993 y demás autorizadas por la SFC, a efectos de determinar las diferencias y similitudes con éstas.
Adjuntar simulaciones, con bases de datos reales de pensionados sobre el posible comportamiento de las mesadas pensionales bajo la modalidad propuesta.
Condiciones para el ofrecimiento de nuevas modalidades de pensión
Disposiciones relacionadas con las modalidades en que intervengan sociedades administradoras de fondos de pensiones.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones deben remitir a la SFC la información que se señala a continuación a fin de obtener la respectiva autorización:
El modelo del contrato a celebrar con el afiliado o sus beneficiarios, como mínimo debe contener:
La descripción de la modalidad de pensión y los requisitos mínimos para acceder a la respectiva modalidad.
Los beneficios ofrecidos que deben corresponder como mínimo a los de Ley, esto es, el pago de una pensión por vejez, invalidez o sobrevivencia, el pago del auxilio funerario por muerte de un pensionado y el pago de las mesadas pensionales correspondientes.
La descripción de los riesgos asociados a la respectiva modalidad de pensión, especialmente, los riesgos de extra-longevidad del pensionado y su grupo familiar y los riesgos de mercado.
La advertencia sobre las variaciones que se pueden presentar en el monto de las mesadas pensionales.
Las condiciones legales que se deben cumplir para tener la calidad de beneficiarios de Ley de un pensionado por vejez o invalidez y poder acceder a una pensión de sobrevivientes.
La indicación de que el valor de la mesada pensional no puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente.
Los mecanismos para el reajuste o recálculo de las pensiones.
El mecanismo que se utilizará para el pago de las mesadas pensionales, así como la fecha en que se hará efectivo.
El costo de la comisión de administración de los recursos mientras los mismos permanezcan en la cuenta de ahorro pensional, el cual no puede ser superior al establecido por la SFC para la modalidad de retiro programado.
La advertencia en el sentido que cuando la modalidad seleccionada involucre una operación de seguros no habrá lugar al cobro de ninguna suma por concepto de comisión de intermediación.
La aceptación expresa del afiliado o sus beneficiarios de los riesgos y condiciones propias de la modalidad de pensión escogida.
La nota técnica cuyas bases actuariales no pueden ser distintas a las definidas para el Sistema General de Pensiones en cuanto a las tablas de mortalidad de inválidos y de rentistas y la tasa de interés técnico real.
La descripción de los procesos, procedimientos y manuales relacionados con la operación y control de la modalidad de pensión.
Cualquier otra información que la SFC considere necesaria.
Disposiciones relacionadas con los planes de pensiones asociados a las modalidades de pensión, en las que intervengan entidades aseguradoras
Las entidades aseguradoras de vida interesadas en explotar alguna de las modalidades autorizadas por la ley o por esta Superintendencia, deben obtener en forma individual y previa, aprobación para ofrecer los planes de pensiones correspondientes, para lo cual deben remitir la siguiente información:
El modelo del contrato a celebrar que, como mínimo, debe contener:
La cobertura ofrecida, esto es, el pago de una pensión, el pago del auxilio funerario por muerte de pensionado y las mesadas pensionales adicionales que correspondan.
Las condiciones legales que se deben cumplir para tener la calidad de beneficiarios de ley de un pensionado por vejez o invalidez y poder acceder a una pensión de sobrevivientes.
La descripción de los riesgos asociados a la respectiva modalidad de pensión y al plan de pensiones y la manifestación expresa del afiliado o sus beneficiarios de que conocen y aceptan las consecuencias de tales riesgos.
La indicación de que el valor de la mesada pensional no puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente y que los montos de las pensiones se reajustan en los términos y condiciones establecidas por la ley.
El mecanismo que se utilizará para el pago de las mesadas pensionales, así como la fecha en que se hará efectivo.
La advertencia en el sentido que no habrá lugar al cobro de ningún gasto por concepto de comisión de intermediación.
La condición sobre la participación de utilidades en beneficio de los pensionados, cuando el plan de pensiones involucre una operación de seguro.
La indicación y descripción de los beneficios adicionales que otorga el respectivo plan.
Un estudio de factibilidad del plan de pensiones, en el cual como mínimo, se deben especificar los elementos técnicos y financieros definidos para el manejo de los recursos pensionales, las necesidades de información e indicar si con carácter general se requiere la implementación de alguna herramienta o mecanismo para el seguimiento del negocio.
Copia del acta de la junta directiva, en donde conste que la administración de la entidad sometió a consideración y aprobación de este órgano social, el estudio de factibilidad realizado para solicitar la autorización para operar el nuevo plan de pensiones.
La descripción de los ajustes que se realizarán desde el punto de vista operativo, contable y tecnológico, con ocasión del nuevo plan de pensiones, para efectos de reportar la información a la SFC.
La descripción de los procesos, procedimientos y manuales relacionados con la operación y control del nuevo plan de pensiones.
Las medidas y procedimientos de control interno previstos para la operación del nuevo plan de pensiones.
La nota técnica cuyas bases actuariales no pueden ser distintas a las definidas para el Sistema General de Pensiones, en cuanto a las tablas de mortalidad de inválidos y de rentistas y la tasa de interés técnico real de la reserva matemática. la cual debe ser menor o igual a la empleada en el cálculo de la prima. La nota técnica debe atender los requisitos definidos en el subnumeral 1.8. del Capítulo II, Título IV de la Parte II de esta Circular.
Cualquier otra información que la SFC considere necesaria.
Modificación de los planes de pensiones: toda modificación que se pretenda realizar a las condiciones establecidas en el plan de pensiones requiere la aprobación previa de la SFC, para cuyo efecto también deben remitirse los ajustes a la nota técnica correspondiente.
Disposiciones relacionadas con los fondos administrados
Reglamento de funcionamiento de los fondos de cesantías
El artículo 160 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) dispone que todo fondo de cesantía debe tener un reglamento de funcionamiento, aprobado de manera general o individual por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
En virtud de lo anterior, se ha considerado procedente impartir las siguientes instrucciones, en orden a facilitar el ejercicio de la actividad de estos fondos dentro de las normas legales vigentes:
Régimen de aprobación general
Se entienden aprobados por la SFC todos los reglamentos de funcionamiento de los fondos de cesantía, debidamente adoptados por la junta directiva o el órgano competente de la respectiva sociedad administradora, siempre y cuando el contenido de sus previsiones se ajuste cabalmente a las exigencias mínimas que se señalan a continuación:
Denominación del fondo
El fondo de cesantía se denominará “Fondo de Cesantías XXX” o “XXX Fondo de Cesantías”; en consecuencia, cuando se utilice esta expresión en los diversos contratos o documentos que se suscriban y en las disposiciones internas de la sociedad administradora, debe entenderse que se hace referencia al fondo de cesantía.
Naturaleza jurídica del fondo
El fondo de cesantía es un patrimonio autónomo independiente del patrimonio de la sociedad administradora, conformado por cuentas de capitalización individual representadas en unidades. Cada cuenta individual debe tener 2 subcuentas, una de corto plazo que corresponde al portafolio de corto plazo y una de largo plazo que corresponde al portafolio de largo plazo.
Partícipes del fondo
Son partícipes del fondo de cesantía las personas que se relacionan a continuación:
Los trabajadores particulares vinculados mediante contratos de trabajo que se afilien al fondo.
Los trabajadores particulares que, no obstante hallarse vinculados mediante contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la Ley 50 de 1990, se hayan acogido voluntariamente al régimen especial de auxilio de cesantía previsto en los artículos 99 y siguientes de dicha ley y se hayan afiliado al fondo.
Las personas naturales que, sin estar subordinadas a un empleador, realicen personal y directamente una actividad económica o, quienes siendo empleadores laboren en su propia empresa y decidan voluntariamente afiliarse al fondo.
Recursos de los portafolios del fondo de cesantía
Los portafolios del fondo de cesantía tienen las siguientes fuentes de recursos:
Las sumas que por concepto de auxilio de cesantía sean aportadas de conformidad con lo previsto en los artículos 249 a 258 del Código Sustantivo del Trabajo y artículos 98 a 106 de la Ley 50 de 1990.
Las sumas entregadas como aportes voluntarios por los afiliados independientes a que se refiere el subnumeral 1.1.1.3.3. anterior.
Los rendimientos generados por los activos que integran los portafolios del fondo, cualquiera que sea su naturaleza.
El producto de las operaciones de venta de activos, así como los créditos que puedan obtenerse, y
Cualquier otro ingreso que resulte a favor de los portafolios del fondo.
Destinación de los recursos de los portafolios del fondo
Los recursos de los portafolios de corto y largo plazo del fondo deben destinarse única y exclusivamente a su inversión en valores de adecuada rentabilidad, seguridad y liquidez, en las condiciones y con sujeción a las limitaciones que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
Operaciones no autorizadas
En la realización de las operaciones con recursos de los portafolios del fondo de cesantía las administradoras deben abstenerse de:
Conceder créditos a cualquier título con los dineros de los portafolios del fondo.
Dar en prenda los activos de los portafolios del fondo, otorgar avales o establecer cualquier otro gravamen que comprometa dichos activos, salvo cuando se trate de actos destinados a garantizar créditos obtenidos para la adquisición de los mismos o exista autorización expresa por parte del Gobierno Nacional.
Celebrar con los activos de los portafolios del fondo operaciones que no estén permitidas en su régimen de inversiones o en porcentajes superiores a los permitidos en el mismo.
Actuar como contraparte de los portafolios del fondo en desarrollo de los negocios que constituyen el giro ordinario de éste.
Con excepción de los comisionistas de bolsa y corredores de valores, utilizar agentes, mandatarios u otro tipo de intermediarios en la realización de las operaciones propias de la administración de los portafolios del fondo, a menos que ello resulte indispensable para la realización de la operación propuesta.
Delegar, de cualquier manera, las funciones y responsabilidades que como administrador de los portafolios del fondo le corresponden.
Llevar a cabo prácticas inequitativas o discriminatorias en detrimento de los intereses de los afiliados.
Rechazar los dineros correspondientes al auxilio de cesantía que consignen los empleadores y aportantes independientes.
Derechos de los afiliados
Además de los derechos que por ley les corresponden y de los establecidos en el artículo 2.6.7.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los afiliados al fondo tienen los siguientes:
Poseer una cuenta de capitalización individual representada en unidades, en la que se refleje diariamente el valor de los portafolios del fondo.
Participar de los rendimientos financieros generados por los portafolios del fondo, sea que ellos se deriven de intereses causados, dividendos, valorizaciones de los activos que los integran o cualquier otro ingreso que corresponda al giro ordinario de sus operaciones, determinados a través de métodos de reconocido valor técnico.
Retirarse del fondo en los casos previstos por las normas legales vigentes.
Obtener la información financiera relativa al fondo que señale la SFC.
Tener acceso permanente a la información sobre el saldo en unidades y en pesos de su cuenta de capitalización individual y sobre las comisiones cobradas por la sociedad administradora, por los medios aprobados por la SFC.
Recibir, por lo menos semestralmente, un extracto de su cuenta de capitalización individual de acuerdo con lo que para el efecto señale la SFC.
Ser informado del valor de la comisión de manejo y de retiro de los portafolios del fondo y de los cambios que, previa aprobación de la junta directiva de la sociedad administradora, se efectúen a las mismas.
Transferir el valor de sus unidades a otra sociedad administradora, o entre los portafolios del mismo fondo previo aviso por cualquier medio verificable en los términos y condiciones determinadas al efecto por la ley.
Participar con voz y voto en la asamblea de afiliados. El afiliado tendrá tantos votos como unidades posea en el fondo.
Destinar parcial o totalmente las cesantías causadas o por causarse, en forma libre y voluntaria, en el marco del mecanismo de protección al cesante definido en la Ley 1636 de 2013 y el Decreto 135 de 2014 y demás normas que los modifiquen o deroguen.
Obligaciones y prohibiciones de los afiliados
Los afiliados no pueden afiliarse a más de un fondo de cesantía por cada contrato de trabajo celebrado con un mismo empleador y están sujetos a las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las adicionales que les señale la ley:
Pagar la comisión de manejo pactada, siempre que el portafolio del fondo obtenga una rentabilidad superior a la mínima establecida por el Gobierno Nacional.
Dar aviso, a través de cualquier medio verificable tanto a la sociedad administradora como a su empleador, de su deseo de transferir el valor de sus unidades a otra sociedad administradora, en los términos y condiciones señalados por la ley; y
Cumplir con el procedimiento señalado en la ley para efectos del retiro definitivo o anticipado de cada uno de los portafolios del fondo.
Derechos de la sociedad administradora
Además de los derechos que por ley le corresponden, la sociedad administradora tiene los siguientes:
Definir, dentro del marco señalado por la ley, la composición de los portafolios de inversiones.
Celebrar con los activos de los portafolios del fondo operaciones de reporto hasta el límite señalado en su régimen de inversiones y en los porcentajes permitidos en el mismo.
Recibir la comisión prevista por ley para cada uno de los portafolios.
Exigir, si así lo estima conveniente, la autenticación y el reconocimiento de firmas en los documentos de vinculación y retiro del fondo; y
Previa solicitud del trabajador y a costa de éste, adelantar ante las autoridades competentes las respectivas acciones de cobro derivadas del incumplimiento de la obligación, a cargo del empleador, de entregar a satisfacción el auxilio de cesantía liquidado anualmente.
Obligaciones de la sociedad administradora
Además de las contempladas en el artículo 31 del EOSF y de las que se deriven de la adecuada administración de los portafolios administrados, la sociedad administradora tiene las siguientes obligaciones:
Desplegar todo su esfuerzo, conocimiento y diligencia en la administración de los recursos que conforman el fondo.
Mantener los activos y pasivos del portafolio de corto plazo separados de los del portafolio de largo plazo, de los demás fondos administrados y de los activos de su propiedad, de suerte que en todo momento pueda conocerse si un bien determinado es de propiedad del portafolio de corto o largo plazo, de otro fondo administrado por la misma entidad o de la sociedad.
Conservar actualizada y en orden cronológico la información y documentación relativa a las operaciones de cada uno de los portafolios.
Enviar, por lo menos semestralmente, extractos de cuenta de los movimientos de cada una de las subcuentas del afiliado, con sujeción a las instrucciones contenidas en este capítulo.
Mantener cuentas corrientes o de ahorro destinadas a manejar exclusivamente los recursos administrados. En este caso, debe identificarse claramente el portafolio al cual pertenece la cuenta.
Cobrar oportunamente los rendimientos financieros generados por los activos que integran los portafolios.
Abonar diariamente a cada trabajador afiliado y a prorrata de sus aportes individuales, la parte que le corresponda en los rendimientos obtenidos por el respectivo portafolio.
Hacer efectivas en los términos de ley las sumas de las subcuentas de capitalización que un trabajador desee transferir a otro fondo de la misma naturaleza. En este caso, los documentos que le sirvan de soporte al traslado deben ir firmados por el trabajador, acompañados de una copia de su documento de identidad.
Suministrar al afiliado las informaciones de que trata el subnumeral 1.1.1.7 del presente Capítulo.
Valorar los portafolios de corto y largo plazo del fondo.
Garantizar la rentabilidad mínima obligatoria.
Las obligaciones que asume la sociedad administradora tienen el carácter de obligaciones de resultado, solo en cuanto se garantiza a los afiliados que la rentabilidad de cada uno de los portafolios del fondo en ningún caso sea inferior a la rentabilidad mínima obligatoria calculada y divulgada por la SFC, de conformidad con lo dispuesto por las normas legales vigentes.
Para tales efectos, la sociedad administradora debe responder con su propio patrimonio, bien sea directamente o a través de la reserva de estabilización de rendimientos que se constituye como parte del mismo en los términos y condiciones al efecto señalados en los artículos 2.6.4.1.1. y siguientes del Decreto 2555 de 2010.
Rentabilidad de los portafolios del fondo
Adicional a lo dispuesto en el subnumeral 1.1.1.10.11. de este Capítulo, al cierre de cada mes, se establecerá la rentabilidad alcanzada por los portafolios con base en las instrucciones establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF), así como en las disposiciones legales respectivas.
Gastos de los portafolios del fondo
Son de cargo de cada portafolio, los gastos a que se refiere el subnumeral 1.2 siguiente del presente capítulo y que se imputen al mismo por la sociedad administradora.
Procedimiento de ingreso al fondo
Para efectos del procedimiento de ingreso, se deben seguir las instrucciones señaladas en el subnumeral 1.4 del presente Capítulo en materia del contenido mínimo de los documentos que deben utilizarse para tal efecto.
En cualquier evento, tratándose de trabajadores particulares, la afiliación se produce desde el momento en que el empleador consigne el valor liquidado por concepto de auxilio de cesantía en la cuenta de capitalización individual a nombre de cada trabajador en el fondo. En este evento, al comprobante de consignación debe acompañarse la respectiva liquidación detallada por cada trabajador, firmada tanto por el empleador como por cada uno de éstos, al igual que fotocopia de los correspondientes documentos de identificación de los afiliados, de acuerdo con lo establecido en el subnumeral 1.4 del presente Capítulo. En todo caso, la afiliación se produce desde la fecha de la consignación.
Las personas naturales no subordinadas o las que sean empleadores y laboren en su propia empresa quedan afiliadas al fondo desde el momento en que efectúan la primera consignación. La sociedad administradora puede verificar la autenticidad de los documentos presentados.
La sociedad administradora debe mantener la información de los afiliados, relacionada con las unidades que posee cada afiliado, las pignoraciones sobre la cesantía, la fecha de ingreso al fondo y los retiros y pagos hechos en cada una de las subcuentas.
Retiro del fondo
El retiro del afiliado del fondo puede producirse por:
Por muerte del afiliado
Por terminación del contrato de trabajo por cualquier causa, cuando se hace la solicitud de retiro de los recursos
Por voluntad propia, tratándose de afiliados independientes
Por traslado a otra sociedad administradora
Por sustitución patronal, cuando se den las circunstancias previstas en el numeral 4 del artículo 69 del Código Sustantivo de Trabajo
Procedimiento en caso de retiro
Terminado el contrato de trabajo por muerte del afiliado, la entrega de las sumas correspondientes debe hacerse con sujeción al procedimiento establecido en el artículo 258 del Código Sustantivo de Trabajo y demás disposiciones aplicables sobre la materia.
Cuando la terminación del contrato de trabajo ocurra por cualquiera de las causales previstas en la ley laboral, distintas a la de la muerte del trabajador, basta la solicitud del afiliado para el retiro total de las sumas de dinero abonadas en su cuenta, presentada en los términos y condiciones que señale el Decreto 1072 de 2015. En este caso, la sociedad administradora debe entregar al trabajador las sumas a su favor dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.
Tratándose de retiros anticipados de las sumas abonadas en las subcuentas del afiliado como consecuencia de la liquidación y pago parcial de las cesantías con destino a la adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces destinados a la vivienda del afiliado, la sociedad administradora debe efectuar el giro correspondiente y descontar el anticipo del saldo que aquel posea, desde la fecha de la entrega efectiva, previa solicitud formulada por el afiliado y observancia de los requisitos y formalidades al efecto consagrados por la ley.
Tratándose de retiros de cesantías para estudio, se debe dar aplicación a lo dispuesto en el numeral 2.2.1.3.19. del Decreto 1072 de 2015, y a lo establecido en la Ley 1064 de 2006.
Tratándose de los retiros contemplados en el artículo 3 de la Ley 1071 de 2006, se debe atender el procedimiento contemplado en esta ley.
Las administradoras deben habilitar canales no presenciales tales como internet, call center, aplicaciones móviles (Apps), audio respuesta, entre otros, para orientar o permitir el retiro de las cesantías, en los eventos autorizados por la ley. En todo caso, deben garantizar el uso de canales presenciales para aquellos afiliados que prefieran hacer uso de estos.
Retención de cesantías
En aquellos eventos en los que el empleador esté autorizado para retener las cesantías se aplicará lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 50 de 1990.
Comisión de manejo
Siempre que se supere la rentabilidad mínima a que se refiere el 1.1.1.10.11 del presente Capítulo, la sociedad administradora tiene derecho a cobrar por la administración de los portafolios, la comisión que determine la misma sociedad, con sujeción a lo señalado por la SFC.
Contratos con entidades financieras
La sociedad administradora puede celebrar contratos para la utilización de la red de oficinas de los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, como apoyo para la ejecución de sus negocios, en los casos y con sujeción a las condiciones señaladas en el numeral 2 del artículo 158 del EOSF.
Duración del fondo
El fondo debe tener una duración igual a la de la sociedad administradora, sin perjuicio de que, previa autorización de la SFC se produzca su disolución anticipada.
Disolución del fondo
Son causales de disolución del fondo:
La expiración del plazo establecido para su duración, y
La orden de autoridad competente debidamente ejecutoriada.
Régimen de aprobación individual, modificaciones y adiciones
Los reglamentos que no reúnan los requisitos mínimos establecidos en el artículo 160 del EOSF y en el numeral 1.1.1. del presente Capítulo, deben obtener, de manera individual, la previa aprobación de la SFC, así como cualquier adición o modificación que se pretenda introducir al reglamento.
Así mismo, cuando el reglamento contenga previsiones adicionales o que no se ajusten en su contenido, total o parcialmente, a las señaladas en este Capítulo, deben someterse a aprobación de la SFC pero únicamente con respecto a tales previsiones.
Para estos efectos, las sociedades administradoras deben indicar en la solicitud respectiva las previsiones del reglamento materia de la aprobación correspondiente, acompañando copia íntegra del reglamento y copia del acta de la junta directiva o del órgano social competente en la cual conste su adopción.
Información a la Superintendencia Financiera de Colombia
Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que el fondo de cesantía vaya a entrar en operación, la sociedad administradora debe informar a SFC acerca de la adopción del respectivo reglamento de administración, acompañando copia de este y del acta de la junta directiva, o del órgano social competente, en la cual conste su correspondiente aprobación.
Régimen de gastos admisibles para los portafolios de corto y largo plazo del fondo de cesantías
Con cargo a cada uno de los portafolios del fondo de cesantía se pueden sufragar exclusivamente los siguientes gastos, de lo cual debe quedar expresa constancia en su reglamento de administración:
Los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la defensa de los intereses de los portafolios, cuando las circunstancias así lo exijan.
Los correspondientes al pago de comisiones por la utilización de comisionistas de bolsa y corredores de valores especializados en TES (CVTES), así como los gastos en que incurran en la negociación de las inversiones a través de sistemas de negociación de valores aprobados por la SFC o en el mercado mostrador registradas en un sistema de registro de operaciones sobre valores autorizado por esta Superintendencia, incluidos los correspondientes al acceso a tales sistemas.
Los intereses y demás rendimientos financieros que deban cancelarse por razón de operaciones de reporto o repo activas/pasivas y operaciones simultáneas activas/pasivas, siempre que estén autorizadas.
La pérdida en venta de inversiones, la pérdida en venta de bienes recibidos en pago y los demás gastos de índole similar que autorice con carácter general esta Superintendencia.
La comisión de administración o manejo, en favor de la sociedad administradora, en la forma establecida por esta Superintendencia, que se cause, siempre y cuando se supere la rentabilidad mínima a que se refieren las disposiciones legales.
Los gastos en que haya de incurrirse para la constitución de las garantías que deban otorgarse para hacer posible la participación de la administradora con recursos de los portafolios del fondo en los procesos de privatización a que se refiere la Ley 226 de 1995.
Los gastos en que haya de incurrirse en la realización de operaciones a través de las cámaras de riesgo central de contraparte.
Los gastos de compensación y liquidación provenientes de la negociación de inversiones.
Los gastos derivados del registro de valores y los del depósito centralizado de valores que se generen en la realización de operaciones repo, transferencia temporal de valores (TTVs) y simultáneas.
Los gastos derivados del registro de operaciones con instrumentos financieros derivados y con productos estructurados que no se compensen y liquiden en sistemas de compensación y liquidación, incluido el registro de operaciones en los sistemas de registro de operaciones sobre divisas y los gastos correspondientes a la utilización y acceso a tales sistemas.
Los gastos derivados del registro de operaciones con instrumentos financieros derivados y con productos estructurados realizadas en el mercado mostrador, en un sistema de registro de operaciones sobre valores autorizado por esta Superintendencia, tengan o no la calidad de valores, incluidos los gastos correspondientes a la utilización y acceso a tales sistemas.
Los gastos correspondientes a la remuneración del revisor fiscal de los portafolios del fondo de cesantías.
Comisiones
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías pueden cobrar por la administración de los portafolios de inversión de los fondos de cesantía a que se refiere el artículo 2.6.7.1.1. del Decreto 2555 de 2010, las siguientes comisiones:
Sobre el valor del portafolio de inversión de corto plazo, una comisión de hasta el 1% anual, liquidada en forma diaria.
Sobre el valor del portafolio de inversión de largo plazo, una comisión de hasta el 3% anual, liquidada en forma diaria.
Sobre el valor de cada retiro anticipado, una comisión de hasta el 0.8%.
Las comisiones deben cobrarse con arreglo a lo que se establezca en el reglamento que para el funcionamiento del fondo de cesantías adopte la administradora.
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 50 de 1990, los valores anteriores se causan a favor de la administradora solamente cuando se acredite que ésta ha cumplido con la obligación de obtener la rentabilidad mínima de que trata el artículo 101 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 1328 de 2009.
Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende por retiro anticipado el que efectúa el afiliado para cualquiera de los fines contemplados en los numerales 2 y 3 del artículo 102 de la Ley 50 de 1990.
Auxilio de cesantía
Consignación del auxilio de cesantía
Con el objeto de recibir de los empleadores los recursos correspondientes a la liquidación del auxilio de cesantía de sus trabajadores, las administradoras habilitarán los canales que estimen necesarios para que se adelanten las consignaciones. En los eventos en los cuales se deba diligenciar un formato, este debe contener, al menos, la siguiente información:
Ciudad, fecha y oficina en la cual se realiza el pago.
Nombre o razón social de la empresa que efectúa el pago y su NIT o el nombre del empleador y su documento de identificación, si es persona natural.
La dirección y el teléfono del empleador.
El número de trabajadores respecto de los cuales se realiza el pago de cesantías.
El valor total del pago.
Los formatos de pago deben ir acompañados de una relación de los trabajadores cuyo auxilio de cesantía se consigna, en la que se indique respecto de cada trabajador, como mínimo, los siguientes datos:
El nombre y documento de identidad del trabajador
La dirección, el número del teléfono y el correo electrónico del trabajador.
El nombre del empleador, la dirección y el teléfono
El valor del auxilio de cesantía que se paga, con su liquidación detallada, es decir fecha de ingreso del trabajador (en formato aaaa/mm/dd), período de liquidación (en formato aaaa), número de días base de liquidación y salario base de liquidación.
El valor de la sanción por mora en la consignación de las cesantías.
Adicionalmente, en las proformas de pago debe indicarse si el trabajador cuyo auxilio de cesantía se consigna se encuentra cobijado por el régimen especial a que hace referencia el numeral 2 del artículo 98 de la Ley 50 de 1990.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías quedan autorizadas para recibir la anterior información por cualquier medio, sin perjuicio de cumplir con la obligación que les asiste de exigir de los respectivos empleadores la remisión inmediata de la relación de trabajadores cuyo auxilio de cesantía se paga.
El valor total del pago que aparezca en el formato de pago debe coincidir con el resultado de la sumatoria de todos los valores expresados en la relación de los trabajadores, a que se refiere el anterior subnumeral 1.4.1.6.
Las administradoras deben habilitar canales no presenciales tales como internet, call center, aplicaciones móviles (Apps), audio respuesta, entre otros, para el diligenciamiento del formato, la remisión de la documentación señalada en el subnumeral 1.1.1.13 del presente capítulo y el pago de los dineros correspondientes a la liquidación del auxilio de cesantía. En todo caso, deben garantizar el uso de canales presenciales a aquellos afiliados que prefieran hacer uso de estos.
Plazo para consignación
El numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con el numeral 4 del artículo 164 del EOSF, establece como plazo para realizar, por parte del empleador, el pago del valor liquidado anualmente por concepto de auxilio de cesantía hasta “antes del 15 de febrero del año siguiente”. Por lo tanto, las consignaciones que se realicen hasta la medianoche del día 14 de febrero deben entenderse efectuadas dentro de dicho plazo legal. En el evento en que el día 14 de febrero corresponda a un día no hábil, el plazo se extiende hasta la medianoche del día hábil siguiente.
Afiliación de personas independientes
Para la afiliación al fondo de cesantías de personas independientes, las administradoras deben hacer diligenciar, previamente al recibo de sus cotizaciones, un formato de afiliación en el cual se exprese:
Datos personales: Nombre completo, documento de identidad, dirección residencia, número de teléfono, y
Datos sobre su actividad económica u ocupación: descripción de la actividad o del oficio u ocupación que realiza personal y directamente. Si es empleador y labora en su propia empresa, se debe indicar el nombre o razón social, el NIT, la dirección y el teléfono.
Este formato debe estar firmado por la persona que se afilia, quien lo debe presentar acompañado de una copia de su declaración de renta del año inmediatamente anterior, debidamente presentada ante la Dirección Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, así como de copia de su documento de identidad. En el evento en que el solicitante no adjunte la declaración de renta, por no estar obligado a ella de acuerdo con la ley tributaria, el monto total de sus cotizaciones voluntarias no puede ser superior, en ningún tiempo, a la cuantía que corresponda a la máxima de ingresos admisible para no estar obligado a presentar declaración de renta.
Las administradoras deben habilitar canales no presenciales tales como internet, call center, aplicaciones móviles (Apps), audio respuesta, entre otros, para el procedimiento de afiliación referido en este subnumeral. En todo caso, deben garantizar el uso de canales presenciales a aquellos afiliados que prefieran hacer uso de estos.
Traslado a otra administradora
La administradora que solicite el traslado de un afiliado debe diligenciar un formulario de traslado, suscrito por el afiliado, copia del cual debe remitir a la anterior administradora, junto con una copia del documento de identidad de éste.
La anterior administradora debe trasladar el valor de las unidades del afiliado a la nueva administradora, anexando la información correspondiente al respectivo traslado, para lo cual puede utilizar un formato en el medio acordado.
Si se trata del traslado de un afiliado, dicho formato contendrá, por lo menos lo siguiente:
El nombre de la administradora que realiza el traslado.
El nombre de la administradora que recibe los valores objeto del traslado.
El valor trasladado en moneda legal colombiana, especificando la fecha de la liquidación del traslado, el número de unidades trasladadas por cada una de las subcuentas y el valor de las unidades a dicha fecha, así como la última fecha de selección o modificación de perfil de administración realizado por el afiliado.
La información personal del afiliado: nombre, documento de identidad, dirección y teléfono.
La información laboral del afiliado: nombre o razón social del empleador, NIT o documento de identificación, dirección y teléfono.
Si el traslado es de un afiliado independiente se puede utilizar otro formato que contenga, además de la información señalada en los subnumerales 1.4.4.1.1. a. 1.4.4.1.4., la siguiente:
Los datos sobre su actividad económica u ocupación: descripción de su actividad o del oficio u ocupación que realiza personal y directamente, adjuntando la documentación requerida para la afiliación. Si es empleador y labora en su propia empresa, se debe indicar el nombre o razón social de ésta, el NIT, la dirección y el teléfono.
La administradora que realice el traslado está en la obligación de comunicarle simultáneamente por escrito al afiliado la información relacionada con el traslado.
Las administradoras deben habilitar canales no presenciales tales como internet, call center, aplicaciones móviles (Apps), audio respuesta, entre otros, para el diligenciamiento del formulario y la remisión de la información señalada en este subnumeral. En todo caso, deben garantizar el uso de canales presenciales a aquellos afiliados que prefieran hacer uso de estos.
Remisión de extractos a los afiliados a los fondos de cesantías
Las sociedades administradoras de fondos cesantías están en la obligación de remitir periódicamente a sus afiliados extractos de sus cuentas individuales, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Periodicidad y plazo para el envío de extractos a los afiliados
Las sociedades administradoras deben remitir a sus afiliados, por lo menos semestralmente, los extractos de sus cuentas individuales.
Como quiera que esta obligación involucra a todos los afiliados al fondo de cesantías, es deber de las sociedades administradoras enviar los extractos a que se refiere este subnumeral, a quienes, en cualquier momento durante el periodo del extracto, hayan tenido el carácter de afiliados.
Los extractos deben remitirse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación por parte de la SFC de la rentabilidad mínima con corte a marzo 31 y septiembre 30. En aquellos eventos en que una sociedad administradora ofrezca a sus afiliados la remisión de extractos que correspondan a periodos inferiores a un semestre, deben dejar expresa constancia en el reglamento del fondo de la periodicidad y del plazo dentro del cual serán enviados.
Con los extractos con corte al 30 de septiembre, se debe remitir la información completa sobre los derechos y obligaciones de los afiliados al fondo y los efectos que se derivan de la selección entre los portafolios de inversión de corto plazo y largo plazo de los aportes y/o recursos de los fondos de cesantías.
Contenido mínimo de los extractos y uso obligatorio del formato único
Los extractos deben informar como mínimo lo siguiente, de conformidad con el formato único establecido por la SFC, disponible en el Anexo 1 del presente Capítulo:
Saldo inicial y final del periodo
Valor y fecha de consignación del auxilio de cesantía
Traslados desde y hacia el fondo de cesantía
Retiros parciales de cesantía
Retiros definitivos de cesantía
Comisión cobrada por retiros parciales
Porcentaje de comisión por administración
Rendimientos abonados durante el período, y
Rentabilidad efectiva anual de los portafolios del fondo y de las subcuentas individuales
Medio y dirección a la cual deben remitirse los extractos periódicos
Los extractos deben remitirse por el medio que el afiliado haya indicado expresamente para su recibo.
La SFC debe evaluar la idoneidad y seguridad del medio para el envío de los extractos al momento de autorizar su inclusión en el reglamento del fondo de cesantías.
Valoración subcuentas individuales
El valor de cada uno de los portafolios de corto y largo plazo del fondo de cesantías debe determinarse en forma diaria de conformidad con el procedimiento establecido por esta Superintendencia y expresarse en unidades de igual monto y características, donde las unidades miden el valor de los aportes de los afiliados y su mayor valor representa los rendimientos que se han obtenido en el período respectivo, como consecuencia de la gestión adelantada por la administradora, sin la injerencia de factores extraños que afecten la transparencia de su manejo y que atenten contra los principios inspiradores de una sana competencia entre las administradoras.
Cuando una administradora estime procedente efectuar aportes con sus propios recursos a los portafolios administrados debe efectuarlos de forma tal que los mismos no alteren la rentabilidad de los portafolios, ni por consiguiente, el valor de la unidad, pues las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías no pueden sustraerse a su obligación legal de administrar e invertir los recursos de los portafolios de corto y largo plazo del fondo en activos de acuerdo con el régimen de inversión definido por el Gobierno Nacional, con el propósito de obtener la rentabilidad mínima exigida, utilizando el traslado del dinero al portafolio que administran.
En conclusión, las donaciones de dinero tanto de la misma sociedad administradora como de cualquier persona natural o jurídica deben abonarse a los portafolios administrados, previo el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, tratarse como una consignación y abonarse como unidades en las cuentas individuales a nombre de los afiliados.
Mecanismo de protección al cesante
Sin perjuicio de las disposiciones aplicables al auxilio de la cesantía por parte de las sociedades administradoras de los fondos de cesantías, con el fin de que se logren los objetivos y se dé una adecuada aplicación de la normatividad en materia de acceso y ejecución del mecanismo de protección al cesante de que trata la Ley 1636 de 2013, el Decreto 135 de 2014 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, constituyen obligaciones especiales de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías:
Tener a disposición de los afiliados al fondo de cesantías el formato que determine el Ministerio del Trabajo a través del cual el trabajador autoriza la destinación de todo o parte de sus cesantías para ahorro en el mecanismo de protección al cesante.
Divulgar y promover en sus canales de servicio la destinación que pueden dar los afiliados de manera libre y voluntaria a parte o la totalidad de las cesantías para la financiación del mecanismo de protección al cesante. Especialmente, durante el primer trimestre de cada anualidad, deben disponer campañas y acciones orientadas a explicar a sus afiliados la operatividad de dicho mecanismo.
Adoptar los mecanismos que correspondan a fin de que la decisión de los trabajadores sobre destinación de cesantías para ahorro en el mecanismo de protección al cesante pueda realizarse por medios electrónicos, con las debidas seguridades informáticas y de protección de datos.
Trasladar a la caja de compensación familiar requiriente, el ahorro y los rendimientos destinados por el beneficiario para el mecanismo de protección al cesante, dentro del plazo previsto por el artículo 7 de la Ley 1636 de 2013 y utilizando el mismo procedimiento definido para el pago de cesantías a los afiliados, propendiendo porque los traslados sean efectuados en línea.
Desarrollar herramientas de información y consulta sobre las condiciones de los beneficiarios del mecanismo de protección al cesante, en particular sobre el registro de éstos para el acceso a los beneficios, consultando los criterios de seguridad y protección de datos que sean aplicables.
Conservar la destinación de ahorro decidida por el afiliado a los recursos orientados al citado mecanismo, en caso de traslado entre entidades administradoras de cesantías.
Contabilizar, en forma separada, los recursos de ahorro voluntario destinados por los trabajadores para el mecanismo de protección al cesante.
Cesión de fondos de cesantías
Con el fin de garantizar que la cesión de los fondos de cesantías se efectúe con sujeción a la ley, en defensa de los intereses de los afiliados al mismo, se considera indispensable impartir las siguientes instrucciones:
Cierre
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que de conformidad con lo previsto en el artículo 167 del EOSF cedan el fondo de cesantías por ellas administrado deben efectuar un corte de ejercicio en la fecha inmediatamente anterior a aquella en que se produzca la cesión, siguiendo para el efecto el procedimiento de cierre mensual establecido por la SFC.
Identificación
Al momento de la cesión de un fondo de cesantías, la sociedad cedente debe entregar a la sociedad cesionaria la relación de los afiliados al fondo, con indicación de su participación en los portafolios de corto y largo plazo, expresada en pesos y unidades.
Garantía de rentabilidad mínima
La sociedad cedente de un fondo de cesantía debe garantizar la rentabilidad mínima acumulada exigida por la ley para cada uno de los portafolios administrados, con corte a la fecha en que se efectúe la cesión del fondo. Para el efecto, la SFC debe informar la rentabilidad mínima a las sociedades cedente y cesionaria, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la cesión del fondo.
Suministrada dicha información, la entidad cedente dispone de un plazo de 5 días comunes para cancelar la suma necesaria para alcanzar la rentabilidad mínima exigida.
Esta suma se cancelará, en primer lugar, con cargo a la comisión de administración causada hasta el día del cierre a favor de la entidad cedente.
Cuando la comisión de administración causada sea insuficiente para alcanzar la rentabilidad mínima exigida, la diferencia debe ser entregada en efectivo a los portafolios del fondo cesionario para su abono en las cuentas de capitalización individual de quienes al momento de la cesión se encontraban afiliados a los portafolios del fondo cedido. Dicho abono debe efectuarse en unidades.
En caso de fusión de la entidad cedente, o cuando la totalidad de sus acciones en circulación hayan sido adquiridas por otra entidad o sus pasivos hayan sido cedidos, la obligación de garantizar la rentabilidad mínima debe extenderse a la entidad absorbente o a la nueva sociedad resultante de la fusión, así como a la adquirente de las acciones o de los pasivos, según sea el caso.
Procedimiento a realizar en el fondo cesionario
El día de la cesión, el fondo de cesantía cedido debe incorporarse al administrado por la sociedad cesionaria, la cual debe efectuar la reliquidación de todas las cuentas del fondo cedido, con base en el valor de las unidades de los portafolios del fondo de cesantías por ella administrado vigente para el día de la cesión.
Información a la Superintendencia Financiera de Colombia
Copia de todos los documentos en que conste la cesión y los términos en que ésta se ha pactado deben remitirse a la SFC, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha en que ella se produzca.
Información sobre los derechos y obligaciones de los afiliados y efectos de la selección o modificación de perfil de administración
El reglamento del fondo de cesantías administrado, en el cual se incluye la información completa de los derechos y obligaciones de los afiliados, debe estar a disposición de estos para consulta permanente a través de la página web de la respectiva sociedad administradora. En todo caso, las sociedades administradoras deben suministrar de manera física o electrónica el referido reglamento a los afiliados que expresamente lo soliciten, dentro de los 3 días hábiles siguientes a tal requerimiento.
Así mismo, por lo menos una vez al año y a través de un medio virtual o digital de divulgación, las entidades administradoras o la entidad que las agremie deben presentar información general sobre los derechos y obligaciones de los afiliados al fondo y los efectos que se derivan de la selección entre los diferentes portafolios de inversión de los aportes y/o recursos de los fondos de cesantía. Especialmente se debe informar a los afiliados que tanto en el portafolio de corto plazo como en el de largo plazo es posible que se produzcan pérdidas en el capital o en los rendimientos. Debe señalarse que el portafolio de corto plazo está orientado a los afiliados que tienen proyectado retirar sus cesantías en el corto plazo y por tanto, el objetivo en su administración es mitigar el riesgo de pérdida en los retiros a efectuar en el corto plazo mediante inversiones en las que se tiene un perfil de menor riesgo con una expectativa de menor rentabilidad que la de un portafolio de largo plazo; en tanto que el portafolio de largo plazo está orientado a los afiliados que no tienen proyectado retirar sus cesantías en el corto plazo y por tal razón, está constituido por inversiones de mayor plazo, con un perfil de mayor riesgo y expectativa de mayor rentabilidad.
Definición o modificación del perfil de administración de aportes y/o recursos a los fondos de cesantías
Las administradoras de los fondos de cesantías deben poner a disposición de sus afiliados medios verificables a través de los cuales definan y modifiquen el perfil de administración de los aportes y/o recursos en los fondos de cesantías entre los portafolios de corto plazo y largo plazo, ya sea por medio de formatos impresos en los que conste la firma y aceptación del afiliado o a través del canal virtual establecido. En cualquier caso, las administradoras deben atender lo dispuesto en el Anexo 2 del presente Capítulo.
Para efectos de la utilización del canal virtual, es necesario que la respectiva administradora obtenga la no objeción previa de la SFC, para lo cual debe:
Contar, a través del canal virtual, con un sistema de información que explique de manera amplia y suficiente a los afiliados las características de los portafolios de corto y largo plazo elegibles, los efectos de la selección o modificación del perfil de administración y los tiempos para el traslado de recursos entre uno y otro portafolio. Así mismo, debe advertir a los afiliados acerca de la importancia de haber entendido la información suministrada y que en caso de dudas deben acceder a los medios que disponga la administradora para su aclaración.
Dicho sistema debe asegurar que la información se suministre de manera previa y obligatoria a la selección o modificación del perfil y dejar evidencia de su aceptación por parte del afiliado.
Acreditar que el canal virtual cuenta con los mecanismos y las medidas de seguridad necesarios para establecer en todo momento que es el afiliado quien manifiesta de manera expresa y libre su selección de perfil de administración.
Establecer mecanismos que le permitan informar a los afiliados la selección efectuada, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la decisión.
Rentabilidad mínima obligatoria para el portafolio de corto plazo de los fondos de cesantías
La rentabilidad mínima obligatoria para el portafolio de corto plazo de los fondos de cesantía se calcula de conformidad con el artículo 2.6.9.1.1 del Decreto 2555 de 2010.
Para tal efecto, la SFC calcula la rentabilidad de un indicador de referencia construido con la rentabilidad diaria de la tasa IBR overnight, los aportes netos al final del día, y la comisión de administración autorizada.
Rentabilidad mínima obligatoria para el portafolio de largo plazo de los fondos de cesantías.
La rentabilidad acumulada por el portafolio de largo plazo del fondo de cesantía se calcula de acuerdo con el artículo 2.6.9.1.3 del Decreto 2555 de 2010.
En atención a lo dispuesto en artículo 2.6.9.1.2 del Decreto 2555 de 2010, la SFC debe indicar los índices representativos del mercado de renta variable local, el mercado accionario del exterior y el mercado de renta fija. Para el efecto, se tendrán en cuenta la variación porcentual efectiva anual durante el periodo de cálculo, una vez descontada la comisión de administración autorizada, que presenten los índices enunciados en los siguientes subnumerales.
El valor por descontar corresponde al porcentaje de comisión de administración autorizada de acuerdo con el subnumeral 1.3 del presente Capitulo que se haya causado durante el periodo de cálculo correspondiente.
Índice representativo del mercado accionario del exterior: Morgan Stanley Capital International MSCI All Country World Index (MSCI ACWI).
Para efectos de la ponderación definida en el ordinal ii. del literal b) del numeral 1 del artículo 2.6.9.1.2. del Decreto 2555 de 2010, la rentabilidad del índice MSCI ACWI debe discriminarse en su rendimiento en pesos colombianos (COP) y en dólares estadounidenses (USD), de acuerdo con lo previsto en el subnumeral 2.5.2. del Capítulo II del Título III de la Parte II de la presente Circular.
Metodología de agregación de índices de renta fija para el portafolio de largo plazo del fondo de cesantía.
La metodología de agregación de índices de renta fija busca establecer la forma de cálculo de un referente que se denominará índice agregado de renta fija local (IARFL).
Consideraciones generales del índice agregado de renta fija local (IARFL)
El IARFL es aplicable únicamente para efectos del cálculo de determinar la rentabilidad mínima el portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía.
Nivel inicial
El nivel inicial del IARFL al 1 de abril de 2019 es de 100.
Componentes
Hasta tanto no exista otro índice de renta fija, que de acuerdo con los criterios establecidos en el subnumeral 1.10.2.2.1.3., pueda considerarse en el IARFL, el mismo está compuesto por el Índice de Deuda Pública COLTES publicado por la Bolsa de Valores de Colombia - BVC.
Criterios de elegibilidad de índices de renta fija local para hacer parte del cálculo del IARFL.
Con base en lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 2.6.9.1.2 del Decreto 2555 de 2010, los criterios que debe cumplir un índice para hacer parte del IARFL son los siguientes:
Experiencia del proveedor: el proveedor del índice debe hacer parte del listado de bolsas y entidades reconocidas por la SFC para elaboración de índices, relacionado con el régimen de inversión de los recursos del portafolio de cesantía de que trata el subnumeral 7.2 del Capítulo II, Título II, Parte I de la presente Circular.
Representatividad: el índice debe reflejar razonablemente el comportamiento del mercado de renta fija local de acuerdo con la duración del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantías.
Replicabilidad: para índices de deuda pública los mismos deben estar compuestos por títulos admisibles para el régimen de inversión. Para índices de deuda privada, los mismos deben ser replicables mediante un Exchange Traded Fund – ETF listado en el mercado doméstico y negociable en moneda local.
Condiciones mínimas de divulgación: la metodología de construcción del índice debe ser de público conocimiento y disponible para consulta en línea, así como sus políticas de rebalanceo y recomposición.
Administración: deben estar establecidas las políticas de gobierno corporativo en relación con los procedimientos para administrar los conflictos de interés de los agentes involucrados en la construcción y divulgación del índice hacia el mercado. Esta información debe ser pública y estar disponible para su consulta en línea.
Disponibilidad de información histórica: el índice debe contar por lo menos con 12 meses de información histórica real. Adicionalmente debe estar disponible información histórica simulada (backtesting) de 5 años antes del inicio oficial del índice y de la canasta que lo compone. Esta información debe ser pública y estar disponible para su consulta en línea.
En los casos en que se modifique el proveedor o la metodología del cálculo de un índice que haga parte del IARFL, la información histórica real debe corresponder a la calculada con la metodología inicial. Asimismo, la nueva metodología debe prever la continuidad en la serie histórica del índice, por lo cual no se requiere la publicación de la información histórica simulada (backtesting).
El incumplimiento de alguno de los anteriores criterios por parte de un índice es causal de su retiro en el cálculo del IARFL.
Divulgación de cambios en los componentes del IARFL
La SFC debe informar acerca de la inclusión o exclusión de un índice, así como el momento a partir del cual tiene efecto en el cálculo del IARFL. La inclusión o exclusión de un índice debe proceder mínimo transcurridos 3 meses después de haber sido informado este hecho. No obstante, en el caso de una exclusión, excepcionalmente puede proceder un tiempo menor.
Metodología de cálculo del IARFL
Determinación del IARFL
El IARFL se calcula mensualmente en función del valor de sus componentes al último día hábil de cada mes. El valor del IARFL se obtiene a partir de su nivel en el mes anterior afectado por la variación porcentual mensual de cada índice que lo conforma, ponderada por su porcentaje de participación, como se muestra a continuación:
Donde:
Variación porcentual mensual del índice en el mes, calculado como:
: Ponderación porcentual del índice en el mes
: Número de índices a ponderar en el mes
Cálculo de la ponderación de los índices que hacen parte del IARFL
La ponderación de cada índice mensualmente hasta completar el tiempo del período de cálculo se determina así:
Donde:
:Variación porcentual a ponderar mensualmente el índicehasta completar el período de cálculo. Una vez todos los índices que conforman el IARFL completen el tiempo del periodo de cálculo, k=0.
: Número de meses del período de cálculo de rentabilidad mínima, establecido en el artículo 2.6.9.1.4 del Decreto 2555 de 2010.
:Ponderación porcentual del índice,en el mes inmediatamente anterior a un evento de inclusión, o en el último mes del período de exclusión del subnumeral 1.10.2.2.2.3. Este valor solamente se modifica cuando se presenten eventos de inclusión o exclusión.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incluir un índice o índices de deuda privada, la suma de las ponderaciones de éstos no podrá ser superior al 30%.
Cálculo de la ponderación de los índices cuando se presenta un evento de exclusión del IARFL
Para efectos de la exclusión de un índice del IARFL, la SFC de acuerdo con lo establecido en el subnumeral 1.10.2.2.1.4 debe informar a partir del momento en el cual el índice dejará de ponderar dentro del IARFL. El índice a ser excluido mensualmente debe disminuir proporcionalmente su ponderación dentro del IARFL hasta llegar a 0%. El plazo máximo para la exclusión de un índice es de 6 meses; para este caso se tiene que:
Donde:
: reducción porcentual mensual en el ponderador del índice a ser excluido, en el mes
Por lo tanto, la ponderación del índice a ser excluido en el mes está dada por:
Para el mes , el porcentaje que mensualmente reduce su participación el índice a ser excluido debe ser distribuido proporcionalmente entre los demás índices que hagan parte del IARFL, teniendo en cuenta la ponderación relativa entre ellos, en el mes inmediatamente anterior al evento de exclusión, de tal forma que, durante los meses del período de exclusión, el ponderador para los índices que se mantienen en el IARFL está dado por:
Finalizado el periodo de exclusión, las ponderaciones de estos índices deben calcularse de acuerdo con lo establecido en el subnumeral 1.10.2.2.2.2.
Metodología de agregación de índices de renta variable local (IARVL)
La metodología de agregación de índices de renta variable local busca establecer la forma de cálculo de un referente que se denominará índice agregado de renta variable local (IARVL).
Consideraciones generales del IARVL
Para efectos de determinar la rentabilidad mínima, resulta necesario contar con un IARVL específico para el portafolio de largo plazo de cesantías y para cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, considerando la diferencia en los tiempos de sus períodos de cálculo establecidos en los artículos 2.6.5.1.4 y 2.6.9.1.4 del Decreto 2555 de 2010 respectivamente.
Nivel inicial
El nivel inicial del IARVL al 31 de agosto de 2011 es de 100.
Componentes
Hasta tanto no exista otro índice de renta variable local, que de acuerdo con los criterios establecidos en el subnumeral 1.10.2.3.1.3., pueda considerarse en el IARVL, el mismo está compuesto por el índice Colcap.
Criterios de elegibilidad de índices de renta variable local para hacer parte del cálculo del IARVL
Con base en lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 2.6.9.1.2 del Decreto 2555 de 2010, los criterios que debe cumplir un índice para hacer parte del IARVL son los siguientes:
Experiencia del proveedor: el proveedor del índice debe hacer parte del listado de bolsas y entidades reconocidas por la SFC para elaboración de índices, relacionado con los regímenes de inversión de los recursos de los fondos de cesantía y los de los fondos de pensiones obligatorias de que trata el subnumeral 7.2 del Capítulo II, Título II, Parte I de la presente Circular.
Representatividad: el índice debe reflejar razonablemente el comportamiento del mercado de renta variable local, buscando diversificación y evitando el sesgo hacia un sector o sectores específicos.
Replicabilidad: el índice debe ser replicable mediante un Exchange Traded Fund – ETF listado en el mercado doméstico y negociable en moneda local.
Condiciones mínimas de divulgación: la metodología de construcción del índice debe ser de público conocimiento y disponible para consulta en línea, así como sus políticas de rebalanceo y recomposición.
Administración: deben estar establecidas las políticas de gobierno corporativo en relación con los procedimientos para administrar los conflictos de interés de los agentes involucrados en la construcción y divulgación del índice hacia el mercado. Esta información debe ser pública y estar disponible para su consulta en línea.
Disponibilidad de información histórica: el índice debe contar por lo menos con 12 meses de información histórica real. Adicionalmente debe estar disponible información histórica simulada (backtesting) de 5 años antes del inicio oficial del índice y de la canasta que lo compone. Esta información debe ser pública y estar disponible para su consulta en línea.
En los casos en que se modifique el proveedor o la metodología del cálculo de un índice que haga parte del IARVL, la información histórica real debe corresponder a la calculada con la metodología inicial. Asimismo, la nueva metodología debe prever la continuidad en la serie histórica del índice, por lo cual no se requiere la publicación de la información histórica simulada (backtesting).
El incumplimiento de alguno de los anteriores criterios por parte de un índice es causal de su retiro en el cálculo del IARVL.
Divulgación de cambios en los componentes del IARVL
La SFC debe informar acerca de la inclusión o exclusión de un índice, así como el momento a partir del cual tiene efecto en el cálculo del IARVL. La inclusión o exclusión de un índice debe proceder mínimo transcurridos 3 meses después de haber sido informado este hecho. No obstante, en el caso de una exclusión, solo excepcionalmente puede proceder un tiempo menor.
Metodología de cálculo del índice agregado de renta variable local (IARVL)
Determinación del IARVL
El IARVL se calcula mensualmente en función del valor de sus componentes al último día hábil de cada mes. El valor del IARVL se obtiene a partir de su nivel en el mes anterior afectado por la variación porcentual mensual de cada índice que lo conforma, ponderada por su porcentaje de participación, como se muestra a continuación:
Donde:
: Variación porcentual mensual del índice en el mes , calculado como:
: Ponderación porcentual del índice en el mes
: Número de índices a ponderar en el mes
Para todos los casos:
Cálculo de la ponderación de los índices que hacen parte del IARVL
La ponderación de cada índice mensualmente hasta completar el tiempo del período de cálculo se determina así:
Donde:
: Variación porcentual a ponderar mensualmente el índice hasta completar el período de cálculo. Una vez todos los índices que conforman el IARVL completen el tiempo del periodo de cálculo, k=0.
: número de meses del período de cálculo de rentabilidad mínima, establecido en los artículos 2.6.5.1.4 y 2.6.9.1.4 del Decreto 2555 de 2010 para los tipos de fondos de los fondos de pensiones obligatorias y para el portafolio de largo plazo del fondo de cesantía respectivamente.
: Ponderación porcentual del índice , en el mes inmediatamente anterior a un evento de inclusión, o en el último mes del período de exclusión del subnumeral 1.10.2.3.2.3. Este valor solamente se modifica cuando se presenten eventos de inclusión o exclusión.
Cálculo de la ponderación de los índices cuando se presenta un evento de exclusión del IARVL
Para efectos de la exclusión de un índice del IARVL, la SFC de acuerdo con lo establecido en el subnumeral 1.10.2.3.1.4 debe informar a partir del momento en el cual el índice dejará de ponderar dentro del IARVL. El índice a ser excluido mensualmente debe disminuir proporcionalmente su ponderación dentro del IARVL hasta llegar a 0%. El plazo máximo para la exclusión de un índice es de 6 meses; para este caso se tiene que:
Donde:
: reducción porcentual mensual en el ponderador del índice a ser excluido, en el mes
Por lo tanto, la ponderación del índice a ser excluido en el mes está dada por:
Para el mes , el porcentaje que mensualmente reduce su participación el índice a ser excluido debe ser distribuido proporcionalmente entre los demás índices que hagan parte del IARVL, teniendo en cuenta la ponderación relativa entre ellos, en el mes inmediatamente anterior al evento de exclusión, de tal forma que, durante los meses del período de exclusión, el ponderador para los índices que se mantienen en el IARLV está dado por:
Finalizado el periodo de exclusión, las ponderaciones de estos índices deben calcularse de acuerdo con lo establecido en el subnumeral 1.10.2.3.2.2.
Registro de operaciones con los recursos de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y los portafolios de los fondos de cesantía
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben implementar un mecanismo que permita identificar de manera completa, clara y suficiente cada operación y el tipo de fondo o portafolio para el cual se efectúa la misma. Para el efecto, deben tener en cuenta:
Tratándose de operaciones que se realicen a través de un intermediario de valores o de cualquier tercero autorizado, las instrucciones que para el efecto imparta la administradora deben ser realizadas a través de un medio verificable de conformidad con la definición adoptada por esta Superintendencia para tal efecto, asegurándose que en dichas instrucciones se indique el tipo de fondo o portafolio para el cual se está solicitando la operación.
Tratándose de operaciones que realicen directamente las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías a través de sistemas de negociación de valores, el mecanismo de registro debe ser la identificación del tipo de fondo o portafolio para el cual se realizó la operación al momento de su complementación, la cual debe realizarse a más tardar dentro de los 30 minutos siguientes a su celebración.
Cuando las operaciones se realicen en el mercado mostrador –OTC-, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben asegurarse de que en el medio verificable quede constancia del tipo de fondo o portafolio para el cual se celebró la respectiva operación. Este fondo o portafolio se entiende como el beneficiario de la operación para efectos de lo dispuesto en el subnumeral 2.8.1.8 del Capítulo II, Título II de la Parte III de esta Circular o las disposiciones que lo modifiquen.
Para el caso de las operaciones que se realicen en el mercado OTC sobre valores diferentes a los establecidos en el subnumeral 2.1 del Capítulo II, Título II de la Parte III de esta Circular o a las excepciones allí contenidas, es necesario que las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías implementen un sistema de registro de dichas operaciones que garantice la identificación de manera completa, clara y suficiente del tipo de fondo o portafolio para el cual se realizó la operación. Dicho registro debe efectuarse a más tardar dentro de los 15 minutos siguientes al cierre de la operación y contener como mínimo la siguiente información:
Número de registro de la operación. El sistema debe generar automáticamente un número consecutivo que se asigna a cada operación.
Fecha y hora (HH:MM:SS) en que se registra la operación, información que debe ser generada automáticamente por el sistema.
Usuario que registra la información, lo cual debe ser generado automáticamente por el sistema.
Nombre de la contraparte en la operación.
Tipo de operación: compra o venta.
Tipo de fondo o portafolio para el cual se efectuó la operación.
Características de la especie que permita su identificación plena, tales como ISIN o Nemotécnico.
Monto nominal sobre el cual se realiza la operación.
Valor de compra o de venta en moneda o unidad original.
Valor de compra o venta en pesos.
Fecha de cumplimiento de la operación.
Seguridades del sistema de registro de operaciones de que trata el subnumeral 1.3.
El sistema debe permitir la autenticación que asegure la identificación de manera única de todos los usuarios que ingresen. Igualmente, debe permitir controlar el acceso a la información mediante roles, perfiles o funciones por tipo de usuario.
No se debe permitir la modificación de la información por fuera del sistema.
Debe llevar una traza de auditoría, que contenga las acciones realizadas por los usuarios.
El sistema debe tener un esquema de contingencia, el cual debe estar en disponibilidad para garantizar su funcionamiento.
El sistema debe tener respaldo diario de datos completamente automático y continuo, el cual debe estar incluido en los procedimientos de toma de copias de seguridad para servidores centrales.
Los efectos y/o resultados de las operaciones realizadas no pueden afectar a un tipo de fondo o portafolio distinto al indicado en los mecanismos de operaciones descritos en los subnumerales 1.1., 1.2. y 1.3. anteriores.
Políticas de inversión, asignación estratégica de activos y funciones de los comités de riesgos e inversiones
Corresponde a la junta directiva de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías aprobar la política de inversión para cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y para cada uno de los portafolios del fondo de cesantía administrados, de acuerdo con el objetivo de cada uno de ellos.
Así mismo, se encuentra a cargo de las referidas juntas directivas aprobar la asignación estratégica de activos para cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y para el portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, de acuerdo con su respectiva política de inversión.
Para tal fin, se establece el contenido mínimo de las citadas políticas de inversión y la asignación estratégica de activos, así como los requisitos mínimos para la conformación y funcionamiento de los comités de riesgos y de inversiones con los que deben contar las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, las responsabilidades de dichos comités y la forma como deben documentarse las decisiones que adopten. Adicionalmente las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que hagan parte de un conglomerado financiero deben cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 2.39.3.1.5. del Decreto 2555 de 2010.
Políticas de inversión
Contenido mínimo
Las políticas de inversión a divulgar a los afiliados y al público en general, para cada tipo de fondo de pensiones obligatorias y para cada portafolio del fondo de cesantía deben contener como mínimo, la siguiente información:
Objetivos de cada uno de los tipos de fondos de pensiones y de los portafolios del fondo de cesantía, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, su horizonte de inversión, y el perfil de inversión de los afiliados de cada uno de los fondos. La entidad debe describir de manera clara la consistencia entre los objetivos del fondo y los factores antes mencionados, así como la metodología utilizada para establecerlos.
Estructura organizacional para la gestión de inversiones y administración de sus riesgos (áreas que participan con sus principales funciones y facultades, entre otros), incluidos los roles y/o responsabilidades para la gestión de los factores de riesgo ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) y climáticos.
La estructura organizacional debe contar con un comité de riesgos y un comité de inversiones, los cuales deben cumplir los requisitos de conformación y funcionamiento definidos en el subnumeral 2.2.1 del presente Capítulo.
Las políticas de inversión deben incluir la definición de las responsabilidades y las funciones en materia de estrategia y seguimiento a cargo de cada uno de los comités.
Dentro de las funciones asignadas al comité de inversiones o al comité de riesgos, se deben contemplar como mínimo las siguientes:
Proponer a la junta directiva las políticas para la definición y seguimiento del proceso de inversiones en las fases estratégica, táctica, de selección de activos y de ejecución, o las que hayan definido internamente para el proceso de inversiones. Estas políticas deben estar soportadas en análisis técnicos que incorporen medidas y evaluaciones de riesgo-retorno.
Definir y aprobar las metodologías específicas para la definición y seguimiento del proceso de inversiones en las fases que hayan definido internamente para dicho proceso, conforme a las políticas aprobadas por la junta directiva.
Definir los procedimientos e instancias responsables del monitoreo y seguimiento del proceso de inversiones, conforme a las políticas aprobadas por la junta directiva.
Aquellas asignadas a cada uno de los comités por el artículo 2.6.13.1.1 del Decreto 2555 de 2010 u otras disposiciones.
En las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que hagan parte de un conglomerado financiero, el comité de riesgos y el comité de inversiones adicionalmente deben desarrollar las funciones establecidas para cada uno de estos en los numerales 4 al 6 del artículo 2.39.3.1.5. del Decreto 2555 de 2010.
Criterios generales para la selección de las inversiones para cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y de los portafolios del fondo de cesantía, tales como:
Condiciones que deben cumplir los títulos y/o valores y los emisores (nacionales y del exterior), tales como: calificación de riesgo crediticio, estándares de gobierno corporativo, área geográfica, sector económico, y condiciones de los activos subyacentes de los fondos de inversión colectivos, fondos de inversión u otros esquemas de inversión colectiva.
Condiciones que deben cumplir los fondos de inversión colectivos, fondos de inversión u otros esquemas de inversión colectiva incluyendo las relativas a comisiones y devolución de estas.
Mercados en los cuales la administradora va a realizar las negociaciones de inversiones.
Objetivos esperados al realizar la inversión de acuerdo con las evaluaciones prospectivas de la relación riesgo-retorno.
Criterios generales para la realización de las operaciones con derivados, tales como:
Objetivos (cobertura y/o de inversión)
Mercados en los cuales la administradora va a realizar estas operaciones
Subyacentes autorizados
Políticas de administración de colaterales y negociación de acuerdos marco o contratos asociados
Políticas generales de la administradora en cuanto a la realización de:
Operaciones repo activos
Operaciones repo pasivos
Operaciones simultáneas activas
Operaciones simultáneas pasivas
Transferencia temporal de valores
Criterios adoptados para la selección de contrapartes en:
La negociación de títulos y/o valores
La negociación de instrumentos derivados
La negociación de repos, simultáneas y de transferencia temporal de valores
Políticas generales en el evento en que se presenten excesos o defectos en los límites de inversión, tanto internos como legales. Estas políticas deben incluir el procedimiento, requisitos, e instancias responsables con sus niveles de atribución para reestablecer el cumplimiento de los límites. Dentro de los procedimientos se debe contemplar el curso de acción para la identificación de las circunstancias que llevaron al incumplimiento del límite, así como los procesos y medidas para subsanarlas.
Procedimiento para evaluar el desempeño en la gestión de las inversiones, en donde se indique por lo menos:
Descripción de los indicadores a utilizar
Periodicidad de evaluación
Órgano o áreas encargadas de hacer seguimiento a dicha evaluación
Órganos o áreas receptores de las evaluaciones
Condiciones profesionales exigidas al personal interno o externo relacionado con los procesos estratégicos, de inversiones, supervisión y gestión de riesgos, incluyendo aquellas condiciones profesionales relativas a los factores de riesgo y oportunidades ASG y climáticos.
Asimismo, se deben incluir las políticas para la capacitación de las personas involucradas en el proceso de inversiones, incluyendo los miembros de la junta directiva y de los comités de riesgos e inversiones, en aquellas materias que resulten relevantes para contar con conocimientos actualizados necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Principales límites internos de inversión para los diferentes tipos de fondos de pensiones obligatorias y de los portafolios del fondo de cesantía.
Adicionalmente, se deben incluir los límites internos aplicables a la suma de los recursos de todos los tipos de fondos de pensiones obligatorias administrados, o a la suma de los portafolios de corto y largo plazo del fondo de cesantía, en los casos que aplique, de acuerdo con el régimen de inversiones establecido en el Titulo 12 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.
Así mismo, se debe describir de manera clara la consistencia entre estos límites y los objetivos del fondo o portafolio, así como la metodología general que se utilizó para determinar las clases de activos y/o factores de riesgo asociados a los límites internos de inversión. También se deben incluir las políticas y criterios generales que se deben cumplir para la modificación de los límites internos. En todo caso, los excesos o defectos de un límite no puede ser un criterio necesario ni suficiente para la modificación de este.
En particular, se deben incluir los siguientes límites:
Límites para el valor que arroje la suma en la inversión directa de los instrumentos descritos en los subnumerales 1.10, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 del artículo 2.6.12.1.2 del Decreto 2555 de 2010, considerados como activos alternativos.
Límites en los distintos tipos de activos alternativos que se señalan en los numerales 1.10, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 del artículo 2.6.12.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Límites individuales para cada uno de los distintos tipos de fondos de capital privado que se mencionan en el numeral 1.10 del artículo 2.6.12.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Límites máximos de inversión por emisión, participación en vehículos de inversión colectiva cerrados y fondos de capital privado, aplicables a la suma de los recursos de todos los tipos de fondos de pensiones obligatorias administrados, o a la suma de los portafolios de corto y largo plazo del fondo de cesantía.
Límites de inversión en BOCEAS en circulación de una sociedad, aplicables a la suma de los recursos de todos los tipos de fondos de pensiones obligatorias administrados, o a la suma de los portafolios de corto y largo plazo del fondo de cesantía.
Políticas en la administración o gestión de riesgos:
Descripción general de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los diferentes tipos de fondos de pensiones obligatorias y los portafolios del fondo de cesantía, de acuerdo con las características de cada uno de ellos. Esta descripción debe incorporar como mínimo los riesgos de liquidez, mercado, crédito, incluyendo los factores de riesgo ASG y climáticos materiales para el desempeño financiero del portafolio. Para todos los efectos se debe atender a la definición de materialidad establecida en el numeral 4 del anexo 2 de la Parte III del Título V Capítulo I de la Circular Básica Jurídica.
Mecanismos de identificación, medición, control y monitoreo de cada uno de los riesgos descritos a los que se encuentran expuestos los tipos de fondos de pensiones obligatorias y los portafolios del fondo de cesantía, en donde se indique por lo menos:
Métodos de medición y control
Mecanismos de monitoreo
Periodicidad de control
Órganos receptores de los resultados de medición y control
Procedimientos por seguir en el evento en que se presente un exceso en la exposición a determinado riesgo
Para los factores de riesgo ASG y climáticos, la política puede no incluir en detalle el contenido del subnumeral 2.1.1.11.2. Sin embargo, debe incluir los lineamientos generales que serán considerados para la integración de estos riesgos, así como las etapas, responsables y el plazo estimado para la integración de estos en el proceso de inversiones y para la definición de los mecanismos de identificación, medición, control y monitoreo de estos riesgos.
Gestión de los potenciales conflictos de interés en el proceso de selección y negociación de inversiones, en donde se indique por lo menos:
Definición e identificación de situaciones generales que pueden generar conflictos de interés.
Procedimientos para identificar y administrar cualquier operación que pueda dar lugar a conflictos de interés
Políticas adoptadas por la administradora para la negociación de títulos o valores admisibles cuyo emisor, garante, originador o propietario sea un vinculado a la administradora.
Políticas adoptadas por la administradora en materia de celebración de contratos de depósitos a la vista en vinculados en los términos del artículo 2.6.12.1.15 del Decreto 2555 de 2010, las cuales deben garantizar como mínimo que, en forma previa a la celebración del contrato, conste por escrito el análisis realizado, el cual debe referirse, por lo menos, a los siguientes aspectos: condiciones de mercado, remuneración de los depósitos, niveles de liquidez y estabilidad financiera de las entidades con las que pretendan celebrar el contrato respectivo. En todo caso, las entidades vinculadas con las cuales se celebre el correspondiente contrato deben ser evaluadas con los mismos criterios y rigor que se evalúan todas las contrapartes de los fondos administrados, buscando siempre la mejor alternativa para los recursos de los afiliados.
Las políticas señaladas en este subnumeral deben revisarse por lo menos anualmente.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que hagan parte de un conglomerado financiero deben incluir en este numeral las directrices generales impartidas por el holding financiero en materia de conflictos de interés, a que se refiere el artículo 2.39.3.1.4 del Decreto 2555 de 2010.
Descripción del proceso mediante el cual las funciones de control de la administradora velan por la efectividad, eficiencia, transparencia y cumplimiento de las normas legales relacionadas con la negociación de las inversiones.
En las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que hagan parte de un conglomerado financiero, el comité de auditoría adicionalmente debe llevar a cabo la función establecida en el numeral 7 del artículo 2.39.3.1.5. del Decreto 2555 de 2010.
Inversiones alternativas
La política de inversión debe incluir un capítulo de inversiones alternativas que desarrolle los contenidos mínimos incluidos en el presente subnumeral para las inversiones en los activos descritos en los numerales 1.10, 1.11, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 del artículo 2.6.12.1.2 del Decreto 2555 de 2010, considerados como alternativos.
En el caso que alguno de estos contenidos se encuentre incluido en otro aparte de la política de inversión, se podrá hacer alusión al mismo.
Las políticas adoptadas para la definición por parte de los comités de los modelos y metodologías por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías para la medición y valoración del riesgo financiero asociado a este tipo de inversiones, las cuales deben incorporar como mínimo los efectos de los riesgos de liquidez, mercado y crédito, en un análisis integral del portafolio.
Las políticas y límites prudenciales internamente establecidos por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías para la exposición al riesgo financiero asociado a este tipo de inversiones. Estas políticas y límites deben incorporar como mínimo los riesgos de liquidez, mercado, y crédito, y deben ser consistentes con los objetivos y la estrategia de inversión del portafolio.
Las políticas adoptadas para la definición por parte de los comités de los procesos para la identificación, medición, monitoreo y reporte de los riesgos financiero y operacional asociados a este tipo de inversiones, los cuales deben incorporar como mínimo los riesgos de liquidez, mercado y crédito en el riesgo financiero.
Las políticas y medidas de control interno adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías para corregir cualquier desviación que ocurra con respecto a la máxima exposición a los riesgos financiero y operacional establecida en la política de inversión, las cuales deben incorporar como mínimo los riesgos de liquidez, mercado y crédito en el riesgo financiero.
Estas políticas deben incluir el procedimiento, requisitos, e instancias responsables con sus niveles de atribución para reestablecer el cumplimiento de los límites.
Condiciones profesionales exigidas al personal interno o externo relacionado con los procesos estratégicos, de inversiones y de supervisión de las inversiones alternativas.
Criterios de selección de las inversiones alternativas que incluyan:
Los criterios y objetivos que se pretenden lograr al realizar la inversión, de acuerdo con las evaluaciones de la relación riesgo-retorno de esta frente a los resultados esperados.
Las políticas generales para clasificar los activos subyacentes de los fondos o esquemas de inversión como activos ubicados en el exterior en jurisdicciones que no hagan parte de la Alianza del Pacifico, incluyendo una periodicidad de verificación por lo menos trimestral.
Las políticas para definir las condiciones que deben cumplir los vehículos y/o contemplar las estrategias de estos, tales como: calificación de riesgo crediticio, estándares de gobierno corporativo, área geográfica, sector económico, variables o calificaciones ASG o climáticas y condiciones de los activos subyacentes.
Las políticas generales para definir las condiciones que deben cumplir los vehículos o emisores, tales como: idoneidad de los gestores y de las sociedades administradoras, las políticas contables y de valoración, estándares de revelación de información, y estructura de comisiones.
Las políticas, procedimientos y áreas responsables de la realización de la debida diligencia de las condiciones de la inversión en activos alternativos, incluyendo, por lo menos, las siguientes:
Análisis del ajuste de los reglamentos y/o políticas o mandatos de inversión, al cumplimiento de las condiciones tanto legales como internas para la inversión en activos alternativos.
Análisis de la idoneidad y experiencia del gestor profesional, que incluya el análisis de su estructura de gobierno corporativo, políticas de conflictos de interés y los riesgos de sustitución de personal clave.
Análisis de la idoneidad y experiencia de la sociedad administradora, que incluya el análisis de su estructura de gobierno corporativo y las políticas de conflictos de interés.
Análisis de la idoneidad técnica de las políticas contables y de valoración de los vehículos, y su ajuste a la naturaleza y realidad económica del activo.
Análisis de la estructura de comisiones y políticas de remuneración del vehículo.
Análisis de los estándares de revelación de información del vehículo, el gestor, y la sociedad administradora, incluyendo los estándares de aseguramiento de la información aplicables.
Análisis de la integración de factores y metodologías ASG y climáticas en el proceso de inversiones y la gestión de riesgos del vehículo, incluyendo el análisis de las políticas del gestor en estos asuntos.
Análisis de las condiciones de los contratos y los mecanismos de salida de la inversión.
Mecanismos de difusión
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben divulgar la política de inversión de cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y de los portafolios del fondo de cesantía a través de su página web, en una ubicación de fácil acceso y con un enlace que permita acceder directamente a dichas políticas. Estas políticas pueden incluirse en un documento general siempre que éste identifique claramente los elementos específicos aplicables para cada tipo de fondo.
Esta información debe ser remitida a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 15 días hábiles antes de su publicación, así como de cualquier modificación que realice a las mismas, con el extracto del acta de la junta directiva en la cual se aprobó.
En las notas a los estados financieros la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías debe informar sobre la existencia de las políticas de inversión de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y de los portafolios del fondo de cesantía, y los medios a través de los cuales se puede acceder a ellas. Adicionalmente, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías pueden disponer de otros mecanismos de difusión de las políticas de inversión, distintos a los señalados anteriormente.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben publicar para cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias un resumen de las políticas de inversión, la cual debe incluir de manera breve, clara, y entendible para un afiliado sin experiencia en inversiones, la siguiente información contenida en las políticas de inversión:
Los objetivos de inversión, horizontes de inversión, y el perfil de riesgo establecidos de acuerdo con el perfil de los afiliados del fondo.
Los principales límites de inversión y los riesgos asociados a las inversiones del fondo.
Evaluación anual sobre el cumplimiento general de los objetivos de inversión del fondo.
Comité de riesgos y comité de inversiones
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben mantener su comité de riesgos y de comité de inversiones acorde con los requisitos mínimos señalados en el presente Capítulo, sin perjuicio de lo establecido en el sistema de control interno a que se refiere el Capítulo IV, Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, y de las disposiciones que en materia de administración de riesgos se establecen en la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF).
Conformación y funcionamiento
El comité de riesgos y el comité de inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben conformarse cada uno por lo menos con 5 miembros, o más siempre que corresponda a un número impar, designados por la junta directiva, que acrediten conocimiento y experiencia en las respectivas materias y asuntos relacionados con sus funciones. Dichos requisitos deben ser determinados y evaluados por la junta directiva de forma previa a la designación de los miembros de los comités. Estos miembros únicamente podrán ser parte de uno de los dos comités, el de riesgos o el de inversiones.
Cada comité debe contar con por lo menos 1 miembro de la junta directiva y con por lo menos 1 miembro que cumpla con los supuestos de independencia previstos en el parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 964 de 2005.
Para dar cumplimiento al requisito del 40% de miembros independientes establecido en el numeral 2 del artículo 2.39.3.1.5. del Decreto 2555 de 2010, en las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que hagan parte de un conglomerado financiero, el miembro de junta directiva que sea designado para conformar cada comité podrá a su vez tener la calidad de miembro independiente, siempre que cumpla con los requisitos allí definidos.
La junta directiva debe establecer los criterios, periodicidad y la metodología para el seguimiento del desempeño de los comités y para la evaluación de sus miembros.
Tanto el comité de riesgos como el de inversiones deben contar con su respectivo reglamento de funcionamiento. Este reglamento debe ser aprobado por la junta directiva de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías y contener las reglas para conformar el quórum y las mayorías necesarias para la toma de decisiones, las cuales deben establecer, como mínimo:
Que para la toma de decisiones en el comité de riesgos debe contarse con el voto favorable de uno de los miembros independientes.
Que en las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que hagan parte de un conglomerado financiero, para la toma de decisiones en el comité de inversiones debe contarse con el voto favorable de uno de los miembros independientes.
Que en las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que hagan parte de un conglomerado financiero, el quórum para la toma de decisiones relacionadas con las operaciones que se realicen con entidades que pertenezcan a su mismo conglomerado financiero, debe conformarse con un número de miembros independientes que represente por lo menos el 40% del total de miembros del respectivo comité.
Los comités deben sesionar de manera ordinaria por lo menos una vez dentro del respectivo mes calendario, elaborando por cada una de las sesiones su respectiva acta, en donde se evidencien los temas tratados y las decisiones tomadas.
Asignación estratégica de activos
Contenido mínimo
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben establecer anualmente la asignación estratégica de activos para cada tipo de fondo de pensiones obligatorias y para el portafolio de largo plazo del fondo de cesantía. Esta asignación estratégica de activos se debe establecer en relación con las clases de activos definidos por el comité de inversiones de cada Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.
Dicha asignación, y cada modificación que se efectúe a la misma, debe ser remitida a la SFC junto con el extracto del acta de la junta directiva en la cual se aprobó, y la tabla relacionada en el subnumeral 2.3.1.2, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su aprobación. Para tal efecto se debe tener en cuenta, por lo menos, lo siguiente:
Parámetros generales utilizados en la asignación estratégica de activos.
Horizonte de inversión que se tuvo en cuenta para cada tipo de fondo de pensiones obligatorias y para el portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, y los argumentos considerados para establecerlo.
Rentabilidad objetivo de acuerdo con el horizonte de inversión para cada tipo de fondo de pensiones obligatorias y para el portafolio de largo plazo del fondo de cesantía y la descripción de la metodología utilizada para establecerla.
Rentabilidad objetivo para cada clase de activo y descripción de los modelos para estimar las rentabilidades promedio esperadas por clase de activo en cada tipo de fondo de pensiones obligatorias y en el portafolio de largo plazo del fondo de cesantía.
Descripción de la metodología para estimar la volatilidad esperada por clase de activo.
Descripción de los modelos utilizados para la optimización de los portafolios en cada tipo de fondo de pensiones obligatorias y en el portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, indicando las restricciones que se tuvieron en cuenta para dicha optimización.
Descripción de la metodología para seleccionar el portafolio de inversión de cada tipo de fondo de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, representativo de la asignación estratégica de activos, indicando las restricciones que se tuvieron en cuenta para el efecto.
Descripción de las variables, modelos, metodologías y/o demás elementos cualitativos considerados para establecer la asignación estratégica de activos para cada tipo de fondo de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía.
Descripción de la metodología para definir los límites inferior y superior dentro de los cuales puede fluctuar la participación de cada clase de activo.
Descripción del procedimiento mediante el cual se evaluará que el riesgo inherente a la asignación estratégica de activos sea coherente con el perfil de riesgo de los afiliados del fondo.
Proyecciones del desempeño de la asignación estratégica de activos de cada fondo de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, bajo escenarios de estrés.
Los soportes que permitan evidenciar el desarrollo de las metodologías y modelos referidos.
Cualquier modificación a los rangos de participación por clase de activo o a los parámetros generales utilizados en la asignación estratégica de activos debe ser informada a la SFC dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación por parte de la junta directiva, acompañada del respectivo análisis y justificación.
Tabla informativa de la asignación estratégica de activos
Parámetros adicionales en las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que hagan parte de un conglomerado financiero
En adición al contenido mínimo a que se refiere el subnumeral 2.3.1 anterior, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que hagan parte de un conglomerado financiero, deben incluir en la asignación estratégica de activos el impacto que tengan las inversiones del artículo 2.39.3.1.5 del Decreto 2555 de 2010, sobre las estimaciones de los riesgos y los retornos esperados.
Ejercicio de los derechos políticos de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías respecto de las inversiones que realicen con los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantía
Corresponde a la junta directiva de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías la aprobación de la política de ejercicio de derechos políticos respecto de las inversiones que realicen con los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantía, incluyendo aquéllas que se efectúen en fondos de inversión colectivos, fondos de capital privado, bonos y/o acciones, entre otros.
Contenido mínimo
Sin perjuicio de los lineamientos particulares que las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías establezcan, la política de ejercicio de derechos políticos debe incorporar como mínimo:
Principios orientadores
La política se debe orientar teniendo en cuenta:
La prevalencia de los intereses de los afiliados en el ejercicio de los derechos políticos.
La obligatoriedad en el cumplimiento de la política por parte de los representantes designados por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.
El seguimiento permanente e información suficiente sobre la forma como se está ejerciendo la política por parte de los representantes designados por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.
La revelación de la política a los diferentes grupos de interés, y
Las mejores prácticas de gobierno corporativo.
Representantes designados para el ejercicio de los derechos políticos
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías debe designar los representantes que considere necesarios para el ejercicio de sus derechos políticos, de conformidad con la política previamente aprobada. Dichos representantes pueden ser funcionarios de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías o mandatarios externos designados para tal fin. La selección de cada representante debe quedar documentada y los soportes correspondientes deben estar a disposición de la SFC.
Para la designación de las personas que han de representar a los fondos administrados pueden utilizarse los mecanismos establecidos en los artículos 2.14.4.1.6 y 2.14.4.1.7 del Decreto 2555 de 2010, para el ejercicio de los derechos sociales en las asambleas de accionistas.
En el ejercicio de los derechos políticos, los representantes designados por las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben cumplir sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.6.13.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Cuando el representante de una Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías vote en forma contraria a la mayoría debe entregar una constancia que justifique las razones de su decisión a quien ejerza la secretaría de la reunión, para que sea incorporada en el acta respectiva. Copia de dicha constancia o del acta que la contenga debe reposar en la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías y estar a disposición de la SFC.
Asistencia a reuniones
La política de ejercicio de derechos políticos que establezca la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías debe garantizar la participación de su representante en las asambleas de accionistas, asambleas de tenedores de bonos y asambleas de inversionistas, cuando a ello haya lugar.
La participación en dichas reuniones debe sujetarse como mínimo a los siguientes lineamientos:
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben ejercer los derechos políticos que correspondan a inversiones que representen una participación relevante en los términos del artículo 2.6.13.1.2 del Decreto 2555 de 2010; y
Siempre que lo consideren necesario, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías pueden ejercer los derechos políticos que correspondan a inversiones en las cuales no tengan una participación relevante, de acuerdo con las políticas previstas para el efecto por la entidad y respetando los lineamientos establecidos en el presente Capítulo.
Votación de decisiones no materiales
La junta directiva de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías debe establecer las políticas y procedimientos a seguir por sus representantes en materia de decisiones no materiales, así como los criterios con base en los cuales pueden abstenerse de participar en las deliberaciones y votaciones de estos asuntos.
Para efectos de este subnumeral, se consideran materiales las decisiones relativas al cambio de estructura de los órganos de gobierno corporativo y administración del receptor de la inversión, el cambio de representante de tenedores de bonos, reorganizaciones empresariales, liquidaciones, nuevas emisiones o disminuciones de capital, políticas de inversión y financiamiento del emisor, y decisiones que en general requieran quórum especial, así como aquéllas que puedan llegar a afectar los intereses de los afiliados a los fondos de pensiones obligatorias y/o de cesantía.
Para el caso de decisiones materiales, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías solamente puede abstenerse de ejercer el voto en aquellos casos en que se presenten situaciones generadoras de conflictos de interés o no haya podido obtener información suficiente para votar determinado asunto, caso en el cual deben documentarse las razones de la abstención y las gestiones llevadas a cabo para obtener la información, cuando a ello haya lugar. Los soportes correspondientes deben estar a disposición de la SFC.
Criterios y procedimientos de selección de miembros de junta directiva o consejos de administración
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben establecer los criterios y procedimientos de selección de las personas que sean propuestas o votadas para ser miembros de las juntas directivas o consejos de administración del receptor de la inversión, en los términos señalados en el artículo 2.6.13.1.5 del Decreto 2555 de 2010.
En todos los casos, se deben tener como criterios mínimos de selección, la experiencia, idoneidad e independencia de los candidatos, así como su disponibilidad de tiempo para participar de la labor de la junta o consejo. Con este fin, se debe disponer dentro de sus políticas el número máximo de juntas directivas a las que dichas personas pueden pertenecer, dentro de los límites señalados en el artículo 202 del Código de Comercio.
Para efectos del criterio de independencia se debe tener en cuenta como mínimo lo dispuesto en los artículos 2.6.13.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y 44 de la Ley 964 de 2005.
Rotación, reelección y participación mínima
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, como expresión de mejores prácticas de gobierno corporativo, deben establecer en sus políticas el número máximo de veces que apoyarán la reelección de una persona como miembro independiente de junta directiva o consejo de administración del receptor de la inversión. Para votar dicha reelección, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben considerar en sus políticas, entre otros aspectos, los resultados que haya obtenido dicho miembro en la autoevaluación efectuada por la propia junta o consejo, si la hubiere.
Remuneración
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben promover que el emisor cuente con políticas en materia de remuneración de los miembros de junta directiva o consejo de administración, en las que se considere, entre otras, su participación activa y efectiva en el órgano colegiado, una gestión propia de un buen hombre de negocios y el cumplimiento de los objetivos de largo plazo del receptor de la inversión.
Elección del revisor fiscal
En la política de ejercicio de derechos políticos, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben promover las mejores prácticas de buen gobierno en la elección del revisor fiscal.
Para el efecto, se consideran como sanas prácticas de gobierno corporativo, entre otras:
El examen de idoneidad y experiencia de los postulantes personas jurídicas y naturales.
Que las firmas de revisoría apliquen en su trabajo estándares internacionales de reconocida calidad y verificación.
Que se verifique e informe por parte del receptor de la inversión el alcance de la planeación del trabajo, la metodología a utilizar, así como del equipo humano asignado por la firma para desarrollarlo.
Reglas sobre conflictos de interés
En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 656 de 1994, así como en el artículo 158 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) y el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009, las políticas aplicables a las situaciones generadoras de conflictos de interés relacionadas con el proceso de inversión que fijen las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben incorporar los siguientes contenidos mínimos:
Criterios para identificar potenciales conflictos de interés, derivados de la función de administrador de recursos de terceros con acceso a información privilegiada.
Criterios para evitar incurrir en situaciones que puedan dar lugar a conflictos de interés y que puedan afectar el ejercicio de los derechos políticos, protegiendo en todo evento los intereses de los afiliados a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.
Procedimientos y normas de control interno que eviten la ocurrencia de conflictos de interés que puedan afectar a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, sus administradores, gerentes, ejecutivos principales.
Procedimientos y normas de control interno sobre situaciones de uso de información privilegiada respecto de cualquier funcionario que, debido a su cargo o posición, tenga acceso a información de las inversiones de una Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías que aún no haya sido divulgada al mercado, y que por su naturaleza sea capaz de influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones.
Acuerdos de accionistas y convenios con inversionistas
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.6.13.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los acuerdos o convenios de accionistas suscritos para el ejercicio de los derechos políticos deben enmarcarse en los principios de transparencia e integridad del mercado.
Dichos acuerdos deben tener como objetivo fortalecer el gobierno corporativo del receptor de la inversión y, adicionalmente, deben sujetarse en su contenido y revelación a lo dispuesto en los artículos 70 de la Ley 222 de 1995 y 43 de la Ley 964 de 2005.
Los acuerdos o convenios de accionistas en que sólo participen Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías no pueden dar lugar a ejercer el control sobre la receptora de la inversión.
Aquellos acuerdos que sean suscritos con accionistas diferentes a una Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, si están dirigidos a obtener participaciones de control, deben excluir la posibilidad de que dicha Administradora participe o tenga injerencia en la administración del receptor de la inversión.
En todo caso, ningún acuerdo debe contener cláusulas que conlleven vulneración de los derechos de los accionistas minoritarios y de las normas legales aplicables en materia de conflictos de interés, régimen de competencia y manipulación del mercado.
Estos acuerdos o convenios deben remitirse de forma inmediata a su suscripción a la SFC, precisando las reuniones de asamblea en donde se tiene dispuesta su aplicación.
Para efectos de lo previsto en el presente numeral debe entenderse por control lo dispuesto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.
Procedimientos para asegurar el cumplimiento de la política
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben diseñar, implementar y documentar los procedimientos necesarios para controlar el cumplimiento del contenido de la política de ejercicio de derechos políticos respecto de las inversiones que realicen con los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantía.
Divulgación
La difusión de la política de ejercicio de derechos políticos, en su versión completa, debe efectuarse a través de la página web de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías. Adicionalmente, deben señalar, en el panel de información al público ubicado en sus oficinas, la existencia y disponibilidad de una copia de tales políticas para su consulta. Lo anterior, sin perjuicio de otras formas de difusión que la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías estime pertinentes.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías pueden elaborar un extracto o síntesis de la política de ejercicio de derechos políticos para su difusión a través de otros medios, garantizando que sean lo suficientemente claros y completos en todo aquello que deba constituir información indispensable para que las personas adopten sus decisiones de selección de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías en forma ilustrada, particularmente en lo referente a los factores que incidan en la rentabilidad y riesgo de sus decisiones de inversión.
Revisión periódica
La junta directiva de cada Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías debe revisar, por lo menos, anualmente la política para el ejercicio de los derechos políticos que haya adoptado y, en caso de que sea modificada, debe divulgarse a los diferentes grupos de interés, a través de los medios indicados en el subnumeral anterior.
Cómputo de los límites en inversiones restringidas
Para el cumplimiento de los límites de inversión en los activos de que trata el artículo 2.6.12.1.25 del Decreto 2555 de 2010 para las inversiones de los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y de los portafolios del fondo de cesantía, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben mantener actualizada la información respecto de la exposición de los vehículos de inversión a activos considerados como inversiones restringidas.
Para el efecto, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías puede implementar mecanismos para determinar la exposición real de los vehículos de inversión a las inversiones restringidas, siempre que se cumplan las condiciones definidas en el subnumeral 4.1 del presente capítulo. En el caso de que no pueda implementar los mecanismos para el cómputo de la exposición de los vehículos de inversión a activos considerados como inversiones restringidas, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías debe tomar la máxima exposición permitida en este tipo de inversiones, según la política de inversión establecida en el reglamento del fondo de inversión colectiva o vehículo correspondiente.
Independientemente de la forma como la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías determine la exposición real de los vehículos de inversión a las inversiones restringidas, debe adelantar una revisión periódica de la política de inversión establecida en el reglamento del fondo de inversión colectiva o vehículo correspondiente y demás información relevante para la determinación de la exposición.
Condiciones de los mecanismos para determinar la exposición real de los vehículos de inversión a las inversiones consideradas como restringidas
Información actualizada. En caso de contar con información actualizada, bien sea por certificaciones expedidas por el administrador del vehículo de inversión o por los mecanismos contractuales dispuestos para la divulgación de la estructura de sus activos, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías debe realizar el cálculo de su exposición basada en esta información, ponderado por el porcentaje de participación del fondo en el respectivo vehículo.
Se entiende por información actualizada aquella publicada por la sociedad administradora o gestor del vehículo de inversión, o conocida por la Administradoras} de Fondos de Pensiones y Cesantías dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de cálculo del control de los límites.
Con el fin de prever los movimientos en las composiciones diarias de los vehículos y su efecto en el cumplimiento de los límites de inversión internos y legales, el mecanismo para determinar la exposición debe incluir un supuesto que permita realizar la mejor estimación de la exposición real desde la fecha de cálculo del control de los límites hasta la próxima fecha en la cual se dispone de información actualizada.
Ser objeto de revisión por parte del Comité de Riesgos. Los resultados de la aplicación del mecanismo de que trata el presente subnumeral deben ser presentados mensualmente ante el Comité de Riesgos, de manera tal que este pueda cumplir con su función de velar por el cumplimiento de los límites internos y legales.
El área designada por el Comité de Riesgos como responsable de la presentación de los informes con los resultados de la aplicación del mecanismo de que trata el presente subnumeral, también será la encargada del control diario del cumplimiento de los límites de inversión.
Exposición subyacente en el caso de inversiones realizadas a través de fondos de fondos u otros vehículos de inversión mediante los cuales la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías tenga una exposición a inversiones restringidas. En el caso que la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías realice inversiones en fondos de fondos u otros vehículos mediante los cuales tenga una exposición a inversiones restringidas, el mecanismo debe permitir determinar la exposición del fondo subyacente a estas inversiones. En el caso que para el fondo subyacente no se cuente con información actualizada en los términos del subnumeral 4.1.1 precedente, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías debe tomar la máxima exposición permitida en este tipo de inversiones, según la política de inversión establecida en el reglamento.
En la determinación de la exposición real subyacente al tipo de fondo, el mecanismo debe definir el número de veces que razonablemente la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías requiere evaluar los activos subyacentes dentro de la composición de un vehículo de inversión u otro tipo de esquema de inversión indirecta, con el fin de establecer su participación en activos considerados como inversiones restringidas.
Autorización
De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 810 de 1998 y el artículo 4 del Decreto 941 de 2002, las AFP y las sociedades fiduciarias o los consorcios o uniones temporales constituidos por este tipo de entidades, están autorizadas para administrar los patrimonios autónomos que deben constituir las entidades territoriales y sus descentralizadas. En consecuencia, para la administración de dichos patrimonios autónomos, tales sociedades no requieren autorización especial de esta Superintendencia. Adicionalmente, la selección de las entidades financieras administradoras de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) se rige por lo establecido en el artículo 2.12.3.1.3 del Decreto 1068 de 2015.
Las sociedades fiduciarias pueden administrar los recursos de los encargos fiduciarios a los que se refiere el subnumeral 2.1 siguiente. Para ello, deben contar con la capacidad técnica y administrativa suficiente, teniendo en cuenta la naturaleza y características específicas de las actividades a desarrollar y las instrucciones contenidas en este Capítulo.
Objeto exclusivo de los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios
Para las entidades territoriales o sus descentralizadas que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y no hubieren sido sustituidas por fondos de pensiones públicas del orden territorial
En este caso los patrimonios autónomos se constituyen para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los bonos pensionales, cuotas partes de bonos pensionales y cuotas partes de pensiones reconocidas con efectividad posterior a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones (SGP) en el respectivo departamento, distrito o municipio.
Entiéndase por pensiones reconocidas con efectividad posterior a la entrada en vigencia del SGP, aquellas en las cuales el cumplimiento de los requisitos legales, tanto para adquirir el derecho a la respectiva pensión como para iniciar su disfrute, se dio en una fecha posterior a la entrada en vigencia del SGP en el respectivo nivel territorial.
Los recursos a que se refiere este subnumeral también pueden ser administrados mediante la celebración de encargos fiduciarios.
Los encargos fiduciarios deben constituirse como encargos irrevocables, no obstante, lo cual pueden terminarse en forma anticipada cuando se demuestre la ocurrencia de una conmutación pensional con Colpensiones, o la celebración de contratos de renta vitalicia que produzcan los efectos de una conmutación pensional.
Para las entidades territoriales o sus descentralizadas que fueron sustituidas por fondos de pensiones públicas del orden territorial
De conformidad con el numeral 5 del artículo 5 del Decreto 1296 de 1994 el objeto de los patrimonios autónomos es proveer recursos para el pago de sus obligaciones pensionales, tales como pensiones, bonos pensionales, cuotas partes de bonos pensionales y cuotas partes de pensiones.
Prohibiciones
En el caso de las entidades territoriales o sus descentralizadas que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y no hubieren sido sustituidas por fondos de pensiones públicas del orden territorial, la constitución de los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios en ningún caso implica o pueden ser utilizados para:
La conmutación pensional de obligaciones a cargo de las entidades constituyentes.
El pago de pensiones completas o compartidas, legales, extralegales o convencionales, entre otros.
Igualmente, en el caso de las entidades territoriales o sus descentralizadas que fueron sustituidas por fondos de pensiones públicas del orden territorial, la constitución de los patrimonios autónomos en ningún caso implica o pueden ser utilizados para la conmutación pensional de obligaciones a cargo de las entidades constituyentes.
La constitución de patrimonios autónomos o encargos fiduciarios, según sea el caso, no exime a las entidades constituyentes de las responsabilidades que por obligaciones pensionales les correspondan.
Valor de los activos e integración de los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios
Las AFP y las sociedades fiduciarias, en forma previa a la constitución de los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios, deben verificar que las entidades territoriales o sus descentralizadas constituyentes hayan dado cumplimiento a los siguientes aspectos:
Que en el programa de constitución de los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios se establezca que el valor de los activos deba ser igual o superior al monto de las obligaciones garantizadas, teniendo en cuenta que:
El valor de los activos líquidos aportados debe ser suficiente para atender, por lo menos, las obligaciones que se hagan exigibles dentro del respectivo año.
El valor de los activos debe cubrir anualmente un valor esperado de imprevistos de que trata el artículo 4 del Decreto 810 de 1998, así:
Para calcular el citado valor deben utilizarse las probabilidades contenidas en las tablas de mortalidad de rentistas y de invalidez de activos, hombres y mujeres establecidas por esta Superintendencia.
El monto de los imprevistos se calcula para cada género, así:
_
E(B) = [p(x) + i(x) ]*B* n, donde:
_
E(B) = Valor esperado de los imprevistos por pago anticipado de bonos
_
p(x) = Probabilidad de muerte a la edad promedio x
_
i(x) = Probabilidad de invalidez a la edad promedio x
_
B = Valor promedio de los bonos
n = Número de elementos del grupo.
El valor total de los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios debe integrarse en un plazo máximo de 30 años, señalando su forma de integración y la programación para la amortización y transferencia periódica de activos.
Que el valor de las obligaciones a garantizar se haya establecido con base en un cálculo actuarial o atendiendo, en lo pertinente, la metodología señalada en la Circular 048 de 2001 de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o en las que la modifiquen, sustituyan o adicionen.
Los estudios que sirvan de base para la determinación de la suficiencia del monto de las obligaciones a garantizar deben comprender la totalidad de beneficiarios de bonos pensionales, cuotas partes de bonos pensionales y cuotas partes de pensión y, cuando sea del caso, pensiones completas o compartidas, legales, extralegales o convencionales.
Que la aceptación de activos diferentes a dinero no afecte la estructura de liquidez del patrimonio autónomo o del encargo fiduciario prevista en el subnumeral 4.1. anterior. Además, deben tener en cuenta que su enajenación no puede exceder de 2 años.
Para la aceptación de estos activos diferentes a dinero, las administradoras de los patrimonios autónomos o de los encargos fiduciarios deben exigir que previamente se haya elaborado un avalúo comercial de reconocido valor técnico, así como efectuar un análisis de las posibilidades de enajenación dentro del término señalado en el inciso anterior. Para el efecto, las entidades administradoras deben actuar con la prudencia, diligencia y compromiso que se le exige a un buen hombre de negocios.
En caso de no poderse realizar los activos mencionados en el término previsto, las entidades administradoras deben provisionarlos en un 100%.
Cuando la entidad constituyente haya transferido al patrimonio autónomo o al encargo fiduciario, según sea el caso, sumas superiores a las reservas acordadas para un determinado período, tendrá derecho a que en el período siguiente se reduzca en forma equivalente el monto de la transferencia que para éste corresponda según el respectivo programa.
Las administradoras deben mantener a disposición de esta Superintendencia el programa de constitución del patrimonio autónomo o encargo fiduciario y el contrato que se celebre con cada entidad constituyente.
Bonos pensionales
Las administradoras de los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios pueden asesorar a las entidades constituyentes en la emisión de bonos pensionales, pudiendo también administrar dichas emisiones.
La emisión y expedición de los bonos pensionales debe estar a cargo de la respectiva entidad territorial o su descentralizada, la cual debe ceñirse a las disposiciones que para el efecto le apliquen.
Rentabilidad mínima y garantía de rentabilidad mínima del FONPET
Las administradoras de los patrimonios autónomos del FONPET deben garantizar una rentabilidad mínima neta de comisión, en los términos y condiciones definidos en los artículos 2.12.3.19.5, 2.12.3.19.6 y 2.12.3.19.7 del Decreto 1068 de 2015.
Cálculo del cociente de ingreso por comisión de administración de recursos del FONPET
Para el cálculo del cociente de ingreso por comisiones del FONPET para aquellas sociedades administradoras que no tengan información para los 3 años anteriores, bajo un mismo contrato de administración, se deben atender las disposiciones del Capítulo XIII-17 de la CBCF.
Separación contable
Las AFP y las sociedades fiduciarias deben mantener los activos y pasivos de los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios de que trata este Capítulo separados de los demás activos de su propiedad y de los fondos administrados.
Igualmente, por cada patrimonio autónomo o encargo fiduciario deben mantener cuentas corrientes o de ahorro destinadas exclusivamente a manejar los recursos de cada uno de ellos, identificando claramente el nombre de la entidad a la cual corresponde.
En el evento en que una entidad territorial o descentralizada decida constituir un solo patrimonio autónomo o encargo fiduciario para la garantía y pago de bonos, cuotas partes de bonos pensionales, cuotas partes pensionales u otras obligaciones pensionales, según corresponda de conformidad con lo establecido en el numeral 2 de este Capítulo, la entidad administradora del mismo debe identificar el valor de los aportes, los retiros y el saldo de cada uno de dichos conceptos, tanto en unidades como en pesos. Para el efecto, su registro contable en las cuentas patrimoniales debe identificarse a nivel de 7 u 8 dígitos y los libros auxiliares de dichas cuentas deben revelar el movimiento y saldo de cada concepto.
Fondos de pensiones voluntarios
Las prestaciones percibidas en virtud de los planes voluntarios de pensiones administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, las sociedades fiduciarias o las compañías de seguros, son independientes del régimen de seguridad social y de cualquier otro régimen pensional. En consecuencia, los recursos a que se refiere el Decreto 810 de 1998 en ningún caso pueden ser administrados a través de fondos voluntarios de pensiones.
Entidades autorizadas para administrar los recursos correspondientes a pasivos pensionales a cargo de Ecopetrol S.A.
Ecopetrol debe constituir uno o varios patrimonios autónomos como garantía y fuente de pago de su pasivo pensional, los cuales pueden ser administrados por AFP o por sociedades fiduciarias según lo previsto en el Decreto 876 de 1998.
Las sociedades administradoras de dicho patrimonio o patrimonios autónomos deben observar, en cuanto fuere pertinente y de acuerdo con la naturaleza del respectivo contrato, las instrucciones contenidas en el presente capítulo. En todo caso deben identificar, a nivel de cuentas auxiliares, el manejo de cada uno de los pasivos (bonos pensionales, cuotas partes de bonos pensionales y otras obligaciones pensionales plenamente identificadas).
Mecanismo de registro de operaciones
Las entidades Administradoras de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET y otros patrimonios autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones deben implementar un mecanismo que permita identificar de manera completa, clara y suficiente cada operación y el portafolio para el cual se efectúa la misma. Para el efecto estas entidades deben aplicar las disposiciones contenidas en el numeral 1 del Capítulo IV del Título III la Parte II de esta Circular.
Consideraciones generales
Las reglas contenidas en el presente capítulo y sus anexos son aplicables a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, a las sociedades fiduciarias y a las compañías de seguros autorizadas para administrar fondos voluntarios de pensión (en adelante, “FVP”).
Requisitos aplicables a las sociedades administradoras de FVP
Para la autorización por primera vez de un reglamento de FVP, el representante legal de la sociedad administradora debe acreditar los requisitos señalados en el artículo 2.42.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, mediante certificación, para lo cual tendrá que considerar como mínimo los siguientes aspectos:
Infraestructura administrativa, operativa y humana
Las sociedades administradoras de FVP deben contar con los procesos, y los recursos físicos y humanos adecuados para adelantar la gestión comercial, operativa, financiera, jurídica, administrativa, de gestión de riesgos y de control interno, entre otros, de los FVP.
Sin perjuicio de lo anterior, los FVP deben tener, como mínimo, los siguientes órganos:
Comité de inversiones
Los comités de inversiones de los FVP deben estar conformados por un número impar de miembros designados por la junta directiva de la sociedad administradora que acrediten conocimiento y experiencia en las respectivas materias.
La junta directiva puede definir que las funciones del comité de inversiones del FVP las desarrollen otros comités existentes o que tengan funciones similares respecto de otros productos, como, por ejemplo, los comités de riesgos y/o inversiones de los fondos de pensiones obligatorias. En estos casos, se entenderá que los miembros de los mencionados órganos formarán parte del comité de inversiones del FVP, independiente de la denominación de los otros comités.
Los requisitos para hacer parte de este comité deben ser determinados y evaluados por la junta directiva de forma previa a la designación de dichos miembros. Los comités deben contar como mínimo con un miembro que cumpla los supuestos de independencia previstos en el parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 964 de 2005. En ningún caso, los miembros independientes podrán tener vínculos laborales con las entidades locales o internacionales del conglomerado financiero al que pertenecen, si aplica, y/o sus vinculados.
En la conformación de los comités se debe garantizar independencia y segregación de roles, de acuerdo con la estructura organizacional de la sociedad administradora. En el caso en que un FVP cuente con más de un comité de inversiones, la sociedad administradora debe establecer las funciones que cada comité cumple respecto de los planes, portafolios y alternativas correspondientes.
Adicionalmente, la junta directiva de la sociedad administradora debe definir las funciones específicas, responsabilidades y la forma en que se documentarán sus decisiones y el reglamento de funcionamiento de los comités de inversiones.
Personal encargado de la negociación de operaciones
Las sociedades administradoras deben contar con el personal requerido para la negociación de las operaciones de los FVP, el cual no tiene que ser de dedicación exclusiva para cada FVP, razón por la cual pueden desarrollar funciones similares en otros negocios de la sociedad administradora. Dicha situación se debe informar en el reglamento del correspondiente FVP, y se deben adoptar políticas y mecanismos para identificar, administrar y controlar los riesgos, y los posibles conflictos de interés que se puedan generar.
Este personal no puede participar en las decisiones de inversión de los FVP, de otros productos o vehículos de inversión administrados o gestionados por la sociedad administradora, como tampoco en la toma de decisiones de inversión y/o celebración de operaciones de la cuenta propia y/o recursos propios de la sociedad administradora.
Personal encargado de los procedimientos operativos
Las sociedades administradoras deben contar con el personal requerido para el desarrollo de los procedimientos operativos de los FVP. Esta función puede ser desarrollada por el personal de la sociedad administradora dedicado a esta labor. En este evento, la sociedad administradora debe definir y gestionar claramente los posibles conflictos de interés que puedan surgir, así como su tratamiento.
Infraestructura tecnológica y operativa suficiente para administrar FVP
Plan informático
En el plan o planes informáticos se describen las especificaciones técnicas de los sistemas de información, equipos de cómputo, redes de comunicaciones, centros de procesamiento de datos, seguridad de la información, planes de contingencia, continuidad operativa y, en general, el ambiente informático a utilizar para la administración, gestión y distribución del respectivo FVP, así como, el tiempo requerido para su montaje y puesta en funcionamiento.
Sistemas de información
Los sistemas deben garantizar que la información procesada y generada por ellos cumplen con los principios básicos de seguridad y calidad, y que cuentan con la capacidad para producir los reportes e informes requeridos por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), atendiendo las especificaciones técnicas exigidas para tal fin.
La sociedad administradora debe contar con planes de contingencia y continuidad de la operación para prevenir y, en caso de ser necesario, solucionar los problemas, fallas e incidentes que se puedan presentar en los dispositivos de procesamiento y conservación de información que conforman el sistema integral de manejo y procesamiento de la información del FVP.
Adicionalmente, se requiere contar con uno o varios sistemas básicos de información para el funcionamiento de los FVP, los cuales deben comprender, como mínimo, los siguientes:
Sistema de gestión contable para el reporte a la SFC de la información contable y de cualquier otra información con fines de supervisión de cada portafolio del FVP de manera independiente.
Sistema para valorar el FVP y sus portafolios. En los casos en que la valoración no haya sido delegada en un tercero autorizado, se debe incorporar un sistema para valorar de manera periódica cada FVP, los portafolios que los componen y las unidades que representan los aportes de los partícipes y patrocinadores de este. Adicionalmente, este sistema debe contemplar el registro de la remuneración por administración, comisiones, gastos imputables a los FVP, entre otros.
Sistemas o mecanismos para el cruce e intercambio de información del FVP bajo administración con los demás agentes con los que interactúa la sociedad administradora tales como el custodio, sub-custodios, depósitos centralizados de valores, bolsas de valores, sistemas de negociación de valores y/o sistemas de registro de operaciones sobre valores, sistemas de compensación y liquidación de operaciones sobre valores, intermediarios del mercado de valores, sistemas de pagos, cámaras de riesgo central de contraparte, proveedores de precios y cualquier otro agente que participe en el proceso.
En adición al inciso anterior, para los portafolios que inviertan directamente a través de operaciones de factoring, en títulos valores y/u otros derechos de contenido económico no inscritos en el RNVE, la sociedad administradora debe contar con sistemas o mecanismos para el cruce e intercambio de información con las contrapartes y/o agentes con los que interactúa respecto de la adquisición y/o gestión del portafolio. En todo caso, los portafolios que inviertan indirectamente en este tipo de operaciones deben contar con la información necesaria para administrar los riesgos particulares asociados a las mismas.
Sistema para el manejo de los partícipes y patrocinadores, el cual, entre otros aspectos, debe contemplar: el registro de identificación de los partícipes y patrocinadores, el registro de los aportes y/o retiros, la generación y entrega de información a los mismos, y la notificación de las transacciones realizadas.
Sistema o mecanismo para la notificación en línea de las transacciones realizadas por los partícipes y patrocinadores.
Estructura de control interno
La sociedad administradora debe contar con una adecuada estructura de control interno que garantice la debida ejecución de los procedimientos de la actividad de administración. En todo caso, esta obligación no implica que se cuente con un sistema diferente a implementado de acuerdo con el Capítulo IV del Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica y tampoco implica la constitución de un área específica para el cumplimiento de este requisito. Sin embargo, la sociedad administradora debe incluir en su propio sistema de control interno el manual o código de control interno respecto de las actividades de administración de FVP, el cual debe cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo IV del Título I de la Parte I de la CBJ.
Códigos de buen gobierno corporativo
La sociedad administradora debe incluir en sus códigos de buen gobierno un aparte dedicado a la administración de FVP, con el objetivo de asegurar que tales actividades se encaminan a la eficiente organización y operación de estos vehículos de inversión.
En este orden, el código de buen gobierno debe establecer que los funcionarios que participen en el desarrollo de las actividades de administración de FVP deben obrar exclusivamente en el mejor interés de los partícipes y patrocinadores. Para el efecto, este código debe estar acorde con las políticas de administración y revelación de los conflictos de interés aprobadas por la junta directiva.
Adicionalmente, en los mencionados códigos de buen gobierno se debe incluir:
Criterios éticos y de conducta encaminados a preservar los derechos de los partícipes y patrocinadores de los FVP.
Reglas claras y concretas que permitan realizar un control a la gestión de los administradores de los FVP respecto del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades asignadas, así como del régimen general de prohibiciones.
Sistema de gestión y administración de los riesgos
Las sociedades administradoras deben contar con un sistema de gestión y administración de riesgos para los FVP bajo administración, y pueden emplear el que tenga la sociedad administradora para otras líneas de negocios, siempre que reconozca las particularidades de la actividad de los FVP bajo administración, junto con sus reglamentos de funcionamiento y políticas de inversión.
Para efectos de la administración del riesgo de crédito, la sociedad administradora debe incorporar en sus sistemas de gestión y administración de riesgos, los requisitos exigidos en el subnumeral 1.5. del Capítulo III del Título VI de la Parte III de la CBJ.
Custodia
Las sociedades administradoras de FVP deben contar con una entidad autorizada por la SFC que preste, como mínimo, los servicios obligatorios de custodia de valores para los portafolios de inversión de los FVP bajo administración, con antelación a la entrada en funcionamiento del respectivo FVP. La actividad de custodia de los valores que conforman los portafolios del FVP se debe realizar según las mismas reglas aplicables a la custodia de los valores que integran los Fondos de Inversión Colectiva. Para ello, la verificación del cumplimiento al que se refiere el parágrafo del artículo 2.37.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 se realiza a nivel de cada uno de los portafolios que componen el FVP y sus respectivos prospectos.
Para el caso de la contratación de servicios complementarios o especiales con el custodio de valores, tales como la valoración del portafolio o la contabilidad de los FVP, el contrato respectivo debe garantizar que el proveedor de precios para valoración que se utilice sea el que haya sido seleccionado por la sociedad administradora para cada segmento de negocio. Igualmente, en materia de políticas contables, las mismas deben corresponder a las definidas por la sociedad administradora.
Respecto de los títulos valores y/u otros derechos de contenido económico no inscritos en el RNVE, la sociedad administradora debe cumplir con las instrucciones establecidas en el subnumeral 1.8.2. del Capítulo III del Título VI de la Parte III de la CBJ.
Autorizaciones
Requisitos para autorizar la constitución de nuevos FVP.
Para la autorización de constitución de nuevos FVP, la sociedad administradora deberá remitir a esta Superintendencia los siguientes documentos:
Modelo del reglamento de funcionamiento del Fondo Voluntario de Pensión, el cual debe cumplir con el contenido mínimo establecido en Libro 42 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y el subnumeral 5.2 del presente Capítulo. En caso de que la sociedad administradora opte por utilizar un modelo de reglamento estandarizado deberá solicitar la autorización mediante el trámite abreviado.
Certificación expedida por el representante legal de la sociedad administradora en el que manifieste que el reglamento de funcionamiento presentado ante la SFC cumple con los requisitos de contenido mínimo establecidos en la regulación aplicable, en especial, el Libro 42 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y el subnumeral 5.2 del presente Capítulo.
Copia del acta de junta directiva de la sociedad administradora mediante la cual se aprobó el modelo de reglamento de funcionamiento.
Certificación expedida por el representante legal de la sociedad administradora en el que manifieste que la sociedad administradora cumple con los requisitos previstos en el artículo 2.42.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, y en el numeral 2 del presente Capítulo.
Modificaciones al reglamento de funcionamiento del FVP en operación
De conformidad con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 2.42.1.4.7. del Decreto 2555 de 2010, las modificaciones al reglamento de funcionamiento del FVP en operación deben regirse por las disposiciones del subnumeral 6.3. del Capítulo III del Título VI de la Parte III de la CBJ.
Alternativas de inversión
Las alternativas de inversión corresponden a estrategias de distribución que agregan portafolios de acuerdo con los objetivos de inversión o perfil de riesgo de los partícipes, de tal forma que estos puedan acceder a los portafolios ofrecidos por la sociedad administradora.
Las sociedades administradoras pueden ofrecer los siguientes tipos de alternativas en desarrollo de la actividad de administración de FVP: (i) alternativas estandarizadas, (ii) alternativas flexibles, y (iii) alternativas autogestionadas.
Alternativas estandarizadas
Las alternativas estandarizadas corresponden a estrategias de distribución que agregan portafolios seleccionados por la sociedad administradora, y en las cuales se delega en aquella las decisiones respecto de la composición de la alternativa, tales como, la inclusión o exclusión de portafolios y el rebalanceo de la participación de la alternativa en los mismos.
Alternativas flexibles
Las alternativas flexibles corresponden a estrategias de distribución de portafolios previamente seleccionados por la sociedad administradora según perfiles de riesgo y/u objetivos de inversión, en las cuales los partícipes toman las decisiones respecto de su inversión individual en cada uno de los portafolios que componen la alternativa.
Alternativas autogestionadas
Las alternativas autogestionadas corresponden a estrategias de distribución de portafolios en las cuales los partícipes toman las decisiones respecto de su inversión individual en cada uno de los portafolios ofrecidos por la sociedad administradora.
Mecanismos de revelación de información
Principios generales de revelación de información
Los mecanismos de revelación de información deben cumplir con los principios generales establecidos en el presente subnumeral. La información contenida en los mismos debe estar expresada en forma sencilla, clara y precisa, de tal manera que sea de fácil comprensión para los partícipes y les permita a estos conocer el estado de su inversión. Para el efecto, la sociedad administradora debe en su diseño y remisión:
Utilizar palabras de uso común y evitar el lenguaje técnico para las explicaciones y contenidos, a menos que la explicación de los términos técnicos sea incorporada para su comprensión.
Utilizar una redacción y estructura concisa en los textos escritos que facilite su lectura y comprensión.
Utilizar elementos de diseño, tales como: fuentes, tamaños, colores, diagramación, títulos, y el uso de espacio negativo o en blanco, de tal manera que se logre la comunicación efectiva de los contenidos.
Incorporar elementos adicionales que promuevan la comunicación y comprensión efectiva de los contenidos. Para el efecto pueden incluir: gráficas, tablas, infografías, listados, recuadros, íconos, formatos de preguntas y respuestas, y otros elementos visuales, gráficos o de texto en los cuales se agreguen contenidos al documento.
Dentro de los mecanismos de revelación de información diferentes al reglamento, la sociedad administradora debe especificar de manera detallada los parámetros utilizados para determinar el valor de las comisiones, así como, según la alternativa ofrecida, si el cobro se realiza a nivel de alternativa o a nivel de los portafolios que la componen, según lo definido en el reglamento.
Contenido mínimo de los reglamentos de funcionamiento
Los reglamentos de funcionamiento de los FVP deben contener, como mínimo, la información que para los mismos se incluye en el “ANEXO 3: CONTENIDO MÍNIMO DEL REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO FVP”.
La información contenida en los Capítulos II “Información y características de los planes” y el Capítulo IV “Entidades Patrocinadoras” respecto de planes institucionales, únicamente puede ser revelada a aquellas personas que cumplan las condiciones de admisión del respectivo plan institucional para preservar su carácter confidencial y reservado.
En esta medida, la sociedad administradora debe mantener dicha información en un anexo aparte del reglamento de funcionamiento del FVP, el cual debe estar a disposición de los partícipes y potenciales participes del respectivo plan institucional.
Deberes de información en las alternativas
Documento que contenga la descripción general de las alternativas estandarizadas.
Sin perjuicio de que el documento de vinculación señale las condiciones particulares de la inversión, la sociedad administradora deberá contar con un documento que contenga la descripción general de las alternativas estandarizadas, que incluya, como mínimo, la siguiente información:
Relación pormenorizada de las comisiones fijas y variables que se cobraran para la respectiva alternativa estandarizada. Para ello, se indicará si el cobro de las comisiones se va a realizar de manera agregada por los portafolios que componen la alternativa estandarizada y/o por la alternativa estandarizada, según lo establecido en el reglamento.
El término de duración de la alternativa estandarizada.
Las causales y procedimientos para su terminación anticipada.
Información sobre el funcionamiento de la alternativa estandarizada, incluyendo, pero sin limitarse, a las reglas y procedimientos para el aporte y redención de recursos por parte de los partícipes.
El plan de inversiones de la alternativa estandarizada, el cual deberá incluir los siguientes aspectos:
Objeto de la alternativa estandarizada.
Relación de los portafolios que se consideran aceptables para invertir, junto con su diversificación, de conformidad con el objeto de la alternativa estandarizada.
Información general de los portafolios que componen la alternativa estandarizada.
Determinación de los límites mínimos y máximos de inversión por portafolio.
Índice de referencia o benchmark, de acuerdo a las instrucciones del numeral 5.4.5.7. del presente Capítulo.
Políticas para la recomposición y rebalanceo de los portafolios en atención al objeto de la alternativa estandarizada.
Dicho documento deberá ponerse a disposición de los partícipes que se vinculen a la respectiva alternativa estandarizada y deberá estar publicado en la página web de la sociedad administradora. Adicionalmente, la sociedad administradora deberá suministrarle la ruta de la página web en donde se encuentran disponibles los prospectos y las fichas técnicas de cada uno de los portafolios que componen la alternativa estandarizada.
Alternativas flexibles y autogestionadas
Las sociedades administradoras que opten por ofrecer alternativas flexibles y/o autogestionadas deben suministrar a los partícipes la ruta de la página web en donde se encuentran disponibles los prospectos y las fichas técnicas de cada uno de los portafolios que componen la alternativa seleccionada.
Adicionalmente, las sociedades administradoras deben remitir un documento a los partícipes en el que se les informe las condiciones de su inversión a través de las alternativas seleccionadas. Dicho documento también deberá contener una relación pormenorizada de las comisiones fijas y variables que se cobraran para alternativa seleccionada. Para ello, se indicará si el cobro de las comisiones se va a realizar de manera agregada por los portafolios que componen la alternativa y/o por la alternativa seleccionada, según lo establecido en el reglamento.
Prospecto de portafolio
De manera previa a su ofrecimiento, las sociedades administradoras deben registrar los nuevos portafolios en el módulo de registro de negocios, en los términos del Capítulo VI Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica. Asimismo, la información contenida en el módulo de registro de negocios debe ser actualizada en el caso que se modifiquen los prospectos de un portafolio existente.
Los prospectos de portafolios deben contener, como mínimo, la información que se relaciona a continuación, sin perjuicio de que la sociedad administradora pueda incluir cláusulas adicionales:
Información general del portafolio relacionada a continuación:
Identificación del portafolio.
Identificación de la sociedad administradora.
Vigencia del portafolio.
Identificación del custodio de valores
Descripción general de las opciones de planes a las que pueden acceder, según el tipo de portafolio.
Descripción general de las alternativas de inversión a las que pertenece el respectivo portafolio.
Contenido mínimo de la política de inversión del portafolio.
En el prospecto no se deben volver a incorporar las políticas generales establecidas en el reglamento, sino un desarrollo individualizado de las políticas para cada uno de los portafolios que componen un FVP. La política de inversión de portafolio debe contemplar, como mínimo, los aspectos relacionados en el artículo 3.1.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, y aquellos establecidos a continuación:
Descripción general de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los diferentes portafolios que conforman un FVP de acuerdo con las características de cada uno de ellos. Esta descripción debe incorporar como mínimo los riesgos de liquidez, mercado, crédito, así como los factores de riesgo ASG y Climáticos materiales para el desempeño financiero del portafolio. Para todos los efectos se debe atender a la definición de materialidad establecida en el numeral 4 del anexo 2 de la Parte III del Título V Capítulo I de la Circular Básica Jurídica.
Indicación si el portafolio tendrá algún nivel de apalancamiento y a través de qué operaciones lo realizará, así como el límite máximo de apalancamiento del portafolio.
Políticas para la realización de operaciones de reporto, simultáneas y TTVs.
Políticas para la realización de operaciones con instrumentos financieros derivados y productos estructurados, según aplique.
Políticas para la realización de operaciones de cobertura, según aplique.
Políticas para la realización de operaciones en moneda extranjera o la adquisición de activos en moneda extranjera, así como el límite máximo de exposición cambiaria, según aplique.
Índice de referencia o benchmark
Dentro de la política de inversión de cada portafolio, la sociedad administradora deberá definir un índice de referencia o benchmark que permita la comparación de los rendimientos y riesgos del portafolio contra el comportamiento del mercado relevante. Para ello, las sociedades administradoras deben contar con políticas para la elección o construcción de un índice de referencia o benchmark que se ajuste al objetivo de inversión y características del portafolio.
El prospecto de cada portafolio debe incluir una explicación breve de las razones de elección o construcción del índice de referencia o benchmark, junto con la identificación de otras mediciones que permitan evaluar el desempeño del respectivo portafolio. No obstante, si como consecuencia del análisis técnico, la sociedad administradora concluye que no existe un referente apropiado para la elección o construcción del índice de referencia o benchmark, deberá incluir en el prospecto del portafolio un resumen que señale las razones por las cuales no se define el índice de referencia o benchmark para el respectivo portafolio.
Categorización estandarizada.
En el caso que el portafolio haga parte de alguna categorización estandarizada y reconocida por la industria, la sociedad administradora puede mencionar dicha categorización, siempre que incluya en el prospecto del portafolio la remisión a la información necesaria para conocer y entender dicha categorización y su metodología.
Denominación ASG o similares
En los casos en los que a estos portafolios se les asigne una denominación relacionada con algunas de las tres dimensiones de ASG, o bajo nombres, tales como: sostenibles, responsables, o similares, y/o se utilice dicha denominación como estrategia comercial para el ofrecimiento del portafolio, la sociedad administradora deberá: (i) justificar de manera clara la asignación de esta denominación, para lo cual podrá utilizar un sistema de clasificación o una taxonomía reconocida nacional o internacionalmente, y (ii) incluir la explicación de las estrategias utilizadas. Sin perjuicio de lo anterior, la integración de riesgos ASG y climáticos no es suficiente para justificar la denominación.
Para los efectos del presente Capítulo, se entiende por taxonomía reconocida nacionalmente, la Taxonomía Verde de Colombia.
Información económica del portafolio
La sociedad administradora deberá incluir la información sobre las comisiones y gastos del portafolio, en los términos que se establecen a continuación:
Una relación pormenorizada de las comisiones fijas y las comisiones variables que se cobrarán en el respectivo portafolio, especificando los parámetros que se utilizarán para determinar las comisiones efectivamente cobradas. Dicha información debe ser suficiente para que el partícipe identifique la comisión que se le cobrará a partir de su adhesión y en cualquier momento posterior.
En todo caso, la sociedad administradora debe advertir que, atendiendo a las condiciones particulares de cada partícipe, el cobro de comisiones puede realizarse a nivel de la alternativa seleccionada.
Una relación de los gastos asociados al funcionamiento y gestión del respectivo portafolio que puedan afectar la rentabilidad del portafolio y que no se encuentren incluidos en el reglamento de funcionamiento.
Información operativa del portafolio
La sociedad administradora deberá incluir la siguiente información operativa del portafolio:
Procedimiento y requisitos para la constitución y redención de unidades de participación en el portafolio.
Redención parcial y anticipada de unidades de participación. En caso de que el portafolio tenga un pacto de permanencia, se debe indicar la sanción por retiro anticipado.
Canales de atención disponibles para atender a los partícipes y entidades patrocinadoras, incluyendo la indicación de los contratos vigentes de uso de red de oficinas y corresponsalía, cuando a ello haya lugar.
Medios de reporte de información a los partícipes, entidades patrocinadoras y al público en general
Informe de rendición de cuentas de la sociedad administradora
El informe de rendición de cuentas es un mecanismo de revelación de información, a través del cual la sociedad administradora provee a los partícipes explicaciones detalladas y pormenorizadas sobre su gestión y el desempeño de los portafolios. El informe de rendición de cuentas debe seguir los principios generales de revelación de información establecidos en el subnumeral 5.1. del presente Capítulo y debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos en los subnumerales 5.5.1 y subsiguientes del presente Capítulo. Adicionalmente, la sociedad administradora podrá presentar un informe de rendición de cuentas por cada una de las alternativas estandarizadas en los términos del presente subnumeral.
Información del desempeño, conformación y riesgos de los portafolios.
El informe de rendición de cuentas debe contener una explicación acerca de las particularidades del portafolio de inversiones de los FVP, los riesgos asociados con éste y el desempeño de sus activos, así como la estrategia empleada por la sociedad administradora ante los movimientos del mercado.
El informe debe incluir información cuantitativa y cualitativa acerca de los cambios materiales en el desempeño financiero de los principales activos y de la rentabilidad del portafolio, así como de los factores o eventos que explican el desempeño del portafolio y de los principales tipos de activos que los componen, de manera tal que los partícipes puedan entender los elementos esenciales que incidieron en el comportamiento de la rentabilidad en el período reportado. La información debe incluir una explicación respecto de los riesgos asociados al portafolio y a las principales clases de activos, incluyendo eventos de materialización de riesgo y las medidas adoptadas por la sociedad administradora ante los mismos.
Adicionalmente, se debe proveer información acerca de la composición del portafolio con relación a los riesgos y los retornos obtenidos y complementar el análisis de la composición del portafolio que se refleja a través de las fichas técnicas. Lo anterior, debe incluir un análisis acerca de su dinámica y porqué se presentaron cambios en el período, cuando se consideren materiales. Se debe informar a los partícipes acerca del cumplimiento de las políticas de inversión y su injerencia dentro de los resultados obtenidos.
La información cualitativa debe incluir indicadores de desempeño y de riesgos asociados con la rentabilidad y la volatilidad. Para tal efecto, las sociedades administradoras pueden utilizar indicadores más complejos que le permitan a los partícipes entender el desempeño y los riesgos del portafolio, tales como expected shortfall, máximum drawdown, VaR, entre otros. La presentación de estos indicadores se debe acompañar con una explicación clara de los mismos.
En el caso de los portafolios cuyo prospecto contemple la posibilidad de realizar operaciones con instrumentos financieros derivados y productos estructurados, o la realización de operaciones de apalancamiento, el informe debe incluir la explicación de las operaciones de esta naturaleza celebradas durante el período de referencia, incluyendo la información que de estas sea necesaria para que los partícipes conozcan y comprendan la naturaleza de los riesgos que están asumiendo.
Desempeño de inversiones con estrategias de inversión con denominación ASG o similares.
En los casos en los que a estos portafolios se les asigne una denominación relacionada con algunas de las tres dimensiones de ASG o bajo nombres, tales como, sostenibles, responsables, o similares, y/o se utilice dicha denominación como estrategia comercial para el ofrecimiento del portafolio, el informe de rendición de cuentas debe incorporar información respecto del impacto de estos factores en el desempeño y composición del portafolio.
Relación pormenorizada de comisiones fijas y variables:
La relación pormenorizada de las comisiones fijas y variables cobradas en el respectivo período, para lo cual pueden agregarse en un mismo rubro las comisiones cobradas a varios partícipes por el mismo concepto.
El porcentaje efectivamente pagado por comisiones, para lo cual se deben agregar las comisiones fijas y las comisiones variables para el efecto. Las comisiones variables se convertirán en la forma establecida en el reglamento de funcionamiento del FVP para expresarlas como porcentaje del monto de activos administrados.
La distribución de porcentajes efectivamente pagados por comisiones reportados en los extractos de cuenta.
Situaciones de conflictos de interés
Reportar las situaciones de conflictos de interés que se hubiesen presentado en el período del respectivo informe, para lo cual se debe incluir las características e información relevante de dichas situaciones, así como las decisiones y acciones adoptadas por los órganos competentes para la gestión de aquellos.
Información financiera del portafolio
El informe de rendición de cuentas de la sociedad administradora debe estar acompañado de un reporte de los activos que componen cada uno de los portafolios a la fecha de corte de los meses incluidos en el informe. Para el efecto, el documento que contenga la rendición de cuentas de la sociedad administradora debe incluir el vínculo a la página web de la SFC en el cual se puede acceder al mencionado reporte por cada portafolio.
Estados financieros y sus notas
El informe de rendición de cuentas debe incluir el vínculo a la página web de la sociedad administradora en la cual se pueda acceder a los estados financieros del FVP.
Ficha técnica
La ficha técnica debe implementarse de conformidad con lo establecido en el “ANEXO 2: FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS DE FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS” del presente Capítulo.
La ficha técnica debe actualizarse y publicarse mensualmente dentro de los 5 días hábiles siguientes al último día calendario del mes. La fecha de corte de la información será el último día calendario del mes que se está informando. Adicionalmente, se debe mantener en la página web las fichas técnicas correspondientes a los últimos 12 meses.
Extractos
Las sociedades administradoras de FVP deben revelar periódicamente a sus partícipes el estado de su inversión y los movimientos de cuenta en el respectivo FVP. Para ello, el extracto debe ajustarse al contenido mínimo previsto en el “ANEXO 1: EXTRACTOS DE FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS” del presente Capítulo.
Los extractos deben ser remitidos, por lo menos, trimestralmente a los partícipes por el medio previsto en el reglamento de funcionamiento, a más tardar, dentro de los 10 días hábiles siguientes al último día calendario del trimestre que se informa. Adicionalmente, los extractos deben quedar a disposición de los partícipes para su consulta a través de la página web de la respectiva entidad.
Publicación de información en la página web de la sociedad administradora
La sociedad administradora debe definir los mecanismos para asegurar que la información acerca de la actividad de administración de FVP se encuentre en la página web de la sociedad administradora de manera sobresaliente. Para estos efectos, se debe incluir en la página de inicio de la sociedad administradora un ícono independiente bajo el nombre “FONDOS VOLUNTARIOS DE PENSIÓN”, en el cual estarán disponibles (i) los reglamentos de funcionamiento, (ii) los prospectos de los portafolios, (iii) las fichas técnicas, (iv) los informes de rendiciones de cuentas, y (v) el documento que contiene la descripción general de las alternativas estandarizadas. Adicionalmente, en los eventos en que la sociedad administradora introduzca modificaciones al reglamento de funcionamiento que impliquen afectaciones en los derechos económicos de los partícipes, en la página web también se debe incluir el aviso que fue publicado a través de cualquiera de los mecanismos previstos en el artículo 3.1.1.9.6 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen.
En esta misma página web también debe estar disponible un cuadro comparativo con la información detallada de todas las comisiones aplicables a los partícipes, tanto fijas como variables. Para el efecto, se debe identificar el concepto por el cual se realiza el cobro de comisiones, el porcentaje de comisión aplicable y la base sobre la cual se calcula el monto de la comisión, según lo establecido en el reglamento, incluyendo únicamente los valores correspondientes a los máximos establecidos en el reglamento. El cuadro debe ser de fácil comprensión y debe contener toda la información necesaria para que el cliente identifique la comisión que se le cobrará a partir de su adhesión y en cualquier momento posterior.
Dicho cuadro comparativo debe incluir las comisiones efectivamente cobradas en el año inmediatamente anterior, expresadas como porcentaje de los activos administrados, la rentabilidad histórica y la rentabilidad del benchmark expresados en términos de interés efectivo anual del respectivo portafolio del año inmediatamente anterior. Además, debe contener el objetivo de inversión del portafolio.
Adicionalmente, debe estar disponible un hipervínculo que remita a los partícipes y/o potenciales inversionistas a la herramienta de comparación de comisiones habilitada en la página web de esta Superintendencia.
Deber de asesoría
Para la vinculación y atención de los partícipes durante su permanencia en el respectivo FVP, las entidades deben dar cumplimiento al deber de asesoría, de conformidad con lo previsto en el Libro 40 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y en el Capítulo IV del Título II de la Parte III de la presente Circular.
Atendiendo a las características propias de los FVP, los portafolios o alternativas estandarizadas de los FVP pueden ser clasificadas como productos simples masivos en cumplimiento de los criterios previstos en el subnumeral 4.1.2 del Capítulo IV del Título II de la Parte III de la presente Circular.
Practicas inseguras en la administración de FVP
Para efectos de la administración de FVP, se considera práctica insegura realizar operaciones de repo, simultáneas o de transferencia temporal de valores en las cuales sean contrapartes 2 portafolios de inversión o FVP administrados por la misma sociedad administradora o portafolios de inversión de un mismo FVP, o en las que sea contraparte la respectiva sociedad actuando por cuenta propia.
Planes de capitalización
De conformidad con el literal e. numeral 2 del artículo 326 y numeral 1 del artículo 178 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), todos los planes de capitalización, así como las bases técnicas, fórmulas para el cálculo de las cuotas, reservas matemáticas, valores de rescate, participación de beneficios, sorteos de amortización y demás elementos técnicos de la sociedades de capitalización deben someterse, antes de su comercialización al público, a aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), quien debe pronunciarse dentro de los 60 días siguientes al recibo de la solicitud con los documentos, a que se hace referencia en la lista de chequeo que publique la SFC en su página web.
Igualmente, requieren aprobación las reformas o modificaciones posteriores que se efectúen a los planes ya autorizados.
Condiciones de los contratos
Contenido de los títulos
Los títulos de capitalización deben incluir todas las estipulaciones que regulan el contrato con indicación clara y precisa de las previsiones que señala el numeral 2, artículo 180 del EOSF.
Para los efectos de lo dispuesto en dicho artículo, los títulos de capitalización deben contener la siguiente información:
En la primera página
Se debe consignar, en caracteres destacados, la siguiente información:
a. “Advertencia para el suscriptor:
Mediante el presente contrato el suscriptor se compromete a entregar la suma de dinero pactada en el mismo, durante un tiempo determinado, entendiéndose que de cada cuota una parte se destina a la constitución de un fondo de ahorro y, la otra, a deducir los gastos iniciales pendientes de amortización en que incurra la capitalizadora tales como expedición del título, papelería, comisiones, administración y costos del sorteo.
Por consiguiente, en caso de rescisión del contrato, vale decir, de la terminación en forma anticipada por parte del suscriptor, la cantidad de dinero a que tiene derecho no siempre resultará igual a la sumatoria de las cuotas pagadas. En tal caso, el valor efectivo a recibir corresponderá al saldo del fondo de ahorro e intereses devengados según la tabla de valores de rescate inserta en el título".
b. La tasa de interés en términos efectivos aplicable al respectivo título.
c. La cuota en la cual se produce la nivelación del título.
d. La naturaleza de los gastos y el valor o porcentaje de los mismos que se deducirá del valor de cada cuota.
e. Las demás condiciones que de manera particular y de acuerdo con las características del título ordene la SFC.
Otras condiciones
a. Señalar el plazo dentro del cual la capitalizadora se obliga a entregar los premios a los suscriptores favorecidos en los sorteos, así como los montos correspondientes a los capitales constituidos al vencimiento del término de duración de los planes o a los valores de rescate en el evento de rescisión o caducidad de los títulos.
b. Adjuntar el texto del anexo a que se refiere el subnumeral 2.4.8 de este Capítulo.
c. Incluir la tabla de valores de rescate en la cual se deben precisar los montos correspondientes a ahorro e intereses, gastos, comisiones y costos de sorteos. En forma adicional, como ilustración al suscriptor, la entidad debe explicar mediante un ejemplo, la aplicación de los conceptos antes señalados en por mil de cuota.
De otra parte, teniendo en cuenta que el numeral 3 del artículo 180 EOSF contempla los efectos jurídicos de la rescisión del título, no resulta legalmente viable que en el cálculo de los valores de rescate se carguen penalizaciones en el evento de que el suscriptor del título proceda en tal sentido.
d. Indicar en el texto de los títulos la dirección física o correo electrónico a través de los cuales la capitalizadora recibirá notificaciones.
Condiciones de las notas técnicas
Las notas técnicas deben contener la formulación matemática y los resultados de la capitalización de las cuotas que constituyen la obligación de la capitalizadora para con los suscriptores o reserva de los planes. En las mismas se debe indicar explícitamente el período contractual de duración del plan, la tasa de interés a utilizar, el valor del sorteo y adicionalmente los siguientes parámetros expresados como porcentaje de la cuota:
Gastos de expedición y administración
Comisiones al intermediario
Costo del sorteo
Ahorro periódico
Intereses
Los planes de capitalización se deben calcular con base en el interés que determine cada capitalizadora para el respectivo plan.
Sorteos de capitalización
Conformación de grupos
Para determinar el número de grupos en el sorteo se debe dividir el número de suscriptores que han de participar entre el tamaño del grupo (1200, 1000, 900 etc.). Si el cociente es exacto, el número de grupos debe coincidir con el número de títulos que deben resultar favorecidos. Si existe residuo en esta división, el número de grupos debe ser igual al cociente entero más uno y el número de títulos favorecidos debe ser igual al número entero de cociente más la probabilidad de que salga favorecido un suscriptor en el grupo incompleto.
Elaboración de las listas de los suscriptores que han de participar en el sorteo
Las listas de los suscriptores que han de participar en el sorteo pueden elaborarse utilizando cualquier orden que, en todo caso, conforme al tamaño del grupo, garantice la aleatoriedad e igualdad de posibilidades de participación a cada uno de los integrantes del grupo.
Las listas deben estar a disposición de los suscriptores 3 días hábiles antes del sorteo, para su examen.
Derecho a participar en el sorteo
Los suscriptores tienen derecho a que la sociedad les demuestre su participación en el sorteo.
El suscriptor que habiendo satisfecho sus cuotas en la oportunidad determinada en el contrato, no figurare en las listas de uno o más sorteos, tiene derecho a participar en el siguiente con un número adicional de posiciones en un mismo grupo igual al de los sorteos en que ha dejado de tomar parte.
Información a los suscriptores favorecidos
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la realización del sorteo, las sociedades de capitalización deben informar a los suscriptores favorecidos sobre dicha circunstancia, mediante comunicación escrita enviada a la dirección física o electrónica que para el efecto se registre en la sociedad, sin perjuicio de la utilización de mecanismos adicionales de amplia difusión. En todo caso, debe ser remitida una comunicación individual a cada suscriptor favorecido.
La comunicación a la que se refiere el presente subnumeral también puede realizarse a través de los otros canales utilizados por la sociedad que hayan sido autorizados por el suscriptor. Las sociedades de capitalización deben conservar la constancia de remisión y recibo de tales comunicaciones.
Participación de títulos rescindidos
Cuando al rescindir un título se advierta que éste ha dejado de participar en uno o más sorteos a que tenía derecho, se debe resarcir al suscriptor con la devolución del costo de los sorteos correspondientes, adicionados los intereses generados desde la fecha de pago de la cuota hasta la de cancelación del valor de rescate, calculados a la tasa fijada por la capitalizadora para préstamos con garantía del título.
No obstante, previa estipulación contractual, la devolución puede sustituirse con la participación del suscriptor en el sorteo que se realice con mayor proximidad a la fecha en que se detectó la situación, con un número de posiciones en el mismo grupo igual al de los sorteos en que no participó, sin que esta alternativa implique la prórroga del título ni la causación de cuotas a cargo del suscriptor.
En todo caso, en el evento en que no se efectúe el sorteo en las condiciones previstas, debe hacerse efectiva la devolución en los términos igualmente establecidos.
Títulos caducados o rescindidos
Si efectuado un sorteo resulta favorecido un título caducado o rescindido, se considera favorecido el título vigente que tenga la posición posterior, o la anterior en caso de no encontrarse títulos vigentes con posiciones posteriores, en forma tal que siempre resulte favorecido uno de los suscriptores del grupo.
Títulos rescindidos antes del sorteo
El suscriptor que pague oportunamente la cuota y rescinda su título antes del sorteo no puede participar en éste. No obstante, el valor de rescate se le computa sobre las cuotas pagadas hasta la fecha de la rescisión, sin descontar la cuota del sorteo en que no participó.
Información a los suscriptores
Las sociedades de capitalización deben dar a conocer a los suscriptores de los títulos, el texto de los anteriores subnumerales, por medio de anexo a los títulos que expidan.
Obligación de señalar fechas para los sorteos
Las sociedades de capitalización deben señalar con suficiente anticipación la fecha y hora exacta en la que se realizará cada sorteo mensual de los títulos, e informar a los suscriptores cualquier modificación por un medio de amplia difusión.
Los sorteos sólo pueden aplazarse por causa justificada. Por tal motivo, las entidades que contraten seguros para cubrir posibles desviaciones de los sorteos deben prever con suficiente antelación la celebración de tales contratos, a fin de evitar que por este motivo se aplacen los sorteos en detrimento de los suscriptores.
Actas de sorteo
El acta de sorteo debidamente suscrita por los intervinientes debe hacer referencia a la verificación de todas las condiciones del sorteo con indicación precisa de las posiciones favorecidas, así como de los suscriptores señalados por éstas.
Las sociedades de capitalización deben mantener dichas actas a disposición de la SFC para su verificación.
Conservación de títulos e información
A fin de que la SFC en cualquier momento pueda verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el EOSF y en el presente Capítulo, las sociedades de capitalización deben mantener a disposición de esta entidad, de manera ordenada y centralizada, los modelos de los títulos de capitalización que se encuentren ofreciendo al público, así como los elementos que sirvan de sustento para dar cumplimiento a las reglas de divulgación de información al consumidor financiero. En iguales condiciones se deben mantener a disposición de la SFC respecto de cada título, la información de las cuotas pagadas, la tasa de interés aplicada, los intereses devengados, los gastos, los costos de sorteo, la reserva matemática y los valores de rescate. Esta información debe registrarse y mantenerse mes a mes desde el inicio del plan.
Reglas aplicables al régimen de las reservas
Remisión de cálculos de la reserva matemática
Los cálculos de la reserva matemática deben remitirse a la SFC en la misma oportunidad prevista para el envío de estados financieros en un resumen explicativo certificado por el representante legal y un actuario.
Improcedencia de constitución de reservas técnicas
Respecto de los títulos vencidos no prescritos no resulta procedente la constitución de reserva técnica, en consideración a que en dicho evento al suscriptor le asiste solamente el derecho a percibir el valor de rescate, previa deducción de las sumas que graven el título, toda vez que éste no es susceptible de rehabilitación mediante el pago de las cuotas no satisfechas en su oportunidad.
El valor de rescate por vencimiento y rescisión del contrato es un pasivo fijo e invariable de inmediata exigibilidad por el suscriptor.
Por razón de lo expuesto, la partida formada por el valor de rescate de los títulos vencidos no prescritos, por tratarse de un pasivo exigible a cargo de las sociedades de capitalización y a favor de cada uno de los suscriptores no pertenece a la reserva técnica.
Reglas sobre calificación mínima y cuantificación del riesgo crediticio de las inversiones que respalden reservas técnicas
Las inversiones de las reservas técnicas de las sociedades de capitalización están sujetas a los requisitos de calificación establecidos en el artículo 2.31.3.1.3 del Decreto 2555 de 2010.
Proceso de inversión y gestión de las inversiones que respaldan las reservas técnicas
Corresponde a la junta directiva de las sociedades de capitalización adoptar y hacer seguimiento a la política de inversión de los activos que respaldan las reservas técnicas y demás activos, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. Para tal fin, a continuación, se establece el contenido mínimo de las políticas de inversión, y las responsabilidades de la junta directiva en relación con dicha política y sus deberes de documentación y reporte.
Políticas de inversión
La política de inversión de las sociedades de capitalización de que trata el Título 3 del Libro 31 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y demás disposiciones concordantes, debe contener como mínimo:
Objetivos de la política de inversión, los cuales deben atender por lo menos a: (i) la naturaleza, duración y monedas subyacentes a las obligaciones por títulos de capitalización, (ii) el calce adecuado de plazo y tasas entre los activos y pasivos, y (iii) las necesidades de liquidez conforme al modelo de negocio y portafolio de títulos de capitalización.
Criterios generales para la selección de los activos susceptibles de inversión y los límites de inversión.
Tratamiento de los activos considerados como alternativos. En caso de que la junta directiva decida contemplar activos alternativos dentro de su política de inversión, debe incluirse un capítulo que señale su tratamiento y contemple por lo menos los siguientes aspectos:
Los modelos y metodologías adoptados por la sociedad de capitalización para la medición y valoración del riesgo financiero asociado a este tipo de inversiones.
Los límites prudenciales internos establecidos por la sociedad de capitalización para mitigar la exposición a los riesgos asociados a este tipo de inversiones.
Los procesos adoptados para la gestión de los riesgos, asociados a este tipo de inversiones.
Los procesos para la toma de decisiones de inversión en activos alternativos, incluyendo las áreas responsables de la realización de la debida diligencia de las condiciones de la inversión en activos alternativos.
Los controles adoptados por la sociedad de capitalización para corregir cualquier desviación que ocurra respecto a la máxima exposición a los riesgos establecidos en la política de inversión. Estas políticas deben detallar el procedimiento, requisitos, instancias responsables y planes de desmonte, o la modificación de los límites internos, en los casos en que ocurran desviaciones.
Procedimientos en el evento en que se presenten excesos o defectos en los límites de inversión, tanto internos como legales.
Criterios para la modificación de los límites internos
Lineamientos para invertir en entidades vinculadas o que hagan parte del conglomerado financiero, siempre que sean aplicables. Estos lineamientos deben guardar correspondencia con las políticas generales establecidas por el conglomerado financiero respecto del límite de exposición y de concentración de riesgos, en línea con lo dispuesto en el artículo 2.39.3.2.1 del Decreto 2555 de 2010 u otras disposiciones. Estas políticas deben contemplar las directrices generales impartidas por el holding financiero en materia de conflictos de interés, a que se refiere el artículo 2.39.3.1.4 del Decreto 2555 de 2010 u otras disposiciones.
Procedimiento para evaluar el desempeño en la gestión de las inversiones, en donde se indique por lo menos:
Descripción de los indicadores a utilizar.
Periodicidad de evaluación.
Órganos o áreas encargadas de hacer seguimiento a dicha evaluación.
Órganos o áreas receptores de las evaluaciones.
Condiciones profesionales exigidas al personal interno o externo relacionado con el área de inversiones.
Descripción general de los riesgos a los que se encuentra expuesto el portafolio de inversiones, la cual deben incorporar como mínimo los efectos de los riesgos de liquidez, mercado y crédito en un análisis integral del portafolio. Las sociedades de capitalización deben mencionar en su política de inversión si incluyen la evaluación de los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) y climático, o los motivos por los cuales no se incluyen.
Sistema para la administración o gestión de riesgos a los que se encuentra expuesto el portafolio de inversiones, las cuales deben incorporar como mínimo los efectos de los riesgos de liquidez, mercado y crédito en un análisis integral del portafolio.
Los mecanismos de identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos.
El proceso de identificación y gestión de los potenciales conflictos de interés en el proceso de inversiones.
Gobernanza de las inversiones
La política de inversión debe señalar la estructura organizacional encargada de la gestión de inversiones y administración de sus riesgos, esto es las áreas que participan con sus principales funciones y facultades, entre otros. Para el efecto, la política de inversión puede crear comités en los cuales podrán participar miembros independientes de la junta directiva de la sociedad de capitalización. La política de inversión también debe señalar los mecanismos que aseguren que las áreas y comités designados para la gestión de inversiones y administración de sus riesgos: (i) tengan acceso directo a la junta directiva, a los representantes legales, a las unidades de negocio y demás dependencias de la sociedad, así como a sus registros e información, y (ii) cuenten con el nivel jerárquico, el poder de decisión y la autoridad suficiente para cumplir con sus funciones y responsabilidades, así como para hacer recomendaciones y seguimiento a las medidas tomadas por la administración, en respuesta a las circunstancias y oportunidades de mejora identificadas.
Dentro de las funciones que asigne la política de inversión en relación con la gestión de inversiones y administración de sus riesgos, deberán señalarse por lo menos, las siguientes en cabeza de un área o comité previamente definido:
Proponer a la junta directiva, para su respectiva aprobación, las políticas de la entidad en la administración o gestión de riesgos inherentes a la actividad de inversión.
Evaluar y hacer seguimiento a los informes sobre el cumplimiento de las políticas de administración o gestión de riesgos inherentes a la actividad de inversión, y presentar ante la junta directiva un informe semestral sobre dicha evaluación, salvo que ocurra una situación que justifique un reporte adicional.
Proponer a la junta directiva para su respectiva aprobación, las metodologías de identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos inherentes a la actividad de inversión y evaluar los resultados sobre back y stress testing.
Seleccionar los distintos emisores, contrapartes y gestores de fondos, así como definir los cupos de inversión en ellos.
Aprobar criterios para la adquisición de nuevas clases de activos, garantizando que se ajusten a las políticas de inversión y cumplan con los lineamientos legales.
Efectuar seguimiento permanente al mercado con el fin de conocer sobre cualquier evento o contingencia que pudiera afectar la valoración del portafolio de inversiones, incluyendo lo relacionado con riesgos emergentes.
Hacer seguimiento al cumplimiento de la política de inversión y a las condiciones que deben cumplir las inversiones.
Monitorear los límites de inversión internos y legales, y la posición en riesgo del portafolio de inversiones.
Presentar a la junta directiva para su aprobación el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento a los límites de inversión internos y legales y a los límites de exposición a los riesgos inherentes a la actividad de inversión, las medidas a aplicar en tales casos, el mecanismo de información a la junta directiva sobre los citados eventos, y hacer seguimiento a dicho procedimiento.
En relación con los conflictos de interés, (i) presentar ante la junta directiva para su respectiva aprobación, las políticas para su gestión en el proceso de selección y negociación de inversiones y de abstención de operaciones que den lugar a potenciales conflictos de interés y (ii) analizar las situaciones relativas a los potenciales conflictos de interés relacionados con el proceso de inversión y su tratamiento, dejando constancia de los temas discutidos.
Preparar los análisis y recomendaciones que consideren necesarias, relacionadas con las condiciones que deben cumplir las inversiones y demás operaciones a realizar con los activos para que la junta directiva las tenga en cuenta en la definición de las políticas de inversión.
Proponer a la junta directiva el procedimiento para evaluar el desempeño en la gestión de las inversiones.
Definir las clases de activos a invertir, establecer las condiciones que deben cumplir los títulos y/o valores y los emisores de las inversiones u operaciones que se pueden realizar, analizar, evaluar y decidir sobre la administración de los riesgos inherentes a la actividad de inversión, tales como riesgo de mercado, de liquidez, de contraparte, de crédito, de lavado de activos, y operacional.
Presentar a la junta directiva reportes en la periodicidad establecida por la política inversión, en relación con los asuntos y riesgos ASG y climáticos. Esta función debe ser asignada únicamente en caso de que la sociedad de capitalización decida incorporar los mencionados análisis en el marco de su política de inversión.
Las demás que asigne la junta directiva de la sociedad de capitalización.
Control de límites de inversión
Las sociedades de capitalización deben adoptar procesos y mecanismos que les permitan realizar el control de los límites de inversión tanto propios como legales, de manera que se dé cumplimiento a las disposiciones del artículo 2.31.3.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.
Para el cumplimiento de los límites establecidos para las inversiones que respaldan las reservas técnicas de que trata el artículo 2.31.3.1.5 del Decreto 2555 de 2010 u otras disposiciones, las sociedades de capitalización deben mantener actualizada la información respecto de la exposición de los vehículos de inversión en activos considerados como alternativos.
En la determinación de la exposición a activos alternativos realizadas a través de fondos de fondos u otros vehículos de inversión, las sociedades de capitalización deben implementar un mecanismo que les permita determinar la exposición del fondo subyacente a estas inversiones. En el caso de que para el fondo subyacente no se cuente con información de los tres (3) meses anteriores, la sociedad de capitalización debe tomar la máxima exposición permitida en este tipo de inversiones, según la política de inversión establecida en el reglamento. En la determinación de la exposición subyacente en activos alternativos, el mecanismo debe definir el número de veces que razonablemente la sociedad de capitalización debe evaluar los activos subyacentes dentro de la composición de un vehículo de inversión u otro tipo de esquema de inversión indirecta, con el fin de establecer su exposición.
Notificación de entrega de los recursos
Dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se venza o se rescinda un título deben enviarse a la última dirección física o electrónica registrada por el suscriptor, por una sola vez, 2 comunicaciones con intervalos entre ellas de 60 días, indicando el saldo a su favor y las direcciones de las oficinas de la capitalizadora y canales disponibles a los cuales puede acercarse a reclamar su dinero. Así mismo, en dicha comunicación debe advertirse sobre el término de prescripción de acciones legales a que alude el numeral 4 del artículo 180 EOSF.
Las comunicaciones dirigidas a cada uno de los suscriptores, a las que se refiere el presente numeral también pueden realizarse a través de otros canales tales como WhatsApp, Email, etc.
Reglas generales sobre la operación de seguros
Regímenes de autorización de ramos de seguros
Corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) autorizar los ramos de seguros que ofrezcan las entidades aseguradoras. Este proceso de autorización se sujetará al régimen de autorización general o individual, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente numeral.
Las entidades aseguradoras podrán surtir el trámite de autorización a través de cualquiera de los dos regímenes, de acuerdo con las reglas que se indican a continuación en los subnumerales 1.1.1. y 1.1.2 del presente Capítulo.
No resulta necesaria la aprobación de un nuevo ramo para el ofrecimiento de productos respecto de los cuales se cumplan los requisitos establecidos en esta circular, que comprendan diversidad de amparos susceptibles de ser explotados bajo los ramos ya autorizados a la entidad. En los reportes de información dirigidos a la SFC, las entidades aseguradoras deben clasificar las primas, siniestros y demás gastos e ingresos que se deriven de dichos amparos bajo el ramo o ramos autorizados a los cuales correspondan. No obstante, cuando la expedición de amparos de un ramo no autorizado sea significativa, la entidad debe solicitar la correspondiente autorización, sin la cual no puede continuar expidiendo tales amparos. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el subnumeral 3.3.1 del presente Capítulo. La entidad aseguradora debe dar cumplimiento al marco legal aplicable al amparo cuya producción no se considere significativa.
Para los efectos del inciso anterior, se considera que la expedición de amparos es “significativa” cuando quiera que la prima correspondiente al amparo asociado a un ramo no autorizado supere el 15% de la prima comercial total de la póliza definida en la nota técnica.
Los ramos bajo los cuales se pueden operar los diversos productos son los siguientes:
Régimen de autorización general
Condiciones: Se entienden autorizados de manera general los ramos de seguros que pretendan comercializar las entidades aseguradoras, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:
Que los ramos a autorizar no estén relacionados con el Sistema General de Seguridad Social y BEPS, con excepción del SOAT.
Que la entidad aseguradora tenga más de 1 año de experiencia, contado desde la fecha de solicitud de autorización del nuevo ramo, o que sus accionistas controlantes, directamente o a nivel de grupo, cuenten con dicha experiencia.
Que la entidad aseguradora o sus administradores en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de autorización del nuevo ramo no haya sido objeto de sanciones impuestas por la SFC, por cualquier infracción relacionada con el incumplimiento de deberes legales relativos a la gestión de riesgos.
Que la entidad aseguradora no haya sido objeto de la adopción de medidas u órdenes relacionadas con programas de recuperación, saneamiento o adecuación de capital, planes de ajuste por insuficiencia de reservas técnicas o programas de reaseguro o cualquier instituto de salvamento, en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de autorización del nuevo ramo.
Que la entidad aseguradora no haya sido objeto de la medida de suspensión de ramos.
Trámite de autorización general: Para adelantar el trámite de autorización general la entidad aseguradora debe remitir a la SFC la nota técnica del ramo que pretende comercializar junto con el clausulado de los productos del ramo objeto de la solicitud. Lo anterior debe ir acompañado de una certificación suscrita por el representante legal en la que manifieste:
Que las pólizas y notas técnicas que se pretendan comercializar bajo el ramo a autorizar cumplen los requisitos legales establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), el Decreto 2555 de 2010, en la Circular Básica Jurídica (CBJ) y en las normas especiales que les sean aplicables.
Que las pólizas y notas técnicas que se pretendan comercializar bajo el ramo a autorizar no incluyan estipulaciones contrarias al régimen de protección al consumidor financiero contenido en las Leyes 1328 de 2009, 1793 de 2016, 1836 de 2017, la CBJ y demás normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.
Que la entidad aseguradora cuenta con políticas, procedimientos y controles idóneos para la verificación de las condiciones establecidas en los subnumerales 1.1.1.2.1. y 1.1.1.2.2. del presente Capítulo, en todos los productos que se comercialicen con posterioridad a la autorización del ramo.
Que la junta directiva de la entidad aseguradora autorizó la utilización de este régimen para el respectivo ramo. Esta decisión deberá constar en el acta de junta directiva en la que se aprobó la apertura del ramo.
En todo caso, la SFC podrá establecer la aplicabilidad del régimen de autorización individual, cuando en el ejercicio de supervisión se identifiquen situaciones que lo ameriten.
La SFC podrá ordenar la suspensión y/o revocatoria, en cualquier momento, de los ramos de seguros que no se ajusten a los presupuestos establecidos en el presente régimen sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar. En estos casos, las entidades aseguradoras no podrán acceder al trámite de autorización general para la autorización de nuevos ramos por un término de 3 años contados a partir de la referida suspensión y/o cancelación.
Régimen de autorización individual
Se someterán al régimen de autorización individual las entidades que no cumplan con las condiciones para acceder al régimen de autorización general señaladas en el numeral 1.1.1.1. del presente Capítulo.
En todo caso, el trámite de solicitud de cancelación de los ramos continuará sujeto al régimen de autorización individual.
Notas técnicas soporte de la autorización
Para efectos de la comercialización de los ramos a que se refiere este subnumeral debe mantenerse a disposición de la SFC la nota técnica que sustente la tarifa inicial. Dicha nota técnica, además de cumplir con los requisitos señalados en las instrucciones expedidas por esta Superintendencia, debe sustentar la tasa pura de riesgo, expresar de manera específica, los porcentajes por concepto de gastos de administración, comisión de intermediación y utilidad esperada por la aseguradora.
Cuando el porcentaje de retención de riesgo resulte inferior o igual al 20%, el componente de tasa pura de riesgo de la nota técnica puede ser aquel que establezca el reasegurador, de acuerdo con las instrucciones que se señalan en el siguiente subnumeral. Cuando tal porcentaje sea mayor, dicho componente debe ser sustentado por la entidad aseguradora, de acuerdo con lo previsto en el subnumeral 1.8 del presente Capítulo. En todo caso, la nota técnica del producto debe ser modificada conforme se ajusten los contratos de reaseguro que la sustentan. Sin perjuicio de lo anterior, las pólizas que hayan sido emitidas con anterioridad al cambio en el programa de reaseguro bajo una nota técnica previa no deben ser modificadas.
Tratándose de ramos que generen reserva matemática, las modificaciones que se introduzcan a la nota técnica con posterioridad a la aprobación del ramo, se deben remitir a esta entidad junto con sus anexos, en forma previa a su utilización, en la forma señalada en la nota 2 del subnumeral 1.2.3.1 del presente Capítulo, sin que se entienda que las notas técnicas o sus anexos hagan parte del registro público a que hace referencia dicho numeral. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral 3.3.1. del presente Capítulo, además del cumplimiento de los requisitos señalados en las instrucciones expedidas por la SFC.
Requisitos mínimos para la definición de la tasa pura de riesgo a partir de la tarifa del reasegurador
En los casos en que la tasa pura de riesgo sea establecida por el reasegurador, las entidades aseguradoras deben enviar a los reaseguradores, como mínimo, la siguiente información y mantenerla a disposición de la SFC:
i. La descripción y cuantificación del mercado que la entidad aseguradora pretende atender con los productos incluidos en la solicitud de autorización.
ii. El clausulado y la documentación soporte del producto a comercializar por parte de la entidad aseguradora.
iii. La información adicional que requiera el reasegurador en el proceso de tarifación.
Pólizas y tarifas
Corresponde a la SFC, la aprobación previa de pólizas y tarifas sólo cuando se trata de la autorización inicial a una entidad aseguradora o de la correspondiente para la explotación de un nuevo ramo.
En cualquier caso, las pólizas y las tarifas deben cumplir en todo momento con los requisitos que se indican a continuación:
Requisitos generales de las pólizas de seguros
Para el adecuado cumplimiento de lo señalado en el numeral 2 del artículo 184 del EOSF las entidades aseguradoras deben redactar las condiciones del contrato de forma que sean claramente legibles y que los tomadores y asegurados puedan comprender e identificar las definiciones de los riesgos amparados y las obligaciones emanadas del negocio celebrado. Para ello, las pólizas deben incluir, cuando menos, la siguiente información:
En la carátula
Las condiciones particulares previstas en el artículo 1047 del Código de Comercio
En caracteres destacados o resaltados, es decir, que se distingan del resto del texto de la impresión, el contenido del inciso 1 del artículo 1068 del Código de Comercio. Para el caso de los seguros de vida, el contenido del artículo 1152 del mismo ordenamiento legal.
A partir de la primera página de la póliza (amparos y exclusiones)
Los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera página de la póliza. Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, según los mismos lineamientos atrás señalados y, en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada. No se pueden consignar en las páginas interiores o en cláusulas posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este numeral.
Otras condiciones de la póliza
Además de las condiciones ya señaladas, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:
De conformidad con el numeral 1 del artículo 184 del EOSF, el texto no debe incluir alusión alguna que indique que la póliza ha sido aprobada por la SFC.
No se deben estipular sanciones distintas a las señaladas en el artículo 1058 del Código de Comercio como consecuencia de la inexactitud o reticencia en la declaración del estado del riesgo.
No se debe calificar la reclamación como una obligación del asegurado en desarrollo del contrato, ni señalar términos específicos para su formulación, toda vez que ésta corresponde a la facultad que puede ejercer el asegurado o beneficiario de hacer efectivo su derecho para lo cual sólo encuentra limitación en el tiempo, en los términos de prescripción señalados por el artículo 1081 del Código de Comercio. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad contemple en la póliza la necesidad de efectuar la reclamación como un mecanismo para que el asegurado ejercite su derecho.
En relación con la cláusula compromisoria que se estipula en algunas pólizas, la misma debe regirse por lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 y las disposiciones concordantes.
Con respecto al término para efectuar el pago de la indemnización, éste debe fijarse en 1 mes contado a partir de la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite su derecho y no en 30 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio.
Conforme con los términos del artículo 1075 del Código de Comercio el aviso de siniestro no requiere formalidad.
Respecto del seguro de responsabilidad civil, el artículo 1133 del Código de Comercio señala las condiciones necesarias para acceder al pago de la indemnización, no siendo viable la inclusión de requisitos adicionales.
En la estructuración de los amparos de responsabilidad civil debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1127 Código de Comercio.
En los anexos es requisito indispensable la incorporación de la identificación precisa de la póliza a la cual acceden, al tenor del artículo 1049 del Código de Comercio.
Requisitos generales de las tarifas
En los estudios técnicos y estadísticos que sustenten las tarifas deben observarse los principios a que se refiere el numeral 3 del artículo 184 del EOSF, así:
Equidad: la prima y el riesgo deben presentar una correlación positiva, de acuerdo con las condiciones objetivas del riesgo.
Suficiencia: la tarifa debe cubrir razonablemente la tasa de riesgo y los costos propios de la operación, tales como los costos de adquisición y los administrativos, así como las utilidades.
Homogeneidad: los elementos de la muestra objeto de estudio deben tener características comunes de tipo cualitativo y cuantitativo. Además, deben escogerse cumpliendo supuestos de aleatoriedad e independencia.
Representatividad: el tamaño de la muestra debe corresponder a un número objetivo de elementos de la población que garantice un nivel de significación razonable y cubra un período adecuado, de manera que el cálculo de los estimadores presente un bajo nivel de error.
Riesgos especiales o novedosos: en términos del literal c. numeral 3 del artículo 184 del EOSF, solamente tratándose de riesgos especiales o de carácter novedoso respecto de los cuales no resulte viable obtener la información necesaria para efectuar el estudio estadístico pertinente, puede prescindirse de sustentar la tarifa con las exigencias enunciadas. En tales eventos, resulta necesario acreditar el respaldo de un reasegurador de reconocida solvencia técnica y financiera, el cual debe definir la tasa pura de riesgo siendo responsabilidad de la entidad aseguradora señalar el factor de gastos.
Remisión de pólizas y tarifas a la SFC
Depósito de pólizas y anexos
Las entidades aseguradoras deben depositar en la SFC el modelo de póliza y anexos del ramo o ramos que explota, pues lo consignado en tales documentos se debe tener como condiciones del contrato en los casos en que no aparezca que hayan sido expresamente acordadas, según lo establece el parágrafo del artículo 1047 del Código de Comercio. Esta disposición debe interpretarse armónicamente con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 184 del EOSF según el cual los modelos de las pólizas y tarifas deben ponerse a disposición de la SFC antes de su utilización.
Las entidades aseguradoras deben depositar en forma simultánea los modelos de la póliza y los anexos vigentes, junto con las notas técnicas específicas correspondientes, previamente a la fecha prevista para iniciar su utilización, indicando expresamente que se envían para efectos del cumplimiento del deber de depósito. Igualmente se deben radicar las modificaciones a las pólizas, notas técnicas y anexos existentes que hayan sido previamente autorizados y depositados. Cuando se trate de modificaciones parciales se debe enviar un ejemplar completo del respectivo documento. Las entidades aseguradoras no podrán comercializar pólizas que no se encuentren depositadas a través del SIRI.
La SFC lleva el depósito de los modelos de las pólizas y anexos que se remiten en cumplimiento a dicho deber legal, los cuales, además de estar a disposición del público en general en los términos del artículo 24 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo (CPACA), obran para los efectos dispuestos en el artículo 1047 Código de Comercio. La SFC ordena de manera sistematizada las pólizas y anexos por entidad y ramo y en orden cronológico. Se entiende que el modelo vigente es el último depositado en orden cronológico. Para tal efecto, la SFC cuenta con mecanismos adecuados de atención en línea para la consulta de los modelos y anexos por parte del público en general mediante la página web, así como para la consulta cuando se den los presupuestos indicados en el mencionado artículo 1047 del Código de Comercio.
El acto de enviar los modelos de las pólizas y demás documentos en sí mismo no supone un pronunciamiento de la SFC sobre la legalidad de estos y se lleva exclusivamente para efectos del depósito y del artículo 1047 del Código de Comercio.
Lo anterior, se debe entender sin perjuicio de la facultad que tiene el ente de control de verificar en cualquier momento las pólizas y tarifas de conformidad con el literal j. numeral 3 del artículo 326 del EOSF, función que se lleva a cabo en los términos indicados en el siguiente numeral y sin perjuicio del deber que tiene la SFC de autorizar las pólizas y tarifas en los eventos en que se trate de la autorización inicial a una entidad aseguradora o de la correspondiente para la explotación de un nuevo ramo.
Los textos de las pólizas y documentos anexos deben remitirse a la SFC accediendo a la página web mediante Trámites –SIRI o la herramienta que haga sus veces, consignando los datos obligatorios en el formulario habilitado para tal fin y adjuntando las respectivas proformas únicamente en formato PDF, de conformidad con lo señalado en la nota 2 de este subnumeral. Se debe registrar en la parte inferior de cada página del documento el código del clausulado de acuerdo con los siguientes criterios:
Campo 1: Indicación de la fecha a partir de la cual se utiliza el documento respectivo (día/mes/año). Tratándose de pólizas enviadas para efectos de la autorización de un ramo, se entiende que la fecha a partir de la cual se utiliza el documento corresponde a la del acto administrativo mediante el cual se imparte la respectiva autorización.
Campo 2: Código con el cual se identifica el tipo de entidad vigilada por la SFC, dependiendo de si se trata de entidades de seguros generales (13), de vida (14), o cooperativa (15) y el individual asignado a la entidad en la SFC.
Campo 3:
P - Si corresponde a una póliza
A - Si corresponde a un amparo adicional o anexo
Campo 4: Corresponde al código del ramo de acuerdo con lo previsto en el subnumeral 1.1 del presente Capítulo.
Los anexos que se utilicen en varios ramos deben codificarse con el número 0.
Campo 5: identificación de acuerdo con la codificación propia de la aseguradora.
Los campos deben estar separados entre sí por un guion (-).
Campo 6: Deben incluir los canales a través de los cuales se comercialice la póliza. El campo debe estar diligenciado con la letra, en caso de que se comercialice a través de dicho medio, o con un 0 en el evento en que no se comercialice a través del mismo, conservando siempre los 4 caracteres. Para cada medio se debe marcar:
D - Venta directa de la entidad aseguradora
R - Contratos de uso de red
C - Corresponsales
I - Intermediarios de seguros
NOTA 1: En la parte inferior de cada página del documento también debe registrarse el código de la nota técnica correspondiente, de acuerdo con lo definido en el subnumeral 1.8.1.2 del presente Capítulo.
NOTA 2: Remisión de información mediante SIRI y contenido de los archivos: El envío de los modelos de las pólizas, anexos, notas técnicas y demás documentos del producto debe hacerse únicamente mediante SIRI eligiendo el código del trámite “360 Pólizas y Tarifas” o “422 Modificación a Notas Técnicas”.
La radicación de los modelos de pólizas y notas técnicas debe realizarse simultáneamente mediante la clasificación específica al ramo al cual pertenece el producto y debe diligenciarse el formulario en los campos obligatorios. Los códigos registrados en el formulario deben coincidir con los registrados en los documentos adjuntos. La actualización o modificación de un producto debe radicarse teniendo en cuenta el producto inicialmente radicado, con el fin de mantener la trazabilidad de las modificaciones realizadas a cada producto.
Los documentos que deben adjuntarse en los campos respectivos son los siguientes:
Comunicación mediante la cual la aseguradora señale que remite el modelo de póliza y anexos en cumplimiento del deber legal de depósito, o una nota técnica, que cumpla con los requisitos para el manejo de la correspondencia dirigida a la SFC.
Póliza, anexo o amparo adicional, según sea el caso, identificados de acuerdo con lo previsto para el Campo 3.
Carátula en la cual se debe indicar la proforma de la póliza a la cual corresponde.
Formato de solicitud de seguro, cuando corresponda.
Formato de certificado individual de seguro, cuando corresponda.
Formato de declaración de asegurabilidad, cuando corresponda.
Nota técnica específica correspondiente al modelo de póliza o anexo.
Se debe también anexar digitalmente mediante una hoja de cálculo en Excel, la aplicación detallada de la formulación expuesta en la Nota Técnica para el cálculo de las primas de riesgo, comercial, reservas, valores garantizados y participación de utilidades, así como cualquier otro desarrollo mostrado en la nota técnica. Asimismo, se debe registrar en la parte inferior de cada página del documento el código del clausulado, de acuerdo con los criterios señalados en el presente numeral.
Los documentos referidos en los subnumerales 1.2.3.1.7 y 1.2.3.1.8 no hacen parte del registro público.
NOTA 3. Depósito Público de Pólizas del portal web de la SFC
El Depósito Público de Pólizas disponible en el portal web de la SFC contendrá las pólizas y anexos remitidos por las entidades aseguradoras; y del registro de la información histórica efectuado por cada entidad, el cual permitirá al público consultar en línea las pólizas y anexos depositados.
Las notas técnicas son objeto de confidencialidad, por lo cual no serán publicadas.
Evaluación de pólizas
Corresponde a la SFC evaluar que las pólizas y tarifas que deban poner las entidades aseguradoras a disposición de esta Entidad cumplan con los requisitos jurídicos y técnicos previstos en la ley. Con tal fin, en cualquier momento –incluso en las visitas de supervisión in-situ- puede formular las observaciones a las pólizas depositadas para que se adecuen a lo prescrito en la normatividad.
En los eventos en que se efectúen modificaciones a los modelos de las pólizas ya sea por orden de la SFC o por iniciativa de la entidad aseguradora, se debe remitir un nuevo ejemplar a fin de que éste repose en el depósito, indicando claramente la variación introducida y dejando expresa constancia en el sentido de que el producto no ha sido objeto de modificaciones adicionales a las enunciadas.
Evaluación de tarifas
Para efectos de la verificación permanente de los requisitos jurídicos y técnicos de las tarifas, las entidades aseguradoras deben mantenerlas a disposición de la SFC, clasificadas por ramos, junto con los elementos documentales y soportes estadísticos correspondientes, salvo cuando deban remitirse por tratarse de la autorización o de la correspondiente para la explotación de un nuevo ramo.
En caso de que la tarifa haya sido sustentada a partir de la tasa definida por el reasegurador, las entidades aseguradoras deben mantener a disposición de la SFC los soportes del envío de información a los reaseguradores para efectos de lo dispuesto en el subnumeral 1.8.3.2 del presente Capítulo, así como de la información adicional intercambiada en el proceso de definición de las condiciones del contrato de reaseguro. Dicha información debe comprender, como mínimo, lo siguiente: (i) la descripción y cuantificación del mercado que la entidad aseguradora pretende atender con el producto, salvo en el caso de riesgos especiales o de carácter novedoso; (ii) el clausulado y la documentación soporte del producto a comercializar por parte de la entidad aseguradora; y (iii) la información adicional que solicite el reasegurador en el proceso de tarifación. Adicionalmente, las entidades aseguradoras deben mantener el soporte documental de la tasa definida por el reasegurador, sus eventuales ajustes, así como los acuerdos en relación con los recargos, descuentos aplicables a la tasa y los límites de estos, según sea el caso.
Para efectos de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.31.4.3.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, cuando las entidades aseguradoras de vida envíen los productos de seguros con reserva matemática que van a comercializar, deben remitir las notas técnicas de los mismos, especificando el nombre comercial del producto al cual acceden, las bases técnicas y los factores de reserva, de acuerdo con lo dispuesto en el subnumeral 1.8 del presente Capítulo. Tratándose de seguros de vida de ahorro con participación resulta necesario informar la manera como se estructurará el fondo que se establece en el literal b) del artículo 2.31.4.3.2. del Decreto 2555 de 2010 y las reglas para su funcionamiento
Incumplimiento de exigencias legales
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos legales antes señalados es causal para que la SFC prohíba la utilización de la póliza o tarifa correspondiente hasta tanto se acredite el cumplimiento del requisito respectivo o, incluso, pueda suspenderse el certificado de autorización de la entidad cuando tales deficiencias resulten sistemáticas. Ello sin perjuicio de las sanciones legales procedentes.
Negocios en coaseguro
Para una adecuada gestión de los riesgos propios, los negocios que las entidades aseguradoras lleven en coaseguro deben acogerse al siguiente procedimiento
Aspectos generales
El registro contable de las operaciones de coaseguro debe respaldarse en las copias de las pólizas, anexos y certificados expedidos por la aseguradora líder para tal efecto, los cuales constituyen la prueba de dicho asiento.
El pago de comisiones, impuesto a las ventas y retención en la fuente, cuando a ello hubiere lugar, constituyen obligaciones a cargo de la entidad aseguradora líder. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la aseguradora líder de cobrarle a las coaseguradoras aceptantes la parte que les corresponda asumir de las comisiones pagadas.
Expedición
Una vez acordadas las condiciones técnicas, financieras y administrativas del negocio, la entidad que actúa como líder debe expedir los respectivos documentos, pólizas, certificados y anexos, y remitir copia de los mismos a las aceptantes del coaseguro dentro de los 5 días hábiles siguientes a tal expedición.
Las coaseguradoras disponen de un plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de la recepción para pronunciarse sobre los documentos recibidos a fin de devolverlos firmados, objetarlos o solicitar su modificación.
Una vez aceptados y firmados los documentos por las coaseguradoras, la líder dispone de un plazo de 5 días hábiles para entregar a las mismas, las respectivas pólizas, certificados y anexos debidamente formalizados.
Remesa
La aseguradora líder debe elaborar un informe mensual (remesa) que registre la totalidad de negocios en coaseguro a su cargo, de acuerdo con la estructura y remitirlo a cada coasegurador a más tardar el día 20 del mes siguiente o día hábil siguiente, junto con el pago neto, si hay lugar a éste, suscrito por una persona autorizada para el efecto.
La remesa debe tener la siguiente estructura:
Informe uno - Informe general: Es el informe general de la remesa, el cual debe incluir los totales de los siguientes rubros: primas pagadas, primas financiadas, salvamentos, otros ingresos, comisiones, gastos de administración, otros egresos, siniestros y valor neto de la remesa.
El valor registrado en otros ingresos y otros egresos debe estar debidamente soportado, es decir, se requiere especificar cada una de las partidas que lo conforman y anexar los documentos pertinentes.
Informe dos - Primas recaudadas y comisiones: Comprende una relación detallada de primas y comisiones, la cual debe contener la siguiente información: sucursal, tomador, ramo, póliza, prima pagada, clase de pago (determinando si es total o abono), porcentaje de comisión, valor de la comisión e intermediario, certificado, porcentaje y valor de los gastos de administración. En el caso de recaudos en otras monedas se debe especificar la tasa de cambio del día en que tomador pagó la prima.
Informe tres - Siniestros Incurridos: Es un compendio detallado de los siniestros pagados, salvamentos, recobros, reintegros y reservas de siniestros pendientes, el cual debe contener la siguiente información: sucursal, asegurado, ramo, póliza, certificado afectado, número de reclamo de la aseguradora líder, fecha del siniestro, amparos afectados, porcentaje de participación líder, porcentaje de participación coaseguro, valor de la reserva periodo anterior, ajustes de reserva mes actual, número de orden de pago o recibo de caja, valor pagado siniestro, valor pagado gastos siniestro, salvamentos, recobros, reintegros y reserva fin del periodo, entendiéndose que estos valores son los que correspondan al coasegurador aceptante. Para los ramos de autos y vida se requiere incluir en este informe el número de identificación correspondiente.
Informe cuatro - Listados de primas emitidas: Debe contener la siguiente información: Sucursal, tomador, ramo, póliza, certificado, periodo de vigencia, participación, primas, intermediario, porcentaje de participación intermediario, valor asegurado, el porcentaje y valor de los gastos de administración, el porcentaje y valor de la comisión.
Informe cinco - Listado de primas anuladas: Debe incluir la siguiente información: sucursal, tomador, ramo, póliza, certificado y valor.
Informe seis - Listado de primas pendientes: Debe contener la siguiente información: sucursal, tomador, ramo, póliza, certificado, periodo de vigencia, participación, primas, abonos y saldos.
Los códigos asignados a las entidades aseguradoras para el diligenciamiento de estos informes es el señalado por la SFC mediante el subsistema de trámites.
Para los ramos de seguros se deben utilizar los códigos establecidos en el subnumeral 1.1 del presente Capítulo.
Indemnizaciones
La entidad aseguradora líder debe atender en un plazo máximo de 5 días hábiles el requerimiento de envío de soportes de siniestros a las demás entidades aseguradoras, cuando estos lo ameriten.
Comisiones para el intermediario de seguros
La expedición de un seguro en moneda extranjera no implica una operación de cambio respecto de la comisión que eventualmente se genere a favor del intermediario de seguros. Por tal motivo, no resulta procedente que dichas comisiones se paguen en moneda extranjera.
Financiación de primas
Requisitos
Las entidades aseguradoras pueden financiar el pago de las primas de los contratos de seguros que expiden, con sujeción a las siguientes condiciones:
La financiación no puede exceder los límites previstos en la normatividad aplicable para efectos de los cupos individuales de crédito.
El plazo máximo de la financiación no puede ser superior al período de vigencia del seguro.
El importe de la parte no financiada de la prima debe ser cubierto por el tomador a más tardar dentro del mes siguiente, contado a partir de la entrega de la póliza, certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, según el caso.
Los recursos con los cuales se financie el pago de primas deben provenir del patrimonio y demás fondos que no correspondan a las reservas técnicas.
Para que el valor de las primas a financiar se pueda entender como recaudado para todos los efectos, la obligación debe ser incorporada en pagarés o cualquier otro título valor de contenido crediticio emitido por el tomador a la orden del asegurador, excepto cuando se trate del fraccionamiento de la prima, cuyos términos deben consignarse en la póliza.
Cuando la prima haya sido cancelada mediante el sistema de financiación aquí señalado, tales créditos están sujetos a lo señalado en las instrucciones sobre gestión de riesgo crediticio.
Constitución de provisiones
Deben ser objeto de provisión, según las normas legales vigentes, las primas de seguros no recaudadas en el lapso previsto para su pago o no financiadas en los términos y condiciones anteriores.
Lo dispuesto en materia de provisiones no es aplicable a los contratos de seguros cuyas primas deban ser cubiertas por la Nación o garantizadas por ésta, siempre y cuando exista la apropiación presupuestal respectiva y la certificación expedida por la auditoría.
Aplicación
Los mecanismos de financiación previstos en el presente numeral no pueden ser aplicados a las primas correspondientes a los contratos de seguros cuya forma de pago a través de esta modalidad no fue previamente pactada.
Retención de riesgos, cesión y aceptación de reaseguros
Programa de reaseguro
El programa de reaseguro es la estrategia integral con base en la cual las entidades aseguradoras transfieren a reaseguradoras una porción de los riesgos asumidos en virtud de contratos de seguro. Para efectos de las instrucciones establecidas respecto del programa de reaseguro y la contabilización de las reservas técnicas, se entiende como reaseguradora cualquier entidad nacional o extranjera que desarrolle operaciones de reaseguro.
Las entidades aseguradoras deben contar con un esquema de contratación de reaseguros que fije criterios y procedimientos para la selección de sus contrapartes, teniendo en cuenta la capacidad de éstas para asumir las obligaciones derivadas de dichos contratos. El esquema de contratación de reaseguros de la entidad y sus respectivas políticas deben estar a disposición de la SFC, la cual podrá solicitar ajustes a los mismos.
Responsabilidades de la junta directiva de las entidades aseguradoras.
La junta directiva de las entidades aseguradoras debe:
Definir, aprobar y hacer seguimiento a las políticas de retención de riesgos y el esquema de contratación de reaseguros de la entidad, el cual debe contener como mínimo:
Los lineamientos de diversificación de las reaseguradoras consideradas dentro del programa de reaseguro.
Las calificaciones de fortaleza financiera de las reaseguradoras que admitirá la entidad aseguradora, vigentes a la fecha de celebración del contrato de reaseguro.
Las variables que serán requeridas por la entidad aseguradora para evaluar la fortaleza financiera de la reaseguradora, tales como rendimientos de inversiones, nivel y acceso a capital, fuentes y nivel de liquidez y su participación en el total de inversiones, evolución del patrimonio, relaciones de solvencia, nivel de reservas técnicas y su composición (reservas de primas, reservas de siniestros y otras).
La lista de reaseguradoras, seleccionadas bajo criterios técnicos, a las cuales se les debe solicitar las calificaciones internacionales de fortaleza financiera de sus retrocesionarios, así como aquellas reaseguradoras a las cuales se les debe ejecutar un procedimiento determinado por la entidad aseguradora para la verificación de su adecuada gestión de los riesgos. Dentro de los criterios técnicos considerados debe incluirse la participación de cada reaseguradora en la transferencia total de riesgos por ramo y la calificación de fortaleza financiera de la reaseguradora.
Las demás características que la entidad aseguradora considere relevantes en función de su tamaño, apetito al riesgo y naturaleza, tales como el comportamiento anual de las primas brutas y netas, la siniestralidad, el registro histórico de pago de reclamaciones respecto de tiempos de pago y objeciones de siniestros, los gastos operacionales, criterios para la contratación mediante intermediarios de reaseguros y el comportamiento esperado de reclamaciones.
Aprobar la metodología de cuantificación de las contingencias a cargo de las reaseguradoras, empleada en la contabilización de las reservas técnicas.
Aprobar el procedimiento de seguimiento para aquellos casos en que, pese a la terminación del contrato de reaseguro, no se han extinguido por completo todas las obligaciones a cargo de la reaseguradora.
Conocer y hacer seguimiento al valor máximo de exposición por riesgo después de haberse deducido las coberturas del programa de reaseguro.
Condiciones para la transferencia de riesgo mediante contratos de reaseguro
La contratación de reaseguro por parte de las entidades aseguradoras debe efectuarse en condiciones que garanticen la seguridad de cada entidad. En tal virtud, la determinación de las condiciones particulares de los contratos relativas a plazos, tasas y comisiones debe responder a principios que garanticen adecuadas capacidades de contratación y una nómina de reaseguradores y entidades aseguradoras que desarrollen operaciones de reaseguro de reconocida solidez y solvencia.
En la contratación de reaseguro las entidades aseguradoras deben:
Realizar ejercicios actuariales de modelación de las pérdidas. Para el efecto, deben implementar un modelo cuantitativo que, con un determinado nivel de confianza, permita establecer que el programa de reaseguro es razonable para respaldar la siniestralidad estimada para la cartera.
Los modelos a los que hace referencia el presente subnumeral deben cumplir con los siguientes requisitos: i) basarse en métodos validados técnicamente con suficiente desarrollo tanto teórico como práctico y que contemplen múltiples escenarios, y ii) basarse en la experiencia de siniestros propia de la entidad aseguradora, para lo cual se tomará una base de datos que permita realizar estimaciones estadística y actuarialmente razonables. En caso de que la entidad aseguradora inicie la operación del ramo o no cuente con información suficiente, debe basarse, entre otros, en la información histórica que ha acumulado a la fecha de cálculo y supuestos propios razonables construidos a partir de la información del mercado colombiano o de otros mercados con características comparables. En todo caso, deben asumirse cargos adicionales por la incertidumbre asociada a cambios en la composición de la cartera y la falta de información.
Los modelos deben estar documentados y permanecer a disposición de la SFC, incluyendo los supuestos, parámetros, la simulación de las pérdidas de la cartera y demás elementos que fundamentaron su construcción y/o sustentación. Las modificaciones también deben mantenerse a disposición de la SFC, junto con la documentación de las razones que las sustentan y los impactos de los ajustes realizados sobre las pérdidas probables de la cartera.
Adelantar una evaluación que permita establecer que la capacidad vigente del programa de reaseguro soporta las pérdidas potenciales de la cartera asegurada y aquellas que se deriven de la suscripción de nuevos riesgos.
Tomar en cuenta el apetito de riesgo establecido por la Junta Directiva de la entidad aseguradora, de manera que las condiciones del programa de reaseguro se ajusten a esa directriz.
Condiciones de los contratos
Reglas generales
Los contratos de reaseguro y las notas de cobertura suscritos por los representantes legales de las entidades aseguradoras cedentes y los apoderados de los reaseguradores se mantendrán a disposición de la SFC, en las propias entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Cuando las entidades aseguradoras y reaseguradoras registren las operaciones de reaseguro que realizan, deben especificar con precisión las condiciones de cada uno de los riesgos cedidos y aceptados y, la fecha de formalización de cada operación.
Salvo pacto en contrario, el pago de las obligaciones derivadas de los contratos de reaseguro automático proporcional debe efectuarse dentro de los 90 días corrientes a la fecha de cierre trimestral.
Las entidades aseguradoras al aceptar notas de cobertura suscritas por corredoras de reaseguros deben verificar que las mismas cuenten con autorización expresa para ello por parte del reasegurador.
No obstante, previo al inicio de la vigencia del contrato de reaseguro, la entidad aseguradora debe contar cuando menos con la confirmación por cualquier medio de la cobertura por parte del reasegurador. La formalización de este respaldo se debe realizar dentro del mes siguiente a la iniciación de la vigencia del respectivo acuerdo.
Reglas particulares aplicables al ramo de riesgos laborales
En la contratación de las coberturas de reaseguro de que trata el artículo 2.31.4.6.1 del Decreto 2555 de 2010, las entidades aseguradoras que explotan el ramo de riesgos laborales deben aplicar los siguientes parámetros:
Las entidades aseguradoras deben determinar aquellos eventos de baja frecuencia y alta severidad que pueden dar lugar a siniestros catastróficos y atípicos, según corresponda a las coberturas del seguro. Las entidades aseguradoras deben contemplar como mínimo los eventos de terrorismo, incendio, pandemias, explosiones por accidentes industriales, terremoto, así como aquellos eventos a los cuales se encuentre expuesta, según la composición de su cartera. Las entidades aseguradoras deben considerar como mínimo los siguientes criterios para la selección de los demás eventos: i) ubicación geográfica de los afiliados; ii) las características de distribución de los afiliados entre las diferentes clases de riesgo y actividades económicas, iii) ingreso base de cotización de los afiliados y iv) hora de ocurrencia del siniestro.
Las entidades aseguradoras deben modelar los diferentes eventos identificados para la determinación de las condiciones de los contratos de reaseguro tales como: i) la definición de evento catastrófico y atípico, ii) los elementos mínimos de contratación incluyendo la capacidad, prioridad, reinstalamentos, capas, límites por evento y iii) límites por afiliado en un evento. En caso de que en los contratos de reaseguro se pacten exclusiones frente a prestaciones o eventos que están amparados bajo el contrato de seguro, la entidad aseguradora debe modelar y cuantificar la pérdida esperada por esas prestaciones o eventos excluidos. La entidad aseguradora debe documentar el sustento técnico empleado para establecer las definiciones de evento catastrófico y siniestro atípico.
Las entidades aseguradoras deben hacer seguimiento a la capacidad de los contratos de reaseguro y contar con recursos disponibles para reinstalar su capacidad, según su apetito de riesgo y políticas de reaseguro adoptadas.
En la modelación de los diferentes eventos se deben emplear como mínimo las siguientes variables, siempre que resulten aplicables y la entidad aseguradora disponga de información sobre las mismas:
a. Actividad económica de los afiliados.
b. Ingreso base de cotización de los afiliados.
c. Edad de los afiliados.
d. Ubicación geográfica de los centros de trabajo.
e. Número promedio de empleados que permanezcan en el centro de trabajo durante la mayor parte de su jornada laboral.
f. En la modelación de los eventos de terrorismo y terremoto deben incluirse variables como características estructurales de los centros de trabajo y otras relevantes contenidas en los formatos dispuestos por la SFC que resulten aplicables.
g. Velocidad de propagación de la enfermedad.
h. Tasa contagio de la enfermedad.
i. Tasa de recuperación de los enfermos.
j. Velocidad de recuperación de los enfermos.
k. Periodo de incubación de los virus.
l. Tasa de mortalidad y de invalidez, por enfermedad.
Las entidades aseguradoras que no cuenten con la información anteriormente descrita deben realizar supuestos razonables con el objetivo de aproximarse a la realidad de la cartera. En el caso particular de las variables relevantes para el evento de pandemia, los supuestos deben estar basados en evidencia científica y ser validados por profesionales idóneos. Adicionalmente, estas entidades deben desarrollar planes para la recopilación de la información necesaria para efectuar la adecuada modelación.
Características de los modelos empleados
Los modelos y/o metodologías empleadas por las entidades aseguradoras deben cumplir con las características de los literales del presente subnumeral. El Actuario Responsable debe verificar la consistencia de los datos, supuestos y modelos empleados en la contratación de reaseguro. Las entidades aseguradoras deben comunicar a la SFC los cambios en sus modelos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la modificación. La comunicación explicará el alcance de la modificación en el modelo, sus implicaciones e impactos. En todo caso, los cambios en los modelos únicamente serán aplicables a partir del 1 de enero del año siguiente a la adopción de la modificación, salvo instrucción particular de la SFC.
La entidad aseguradora puede contar con la asesoría de terceros expertos para la modelación de los eventos, lo cual no supone una delegación de su responsabilidad.
Adicionalmente, los modelos y/o metodologías empleadas deben:
a. Permitir a la entidad aseguradora conocer la pérdida máxima probable de la cartera total para cada uno de los eventos. La pérdida máxima probable por evento y/o por riesgo, dependiendo del tipo de contrato de reaseguro, debe corresponder con un periodo de retorno de 200 años.
b. Estar basados en métodos validados técnicamente con desarrollo tanto teórico como práctico y contemplar escenarios que reconozcan el riesgo asociado a las acumulaciones conocidas y las acumulaciones probables de la cartera de la entidad. Se entiende por acumulaciones conocidas, aquellas identificadas a partir de criterios tales como: concentración de los centros de trabajo de diferentes empresas afiliadas a una misma entidad aseguradora en una misma área geográfica y/o concentración de un volumen de asegurados de una misma empresa afiliada en una determinada ubicación geográfica de manera permanente. Se entiende por acumulaciones probables, aquellas acumulaciones de riesgos a las que puede enfrentarse la entidad aseguradora por una situación extraordinaria pero probable, tales como acumulaciones de afiliados de una misma empresa por eventos esporádicos que sean objeto de cobertura.
c. Debe basarse en la experiencia de siniestros propia de la entidad aseguradora. La entidad debe emplear una base de datos con un historial de siniestros de al menos los últimos 10 años. Cuando la entidad disponga de más información debe emplearla. Las entidades aseguradoras que inicien la operación del ramo o que estén en el periodo requerido para acumular la experiencia de siniestros solicitada, deben basarse en la información histórica que han acumulado a la fecha de cálculo y los supuestos propios razonables. En todo caso, las entidades podrán incorporar supuestos propios razonables los cuales deben ser construidos a partir de información del mercado colombiano, de otros mercados con características comparables, evidencia científica o el criterio médico experto, según corresponda. En estos supuestos deben asumirse cargos adicionales por incertidumbre. El modelo debe incorporar un parámetro o variable que reconozca los cambios en la composición de la cartera a la fecha de cálculo.
d. Contemplar escenarios de estrés en los cuales se exacerben las indemnizaciones de cada una de las prestaciones económicas y/o asistenciales, así como un incremento generalizado en los costos de los insumos médicos y similares. Entre otros, deben contemplarse escenarios en los cuales la materialización del riesgo llevaría a la entidad a asumir un número y/o monto atípico de indemnizaciones por prestaciones asistenciales que culminen en pensiones de invalidez, así como escenarios en los cuales la entidad asume un alto volumen de indemnizaciones por prestaciones asistenciales pero que culminan en pensiones de sobrevivencia o prestaciones asistenciales para siniestros crónicos y/o vitalicios.
Las condiciones de los contratos de reaseguro deben tener correspondencia con el apetito de riesgo establecido por la junta directiva contenido en la política de retención de riesgos de la entidad aseguradora de que trata el subnumeral 1.6.2.1 del presente Capítulo, garantizando que se cumpla en todo momento con la normatividad vigente.
Dentro de las condiciones particulares de los contratos de reaseguro deben incorporarse, entre otros:
a. La definición de evento y el periodo de tiempo para determinar si los hechos ocurridos corresponden a un mismo evento.
b. Las medidas que tomarán las partes del contrato de reaseguro por cambios en el perfil de la cartera durante la vigencia del contrato. Dentro de las posibles causales de cambios en la cartera, debe contemplarse la obligación de afiliación que tiene la entidad aseguradora, según corresponde a las disposiciones legales vigentes.
c. Los tiempos máximos de reclamación o solicitud de reembolso a los reaseguradores participantes en el contrato de reaseguro. Los tiempos máximos deben basarse en el comportamiento histórico observado del aviso de reclamaciones de la entidad aseguradora, para lo cual se debe tomar como mínimo el tiempo promedio de aviso observado más una desviación estándar. Las entidades aseguradoras que inicien la operación del ramo podrán incorporar supuestos propios razonables los cuales deben ser construidos a partir de información del mercado colombiano y de otros mercados con características comparables. En todo caso, las partes deben definir las medidas que tomarán al vencimiento del tiempo máximo de reclamación frente a los siniestros ocurridos no avisados y los siniestros en desarrollo.
d. Reinstalamentos que correspondan con la probabilidad de afectación de las capas contratadas.
e. Los demás ramos cubiertos por el mismo contrato de reaseguro. Cuando se suscriban contratos de reaseguro que amparen más de un ramo, la entidad aseguradora debe determinar la capacidad máxima del contrato que puede comprometer los siniestros de los ramos amparados distintos de riesgos laborales. En estos casos, las entidades aseguradoras deben modelar los eventos de los demás ramos cubiertos por el contrato de reaseguro. Los modelos empleados deben atender a lo dispuesto en el subnumeral 1.6.4.2.1.2 del presente capítulo. La entidad aseguradora debe evaluar la suficiencia del contrato de reaseguro y documentarla. En la evaluación de la suficiencia del contrato de reaseguro debe constar la metodología actuarial empleada. Dicha metodología debe estar basada en métodos validados técnicamente, con desarrollo tanto teórico como práctico y deberá atender a los criterios señalados en el subnumeral 1.6.4.2.1.2 del presente capítulo, siempre que dichos criterios permitan realizar estimaciones actuariales y estadísticamente razonables. En la documentación que tengan las entidades aseguradoras a disposición de la SFC debe evidenciarse una valoración de escenarios que permita acreditar la suficiencia del contrato de reaseguro en los siguientes casos: i) si ocurren múltiples eventos y consumen parte de la capacidad o ii) si un mismo evento afecta a los diferentes ramos objeto de cobertura del contrato de reaseguro.
Obligación de documentación y conservación de información por parte de las entidades aseguradoras
La documentación e información que conozcan, recopilen, utilicen y generen las entidades aseguradoras en el proceso de contratación de las coberturas de reaseguro, junto con sus modificaciones, debe ser conservada durante el plazo dispuesto en el artículo 96 del EOSF, mediante cualquier medio que asegure su integridad y mantenerse a disposición de la SFC. Este deber aplica sin perjuicio de las demás disposiciones relacionadas con la documentación y conservación de la información.
Control de cesiones y aceptaciones de reaseguros facultativos
Las entidades aseguradoras deben adoptar mecanismos de control secuencial de las cesiones y aceptaciones de reaseguro facultativo que permitan a las partes contar con elementos que brinden certeza sobre los convenios. La SFC debe evaluar el contenido y calidad de tales mecanismos en desarrollo de la supervisión que adelante a las entidades.
Prácticas inseguras
Se consideran como prácticas inseguras y no autorizadas, las siguientes conductas:
La expedición de pólizas de seguro respecto de las cuales la sociedad no haya logrado obtener, mediante el empleo de contratos de reaseguro, colocación en firme del respectivo riesgo, en aquellos eventos en los que la entidad requiera del reaseguro.
La cesión o aceptación de riesgos en reaseguro facultativo, por funcionarios distintos de aquellos autorizados para tal efecto, con prescindencia de los mecanismos de control secuencial a que alude el subnumeral 1.6.5 del presente Capítulo, sin perjuicio de las facultades propias del representante legal o de la delegación expresa que éste haga para un negocio específico.
La celebración de contratos de reaseguro en los que no se verifique una transferencia real del riesgo.
La inobservancia de la presente disposición acarrea la imposición de las sanciones previstas en el EOSF y la suspensión del registro de reaseguradores del exterior REACOEX.
Reporte de Información
Las entidades aseguradoras deben remitir a esta Superintendencia de manera mensual y en la fecha prevista para la transmisión de los estados financieros intermedios y de fin de ejercicio, la información relacionada con las primas cedidas por reasegurador y tipo de contrato, así como las primas aceptadas por cedente y tipo de contrato, para lo cual deben diligenciar las proformas definidas por la SFC para estos efectos.
Las entidades aseguradoras deben remitir el último día del mes en que se presente la novedad, la estructura de los contratos automáticos proporcionales y no proporcionales y la nómina de reaseguradores, para lo cual deben diligenciar las proformas definidas por la SFC para estos efectos.
Las entidades aseguradoras deben remitir a esta Superintendencia de manera trimestral y en la fecha prevista para la transmisión de los estados financieros intermedios y de fin de ejercicio, la información relacionada con los saldos de reaseguro, saldos cuenta corriente y reserva para siniestros parte reaseguradores en las proformas correspondientes definidas por la SFC.
Prácticas inseguras en la contratación de seguros
Se consideran como prácticas inseguras y no autorizadas, las siguientes conductas:
Expedir notas de cobertura que no identifiquen los textos de los amparos con los códigos dispuestos en este Capítulo.
Utilizar códigos de formas que no hayan sido enviadas previamente a la SFC.
Proveer al asegurado de información inexacta respecto del contenido del texto referenciado y enviado a la SFC.
Utilizar en las notas de cobertura proformas de entidades diferentes a las que expiden el documento.
Usar notas de cobertura para pólizas no depositadas o cuyo texto no se incorpore en la misma nota de cobertura o en sus anexos.
La participación en consorcios o uniones temporales cuando quiera que la entidad no cuenta con autorización para la operación de alguno de los ramos involucrados
Criterios y elementos mínimos de las notas técnicas
La nota técnica es el conjunto de documentos que describe y sustenta las metodologías utilizadas para el cálculo de las primas y/o reservas de las entidades aseguradoras. Para tal efecto, se considera necesario identificar los principios y elementos que deben ser considerados en la elaboración de estas, estableciendo características comunes para la sustentación de tarifas, conservando el rigor en la descripción de metodologías, hipótesis, información utilizada, entre otros.
La nota técnica debe presentar de manera clara la información, supuestos y métodos utilizados en la tarifación, de tal forma que un actuario pueda evaluar su validez. Adicionalmente, la información, hojas de cálculo y cualquier otra documentación relevante en la tarifación deben mantenerse por un periodo no inferior a 10 años, contados desde la fecha de presentación de la nota, y ponerse a disposición del supervisor en caso de que éste la requiera.
Terminología y notación: la nota técnica debe ajustarse a la notación actuarial reconocida internacionalmente. Si se requiere terminología o notación matemática, estadística, financiera o actuarial adicional, debe ser explícitamente definida.
Principios: los estudios técnicos y estadísticos en que se sustenten los resultados de la nota técnica deben observar los principios de equidad, suficiencia, homogeneidad y representatividad en los términos del numeral 3 del artículo 184 del EOSF. De igual forma, en los casos de riesgos especiales se podrá aplicar lo dispuesto en el literal c., numeral 3 del artículo 184 del EOSF.
Alcance: toda solicitud de autorización de una nueva aseguradora o ramo, así como la remisión de un nuevo producto y/o amparo adicional, o sus modificaciones, deben estar acompañadas de su respectiva nota técnica.
Es deber de la aseguradora mantener actualizadas sus notas técnicas y tarifas, así como la remisión oportuna de dichas actualizaciones a esta Superintendencia. En caso de presentarse una migración de cartera de una entidad aseguradora a otra, la entidad que reciba dicha cartera deberá conservar la nota técnica bajo la cual se expidieron las pólizas que recibe.
La nota técnica debe contener los aspectos que se señalan a continuación:
Identificación de la nota técnica
Nombre de la entidad.
Código de la nota técnica: la nota técnica debe enviarse por medio digital, registrando en la parte inferior de cada página del documento el código de la nota técnica de acuerdo con los siguientes criterios:
Campo 1. Fecha a partir de la cual se utiliza el documento respectivo (día/mes/año). Tratándose de notas técnicas enviadas para efectos de la autorización de un ramo, se entiende que la fecha a partir de la cual se utiliza el documento corresponde a la del acto administrativo mediante el cual se imparte la respectiva autorización.
Campo 2. Código con el cual se identifica el tipo de entidad vigilada por la SFC, dependiendo de si se trata de aseguradoras de seguros generales (13), de vida (14), o cooperativa (15) y el individual asignado a la entidad en la SFC.
Campo 3. Debe indicarse:
NT-P si corresponde a la nota técnica de un producto.
NT-A si corresponde a la nota técnica de un amparo adicional o anexo.
Campo 4. Corresponde al código del ramo de acuerdo con lo previsto en el subnumeral 1.1. del presente Capítulo. Las notas técnicas que se utilicen en varios ramos deben codificarse con el número correspondiente al ramo principal.
Campo 5. Identificación de acuerdo con la codificación propia de la aseguradora.
Los campos deben estar separados entre sí por un guión (-).
Identificación del producto y/o amparos adicionales: Indicar el nombre del producto y/o amparos adicionales a los que aplica.
Fecha de elaboración de la nota técnica: Se debe indicar la fecha de elaboración y/o actualización de la nota técnica.
Descripción del producto
Se debe realizar una enumeración y descripción clara del amparo básico con los amparos o coberturas adicionales ofrecidos, así como el mercado objetivo al cual va dirigido, de tal forma que guarde correspondencia con lo establecido en el clausulado, indicando las características de los mismos e incluyendo el bien o bienes que se cubren y los beneficios o indemnizaciones. En cuanto sean aplicables debe contener, entre otros, elementos como los siguientes:
Temporalidad: indicando la temporalidad de cada uno de los amparos.
Modalidad del seguro: si es individual, colectivo, o de cualquier otra modalidad.
Valor asegurado: se debe realizar una clara definición de la forma en que se establece el valor asegurado de cada uno de los amparos. En caso de requerirse, los elementos que lo conforman y/o la metodología de cálculo y actualización.
Moneda: se debe indicar la moneda o índice en que se denomina la cobertura.
Medidas de control: se deben señalar los criterios definidos por la aseguradora para la suscripción y las medidas adoptadas para el control del riesgo, tales como límites para la edad de ingreso y edad de permanencia, períodos de carencia, o cualquier otra medida de control.
Bases técnicas
Hipótesis
Los supuestos que se utilicen en el proceso de tarifación deben estar consignados y sustentados en la nota técnica. En particular debe contener, en cuanto sean aplicables, elementos tales como:
Hipótesis demográficas: se refiere a las tablas de mortalidad o de morbilidad que se utilizan, así como otros supuestos demográficos relevantes que sean considerados.
Hipótesis financieras y/o económicas: se refiere a las tasas de interés técnico o la forma utilizada para considerar el valor del dinero en el tiempo, tasas de inflación, tasas de cambio, o índices financieros que se utilizan, así como otros supuestos financieros y/o económicos relevantes que sean considerados.
Otras Hipótesis: se refiere a cualquier otro supuesto de importancia que se haya tenido en cuenta en la tarifación, como por ejemplo supuestos de frecuencia, severidad o índices de siniestralidad, entre otros.
En el evento en que se utilicen estudios o estadísticas para sustentar cualquiera de las variables o parámetros utilizados en la tarifación, se deben anexar en medio digital los datos consolidados indicando claramente la fuente de estos. En el evento en que se utilicen supuestos prescritos por ley, se debe indicar la normatividad que establece su uso.
Prima de Riesgo
La nota técnica debe consignar y sustentar los procedimientos técnicos y actuariales, fórmulas y parámetros utilizados para establecer la tasa de riesgo y su respectiva prima. En cuanto aplique, se deben incluir elementos tales como:
Deducibles
Copagos
Límites
Recargos y/o descuentos basados en el riesgo
Factores de credibilidad
Cuando la tasa pura de riesgo sea establecida por el reasegurador, la nota técnica debe consignar el porcentaje de retención del reasegurador, la tasa que defina el reasegurador y los lineamientos técnicos a partir de los cuales se podrán aplicar tasas diferenciales de acuerdo con las características de los riesgos asegurados. La información de las tasas deberá indicar de manera expresa la temporalidad para la cual aplica. La tasa y los demás lineamientos técnicos aplicables deben estar en consonancia con el clausulado del contrato de reaseguro. En todo caso, la nota técnica del producto debe ser modificada conforme se ajusten los contratos de reaseguro que la sustentan. Sin perjuicio de lo anterior, las pólizas que hayan sido emitidas con anterioridad al cambio en el programa de reaseguro bajo una nota técnica previa no deben ser modificadas.
En adición, las entidades aseguradoras deben mantener a disposición de la SFC los soportes que señalen que el reasegurador: (i) cuenta con experiencia suscribiendo productos asimilables al que pertenece la nota técnica, salvo en el caso de riesgos especiales o de carácter novedoso; (ii) utilizó información cualitativa y/o estadística suficiente para la determinación de la tasa; y (iii) empleó metodologías actuariales y estadísticas reconocidas internacionalmente para la fijación de la tasa, sin perjuicio de incorporar variables cualitativas para el efecto.
Prima Comercial
La nota técnica debe consignar los procedimientos técnicos y actuariales, fórmulas, y parámetros utilizados para establecer la tasa comercial y su respectiva prima. En cuanto aplique, se deben incluir elementos tales como:
Gastos y comisiones: Se deben expresar de manera específica los recargos por concepto de gastos esperados por la aseguradora, entre otros, gastos de adquisición, gastos de administración, comisiones de intermediación y la forma en que se aplican. Si estos factores varían, se debe indicar de manera precisa los rangos en los cuales se encuentran.
Riesgo y utilidad: Se debe incluir el margen por riesgo y/o utilidad esperada por la aseguradora y la forma en que se aplica. Si estos factores varían, se debe indicar de manera precisa los rangos en los cuales se encuentran.
Recargos y descuentos: Se deben informar los recargos y descuentos contemplados, señalando su metodología de cálculo.
Otros Aspectos
Debe consignarse cualquier otro concepto o procedimiento técnico que a juicio del actuario que firma la nota técnica sea necesario para la adecuada implementación del producto, tales como:
Extraprimas: se deben consignar los procedimientos técnicos, actuariales y financieros utilizados para establecerlas.
Fraccionamiento de primas: en el evento en que se contemple el fraccionamiento de primas, se deben expresar y sustentar los recargos establecidos para cada opción de fraccionamiento y la metodología utilizada para el cálculo de la prima fraccionada.
Participación de utilidades: se debe consignar la metodología con la que se calcula la participación de utilidades, en caso de aplicar.
Valores garantizados: se debe detallar el cálculo y forma en que se otorgan valores garantizados, en caso de aplicar.
Fondos de ahorro: se deben definir los conceptos por los que se generan los fondos de ahorro, su metodología de cálculo, así como la forma en que se administrarán.
Reaseguros: en el evento en que el producto sea objeto de reaseguro se debe informar la modalidad del mismo.
Reservas
En la nota técnica también se deben indicar las reservas que se constituirán. En los eventos en los cuales no se tenga como referencia la metodología definida en la normatividad vigente, se debe consignar en forma detallada la metodología para su cálculo.
Resultados
Se debe anexar la aplicación detallada de la formulación expuesta en la nota técnica para el cálculo de las primas de riesgo, comercial, reservas, valores garantizados y participación de utilidades, así como cualquier otro desarrollo mostrado en la nota técnica.
Nombre y firma del actuario que elaboró la nota técnica.
Devolución de primas
Para la devolución del valor de la prima estipulada por circunstancias generalizadas de disminución del riesgo que se presenten de conformidad con el artículo 1065 del Código de Comercio, las entidades aseguradoras deben establecer políticas y metodologías internas con el fin de: (i) identificar los productos respecto de los cuales exista una disminución del riesgo, (ii) cuantificar la disminución del riesgo y la reducción correspondiente de la prima, (iii) definir procedimientos idóneos para aplicar tales mecanismos y (iv) comunicar de forma amplia, los canales, productos y procedimientos para hacer efectiva la devolución en dinero. No obstante, la entidad podrá definir y ofrecer otros mecanismos distintos a la devolución en dinero, siempre que el tomador los acepte de manera expresa o tácita, por ejemplo: la extensión en la cobertura del seguro.
Aspectos financieros las entidades aseguradoras
Nota: Circular Externa 004 de 2026 "SEGUNDA. TRASLADO DE INSTRUCCIONES DE LA CBJ: Trasladar el numeral 2.1 del Capítulo II del Título IV de la Parte II de la CBJ al Capítulo II de la Parte II de la CBF, sin modificar o afectar la' vigencia de las respectivas instrucciones, proformas o anexos que se mantiener;i en la CBJ."
Reglas sobre el régimen de reservas técnicas y su inversión
Reglas sobre reservas técnicas
Control de reservas de siniestros
Las entidades aseguradoras deben contar con un libro auxiliar (libro radicador de siniestros) en el cual se asienten los datos que soporten los movimientos de la reserva de siniestros y el registro contable del respectivo pasivo. Dicho libro debe ser llevado en forma sistematizada, para cada ramo, pudiéndose llevar por cada área de la entidad o sucursal, aunque siempre de forma centralizada.
En todo caso, la entidad aseguradora debe mantener a disposición de la SFC la siguiente información mínima extraída de dicho libro:
Número de la póliza, o del contrato si se trata de un negocio aceptado.
Número de radicación del siniestro.
Ramo(s) de la póliza o del contrato. Para este efecto se debe utilizar el número del código de los ramos, establecido en el subnumeral 1.1. del presente Capítulo.
Indicación de si se trata de una póliza expedida de forma directa, en coaseguro o de un negocio aceptado en reaseguro. Para dicho efecto, se deben utilizar los siguientes códigos: PD para las pólizas expedidas directamente y sin coaseguro; AR para los negocios aceptados en reaseguro; CO para pólizas expedidas en coaseguro.
Nombre del asegurado, tomador y beneficiario.
Fecha de ocurrencia del siniestro.
Fecha de aviso.
Fecha de presentación de la reclamación en los términos señalados en el artículo 1077 del Código de Comercio (fecha de entrega del último documento).
Cobertura afectada.
Valor de la pretensión, entendido como el valor que pretende recibir el beneficiario por la materialización del siniestro, sin exceder el valor asegurado.
Reserva parte compañía inicialmente constituida.
Reserva parte reaseguradores inicialmente constituida.
Ajuste de cada una de las reservas a las que se refieren los subnumerales 2.2.1.1.11 y 2.2.1.1.12 anteriores, si los hubiere.
Fecha y valor de pago del siniestro.
Indicación de si el siniestro fue objetado o se encuentra en trámite.
Razones de objeción, en caso de que a ello haya lugar.
Indicación de si el siniestro se encuentra en proceso (litigio) o no.
Valor total de la reserva de siniestros parte compañía y parte reaseguradores.
Tratándose de operaciones de reaseguro aceptado, la aseguradora no está obligada a tener la información de que tratan los literales 2.2.1.1.5, 2.2.1.1.6, 2.2.1.1.7, 2.2.1.1.8, 2.2.1.1.1.15 y 2.2.1.1.16, anteriores.
Constancias a reclamantes
Para los mismos efectos previstos en este acápite, siempre que el reclamante lo solicite, las entidades aseguradoras deben expedir una constancia que contenga como mínimo la siguiente información:
Nombre del asegurado
Número de la póliza afectada por el reclamo
Fecha del siniestro
Fecha de aviso del siniestro
Fecha de presentación del reclamo
Documentos aportados
Valor pretendido de la reclamación
Número consecutivo de la constancia expedida
Reserva matemática
Cálculo de la reserva matemática
La reserva matemática se debe calcular conforme a lo establecido en el artículo 2.31.4.3.2 y siguientes del Decreto 2555 de 2010 para los seguros de vida individual, los ramos de seguros de pensiones Ley 100, riesgos laborales y conmutación pensional y los amparos cuya prima se calcule en forma nivelada o seguros cuyo beneficio se pague en forma de renta.
Tasa de interés técnico
Las entidades aseguradoras deben emplear una tasa de interés técnico para el cálculo de la reserva matemática. La tasa de interés técnico que emplearán durante toda su vigencia las pólizas y amparos emitidos se determinará a la fecha de emisión de la respectiva póliza y corresponderá a la menor entre la tasa de interés que sirvió como base para el cálculo de la prima (tasa de venta) y la Tasa de Mercado de Referencia (TMR) que se determina como se describe a continuación a partir del vector de tasas de interés TMRk. En todo caso, la entidad aseguradora debe acoger la mayor reserva.
Para el ramo de riesgos laborales la tasa de interés técnico corresponderá a la TMR. Para el ramo de vida individual, la reserva correspondiente a cada renovación debe calcularse con base en la tasa de interés técnico aplicable al momento de la emisión de la póliza y no al momento de las renovaciones del contrato de seguro.
El vector de TMRk en términos reales será publicado por la SFC trimestralmente. En el evento que no sea publicado dentro de dicho término, se debe aplicar el último vector TMRk disponible.
Para encontrar la menor tasa entre la tasa de venta y la TMR, la entidad debe calcular una tasa equivalente o tasa interna de retorno al vector de tasas de mercado TMRk resolviendo para TMR la siguiente ecuación:
Donde:
Fk son los flujos futuros esperados en el plazo k, expresado en años, de la respectiva póliza (ej: k = 1.5 para un flujo cuyo pago se hará en 18 meses).
TMRk es la entrada k (del año más cercano) del vector de tasas de mercado de referencia publicado por la SFC.
TMR es la tasa de mercado de referencia equivalente de la póliza, que servirá para ser comparada con la tasa de venta de la póliza.
Reserva por insuficiencia de activos
Ámbito de aplicación
Las instrucciones de la reserva por insuficiencia de activos (RIA) establecidas en el numeral 2.2.3 de este Capítulo aplican para los ramos establecidos en el 2.31.4.3.4 del Decreto 2555 de 2010.
Análisis de insuficiencia de activos
Trimestralmente las entidades aseguradoras deben efectuar un análisis de insuficiencia de activos respecto a los pasivos en los ramos aplicables, de acuerdo con la metodología establecida en el Anexo 13 del presente título, denominado “Metodología de Cálculo de la Reserva por Insuficiencia de Activos”.
Constitución y liberación de la reserva por insuficiencia de activos
Las entidades aseguradoras deben constituir la RIA cuando identifiquen una insuficiencia de activos con base en el análisis de insuficiencia que realicen trimestralmente. El plazo máximo para la constitución de la RIA será el último día hábil del corte trimestral siguiente al de identificación de la insuficiencia, que corresponde al corte de la información de los activos. La reserva se podrá liberar por la cuantía en exceso en el evento en que se reduzcan las insuficiencias con respecto al cálculo del periodo anterior o en su totalidad cuando no exista insuficiencia.
La SFC publicará trimestralmente las tasas de descuento relevantes para el cálculo del valor presente de la insuficiencia de activos. En el evento en que dichas tasas de descuento no sean publicadas dentro de dicho término, aplicarán los últimos vectores de tasas disponibles.
Reserva técnica de riesgos en curso
Reserva técnica de prima no devengada
Metodología de cálculo de la reserva de prima no devengada
La reserva de prima no devengada se debe calcular conforme a lo establecido en el artículo 2.31.4.2.2 del Decreto 2555 de 2010.
En línea con lo establecido en el Parágrafo 1 del mencionado artículo, en caso de que existan amparos cuya vigencia sea distinta a la vigencia de la póliza, para el cálculo de esta reserva se tomará como referencia el término de dicho amparo y no el de la póliza. Para pólizas cuya cobertura esté supeditada al pago de una prima calculada para un periodo inferior a la vigencia de la póliza, en las que el tomador no está obligado a pagar las primas pendientes hasta el vencimiento del contrato, para el cálculo de la reserva de prima no devengada se tomará como fecha de fin de la vigencia la de la cobertura otorgada por el pago de la prima y no la de la vigencia de la póliza.
En el evento en que el periodo de cobertura del amparo sea inferior o igual a 1 mes, se debe constituir y mantener una reserva conforme a lo establecido en el inciso 4º del artículo 2.31.4.2.2 del Decreto 2555 de 2010.
En pólizas en las que la prima sea financiada, el cálculo de la reserva de prima no devengada siempre se realizará tomando la vigencia de la póliza.
Gastos de Expedición
Para efectos del cálculo de la reserva técnica de prima no devengada, establecido en el artículo 2.31.4.2.2 del Decreto 2555 de 2010, se entienden como Gastos de Expedición los gastos causados por la entidad para la suscripción y emisión de cada una de las pólizas. Los Gastos de Expedición deducibles de la prima emitida son los siguientes:
Gastos de tarifación, definidos como aquellos que permiten establecer el valor de la prima, tales como avalúos de predios por peritos, la remuneración del personal experto proporcional al tiempo dedicado a identificar los riesgos de suscripción, los exámenes médicos para el otorgamiento de pólizas de vida y los gastos en sistemas de información destinados a definir las condiciones de asegurabilidad.
Comisiones o remuneraciones variables causadas atadas a la venta de la póliza, destinadas al pago de intermediarios de seguros dependientes o independientes y canales de comercialización, tales como corresponsales y uso de red.
Papelería y gastos de entrega o de envío de la póliza al tomador.
El porcentaje correspondiente a los Gastos de Expedición deducidos del valor de la prima emitida, debe ser concordante con el rango establecido para tal efecto en la nota técnica a la que hace referencia el numeral 1.8 de este capítulo.
No son Gastos de Expedición aquéllos que no guarden relación directa o indirecta con la emisión de las pólizas, tales como los gastos en remuneraciones a los intermediarios de seguros distintos a las comisiones o remuneraciones variables, las indemnizaciones por incumplimiento de obligaciones legales o contractuales, las transferencias o contribuciones legales distintas a las efectuadas con cargo al ramo del SOAT, investigaciones de mercado o los gastos en publicidad.
Metodología de cálculo para vigencias indeterminadas
Son pólizas o amparos con vigencia indeterminada aquellas en los que al momento de la contratación del seguro no se conoce el fin de la vigencia de la cobertura de la póliza o el amparo.
Para aquellas pólizas o amparo de seguros con vigencias indeterminadas para las cuales la fecha de fin de la vigencia no se conoce, se usará la siguiente fórmula para efectos del cálculo de la reserva de prima no devengada:
Donde:
Fecha fin de vigencia = Fecha estimada de finalización de la cobertura de la póliza o del amparo.
Fecha inicio de vigencia = Fecha de inicio de la cobertura de la póliza o del amparo.
xi = Número de días transcurridos entre el inicio y fin de vigencia de las pólizas o amparos cuya vigencia ya venció, o entre el inicio de la vigencia y la fecha de corte, en el caso de pólizas o amparos vigentes.
n = Número total de pólizas o amparos con vigencia indeterminada de dicha clase de póliza o amparo, vigentes o terminadas, teniendo en cuenta como mínimo los últimos tres años a la fecha de cálculo de la reserva de prima no devengada. Aquellas entidades sin experiencia siniestral en dichos productos deben utilizar información obtenida del mercado o de pólizas con características similares.
DS = Desviación estándar del número de días transcurridos entre el inicio y fin de vigencia o la fecha de corte de las “n” pólizas o amparos considerados en el cálculo de la fecha del fin de vigencia.
En todo caso, si la reserva se agota mientras la póliza o el amparo continúa vigente, ésta debe constituirse nuevamente, utilizando como fecha de inicio de vigencia la fecha en que se agota la reserva, con base en la información disponible al momento de reconstituirla.
Para la cobertura de amparos judiciales del ramo de cumplimiento se deben tener en cuenta las variables antes mencionadas, incluyendo procesos judiciales en curso y terminados. En el seguro de transporte de mercancías, el cálculo se debe diferenciar según el medio de transporte (marítimo, aéreo o terrestre).
Las entidades aseguradoras pueden usar metodologías alternativas que tengan en cuenta la distribución estadística de la vigencia de las pólizas o amparos. Dicha metodología debe estar debidamente documentada, a disposición de la SFC y ser avalada por el Actuario Responsable.
Reserva técnica por insuficiencia de primas
El cálculo de la reserva técnica por insuficiencia de primas, establecido en el artículo 2.31.4.2.3 del Decreto 2555 de 2010, se realizará por ramos de seguros, de acuerdo con el listado definido en el numeral 1.1 de este capítulo.
Con excepción del seguro de invalidez y sobrevivencia, esta reserva debe calcularse y reajustarse mensualmente, tomando como referencia la información de los dos (2) últimos años, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo, estableciendo como fecha de corte para la determinación de los ingresos y egresos, el cierre del mes inmediatamente anterior. Para tal efecto, se sumarán los ingresos relevantes de los últimos dos años y se descontará la suma de los egresos relevantes para este mismo periodo de acuerdo con las definiciones de los subnumerales 2.2.4.2.1 y 2.2.4.2.2.
Exceptuado el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia, cuando se inicie la operación de un nuevo ramo, esta reserva se calculará según lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 2.31.4.2.3 del Decreto 2555 de 2010.
En caso de que la entidad aseguradora se acoja a una metodología de cálculo prospectivo para esta reserva, debe aplicarse lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 2.31.4.2.3 del Decreto 2555 de 2010.
Los ingresos y egresos relevantes para el cálculo de la reserva por insuficiencia de prima son los siguientes:
Ingresos:
Primas devengadas, descontando la liberación y/o constitución de las reservas técnicas por insuficiencia de prima e insuficiencia de activos; los ingresos de otros productos de seguros y la remuneración de administración de coaseguro.
Los ingresos de contratos de reaseguro proporcional y no proporcional, correspondientes a comisiones de reaseguro cedido, ingresos de contratos de reaseguro de exceso de pérdida, participaciones de utilidades por reaseguro cedido e intereses y gastos reconocidos por reaseguradores.
Los Ingresos Financieros de los activos que respaldan las reservas técnicas del ramo, sin incluir los rendimientos de las inversiones no asociadas a dichas reservas. Se entiende como Ingresos Financieros aquella entrada bruta de beneficios económicos realizados o causados, según corresponda, durante el periodo de reporte, asociados únicamente a los activos que respaldan las reservas técnicas de los respectivos ramos. Los Ingresos Financieros comprenden:
Ingresos realizados de los activos a valor razonable.
Ingresos causados de los activos a costo amortizado.
Egresos:
Los egresos computados deben corresponder en concepto y rango con los establecidos en la respectiva nota técnica.
Siniestros incurridos: se computan sumando la constitución de reservas de siniestros avisados y ocurridos no avisados neta de reaseguro y los siniestros liquidados; y restando los salvamentos, recobros, reembolsos de siniestros sobre cesiones, así como la liberación de las reservas de siniestros avisados y ocurridos no avisados neta de reaseguro.
En caso de que se excluyan en el cálculo de esta reserva los siniestros caracterizados por baja frecuencia y alta severidad, la entidad aseguradora debe notificarlo a la SFC junto con la documentación que sustente actuarialmente dicha exclusión.
Egresos de contratos de reaseguro: corresponden al costo de los contratos de exceso de pérdida, los intereses reconocidos a reaseguradores, participaciones de utilidades y otros egresos asociados al reaseguro.
Otros egresos de seguros: corresponden a los gastos de administración de coaseguro aceptado, contribuciones de seguros y otros egresos.
Gastos de Expedición, en los términos del subnumeral 2.2.4.1.2 de este capítulo.
Gastos de administración y de personal, excluyendo los gastos extraordinarios sufragados con recursos de utilidades acumuladas o aportes de capital para fines específicos, tales como fusiones, adquisiciones, cierre de líneas de negocio y proyectos de infraestructura. Son gastos de administración y de personal aquéllos que no son Gastos de Expedición, ni son gastos de liquidación de siniestros o no están asociados a la gestión de las inversiones de la entidad aseguradora.
Los egresos financieros son aquéllos asociados a la gestión de las inversiones que respaldan las reservas técnicas, tales como pagos a proveedores de precios, remuneración del personal destinado a la labor de la administración de las inversiones, comisiones por concepto de la intermediación de valores y pagos por concepto de infraestructura y equipos destinados a la gestión de las inversiones. Se excluyen de este concepto, los egresos correspondientes a las inversiones propias de las entidades aseguradoras que no respaldan las reservas técnicas.
Metodología para la constitución y ajuste de la reserva técnica de siniestros avisados
Seguro de riesgos laborales
El monto total de la reserva de siniestros avisados del ramo de seguro de riesgos laborales debe ser igual a la sumatoria de aquella constituida por cada siniestro para cada prestación asistencial y/o económica en la fecha en que la entidad tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro, de acuerdo con el artículo 2.31.4.4.4 del Decreto 2555 de 2010.
Para el cálculo de la reserva técnica de siniestros avisados del ramo de seguro de riesgos laborales, por cada siniestro se deben agregar las reservas técnicas constituidas para las siguientes prestaciones y gastos: prestaciones asistenciales (incluyendo, cuando sea del caso, siniestros avisados asistenciales crónicos y siniestros avisados asistenciales vitalicios), incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, auxilio funerario, honorarios de abogados y gastos asociados al siniestro, directos e indirectos. El cálculo de la reserva para cada una de estas prestaciones se debe realizar conforme se indica en el Anexo 11 de este Título.
Los gastos directos asociados al siniestro son aquéllos que se encuentran relacionados de manera específica con un siniestro.
Los gastos indirectos asociados al siniestro son aquellos en que se incurre para la atención de los siniestros pero que no pueden ser asociados a uno solo de ellos.
Seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia
Las entidades aseguradoras deben constituir la reserva de siniestros avisados del ramo de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia conforme a lo establecido en el artículo 2.31.4.4.2 del Decreto 2555 de 2010. El cálculo de esta reserva debe agregar las reservas técnicas constituidas para las siguientes coberturas y gastos: suma adicional requerida para la pensión de invalidez y sobrevivencia, auxilio funerario, subsidio económico por concepto favorable de rehabilitación y gastos asociados al siniestro tales como traslado de pacientes, valoración por especialistas, exámenes complementarios y honorarios de juntas de calificación.
Para el cálculo de esta reserva, las entidades aseguradoras deben implementar la metodología prevista en el Anexo 12 de este Título.
Seguros sin régimen especial
Ámbito de aplicación
Las entidades aseguradoras deben constituir la reserva de siniestros avisados para todos los ramos que no tengan una regulación especial, conforme al artículo 2.31.4.4.1 del Decreto 2555 de 2010 y a las instrucciones contenidas en el numeral 2.2.5.3 de este Capítulo.
Metodología para el cálculo de la reserva de siniestros avisados en siniestros típicos
Las entidades aseguradoras deben desarrollar metodologías propias para el cálculo de la reserva de siniestros avisados. Esta metodología debe tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2.31.4.4.1 del Decreto 2555 de 2010. Se entiende como típico aquel siniestro que se encuentre dentro de los rangos generalmente considerados de frecuencia y severidad o que se ajuste a la experiencia siniestral que sirve de base suficiente para su cálculo.
Las entidades aseguradoras deben constituir esta reserva en la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro y ajustarla mensualmente por el valor correspondiente a la mejor estimación técnica del costo del mismo. En caso en que no sea determinable dicho costo, la mejor estimación del siniestro debe basarse en hipótesis fundadas en el patrón de comportamiento de flujos, sustentadas en la experiencia de la propia entidad aseguradora o del mercado. La experiencia histórica de flujos de reclamaciones debe proporcionar una base sólida y confiable para desarrollar una proyección razonable del futuro.
En caso de que la entidad aseguradora implemente una nueva metodología o modifique la vigente, debe remitir a la SFC una comunicación que informe dicho cambio y las motivaciones de esta decisión. Las modificaciones serán aplicables únicamente a partir del siguiente año fiscal.
Metodología para el cálculo de la reserva de siniestros avisados en siniestros atípicos
Las entidades aseguradoras deben establecer una metodología para calificar un siniestro como atípico, la cual debe ser aprobada por el actuario responsable y estar a disposición de la SFC. Se entiende como atípico aquel siniestro que se encuentre fuera de los rangos generalmente considerados de frecuencia y severidad o que no se ajuste a la experiencia siniestral, por lo cual ésta no sirve de base suficiente para su cálculo.
La metodología debe contener criterios prestablecidos para dicha calificación y ser aplicados consistentemente. Los siniestros atípicos pueden ser excluidos de la experiencia histórica de flujos utilizada para calcular la mejor estimación del costo de la reserva de siniestros avisados para siniestros típicos.
Las entidades aseguradoras deben constituir esta reserva en la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro y ajustarla mensualmente por el valor correspondiente a la mejor estimación técnica del costo de este. Para calcular la reserva de siniestros avisados en los siniestros atípicos, las entidades aseguradoras deben emplear una metodología propia que contenga bases actuariales, técnicas y estadísticas reconocidas internacionalmente. El monto estimado para siniestros atípicos debe adicionarse a la reserva de siniestros avisados, conjuntamente con los siniestros típicos.
La entidad aseguradora debe definir la metodología para la constitución de esta reserva en los siniestros atípicos y deberá dejar soporte de los criterios, supuestos y parámetros para la cuantificación de la reserva, junto con los criterios que sustentan la escogencia de dicha metodología. Esta información debe estar a disposición de la SFC.
En caso de que la entidad aseguradora implemente una nueva metodología o modifique la vigente, debe remitir a la SFC una comunicación que informe dicho cambio y las motivaciones de esta decisión.
Lineamientos generales para el cómputo de los costos asociados al siniestro
La reserva de siniestros avisados debe incluir los egresos directos e indirectos asociados al proceso de administración de siniestros, incluyendo aquellos gastos o costos en que la aseguradora debe incurrir para procesar, evaluar y resolver las reclamaciones, tales como honorarios de asesoramiento legal y de peritos, costos internos de procesamiento de pagos de siniestros, gastos en sistemas de información de siniestros destinados a definir el valor de liquidación de los mismos y otros egresos de seguros relacionados con la administración de los siniestros.
Los egresos deben ser asignados conforme a criterios que reflejen la experiencia de la entidad aseguradora conforme a una metodología propia que cumpla los criterios establecidos los subnumerales 2.3.3.1.1 a 2.3.3.1.4 de este Capítulo. Esta asignación deberá estar basada en análisis actuales de las operaciones de la entidad, en la identificación de los factores de gastos adecuados y en coeficientes de distribución de gastos pertinentes.
Clasificación de siniestros
Después de calcularse la reserva de siniestros avisados, las entidades aseguradoras deben clasificar internamente cada siniestro en una de las siguientes categorías:
Siniestros liquidados pendientes de pago: corresponde a aquellos siniestros que han sido liquidados de manera definitiva y que a la fecha de reporte de la información financiera no han sido pagados al beneficiario.
En el caso de los seguros de vida corresponde al importe de los siniestros de montos conocidos o pagos vencidos correspondientes a rentas que no han sido pagados al asegurado o beneficiario.
Siniestros avisados pendientes de liquidación: son aquellos siniestros avisados cuya liquidación no se encuentra en firme porque están en trámite al interior de la entidad y no han sido liquidados o porque se está definiendo su liquidación a través de mecanismos distintos al proceso judicial.
Siniestros avisados pendientes de liquidación en proceso judicial: son aquellos siniestros que se encuentran en proceso judicial de cualquier índole. La reserva de estos siniestros debe comprender tanto el valor reservado para atender una eventual indemnización afectada por la probabilidad del riesgo técnico-jurídico como los honorarios de abogados, asociados a cada proceso. La reserva constituida para el pago de honorarios de abogados no debe ser afectada por la probabilidad del riesgo técnico-jurídico del proceso judicial.
Las entidades aseguradoras deben conformar un comité interdisciplinario de evaluación de siniestros en proceso judicial o conciliación, el cual debe ser integrado, al menos, por un experto en asuntos legales y un responsable administrativo del área técnica de siniestros. Dicho comité deberá reunirse mínimo trimestralmente.
Este comité tiene las siguientes responsabilidades:
Determinar la categoría y probabilidad del riesgo técnico-jurídico del proceso judicial, teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia de los miembros del comité y la información disponible de los siniestros pagados. La metodología empleada para fijar las probabilidades de que trata este subnumeral debe estar debidamente documentada y mantenerse a disposición de la SFC.
Revisar los procesos judiciales, los cambios en la instancia jurídica para los procesos en curso y la terminación del proceso por conciliación o fallo.
Hacer un seguimiento de los procesos judiciales en curso.
Instrucciones relativas a la inversión de reservas técnicas en bienes raíces productivos y no productivos.
De acuerdo con el numeral 3.10 del artículo 2.31.3.1.2. del Decreto 2555 de 2010, las reservas técnicas de las entidades aseguradoras de vida, netas del activo de transferencia de riesgo al reasegurador, pueden estar invertidas en bienes raíces productivos y no productivos ubicados en el territorio colombiano, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V, Título I, Parte I de la presente Circular.
Admisibilidad de la inversión en bienes raíces productivos y no productivos.
Para que la inversión en bienes raíces productivos sea admisible, es necesario que se cumplan con los siguientes requisitos:
Los bienes raíces no pueden ser utilizados para el desarrollo del objeto social de la entidad aseguradora.
Las entidades vinculadas de la entidad aseguradora no pueden tener la condición de titular de derechos reales o alguno similar sobre el bien raíz objeto de inversión.
Los bienes raíces deben ser productivos, esto es, al momento de computarse como inversión de las reservas técnicas, los mismos deben ser objeto de un contrato de arrendamiento o concesión. Este contrato debe tener, como mínimo, un (1) año de duración y debe generar ingresos hacia la entidad aseguradora desde el momento mismo de su clasificación como activo que respalda las reservas técnicas. Lo anterior no obsta para que el término de duración del contrato se vaya reduciendo con el transcurso de la ejecución de este.
En ese sentido, no se pueden computar como inversión de reservas técnicas aquellas inversiones sobre bienes raíces no productivos. Por lo anterior, estas inversiones tendrán el tratamiento de inversiones de libre inversión de las que trata el artículo 2.31.3.1.15 del Decreto 2555 de 2010.
Si un bien raíz deja de ser productivo, la entidad aseguradora tendrá un término de 6 meses para volverlo productivo. Si transcurrido dicho término, la entidad aseguradora no ha suscrito un nuevo contrato de arrendamiento o concesión, la respectiva entidad deberá darle el tratamiento de inversiones de libre inversión hasta cuando se celebre un nuevo contrato en las condiciones mencionadas en el primer inciso de este subnumeral.
Las entidades aseguradoras no pueden tener la condición de titular de derechos reales o alguno similar sobre el bien raíz objeto de inversión, al momento de la inversión.
Los bienes raíces productivos deben estar ubicados dentro del territorio colombiano.
La inversión debe realizarse de acuerdo con lo indicado en el numeral 2.2.6.2 de este Capítulo.
El bien raíz productivo debe estar asegurado, como mínimo, contra los riesgos de incendio y terremoto durante la vigencia del contrato de arrendamiento o concesión. El valor asegurado debe corresponder al valor de reconstrucción del bien raíz productivo.
En consonancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.31.3.1.13 del Decreto 2555 de 2010, el bien raíz productivo debe mantenerse libre de embargos, gravámenes, medidas preventivas o de cualquier naturaleza que impidan su libre cesión o transferencia. Por lo tanto, cualquier afectación de las mencionadas impide que la inversión en el bien raíz sea computada como inversión de las reservas técnicas.
Siempre que se trate de los bienes inmuebles relativos a la renta vitalicia inmobiliaria descritos en el Título 7 del Libro 31 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, para que la inversión en bienes raíces no productivos sea admisible es necesario que se cumplan con los requisitos definidos en los subnumerales 2.2.6.1.2, 2.2.6.1.4., 2.2.6.1.5, 2.2.6.1.7 y 2.2.6.1.8. del presente Capítulo. En todo caso, en atención a la naturaleza de la operación de renta vitalicia inmobiliaria, se considera admisible la inversión en dichos bienes raíces no productivos a pesar del usufructo al tomador y/o sus beneficiarios al momento de la transferencia de la nuda propiedad a la entidad aseguradora.
Política y procedimiento para realizar la inversión en bienes raíces productivos.
La junta directiva de la entidad aseguradora debe establecer una política de inversión para esta clase de inversiones. La política debe indicar, como mínimo, (i) las características de los bienes raíces productivos en los cuales la entidad aseguradora podrá realizar la inversión, (ii) los responsables de tomar la decisión sobre la realización o cancelación de la inversión y (iii) el contenido de los informes que el responsable de la inversión deberá presentar al comité de riesgos de la entidad aseguradora en el que se detallen las características de las inversiones, un análisis de los riesgos a los que están expuestas y el informe de valoración. Adicionalmente, el comité de riesgos debe verificar que en la valoración de las inversiones se tuvo en cuenta lo dispuesto en el subnumeral 2.2.6.3 de este Capítulo.
Valoración de los activos.
Las inversiones en bienes raíces productivos deben valorarse teniendo en cuenta el avalúo catastral del inmueble, así como la destinación que tenga el bien raíz, esto es, residencial, comercial, industrial u otra y cumplir con las siguientes instrucciones:
Valorarse por el precio que determine el proveedor de precios para valoración designado como oficial por la entidad aseguradora.
Cuando el proveedor de precios para valoración designado como oficial por la entidad aseguradora no cuente con una metodología de valoración para este tipo de inversiones, se debe cumplir con las siguientes instrucciones:
El avalúo debe ser realizado por un avaluador independiente de la entidad aseguradora, elegido por la junta directiva, inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores y cuyos honorarios no pueden calcularse en función del valor de los activos avaluados. En todo caso, el avalúo debe atender, como mínimo, los criterios establecidos en el Decreto 422 de 2000 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
La técnica utilizada en el avalúo debe incluir la estimación y el descuento de los flujos de caja que genere el bien raíz productivo. La tasa de descuento a utilizar para descontar los flujos de caja no puede ser menor a aquella tasa utilizada para el cálculo de la reserva matemática que se va a respaldar con este activo. Si la inversión en bienes raíces productivos respalda más de una póliza de seguro, se aplicará la tasa más alta utilizada para el cálculo de la reserva matemática de dichas pólizas de seguro
Las proyecciones de los flujos deben corresponder a aquellos ingresos establecidos en el contrato de arrendamiento o concesión del bien raíz productivo.
Es necesario que en el informe de valoración del bien raíz se revelen todos los supuestos de rentabilidad y riesgo que se utilizaron para calcular la tasa de descuento y este debe estar a disposición de la SFC.
Al avalúo, la entidad aseguradora debe aplicarle un ajuste por la iliquidez asociada al activo, para lo cual la entidad aseguradora debe establecer la metodología para este cálculo y tenerla a disposición de la SFC para su consulta en cualquier momento.
Los ingresos provenientes de los bienes raíces productivos por concepto de los contratos de arrendamiento o concesión deben ser actualizados anualmente, como mínimo, con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) de los últimos doce (12) meses. Por lo anterior, las entidades aseguradoras deben incluir en los contratos que celebren una condición que cumpla con lo dispuesto en este subnumeral.
La periodicidad de la valoración del activo no puede ser superior al cierre de ejercicio de la entidad aseguradora. Sin embargo, debe actualizarse ante el indicio o la ocurrencia de eventos que puedan alterar considerablemente la valoración del activo, como un incumplimiento de la contraparte en el pago de los cánones de arrendamiento o el valor de la concesión, así como cambios económicos o de mercado que afecten la medición del valor del bien raíz.
Identificación y ocupación de los bienes raíces productivos en el territorio colombiano.
Cada bien raíz en que se invierta debe identificarse con un solo folio de matrícula inmobiliaria. Si el bien raíz es susceptible de ser fraccionado para su explotación (productividad), sin que lo anterior implique una división de la matrícula inmobiliaria, el cálculo de valoración de la inversión debe tener en cuenta el porcentaje de ocupación del bien raíz y/o las zonas y espacios susceptibles de ser explotados (productivos) pero que no tienen una matrícula inmobiliaria particular.
Valoración de los activos no productivos. Las inversiones en bienes raíces no productivos deben valorarse conforme a las siguientes instrucciones:
Las entidades aseguradoras deben realizar avalúos comerciales de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.31.7.1.4 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen.
El valor del avalúo comercial resultante del inciso anterior debe ser actualizado anualmente. Para ello, tratándose de bienes inmuebles destinados a vivienda debe utilizarse el Índice de Precios de Vivienda Usada (IPVU) del Banco de la República. Por otro lado, tratándose de bienes inmuebles con destinación diferente a vivienda, las entidades aseguradoras deben realizar una estimación del valor del bien raíz no productivo de manera anual, teniendo en cuenta, como mínimo, el comportamiento de las principales variables macroeconómicas. La metodología de estimación debe estar a disposición de la SFC para su consulta en cualquier momento.
En todo caso, ante el indicio o la ocurrencia de eventos que puedan alterar considerablemente la valoración del bien raíz no productivo, tales como deterioro, cambios económicos y de mercado, las entidades aseguradoras deben incorporarlo en su valoración dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de su conocimiento.
Al valor del bien raíz no productivo resultante de la aplicación del subnumeral anterior, la entidad aseguradora debe aplicarle trimestralmente un ajuste por la iliquidez asociada a dicho activo, para lo cual la entidad debe establecer la metodología para este cálculo y tenerla a disposición de la SFC para su consulta en cualquier momento.
Contabilización de las reservas técnicas
En la contabilización de las reservas técnicas establecida en el artículo 2.31.4.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las entidades aseguradoras deben atender las siguientes instrucciones:
Contabilización en el activo de las contingencias a cargo de reaseguradoras
Las entidades aseguradoras deben cuantificar y contabilizar en el activo las contingencias a cargo de reaseguradoras, derivadas de los contratos de reaseguro. Para efectos de las instrucciones relacionadas con la contabilización de las reservas técnicas, se entiende como contingencia la porción del riesgo asumida por la reaseguradora, producto de un contrato de reaseguro.
Metodología para la cuantificación de las contingencias a cargo de reaseguradoras
Las entidades aseguradoras deben utilizar una metodología propia para la cuantificación de las contingencias a cargo de reaseguradoras. Esta metodología y sus correspondientes modificaciones deben ser justificadas y avaladas por el Actuario Responsable. La metodología y la información utilizada deben estar contenidas en un documento técnico, el cual deberá permanecer a disposición de la SFC.
La metodología de cuantificación debe cumplir los siguientes criterios mínimos:
La cuantificación de las contingencias de las reaseguradoras debe hacerse por cada contraparte y por contrato.
El valor de las contingencias a cargo de las reaseguradoras debe reflejar transferencias reales de riesgo a cada reaseguradora, descartando cualquier acuerdo que no implique una asunción de riesgo por parte de cada reaseguradora.
Únicamente pueden reconocerse en el activo las obligaciones de las reaseguradoras derivadas de los contratos de reaseguro para los cuales la entidad aseguradora cuenta con un contrato celebrado con una reaseguradora. En el caso de contratos celebrados a través de intermediarios de reaseguros, sólo pueden contabilizarse aquellos que cumplan lo establecido en el subnumeral 1.6.3 de este Capítulo, respecto de la aceptación de notas de cobertura suscritas por corredoras de reaseguros.
El valor de las contingencias de las reaseguradoras debe ser consistente con el programa de reaseguro de la entidad y las estipulaciones de los contratos de reaseguro tales como prioridades y capas. En el caso de los contratos de reaseguro proporcional, el valor de las contingencias a cargo de la reaseguradora debe corresponder con el porcentaje de cesión estipulado en el contrato de reaseguro.
Para los contratos de reaseguro en los que se establezcan límites de responsabilidad de la reaseguradora o variaciones en su participación en función de los niveles de siniestralidad de la entidad aseguradora u ocurrencia de un evento específico, estas condiciones deben reflejarse en el valor de las contingencias a cargo de las reaseguradoras. En todo caso, únicamente deben reflejarse las obligaciones derivadas de los contratos de reaseguro en los cuales existe transferencia real de riesgo.
Para la reserva de siniestros ocurridos no avisados, la estimación de las contingencias de las reaseguradoras debe calcularse con base en métodos técnicos que contemplen la historia siniestral de la aseguradora.
Consideración de la diferencia temporal entre las fechas en que se efectúen reembolsos por parte de la reaseguradora y los pagos por indemnizaciones que efectúa la entidad aseguradora, aplicando las tasas de interés de la curva cero cupón que determine el proveedor de precios oficial contratado por la entidad aseguradora. Dicha consideración tendrá en cuenta el saldo neto de todos los ingresos y egresos de la entidad aseguradora por contraparte.
En caso de que en el contrato de reaseguro se hayan establecido depósitos de reserva retenidos a reaseguradoras, el valor del depósito vigente debe ser descontado en la valoración de las contingencias a cargo de las reaseguradoras.
Las comisiones y participaciones de utilidades que pagará la reaseguradora a la entidad aseguradora, que estén establecidas en el contrato de reaseguro, no se tendrán en consideración al valorar las contingencias a cargo de las reaseguradoras.
Fundamentarse en la estimación del valor esperado de la pérdida por incumplimiento por parte de la reaseguradora. La metodología debe contemplar diferencias entre distintas calificaciones de fortaleza financiera de la reaseguradora, así como aquellas características del subnumeral 1.6.2.1.5. del presente Capítulo, consideradas relevantes por la entidad aseguradora para la celebración del contrato de reaseguro.
La cuantía del deterioro del valor del activo por contingencias a cargo de reaseguradoras cuando se evidencie un cambio en la calificación de fortaleza financiera o variaciones en la pérdida dado el incumplimiento.
Revisión de la valoración del activo
La revisión del valor del activo correspondiente a las contingencias a cargo de reaseguradoras debe considerar aspectos tales como vencimientos de los contratos de reaseguros o modificaciones a los mismos, cambios en la calificación de fortaleza financiera del reasegurador, los antecedentes en la ejecución de los contratos de reaseguro y demás circunstancias que consideren que puedan afectar la capacidad de pago de cada reaseguradora.
En caso de que la mencionada revisión lo justifique, la entidad aseguradora debe modificar contablemente el valor del activo por contingencias a cargo del reasegurador. En todo caso, la totalidad de las reservas técnicas, netas del activo por contingencias a cargo de reaseguradoras, deben estar invertidas de acuerdo con las instrucciones del Título 3 del Libro 31 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.
Proceso de inversión y gestión de las inversiones que respaldan las reservas técnicas
Corresponde a la junta directiva de las entidades aseguradoras adoptar una política de inversión, conforme al Anexo 15 del presente Título. La gestión de las inversiones que respaldan las reservas técnicas deberá realizarse de conformidad con las instrucciones señaladas a continuación y las contenidas en el referido Anexo.
Control de límites de inversión
Las entidades aseguradoras deben adoptar procesos y mecanismos que les permitan realizar el control de los límites de inversión tanto internos como legales, de manera que se dé cumplimiento a las disposiciones del artículo 2.31.3.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.
Control de los límites de inversiones restringidas
Para el cumplimiento de los límites establecidos en las inversiones que respaldan las reservas técnicas, de que trata el artículo 2.31.3.1.4 del Decreto 2555 de 2010 u otras disposiciones, las entidades aseguradoras de vida deben mantener actualizada la información respecto de la exposición de los vehículos de inversión en activos considerados como inversiones restringidas. Para el efecto, las aseguradoras de vida podrán implementar mecanismos para determinar la exposición real de los vehículos de inversión en inversiones restringidas, siempre que se cumplan las condiciones definidas en el subnumeral 2.2.9.1.1 del presente capítulo. En caso de que no puedan implementar los mecanismos para el cómputo de la exposición de los vehículos de inversión en activos considerados como inversiones restringidas, las entidades aseguradoras de vida deben tomar la máxima exposición permitida en este tipo de inversiones, según la política de inversión establecida en el reglamento del fondo de inversión colectiva o vehículo correspondiente.
Independientemente de la forma como la entidad aseguradora de vida determine la exposición real de los vehículos de inversión en las inversiones restringidas, debe adelantar una revisión periódica de la política de inversión establecida en el reglamento del fondo de inversión colectiva o vehículo correspondiente y demás información relevante para la determinación de la exposición.
Condiciones de los mecanismos para determinar la exposición real de los vehículos de inversión a las inversiones consideradas como restringidas
Información actualizada. En caso de contar con información actualizada, bien sea por certificaciones expedidas por el administrador del vehículo de inversión o por los mecanismos contractuales dispuestos para la divulgación de la estructura de sus activos, la entidad aseguradora de vida debe realizar el cálculo de su exposición basada en esta información, ponderado por el porcentaje de participación de la entidad en el respectivo vehículo. Se entiende por información actualizada aquella publicada por la sociedad administradora o gestor del vehículo de inversión o conocida por la entidad aseguradora de vida en los últimos 3 meses.
Con el fin de prever los movimientos en las composiciones de los vehículos de inversión y su efecto en el cumplimiento de los límites de inversión internos y legales, el mecanismo para determinar la exposición debe incluir un supuesto que permita realizar la mejor estimación de la exposición real desde a la fecha de cálculo del control de los límites hasta la próxima fecha en la cual se dispone de información actualizada.
Ser objeto de revisión por parte de un área o comité designados por la misma política. Los resultados de la aplicación de los mecanismos de que trata el presente subnumeral deben ser objeto de seguimiento trimestral por parte de un área o comité designados por la misma política, de manera tal que este cumpla con su función de velar por el cumplimiento de los límites internos y legales, señalados en el subnumeral 2.8 del Anexo 15 del presente Título.
La política de inversión debe designar el área responsable de la presentación de los informes con los resultados de la aplicación de los mecanismos de que trata el presente subnumeral, quien a su vez estará encargada del control permanente del cumplimiento de los límites de inversión.
Exposición subyacente en el caso de inversiones realizadas a través de fondos de fondos u otros vehículos de inversión mediante los cuales la entidad aseguradora de vida tenga una exposición a inversiones restringidas. En el evento que la entidad aseguradora de vida realice inversiones en fondos de fondos u otros vehículos mediante los cuales tenga una exposición a inversiones restringidas, el mecanismo debe permitir determinar la exposición del fondo subyacente a estas inversiones. En caso de que para el fondo subyacente no se cuente con información actualizada en los términos del subnumeral 2.2.9.1.1.1 precedente, la entidad aseguradora de vida debe tomar la máxima exposición permitida en este tipo de inversiones, según la política de inversión establecida en el reglamento. Para la determinación de la exposición real subyacente al tipo de fondo, el mecanismo debe definir el número de veces que razonablemente la entidad aseguradora debe evaluar los activos subyacentes dentro de la composición de un vehículo de inversión u otro tipo de esquema de inversión indirecta, con el fin de establecer la participación de la entidad en activos considerados como restringidos.
Control de los límites de inversiones en activos alternativos
Para el cumplimiento de los límites establecidos para las inversiones que respaldan las reservas técnicas de que tratan los artículos 2.31.3.1.4, 2.31.3.1.5 y 2.31.3.1.7 del Decreto 2555 de 2010 u otras disposiciones que los modifiquen o complementen, las entidades aseguradoras deben mantener actualizada la información respecto de la exposición de los vehículos de inversión en activos considerados como alternativos.
En la determinación de la exposición en activos alternativos realizadas a través de fondos de fondos u otros vehículos de inversión, las entidades aseguradoras deben implementar un mecanismo que les permita determinar la exposición del fondo subyacente a estas inversiones. En el caso de que para el fondo subyacente no se cuente con información actualizada en los términos del subnumeral 2.2.9.1.1.1 precedente, la entidad aseguradora debe tomar la máxima exposición permitida en este tipo de inversiones, según la política de inversión establecida en el reglamento. En la determinación de la exposición subyacente en activos alternativos, el mecanismo debe definir el número de veces que razonablemente la entidad aseguradora debe evaluar los activos subyacentes dentro de la composición de un vehículo de inversión u otro tipo de esquema de inversión indirecta, con el fin de establecer su exposición.
Asignación de ingresos y egresos por ramo
Definiciones
Para los efectos de este capítulo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
Ingresos y egresos asignables: aquéllos que estén asociados al resultado técnico de los ramos o a los activos que respaldan las reservas técnicas. Éstos se clasifican en directos e indirectos.
Ingresos y egresos no asignables: aquéllos que no estén relacionados con el resultado técnico o a los activos que respaldan las reservas técnicas de los ramos operados por la entidad aseguradora, tales como multas, sanciones administrativas e indemnizaciones no atadas a las pólizas expedidas por la entidad aseguradora.
Ingresos y egresos asignables directos: aquéllos que se encuentran relacionados de manera específica con los procesos de desarrollo, comercialización, administración y recaudo de los productos asociados a un ramo determinado, así como aquéllos derivados de los activos que respaldan las reservas técnicas de cada ramo.
Ingresos y egresos asignables indirectos: corresponden a ingresos o egresos asignables, los cuales no pueden ser asociados a un ramo específico, por lo cual deben ser distribuidos entre todos los ramos que opere.
Deber de asignación de ingresos y egresos indirectos por ramo
Para efectos del cálculo de las reservas técnicas y para que la información transmitida en los distintos reportes corresponda con la realidad financiera de la operación de los ramos de seguros, las entidades aseguradoras deben distribuir la totalidad de los ingresos y egresos entre los distintos ramos. Para aquellos ingresos y egresos asignables directos, su distribución debe corresponder con el ramo asociado. En el caso de ingresos y egresos asignables indirectos, la entidad aseguradora debe distribuirlos entre los diferentes ramos que opera, con base en una metodología propia o la metodología estándar atendiendo a lo establecido en el subnumeral 2.3.3 de este capítulo, según corresponda.
Metodologías aplicables
Metodología Propia
Las entidades aseguradoras pueden aplicar una metodología de distribución de ingresos y egresos asignables indirectos que se adapte a su modelo de negocio. En el evento en que la entidad aseguradora se acoja a una metodología propia, ésta debe ser aprobada por su junta directiva y cumplir con los siguientes criterios para la distribución de los ingresos y egresos asignables indirectos:
Ser coherente y consistente con su estructura de negocio y con las notas técnicas de sus productos.
Ser aplicable a todos los ramos sin excepción alguna.
Ser coherente con lo establecido en las notas de los estados financieros de fin de ejercicio.
Ser la misma utilizada en la elaboración y presentación de formatos de revelación de información.
Las entidades aseguradoras deben remitir a la SFC el documento técnico que contenga las características de la Metodología Propia. Es deber de las entidades aseguradoras informar y justificar las modificaciones hechas a dicha metodología, actualizar y mantener a disposición de la SFC la documentación correspondiente. En el evento en que se efectúen modificaciones a la Metodología Propia, éstas serán aplicables únicamente a partir del siguiente año fiscal. La SFC puede exigir en cualquier momento a las entidades aseguradoras la adopción de la Metodología Estándar, establecida en el subnumeral 2.3.3.2 de este capítulo.
Metodología Estándar
Los ingresos y egresos asignables indirectos deben distribuirse entre los ramos, según la Metodología Estándar aquí establecida, en el evento en que la entidad aseguradora no cuente con una Metodología Propia. La metodología estándar se desarrolla conforme a los siguientes parámetros:
Para los productos que incluyan amparos de múltiples ramos de seguros, los Gastos de Expedición, definidos en el subnumeral 2.2.4.1.2 de este capítulo, se deben distribuir de acuerdo con la participación de cada ramo de conformidad con la nota técnica.
Los egresos financieros indirectos se distribuirán entre los diferentes ramos de acuerdo con la participación del valor de las inversiones que respaldan las reservas técnicas de cada ramo en el total de inversiones de la entidad aseguradora. Los egresos correspondientes a los activos de libre inversión son egresos no asignables, por lo cual no se deben distribuir entre los ramos. Para distribuir los mencionados egresos, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
En el caso que sea posible determinar si los egresos financieros indirectos únicamente corresponden a las inversiones que respaldan las reservas técnicas, y no están asociados a los instrumentos de libre inversión, dichos egresos se distribuirán de acuerdo con la siguiente fórmula:
Donde:
i: Ramo al que se asignará el egreso financiero. Para i=1, 2, 3,…, n.
n: Total de ramos que opera la entidad aseguradora.
xi: Egreso financiero asignado al ramo i.
x:Total egreso financiero asignable por distribuir entre n ramos.
Inversiones i: Valor de los activos que respaldan las reservas técnicas del ramo i.
Para los egresos financieros indirectos en los que no sea posible determinar si éstos corresponden a las inversiones que respaldan las reservas técnicas o instrumentos de libre inversión, dichos egresos se distribuirán mediante la siguiente fórmula:
Donde:
i: Ramo al que se asignará el egreso financiero. Para i=1, 2, 3,…, n.
n: Total de ramos que opera la entidad.
xi: Egreso financiero asignado al ramo i.
x: Total egreso financiero indistinguible entre activos de libre inversión y aquellos que respaldan reservas técnicas sujeto a distribuir entre n ramos.
Inversiones i: Valor de los activos que respaldan las reservas técnicas del ramo i.
Inversiones P: Valor de los activos de libre inversión.
Los demás egresos, y los ingresos indirectos deben asignarse por separado a cada ramo de acuerdo con su participación ponderada en el total de primas emitidas netas de revocaciones, en el número de pólizas y el número total de siniestros liquidados de la entidad para el periodo de reporte, como se muestra a continuación:
Donde:
i: Ramo al que se asignará el ingreso o egreso indirecto. Para i=1, 2, 3,…, n.
n: Total de ramos que opera la entidad.
xi: Ingreso o egreso asignado al ramo i.
x: Total de ingresos o egresos asignables indirectos por distribuir entre los n ramos que opera la entidad aseguradora.
Ppei: Participación del ramo i en el total de las primas emitidas netas de revocaciones del periodo de la entidad aseguradora.
Ppoi: Participación del ramo i en el número total de pólizas expedidas de la entidad en el periodo.
Psi: Participación del ramo i en el número total de siniestros liquidados por la entidad en el periodo.
Reglas particulares aplicables a ciertos ramos
Reglas aplicables al seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito (SOAT)
Obligatoriedad de la expedición de pólizas
Las entidades aseguradoras que cuentan con autorización para la explotación del SOAT están obligadas, sin excepción, a aceptar y expedir dicho seguro obligatorio. En tal virtud, cualquier conducta directa o indirectamente tendiente a rechazar la expedición del seguro resulta contraria a la normatividad vigente, y por ende constituye una práctica ilegal. En el evento en que se expida la póliza electrónicamente, las entidades aseguradoras deben tomar medidas para cumplir lo establecido en el Capítulo 47, Título 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, respecto de la firma electrónica.
El incumplimiento a las disposiciones que regulan este seguro, compromete directamente la responsabilidad de los directores, administradores y demás funcionarios de la entidad vinculados al manejo de este seguro, en los términos que prevé el artículo 209 del EOSF.
La obligatoriedad de la expedición de la póliza está sujeta a:
La verificación en línea de la información registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), salvo los vehículos de servicio diplomático y los vehículos con placas extranjeras.
La exhibición de la licencia de tránsito.
La exhibición del documento equivalente a la licencia de tránsito, donde conste la información que identifique al vehículo objeto del contrato de seguro, en el caso de vehículos extranjeros que ingresen al territorio nacional.
La exhibición de la licencia de importación para los vehículos importados que se desplacen del puerto a los concesionarios para su venta al público.
La verificación escogida por la entidad aseguradora en aquellos vehículos que no se ajusten a los casos anteriormente listados.
Control en la expedición mediante mecanismos de mercadeo masivo
Los errores que ocurran en la expedición de las pólizas del SOAT, sean éstos voluntarios o involuntarios, son inoponibles a las víctimas de los accidentes que vayan a ser indemnizadas. Por esta razón, las entidades aseguradoras que tienen autorizada la explotación de este ramo y que utilicen mecanismos de mercadeo masivo, deben adoptar las precauciones y controles necesarios para garantizar la validez de las pólizas y verificar las condiciones de las liquidaciones de las primas generadas por el seguro.
Transferencias de recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)
Para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 199 del EOSF, las entidades aseguradoras deben tener en cuenta las siguientes instrucciones:
Transferencia anual de excedentes. Para los efectos del inciso tercero, numeral 2 del artículo 199 del EOSF, la entidad aseguradora debe verificar dentro de los 2 meses siguientes al corte del 31 de diciembre de cada año que el total de las transferencias que haya efectuado durante cada período anual a la ADRES, corresponda cuando menos al 50% de los excedentes de operación del ramo. Si no fuere así, debe transferirse el faltante dentro de los primeros 15 días hábiles del mes de marzo de cada año. El cálculo de los excedentes se determina según la metodología descrita en la proforma correspondiente definida por la SFC, para lo cual se debe tener en cuenta que la sumatoria de los valores correspondientes a las operaciones relacionadas con el seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, SOAT, contabilizadas en los códigos asignados en el CUIF para el sector asegurador, debe ser inferior, o a lo sumo igual al 25% de las primas emitidas durante el período respectivo.
Transferencias adicionales a la ADRES. Las transferencias adicionales a que haya lugar por virtud de lo dispuesto en el inciso segundo, numeral 2 del artículo 199 del EOSF se deben realizar en las fechas que para ello determine la ADRES.
Instrucciones contables. Las transferencias bimestrales a la ADRES y las transferencias adicionales, si las hubiere, se deben registrar en los códigos asignados para uno y otro concepto en el CUIF para el sector asegurador.
En los meses que no se efectúe corte bimestral y en consecuencia no se realicen transferencias a la ADRES, las entidades deben causar la diferencia entre los recursos del 20% establecida en el numeral 2 del artículo 199 del EOSF y el valor de los porcentajes correspondientes a la aplicación de la cobertura del mencionado seguro de la producción emitida en dicho mes, en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 2709 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
Reporte de la información a la SFC. Para tales efectos se deben atender las instrucciones contenidas en la mencionada proforma correspondiente definida por la SFC, junto con la prueba de la consignación de la transferencia con cargo a la ADRES realizada para el correspondiente bimestre.
Reporte anual sobre oportunidad y suficiencia de las transferencias. Para efectos de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 2, numeral 2 del artículo 199 del EOSF, la ADRES debe remitir a la SFC, dentro de los 2 primeros meses de cada año, un reporte en el que se informe el monto consignado por cada una de las entidades obligadas, indicando además cuáles entidades aseguradoras no efectuaron las transferencias en forma oportuna durante el año inmediatamente anterior. Con base en este reporte la SFC verifica los aportes bimestrales en cuanto a montos y oportunidad.
Condiciones generales de la póliza
Las entidades aseguradoras, para efectos del ofrecimiento y posterior expedición de las pólizas de este seguro, deben tener en cuenta, tanto las coberturas y cuantías establecidas en el artículo 193 del EOSF, como las condiciones generales y especiales previstas para este seguro en el Decreto 780 de 2016, especialmente en el artículo 2.6.1.4.4.1 así como en el Decreto 019 de 2012, particularmente en el artículo 112, y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
De la misma forma son beneficiarios de las prestaciones correspondientes a las indemnizaciones amparadas, los señalados en el numeral 2 del artículo 2.6.1.4.3 del mencionado Decreto 780 de 2016, quienes deben seguir el procedimiento y acreditar las condiciones establecidas la misma disposición.
Tarifa máxima anual
En desarrollo de la facultad establecida en el artículo 1 del Decreto 2497 de 2022, y de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 193 del EOSF, en el anexo 1 del presente Capítulo se señalan las tarifas máximas anuales que pueden cobrar las entidades aseguradoras por el SOAT, de acuerdo con las categorías y definiciones contenidas en el mismo.
En el evento en el que se deba expedir una póliza de SOAT a un vehículo que no se ajusta exactamente a la descripción de las categorías definidas en el mencionado anexo 1, las especificaciones de capacidad en número de pasajeros, tonelaje y cilindraje debe regirse por lo señalado en la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad) expedida por los organismos de tránsito autorizados por el Ministerio de Transporte. Para vehículos no matriculados, por la factura de compra o ficha técnica del fabricante del vehículo homologada por el Ministerio de Transporte.
De otra parte, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1364 de 2009 respecto de los vehículos importados que se desplacen del puerto a los concesionarios para su venta al público, en la cual se indica que el seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito –SOAT– se puede expedir con vigencias inferiores a un año, esta Superintendencia señala que la tarifa máxima para dichas pólizas será el monto que resulte de dividir la tarifa anual del SOAT correspondiente en vigencia(s) mensual(es). En cualquier caso, dicha vigencia nunca podrá ser inferior a 1 mes, y siempre debe corresponder a vigencias en meses completos.
Adicionalmente, y según lo dispuesto en numeral 2 del artículo 193 EOSF, las entidades aseguradoras deberán expedir el SOAT para los vehículos que circulen por las zonas fronterizas con una vigencia inferior a un año. En tal virtud, esta Superintendencia, en desarrollo de la facultad señalada en el numeral 5 del artículo 193 del EOSF, determina la tarifa máxima aplicable para las pólizas de los vehículos extranjeros que circulen por las zonas fronterizas, las cuales pueden expedirse con una vigencia diaria, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Donde,
: corresponde a la tarifa máxima aplicable a la categoría para una vigencia de para los vehículos extranjeros que circulan en zonas fronterizas.
: corresponde al componente de riesgo para de vigencia para la categoría determinado como:
Donde,
corresponde a la prima de riesgo anual para la categoría , determinada como:
Donde,
: corresponde a la tarifa máxima anual aplicable a la categoría , señalada en el Anexo I del Título IV de la Parte de II de la CBJ.
: corresponde a la suma de los porcentajes de transferencias señalados en la normatividad vigente.
: corresponde a la suma de los porcentajes de gastos de administración, personal e intermediación señalados en la nota técnica del ramo.
: número de días de vigencia de la póliza para los vehículos extranjeros que circulan en zonas fronterizas.
: número entero en meses de la vigencia de la póliza. Se calcula como:
Donde:
: = Corresponde al mínimo número entero que es mayor o igual a . Esta función se denomina techo.
: corresponde a los gastos de administración, personal e intermediación de la categoría para meses enteros de vigencia , calculados de la siguiente manera:
Las entidades aseguradoras dispondrán lo pertinente para que se garantice la adecuada y oportuna emisión de las pólizas para los vehículos extranjeros que circulen por zonas fronterizas, atendiendo lo dispuesto en el presente subnumeral.
Para los vehículos que hayan obtenido la clasificación como automóviles antiguos o clásicos la vigencia de dicha póliza no puede ser menor a 1 trimestre.
Registro en el RUNT
Las entidades aseguradoras deben implementar mecanismos para asegurar el registro en el RUNT de la información relativa a la póliza del SOAT. Esta obligación no es aplicable a las pólizas que aseguren vehículos de servicio diplomático o los vehículos con placas extranjeras.
En el evento en que no sea posible el registro de la póliza en el RUNT al momento de su expedición, las entidades aseguradoras contarán con un término de 24 horas a partir de su expedición para registrar la póliza
En ningún caso, los errores en el registro de la póliza en el RUNT eximen a las entidades aseguradoras de cumplir sus obligaciones adquiridas en virtud de un contrato de seguro existente.
Verificación de duplicidad de pólizas
Las entidades aseguradoras deben desarrollar procedimientos que le permitan corroborar al momento del registro de la póliza en el RUNT que no exista duplicidad de amparos y de pago de primas para el vehículo para el cual se adquiere el SOAT, en línea con lo establecido en el numeral 4 del artículo 193 del EOSF. En el caso en que la entidad aseguradora corrobore que existe una póliza vigente, la vigencia de la que se pretende registrar debe iniciar desde el vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada y la entidad aseguradora debe informar al tomador sobre tal modificación.
Las entidades aseguradoras deben incluir una cláusula dentro del contrato que les otorgue el derecho de modificar unilateralmente la vigencia del amparo, exclusivamente en beneficio del consumidor.
Reglas aplicables al seguro previsional de invalidez y sobrevivientes
El artículo 108 de la Ley 100 de 1993 establece la obligación de las administradoras de fondos de pensiones de suscribir seguros que garanticen los aportes adicionales necesarios para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes, los cuales deben ser colectivos y de participación. A su vez el artículo 79 de la mencionada ley consagra los planes que pueden expedir las entidades aseguradoras como opciones de pensión para los afiliados de una administradora.
Para garantizar el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada ley, a continuación, se establecen los requisitos mínimos que deben reunir tales pólizas de seguros:
Características de las pólizas. Las pólizas de seguro de invalidez y sobrevivientes que contraten las sociedades que administren fondos de pensiones deben ser colectivas y de participación.
Las pólizas se entienden colectivas, para los efectos del presente instructivo, si otorgan cobertura a un número plural de afiliados de la administradora que contrata el seguro.
Las pólizas son de participación si la entidad aseguradora se obliga a repartir utilidades a los afiliados. La entidad aseguradora debe remitir previamente a la SFC las notas técnicas en las cuales se establezcan la forma de cálculo de dicha participación.
Condiciones Generales. Las pólizas de seguro de invalidez y sobrevivientes deben ajustarse a los siguientes parámetros:
Amparo: mediante las pólizas de seguro de invalidez y sobrevivientes que contraten las sociedades que administren fondos de pensiones, la entidad aseguradora debe otorgar cobertura automática a las personas afiliadas a la administradora y asegurar el pago de las sumas adicionales que sean necesarias para completar el capital que financie el monto de la pensión, originadas por la declaración de invalidez que emitan las entidades a que se refiere el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 o el cubrimiento de los aportes adicionales para afiliados no pensionados que generen pensiones de sobrevivientes, en los términos de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, en cuanto a los requisitos para obtener la pensión de invalidez y sobreviviente.
El seguro previsional debe cubrir el subsidio económico al que se refiere el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 causado entre los días 180 y 540 de incapacidad.
Auxilio funerario: la aseguradora debe reembolsar a la administradora, el valor que ésta haya pagado a la persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro del afiliado, por concepto de auxilio funerario, el cual es equivalente al último salario base de cotización, siempre que no sea inferior a 5 SMMLV, ni superior a 10 veces dicho salario.
Exclusiones: la entidad aseguradora puede excluir su responsabilidad solamente en los siguientes eventos:
Participación del afiliado en guerra civil o internacional declarada o no, motines, rebelión, sedición, asonada y actos terroristas, suspensión de hecho de labores, movimientos subversivos o conmociones populares de cualquier clase.
Fisión o fusión nuclear o contaminación radiactiva derivada o producida con motivo de hostilidades.
Invalidez provocada intencionalmente.
Invalidez o muerte originadas en accidente de trabajo o enfermedad laboral, pues no constituyen objeto de cobertura bajo este seguro.
Definiciones
Tomador: la sociedad que administra fondos de pensiones que contrata el seguro de invalidez y de sobrevivientes.
Asegurado: la persona incorporada al Sistema General de Pensiones –SGP- en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, y las normas que lo reglamentan, mediante su afiliación a la sociedad que administra el fondo de pensiones.
Inválido: el afiliado declarado como tal conforme al artículo 38 de la Ley 100 de 1993 y las normas que lo reglamenten, por las entidades a que se refiere el artículo 142 del Decreto 019 de 2012.
Capital necesario: el definido en los artículos 70 y 77 de la Ley 100 de 1993 y las normas que lo reglamenten.
Aporte adicional: el definido en los artículos 70 y 77 de la Ley 100 de 1993 y las normas que lo reglamenten.
Valores asegurados. El seguro debe ser suficiente para cubrir íntegramente los siguientes beneficios:
Los aportes adicionales necesarios que correspondan a los afiliados declarados inválidos por las entidades correspondientes a que se refiere el artículo 142 del Decreto 019 de 2012.
Los aportes adicionales necesarios que deben abonarse en las cuentas para afiliados a la administradora no pensionados, que generen pensiones de sobrevivientes.
El auxilio funerario del afiliado.
Prima. La prima del seguro se determina de acuerdo con las tarifas que cumplan los requisitos que señala el numeral 3 del artículo 184 del EOSF y con sujeción a las bases técnicas que señale la SFC en relación con las tablas de mortalidad e invalidez, en los términos del Decreto 656 de 1994.
Pago de la prima. El pago de la prima, que corresponde a la administradora, se debe hacer en la forma que acuerden las partes.
Siniestros. Se entiende ocurrido el siniestro al fallecimiento o al momento en que acaezca el hecho que origine la invalidez de un afiliado. No obstante, en este último caso, el asegurador solo está obligado al pago a la declaración en firme de la invalidez.
La entidad aseguradora debe, en caso de declararse la invalidez o de producirse la muerte del afiliado, trasladar a la administradora de fondos de pensiones el aporte adicional que corresponda, dentro de los 2 días hábiles siguientes a aquel en que la administradora presente la reclamación en debida forma.
La administradora de fondos de pensiones en su condición de tomador debe informar a la aseguradora, dentro de los 2 días siguientes a la presentación de la solicitud de dictamen ante las instancias de que trata el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, el capital que a la fecha hubiere en la cuenta de ahorro pensional y el bono pensional a que tenga derecho el afiliado, si es el caso.
Reglas aplicables al ramo de seguro de pensiones Ley 100
Autorización de planes de pensiones por parte de la Superintendencia
De conformidad con lo previsto en el artículo 95 de la Ley 100 de 1993 y sin perjuicio de lo establecido en el subnumeral 1.1 del presente Capítulo, todo plan de pensiones que se pretenda explotar a través del ramo de seguro de pensiones Ley 100, debe contar con autorización previa de la SFC.
Para tal efecto, en todos los casos se debe remitir un ejemplar con las condiciones aplicables al plan de pensiones, así como la respectiva nota técnica, la cual debe cumplir con los requisitos establecidos en cuanto hace a los modelos de las pólizas, tarifas y notas técnicas.
Cuando se trate de un plan de pensiones relacionado con una modalidad de pensión distinta de las contempladas en la Ley 100 de 1993, previamente autorizada por la SFC, se deben acreditar los requisitos establecidos en el Capítulo II, Título III de la Parte II de esta Circular.
De igual forma, cualquier modificación que se pretenda realizar a las condiciones establecidas en el plan de pensiones, sus anexos o a la nota técnica, se debe someter a autorización previa de la SFC.
La SFC en el ejercicio de sus facultades legales puede suspender la autorización del plan de pensiones respectivo en el evento en que la aseguradora decida no cotizar dichos planes de pensiones durante un tiempo igual o superior a 6 meses.
Planes de pensiones
De acuerdo con el artículo 95 de la Ley 100 de 1993, las entidades autorizadas para actuar como administradoras o aseguradoras del SGP, deben someter a aprobación de la SFC los planes de capitalización y de pensiones que pretendan administrar, los cuales deben comprender todos los riesgos a que hace referencia dicha ley y señalar las condiciones específicas de cada amparo, según lo determina el artículo 96.
Para garantizar el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de la Ley 100 de 1993, a continuación se establecen los requisitos mínimos que deben reunir las pólizas de seguros:
Naturaleza del Seguro. Los planes de renta vitalicia deben adoptar la modalidad de seguros de participación. Las pólizas son de participación, si la entidad aseguradora se obliga a repartir utilidades a los pensionados.
Condiciones de los planes para las pólizas de seguro de renta vitalicia. Los planes de pensión que se sometan a aprobación de la SFC deben ajustarse a los siguientes parámetros:
Seguro de renta vitalicia inmediata
Amparo. En virtud del seguro de renta vitalicia inmediata la entidad aseguradora se obliga a pagar al asegurado una renta mensual vitalicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Ley 100 de 1993.
Al fallecimiento del pensionado, la aseguradora debe pagar el auxilio funerario a que se refiere el artículo 86 de la Ley 100 de 1993 y las pensiones mensuales de sobrevivientes en favor de los beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho.
Definiciones. Para los efectos del presente seguro se entiende por:
Afiliado: la persona incorporada al SGP en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, mediante su afiliación a una sociedad que administre fondos de pensiones.
Pensionado: el pensionado o el beneficiario de la pensión de sobrevivientes de un afiliado fallecido que contrate la póliza de renta vitalicia.
Rentista: la persona a la cual la entidad aseguradora le paga una renta vitalicia.
Beneficiarios: las personas que cumplan los requisitos señalados en el artículo 74 de la Ley 100 de 1993 y que figuren como tales en las condiciones particulares de la póliza.
Irrevocabilidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el EOSF sobre cesión de activos, pasivos y contratos y demás normas relativas al funcionamiento de las instituciones financieras, y de lo previsto en el artículo 70 de la Ley 100 de 1993 sobre cesación del estado de invalidez, ninguna de las partes puede poner término anticipado al contrato de renta vitalicia inmediata, el cual debe permanecer vigente hasta la muerte del pensionado o del último de sus beneficiarios con derecho a pensión de sobrevivientes, si los hubiere.
Designación de beneficiario. Los beneficiarios deben ser individualizados en las condiciones particulares de la póliza. Si con posterioridad surgen otras personas con derecho a pensión de sobrevivientes, se deben recalcular las pensiones determinadas inicialmente incluyendo a todos los beneficiarios de acuerdo con la Ley. Dicho recálculo se debe efectuar en función de la reserva matemática que mantenga la entidad aseguradora al momento de acreditarse los nuevos beneficiarios.
Prima. La prima es única, pagadera una sola vez por la sociedad que administre el fondo de pensiones en la cual se encuentra el afiliado. Con cargo a dicha prima solo se otorgan los beneficios señalados en los artículos 80 y 86 de la Ley 100 de 1993.
Lo anterior no obsta para que la aseguradora otorgue beneficios adicionales, previa aprobación de la SFC.
Reajuste de valores. Las pensiones mensuales que otorga la póliza se reajustan en los términos que señala el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
Monto de pensiones. Las pensiones que se determinen en virtud de un seguro de renta vitalicia inmediata deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no pueden ser contratadas por valores inferiores a la pensión mínima de vejez vigente del momento.
Las pensiones de sobrevivientes equivalen a los porcentajes establecidos en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993.
Ajustes de prima y pensiones. Si por efecto de las variaciones que sufran el valor de la unidad real UVR y la cuota del fondo de pensiones, entre la fecha de contratación del seguro y la del pago efectivo de la cuenta individual del afiliado se produce alguna discrepancia entre el monto convenido y el valor realmente traspasado por la administradora a la entidad aseguradora, se deben ajustar los valores de la prima única y de las pensiones, de acuerdo con lo realmente percibido por el asegurador, manteniéndose en todo caso, los mismos criterios y parámetros utilizados en el cálculo original.
Pago de pensiones. Las pensiones que se devenguen en virtud de esta póliza comienzan a pagarse a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la fecha de vigencia inicial, o de la fecha en que el beneficiario acredite la muerte del pensionado que recibe pensión de vejez o de invalidez, si se trata de pensiones de sobrevivientes.
Las pensiones se deben pagar el día y lugar que convengan las partes y no devengan intereses ni reajustes por atrasos en su cobro, que sean imputables al pensionado o beneficiario. A falta de estipulación expresa, el pago se debe efectuar el día 20 de cada mes o siguiente día hábil si aquel no fuere hábil, en la oficina de la aseguradora más cercana al domicilio del pensionado o beneficiario, según el caso. Las pensiones de sobrevivientes de los hijos incapaces del pensionado fallecido se deben pagar a quien los represente legalmente.
Auxilio funerario. La aseguradora debe pagar por una sola vez a la persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro del pensionado, un auxilio funerario equivalente al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, la cual no debe ser inferior a 5 SMMLV, ni superior a 10 veces dicho salario.
Fecha de vigencia inicial. Este seguro tendrá vigencia a partir de la fecha en que se efectúe el traspaso de la prima única por parte de la administradora de fondos de pensiones a la cual se encuentre incorporado el afiliado.
Las pensiones de vejez y de invalidez se devengan a partir del primer día del mes en que entre en vigencia la póliza, y las pensiones de sobrevivientes causadas por un pensionado fallecido, se devengan a partir de la fecha de su muerte.
No se deben pagar las pensiones de sobrevivientes señaladas en el inciso anterior, en el mismo mes en que se paguen pensiones de vejez o invalidez.
Liberalidad de condiciones. La póliza no puede imponer a los asegurados o beneficiarios restricciones en cuanto a residencia, profesión, oficio, cargo o actividad en general.
Seguro de renta vitalicia diferida
Amparo. En virtud del seguro de renta vitalicia diferida, la entidad aseguradora se obliga a pagar al asegurado una renta vitalicia mensual, a partir de la fecha determinada en las condiciones particulares de la póliza, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 100 de 1993.
Al fallecimiento del pensionado, la aseguradora debe pagar el auxilio funerario a que se refiere el artículo 86 de la Ley 100 de 1993 y las pensiones mensuales de sobrevivientes en favor de los beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho.
Pago de las pensiones. Las pensiones que se devenguen en virtud de esta póliza comienzan a pagarse a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la fecha en que se vence el período de diferimiento convenido. En el evento en que el afiliado fallezca devengando la renta por cuenta de la aseguradora, los beneficiarios deben recibir los pagos dentro del mes siguiente a la fecha en que estos acrediten la muerte del pensionado, sin perjuicio de las pensiones que se devenguen desde la fecha del fallecimiento, no pudiendo en un mismo mes pagarse simultáneamente pensiones al asegurado y a sus beneficiarios.
Las pensiones se pagan en el día y lugar que convengan las partes y no devengan intereses ni reajustes por atraso en su cobro, que sean imputables al pensionado o beneficiario. A falta de estipulación en contrario, el pago se debe efectuar el día 20 de cada mes o siguiente día hábil si aquel no fuere hábil, en la oficina de la aseguradora más cercana al domicilio del pensionado o beneficiario, según el caso.
Las pensiones de sobrevivientes de los hijos incapaces del pensionado fallecido se deben pagar a quien los represente legalmente.
Fecha de vigencia inicial. Este seguro entra en vigencia a partir de la fecha en que se haya efectuado el traspaso de la prima única por parte de la administradora a la cual se encuentre incorporado el afiliado.
Las pensiones se devengan a partir de la fecha convenida entre el asegurado y la aseguradora, señalada en las condiciones particulares de la póliza.
No se deben pagar las pensiones de sobrevivientes señaladas en el inciso anterior en el mismo mes en que se paguen pensiones de vejez o invalidez.
Anticipo de las pensiones. El asegurado puede anticipar la fecha a partir de la cual la aseguradora debe iniciar el pago de la renta vitalicia diferida, siguiendo alguno de los siguientes procedimientos:
Disminuyendo el monto de la renta convenida, la cual no puede ser inferior a la pensión mínima de vejez vigente.
Pagando una prima adicional con cargo al saldo que se mantuviere en las cuentas individuales de ahorro pensional en la sociedad que administre el fondo de pensiones en que se encuentre afiliado.
Una combinación de los anteriores.
Aplicación de otras condiciones. A las pólizas de renta vitalicia diferida le son aplicables en lo pertinente las previsiones contenidas en el subnumeral 3.3.2.2. del presente Capítulo.
Reclamaciones. Los trámites o reclamaciones que deben formularse ante la entidad aseguradora en virtud de los planes de pensiones aquí regulados son realizadas por la administradora a nombre del pensionado, hasta la contratación de la renta vitalicia, momento en el cual las reclamaciones deben hacerse directamente a la aseguradora por parte del pensionado, a menos que la reclamación conlleve responsabilidad de la AFP, en cuyo caso ésta debe intervenir a fin de salvaguardar los intereses del pensionado.
Reglas aplicables al seguro de riesgos laborales
Autorización del ramo
En las solicitudes de autorización para la operación del ramo de seguro de riesgos laborales deben acreditarse, además de los requerimientos señalados en la ley y en el subnumeral 1.1 del presente Capítulo, salvo lo dispuesto en relación a la remisión del modelo de póliza, los siguientes:
Capacidad Administrativa. Se deben acreditar ante la SFC las medidas que se hayan adoptado para efectuar el control estadístico a que alude el artículo 61 del Decreto 1295 de 1994 o la norma que lo sustituya.
Capacidad humana y técnica especializada suficiente para cumplir adecuadamente con la administración del Sistema General de Riesgos Laborales - SGRL.
Prestación de servicios de promoción y prevención. Se debe detallar la conformación, dentro de la estructura organizacional de la entidad, de un departamento de prevención de riesgos laborales que cumpla las funciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 1562 de 2012. Esta explicación debe contener, por lo menos, una descripción de la estructura organizacional que la entidad aseguradora ha definido para cumplir con estas funciones, así como el perfil de las personas que desarrollarán funciones dentro de la estructura planteada para tales fines.
En caso de que se decida prestar estos servicios mediante el concurso de terceras personas, éstas deben contar con licencia expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para la prestación de servicios de salud ocupacional a terceros, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1562, para lo cual se hace necesario informar dicha circunstancia con precisión del acto por el cual se autorizó, así como del contrato o arreglo suscrito con la entidad para la prestación de estos servicios.
Administración del sistema de riesgos laborales
Vinculación y desvinculación al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL)
Afiliación. La afiliación al SGRL se debe efectuar mediante el diligenciamiento del formulario único de afiliación, retiro y novedades de trabajadores y contratistas al sistema, definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Dichos formularios constituyen el correspondiente contrato entre la administradora de riesgos laborales y el empleador en cada caso.
La afiliación se entiende perfeccionada el día calendario siguiente a aquél en que el formulario ha sido recibido por la entidad administradora de riesgos laborales respectiva, sin que se requiera documento, contrato o confirmación adicional alguna; sin perjuicio, de la facultad que asiste a la entidad administradora de riesgos laborales de determinar, con posterioridad a la afiliación, si ésta corresponde a la clasificación real.
Cuando se trate de afiliación de ingreso al SGRL, la cobertura se inicia desde la fecha de perfeccionamiento de la afiliación. En los casos de traslado de administradora de riesgos laborales, la cobertura se inicia desde el primer día del mes siguiente a aquél en que el traslado se produjo, conservando la empresa que se traslada la clasificación y el monto de la cotización por los siguientes 3 meses.
Sin perjuicio del perfeccionamiento de la afiliación y vigencia de las coberturas a que se refieren los artículos 2.2.4.2.1.3 del Decreto 1072 de 2015 y 33 del Decreto 1295 de 1994, modificado por el artículo 21 de la Ley 776 de 2002, la entidad administradora de riesgos laborales debe hacer entrega al empleador, dentro de los 15 días siguientes al del recibo del formulario, de un ejemplar del formulario de afiliación firmado por el representante legal de la administradora.
Novedades Empleador – Centros de Trabajo. En el formulario “Novedades empleador - Centros de trabajo”, contenido bajo la proforma B.3000-05 se deben incorporar las novedades relacionadas con el empleador y los centros de trabajos, indicando en cada caso el código que corresponda. Este formulario se debe tramitar únicamente cuando se presente alguna de dichas novedades.
Relación de beneficiarios. Para efectos de la relación de beneficiarios se debe diligenciar el formulario único “Beneficiarios de trabajadores afiliados”, proforma B.3000-03, el cual debe ser distribuido gratuitamente por las administradoras de riesgos laborales a los empleadores al momento de su afiliación por primera vez al sistema.
Los formularios de beneficiarios de los trabajadores afiliados no se requieren para que se entienda efectuada y perfeccionada la afiliación, en consecuencia, deben ser entregados al empleador, quien puede diligenciarlos con posterioridad a la afiliación.
En los casos de traslado de administradora de riesgos laborales, el empleador no debe diligenciar nuevamente los formularios de beneficiarios, cuando éstos se encuentren ya debidamente diligenciados.
Con excepción de lo dispuesto en el inciso 2, artículo 46 del Decreto 1406 de 1999, el empleador debe mantener en sus archivos a disposición de las administradoras, tanto los formularios como todos los documentos que acrediten la condición legal de beneficiarios y suministrarlos debidamente actualizados en caso de invalidez o muerte del trabajador, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud de la administradora.
Liquidación de aportes al SGRL
Es obligación de todo aportante, presentar mensualmente la declaración de autoliquidación de las cotizaciones al SGRL e incorporar allí las novedades ocurridas durante el período, de acuerdo con las normas que reglamenten el sistema unificado de aportes al régimen de seguridad social integral, de manera específica en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
Traslado de administradora de riesgos laborales. Los traslados entre administradoras de riesgos laborales se rigen por lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1072 de 2015 y el artículo 33 del Decreto 1295 de 1994, modificado por el artículo 21 de la Ley 776 de 2002, parágrafo del artículo 2 de la Ley 828 de 2003 y demás disposiciones complementarias.
Dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, la administradora de riesgos laborales debe expedir al empleador constancia de afiliación en la que se contenga la siguiente información:
Nombre o razón social del empleador y cédula de ciudadanía o número de identificación tributaria.
Número del formulario de afiliación.
Vigencia de la afiliación, indicando las fechas de inicio y terminación de esta.
Número de trabajadores afiliados a la fecha de expedición de la constancia.
Relación de los centros de trabajo del empleador, indicando para cada uno la clasificación de acuerdo con las normas legales vigentes y la tarifa con base en la cual se determina el monto de la cotización a la fecha de expedición de la constancia.
Estado de cuenta del empleador, que corresponde al informe sobre si se encuentra al día en el pago de las cotizaciones en la fecha de expedición de la constancia. En caso contrario, sobre los períodos por los que se encuentre en mora.
La no expedición oportuna de la constancia de afiliación a la que se refiere el presente numeral da lugar a las responsabilidades del caso por impedimento o dilación a la libertad de escoger la entidad administradora de riesgos laborales.
Información a los trabajadores afiliados. Las entidades administradoras de riesgos laborales deben promover el conocimiento por parte de los trabajadores afiliados de las características y operación del SGRL, mediante cartillas, que deben ponerse a disposición de los trabajadores sin costo alguno.
Reserva de enfermedad laboral
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.31.4.4.8 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, las entidades aseguradoras autorizadas para la operación del ramo de riesgos laborales o que adelanten el proceso de salida del mercado deben dar cumplimiento a las instrucciones señaladas en el presente subnumeral. Las instrucciones relacionadas con el cálculo del monto mínimo y máximo de la reserva técnica de enfermedad laboral no implican una modificación en la dinámica contable prevista en los marcos técnicos normativos que les resulten aplicables de acuerdo con la normatividad vigente.
Para efectos del reconocimiento y revelación en los estados financieros de los activos por recobros que se produzcan a las demás entidades aseguradoras por concepto de enfermedad laboral, las entidades aseguradoras deberán aplicar el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en lo relacionado con los criterios técnicos de la definición y reconocimiento del activo. De forma especial, las entidades aseguradoras deben evaluar el requisito de existencia de un derecho sin que exista incertidumbre sobre el mismo, o disputa entre la entidad aseguradora que reconocería el activo y otra entidad.
Constitución de la reserva
Las entidades aseguradoras autorizadas para la operación del ramo de riesgos laborales deben destinar mensualmente el 2% de las primas devengadas del ramo durante dicho periodo para la constitución de la reserva de enfermedad laboral, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.31.4.4.8 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
Una vez realizado el cálculo del monto máximo de acumulación en los plazos que define el presente capítulo, las entidades aseguradoras podrán proceder con la liberación parcial de la reserva en los términos del subnumeral 3.4.3.4 del presente capítulo, sin perjuicio de la obligación de continuar constituyendo esta reserva con el 2% de las primas devengadas mensualmente hasta el momento en el cual se realice el cálculo del monto mínimo y máximo del siguiente año calendario.
Información para el cálculo del monto máximo y mínimo de acumulación de la reserva de enfermedad laboral
Para efectos del cálculo de los montos mínimos y máximos de la reserva de enfermedad laboral, las entidades aseguradoras que operen el ramo de riesgos laborales o que adelanten el proceso de salida del mercado deben establecer, a más tardar el 31 de marzo de cada año, la totalidad de prestaciones por enfermedades laborales que hayan pagado o reservado como siniestro avisado hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Identificación de las prestaciones por enfermedad laboral
Respecto de las prestaciones por enfermedad laboral que hayan pagado o reservado como siniestro avisado hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, las entidades aseguradoras deben identificar:
i. La totalidad de prestaciones a su cargo frente a las cuales no tienen expectativa de recobro a otras entidades aseguradoras, en razón a la exposición exclusiva del afiliado en la entidad aseguradora el cumplimiento del término de prescripción señalado en la ley aplicable para el recobro, u otras consideraciones. Para estos efectos, la exposición será medida en función del tiempo de afiliación.
ii. La totalidad de prestaciones a su cargo frente a las cuales tienen expectativa de recobro a otras entidades aseguradoras, en razón a la exposición del afiliado y el valor esperado de recobro por cada prestación. En esta categoría deberán incluirse aquellas prestaciones susceptibles de recobro respecto de las cuales se haya iniciado cualquier tipo de acción de cobro extrajudicial o judicial contra las demás entidades aseguradoras que se encuentren pendientes de una decisión final. Para estos efectos, la exposición será medida en función del tiempo de afiliación.
iii. La totalidad de prestaciones frente a las cuales ya se realizó el respectivo recobro a otras entidades aseguradoras. En este cálculo deberán incluirse aquellas prestaciones cuyo valor de recobro fue definido a través de acuerdos judiciales o extrajudiciales con las demás aseguradoras, por decisión judicial en firme o cualquier otro mecanismo de solución de controversias.
Las entidades aseguradoras deben identificar con la información que dispongan, así como con aquella que intercambien con las demás entidades aseguradoras, las prestaciones que puedan ser objeto de recobro en su contra, en razón a la exposición del afiliado medida para estos efectos en función del tiempo de afiliación y el valor esperado de recobro por cada prestación. Todo valor que se identifique como susceptible de recobrar a otra entidad aseguradora debe estar soportado en facturas y registros contables certificados por el revisor fiscal, entre otros.
Determinación de las prestaciones con posibilidad de recobro
En el proceso de determinación de las prestaciones con posibilidad de recobro a favor o en contra, las entidades aseguradoras podrán acudir a expertos actuariales, de la salud y legales, entre otros. Para el caso de prestaciones asistenciales, incluidas las asociadas a siniestros crónicos y vitalicios, incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial y auxilio funerario, se tomarán los pagos que efectivamente haya realizado cada entidad aseguradora. Para el caso de pensiones de invalidez y de sobrevivencia se tomará:
i. La reserva matemática inicial de los casos que hayan sido objeto de constitución de esta reserva por primera vez en el último año más el retroactivo pagado.
ii. La reserva matemática a la fecha del recobro más el retroactivo pagado y el valor de las mesadas pagadas hasta la fecha de recobro. Lo anterior, en el caso de: a) rentas que no han sido recobradas y cuya constitución inicial no se haya realizado en último año y b) rentas cuya constitución inicial y reajuste por cambios en los parámetros de mortalidad, número de beneficiarios, pérdida de capacidad laboral y deslizamiento del salario mínimo, se realiza en el último año.
iii. El valor actual esperado de las pensiones de invalidez y de sobrevivencia, incluido el retroactivo en caso de que aplique, para aquellos casos que no han sido objeto de la constitución inicial de la reserva matemática en el último año, pero se encontraban avisados a la fecha del recobro y no han sido recobrados anteriormente.
iv. El diferencial entre: a) el saldo a la fecha de recálculo de la reserva matemática bajo los parámetros del último recálculo, y b) el saldo a la fecha de recálculo de la reserva matemática calculada bajo los parámetros ajustados, cuando se realicen ajustes a dicha reserva por cambios en los parámetros de mortalidad, número de beneficiarios, pérdida de capacidad laboral y deslizamiento del salario mínimo, con posterioridad al último recobro. Lo anterior, en el caso de rentas que han sido recobradas.
En la medida en que, para la adecuada gestión de la reserva de enfermedad laboral, y para determinar los eventuales recobros que pueden afectar esta reserva, las entidades aseguradoras requieren de información de mercado, éstas deben habilitar el acceso o suministrar la información que almacenen en sus repositorios a las demás administradoras de riesgos laborales y/o a un tercero responsable de la gestión de la información y las estimaciones de los recobros del mercado. La información susceptible de intercambio debe evidenciar los períodos de afiliación y exposiciones a su cargo y, así mismo, deben intercambiarse los parámetros relacionados con las pensiones de invalidez y de sobrevivencia o soportes de los valores a recobrar. La participación de terceros no exime a las entidades aseguradoras de la responsabilidad por la adecuada estimación de la reserva de enfermedad laboral y la adopción de medidas que les permitan validar las gestiones y procesos de estos terceros, así como los resultados entregados por ellos.
En el marco del intercambio de la información, se debe dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la protección de datos personales.
En desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.31.4.4.8 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, las entidades aseguradoras que operen el ramo de riesgos laborales deben recopilar, actualizar y mantener a disposición de la SFC la información que señala el Anexo 16 del presente Título sobre siniestros de enfermedades laborales a partir de 2009.
La documentación e información que conozcan, recopilen, utilicen y generen las entidades aseguradoras en relación con el cálculo de la reserva de enfermedad laboral y los recobros del ramo, debe ser conservada durante el plazo dispuesto en el artículo 96 del EOSF y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, mediante cualquier medio que asegure su integridad y mantenerse a disposición de la SFC. Este deber aplica sin perjuicio de las demás disposiciones relacionadas con la documentación y conservación de la información.
Cálculo de los montos mínimos y máximos de la reserva
La reserva de enfermedad laboral es equivalente a:
Donde,
= El saldo de la reserva de enfermedad laboral al cierre del mes m.
= Constitución de la reserva de enfermedad laboral en el mes m de acuerdo con las instrucciones del subnumeral 3.4.3.1 del presente capítulo.
= Saldo de la reserva de enfermedad laboral al cierre del mes m - 1.
= Liberación de la reserva realizada durante el mes m de acuerdo con las instrucciones del subnumeral 3.4.3.4 del presente capítulo.
En todo caso, las entidades aseguradoras deben acreditar en todo momento un saldo mayor o igual al monto mínimo de acumulación que señala el siguiente subnumeral.
Cálculo del monto mínimo de acumulación de la reserva
Las entidades aseguradoras deben acreditar de manera permanente un saldo mínimo de la reserva de enfermedad laboral igual al resultado de la siguiente ecuación. El cálculo del monto mínimo de acumulación debe realizarse a más tardar el 31 de marzo de cada año calendario, tomando la información con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Donde:
=Monto mínimo de acumulación de la reserva de enfermedad laboral (EL) al final del año T.
T = Año calendario inmediatamente anterior a la fecha de cálculo.
= Posición total deudora para el año T - t. Es el monto total de los siniestros que la entidad aseguradora debe girar a las demás entidades correspondientes a las prestaciones asistenciales pagadas por éstas y los casos i, ii y iv del subnumeral 3.4.3.2.2 del presente capítulo, para las enfermedades laborales durante el año T - t y que son susceptibles de recobro. Son susceptibles de recobro aquellas prestaciones de siniestros por enfermedad laboral para los cuales a partir de información de mercado sobre el tiempo de afiliación se establece que la entidad tendría una obligación a su cargo. De manera exclusiva para la determinación de esta posición se debe asumir que la responsabilidad de cada administradora se calcula a prorrata del tiempo de afiliación medido en meses en cada entidad hasta la fecha del primer pago del siniestro sobre el total de meses de afiliación al sistema.
Dicha posición debe expresarse en términos constantes tomando como base el año T usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el DANE.
= Posición total acreedora para el año T - t. Es el monto total de los siniestros que las demás entidades deben girar a la entidad aseguradora correspondientes a las prestaciones asistenciales pagadas por ésta y los casos i, ii y iv del subnumeral 3.4.3.2.2 del presente capítulo, en caso de enfermedades laborales durante el año T - t. y que son susceptibles de recobro. Son susceptibles de recobro aquellos siniestros por enfermedad laboral para los cuales a partir de información de mercado sobre el tiempo de afiliación se establece que la entidad tendría un derecho. De manera exclusiva para la determinación de esta posición se debe asumir que la responsabilidad de cada administradora se calcula a prorrata del tiempo de afiliación medido en meses en cada entidad hasta la fecha del primer pago del siniestro sobre el total de meses de afiliación al sistema.
Dicha posición debe expresarse en términos constantes tomando como base el año T usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el DANE.
=Duración promedio de los siniestros correspondientes a recobros que debió pagar a otra entidad aseguradora en los últimos 5 años (siendo T el primer año), ponderada por el monto de cada uno de los pagos de estos. Calculada con la siguiente fórmula:
Donde:
Total de los pagos del i-ésimo siniestro realizados en el año T - t. Se excluyen los pagos correspondientes a pensiones de invalidez y de sobrevivencia.
= Tiempo medido en años transcurrido entre i) la fecha del aviso del i-ésimo siniestro y ii) la fecha del último pago del i-ésimo siniestro en el año T - t.
= Conjunto de siniestros que debió pagar a otra entidad aseguradora por concepto de recobros incluyendo los siniestros para los cuales, a partir de información de mercado sobre el tiempo de afiliación, se establece que la entidad tendría una obligación a su cargo. Se excluyen de este conjunto los siniestros para los cuales los pagos corresponden únicamente a pensiones de invalidez y de sobrevivencia.
= Duración promedio de los siniestros correspondientes a recobros que debió recibir de otra entidad aseguradora en los últimos 5 años (siendo T el primer año) ponderada por el monto de cada uno de los pagos de estos. Calculada con la siguiente fórmula:
Donde:
= Corresponde a los pagos del i-ésimo siniestro realizados en el año T - t. Se excluyen los pagos correspondientes a pensiones de invalidez y de sobrevivencia
= Tiempo medido en años transcurrido entre i) la fecha del aviso del i-ésimo siniestro y ii) la fecha del último pago del i-ésimo siniestro en el año T - t.
= Conjunto de siniestros correspondientes a recobros que debió recibir de otra entidad aseguradora, excluyendo los siniestros respecto de los cuales existen controversias con otras entidades frente a la posibilidad de recobro y los siniestros para los cuales los pagos corresponden únicamente a pensiones de invalidez y de sobrevivencia.
= Factor de recobros efectivos medido como:
Donde,
= Corresponde al monto al cierre del año T de los recobros pagados por otras administradoras correspondientes a las prestaciones asistenciales asumidas por la entidad y los casos i, ii y iv del subnumeral 3.4.3.2.2 del presente capítulo durante el año T - t y que componen la . Dicho monto debe expresarse en términos constantes tomando como base el año T usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el DANE.
= Reserva mínima calculada para el código de enfermedad j de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades seleccionadas, determinada a partir de los criterios contenidos en el subnumeral 3.4.3.3.3 del presente capítulo.
= Tasa de incidencia calculada para el código de enfermedad j de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades seleccionadas, determinada a partir de los criterios contenidos en el subnumeral 3.4.3.3.3 del presente capítulo.
= Expuestos que hayan estado afiliados a la administradora de riesgos laborales en algún momento y luego hayan estado afiliados en otra medidos por su tiempo de exposición en la administradora respecto al total del tiempo de afiliación al sistema neto de aquellos expuestos que estuvieron afiliados con otras administradoras de riesgos laborales y hayan terminado su afiliación con la administradora, considerando también el tiempo de exposición que corresponda a la entidad. Para efectos del cálculo de este término, la exposición en la administradora será equivalente al tiempo de afiliación. se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
Donde:
= Expuestos traspasados que hayan estado afiliados a la administradora de riesgos laborales en algún momento y luego hayan estado afiliados en otra medidos por su tiempo de exposición en la administradora respecto al total del tiempo de afiliación al sistema de riesgos laborales. Para efectos del cálculo de este término, la exposición en la administradora será equivalente al tiempo de afiliación.
= Expuestos recibidos que hayan estado con otras administradoras de riesgos laborales y que el último asegurador haya sido o sea la administradora de riesgos que realiza el cálculo medidos por su tiempo de exposición en la administradora respecto al total del tiempo de afiliación al sistema de riesgos laborales. Para efectos del cálculo de este término, la exposición en la administradora será equivalente al tiempo de afiliación.
= Expuestos que ya han tenido recobros en años anteriores por las enfermedades seleccionadas a partir de los criterios contenidos en el subnumeral 3.4.3.3.3 del presente capítulo.
= Factor de mortalidad de mercado. Para el cálculo de este parámetro las entidades pueden acudir a repositorios centralizados de información elaborados por terceros expertos que consoliden información agregada y/o a la información suministrada por las demás administradoras. Calculado con la siguiente fórmula:
Donde:
= Número de afiliados al sistema de riesgos laborales calculado con base en la información disponible a partir de 2009 y hasta T.
= Afiliados al sistema de riesgos laborales con decremento por mortalidad para el año T, calculados de forma recursiva de la siguiente manera:
Donde:
= Afiliados al sistema de riesgos laborales con decremento por mortalidad para 2009.
= Número de afiliados al sistema de riesgos laborales en 2009.
= Afiliados al sistema de riesgos laborales con decremento por mortalidad para el año
= Afiliados al sistema de riesgos laborales con decremento por mortalidad para el año de .
= Número de nuevos afiliados al sistema de riesgos laborales para el año
Año para el que se tiene información disponible, donde = 2009, = 2010, hasta llegar de manera sucesiva a = T.
= Índice del año para el que se tiene información disponible. Este varía entre 2 y (-2009+1).
= Probabilidad de sobrevivencia promedio ponderada de la cohorte , determinada empleando las tablas de mortalidad de rentistas y de rentistas inválidos, expedidas por la SFC vigentes a la fecha de cálculo. La probabilidad será calculada como un promedio ponderado entre las tablas de mortalidad de mujeres y las tablas de mortalidad de hombres como se muestra a continuación:
Donde:
J= Conjunto de estados en los que se pueden clasificar los afiliados al sistema de riesgos laborales. Los estados posibles son: i) hombre no inválido, ii) mujer no inválida, iii) hombre en estado de invalidez y iv) mujer en estado de invalidez.
=Número de afiliados al sistema de riesgos laborales para edad x en el estado j en el año
= Probabilidad de sobrevivencia de los afiliados para la edad x en la edad x+1 en el estado j en el año , determinada empleando las tablas de mortalidad de rentistas y de rentistas inválidos, expedidas por la SFC vigentes a la fecha de cálculo.
= Número de afiliados al sistema de riesgos laborales en el año calculado con base en la información disponible a partir de 2009 y hasta T.
Cálculo del monto máximo de acumulación de la reserva
Las entidades aseguradoras deben acumular la reserva técnica de enfermedad laboral hasta alcanzar un saldo equivalente al resultado de la siguiente ecuación. El cálculo del monto máximo de acumulación debe realizarse a más tardar el 31 de marzo de cada año calendario, tomando la información con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Donde:
= Monto máximo de acumulación de la reserva de enfermedad laboral al final del año T.
=Año calendario inmediatamente anterior a la fecha de cálculo.
= Posición total deudora para el año T - t. Es el monto total de los siniestros que la entidad aseguradora debe girar a las demás entidades correspondientes a las prestaciones asistenciales pagadas por éstas y los casos i, ii y iv del subnumeral 3.4.3.2.2 del presente capítulo para las enfermedades laborales durante el año T - t y que son susceptibles de recobro. Son susceptibles de recobro aquellas prestaciones de siniestros por enfermedad laboral para los cuales, a partir de información de mercado sobre el tiempo de afiliación, se establece que la entidad tendría una obligación a su cargo. De manera exclusiva para la determinación de esta posición se debe asumir que la responsabilidad de cada administradora se calcula a prorrata del tiempo de afiliación medido en meses en cada entidad hasta la fecha del primer pago del siniestro sobre el total de meses de afiliación al sistema.
Dicha posición debe expresarse en términos constantes tomando como base el año T usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el DANE.
= Posición total acreedora para el año T - t. Es el monto total de los siniestros que las demás entidades deben girar a la entidad aseguradora correspondiente a las prestaciones asistenciales pagadas por ésta y los casos i, ii y iv del subnumeral 3.4.3.2.2 del presente capítulo en caso de enfermedades laborales durante el año T - t y que son susceptibles de recobro. Son susceptibles de recobro aquellos siniestros por enfermedad laboral para los cuales, a partir de información de mercado sobre el tiempo de afiliación, se establece que la entidad tendría un derecho. De manera exclusiva para la determinación de esta posición se debe asumir que la responsabilidad de cada administradora se calcula a prorrata del tiempo de afiliación medido en meses en cada entidad hasta la fecha del primer pago del siniestro sobre el total de meses de afiliación al sistema.
Dicha posición debe expresarse en términos constantes tomando como base el año T usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el DANE.
= Duración máxima de los siniestros correspondientes a recobros que debió pagar a otra entidad aseguradora en los últimos 5 años (siendo T el primer año) ponderada por el monto de cada uno de los pagos de estos, calculada con la siguiente fórmula:
Donde:
= Duración promedio de los siniestros correspondientes a recobros que debió pagar a otra entidad aseguradora en los últimos 5 años (siendo T el primer año) ponderada por el monto de cada uno de los pagos de estos, calculada con la siguiente fórmula:
Donde:
= Total de los pagos del i-ésimo siniestro realizados en el año T - t. Se excluyen los pagos correspondientes a pensiones de invalidez y de sobrevivencia.
= Tiempo medido en años transcurrido entre i) la fecha del aviso del i-ésimo siniestro y ii) la fecha del último pago del i-ésimo siniestro en el añoT - t.
= Conjunto de siniestros que debió pagar a otra entidad aseguradora por concepto de recobros incluyendo los siniestros para los cuales a partir de información de mercado sobre el tiempo de afiliación se establece que la entidad tendría una obligación a su cargo. Se excluyen de este conjunto los siniestros para los cuales los pagos corresponden únicamente a pensiones de invalidez y de sobrevivencia.
= Desviación estándar de la duración de los siniestros correspondientes a recobros que debió pagar a otra entidad aseguradora en los últimos 5 años, siendo T el primer año, calculada con la siguiente fórmula:
= Duración máxima de los siniestros correspondientes a recobros que debió recibir de otra entidad aseguradora en los últimos 5 años (siendo T el primer año) ponderada por el monto de cada uno de los pagos de estos, calculada con la siguiente fórmula:
Donde:
= Duración promedio de los siniestros correspondientes a recobros que debió recibir de otra entidad aseguradora en los últimos 5 años (siendo T el primer año) ponderada por el monto de cada uno de los pagos de estos, calculada con la siguiente fórmula:
Donde:
= Corresponde a los pagos del i-ésimo siniestro realizados en el año T - t. Se excluyen los pagos correspondientes a pensiones de invalidez y de sobrevivencia
= Tiempo medido en años transcurrido entre i) la fecha del aviso del i-ésimo siniestro y ii) la fecha del último pago del i-ésimo siniestro en el año T - t.
= Conjunto de siniestros correspondientes a recobros que debió recibir de otra entidad aseguradora, excluyendo los siniestros respecto de los cuales existen controversias con otras entidades frente a la posibilidad de recobro y los siniestros para los cuales los pagos corresponden únicamente a pensiones de invalidez y de sobrevivencia.
= Desviación estándar de la duración de los siniestros correspondientes a recobros que debieron recibir de otra entidad aseguradora en los últimos 5 años, siendo T el primer año, calculada con la siguiente fórmula:
= Factor de recobros efectivos medido como:
Donde,
= Corresponde al monto al cierre del año T de los recobros pagados por otras administradoras correspondientes a las prestaciones asistenciales asumidas por la entidad y los casos i, ii y iv del subnumeral 3.4.3.2 del presente capítulo durante el año T - t y que componen la Dicho monto debe expresarse en términos constantes tomando como base el año T usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el DANE.
= Reserva máxima calculada para el código de enfermedad j de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades seleccionadas determinada a partir de los criterios contenidos en el subnumeral 3.4.3.3.3 del presente capítulo.
= Tasa de incidencia calculada para el código de enfermedad j de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades seleccionadas determinada a partir de los criterios contenidos en el subnumeral 3.4.3.3.3 del presente capítulo.
= Expuestos que hayan estado afiliados a la administradora de riesgos laborales en algún momento y luego hayan estado afiliados en otra medidos por su tiempo de exposición en la administradora respecto al total del tiempo de afiliación al sistema neto de aquellos expuestos que estuvieron afiliados con otras administradoras de riesgos laborales y hayan terminado su afiliación con la administradora, considerando también el tiempo de exposición que corresponda a la entidad. Para efectos del cálculo de este término, la exposición en la administradora será equivalente al tiempo de afiliación. se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
Donde:
= Expuestos traspasados que hayan estado afiliados a la administradora de riesgos laborales en algún momento y luego hayan estado afiliados en otra, medidos por su tiempo de exposición en la administradora respecto al total del tiempo de afiliación al sistema de riesgos laborales. Para efectos del cálculo de este término, la exposición en la administradora será equivalente al tiempo de afiliación.
= Expuestos recibidos que hayan estado con otras administradoras de riesgos laborales y que el último asegurador haya sido o sea la administradora de riesgos que realiza el cálculo, medidos por su tiempo de exposición en la administradora respecto al total del tiempo de afiliación al sistema de riesgos laborales. Para efectos del cálculo de este término, la exposición en la administradora será equivalente al tiempo de afiliación.
= Expuestos que ya han tenido recobros en años anteriores por las enfermedades seleccionadas a partir de los criterios contenidos en el subnumeral 3.4.3.3.3 del presente capítulo.
= Factor de mortalidad de mercado. Para el cálculo de este parámetro las entidades pueden acudir a repositorios centralizados de información elaborados por terceros expertos que consoliden información agregada y/o a la información suministrada por las demás administradoras. Calculado con la siguiente fórmula:
Donde:
= Número de afiliados al sistema de riesgos laborales calculado con base en la información disponible a partir de 2009 y hasta T.
= Afiliados al sistema de riesgos laborales con decremento por mortalidad para el año T, calculados de forma recursiva de la siguiente manera:
Donde:
= Afiliados al sistema de riesgos laborales con decremento por mortalidad para 2009.
= Número de afiliados al sistema de riesgos laborales en 2009.
= Afiliados al sistema de riesgos laborales con decremento por mortalidad para el año
Afiliados al sistema de riesgos laborales con decremento por mortalidad para el año de .
= Número de nuevos afiliados al sistema de riesgos laborales para el año
= Año para el que se tiene información disponible, donde = 2009, = 2010, hasta llegar de manera sucesiva a = T.
=Índice del año para el que se tiene información disponible. Este varía entre 2 y (T-2009+1).
= Probabilidad de sobrevivencia promedio ponderada de la cohorte , determinada empleando las tablas de mortalidad de rentistas y de rentistas inválidos, expedidas por la SFC vigentes a la fecha de cálculo. La probabilidad será calculada como un promedio ponderado entre las tablas de mortalidad de mujeres y las tablas de mortalidad de hombres como se muestra a continuación:
Donde:
J= Conjunto de estados en los que se pueden clasificar los afiliados al sistema de riesgos laborales. Los estados posibles son: i) hombre no inválido, ii) mujer no inválida, iii) hombre en estado de invalidez y iv) mujer en estado de invalidez.
= Número de afiliados al sistema de riesgos laborales para edad en el estado j en el año.
= Probabilidad de sobrevivencia de los afiliados para la edad x en la edad x + 1 en el estado j en el año , determinada empleando las tablas de mortalidad de rentistas y de rentistas inválidos, expedidas por la SFC vigentes a la fecha de cálculo.
= Número de afiliados al sistema de riesgos laborales en el año calculado con base en la información disponible a partir de 2009 y hasta T.
Criterios de selección de los códigos de enfermedades relevantes para la determinación del componente prospectivo del monto mínimo y máximo de la reserva de enfermedad laboral y valoración de la reserva correspondiente a cada uno de ellos.
Para el cálculo de los montos mínimos y máximos de la reserva de enfermedad laboral, las entidades aseguradoras deben contemplar un componente prospectivo que recoja el comportamiento esperado de los recobros por enfermedades laborales que por su naturaleza no se encuentran caracterizados en la historia siniestral, de acuerdo con las fórmulas de cálculo del monto mínimo y máximo de la reserva establecidas en los subnumerales 3.4.3.3.1 y 3.4.3.3.2 del presente capítulo.
Las entidades aseguradoras deben seleccionar el conjunto de enfermedades caracterizadas por su alto periodo de latencia o que requieren tratamientos prolongados y respecto de las cuales las bases de datos de indemnizaciones no ofrecen información estadísticamente representativa. Para la selección de tales enfermedades, las entidades aseguradoras deben contar con el criterio de los auditores médicos y/o pueden acudir a repositorios centralizados de información elaborados por terceros expertos que consoliden información agregada del mercado colombiano o de otros mercados con características comparables.
Para cada una de las enfermedades seleccionadas para el cálculo del componente prospectivo las entidades aseguradoras deben emplear el criterio de auditores o médicos especializados en la enfermedad y la información de siniestros disponible y/o pueden acudir a repositorios centralizados de información elaborados por terceros expertos que consoliden información agregada del mercado colombiano o de otros mercados con características comparables que permitan determinar: i) la tasa de incidencia, ii) el periodo de latencia, iii) la duración del tratamiento, iv) la tasa de laboralidad, entendida como la probabilidad de que un determinado padecimiento sea considerado como de origen laboral, v) la consecuencia esperada de la enfermedad que puede ser el pago de prestaciones asistenciales y/o económicas, y vi) el costo mínimo y máximo de las prestaciones asistenciales y económicas correspondientes.
Las administradoras de riesgos laborales deben revisar y actualizar como mínimo cada 3 años los parámetros mencionados en el presente subnumeral.
Liberación de la reserva de enfermedad laboral
Esta reserva solo podrá ser utilizada para el pago de recobros de otra administradora que repita contra la aseguradora por prestaciones económicas y asistenciales derivadas de enfermedades laborales.
En los términos del parágrafo del artículo 2.31.4.4.8 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, el 31 de marzo de cada año, las entidades aseguradoras podrán liberar parcialmente: i) hasta el valor que exceda el monto máximo de acumulación, o ii) hasta el valor que exceda el monto mínimo de acumulación cuando de manera consecutiva en los últimos 5 años se acredite una posición neta acreedora.
Lo anterior, sin perjuicio de su obligación de seguir constituyendo esta reserva con el 2% de las primas devengadas mensualmente.
Pago de comisiones de intermediación
En virtud de lo dispuesto en el inciso 2 del parágrafo 5 del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, la remuneración a favor de los intermediarios de seguros se debe sufragar con cargo a los recursos propios de las ARL, en consecuencia, la junta directiva de estas entidades o el órgano que haga sus veces, debe adoptar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de dicha norma y permitan verificar en todo momento la trazabilidad del origen de los recursos con cargo a los cuales se sufraguen las comisiones de intermediación. Las políticas adoptadas deben garantizar el cumplimiento de la destinación específica de los recursos del SGRL prevista en el artículo 31 de la ley 1562 de 2012.
Auditoría médica
Para efectos de atender las reclamaciones, la entidad aseguradora debe contar con un sistema de auditoría médica interna o externa, en los mismos términos en que lo dispone el subnumeral 3.5.1 del presente capítulo.
Reserva de desviación de siniestralidad
Para la determinación de la reserva de desviación de siniestralidad de que trata el artículo 2.31.4.5.1 del Decreto 2555 de 2010, las entidades aseguradoras deben adoptar metodologías y modelos y hacer supuestos razonables.
La información descrita a continuación hace parte del procedimiento de cálculo de la reserva de desviación de siniestralidad, debe constar en la nota técnica y ser analizada por el Actuario Responsable conforme a lo establecido en el subnumeral 6.3.2.1 del presente Capítulo. En cumplimiento de los dispuesto en el presente subnumeral, las entidades deben documentar y mantener a disposición la información empleada, incluyendo las modificaciones a las metodologías, junto con su sustento técnico e impactos.
Metodología de cálculo
Las entidades aseguradoras deben calcular la reserva de desviación de siniestralidad dentro del mes siguiente a la suscripción o renovación del programa de reaseguro, a partir de lo cual deben calcularla como mínimo cada 6 meses. Cuando se presente un cambio súbito y sustancial en la composición de la cartera y/o su siniestralidad, las entidades aseguradoras deberán calcular nuevamente la reserva en un plazo prudente que no exceda los 15 días siguientes a la fecha en la cual se conoció el cambio. En caso de que deban ajustarse las condiciones del programa de reaseguro por cambios en la composición de la cartera durante la vigencia de los contratos de reaseguro, la entidad aseguradora debe calcular nuevamente la reserva de desviación de siniestralidad dentro del mes siguiente al ajuste del programa de reaseguro.
La metodología de cálculo de la reserva de desviación de siniestralidad del ramo de riesgos laborales es la siguiente:
Donde,
RDS: Corresponde a la Reserva Técnica de Desviación de Siniestralidad.
MRA: Corresponde a la Máxima responsabilidad probable a cargo de la entidad aseguradora.
MPRI: Corresponde a la Máxima Prioridad pactada en el contrato de reaseguro catastrófico.
MPPE: Corresponde a la Máxima Pérdida Probable por los Eventos Catastróficos Excluidos en el contrato de reaseguro catastrófico.
PEENC: Corresponde a la Pérdida Esperada durante la vigencia del contrato de reaseguro a cargo de la entidad aseguradora por siniestros atípicos.
Las anteriores variables se determinan conforme a las siguientes fórmulas:
La máxima responsabilidad a cargo de la entidad aseguradora (MRA), calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:
Donde,
: Corresponde a la responsabilidad de la entidad aseguradora por el evento i.
i: Corresponde al i-ésimo evento, del conjunto de eventos (I) determinados en el subnumeral 1.6.4.2.1 del presente capítulo que están cubiertos por el contrato de reaseguro catastrófico.
: Corresponde a la máxima pérdida probable por el evento i.
: Corresponde a la capacidad de los contratos de reaseguro para el evento i. En caso de que la entidad aseguradora cuente con un contrato de reaseguro por riesgo y evento, esta variable se determinará como la capacidad total del contrato descontando el monto total de los siniestros esperados que afectarán el contrato de reaseguro por riesgo incluyendo los siniestros atípicos. La estimación de estos siniestros esperados debe realizarse a partir de modelos técnicamente sustentados y basarse en la experiencia de siniestros propia de la entidad aseguradora. En todo caso podrán realizarse supuestos propios razonables construidos a partir de información del mercado colombiano y/o de otros mercados con características comparables. En estos supuestos deben asumirse cargos adicionales por incertidumbre.
La Máxima Prioridad pactada en el contrato de reaseguro catastrófico (MPRI), calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:
Donde,
Corresponde a la prioridad del contrato de reaseguro para el evento i, adicionando el monto correspondiente a cualquier otra cláusula o condición del contrato de reaseguro catastrófico por la cual se pongan a cargo de la entidad aseguradora porciones adicionales de indemnización, como en el caso de los deducibles agregados, entre otros.
i: Corresponde al i-ésimo evento, del conjunto de eventos determinados en el subnumeral 1.6.4.2.1 del presente capítulo que están cubiertos por el contrato de reaseguro catastrófico.
La Máxima Pérdida Probable por los Eventos Catastróficos Excluidos en el contrato de reaseguro catastrófico (MPPE), calculada de la siguiente manera:
Donde,
Corresponde a la máxima pérdida probable por el evento j excluido en el contrato de reaseguro catastrófico.
j: Corresponde al j-ésimo evento, del conjunto de eventos determinados en el subnumeral 1.6.4.2.1 del presente capítulo que están excluidos de la cobertura del contrato de reaseguro catastrófico.
La pérdida esperada durante la vigencia del contrato de reaseguro a cargo de la entidad aseguradora por siniestros atípicos (PEENC), se determina como se muestra en la siguiente ecuación. En caso que la entidad aseguradora cuente con un contrato de reaseguro por riesgo y evento esta variable tomará el valor de cero.
Donde,
Corresponde a la máxima pérdida esperada modelada para un evento h que da lugar a un siniestro atípico.
h: Corresponde al h-ésimo evento que da lugar a un siniestro atípico esperado durante la vigencia del contrato de reaseguro, del conjunto de eventos (H) determinados en el subnumeral 1.6.4.2.1. y modelados de acuerdo con el subnumeral 3.4.6.1.2.3. del presente capítulo.
Corresponde a la máxima pérdida esperada modelada para un evento k que da lugar a un siniestro atípico.
k: Corresponde al k-ésimo evento que da lugar a un siniestro atípico esperado durante la vigencia del contrato de reaseguro, del conjunto de eventos (H) determinados en el subnumeral 1.6.4.2.1. y modelados de acuerdo con el subnumeral 3.4.6.1.2.3. del presente capítulo.
Corresponde a la capacidad de los contratos de reaseguro para el evento h cubierto en el contrato de reaseguro.
Corresponde a la capacidad de los contratos de reaseguro para el evento k cubierto en el contrato de reaseguro.
Coeficiente de correlación entre el evento h y el evento k. Se define = 1, para todo h, k. Esto sin perjuicio de que las entidades aseguradoras puedan utilizar modelos de medición propios o de industria para el cálculo de las correlaciones entre los diferentes eventos, siempre y cuando se presenten a consideración previa de la SFC.
Corresponde a la máxima pérdida neta esperada modelada para un evento h que da lugar a un siniestro atípico.
: Corresponde a la máxima pérdida neta esperada modelada para un evento k que da lugar a un siniestro atípico.
Para la cuantificación de las pérdidas esperadas y/o probables señaladas en las fórmulas anteriores, las entidades aseguradoras deben aplicar los siguientes criterios técnicos:
Para el cálculo de la máxima responsabilidad probable a cargo de la entidad aseguradora (MRA), las entidades aseguradoras deben cuantificar la máxima pérdida probable para cada uno de los eventos (), conforme al subnumeral 1.6.4.2.1 del presente Capítulo.
La entidad aseguradora debe tomar la y descontar la capacidad del contrato de reaseguro para dicho evento (). La capacidad de los contratos de reaseguro catastrófico debe ser ajustada por el riesgo de contraparte de los reaseguradores participantes. Para el cálculo del ajuste por riesgo de contraparte, la entidad aseguradora debe emplear una metodología que cumpla con las instrucciones del subnumeral 2.2.7 del presente capítulo.
Cuando la entidad aseguradora haya amparado múltiples ramos de seguro bajo un mismo contrato de reaseguro, no debe deducir el 100% de la capacidad de los contratos. Para determinar la proporción de la capacidad de los contratos de reaseguro que podrá descontarse, la entidad debe estimar la pérdida probable y probabilidad de afectación de los contratos de reaseguro por eventos correspondientes a los ramos distintos de riesgos laborales, conforme al subnumeral 1.6.4.2.1.4 del presente Capítulo.
Por último, la entidad aseguradora debe seleccionar la máxima responsabilidad a su cargo.
La entidad aseguradora debe identificar y cuantificar la máxima pérdida probable por cada uno de los eventos catastróficos no amparados en el contrato de reaseguro (PEEj), de acuerdo con lo establecido en el subnumeral 1.6.4.2.1.2 del presente Capítulo. Por último, la entidad aseguradora debe seleccionar la máxima pérdida probable por estos eventos (MPPE).
Para el cálculo de la PEENC las entidades aseguradoras deben identificar y cuantificar la pérdida esperada de aquellos eventos no catastróficos de baja frecuencia y alta severidad que pueden causar desviaciones en la siniestralidad esperada del ramo, de acuerdo con los siguientes criterios:
La entidad aseguradora debe modelar el número de siniestros atípicos que pueden afectar la cartera durante la vigencia del contrato de reaseguro y el costo esperado bruto de cada uno de estos eventos. No será admisible tomar como referencia el costo promedio de los siniestros, considerando que se pretende identificar aquellos que por sus características pueden superar las condiciones o límites pactados en los contratos de reaseguro operativo por riesgo.
Debe basarse en la experiencia de siniestros propia de la entidad aseguradora. La entidad debe emplear una base de datos con un historial de siniestros de al menos 10 años. Cuando la entidad disponga de más información debe emplearla. En todo caso, las entidades podrán incorporar supuestos propios razonables los cuales deben ser construidos a partir de información del mercado colombiano y/o de otros mercados con características comparables. Las entidades aseguradoras que inicien la operación del ramo o que estén en el periodo requerido para acumular la experiencia de siniestros solicitada, deben basarse en la información histórica que han acumulado a la fecha de cálculo y supuestos propios razonables. Los supuestos propios razonables deben ser construidos a partir de información del mercado colombiano y/o de otros mercados con características comparables. En todo caso, en estos supuestos deben asumirse cargos adicionales por incertidumbre.
En caso de que la entidad aseguradora haya variado la composición o perfil de la cartera a la fecha de cálculo frente a la experiencia histórica, en la metodología de cálculo debe incorporar un parámetro o variable que reconozca la incertidumbre asociada a cambios en la composición de la cartera.
Para cada uno de los siniestros modelados, la entidad aseguradora debe descontar la capacidad de los contratos de reaseguro.
La capacidad de los contratos de reaseguro debe ser ajustada por el riesgo de contraparte de los reaseguradores participantes. Para el cálculo del ajuste por riesgo de contraparte, la entidad aseguradora debe emplear una metodología que cumpla con las instrucciones de los subnumerales 2.2.7 y siguientes del presente capítulo.
Las entidades aseguradoras podrán descontar de la pérdida esperada de eventos no catastróficos, la capacidad de los contratos de reaseguro que se asocien al ramo de riesgos laborales. Cuando la entidad aseguradora haya amparado múltiples ramos de seguro, no podrá deducir el 100% de la capacidad de los contratos de reaseguro suscritos. Para determinar la proporción de la capacidad de los contratos de reaseguro que podrá descontar, la entidad debe estimar la pérdida esperada y probabilidad de afectación de los contratos de reaseguro por eventos correspondientes a los ramos distintos de riesgos laborales, conforme al subnumeral 1.6.4.2.1.4 del presente Capítulo.
Para poder descontar la capacidad de los contratos de reaseguro (CAPNP) la entidad aseguradora debe llevar a cabo modelaciones que permitan determinar la suficiencia del contrato de reaseguro, para lo cual debe adoptar una metodología actuarial que proyecte los siniestros que afectarán la cartera de la entidad aseguradora y los contratos de reaseguro de exceso de pérdida operativo por riesgo. La metodología empleada en la modelación debe evaluar distintos escenarios de afectación del contrato de reaseguro, de manera tal que se verifiquen las condiciones de dicho contrato. Por ejemplo, para el caso de los contratos operativos por riesgo se debe verificar la suficiencia del límite agregado anual.
La PEENC debe corresponder a la raíz cuadrada de la sumatoria de los montos a cargo de la entidad aseguradora correlacionados, determinados de acuerdo con el subnumeral 3.4.6.1.2.3.4. del presente capítulo.
Constitución de la reserva
Trimestralmente las entidades aseguradoras deben destinar el 4% de las primas retenidas durante dicho periodo para la constitución de la reserva de desviación de siniestralidad, de manera progresiva hasta alcanzar el techo o límite de acumulación. En todo caso, las entidades aseguradoras deben acreditar como mínimo un saldo de la reserva de desviación de siniestralidad equivalente al:
MRA: Corresponde a la Máxima responsabilidad probable a cargo de la entidad aseguradora, definida en el subnumeral 3.4.6.1.1.1 anterior.
MPRI: Corresponde a la Máxima Prioridad Pactada en el contrato de reaseguro catastrófico, definida en el subnumeral 3.4.6.1.1.2 anterior.
MPPE: Corresponde a la Máxima Pérdida Probable por los Eventos Catastróficos Excluidos en el contrato de reaseguro catastrófico, definida en el subnumeral 3.4.6.1.1.3 anterior.
Techo o límite de acumulación
El techo o límite superior de acumulación corresponderá al máximo entre: i) el monto calculado de acuerdo con el subnumeral 3.4.6.1 del presente capítulo y ii) la mitad de las primas emitidas durante los últimos 12 meses, descontando la capacidad de los contratos de reaseguro catastrófico.
Cuando la entidad aseguradora haya amparado múltiples ramos de seguro bajo un mismo contrato de reaseguro, no podrá deducir el 100% de la capacidad de los contratos de reaseguro catastrófico. Para determinar la proporción de la capacidad de los contratos de reaseguro que podrá descontar, la entidad aseguradora debe estimar la pérdida probable y probabilidad de afectación de los contratos de reaseguro por eventos correspondientes a los ramos distintos de riesgos laborales, conforme al subnumeral 1.6.4.2.1.4 del presente Capítulo. La capacidad de los contratos de reaseguro debe ser ajustada por el riesgo de contraparte de los reaseguradores participantes. Para el cálculo del ajuste por riesgo de contraparte, la entidad aseguradora debe emplear una metodología que cumpla con las instrucciones de los subnumerales 2.2.7 y siguientes del presente capítulo.
Liberación de la reserva
Las entidades aseguradoras podrán liberar la reserva de desviación de siniestralidad para el pago de siniestros que por su monto o naturaleza puedan justificadamente ser considerados de baja frecuencia y alta severidad conforme lo señalado en el artículo 2.31.4.5.1 del Decreto 2555 de 2010. Adicionalmente, las entidades aseguradoras que acrediten excesos podrán liberarlos, siempre y cuando presenten a consideración previa de la SFC las metodologías de cálculo del monto a liberar.
En caso de que la entidad aseguradora libere total o parcialmente esta reserva para el pago de siniestros debe restituir dichos recursos dentro de un plazo razonable, siempre que presente a consideración previa de la SFC un plan de restitución.
En caso de que la entidad aseguradora modifique la composición de la cartera por encontrarse adelantando un proceso de salida del mercado, debe presentar a consideración previa de la SFC un plan de liberación gradual de la reserva de desviación de siniestralidad, acorde con el comportamiento histórico de los siniestros.
Contabilización de la reserva de desviación de siniestralidad
La reserva técnica de desviación de siniestralidad se debe contabilizar de acuerdo con las siguientes instrucciones:
a. Cuando el valor máximo del primer término de la fórmula del subnumeral 3.4.6.1. del presente capítulo corresponda a la máxima responsabilidad a cargo de la entidad aseguradora (MRA), la entidad aseguradora debe contabilizar en el pasivo el monto correspondiente a la máxima pérdida probable por el evento i (MPCi) y en el activo debe reflejar la capacidad de los contratos de reaseguro por el evento i (CAPi) que determina la MRA.
b. La CAPi debe ser ajustada por el riesgo de contraparte de los reaseguradores participantes en los contratos de reaseguro.
c. Cuando el valor máximo del primer término de la fórmula del subnumeral 3.4.6.1. del presente capitulo corresponda a la Máxima Prioridad Pactada en el contrato de reaseguro catastrófico (MPRI) o a la Máxima Pérdida Probable por los Eventos Catastróficos Excluidos en el contrato de reaseguro catastrófico (MPPE), la entidad aseguradora debe contabilizar en el pasivo el 100% de dicho monto.
d. Para la contabilización del segundo factor (PEENC), la entidad aseguradora debe contabilizar en el pasivo el monto de la pérdida bruta esperada durante la vigencia del contrato de reaseguro por siniestros atípicos (PBEENC) y en el activo el monto correspondiente a la diferencia entre la PBEENC y la PEENC. La pérdida bruta esperada durante la vigencia del contrato de reaseguro por siniestros atípicos se determinará de acuerdo con la siguiente ecuación:
Donde,
: Corresponde a la máxima pérdida esperada modelada para un evento h que da lugar a un siniestro atípico, determinada de acuerdo con el subnumeral 3.4.6.1.2.3 del presente Capítulo.
h: Corresponde al h-ésimo evento que da lugar a un siniestro atípico esperado durante la vigencia del contrato de reaseguro, del conjunto de eventos (H) determinados en el subnumeral 1.6.4.2.1. y modelados de acuerdo con el subnumeral 3.4.6.1.2.3. del presente capítulo.
: Corresponde a la máxima pérdida esperada modelada para un evento k que da lugar a un siniestro atípico, determinada de acuerdo con el subnumeral 3.4.6.1.2.3 del presente Capítulo.
k: Corresponde al k-ésimo evento que da lugar a un siniestro atípico esperado durante la vigencia del contrato de reaseguro, del conjunto de eventos (H) determinados en el subnumeral 1.6.4.2.1. y modelados de acuerdo con el subnumeral 3.4.6.1.2.3. del presente capítulo.
Coeficiente de correlación entre el evento h y el evento k. Se define = 1, para todo h, k. Esto sin prejuicio de que las entidades aseguradoras puedan utilizar modelos de medición propios o de industria para el cálculo de las correlaciones entre los diferentes eventos, siempre y cuando se presenten a consideración previa de la SFC.
Obligación de documentación y conservación de información por parte de las entidades aseguradoras
La documentación e información que conozcan, recopilen, utilicen y generen las entidades aseguradoras en el proceso de cálculo de la reserva de desviación de siniestralidad, junto con sus modificaciones, debe ser conservada por un plazo mínimo de 5 años mediante cualquier medio que asegure su integridad y mantenerse a disposición de la SFC. Este deber aplica sin perjuicio de las demás disposiciones relacionadas con la documentación y conservación de la información.
Reglas aplicables al seguro de enfermedades de alto costo
Auditoría médica
Para efectos de atender las reclamaciones, la aseguradora debe contar con un sistema de auditoría médica interna o externa, contratada esta última con una sociedad especializada en la materia. En este último evento, la aseguradora debe constatar que la sociedad contratada cuente con una reconocida experiencia en el negocio y una adecuada infraestructura administrativa, técnica, operativa y financiera para el desarrollo de su actividad.
En el caso que se opte por una auditoría médica externa, en el contrato que celebre la aseguradora con la sociedad seleccionada se deben incorporar, en forma clara y precisa, cada una de las actividades que le corresponde ejecutar en los procesos establecidos por la aseguradora y los términos con que cuenta para cumplir su gestión.
Condiciones generales de la póliza
En consideración al marco normativo aplicable a cada régimen, para el ofrecimiento o comercialización de la cobertura de enfermedades de alto costo, se requiere el diseño individual de pólizas de seguro para el contributivo, el subsidiado, así como para aquellas personas catalogadas como vinculados.
Las condiciones generales de la póliza deben incorporar las siguientes estipulaciones:
Las tarifas que se aplican para efectos del pago de las indemnizaciones o la manera de determinarlas.
En caso de que se pacte una participación de utilidades, se debe incluir la fórmula para establecer su monto, la cual debe corresponder a la expresada en la nota técnica.
En el evento en que se reconozca una bonificación por buena experiencia, se deben indicar los términos en que ésta se otorga, los cuales deben corresponder a lo expresado en la nota técnica.
El procedimiento y términos dentro de los cuales el tomador (EPS) debe notificar a la aseguradora el ingreso y egreso de afiliados a la póliza.
Nota técnica
La nota técnica, además de sustentar la tasa pura de riesgo, debe expresar de manera específica, los porcentajes por concepto de gastos de administración, comisión de intermediación y utilidad esperada por la entidad aseguradora. Así mismo, en la nota técnica se deben incorporar los porcentajes por reconocimiento de bonificaciones y participación de utilidades.
Las modificaciones que con posterioridad a la aprobación del ramo se introduzcan a la nota técnica, se deben remitir a esta Superintendencia en forma previa a su utilización.
Generación y reporte de información al sistema general de seguridad social en salud
Las entidades aseguradoras que otorguen la cobertura de los riesgos derivados de la atención de enfermedades de alto costo deben estar en capacidad de generar y reportar, en forma oportuna, la información que requieran los organismos de dirección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud.
Reglas aplicables a los seguros de vida
Seguro de vida individual
Información de la reserva matemática del ramo de vida individual
Para efectos del cálculo de la reserva matemática del ramo de vida individual, las entidades aseguradoras de vida deben incorporar como mínimo la información que se señala en el Anexo 10 - Cálculo de la reserva matemática para los productos de seguros del ramo de vida individual - del presente Título. En caso de que la SFC requiera esta información, las entidades aseguradoras deben remitirla conforme a la estructura establecida en el mencionado anexo.
En el caso de aplicar supuestos en el cálculo de esta reserva técnica, las entidades aseguradoras deben documentar las razones para la aplicación de estos y mantener a disposición de la SFC la información empleada para el efecto.
Seguros de vida con ahorro
Los seguros de vida individual con ahorro, en los cuales el asegurado paga una prima de ahorro puro, no corresponden a los que se señalan en la definición del artículo 201 del EOSF. En este orden, la reserva matemática de los seguros de vida individual con ahorro debe constituirse por la reserva del seguro propiamente dicho más el valor acumulado del fondo conformado por las cuotas de ahorro y sus rendimientos, los cuales en su totalidad son retribuibles al asegurado, siendo susceptibles de descuento únicamente los gastos de administración cuyo monto como porcentaje del valor del fondo administrado y/o de los rendimientos del fondo debe quedar consignado en la nota técnica del seguro.
Seguro de vida grupo
Clases. Las pólizas de seguros de vida grupo se clasifican en:
Deudores: cuyo objeto es la protección contra los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente a los deudores de un mismo acreedor, adquiriendo éste, en todos los casos, la calidad de tomador.
Contributivas: cuando la totalidad o parte de la prima es sufragada por los integrantes del grupo asegurado.
No Contributivas: cuando la integridad de las primas es sufragada por el tomador del seguro.
Grupo Asegurable. Es el conformado por personas naturales, vinculadas bajo una misma personería jurídica, en virtud de una situación legal o reglamentaria, o que tienen con una tercera persona (tomador) relaciones estables de la misma naturaleza, cuyo vínculo no tiene relación con el propósito de contratar el seguro de vida. En todo caso, el tomador es responsable por el pago de las primas.
Selección. De manera previa a la integración del grupo se deben determinar las reglas tendientes a evitar la selección adversa al asegurador. Para tal efecto, éste puede exigir, según las características de cada grupo o de sus integrantes, las pruebas de asegurabilidad necesarias para su correcta selección.
Solicitudes. Para contratar un seguro de vida grupo se debe presentar a la entidad aseguradora una solicitud firmada por el tomador, acompañada de las solicitudes individuales de ingreso de los asegurados iniciales. Dichos documentos deben contener, como mínimo, la siguiente información:
Nombre del tomador.
Nombre, documento de identificación, ocupación, fecha de nacimiento y sexo del asegurado.
Valor del seguro solicitado.
Nombre de los beneficiarios del seguro, parentesco y calidad de su designación.
Condiciones de los certificados individuales. Los certificados individuales de seguro deben contener, como mínimo, la siguiente información:
Número de la póliza a la cual acceden.
Denominación del asegurador y nombre del tomador.
Nombre y documento de identificación del asegurado.
Vigencia del amparo individual, con indicación de la fecha y hora de iniciación.
Suma asegurada o forma de determinarla.
Nombre de los beneficiarios, parentesco, título al cual se hace la designación y porcentaje o cuantía de su participación.
Cláusulas de la póliza referentes a la convertibilidad, si la hubiere, irreductibilidad, causales de terminación del amparo individual y consecuencias resultantes de la inexactitud respecto de la edad en la declaración de asegurabilidad.
Amparos que se otorgan, con su respectiva definición, junto con la determinación del monto de la prima y la tasa aplicada.
Edades desconocidas: Cuando se ignore la edad de alguno de los integrantes del grupo, la prima básica de las edades desconocidas se debe calcular aplicando la tasa correspondiente a la edad que se defina en la tarifa. En el certificado de seguro o recibo correspondiente debe advertirse al asegurado que su prima se liquidó con la tasa correspondiente a dicha edad, por desconocerse la edad real del mismo.
Las tasas promedio no pueden calcularse aplicando esta disposición, por lo cual las edades que conformen la muestra deben conocerse en su integridad.
Garantía de la convertibilidad. Con excepción de las pólizas de deudores, a los seguros de vida grupo les es aplicable la cláusula de convertibilidad.
Para tal efecto, las aseguradoras deben garantizar dicho beneficio en la oportunidad en que se solicite la autorización para operar el ramo correspondiente o al momento de su renovación, mediante los siguientes mecanismos:
Contar con la aprobación de esta entidad para ofrecer pólizas de seguro de vida individual, distintas a los planes temporales o crecientes.
De manera subsidiaria acreditar un contrato con una entidad aseguradora que cumpla con el requisito anterior, mediante el cual esta aseguradora se comprometa a aceptar sin requisitos de asegurabilidad, y en las mismas condiciones vigentes al momento de retirarse del grupo, a aquellos asegurados provenientes de pólizas de vida grupo que accedan a la cláusula de convertibilidad.
Pólizas de deudores. Para efectos del presente numeral y con independencia del valor asegurado pactado, se entiende por saldo insoluto de la deuda, respecto del beneficiario oneroso, el capital no pagado, más los intereses corrientes calculados hasta la fecha del siniestro. En el evento de mora en las obligaciones se incluyen, además, los intereses moratorios y las primas del seguro de vida grupo deudores no cancelados por el deudor. Cuando el valor de la deuda a la cual se vincula el seguro se exprese en unidades de valor real UVR, la indemnización debe ser calculada con base en las aludidas unidades adeudadas en la fecha del envío de la citada comunicación, liquidada a la cotización del día en el cual se efectúe el pago.
En este tipo de pólizas, además del deudor o deudores, pueden asegurarse los codeudores por la misma suma asegurada y con los amparos con los cuales cuenten éstos. Pero el tomador sólo puede exigir el seguro para el deudor o deudores.
Cuando existan varios asegurados respecto de una misma deuda son aplicables las normas contenidas en los incisos precedentes, con ocasión de la realización del riesgo asegurado en relación con cualquiera de los mencionados asegurados.
El seguro termina para los asegurados sobrevivientes o no incapacitados total y permanentemente, en la fecha de fallecimiento o declaratoria total y permanente para el primero de los asegurados respecto del cual se realice el riesgo asegurado y se cancele la indemnización por el saldo insoluto de la deuda a cargo del asegurador.
Tabla colombiana de mortalidad de los asegurados
La referencia a las tablas de mortalidad de asegurados vigentes en Colombia se encuentra en el anexo 4 del presente Título.
Reglas especiales aplicables al ramo de pensiones con conmutación pensional
Este ramo hace referencia al seguro mediante el cual, por virtud de una conmutación pensional entre la sociedad a cargo de la pensión y la entidad aseguradora, ésta asume el riesgo asociado al pago de pensiones originadas en una relación laboral.
Tablas de riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia
De acuerdo con el artículo 45 del Decreto 656 de 1994, las entidades administradoras del SGP y las correspondientes entidades aseguradoras de vida deben utilizar para los desarrollos propios de sus productos y de los cálculos actuariales que se deriven de los mismos y que deban efectuar respecto de su operación técnica, tablas asociadas con los riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia, las cuales son fijadas por la SFC.
Para efectos del cálculo de las primas de seguros de rentas, de invalidez, de sobrevivencia y los productos de planes de pensiones, así como de las reservas correspondientes, se deben observar las tablas que se encuentran contenidas en los siguientes anexos del presente Título:
Anexo 5: Tabla de mortalidad de rentistas
Anexo 6: Tabla de invalidez de activos
Anexo 7: Tabla de mortalidad de inválidos
De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 del Decreto Ley 656 de 1994, la SFC puede modificar la metodología, presentación y, en general, cualquier aspecto inherente al desarrollo de las mencionadas tablas.
En todo caso, el cálculo de la reserva matemática de los ramos de Pensiones Ley 100, riesgos laborales y pensiones con conmutación pensional se debe realizar conforme al artículo 2.31.4.3.3 del Decreto 2555 de 2010, o las normas que lo modifiquen o adicionen.
Para los demás ramos en los cuales corresponda el cálculo de reserva matemática se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 2.31.4.3.2 del Decreto 2555 de 2010, o las normas que lo modifiquen o adicionen.
Reglas aplicables al ramo de cumplimiento
Control de la retención máxima por riesgo
Para efectos del cálculo de la retención neta de que trata el artículo 2.31.1.3.1 del Decreto 2555 de 2010, las entidades aseguradoras y reaseguradoras deben dar cumplimiento a las siguientes instrucciones.
Las entidades deben calcular el monto correspondiente al 10% del patrimonio técnico del trimestre inmediatamente anterior al mes en el cual se hace la respectiva valoración de la cartera vigente, expedición de una póliza, entrada en vigencia de una determinada cobertura, o modificación de pólizas vigentes, entre otros. Para efectos del cálculo de la retención neta, el valor del patrimonio técnico del trimestre corresponderá al monto del patrimonio técnico registrado al cierre del último mes disponible. A manera de ejemplo, para una operación realizada en el mes de agosto, se tomará como referencia el patrimonio técnico registrado para el último mes disponible del trimestre comprendido entre mayo, junio y julio.
Las entidades deben calcular la retención neta por cada afianzado de forma independiente. La retención neta se determina como el monto de pérdida a cargo de la entidad deducidos los montos a cargo de los reaseguradores y coaseguradores que amparan las exposiciones en las coberturas vigentes en un escenario en el cual se afectan todas las pólizas de un mismo afianzado tanto individualmente como cuando es partícipe de una figura plural, y el monto a indemnizar de cada póliza corresponda al 100% del valor asegurado vigente al momento del cálculo. La retención neta se calculará de la siguiente manera: i) al monto del valor asegurado vigente se descuenta la responsabilidad a cargo de coaseguradores y los reaseguradores en los contratos de reaseguro proporcionales; ii) del monto determinado anteriormente se deducen los montos a cargo de los reaseguradores en contratos de reaseguro no proporcionales en el escenario de pérdida descrito. Para efectos de computar los contratos de reaseguro no proporcionales, el valor máximo por siniestro sea este entendido como afianzado, grupo económico o póliza según las condiciones del respectivo contrato, que se puede deducir, es el correspondiente al 20% del patrimonio técnico del trimestre inmediatamente anterior. El valor del patrimonio técnico del trimestre corresponde al valor previsto en el presente subnumeral.
No obstante lo anterior, de manera previa e individual las entidades pueden presentar para no objeción de la SFC, un modelo cuantitativo que permita establecer niveles diferentes de transferencia de riesgo para los programas de reaseguro en exceso de pérdida operativa por riesgo. Dicho modelo debe estar soportado en una nota técnica que describa, entre otros, la identificación de los principios y elementos tenidos en cuenta para su elaboración, así como las hipótesis y demás información utilizada que pueda ser relevante para la sustentación de este. Cualquier ajuste o modificación del modelo debe ser sometido a consideración previa de la SFC. En todo caso, respecto de los contratos de reaseguro de exceso de pérdida operativa por riesgo, la entidad aseguradora debe mantener en todo momento un reinstalamento vigente que permita garantizar la continuidad de la cobertura.
Para los fines del presente subnumeral se consideran afianzados: (i) los tomadores que no son figuras plurales o no hacen parte de figuras plurales; y (ii) en el caso de pólizas cuyo tomador sea una figura plural, cada uno de los participantes de la misma. Se entenderá por figuras plurales los consorcios, uniones temporales y cualquier otro tipo de esquema contractual o legal que permita la colaboración de varias personas naturales o jurídicas con el fin de suscribir y ejecutar uno o varios contratos.
En todo caso, en la definición de afianzado deben incluirse los miembros del grupo económico al cual pertenece el afianzado para el cual se realiza el cálculo, dependiendo de las condiciones de interdependencia de los miembros del grupo y la materialidad de la exposición que representan las acumulaciones de riesgo, según el criterio profesional de la entidad aseguradora, determinado tomando en cuenta, entre otros, las pólizas suscritas con los miembros del grupo económico y las condiciones de los contratos de reaseguro.
Cuando se trate de pólizas cuyos tomadores sean figuras plurales en las cuales las obligaciones derivadas del contrato amparado se rijan por la figura de la responsabilidad solidaria, para el cálculo de la retención neta las entidades deben tomar por cada miembro de la figura el 100% del valor asegurado de la póliza vigente a la fecha de cálculo, y no el monto correspondiente a la participación de cada miembro en la figura plural.
Las entidades deben reportar mensualmente dentro del término establecido para el reporte de los estados financieros intermedios y de fin de ejercicio, la información relacionada con las garantías únicas de cumplimiento a favor de entidades estatales, cuyo valor asegurado supere el 10% del patrimonio técnico del trimestre inmediatamente anterior, en el reporte dispuesto para tal fin por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para tal efecto, deben diligenciar la proforma F3000- 85 Cesión de reaseguro - Garantía única de cumplimiento.
Las entidades deben implementar mecanismos, procedimientos y controles para garantizar el cumplimiento permanente del límite establecido en el artículo 2.31.1.3.1 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Las entidades deben mantener a disposición de la SFC los cálculos realizados e informar dentro de los 10 días hábiles siguientes, cuando el monto de la retención neta sea superior al 10% del patrimonio técnico en los términos del presente subnumeral. En este mismo plazo, la entidad deberá informar a la SFC las medidas que adoptará para subsanar el exceso en la retención neta, así como el cronograma para implementar dichas medidas.
Reglas especiales aplicables al ramo de seguro de rentas voluntarias
En este ramo se pueden ofrecer y comercializar aquellos productos que reúnan las siguientes características:
Que su estructura técnica actuarial corresponda a una renta contingente.
Que el amparo básico consista en el pago de una mesada o beneficio periódico.
Que el pago de cada mesada o beneficio periódico se efectúe, si se presenta la contingencia prevista en el contrato, respecto del o los asegurado(s), salvo para la operación de renta vitalicia inmobiliaria de que trata el Título 7 del Libro 31 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.
Que su explotación u ofrecimiento no sea factible en alguno de los ramos de seguros definidos en el subnumeral 1.1 de este Capítulo.
Únicamente para el caso de la operación de renta vitalicia inmobiliaria de que trata el Título 7 del Libro 31 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, el pago periódico se efectúa hasta que se presenta el fallecimiento del último de los beneficiarios definidos en el contrato a cambio de la transferencia de la nuda propiedad de un bien inmueble en los términos del Título 7 del Libro 31 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.
Al producto de que trata el presente subnumeral, le serán aplicables los siguientes requisitos:
Gestión del riesgo de liquidez. Las entidades aseguradoras que ofrezcan este producto deben garantizar que sus posiciones actuales y futuras sobre la liquidez son adecuadas para respaldar el pago periódico contractual de la renta vitalicia inmobiliaria, incluso en situaciones de tensión.
Las entidades aseguradoras deben diseñar e implementar unas políticas, procedimientos, metodologías y límites que les permitan identificar, medir, monitorear y controlar el riesgo de liquidez inherente al desarrollo de este producto, cuando sus reservas técnicas estén siendo respaldadas por bienes raíces no productivos. Estos elementos deben estar integrados con la gestión de riesgos de la entidad y ser acordes con el perfil y apetito de riesgo, el plan de negocio, la estrategia de riesgos, la naturaleza, el tamaño y la complejidad de las actividades que desarrolle la entidad con este producto.
Los elementos descritos anteriormente deben estar debidamente documentados, aprobados por la junta directiva de la entidad y estar a disposición de la SFC para su consulta.
Metodología de cálculo de la reserva matemática
Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.31.4.3.2 del Decreto 2555 de 2010, las entidades aseguradoras deben observar las instrucciones generales contenidas en el subnumeral 2.2.2 del presente Capítulo. Adicionalmente, bajo las condiciones que dispone el citado artículo, podrán utilizar las tablas de mortalidad que se encuentran contenidas en los siguientes anexos del presente Título:
Anexo 5: Tabla de mortalidad de rentistas.
Anexo 7: Tabla de mortalidad de inválidos.
Los criterios de admisibilidad y de valoración de los activos no productivos de que trata el numeral 3.10 del artículo 2.31.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010 corresponderán a los determinados en los subnumerales 2.2.6.1 (inciso final) y 2.2.6.3.7 del presente Capítulo.
Opción de retracto
Las entidades aseguradoras tienen el deber de ofrecer al tomador la posibilidad de pactar una opción de retracto para las modalidades de renta vitalicia inmobiliaria descritas en el artículo 2.31.7.1.2 del Decreto 2555 de 2010, de conformidad con el parágrafo 1 del mismo artículo.
Período de retracto
Con base en sus políticas de suscripción, las entidades aseguradoras deben definir el período de retracto aplicable, el cual no podrá ser inferior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de inicio de vigencia de la renta vitalicia inmobiliaria.
En todo caso, en el evento en que el tomador presente la solicitud de retracto faltando menos de treinta (30) días calendario para el vencimiento del período de retracto, la entidad aseguradora extenderá dicho período hasta la fecha en que se venza el plazo que tiene el tomador para ratificar la opción de retracto en los términos del siguiente subnumeral.
Ejercicio de la opción de retracto
Dentro del período de retracto establecido en los términos del subnumeral anterior, las entidades aseguradoras deben recibir cualquier manifestación de intención del ejercicio de retracto realizada por el tomador. Ante esto, estas entidades deben presentar al tomador una estimación del monto de los costos, gastos y comisiones causados a la fecha, así como la forma de calcular los gastos a la fecha efectiva de la transferencia de la nuda propiedad al tomador, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud por parte del tomador. La estimación de dichos costos se debe realizar conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2.31.7.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen.
La entidad aseguradora debe otorgar al tomador, como mínimo, un plazo de treinta (30) días calendario para que éste le notifique si continúa con el ejercicio de la opción de retracto. Dicho plazo empieza a contar desde la fecha de recepción del documento que contiene la estimación del monto de los costos, gastos y comisiones.
En el evento en que el tomador le notifique a la entidad aseguradora que se ratifica con el ejercicio de la opción de retracto, la entidad aseguradora debe actualizar la estimación aportada inicialmente con los gastos que se causaron dentro del término que transcurrió luego de presentada la estimación inicial, y deberá acordar junto con el tomador el plazo dentro del cual se va a realizar el pago total y la transferencia de la nuda propiedad de vuelta al tomador. En dicho acuerdo, las entidades aseguradoras pueden proponerle al tomador pactar la suspensión del pago de las rentas dentro del período comprendido desde la fecha del acuerdo hasta la fecha estimada del pago total por parte del tomador y la transferencia de la nuda propiedad.
Políticas de suscripción: las entidades aseguradoras deben definir en sus políticas de suscripción, entre otras, las clases de renta vitalicia inmobiliaria que pretenden comercializar y su mercado objetivo, para lo cual deberán realizar un análisis objetivo.
Deberes de las entidades aseguradoras en el ofrecimiento de la renta vitalicia inmobiliaria.
Las entidades aseguradoras deben diseñar e implementar políticas, procesos y procedimientos para asegurar el cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 2.31.7.2.1 del Decreto 2555 de 2010 para el ofrecimiento de la renta vitalicia inmobiliaria.
Para el efecto, las entidades deben elaborar, actualizar y poner en práctica un manual para el ofrecimiento de este producto, el cual será de obligatorio cumplimiento para todas las personas involucradas. Este manual debe ser aprobado por la junta directiva y su contenido mínimo debe cumplir con lo señalado en el presente subnumeral. Adicionalmente, este manual debe estar a disposición de la SFC para su consulta en cualquier momento.
Políticas y procedimientos generales
El manual para el ofrecimiento de la renta vitalicia inmobiliaria debe contener, como mínimo:
Las áreas, comités y/o funcionarios responsables del cumplimiento de los deberes de información, documentación, mejor resultado y asesoría, detallando sus funciones, deberes y responsabilidades en concordancia con los procesos y procedimientos establecidos en el manual.
Los mecanismos para el monitoreo, y criterios para la evaluación del cumplimiento de los deberes y las políticas y procedimientos en el manual, estableciendo su periodicidad.
Las políticas y procedimientos para la identificación, revelación y gestión de conflictos de interés que se puedan presentar en el ofrecimiento de la renta vitalicia inmobiliaria.
Las políticas que garanticen que los esquemas de remuneración o incentivos de los funcionarios que intervienen en el proceso de asesoría en el ofrecimiento del producto salvaguardan el mejor interés del cliente y el cumplimiento de los deberes de la entidad aseguradora.
Las políticas para garantizar que los funcionarios que participen en el ofrecimiento de la renta vitalicia inmobiliaria estén capacitados para el efecto, y conozcan y entiendan el manual para el ofrecimiento y las consecuencias del incumplimiento de éste.
Las políticas para definir los convenios a suscribir con los intermediarios de seguros, que se encuentren sujetos a supervisión permanente por parte de esta Superintendencia según lo establecido en el artículo 2.31.7.2.2. del Decreto 2555 de 2010, los cuales deben contener las reglas aplicables para el suministro oportuno de la asesoría al potencial cliente exclusivamente por parte de la entidad aseguradora.
Políticas y procedimientos específicos
Además de los contenidos señalados en el subnumeral anterior, el manual debe contener políticas y procedimientos específicos aplicables para asegurar el cumplimiento de los deberes señalados en el artículo 2.31.7.2.1 del Decreto 2555 de 2010, de acuerdo con lo reglado en el mencionado artículo y las siguientes instrucciones:
Deber de información. Las políticas y procedimientos aplicables para asegurar el cumplimiento del deber de información deben contener, como mínimo, lo siguiente:
Los medios, canales y/o herramientas para suministrar información a los clientes o potenciales clientes, los cuales deben garantizar que se cumpla con el deber de información y documentación de manera previa a la realización de una operación de renta vitalicia inmobiliaria, o a la modificación de las condiciones de esta.
Los criterios para evaluar la suficiencia, objetividad, oportunidad, completitud, imparcialidad, claridad y facilidad de comprensión de la información dirigida a los clientes y potenciales clientes. Adicionalmente, deben establecer los criterios para determinar las condiciones contractuales materiales del producto ofrecido.
Deber de documentación. Se deben incluir las políticas de gestión y actualización documental que garanticen la documentación de manera oportuna y adecuada de la información y asesoría entregada al cliente o potencial cliente de la operación.
Deber de mejor resultado de la operación. Se deben incluir los criterios y procedimientos específicos que le permitirán a los funcionarios participantes evaluar la información particular del cliente o potencial cliente y determinar el mejor resultado posible para el mismo.
Deber de asesoría. Las entidades aseguradoras deben establecer políticas y procedimientos para cumplir el deber de asesoría, las cuales deben contener, como mínimo, lo siguiente:
Los medios y procedimientos para brindar la asesoría al cliente o potencial cliente, los cuales deben contemplar el suministro de manera personalizada y a través de un medio verificable que permita la interacción directa y en tiempo real entre el funcionario de la entidad y el cliente o potencial cliente.
Los mecanismos que aseguren que la entidad cuenta con la información necesaria para la elaboración del perfil del cliente, incluyendo los medios y procedimientos para requerir dicha información al cliente o potencial cliente.
Los criterios para determinar el perfil del cliente y el perfil del producto, según lo establecido en los subnumerales 4.2 y 4.3 del artículo 2.31.7.2.1 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen.
Los criterios para evaluar la idoneidad del producto tomando en consideración las características individuales y personales establecidas en el perfil del cliente y el perfil del producto, con el fin de entregar al cliente o potencial cliente la recomendación profesional establecida en el subnumeral 4.1 del artículo 2.31.7.2.1 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen.
El documento entregado al cliente o potencial cliente como soporte de la recomendación profesional debe estar redactado en lenguaje claro y de fácil entendimiento, evitando el uso de lenguaje técnico o complejo, y debe contener, como mínimo, lo siguiente:
Explicación del perfil del cliente.
Perfil del producto ofrecido según corresponda en su respectiva nota técnica, el cual contenga de manera explícita la explicación de cómo la modalidad y los términos recomendados para la renta vitalicia inmobiliaria se adecuan al perfil del cliente.
La determinación de si la entidad aseguradora considera que el producto ofrecido es idóneo para el cliente o potencial cliente, con una síntesis de los argumentos que le sirven de fundamento.
Una descripción detallada de los costos, tarifas y comisiones asumidos por las entidades aseguradoras y el tomador al momento de suscribir el producto, junto con los efectos de incluir la opción de retracto en el valor del pago periódico y en los costos, tarifas y comisiones asumidos por las entidades aseguradoras.
Adicionalmente, las entidades aseguradoras deben incluir una estimación detallada del pago total que tendría que asumir el tomador en el evento en que decida ejercer la opción de retracto al finalizar el período de retracto.
En caso de que el producto incluya cubrimientos adicionales conforme al artículo 2.31.7.1.3 del Decreto 2555 de 2010, se debe informar el impacto de dichos cubrimientos sobre las rentas.
Descripción detallada de los derechos y deberes de los tomadores y/o beneficiarios, así como de las entidades aseguradoras por la celebración de la operación.
Autorización de nuevas modalidades de renta vitalicia inmobiliaria
De conformidad con lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 2.31.7.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y sin perjuicio de lo establecido en el subnumeral 1.1. del presente Capítulo, las entidades aseguradoras que pretendan ofrecer nuevas modalidades de renta vitalicia inmobiliaria diferentes a las previstas en el artículo 2.31.7.1.2 del Decreto 2555 de 2010 deben contar con autorización previa de la SFC.
Para tal efecto, en todos los casos se debe remitir un ejemplar de la póliza con las condiciones aplicables a la nueva modalidad, así como la respectiva nota técnica, las cuales deben cumplir con la normatividad aplicable en relación con los modelos de las pólizas, tarifas, notas técnicas y anexos. Adicionalmente, se debe adjuntar un documento prototipo en el cual conste la recomendación profesional en un caso hipotético con base a lo cual darían cumplimiento al subnumeral 3.10.5.6.2.4.5 del presente Capítulo.
De igual forma, cualquier modificación que se pretenda realizar a las condiciones establecidas en la nueva modalidad de renta vitalicia inmobiliaria, sus anexos y/o a la nota técnica, se debe someter a autorización previa de la SFC.
La SFC en el ejercicio de sus facultades legales puede suspender la autorización del ofrecimiento de las nuevas modalidades de renta vitalicia inmobiliaria, en el evento en que la entidad aseguradora decida no comercializar dicha modalidad durante un tiempo igual o superior a 6 meses.
Reglas aplicables al Seguro de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, en el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 y en el Decreto 0604 de 2013, el servicio social complementario de beneficios económicos periódicos - BEPS permite mediante la contratación de una anualidad vitalicia, conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo mensual legal vigente, a aquellas personas que se encuentren vinculadas a la administradora del mecanismo BEPS y no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. En virtud de lo anterior, las aseguradoras de vida que decidan ofrecer la anualidad vitalicia mediante el ramo de seguros BEPS, deben atender las siguientes instrucciones:
Nota técnica
De conformidad con las facultades otorgadas a esta Superintendencia en el artículo 24 A del Decreto 0604 de 2013, se adopta la nota técnica para el ramo de seguros BEPS en el anexo 9 del presente Capítulo, la cual describe y sustenta la metodología utilizada para el cálculo de las primas y reservas técnicas del ramo.
Autorización especial del ramo de seguro BEPS
Las entidades aseguradoras de vida que tengan aprobado el ramo de seguros de pensiones Ley 100, no están obligadas a acreditar el cumplimiento de las reglas para la autorización de los ramos de seguros en cuanto al estudio de mercado y a la incidencia técnica financiera y administrativa que ocasiona la apertura del ramo, salvo lo dispuesto en cuanto a las proyecciones de los resultados esperados para los 3 primeros años de operación del producto y su incidencia en los indicadores de capital mínimo, margen de solvencia, patrimonio requerido por ramos y patrimonio técnico.
Las demás entidades aseguradoras deben atender el régimen general de autorización.
Condiciones generales de la póliza
En desarrollo de la previsión contenida en el numeral 2 del artículo 184 del EOSF, y para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 0604 de 2013, a continuación se establecen los requisitos que deben reunir las pólizas del ramo de seguro BEPS:
Definiciones.
Para efectos del presente seguro se entiende por:
Tomador, asegurado y beneficiario. La persona vinculada al servicio social complementario BEPS que cumpla los requisitos señalados en el artículo 11 del Decreto 0604 de 2013 y opte por contratar una anualidad vitalicia en los términos del numeral 1 del artículo 12 del Decreto 0604 de 2013.
Amparo. En virtud del ramo BEPS la entidad aseguradora se obliga a pagar, bimestralmente y hasta la muerte del asegurado, el valor del beneficio económico periódico, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 0604 de 2013.
Exclusiones. La anualidad vitalicia no está sujeta a ninguna exclusión.
Reajuste de valores. El beneficio económico periódico que otorga la póliza debe reajustarse cada año de acuerdo con la variación porcentual del IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, tal como lo dispone el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 0604 de 2013.
Prima. La prima es única pagadera por una sola vez por la entidad administradora del mecanismo BEPS. La prima pura se debe sufragar con cargo a los recursos ahorrados, los rendimientos generados, el subsidio periódico otorgado por el Estado, y si es del caso, los recursos que se tengan en el SGP a título de indemnización sustitutiva o devolución de saldos, según el régimen al cual se encuentre afiliado. Los costos de administración deben ser sufragados con cargo al presupuesto general de la Nación
En el cálculo del beneficio no se incluyen los gastos derivados de la contratación del seguro, ni los costos asociados a la administración de la anualidad vitalicia.
La prima no puede incluir ningún monto destinado al pago de comisiones de intermediación de seguros en virtud de lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 12 ibídem.
Pago del beneficio económico periódico. El beneficio que se devengue en virtud de esta póliza se paga en forma bimestral, el día y lugar que establezca la entidad aseguradora, sin embargo, el tiempo transcurrido entre la fecha de emisión de la póliza y la fecha del primer pago no puede ser superior a 2 meses. En ningún caso, pueden devengarse intereses ni reajustes por atrasos en el cobro del beneficio que sean imputables al asegurado.
Fecha de vigencia. Este seguro tiene vigencia a partir de la fecha de emisión de la póliza, previo pago de la prima por parte de la administradora del mecanismo BEPS a la respectiva entidad aseguradora.
Irrevocabilidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el EOSF sobre cesión de activos, pasivos y contratos y demás normas relativas al funcionamiento de las instituciones financieras, ninguna de las partes puede poner término anticipado al contrato de seguro BEPS, el cual debe permanecer vigente hasta la muerte del asegurado.
Prohibición de beneficios adicionales. Los recursos ahorrados dentro del mecanismo BEPS, el valor de sus rendimientos, el subsidio periódico otorgado por el Estado, según el caso, y los aportes que eventualmente el beneficiario tenga en el SGP, tienen una destinación específica bajo los postulados del Decreto 0604 de 2013, por consiguiente, no es viable la destinación de dichos recursos al financiamiento de otros beneficios o cobertura.
Reglas aplicables a la póliza de seriedad de la candidatura
Las entidades aseguradoras que comercialicen pólizas de seriedad de la candidatura a las que se refiere el artículo 9 de la Ley 130 de 1994 deben:
Establecer los requisitos generales para el otorgamiento de estas pólizas, los cuales deben atender criterios de viabilidad y proporcionalidad para el tomador y ser de conocimiento de sus funcionarios. Así mismo, deben publicar en un lugar visible y de fácil acceso de su página web tal información.
Abstenerse de exigir como requisito para esta clase de pólizas la constitución de contragarantías de cualquier naturaleza por el riesgo asegurable.
Las entidades aseguradoras cuentan un plazo máximo de 10 días hábiles para pronunciarse de forma definitiva respecto de la solicitud de la póliza de seriedad de la candidatura y respecto de los términos asociados a la misma.
Disponer de un canal especial de atención al público a través del cual se tramiten y resuelvan las inquietudes y consultas relacionadas con el otorgamiento de estas pólizas. En adición a lo anterior, las entidades aseguradoras deben publicar, en un lugar visible y de fácil acceso en su página web y en su red de oficinas, la información clara y actualizada sobre este canal y la forma como operará el mismo.
Reglas aplicables al seguro de terremoto
Evento sísmico
Para la definición de evento sísmico establecida en el literal a) del artículo 2.31.5.1.1. del Decreto 2555 de 2010, el periodo específico de referencia es de mínimo 72 horas.
Plan Integral de Gestión de Terremoto
Las entidades aseguradoras que tengan autorización para comercializar el ramo de terremoto deben diseñar e implementar un Plan Integral de Gestión de Terremoto (PIGT). El PIGT y sus respectivas modificaciones deben ser aprobadas por la junta directiva de la entidad aseguradora y estar a disposición de la SFC para su revisión. Cuando se realicen dichas modificaciones, la entidad aseguradora debe notificar a la SFC. Las modificaciones al PIGT deben estar debidamente justificadas y documentadas.
Toda la información, documentación, parámetros y supuestos del modelo empleado en la ejecución del PIGT deben ser conservados por un plazo mínimo de 5 años mediante cualquier medio que asegure su integridad. Durante este mismo periodo las entidades aseguradoras deben mantener a disposición de la SFC los datos de entrada del modelo y los resultados de la modelación de la cartera indicando la versión del software del modelo utilizado, con el fin de que la SFC lleve a cabo actividades de supervisión. Adicionalmente, se deben conservar por este mismo plazo las distintas versiones documentales del PIGT y todos los documentos que evidencien la ejecución, cumplimiento y resultados de las actividades incluidas en el PIGT tales como: i) recolección y verificación de la calidad de la información, ii) ejecución de los procesos de modelación de la cartera, incluida la validación de las gestiones y procesos de los terceros asesores contratados para la modelación de la cartera, entre otras.
El PIGT debe ser actualizado por lo menos semestralmente, y contar con los siguientes elementos:
Caracterización de los riesgos
Las entidades aseguradoras deben recopilar la información relacionada con los seguros que cubren el riesgo de terremoto. La información mínima que deben recopilar es la indicada en el Formato 506 (Proforma F.3000-87) o la que defina la SFC.
Para bienes asegurados mediante pólizas del ramo de terremoto relacionadas con obras civiles, riesgos industriales, entre otros bienes diferentes de los susceptibles de reporte en el Formato 506 (Proforma F.3000-87) las entidades aseguradoras deben recopilar la siguiente información: i) valor asegurado; ii) valor asegurable; iii) ubicación (longitud y latitud); iv) deducibles; v) porcentaje de coaseguro; vi) la fecha de inicio y fin de vigencia de la póliza; vii) número de póliza, entre otros. En el caso de maquinaria que se encuentre en obra, la ubicación debe corresponder a la última conocida a la fecha de corte de la información. Esta información debe ser conservada por un plazo mínimo de 5 años mediante cualquier medio que asegure su integridad y debe permanecer a disposición de la SFC para su revisión.
La información que trata este subnumeral debe coincidir con la empleada y remitida a corredores de reaseguro y/o reaseguradores para la suscripción de contratos de reaseguro que cubran la pérdida máxima probable del ramo de terremoto.
Gestión de información
Para garantizar una adecuada gestión del riesgo en el ramo de terremoto, las entidades aseguradoras deben desarrollar procedimientos que garanticen la calidad de la información para un adecuado cálculo de la pérdida máxima probable de la cartera (PMP). La entidad aseguradora debe implementar procesos que permitan la evaluación continua de la calidad de la información que obtiene a través de red propia y/o de terceros, sean estos contratistas, intermediarios de seguros, a través de contratos de uso de red, aseguradores en pólizas suscritas a través de coaseguro y aseguradores en riesgos aceptados en reaseguro, entre otros.
En caso de que la entidad aseguradora no pueda completar la información relacionada en el inciso primero del subnumeral 3.13.2.1. de este Capítulo, debe incluir en el PIGT un informe de diagnóstico y un plan de recolección de información de los riesgos, el cual debe contener los siguientes elementos:
Caracterización de los riesgos con información incompleta
Cuando la entidad aseguradora carezca de la información relacionada en el Formato 506 (Proforma F.3000-87), ésta debe construir un informe que contenga como mínimo lo siguiente:
Información del número y valor asegurado de riesgos con información incompleta, la cual debe ser presentada como mínimo para las siguientes variables:
Georeferenciación (longitud y latitud)
Zona sísmica
Uso del riesgo (comercial, vivienda u otro)
Año de construcción
Tipo estructural
Número de pisos
Para cada una de las anteriores variables, la entidad aseguradora debe reportar el número de riesgos con información incompleta, la proporción que representa ese número de riesgos sobre el número total de riesgos de la cartera, el valor asegurado de los riesgos con información incompleta y la proporción que representa este valor asegurado sobre el valor asegurado de la cartera total.
En ningún caso será admisible no contar con la información mínima de los riesgos cubiertos por seguros asociados a créditos con garantía hipotecaria o leasing habitacional otorgados por entidades vigiladas por la SFC. En caso de que la entidad otorgante del crédito no sea una entidad vigilada, la entidad aseguradora debe adoptar procedimientos para la correcta recopilación de la información.
Información relacionada con el número de riesgos y exposición con información incompleta por zona sísmica
La entidad aseguradora debe discriminar el porcentaje del número de riesgos y de la exposición con información incompleta de acuerdo con las zonas sísmicas establecidas por la SFC en el Formato 506 (Proforma F.3000-87). Adicionalmente, dicha discriminación debe tener en cuenta como mínimo las siguientes variables:
Uso del riesgo (Comercial, vivienda u otro)
Año de construcción
Tipo estructural
Número de pisos
En el caso de los riesgos estatales (obligación de aseguramiento de los bienes de propiedad del estado), debe indicarse el número de riesgos para los que no se dispone de la información de zona sísmica y la exposición que representan dichos riesgos.
Causas de la carencia de información
La entidad aseguradora debe explicar para cada una de las variables del subnumeral 3.13.2.2.1.1. las razones por las cuales no cuenta con la información relacionada en el subnumeral 3.13.2.1. de este Capítulo. Dichas razones deben ser discriminadas de acuerdo al canal de comercialización mediante el cual fue suscrito el seguro de terremoto o la cobertura y para cada canal indicar el tipo de producto, sean estos:
i) Estatales (obligación de aseguramiento de los bienes de propiedad del estado);
ii) Bienes comunes;
iii) Ingeniería/obras civiles;
iv) Comercialización masiva de bajo valor (seguros a los que se refiere el subnumeral 4.2.2.2.1.4.4.15 del Capítulo IV, Título IV, Parte I, de la CBJ y que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 2.31.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010);
v) Comercialización masiva de alto valor (seguros que no cumplen con los requisitos del subnumeral 4.2.2.2.1.4.4.15 del Capítulo IV, Título IV, Parte I, de la CBJ y que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 2.31.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010);
vi) Hogar/residencial (no asociados a créditos con garantía hipotecaria o leasing habitacional y comercializados a través de corredores de seguros, agentes, agencias);
vii) Empresarial y,
viii) Seguros asociados a créditos con garantía hipotecaria otorgados por entidades no vigiladas.
Procedimientos y estado de avance de la información
Una vez caracterizados los riesgos asegurados que trata el subnumeral 3.13.2.1. de este Capítulo, la entidad aseguradora debe incorporar en el PIGT los procedimientos de recopilación de información de las características de los riesgos, así como el informe de estado y avance en la recolección de la información faltante. Los procedimientos deben tener como mínimo descripciones de las tareas a ejecutar, entregables y responsables, así como los criterios tenidos en cuenta al momento de definir las estrategias para recolectar la información. Dichos criterios deben priorizar la recolección de información de aquellos riesgos asegurados que contribuyan en una mayor proporción a la perdida máxima probable o que representen acumulaciones significativas por zona sísmica, obedeciendo al principio de materialidad.
Cuando la entidad aseguradora modifique los procedimientos, debe actualizar los manuales y el PIGT, los cuales deben estar a disposición de la SFC.
Modelación de la cartera
La entidad aseguradora puede contar con la asesoría de terceros para la modelación de la cartera, sean estos corredores de reaseguro, consultores o personal de las firmas modeladoras, entre otros. No obstante, lo anterior no exime a la entidad aseguradora de la responsabilidad de verificar la calidad de la información de la cartera, escoger el modelo no objetado con base en criterios propios e implementar procesos que le permitan validar las gestiones y procesos de estos terceros en la modelación de la cartera, así como los resultados respectivos. Adicionalmente, la entidad aseguradora es igualmente responsable cuando la asesoría en la modelación de la cartera sea provista por miembros de su matriz o una sociedad vinculada o afiliada.
La entidad aseguradora debe incluir dentro del PIGT las políticas y procedimientos definidos para la modelación de su cartera, incluyendo los siguientes puntos:
Los criterios utilizados para la escogencia del modelo no objetado, tales como características de la cartera asegurada, apetito de riesgo, estructura de coaseguro y reaseguro, entre otros.
Información sobre el modelo seleccionado de acuerdo con los modelos no objetados por la SFC. Se debe especificar la versión del software usado para la última modelación y la última versión disponible en el mercado, los parámetros o valores que se utilizaron por defecto ante la ausencia de la información de la que trata el subnumeral 3.13.2.1. y una verificación de que el modelo replique fielmente la estructura de deducibles, coaseguros y reaseguros de la entidad aseguradora.
En caso de que la entidad aseguradora cambie el modelo no objetado debe comunicarlo a la SFC dentro de los 10 días hábiles siguientes, mediante una comunicación que informe dicho cambio y sus implicaciones e impactos. Los cambios serán aplicables únicamente a partir del siguiente año fiscal.
Cuando la entidad cambie la versión del modelo empleado, debe notificarlo a la SFC dentro de los 10 días hábiles siguientes, mediante una comunicación que informe dicho cambio y sus implicaciones e impactos. La entidad aseguradora debe documentar en el PIGT (i) las razones por las cuales la entidad aseguradora llevó a cabo dicho cambio; (ii) las modificaciones que sufrió el modelo frente a la versión anterior que usaba la entidad aseguradora y (iii) el impacto que tiene la actualización en la modelación.
Las políticas, metodologías y supuestos utilizados para la modelación de la cartera cuando no cuente con la información de la que trata el subnumeral 3.13.2.1. de este Capítulo. Dichas metodologías y supuestos deben ser sustentados a partir del conocimiento del comportamiento de las edificaciones, de las prácticas constructivas en Colombia y reconocer la incertidumbre implícita de la ausencia de información. Las metodologías y supuestos de que trata este subnumeral deben estar debidamente documentadas y permanecer a disposición de la SFC para su revisión.
En caso de que la entidad aseguradora cambie los supuestos y metodologías debe comunicarlo a la SFC dentro de los 10 días hábiles siguientes, mediante una comunicación que informe dicho cambio y sus implicaciones e impactos. Los cambios serán aplicables únicamente a partir del siguiente año fiscal.
Los resultados de la modelación utilizando: i) las metodologías y supuestos de que trata el subnumeral 3.13.2.3.3. y ii) los parámetros o valores por defecto del modelo no objetado seleccionado.
La entidad aseguradora debe reportar como mínimo semestralmente a la SFC los resultados de la modelación anteriormente mencionados. Cuando las entidades aseguradoras cuenten con el 100% de la información de los riesgos asegurados deben reportar a la SFC mínimo semestralmente los resultados de la modelación de la cartera con el modelo no objetado.
Una vez obtenidos los resultados de que trata el subnumeral 3.13.2.3.4. para la determinación de las reservas técnicas del ramo, la entidad aseguradora debe utilizar la PMP que resulte mayor entre la determinada a partir de los supuestos propios de la entidad y los valores por defecto del modelo no objetado seleccionado.
El actuario responsable de la entidad aseguradora debe emitir concepto respecto de la escogencia de parámetros y supuestos idóneos acordes a las características físicas de los riesgos de la cartera asegurada conforme a lo establecido en el subnumeral 6.3.2.1. del presente capítulo. El PIGT debe incorporar los comentarios del actuario responsable con respecto a los supuestos y variables utilizados para la modelación de la cartera cuando no se cuente con información completa.
Los procedimientos implementados por la entidad aseguradora para validar los procesos y resultados de los terceros asesores para la modelación de la cartera. Adicionalmente, la entidad aseguradora debe incluir toda la información y documentación en la cual se evidencien los resultados que obtuvo de la implementación de dichos procesos.
Consideraciones adicionales
La entidad aseguradora debe documentar todas las estimaciones, procesos y usos adicionales para la gestión del riesgo de terremoto en los cuales se utiliza el modelo no objetado por la SFC escogido por la entidad aseguradora tales como, tarifación, suscripción, contratación de reaseguros, entre otros.
Función de la auditoría interna en el PIGT
La auditoría interna de la entidad aseguradora debe incluir dentro de su plan anual, las actividades para la revisión del estado de cumplimiento del PIGT. A partir de estas actividades y sus resultados, la auditoría interna debe emitir un informe que debe incluirse en el PIGT.
Reglas relativas a otras actividades desarrolladas por las entidades aseguradoras
Emisión de planes alternativos de pensiones
Requisitos
Los planes alternativos de pensiones que emitan las entidades aseguradoras deben elaborarse sobre bases que permitan al afiliado su traslado a otro plan de capitalización o pensiones autorizado y ajustarse a los siguientes requisitos:
Amparo: los planes alternativos de pensiones deben amparar a los afiliados y pensionados, por lo menos contra los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivientes y auxilio funerario. Para optar por uno de tales planes es necesario que el afiliado haya capitalizado en una administradora de fondos de pensiones una suma equivalente al capital mínimo que señale el reglamento de la Ley 100 de 1993.
Aportes: los aportes en un plan alternativo de pensiones no pueden ser inferiores a las cotizaciones obligatorias previstas en la Ley 100 de 1993, determinadas según la base de cotizaciones al SGP de que tratan los artículos 18 y 19 de la misma Ley.
Traslado de capital: la sociedad que administre el fondo de pensiones debe trasladar a la entidad aseguradora que ofrezca el plan alternativo de pensiones escogido, los aportes que registre la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado, dentro de los 2 días siguientes a la fecha en que éste le comunique su decisión de optar por dicho plan.
Condiciones generales
Los planes alternativos de pensiones que emitan las entidades aseguradoras deben precisar, además los siguientes aspectos:
Las condiciones para acceder a las prestaciones del plan, las cuales, en relación con las coberturas mínimas señaladas en el amparo, no pueden ser distintas a las exigidas en la Ley 100 de 1993 para el régimen de ahorro individual con solidaridad.
Los valores de las pensiones con indicación de los reajustes a que hubiere lugar.
Determinación del momento a partir del cual se devenga la pensión de acuerdo con la naturaleza del riesgo.
Las condiciones de pago de la pensión. En el evento de que se estipulen cuotas periódicas, deben precisarse las fechas en que se realizarán los pagos.
Administración de fondos voluntarios de pensión.
Las entidades aseguradoras que, de acuerdo con lo dispuesto en el Libro 42 a la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, estén autorizadas para administrar fondos voluntarios de pensión deben atender las instrucciones incorporadas en el Capítulo VI del Título III de la Parte II de la presente Circular.
Suscripción de contratos de encargo fiduciario de inversión por parte de las entidades aseguradoras
Las entidades aseguradoras pueden suscribir contratos de encargo fiduciario de inversión con las sociedades fiduciarias legalmente constituidas, para la ejecución de operaciones relacionadas con sus portafolios de inversión.
El contrato de encargo fiduciario de inversión debe contemplar dentro de sus cláusulas claramente la responsabilidad de la aseguradora en lo relacionado con la definición privativa de las políticas en materia de administración de los riesgos asociados a sus inversiones, así como aquellas tendientes al seguimiento, análisis y evaluación de la gestión del portafolio por la sociedad fiduciaria. Igualmente, si el contrato comprende dentro de su objeto la ejecución de operaciones relacionadas con los portafolios a través de los cuales se respaldan las reservas técnicas de la entidad aseguradora, es menester pactar expresamente que el régimen de inversión de estos sea el previsto en los artículos 2.31.3.1.2 y siguientes del Decreto 2555 de 2010 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
En el respectivo contrato debe especificarse que los procedimientos operacionales correspondientes al área de tesorería del “middle office”, deben estar siempre en cabeza de la aseguradora y por lo tanto, no es procedente contratar su manejo con terceros. Para estos efectos, se entiende por “middle office”, la definición contenida en la CBCF.
Cabe resaltar que el hecho de suscribir este tipo de contratos con sociedades fiduciarias no exime bajo ningún supuesto a la aseguradora del cumplimiento estricto de sus obligaciones legales o reglamentarias, como tampoco de las instrucciones contenidas en la presente Circular y en la CBCF, ni puede aducirse como una forma para trasladar las responsabilidades que le son inherentes en su calidad de entidades vigiladas a un tercero.
Reglas relacionadas con el rol de los actuarios de las entidades aseguradoras
Definiciones
Actuario: Para efectos de lo previsto en las normas aplicables a las entidades aseguradoras, se entiende como Actuario a aquella persona natural que cuenta con formación profesional y conocimientos estadísticos, matemáticos, financieros y de administración de riesgos, concernientes a los seguros.
Actuario Responsable: actuario que desempeñe las funciones establecidas en el subnumeral 6.2.1 de este Capítulo.
Actuario Responsable Externo: actuario Responsable que no tenga una relación laboral con la entidad aseguradora.
Cálculo Actuarial: cómputo, cuenta, estudio o investigación matemática, que debe ser ejecutado por un Actuario.
Actuario Responsable
De acuerdo con los artículos 2.31.4.1.2 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, las entidades aseguradoras deben designar a un “actuario de la compañía”, de conformidad con lo previsto en el presente subnumeral.
Funciones del Actuario Responsable
Las entidades aseguradoras deben contar con un Actuario que, sin perjuicio de las funciones asignadas por cada entidad, tiene la responsabilidad de:
Certificar la suficiencia de las reservas técnicas constituidas por la entidad aseguradora.
Emitir los soportes técnicos actuariales que certifiquen la suficiencia de las reservas reportadas por la entidad aseguradora.
Emitir pronunciamiento sobre la razonabilidad técnica de la metodología de cálculo de la reserva de riesgos en curso para aquellos riesgos en que la distribución del riesgo no es uniforme.
Emitir el sustento actuarial para excluir del cálculo de la reserva de insuficiencia de primas a aquellos siniestros de alta severidad y baja frecuencia.
Emitir los estudios actuariales que sustentan el cálculo de la reserva matemática.
Certificar el cálculo del pasivo por participación de utilidades en los ramos de seguros en que dicha participación sea procedente por disposición legal, reglamentaria o contractual.
Las demás funciones que la normatividad vigente asigne al Actuario Responsable.
Designación
La junta directiva de cada entidad aseguradora debe designar al Actuario Responsable, quien debe reunir, como mínimo, las siguientes características:
Tener experiencia comprobable de al menos 5 años en elaboración de notas técnicas, cálculo de reservas y fijación de tarifas, relacionadas con la industria aseguradora.
Tener un título de educación superior que comprenda el núcleo básico de conocimiento de economía, matemáticas, estadística, ingeniería y/o carreras afines, otorgado por una institución de educación superior nacional o internacional.
La junta directiva debe evaluar la exigencia de requisitos adicionales que le permitan constatar la idoneidad y la preparación académica para el desempeño de las funciones del Actuario Responsable, teniendo en cuenta el tamaño y complejidad de los seguros comercializados por la entidad aseguradora. En línea con las mejores prácticas internacionales, es recomendable que la persona designada pertenezca a una asociación profesional que sea miembro pleno de la Asociación Internacional de Actuarios.
La designación del Actuario Responsable se configurará con el acta de la junta directiva donde conste el nombramiento. Las entidades deben remitir a la SFC una comunicación suscrita por el representante legal de la entidad aseguradora, en la cual se notifique la designación del Actuario Responsable, dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha designación. Cualquier novedad relacionada con la función del Actuario Responsable debe ser reportada por la entidad dentro del mismo término.
Las entidades pueden designar a un Actuario Responsable suplente, siempre y cuando éste cumpla con los requerimientos establecidos en este capítulo. La designación del suplente debe reportarse en los mismos términos del párrafo anterior.
Responsabilidades de la entidad aseguradora
La entidad aseguradora debe:
Responder por los actos u omisiones del Actuario Responsable en el ejercicio de sus funciones, sin que pueda exonerarse de dicha responsabilidad.
Abstenerse de exonerar o limitar la responsabilidad del Actuario Responsable derivada del ejercicio de sus funciones.
Garantizar que el Actuario Responsable cuente con las facultades para exigir a las áreas responsables la información necesaria para el ejercicio de sus funciones y con el apoyo efectivo de los administradores de la entidad aseguradora para obtenerla.
Establecer mecanismos de reporte directo del Actuario Responsable a la junta directiva y al revisor fiscal de la entidad aseguradora.
Implementar políticas y procedimientos para que el Actuario Responsable conozca oportunamente la información y las decisiones que puedan impactar el cumplimiento de sus funciones.
Independencia
El Actuario Responsable debe ejercer sus funciones con independencia técnica frente a los administradores de la entidad aseguradora distintos a la junta directiva. En caso de presentarse diferencias de criterio entre los administradores de la entidad y el Actuario Responsable en relación con el cumplimiento de sus funciones, éstas deben quedar documentadas junto con las decisiones que se adopten e incluirlas en los reportes que presente a la junta directiva.
Para tal efecto, la junta directiva de la entidad aseguradora debe:
Garantizar que el Actuario Responsable tenga a su disposición los recursos tecnológicos, humanos y físicos suficientes e idóneos para desempeñar sus funciones con la debida independencia.
Dictar políticas o directrices que aseguren que las decisiones del Actuario Responsable sean objetivas y su opinión técnica se sujete a los principios técnicos de equidad y suficiencia establecidos en el numeral 1.2.2 de este Capítulo.
Garantizar que el Actuario Responsable no ejerza labores que puedan generar conflictos de interés con las funciones listadas en el numeral 6.2.1 de este Capítulo. En tal sentido, no puede ejercer funciones comerciales, de suscripción, de tarifación, de indemnizaciones, y en general, funciones relacionadas con la operación de los seguros comercializados por la entidad aseguradora.
Dictar políticas o directrices que aseguren que la remuneración del Actuario Responsable no esté atada al cumplimiento de metas que afecten la objetividad de sus conceptos y decisiones. Se presume que la remuneración en función del resultado técnico de una línea de negocio, ramo, producto de seguros, afecta la objetividad de Actuario Responsable para ejercer sus funciones.
Actuario Responsable Externo
La entidad aseguradora puede contratar a un Actuario Responsable Externo, al cual le son aplicables las instrucciones establecidas en los numerales 6.2.1 a 6.2.4 de este capítulo. Adicionalmente, la entidad aseguradora debe:
Velar por que el Actuario Responsable Externo revele y administre los potenciales conflictos de interés, incluyendo aquellos derivados de relaciones contractuales del Actuario Responsable con terceros.
Verificar que el Actuario Responsable Externo cuenta con la capacidad técnica y operativa suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones. Se considera que el Actuario Responsable Externo carece de capacidad operativa suficiente cuando opera como tal en más de 5 entidades aseguradoras.
Garantizar que el Actuario Responsable conteste oportunamente a los requerimientos de la SFC y asista a las convocatorias efectuadas por ésta.
Requisitos para la certificación de suficiencia de las reservas técnicas
De acuerdo con el Parágrafo del artículo 2.31.4.1.2 del Decreto 2555 de 2010, los estados financieros mensuales de las entidades aseguradoras deben estar acompañados de un soporte técnico en el que el Actuario Responsable certifique la suficiencia de las reservas reportadas.
Contenido de la certificación de la suficiencia de las reservas técnicas
La certificación de suficiencia de las reservas técnicas de la entidad aseguradora, emitida mediante documento físico o electrónico por parte del Actuario Responsable, debe contener su concepto sobre la suficiencia de las reservas técnicas para cada ramo de seguro que opere la entidad aseguradora. Dicha certificación debe permanecer a disposición de la SFC y remitirse a esta entidad sólo en cualquiera de los siguientes casos: (i) anualmente con los estados financieros con corte a 31 de diciembre; (ii) cuando en la evaluación de la suficiencia de reservas técnicas se incluyan hallazgos, observaciones, recomendaciones, o se presenten inconsistencias con las metodologías o cuantificaciones realizadas, y (iii) cuando la entidad aseguradora modifique alguna de las metodologías de cálculo de las reservas técnicas. En estos casos la certificación debe remitirse en el mismo término de remisión de los estados financieros del mes objeto de revisión y debe contener como mínimo los siguientes elementos:
Datos básicos
Nombre o razón social de la entidad aseguradora para la cual se emite la certificación
Tipo y código de la entidad aseguradora asignado por la SFC
Nombre y firma del Actuario Responsable
Tipo y número de identificación del Actuario Responsable
Número y Fecha del acta de nombramiento del Actuario Responsable por parte de la junta directiva
Fecha de corte objeto de certificación
Número de afiliación o membresía y nombre de la asociación de actuarios a la que pertenece el Actuario Responsable, cuando sea aplicable.
Evaluación de la suficiencia de las reservas técnicas
Declaración de suficiencia
El Actuario Responsable debe expresar, de manera clara y concisa, un juicio sobre si las reservas técnicas constituidas por la entidad aseguradora son suficientes para respaldar las obligaciones contraídas en los contratos de seguro y si cumplen las exigencias regulatorias vigentes. Para el efecto, la certificación del actuario debe incluir variables tales como horizontes de tiempo, niveles o intervalos de confianza, supuestos e hipótesis acordes con la naturaleza de los ramos sobre los cuales se emite la certificación. La declaración de suficiencia no debe contener afirmaciones ambiguas o que no den certeza sobre el juicio de suficiencia.
Para la emisión del concepto de que trata el párrafo anterior, el Actuario Responsable debe verificar que existe coherencia entre sus estimaciones del monto al que ascienden las reservas técnicas y la información reportada por la entidad aseguradora en los estados financieros. De igual forma deberá establecer, en el caso que aplique, la cuantía de las desviaciones que se hayan detectado en cada reserva técnica por ramo o tipo de reserva de acuerdo a los tipos establecidos en el art 2.31.4.1.2 del Decreto 2555 de 2010 frente a las estimaciones del Actuario Responsable.
En caso de que la entidad aseguradora tenga agregaciones de ramos para la estimación de la reserva de siniestros ocurridos no avisados, que cumplan lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.31.4.4.7 del Decreto 2555 de 2010, el concepto sobre la suficiencia de las reservas corresponderá al del grupo de ramos.
El Actuario Responsable debe firmar la declaración de suficiencia de reservas técnicas y con ello certifica que el documento fue elaborado y emitido de manera libre e independiente, de conformidad con el subnumeral 6.2.4 de este capítulo.
Soportes de las declaraciones de suficiencia
Junto con la certificación de la suficiencia de las reservas que corresponda a la información con corte a 31 de diciembre de cada año, el Actuario Responsable debe incorporar los análisis adicionales descritos en este subnumeral, respecto de las declaraciones de suficiencia del año calendario inmediatamente anterior. El Actuario Responsable debe remitir un documento que contenga la descripción de los procedimientos adelantados, las metodologías utilizadas y las conclusiones de su análisis.
Cuando la entidad aseguradora modifique alguna de las metodologías descritas, el Actuario Responsable debe presentar en la certificación correspondiente a dicho mes el análisis de la nueva metodología, detallando sus procedimientos, supuestos e impacto que estos cambios tienen, salvo que dicha modificación sea producto de una obligación regulatoria.
Análisis de la metodología de cálculo de las reservas técnicas
Para sustentar la declaración de suficiencia de las reservas técnicas, anualmente el Actuario Responsable debe llevar a cabo un análisis que permita determinar que las metodologías utilizadas para el cálculo de las reservas técnicas son técnicamente adecuadas y cumplen con la normatividad vigente. Según corresponda a cada una de las reservas técnicas, el análisis debe tener en cuenta la calidad de los datos utilizados, la pertinencia de los supuestos, pruebas de estrés, análisis de backtesting y los procedimientos que componen la metodología de cálculo definida por la entidad aseguradora.
Evaluación de la valoración de las contingencias a cargo de las reaseguradoras
Para sustentar la declaración de consistencia de las contingencias a cargo de las reaseguradoras, anualmente el Actuario Responsable debe llevar a cabo un análisis que permita determinar que la metodología de cuantificación del valor del activo por contingencias a cargo de la reaseguradora, para cada reserva técnica constituida, es técnicamente adecuada y cumple con la normatividad vigente.
Adicionalmente, anualmente deben efectuarse los análisis de las metodologías de determinación de transferencia de riesgo en los contratos de reaseguro no proporcional suscritos por ramo, según corresponda a la normatividad vigente. A partir de dichos análisis el Actuario Responsable debe manifestar de manera clara su juicio respecto de la pertinencia de dichas metodologías para cumplir con los requerimientos regulatorios.
Actividades adicionales
Calidad de la información
El Actuario Responsable debe verificar la consistencia e integridad de la información empleada, particularmente que los datos empleados son suficientes, confiables y precisos para el cálculo de las reservas técnicas y la valoración del activo por contingencias a cargo de las reaseguradoras.
Cuando el Actuario Responsable no cuente con toda la información para realizar la valoración de una reserva técnica y requiera para ello emplear supuestos o hacer estimaciones, debe tener soporte de los métodos y supuestos utilizados, incluyendo la información que los sustenta. Adicionalmente, debe indicar las razones por las cuales no cuenta con la información suficiente y que justifican la utilización de dichos supuestos y estimaciones.
Acciones correctivas frente a certificaciones anteriores
El Actuario Responsable debe hacer una descripción de las acciones correctivas tomadas frente a anomalías detectadas y reportadas en los dictámenes sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas correspondientes a certificaciones anteriores. En este reporte de las acciones correctivas, el Actuario Responsable debe incluir su concepto respecto de la efectividad de las acciones tomadas para subsanar las anomalías identificadas. En el caso en que las acciones correctivas requieran un plan de acción, este debe ser incorporado en el reporte.
Hallazgos relevantes
El Actuario Responsable debe hacer una breve descripción de los hallazgos relevantes que complementen las declaraciones emitidas, incluyendo los eventos que pueden dar lugar a cambios o anomalías en la implementación de metodologías y los eventos que hayan obstaculizado el ejercicio de las funciones del Actuario Responsable.
Información a cargo del Actuario Responsable
En adición a lo establecido para la certificación de suficiencia de las reservas técnicas, las entidades aseguradoras, por conducto del Actuario Responsable, deben tener a disposición de la SFC soportes detallados sobre la siguiente información:
Actividades de revisión y soportes técnicos de los análisis requeridos para la certificación de suficiencia: Las actividades que desarrolla el Actuario Responsable y su equipo de trabajo para cumplir las funciones relacionadas con la evaluación de la suficiencia de las reservas técnicas y de la consistencia del activo por contingencias a cargo de reaseguradoras.
En dichas constancias debe ser posible comprobar los objetivos, las actividades planeadas, el cronograma de ejecución de estas y la documentación sobre los procedimientos y supuestos empleados para llevar a cabo tales actividades.
Actividades de verificación de la consistencia e integridad de la información: los procedimientos utilizados para validar y verificar que la información proporcionada por la entidad aseguradora sea confiable, completa y consistente.
La información relativa al cumplimiento de las funciones del Actuario Responsable debe conservarse por un plazo mínimo de 5 años mediante cualquier medio que asegure su integridad.
Instrucciones relativas a la idoneidad de personas naturales que ejercen la intermediación y/o colocación de seguros
Ámbito de aplicación
De conformidad con el artículo 101 de la Ley 510 de 1999, las entidades aseguradoras deben velar por que las agencias de seguros y los agentes de seguros, cumplan con los requisitos de idoneidad para el ejercicio de sus funciones. Para tal efecto, las personas naturales que ejerzan la intermediación de seguros, ya sea en calidad de empleado, agente, o como persona vinculada a un agente o a una agencia de seguros, están sujetos a las disposiciones contenidas en el presente numeral.
Para los efectos del presente numeral, se entiende como Persona Natural Vinculada cualquier persona natural que reúna los siguientes criterios:
Que tenga cualquier tipo de relación contractual (comercial, laboral, o de cualquier otra naturaleza) con una entidad aseguradora, con una agencia de seguros o con un agente de seguros; y
Que ejerza la colocación de seguros, entendida como el conjunto de actividades de asesoría y acompañamiento en la adquisición de productos de seguros.
Las instrucciones impartidas en el numeral 7 de este capítulo no son aplicables a los intermediarios que comercialicen exclusivamente seguros del ramo de riesgos laborales, quienes deben atenerse a lo establecido en el Decreto 1637 de 2013 o las normas que lo modifiquen. No obstante lo anterior, cuando un intermediario de seguros de riesgos laborales comercialice cualquier otro ramo, debe cumplir con lo establecido en la presente norma.
Acreditación de idoneidad
Las entidades aseguradoras deben velar porque las Personas Naturales Vinculadas, cuenten con capacidad técnica y capacidad profesional, que acrediten su idoneidad conforme a lo establecido en este capítulo.
Capacidad técnica
Las entidades aseguradoras deben cerciorarse de que las Personas Naturales Vinculadas cuenten con los conocimientos mínimos necesarios para la intermediación en los ramos autorizados a éstas y que dichos conocimientos se actualicen de manera periódica.
En línea con lo anterior, las Personas Naturales Vinculadas deben demostrar ante la entidad aseguradora, que cuentan con capacidad técnica, a través de (i) la realización de un curso de formación y la aprobación de exámenes de conocimiento, que desarrollen y evalúen como mínimo el contenido previsto en el subnumeral 7.2.1.1 de este capítulo o (ii) la acreditación de experiencia.
Para efectos de la acreditación de experiencia, en línea con lo establecido en el artículo 2.30.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, aquellas personas que durante al menos dos (2) años hayan (i) desempeñado funciones de dirección o administración en entidades del sector asegurador; (ii) prestado asesorías durante el mismo término en el sector asegurador, relacionadas con la intermediación de seguros; o (iii) desempeñado funciones relacionadas con el objeto social de las entidades aseguradoras, pueden hacer valer dicha experiencia para efectos de la acreditación de su capacidad técnica. Dicha experiencia debe ser demostrada y documentada por la Persona Natural Vinculada y comprobada por la entidad aseguradora, según los criterios que para tal efecto ésta defina. No obstante lo anterior, estas personas estarán sujetas al deber de efectuar un curso de actualización, de acuerdo con lo establecido en el subnumeral 7.2.1.4 del presente Capítulo.
Características del curso de formación
El curso debe cubrir, como mínimo, los siguientes temas:
Aspectos básicos del contrato de seguros;
Régimen aplicable a los ramos de seguros;
Aspectos básicos de administración de riesgos;
Aspectos de SARLAFT, relacionados con la intermediación de seguros;
Aspectos relevantes de protección al consumidor financiero y atención al cliente.
Las Personas Naturales Vinculadas deben aprobar exámenes de conocimiento de los contenidos mencionados.
Organismos Autorizados
Para ser susceptibles de acreditar la capacidad técnica, el curso de formación y los exámenes de conocimiento a los que se refiere el subnumeral anterior, pueden realizarse en las siguientes entidades, consideradas Organismos Autorizados:
Instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Entidades aseguradoras o corredores de seguros que cuenten con un área de formación en esta materia, que implementen cursos de formación a intermediarios de seguros.
Asociaciones, federaciones, organismos de autorregulación y demás formas asociativas gremiales o sus organismos educativos adscritos, que implementen cursos de formación a intermediarios de seguros.
Las personas que se desempeñen como instructores del curso de formación deben al menos: (i) ser profesionales universitarios o técnicos; (ii) tener experiencia profesional específica mínima de 3 años en instituciones del sector de seguros o reaseguros y (iii) tener experiencia profesional o académica en las áreas relacionadas con los temas que comprende el curso dictado.
Homologación
La acreditación de capacidad técnica emitida por cualquiera de los Organismos Autorizados es válida para ejercer como intermediario de seguros de cualquier entidad aseguradora o intermediario de seguros siempre y cuando esté dentro de los términos establecidos en el subnumeral 7.2.1.4 del presente Capítulo. No obstante lo anterior, las entidades aseguradoras (i) deben capacitar a las Personas Naturales Vinculadas, respecto de los productos específicos ofrecidos por cada entidad aseguradora y (ii) pueden establecer requisitos adicionales para la autorización de intermediarios de seguros.
Vigencia y actualización de la capacidad técnica
Las entidades aseguradoras deben velar por que las Personas Naturales Vinculadas, actualicen sus conocimientos mediante la realización de un curso de actualización y exámenes de conocimiento, como mínimo cada 4 años, contados a partir de la fecha en que la Persona Natural Vinculada acreditó por última vez su capacidad técnica.
Para tal efecto, dichas entidades deben verificar que las Personas Naturales Vinculadas demuestren la realización de un curso de actualización impartido por alguno de los Organismos Autorizados, el cual debe incluir los temas definidos en los subnumerales 7.2.1.1.2 al 7.2.1.1.5 de este capítulo.
Las Personas Naturales Vinculadas que cuenten con la experiencia prevista en el artículo 2.30.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 previamente citado, también están obligadas a realizar el curso de actualización.
Capacidad profesional
Las entidades aseguradoras deben velar por que las Personas Naturales Vinculadas ejerzan la intermediación de seguros de acuerdo con las sanas prácticas comerciales, financieras y de seguros. Para tal efecto, deben fijar mecanismos para corroborar la capacidad profesional de manera previa a su vinculación o al momento de efectuar la actualización de su capacidad técnica, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.2.1.4 de este capítulo.
Responsabilidades de la junta directiva
Corresponde a la junta directiva de las entidades aseguradoras establecer las políticas y aprobar los procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad de las Personas Naturales Vinculadas y el cumplimiento del deber de información de estos, refiriéndose como mínimo a los siguientes aspectos:
Procedimientos establecidos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de acreditación de idoneidad y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que exijan las normas vigentes. Para tal efecto las políticas deben orientarse a asegurar (i) la actualización y renovación del contenido de los cursos y sus metodologías de evaluación, (ii) la pertinencia del contenido, (iii) la objetividad e imparcialidad y confidencialidad de los métodos de evaluación y (iv) el adecuado manejo de conflictos de interés relacionados con el diseño, implementación y evaluación de la capacidad técnica de las personas naturales que ejerzan la intermediación de seguros. Este subnumeral sólo aplicará para aquellas entidades aseguradoras que implementen cursos de formación y/o de actualización destinados a la acreditación de capacidad técnica.
Determinación del área responsable del proceso de acreditación y homologación de idoneidad de las Personas Naturales Vinculadas autorizadas por parte de la entidad aseguradora para adelantar actividades de intermediación de seguros. Dicha función debe estar centralizada en una única área responsable y no puede ser delegada a otros funcionarios o áreas.
Disposiciones especiales en el Código de ética y conducta de la entidad aplicables a las personas que ejerzan la intermediación y/o colocación de seguros que establezcan como mínimo:
El procedimiento y los criterios de evaluación de la capacidad profesional de las Personas Naturales Vinculadas.
Las conductas y prohibiciones a las cuales deben sujetarse las Personas Naturales Vinculadas.
El régimen de inhabilidades aplicable a las Personas Naturales Vinculadas.
Los mecanismos mediante los cuales la entidad velará por el cumplimiento de los subnumerales 7.3.3.1., 7.3.3.2. y 7.3.3.3. del presente Capítulo, así como del cumplimiento del deber de información previsto en el Capítulo I Título III Parte I de la CBJ.
El procedimiento sancionatorio frente a la inobservancia del Código de ética y conducta y las consecuencias de su incumplimiento, de conformidad con lo previsto en el subnumeral 3.1.1. del Capítulo IV del Título I de la Parte I de esta Circular. Este procedimiento debe garantizar que la entidad aseguradora cuenta con los mecanismos y facultades suficientes para dar por terminada la vinculación de la persona infractora y actualizar dicha información en su sitio web y el Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros unificado de información de que trata el Capítulo I, Título III, Parte I de la CBJ, respetando siempre el derecho al debido proceso.
Determinación de los controles que aseguren un efectivo seguimiento de las políticas establecidas en materia de idoneidad de las Personas Naturales Vinculadas, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, Título I, Parte I de la CBJ. Estas medidas deben incluir mecanismos para mantener actualizado el listado de Personas Naturales Vinculadas.
Los mecanismos y procedimientos adicionales que la entidad considere necesario implementar para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente numeral.
Documentación
Las entidades aseguradoras deben documentar el cumplimiento de las instrucciones que se adoptan en el numeral 7 de este capítulo y tenerlos a disposición de la SFC. En el evento en que los cursos y exámenes sean realizados por medios virtuales, deben existir medios verificables para corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.
Corredores de seguros
Condiciones de inscripción ante la SFC
De conformidad con el artículo 1347 y siguientes del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 101 de la Ley 510 de 1999 y el artículo 54 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), los corredores de seguros son sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) que para efectos del desarrollo de su objeto social deben cumplir con los requisitos de constitución establecidos en el artículo 53 del EOSF, numerales 2 a 8, y obtener la inscripción ante la SFC, presentando para el efecto la documentación señalada en la lista de chequeo que publique la SFC en su página web.
El capital mínimo fijado por la SFC para el año 2015 es de $361.000.000, el cual debe reajustarse anualmente en forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el IPC que suministre el DANE para el año calendario inmediatamente anterior, aproximando el monto así obtenido al millón de pesos inmediatamente superior.
Igualmente, una vez constituidas, las sociedades que se encuentren en funcionamiento deben acreditar de manera permanente un capital mínimo equivalente al monto que resulte mayor entre el 10% de los ingresos causados por remuneraciones de intermediación durante el año inmediatamente anterior y la suma calculada según el párrafo anterior. Para estos efectos, el monto de capital mínimo requerido resulta de la suma de capital suscrito y pagado, reservas, superávit por prima en colocación de acciones, utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y revalorización del patrimonio deduciendo las pérdidas de ejercicios anteriores y pérdidas del ejercicio.
Prohibición de financiación de primas
En ningún caso las sociedades corredoras de seguros pueden otorgar préstamos para la financiación de primas.
Concursos de méritos
Los corredores de seguros no pueden participar, a ningún título, directa ni indirectamente, en la elaboración de los términos de referencia de los concursos de méritos para seleccionar corredores de seguros, independientemente de que pretendan participar o no en los mismos. La SFC impondrá las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de este deber de abstención, así como por cualquier inobservancia que por este motivo suponga una violación a los artículos 24 y 30 de la Ley 80 de 1993.
Idoneidad de personas naturales vinculadas a corredores de seguros
Los corredores de seguros deben cerciorarse de que las personas naturales vinculadas a sus empresas, que ejerzan actividades de intermediación de seguros, cumplan con los requisitos de idoneidad para el ejercicio de sus funciones, atendiendo las instrucciones específicas detalladas en el presente subnumeral.
Para efectos del presente capítulo, se entiende como persona natural vinculada cualquier persona natural que reúna los siguientes criterios: (i) que tenga cualquier tipo de relación contractual (comercial, laboral, o de cualquier otra naturaleza) con un corredor de seguros; y (ii) que ejerza la colocación de seguros, entendida como el conjunto de actividades de asesoría y acompañamiento en la adquisición de productos de seguros.
Las instrucciones impartidas en el presente subnumeral no son aplicables a las personas que comercialicen exclusivamente seguros del ramo de riesgos laborales, quienes deben atenerse a lo establecido en el Decreto 1637 de 2013 o las normas que lo modifiquen. No obstante lo anterior, cuando una persona comercialice cualquier otro ramo debe cumplir con lo establecido en la presente norma.
Acreditación de idoneidad
Los corredores de seguros deben cerciorarse de que las personas naturales vinculadas cuenten con capacidad técnica y profesional, que acredite su idoneidad, conforme a lo establecido en este capítulo.
a. Capacidad técnica
Los corredores de seguros deben cerciorarse de que las personas naturales vinculadas, cuenten con los conocimientos mínimos necesarios para la intermediación en los ramos autorizados a éstas y que dichos conocimientos se actualicen de manera periódica.
En línea con lo anterior, las Personas Naturales Vinculadas deben demostrar ante el corredor de seguros, que cuentan con capacidad técnica, a través de (i) la realización de un curso de formación y la aprobación de exámenes de conocimiento, que desarrollen y evalúen como mínimo, conforme a lo instruido en el subnumeral 1.4.1.1.1 de este capítulo o (ii) la acreditación de experiencia.
Para efectos de la acreditación de experiencia, en línea con lo establecido en el artículo 2.30.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, aquellas personas que durante al menos dos (2) años hayan (i) desempeñado funciones de dirección o administración en entidades del sector asegurador; (ii) prestado asesorías durante el mismo término en el sector asegurador, relacionadas con la intermediación de seguros; o (iii) desempeñado funciones relacionadas con el objeto social de las entidades aseguradoras, pueden hacer valer dicha experiencia para efectos de la acreditación de su capacidad técnica. Dicha experiencia debe ser demostrada y documentada por la Persona Natural Vinculada y comprobada por el corredor de seguros, según los criterios que para tal efecto éste defina. No obstante lo anterior, estas personas estarán sujetas al deber de efectuar un curso de actualización, de acuerdo con lo establecido en el subnumeral iv. del presente subnumeral 1.4.1.
i. Características del Curso de Formación
El curso debe cubrir y evaluar, como mínimo, los temas relacionados en el subnumeral 7.2.1.1 del Capítulo II, Título IV, Parte II de la Circular Básica Jurídica (CBJ).
ii. Organismos Autorizados
El curso de formación y el examen de conocimiento al que se refiere este numeral puede realizarse en los Organismos Autorizados, conforme a lo establecido en el numeral 7.2.1.2 del Capítulo II, Título IV, Parte II de la CBJ.
iii. Homologación
La acreditación de capacidad técnica certificada por cualquiera de los Organismos Autorizados es válida para ejercer como intermediario de seguros de cualquier entidad aseguradora o intermediario de seguros siempre y cuando esté dentro de los términos establecidos en el subnumeral iv. del presente capítulo. No obstante, lo anterior, los corredores de seguros pueden establecer requisitos adicionales para la autorización de Personas Naturales Vinculadas.
iv. Vigencia y actualización de la capacidad técnica
Los corredores de seguros deben garantizar que las Personas Naturales Vinculadas, actualicen sus conocimientos mediante el estudio de un curso de actualización y exámenes de conocimiento, como mínimo cada 4 años, contados a partir de la fecha en que la Persona Natural Vinculada acreditó por última vez su capacidad técnica.
Para tal efecto, dichas entidades deben verificar que las Personas Naturales Vinculadas demuestren la realización de un curso de actualización impartido por alguno de los Organismos Autorizados, el cual debe incluir los temas definidos en los subnumerales 7.2.1.1.2 al 7.2.1.1.5 del Capítulo II, Título IV, Parte II de la CBJ.
Las Personas Naturales Vinculadas que cuenten con la experiencia prevista en el artículo 2.30.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 previamente citado, también están obligadas a realizar el curso de actualización.
b. Capacidad profesional
Los corredores de seguros deben velar por que las Personas Naturales Vinculadas ejerzan sus funciones de acuerdo con las sanas prácticas comerciales, financieras y de seguros. Para tal efecto, deben fijar mecanismos para corroborar la capacidad profesional de manera previa a su vinculación o al momento de efectuar la actualización de su capacidad técnica, de conformidad con lo establecido en el numeral iv. del presente subnumeral 1.4.1.
Responsabilidades de la junta directiva
Corresponde a la junta directiva de los corredores de seguros establecer las políticas y aprobar los procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad de las Personas Naturales Vinculadas a sus empresas, que ejerzan labores de intermediación de seguros y el cumplimiento del deber de información de los mismos, refiriéndose como mínimo a los siguientes aspectos:
a. Procedimientos establecidos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de acreditación de idoneidad y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que exijan las normas vigentes. Para tal efecto las políticas deben orientarse a (i) la actualización y renovación del contenido de los cursos y sus metodologías de evaluación, (ii) la pertinencia del contenido, (iii) la objetividad e imparcialidad y confidencialidad de los métodos de evaluación; y (iv) el adecuado manejo de conflictos de interés relacionados con el diseño, implementación y evaluación de la capacidad técnica de las personas naturales que ejerzan la intermediación de seguros. Este subnumeral sólo aplicará para aquellos corredores de seguros que implementen cursos de formación y/o de actualización destinados a la acreditación de capacidad técnica.
b. Determinación del área responsable del proceso de acreditación de idoneidad de las Personas Naturales Vinculadas, autorizadas por parte del corredor de seguros para adelantar labores de intermediación de seguros. Dicha función debe estar centralizada en una única área responsable y no puede ser delegada a otros funcionarios o áreas.
c. Código de ética y conducta aplicable a las personas naturales que ejerzan la intermediación de seguros, que contenga como mínimo:
i. El procedimiento y los criterios de evaluación de la capacidad profesional de las personas naturales que ejerzan labores de intermediación de seguros, vinculadas a los corredores de seguros.
ii. Las conductas y prohibiciones a las cuales deben sujetarse las Personas Naturales Vinculadas a los corredores de seguros.
iii. El régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a las Personas Naturales Vinculadas.
iv. Los mecanismos mediante los cuales la entidad velará por el cumplimiento del deber de información desarrollado en el Capítulo I, Título III, Parte I de la CBJ.
v. Políticas y procedimientos aplicables al incumplimiento del código de ética y conducta que impliquen la adopción de sanciones contractuales por parte del corredor de seguros respecto de las Personas Naturales Vinculadas. Estas políticas y procedimientos deben garantizar que el corredor de seguros cuenta con los mecanismos y facultades suficientes respecto de las Personas Naturales Vinculadas para dar por terminada la vinculación de la persona infractora y actualizar dicha información en su sitio web y el Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros de que trata el Capítulo I, Título III, Parte I de la CBJ, respetando siempre el derecho al debido proceso.
d. Determinación de los mecanismos de control interno que aseguren un efectivo seguimiento de las políticas establecidas en materia de idoneidad de las personas naturales que ejerzan la intermediación de seguros, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, Título I, Parte I de la CBJ.
e. Los mecanismos y procedimientos adicionales que el corredor considere necesario implementar para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente numeral.
Documentación
Los corredores de seguros deben documentar el cumplimiento de las instrucciones que se adoptan en el numeral 1.4 de este capítulo y tenerlos a disposición de la SFC. En el evento en que los cursos y exámenes sean realizados por medios virtuales, deben existir medios verificables para corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.
Corredores de reaseguros
Inscripción
La solicitud para inscribir una sociedad corredora de reaseguros debe presentarse ante la SFC por los interesados en la forma establecida y acompañada de la documentación señalada en la lista de chequeo que publique la SFC en su página web.
Información adicional que estime procedente la SFC
Dentro del plazo establecido por la SFC en la resolución de autorización debe elevarse a escritura pública el proyecto de estatutos sociales e inscribirse de conformidad con la ley. La entidad adquiere existencia legal a partir del otorgamiento de la escritura pública correspondiente, aunque sólo puede desarrollar las actividades propias de su objeto social una vez obtenga el certificado de inscripción.
La SFC debe expedir el certificado de inscripción dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se acredite la constitución regular de la sociedad, el pago del capital, el otorgamiento de las garantías conforme a lo establecido por el artículo 2.30.1.4.4 del Decreto 2555 de 2010 y la existencia de la infraestructura técnica y operativa para funcionar regularmente, de acuerdo con lo señalado en el estudio de factibilidad.
Prohibición de notas de cobertura
Los corredores de reaseguros, en ningún momento, pueden expedir o suscribir notas de cobertura de aceptación de riesgos a nombre del reasegurador.
Disposiciones comunes
Anticipos de comisiones
Solo se pueden hacer anticipos a las sociedades corredoras por cuenta de comisiones, en cuantías que no excedan del 15% de las comisiones cobradas en el semestre inmediatamente anterior, para la compañía que haga el anticipo.
Los anticipos a cuenta de comisiones deben ser cancelados en un plazo no mayor a 1 año y las sociedades corredoras que no cancelen totalmente los anticipos a su vencimiento, no pueden recibir otros hasta después de haber transcurrido, por lo menos 1 año, desde la fecha en que se haya hecho el pago.
Requisitos
Además de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 363 de 1997 y en las demás normas aplicables, para que un fondo ganadero acceda a la vigilancia de la SFC debe acreditar el capital de las sociedades de servicios financieros, contemplado en el artículo 82 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).
Régimen legal – redescuento
De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, corresponde a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER efectuar, a través del sistema de redescuento o de los que contemple la normatividad aplicable, todas las operaciones de crédito y fondeo por intermedio de los establecimientos de crédito y demás entidades autorizadas, o de las entidades descentralizadas de los entes territoriales cuyo objeto sea la financiación de las actividades de que trata el numeral 2 del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) o las normas que lo modifiquen.
Las entidades descentralizadas adquieren la calidad de intermediarias en las operaciones de redescuento una vez obtienen la autorización específica de FINDETER para el efecto, según lo establece el numeral 2 antes mencionado.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que las entidades descentralizadas de los entes territoriales deben someterse al control y vigilancia permanentes de esta Superintendencia para intermediar en las operaciones mencionadas, en este Capítulo se establece el régimen especial de control y vigilancia que garantiza un adecuado manejo de los riesgos asumidos por tales entidades.
Campo de aplicación
Las presentes instrucciones se aplican con exclusividad a las entidades descentralizadas de los entes territoriales autorizadas específicamente por FINDETER para participar como intermediarias en las operaciones de redescuento, contempladas en el numeral 2, artículo 270 del EOSF o las normas que lo modifiquen.
Para los propósitos de las reglas que a continuación se establecen pueden denominarse simplemente entidades de desarrollo regional.
Naturaleza y objeto
Son organismos públicos de los entes territoriales cuyo objeto es la promoción del desarrollo económico, social y cultural de la comunidad y de las regiones, principalmente mediante la financiación y la prestación de servicios técnicos relacionados con las actividades previstas en el numeral 2, artículo 268 del EOSF o las normas que lo modifiquen.
Certificado de autorización
Las entidades de desarrollo regional sólo pueden ejercer la actividad de intermediación en las operaciones de redescuento antes mencionadas si cumplen los requisitos establecidos en la presente instrucción y obtienen el certificado de autorización expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
La SFC debe expedir el certificado de autorización cuando establezca que la respectiva entidad de desarrollo regional cumple con las previsiones de las presentes instrucciones.
Los certificados de autorización se otorgan por una vigencia no mayor de 5 años y pueden renovarse antes de su expiración hasta un período igual, previa solicitud del interesado.
Para obtener el respectivo certificado de autorización, las entidades de desarrollo regional deben presentar una solicitud acompañada de los documentos que acrediten lo siguiente:
Información legal: estatutos con sus respectivas reformas u otros soportes que permitan evidenciar:
Naturaleza de los fondos
Las entidades de desarrollo regional pueden recibir y mantener fondos en depósitos sólo por cuenta de los entes territoriales respectivos, sus entidades descentralizadas, las organizaciones cooperativas creadas entre sí por los entes territoriales, las entidades descentralizadas, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y las entidades a que se refiere el Decreto 1333 de 1986 o las normas que lo modifiquen, entre quienes debe quedar igualmente circunscrito el otorgamiento de préstamos.
Destinación de los recursos
Las entidades de desarrollo regional están obligadas a prestar a los usuarios de créditos redescontables ante FINDETER servicios técnicos de asesorías y apoyo, directamente o mediante los sistemas y mecanismos que determinen en los reglamentos de crédito, pero en ningún caso pueden comprometer para estos fines los recursos que reciban y mantengan en depósito. Bajo estos mismos parámetros, dichas entidades están en la obligación de supervisar el destino de los préstamos que otorguen, y la norma y ejecución de los proyectos o programas a los cuales sirvan los recursos crediticios.
Orbita de las actividades
Las entidades de desarrollo regional del orden departamental sólo están habilitadas para realizar sus actividades en relación con el ente territorial al cual pertenezcan, sus áreas metropolitanas, los municipios que lo integran, las entidades descentralizadas de los respectivos entes territoriales, las organizaciones cooperativas creadas entre sí por tales entes y sus entidades descentralizadas, y las asociaciones de municipios, siempre que al menos uno de los municipios asociados forme parte del departamento correspondiente. En el caso de las operaciones autorizadas expresamente con las entidades a que se refiere el artículo 375 del Decreto 1333 de 1986 o las normas que lo modifiquen, éstas deben tener sede en uno de los municipios del departamento respectivo.
Tratándose de entidades de desarrollo regional del orden distrital o municipal, únicamente pueden adelantar sus actividades en relación con el distrito o municipio al cual pertenezcan, sus entidades descentralizadas, así como las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios de las cuales forme parte el ente territorial al cual pertenece la entidad de desarrollo.
Facultad para celebrar encargos fiduciarios
Las entidades de desarrollo regional pueden celebrar contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con sujeción a las restricciones y limitaciones impuestas por las normas, actuando exclusivamente como fideicomitentes.
Inversiones
Las entidades de desarrollo regional pueden adquirir o poseer acciones, cuotas, partes de interés o aportes sociales de carácter cooperativo en cualquier clase de sociedad o asociación y, en general, realizar inversiones de capital siempre y cuando el costo de tales inversiones no exceda del 100% de su patrimonio y su realización se encuentre autorizada por las normas especiales que regulen su actividad.
Información financiera
Balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes a los últimos 4 años.
Administradores
Hojas de vida de los miembros de las juntas o consejos directivos, así como de los gerentes, directores, presidentes o, en general, de quiénes tengan la representación legal.
Capital mínimo
Las entidades de desarrollo regional deben acreditar un capital suscrito y pagado equivalente al capital previsto en el artículo 1 del Decreto 755 de 2000. Dicha suma debe ajustarse anualmente en forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el IPC que suministre el DANE, tomando para el efecto las variaciones que se produzcan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.
Información operacional
Relación de las operaciones activas de crédito celebradas, indicando su cuantía, plazo, tasa de interés, destino y estado actual, así como de las operaciones pasivas, con la mención de los anteriores datos que resulten pertinentes.
Información sobre bienes
Relación de todos los bienes muebles e inmuebles que posea la entidad y, cuando corresponda, el uso al cual se destinan. Tratándose de inversiones de capital debe expresarse su valor en libros y de mercado, el porcentaje de participación y la fecha de adquisición.
Especialización
Se entiende que una entidad de desarrollo regional cumple con su objeto cuando las operaciones de redescuento ante FINDETER y las realizadas en forma directa para las actividades enunciadas en el numeral 2 del artículo 268 del EOSF o las normas que lo modifiquen, encaminadas a la promoción del desarrollo económico social y cultural de la comunidad, representan como mínimo el 70% del total de sus activos.
Programa
La entidad de desarrollo regional que al momento de hacer la solicitud de que trata el subnumeral 1.3 del presente Capítulo no cumpla con el porcentaje mencionado en el subnumeral anterior debe presentar, junto con los documentos a que se ha hecho referencia, un programa que contemple como término máximo un año, contado a partir de la correspondiente autorización, para la adecuación gradual al porcentaje mínimo requerido, el cual debe ser evaluado y aprobado por la SFC.
Suspensión de la autorización impartida por la SFC
En el evento en que, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, el porcentaje mencionado se haya reducido por debajo del mínimo permitido, la autorización impartida por esta Superintendencia queda suspendida y sólo puede ser rehabilitada cuando la entidad suspendida demuestre que se ha ajustado al mencionado límite.
Operaciones de liquidez
Sin perjuicio de lo previsto en otras normas, solamente para atender requerimientos transitorios de liquidez, las entidades de desarrollo regional pueden concederse entre sí, o recibir de los establecimientos vigilados por la SFC, préstamos a corto plazo sin exceder del 5% del total de sus activos.
Encaje e inversiones
Las entidades de desarrollo regional no están sometidas a régimen de encaje ni a inversiones forzosas, de conformidad con el artículo 271 del EOSF o las normas que lo modifiquen.
Adquisición y posesión de bienes muebles e inmuebles
Las entidades de desarrollo regional no están facultadas para adquirir o poseer bienes muebles e inmuebles diferentes de aquellos requeridos para el desarrollo normal de sus actividades. No obstante, pueden recibir bienes en dación en pago, los cuales deben ser enajenados dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su adquisición, a menos que dicho término sea prorrogado por la SFC de acuerdo con las previsiones vigentes al respecto para las instituciones financieras.
Ajustes de inversión
Las entidades de desarrollo regional que en la actualidad posean o tengan inversiones por un monto que exceda el determinado en el subnumeral 1.3.1.5 del presente Capítulo deben proceder a su enajenación en un plazo no superior a 2 años, contados a partir de a fecha de expedición del respectivo certificado de autorización.
Transcurrido dicho lapso sin que se haya logrado la enajenación o el término adicional que por motivos fundados se conceda para ello, el incremento en el volumen total de activos no puede estar representado en préstamos redescontados ante FINDETER. De esta situación se debe dar aviso a FINDETER para los efectos correspondientes.
Vigilancia
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 270 del EOSF, en concordancia con el literal a. del numeral 2 del artículo 325 de la misma normatividad o las normas que los modifiquen, las entidades de desarrollo regional autorizadas por FINDETER para intermediar en las operaciones de redescuento están sometidas al control y vigilancia permanentes de esta Superintendencia.
Reforma de estatutos
Para los efectos del certificado de autorización, deben reformarse los estatutos de las entidades de desarrollo regional, a fin de que se ajusten a la presente instrucción.
Régimen especial para los institutos de fomento y desarrollo de las entidades territoriales – INFIS- que manejen excedentes de liquidez
De conformidad con lo previsto en el Decreto 1068 de 2015 o las normas que lo modifiquen, los INFIS que pretendan administrar excedentes de liquidez deben contar con la calificación de bajo riesgo crediticio y la autorización de la SFC para hacer parte del régimen especial de control y vigilancia. Para efectos de obtener la autorización deben cumplir con las siguientes instrucciones:
Autorización
Los INFIS deben remitir a la SFC una solicitud firmada por el representante legal de la entidad interesada con el fin de iniciar el trámite de autorización para hacer parte del régimen especial de control y vigilancia, la cual debe estar acompañada de los siguientes documentos:
Estatutos sociales, acto de creación de la entidad interesada, y acto administrativo de designación del representante legal.
Acta del consejo directivo u órgano equivalente de la entidad interesada, en la cual se indique la decisión de iniciar el trámite de autorización ante la SFC.
Información que permita constatar que la entidad cuenta con la estructura administrativa, tecnológica, operativa y de recurso humano suficiente para prestar los servicios derivados de las actividades objeto de supervisión bajo condiciones de seguridad, calidad y eficacia. Para el efecto, se deben adjuntar los siguientes documentos:
Esquema de la estructura organizacional de la entidad interesada, incorporando las áreas de gestión de riesgos de las actividades supervisadas y los comités de apoyo, en caso de que existan.
Esquema de la estructura operativa, relativa a los mecanismos que tenga establecidos para la prestación de sus servicios relacionados con las actividades supervisadas, el cual debe contemplar como mínimo, la información relacionada con:
El recurso humano asignado para el desarrollo de las actividades supervisadas, el cual debe incluir funciones y perfiles requeridos para los cargos principales.
Descripción de la plataforma tecnológica sobre la cual operan las actividades supervisadas, considerando elementos tales como:
Equipos centrales.
Sistemas operativos.
Sistema de administración de bases de datos.
Red de comunicaciones.
Canales mediante los cuales se prestan los servicios, indicando si son propios o se tiene contrato con un tercero.
Centro de cómputo principal y de contingencia, indicando los controles de seguridad física y de ambiente.
Controles de seguridad lógica a nivel de sistema operativo y base de datos.
Descripción de las aplicaciones que soportan las actividades supervisadas, indicando el esquema de seguridad de los aplicativos.
Plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto documental como electrónica.
Estado de la implementación de las disposiciones del Capítulo IV del Título I de la Parte I de esta Circular relacionadas con el control interno para la gestión de la tecnología.
Actividades contratadas con terceros, indicando el objeto de la respectiva contratación, los requisitos a exigir a la firma a contratar, el detalle de las funciones que se contraten externamente, los controles y áreas encargadas del seguimiento a dichos contratos.
Manual de buen gobierno y ética, atendiendo a lo previsto en el subnumeral 2.2.1 del presente Capítulo.
Mapa de riesgos y controles identificados para las actividades objeto de supervisión.
Plan de contingencia y continuidad del negocio, atendiendo a lo previsto en el numeral 2.9 del presente Capítulo.
Manual de las actividades objeto de supervisión que pretenda desarrollar, en el cual se detalle la forma de operación de la entidad para adelantar la respectiva actividad, de acuerdo con lo previsto en el presente Capítulo. Así mismo, se deben detallar los roles y responsabilidades del (de las) área(s) encargada(s) de las actividades supervisadas, así como el manual de funciones de las personas responsables de las mismas.
En el evento que, después de obtenida la autorización a la que se refiere el presente numeral, un instituto pretenda desarrollar una actividad objeto de supervisión que no hubiera sido incluida en el manual antes mencionado, debe remitir dicho manual con 15 días hábiles de antelación a la entrada en operación de la respectiva actividad.
Últimos estados financieros de la entidad interesada.
Listado de las inversiones de capital que la entidad interesada posea en sociedades tanto del sector real como financiero, detallando el monto y porcentaje de su participación.
La SFC debe resolver sobre la solicitud dentro de los 4 meses siguientes a la fecha en que se haya suministrado la información a la que se ha hecho referencia. No obstante lo anterior, el término mencionado se suspende en los casos en que la Superintendencia solicite información complementaria o aclaraciones que permitan analizar suficientemente la solicitud de autorización. La suspensión opera hasta la fecha en que se reciba la respuesta completa por parte de la entidad interesada.
Gobierno corporativo
Manual de buen gobierno y ética
Los INFIS deben establecer su gobierno corporativo de acuerdo con el tamaño de su organización, el volumen de los recursos administrados y los riesgos asociados a la ejecución de las actividades objeto de supervisión por esta Superintendencia. En ese sentido, deben contar con un manual de buen gobierno y ética que consagre normas de comportamiento, principios éticos, y políticas para el adecuado funcionamiento de la entidad, el cual, como mínimo, debe prever los siguientes aspectos:
Las funciones y responsabilidades de los órganos de administración y control, así como de los comités de apoyo que tengan establecidos y las demás áreas relacionadas con las actividades objeto de supervisión.
Los controles que garanticen que el desarrollo de las actividades objeto de supervisión se adelantan adecuadamente y en cumplimiento a la normatividad aplicable, con líneas claras de responsabilidad y reportes periódicos presentados por los diferentes órganos de administración y control.
Las situaciones generadoras de conflictos de interés, así como las políticas y procedimientos para la administración y solución de estas.
Los principios y normas orientadoras de conducta para los empleados y funcionarios, incluyendo aquellas conductas que no son permitidas.
Las políticas y procedimientos que garanticen la confidencialidad de la información y eviten el uso indebido de información privilegiada.
El órgano encargado de velar por el cumplimiento del manual de buen gobierno y ética, y las consecuencias por su inobservancia.
Funciones de los órganos de administración
Consejo directivo u órgano que haga sus veces
Los miembros del consejo directivo u órgano que haga sus veces, como máximo órgano de administración de los INFIS, son los principales gestores del gobierno corporativo del instituto y deben administrar adecuadamente los riesgos asociados a las actividades sujetas a supervisión por la SFC.
Sin perjuicio de las demás funciones asignadas por ley y otras disposiciones normativas, el consejo directivo u órgano que haga sus veces, es responsable de:
Aprobar su reglamento de funcionamiento.
Fijar la periodicidad de sus reuniones, las cuales deben ser como mínimo 2 veces al año y llevar actas de cada una de las mismas. En las actas debe constar, como mínimo fecha y hora, miembros asistentes, los temas a tratar, el resumen de las discusiones, y el sentido del voto.
Evaluar los informes y recomendaciones que formulen los demás órganos de administración, de control, la revisoría fiscal y el funcionario responsable; adoptar las medidas pertinentes, y hacer seguimiento al cumplimiento de estas.
Aprobar las políticas para la ejecución de las actividades objeto de supervisión, relativas a:
La adecuada administración de los riesgos asociados, la cual debe comprender por lo menos la identificación, medición, monitoreo y control de las fuentes o factores de riesgo, así como las políticas para el otorgamiento, seguimiento y recuperación de créditos, y las políticas para dar cumplimiento a los requerimientos de liquidez.
Los niveles de exposición, concentración y tolerancia a las fuentes o factores de los diferentes riesgos que se asumen, así como los procedimientos para la prevención y mitigación de la materialización de estos.
La estrategia de inversión, incluyendo los criterios de diversificación del portafolio de acuerdo con los perfiles de riesgo que se determinen, y la metodología de documentación y conservación de la valoración de las inversiones de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación.
La prevención y control necesarios para evitar que los recursos administrados puedan ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes o vinculados a actividades delictivas para dar apariencia de legalidad a las mismas o a las transacciones y recursos vinculados con estas.
Designar al funcionario responsable de la entidad de acuerdo con lo dispuesto en el subnumeral 2.10 del presente Capítulo, quien debe acreditar ante dicho órgano conocimientos en materia de prevención y control de lavado de activos.
Definir las áreas encargadas o responsables de la administración de los riesgos, el grado de independencia y sus funciones. Así mismo, los órganos de administración y de control que deben encargarse de velar por el cumplimiento de las políticas de administración de los riesgos asociados a las actividades objeto de supervisión.
Aprobar los procedimientos que permitan realizar el seguimiento al cumplimiento de las políticas y de los niveles de riesgo definidos por el mismo consejo directivo, para la adecuada administración de los riesgos asociados a las actividades objeto de supervisión.
Aprobar el manual de buen gobierno y ética.
Aprobar el plan de contingencia y continuidad del negocio.
Aprobar el sistema de control interno del instituto y los ajustes al mismo.
Representante legal
Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones impartidas por el consejo directivo u órgano que haga sus veces, e informar al mismo sobre los incumplimientos evidenciados.
Evaluar los informes presentados por los demás órganos de administración, de control y las áreas encargadas o responsables de la administración de los riesgos asociados a las actividades objeto de supervisión. Los aspectos relevantes deben ser incorporados en el informe de seguimiento mencionado en el subnumeral anterior.
Velar por el cumplimiento de los manuales y demás disposiciones relacionadas con la administración de los riesgos asociados a las actividades objeto de supervisión.
Diseñar y proponer al consejo directivo u órgano que haga sus veces para su aprobación:
Las políticas y procedimientos para la administración de los riesgos asociados a las actividades objeto de supervisión.
La definición de las áreas o responsables encargados de velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos para la administración de los riesgos asociados a las actividades objeto de supervisión.
El manual de buen gobierno y ética.
El plan de contingencia y continuidad del negocio.
Evaluar las recomendaciones para mejorar el sistema de control interno que le proponga la oficina de control interno, y someter los ajustes correspondientes a aprobación del consejo directivo.
Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al funcionario responsable y dotarlo del recurso humano y técnico necesario para desarrollar su función.
Presentar al consejo directivo u órgano que haga sus veces un informe sobre los aspectos más importantes de la gestión realizada, dicho informe debe ser presentado cada 6 meses o con una frecuencia menor, si así resulta procedente.
Sistema de control interno
El sistema de control interno (SCI) aplicable a los INFIS corresponde a lo previsto en el artículo 1 de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015 y las demás normas que los modifiquen o adicionen.
Respecto de las operaciones supervisadas, el SCI de cada INFIS debe basarse en los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, y los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación establecidos en el Capítulo IV, Título I de la Parte I de esta Circular, y contener como mínimo, planes, métodos, normas, procedimientos y mecanismos que permitan verificar y evaluar:
La estructura del gobierno corporativo de acuerdo con las instrucciones antes señaladas.
La prevención y mitigación en la ocurrencia de fraudes.
La transparente y adecuada ejecución de las actividades supervisadas, de acuerdo con las políticas y procedimientos dispuestos.
La oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros en las actividades supervisadas.
Los controles que permitan un adecuado cumplimiento a la normatividad y regulaciones aplicables a las actividades objeto de supervisión.
Las políticas, procedimientos y controles adoptados para prevenir que los recursos administrados puedan ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes o vinculados a actividades delictivas para dar apariencia de legalidad a las mismas o a las transacciones y recursos vinculados con estas.
Administración de excedentes de liquidez de las entidades territoriales
Los INFIS deben remitir a la SFC, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los excedentes de liquidez, el documento en el que consten las condiciones bajo las cuales las entidades territoriales les entregan en administración sus excedentes de liquidez, el cual debe contener, como mínimo, la identificación de las partes, el título bajo el cual reciben los recursos, las condiciones de la entrega de los mismos, la fecha de recepción de los excedentes, y el término y forma de devolución, en caso de que se pacte.
En el manejo de los excedentes de liquidez no condonables, es decir, cuando no se pacta término de devolución, los INFIS deben efectuar una gestión integral de la estructura de sus activos y pasivos, estimando y controlando el grado de exposición al riesgo de liquidez, con el objeto de protegerse de eventuales pérdidas por variaciones en el valor económico y con el fin de poder responder con sus obligaciones por la administración de los excedentes de liquidez. Esta gestión requiere una permanente medición y evaluación de la composición de plazos, montos y tipos de instrumentos de los activos y los pasivos.
Los INFIS deben establecer su grado de exposición al riesgo de liquidez mediante el análisis de la maduración de los activos y pasivos de acuerdo con las instrucciones impartidas por esta Superintendencia en el instructivo del respectivo formato, en cumplimiento a los deberes de información de que trata el subnumeral 2.8 del presente Capítulo.
Siempre que en el presente subnumeral se haga referencia a los pasivos, se refiere exclusivamente a los excedentes de liquidez no condonables.
Estos aspectos deben consagrarse en el manual al que se hace referencia en el subnumeral 2.1.4 del presente Capítulo.
Cartera de crédito
Los INFIS deben adoptar procedimientos claros y precisos que definan los criterios y la forma mediante la cual se evalúa, asume, califica, controla y cubre su riesgo crediticio. Estos aspectos deben consagrarse dentro del manual al que se hace referencia en el subnumeral 2.1.4 del presente Capítulo, atendiendo las instrucciones mínimas previstas a continuación.
Otorgamiento
Para el otorgamiento de crédito, los INFIS deben contar con procedimientos que permitan precisar las características básicas del sujeto de crédito y las condiciones bajo las cuales se realizará el contrato (condiciones financieras, garantías, fuente de pago, entre otras), teniendo en cuenta el perfil de riesgo definido por la entidad.
En el proceso de otorgamiento se debe:
Evaluar la capacidad de pago del deudor, así como de los codeudores, avalistas, deudores solidarios y, en general, cualquier persona natural o jurídica que resulte o pueda resultar directa o indirectamente obligada al pago del crédito.
En la evaluación de la capacidad de pago de entidades públicas territoriales deben verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las Leyes 358 de 1997, 550 de 1999 y 617 de 2000, y de las demás normas que las reglamenten o modifiquen.
Informar de forma previa al desembolso al potencial deudor, las condiciones del contrato incluyendo tasas, plazos, comisiones, recargos, derechos, deberes y, en general, toda la información que resulte relevante para la operación.
La información y/o documentación evaluada para cada uno de los deudores correspondientes debe permanecer a disposición de esta Superintendencia.
Seguimiento
La etapa de seguimiento supone un continuo monitoreo de las operaciones crediticias, para lo cual se deben adoptar procedimientos que incorporen metodologías que permitan medir las condiciones del servicio de la deuda, fundamentándose en la información relacionada con el comportamiento histórico de pago de los deudores con la entidad y el sistema. Adicionalmente, las metodologías deben contemplar la adopción de medidas oportunas que permitan mitigar los factores de riesgo del deudor, en caso de evidenciar riesgos en la atención de la deuda.
Las metodologías para el proceso de seguimiento deben ser evaluadas una vez al año con el fin de verificar su idoneidad. Los resultados de estas evaluaciones y pruebas deben ser presentadas por el representante legal al consejo directivo, y estar a disposición de esta Superintendencia junto con las conclusiones de su análisis.
La información y/o documentación evaluada para el seguimiento de los deudores correspondientes deben permanecer a disposición de esta Superintendencia.
Recuperación
Los INFIS deben contar con procedimientos tendientes a maximizar la recuperación de créditos no atendidos normalmente. Tales procesos deben identificar los responsables de su desarrollo, así como los criterios con base en los cuales se ejecutan las labores de cobranza, se evalúan y deciden reestructuraciones, se administra el proceso de recepción y realización de bienes recibidos a título de dación en pago, y se decide el castigo de los créditos.
Se entiende por reestructuración de un crédito cualquier mecanismo excepcional, instrumentado mediante la celebración y/o ejecución de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago. Adicionalmente, se consideran reestructuraciones los acuerdos celebrados en el marco de las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y 1116 de 2006 o normas que las adicionen o sustituyan, así como las reestructuraciones extraordinarias y las novaciones.
Las reestructuraciones no pueden convertirse en una práctica generalizada para regularizar el comportamiento de la cartera de créditos. No se consideran reestructuraciones los alivios crediticios ordenados por leyes, como fue el caso de los establecidos en la Ley 546 de 1999.
Modalidades cartera de créditos
La cartera de créditos se debe clasificar en las modalidades definidas en el Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera o las normas que lo modifiquen o adicionen. Igualmente, se deben clasificar en la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos, las comisiones y cuentas por cobrar originadas en cada tipo de operación.
Reglas sobre calificación de los créditos
Los contratos de crédito deben clasificarse en una de las siguientes categorías dependiendo de la altura de mora:
Categoría A o “Nivel de mora normal”.
Categoría B o “Nivel de mora aceptable, superior al normal”.
Categoría C o “Nivel de mora apreciable”.
Categoría D o “Nivel de mora significativo”.
Categoría E o “Nivel de mora muy significativo”.
Reglas sobre provisiones de los créditos
Los INFIS deben provisionar, como mínimo, el 1% sobre el total de la cartera de créditos bruta.
Suspensión de la causación y contabilización de intereses
Deben dejar de causarse intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros conceptos cuando un crédito presente la mora indicada en el siguiente cuadro:
Por lo tanto, no se debe afectar el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente debe efectuarse en cuentas de orden. Esta Superintendencia puede ordenar la suspensión de la causación de estos ingresos cuando un crédito haya sido reestructurado más de una vez.
Valoración de Garantías
Para la valoración de las garantías se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera o las normas que lo modifiquen o adicionen.
Financiación de las actividades previstas en el numeral 2 del artículo 268 del EOSF
La supervisión de esta actividad se sujeta a lo dispuesto en el numeral 1 del presente Capítulo para aquellos INFIS que adelanten las operaciones de las que trata el numeral 2, artículo 270 del EOSF.
Descuento y negociación de pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos de deuda
Los INFIS deben adoptar procedimientos claros y precisos que definan los criterios y la forma mediante la cual realizan estas operaciones. Para el efecto deben, como mínimo:
Contar con límites de concentración por riesgo de crédito, así como por tipo de activo u operación, teniendo en cuenta variables propias del conocimiento del obligado a pagar el derecho contenido en el instrumento (deudor, contraparte, emisor, originador y/o pagador, según sea el caso).
Atender las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación en relación con la valoración de los instrumentos en que invierte.
Establecer mecanismos de seguimiento permanente a la evolución de la calidad crediticia del obligado a pagar el derecho contenido en los instrumentos (deudor, contraparte, emisor, originador y/o pagador, según sea el caso), o de la contraparte de las operaciones que ésta realice, y las garantías que haya recibido como respaldo de las mismas.
Definir los tipos de activos que recibirá como garantía del cumplimiento de las operaciones, o de las obligaciones derivadas de los instrumentos adquiridos.
Adoptar los mecanismos para la conservación y custodia de los títulos.
Estos aspectos deben contenerse dentro del manual al que se hace referencia en el subnumeral 2.1.4 del presente Capítulo.
Administración de fondos especiales
Los INFIS deben remitir a la SFC el documento en el que consten las condiciones bajo las cuales se administran los fondos especiales que constituyan. Se entiende por fondos especiales aquellos que se conforman por recursos propios y/o recibidos que se administran por parte de los INFIS para desarrollar un objeto específico, independientemente de la forma jurídica que les dé origen. Dicho documento debe remitirse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrada en operación del respectivo fondo y debe contener, como mínimo, lo siguiente:
Identificación de las partes
Objeto del contrato, gestiones o actividades específicas constitutivas de la finalidad del contrato
Obligaciones y derechos de las partes contratantes
Duración del contrato
En todo caso, en el evento que a través de los fondos especiales los INFIS adelanten cualquiera de las actividades objeto de supervisión por parte de esta Superintendencia, están obligados a dar cumplimiento a las instrucciones correspondientes a la actividad adelantada.
Revelación de información
En atención a lo previsto por el artículo 2.3.3.5.1.6 del Decreto 1068 de 2015 o las normas que lo modifiquen, los estados financieros y balances contables de los INFIS que obtengan la autorización a la que se ha hecho referencia en el numeral 2.1 deben remitirse a la SFC, de acuerdo con la periodicidad estipulada por la Contaduría General de la Nación.
Adicionalmente, estas entidades deben remitir la información relativa a las actividades objeto de supervisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.3.3.5.1.3 del Decreto 1068 de 2015 o las normas que lo modifiquen, para lo cual deben utilizar los formatos que disponga esta Superintendencia.
Requerimientos tecnológicos y operativos
Para la realización de las actividades objeto de supervisión los INFIS deben contar con:
Una plataforma tecnológica para su operación, la cual debe estar acorde con el tamaño de la entidad.
La implementación de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad que le aplican en el manejo de información de las actividades supervisadas.
Un plan de conservación, custodia y seguridad de la información, tanto documental como electrónica.
Un plan de contingencia y continuidad del negocio que tenga como finalidad primordial prevenir y solucionar los problemas, fallas e incidentes que se puedan presentar en cualquiera de los sistemas de información que se tengan dispuestos en la operación de las actividades supervisadas, de tal manera que se garantice la realización de las actividades objeto de supervisión.
La descripción de los procesos para cada una de las actividades objeto de supervisión, con sus respectivos procedimientos y soporte tecnológico.
Mecanismos para la administración del riesgo operativo a que se exponen las actividades objeto de supervisión, con el fin de gestionarlos y minimizar la probabilidad o impacto en los casos que se materialicen.
La información de aquellas actividades objeto de supervisión que pretendan ser contratadas con terceros, indicando el objeto de la respectiva contratación, los requisitos a exigir a la firma a contratar, el detalle de las funciones que se contratarían externamente, los controles y áreas encargadas del seguimiento a dichos contratos. Esta información debe ser remitida a la SFC con 15 días de antelación al inicio del contrato.
Prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
Los INFIS deben definir políticas y procedimientos para evitar que los recursos administrados puedan ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes o vinculados a actividades delictivas, para dar apariencia de legalidad a las mismas o a las transacciones y recursos vinculados con estas. Las INFIS se rigen por lo establecido para este tipo de entidades en el capítulo correspondiente a las instrucciones relativas a la administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo de la CBJ, sin perjuicio de la aplicación de las demás normas que rijan a las entidades destinatarias del presente Capítulo.
Régimen de responsabilidad y sanciones administrativas
Los representantes legales, el consejo directivo u órgano quien haga sus veces, los administradores y el funcionario responsable de los INFIS no tienen que cumplir con la obligación de posesión de que tratan los artículos 72 y 74 del EOSF.
En evento de incumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Capítulo, por parte de los INFIS, esta Superintendencia debe aplicar el régimen sancionatorio previsto en los artículos 208 y siguientes del EOSF.
Finalización del régimen especial de supervisión
Los INFIS que hayan obtenido la autorización a la que se hace referencia en el presente numeral quedan excluidos del ámbito de supervisión especial de la SFC en los siguientes casos:
Cuando determinen que no van a continuar administrando excedentes de liquidez, evento en el cual deben informar a esta Superintendencia tal situación mediante documento en el que conste la decisión del consejo directivo u órgano que haga sus veces. La SFC debe comunicar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público tal situación, informando que el INFIS ha dejado de estar cobijado por el régimen especial de supervisión.
Cuando entren en proceso de liquidación, bien sea voluntaria u obligatoria, situación que deben informar a esta Superintendencia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la decisión. En este evento, una vez recibida la comunicación, la SFC debe comunicar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que el INFIS ha dejado de estar cobijado por el régimen especial de supervisión.
Cuando esta Superintendencia lo determine, por incumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades objeto de supervisión, informando a la entidad y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que el INFIS deja de estar cobijado por el régimen especial de supervisión.
Publicidad
Los programas o campañas publicitarias de los INFIS que incorporen referencias a la supervisión adelantada por la SFC deben obtener, de manera previa, autorización individual por parte de esta Superintendencia.
Para obtener dicha autorización debe remitirse, con antelación no inferior a 15 días hábiles, un ejemplar del material publicitario que contenga los textos, las imágenes y las secuencias gráficas, así como los audios que llegarían al público, según el medio de comunicación a través del cual se pretenda adelantar.
Una vez obtenida la aprobación correspondiente pueden utilizarse indistintamente, sin necesidad de nueva autorización, siempre que correspondan al proyecto autorizado.
En cualquier caso, la publicidad debe ser clara en el sentido de manifestar que la vigilancia de la SFC se ejerce respecto de las actividades a las que se refiere el artículo 2.3.3.5.1.3 del Decreto 1068 de 2015, o las normas que lo modifiquen.
Requisitos
Constitución
De acuerdo con la Ley 920 de 2004, las Cajas de Compensación Familiar pueden constituir secciones especializadas de ahorro y crédito, que tienen la naturaleza de patrimonios autónomos y, en tal virtud, pueden ser objeto de supervisión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
Capitales mínimos
De conformidad con lo previsto en los artículos 1 y 2 del Decreto 2801 de 2005, las Cajas de Compensación Familiar cuya capacidad de aporte de capital sea igual o superior al 100% de los recursos necesarios para conformar una cooperativa financiera, deben destinar la suma correspondiente al capital mínimo de una cooperativa financiera para la constitución de una sección especializada de ahorro y crédito.
No obstante, cuando su capacidad de aporte sea inferior al 100% pero igual o superior al 50% de los recursos necesarios para conformar una cooperativa financiera, deben destinar para su constitución, como mínimo, el 50% del capital mínimo requerido para la constitución de una cooperativa financiera.
Régimen especial de autorización de la SFC
Con el fin de contar con información suficiente sobre la Caja de Compensación Familiar y de poder establecer la adecuada infraestructura técnica, administrativa y humana de la sección especializada de ahorro y crédito, a la solicitud de autorización para la constitución de dicha sección se debe acompañar la siguiente información:
Indicación del nombre y documento de identidad de los miembros del consejo directivo y del director administrativo de la respectiva Caja de Compensación Familiar.
Acta a través de la cual se acredite la decisión del consejo directivo de la respectiva Caja de Compensación Familiar de constituir la sección especializada de ahorro y crédito.
Copia de los estatutos de la Caja de Compensación, previamente adecuados en los términos de la Ley 920 de 2004.
Certificación emitida por el revisor fiscal de la respectiva Caja de Compensación, en donde conste, en los términos del Decreto 2801 de 2005, la capacidad de aporte de capital para la constitución de la sección especializada.
Copia de los estados financieros de la Caja de Compensación debidamente certificados y acompañados de las notas a los estados financieros, correspondientes a los 3 últimos ejercicios o, en caso de contar con menos tiempo de constituida la Caja, con todos los que cuente; el dictamen e informe del revisor fiscal; el NIT; un certificado actualizado de existencia y representación legal, con vigencia no mayor a 15 días.
Estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad de la sección especializada de ahorro y crédito que se constituiría, así como las razones que la sustentan, teniendo en cuenta lo indicado en el literal d. numeral 3 del artículo 53 del EOSF. Este estudio debe contemplar una proyección de la sección especializada a 5 años.
La información adicional que requiera esta Superintendencia para poder analizar adecuadamente la idoneidad, responsabilidad y solvencia moral de las personas que soliciten la autorización, así como el debido manejo de las operaciones autorizadas.
Adicionalmente, debe tramitarse, a través de la página web de la SFC, la solicitud de posesión contenida en la proforma electrónica “Hoja de vida” para efectos de la posesión de los miembros del consejo de administración, de los representantes legales y de los revisores fiscales de las secciones especializadas de ahorro y crédito, principales y suplentes, en concordancia con las disposiciones consagradas para tal efecto en el Capítulo II, Título IV de la Parte I de esta Circular y en el Decreto 4709 de 2005 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.
Régimen legal
Las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos – SEDPE, son instituciones financieras sujetas a la inspección, vigilancia y control de la SFC, cuyo objeto exclusivo es llevar a cabo las actividades dispuestas en el artículo 1 de la Ley 1735 de 2014, o las normas que la modifiquen o adicionen.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este Capítulo se establece el régimen especial aplicable a las SEDPE conforme a los riesgos asumidos por tales entidades, sin perjuicio de aquellas disposiciones que, por su naturaleza y actividades que realizan, les resulten aplicables.
Gobierno corporativo
Las SEDPE deben contar con una estructura organizacional apropiada para administrar los riesgos a los que se ven expuestas, con funciones, responsabilidades y líneas de reporte claramente definidas. Para el efecto, deben establecer y preservar estándares que permitan contar con personal idóneo para la administración de riesgos. De igual forma, deben quedar claramente asignadas las responsabilidades de las diferentes personas, órganos y áreas involucradas en los respectivos procesos.
A las SEDPE les serán aplicables las disposiciones sobre gobierno corporativo establecidas en el Capítulo III del Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (CBJ), con excepción del subnumeral 2.2.1. Así mismo les son aplicables las disposiciones sobre Sistema de Control Interno a que se refiere el Capítulo IV del mismo Título.
De conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título IV de la Parte I de la CBJ, las SEDPE deben atender las instrucciones relacionadas con el trámite de posesión de los cargos que así lo requieran.
Administración de riesgos
Las SEDPE deben diseñar e implementar sistemas de administración de riesgos que les permita realizar una gestión oportuna y adecuada de todos los riesgos inherentes al desarrollo de su negocio. Estos sistemas deben ser acordes con el perfil y apetito de riesgo, el plan de negocio, estrategia de riesgos, la naturaleza, el tamaño y la complejidad de las actividades que desarrolle la entidad, así como con su rol e importancia en el sistema financiero, el entorno económico y de los mercados.
Considerando lo anterior, estos sistemas deben estar inmersos en las actividades que desarrollan las SEDPE y ser de conocimiento de todas las áreas que la componen, de forma que se garantice una cultura de gestión de riesgos al interior de la entidad. Adicionalmente, deben adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y la economía en general y considerar el análisis individual de los riesgos, así como la interacción entre éstos, y su impacto en la entidad.
En este sentido, las SEDPE deben cumplir como mínimo con los siguientes lineamientos en materia de gestión de riesgos:
Operativo
Consideraciones generales
Las SEDPE deben contar con políticas, procedimientos, metodologías y límites, que les permitan identificar, medir, monitorear y controlar el riesgo operativo. La gestión del riesgo se debe hacer acorde con su estructura, los servicios prestados, los canales de atención al consumidor financiero y las actividades que realizan, directamente o a través de terceros.
En este sentido, las disposiciones que le aplican a las SEDPE en materia de administración del riesgo operacional son las establecidas en este numeral, y por lo tanto no se encuentran obligadas a aplicar las instrucciones relativas a la gestión del riesgo operacional a las que se refieren los Capítulos XXXI y XXXII de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF).
Para efectos del presente Capítulo se entiende por Riesgo Operacional la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.
Esta definición incluye:
El riesgo legal, el cual comprende la posibilidad de pérdida en que incurre la SEDPE al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales, o el riesgo que surge como consecuencia de fallas en el desarrollo de las actividades autorizadas, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de dichas actividades; y
El riesgo reputacional, entendido como la posibilidad de pérdida en que se incurre por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que causen pérdida de clientes o usuarios, disminución de ingresos o procesos judiciales.
Administración del riesgo operativo
Las SEDPE deben administrar el riesgo operativo al que se encuentran expuestas estableciendo para el efecto: (i) las políticas; (ii) los roles y responsabilidades de los funcionarios encargados de su gestión; (iii) los procedimientos y metodología(s) para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos operativos; y (iv) los planes de contingencia y continuidad del negocio que se requieran para mantener disponibles los servicios prestados y la información manejada.
La información correspondiente a los numerales señalados en el inciso anterior deberá constar en un manual y contar con la aprobación de la junta directiva o consejo de administración.
La gestión realizada para la administración del riesgo operativo debe estar debidamente documentada y a disposición de la SFC.
Eventos de riesgo operativo
Las SEDPE deben llevar un registro de los eventos de riesgo operativo que les causen pérdidas, consignando al menos la siguiente información:
Fecha de inicio del evento: (Día, mes, año, hora.)
Fecha de finalización del evento: (Día, mes, año, hora.)
Fecha del descubrimiento del evento: (Día, mes, año, hora.)
Cuantía: El monto de dinero (moneda legal) a que asciende la pérdida como consecuencia de la ocurrencia de un evento de riesgo operativo, incluyendo los gastos derivados de su atención.
Cuantía total recuperada: El monto de dinero recuperado (moneda legal) por acción directa de la SEDPE. Incluye las cuantías recuperadas por seguros.
Clase de evento: Se determina de acuerdo con la siguiente clasificación: fraude interno, fraude externo, relaciones laborales, obligaciones con los clientes, daños a activos físicos, fallas tecnológicas y administración de procesos.
Servicio afectado: Identifica el servicio afectado.
Descripción del evento: Descripción detallada del evento.
Capacitación
Las SEDPE deben diseñar, programar y ejecutar planes de capacitación sobre la administración del riesgo operativo dirigido a las áreas, funcionarios y terceros contratados para el desarrollo de su objeto social.
La capacitación se deberá realizar al menos una vez al año, considerando los nuevos riesgos y controles. Las SEDPE deben evaluar la efectividad de la capacitación impartida.
Auditoría interna
La Auditoría Interna o quien ejerza el control interno debe evaluar anualmente el sistema de administración de riesgo operativo y su efectividad.
Lavado de activos y financiación del terrorismo
Las SEDPE deben cumplir las disposiciones sobre administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo establecidas en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la CBJ.
Los depósitos de bajo monto que cumplan con las características del artículo 2.1.15.1.2 del Decreto 2555 de 2010, les serán aplicables las excepciones previstas en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la CBJ.
Liquidez
Las SEDPE deben contar con unas políticas, procedimientos, metodologías y límites que les permita identificar, medir, monitorear y controlar el riesgo de liquidez inherente al desarrollo de las actividades autorizadas. En este sentido, deben contar con los mecanismos que les permita garantizar, como mínimo, que:
Al cierre diario de las operaciones, el valor de los recursos captados corresponda al valor de los depósitos en el Banco de la República y/o en depósitos a la vista en establecimientos de crédito.
Cuentan con una gestión eficiente del flujo de caja que les permita dar cumplimiento a los requerimientos de liquidez que se originen en el desarrollo de sus actividades.
Cuentan con un plan de contingencia de liquidez que les permita dar cumplimiento a los requerimientos extraordinarios de liquidez.
El sistema de administración de riesgo de liquidez, así como los mecanismos, modelos y límites que lo componen deben estar debidamente documentados y a disposición de la SFC.
Manejo de los recursos captados
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.38.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, las SEDPE deben mantener los recursos captados en: (i) depósitos en el Banco de la República y/o (ii) en depósitos a la vista en establecimientos de crédito, al cierre diario de las operaciones.
Para efectos del cumplimiento de este requerimiento, se considerará las 5:00 p.m. como horario de cierre de las operaciones diarias para realizar el cálculo del saldo de los recursos captados a través de los depósitos, y para su verificación, las SEDPE deben remitir periódicamente a la SFC el formato establecido para el efecto, contenido en el Anexo 1 de la CBCF.
Las operaciones realizadas con posterioridad a la referida hora de cierre se tendrán en cuenta para realizar el cálculo del saldo de los recursos captados a través de los depósitos el día hábil siguiente.
Gestión del efectivo
Las SEDPE deben cuantificar diariamente el efectivo que requieren a efectos de cumplir de forma oportuna con sus obligaciones, a través de los distintos canales de prestación de servicios, tales como sucursales, corresponsales y cualquier otro habilitado para el retiro de efectivo.
Para el efecto, las SEDPE deben desarrollar e implementar una metodología basada en criterios técnicos, que les permita la adecuada administración de los riesgos que se deriven de la gestión del efectivo. Dicha metodología debe estar debidamente documentada y a disposición de la SFC.
Las SEDPE deben contar con una base de datos con la información diaria de las operaciones realizadas en cada canal de prestación de servicios con el objetivo de llevar un registro de los flujos de efectivo. Dicha base de datos deberá contener como mínimo la siguiente información:
El monto de entradas y salidas de efectivo.
La identificación del punto donde se realizó la operación.
El tipo de operación.
Fecha y hora de realización de la operación.
Número de identificación de las partes que intervienen en la transacción.
Mercado
Las SEDPE que realicen inversiones de tesorería en posición propia deben contar con políticas, procedimientos, metodologías y límites que les permita identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente el riesgo de mercado. Dichos controles deben permitir a las entidades vigiladas la adopción de decisiones oportunas para la adecuada mitigación del riesgo. Para los efectos, las inversiones de tesorería en posición propia son todas aquellas que estén incluidas en la cuenta 13 del Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia podrá exigir el desarrollo e implementación de planes, límites, estrategias y/o metodologías que le permitan mitigar dicha exposición, en función de la complejidad de las operaciones realizadas.
Adicionalmente, todas las inversiones de la SEDPE deben ser clasificadas, valoradas y contabilizadas de conformidad con las instrucciones establecidas en los Capítulos I-1, XI y XVIII de la CBCF o sus modificaciones, según corresponda.
Concentración por contraparte
Las SEDPE deben contar con políticas para administrar: (i) el riesgo de concentración derivado de la colocación de los recursos captados del público en establecimientos de crédito; y (ii) la exposición al riesgo de contraparte, basándose en un análisis de los perfiles de riesgo de los establecimientos de crédito en los que se depositen dichos recursos.
La gestión de los riesgos de concentración y contraparte por parte de las SEDPE debe comprender la diversificación en la asignación de los recursos captados, a través de cupos y límites entre las múltiples contrapartes, acordes con las políticas definidas para tal fin.
Estas políticas deben ser adoptadas por la junta directiva o el consejo de administración de la entidad, definiendo con claridad y precisión los criterios bajo los cuales la entidad debe evaluar, calificar, asumir, controlar y cubrir los riesgos. Igualmente, dicho órgano debe establecer los mecanismos y controles necesarios para asegurar el cumplimiento estricto de dichas políticas.
Depósitos
Las SEDPE deben atender las disposiciones relacionadas con las características de los depósitos de bajo monto y ordinarios establecidos en los arts. 2.1.15.1.1. y siguientes del Decreto 2555 de 2010, así como lo dispuesto en el Capítulo III, Título I, Parte II de la CBJ.
Giros financieros
Las SEDPE deben contar con mecanismos apropiados que les permitan realizar la devolución al ordenante de los giros financieros en los casos en los que éstos no sean reclamados por el beneficiario dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en la cual se ordenó el mismo.
Publicidad, información y protección al consumidor financiero
Las SEDPE deben atender las reglas previstas en el Capítulo I del Título III de la Parte I de la CBJ en cuanto al acceso a los servicios, los programas publicitarios y los requisitos de información al consumidor financiero, que le sean aplicables conforme a la naturaleza de las operaciones que les han sido autorizadas.
Información
Además de la información que por virtud de las disposiciones legales vigentes deban divulgar las SEDPE a sus consumidores financieros, deben suministrar de manera particular, lo siguiente:
Que los depósitos se encuentran amparados por el seguro de depósito del FOGAFÍN, en los términos establecidos en los subnumerales 2.7, 2.8 y 2.9 del Capítulo I, Título III de la Parte I de la CBJ o sus modificaciones.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1328 de 2009, las SEDPE deben divulgar de manera permanente la información de los precios de todos los productos y servicios que se ofrezcan de manera masiva.
Las tasas de interés que las entidades decidan ofrecer a los consumidores por la captación de recursos mediante depósitos, si a ello hubiere lugar.
En relación con los depósitos de bajo monto previstos en el artículo 2.1.15.1.2. del Decreto 2555 de 2010, deben informar al consumidor financiero de manera clara, los canales a los cuales se tendrá acceso, así como aquellos que se encuentren restringidos.
Extractos y reportes
Respecto de los depósitos, deben poner a disposición de los clientes los extractos o estados de cuenta, a través de los mecanismos que establezcan para el efecto.
En todo caso, las SEDPE deben informar oportuna y claramente a los consumidores financieros dónde, cómo y cuándo pueden acceder a esta información. Igualmente, tales mecanismos deben permitir que el consumidor financiero consulte la información correspondiente a la tasa de interés efectiva reconocida sobre el saldo durante el período cubierto, así como la periodicidad y forma de liquidar los rendimientos cuando a ello hubiere lugar, los movimientos del depósito y los cambios que se presenten respecto de esta información.
Cláusulas y prácticas abusivas
Las SEDPE deben abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o que den lugar a un abuso de posición dominante contractual. Para esto, las SEDPE deben observar lo establecido en los arts. 11 y 12 de la Ley 1328 de 2009 y en el numeral 6 del Capítulo I del Título III de la Parte I de la CBJ o sus modificaciones.
Protección del consumidor financiero
Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC)
Las SEDPE deben implementar un SAC, en los términos previstos en la Ley 1328 de 2009, para lo cual deberán aplicar las instrucciones contenidas en el Capítulo II del Título III de la Parte I de la CBJ.
Defensor del Consumidor Financiero
Las SEDPE que designen un defensor del consumidor financiero, deben atender las reglas establecidas para el efecto en el Capítulo II del Título III de la Parte I de la CBJ.
Canales de servicios, seguridad y calidad en las operaciones
Las SEDPE deben observar las disposiciones generales previstas en materia de canales de prestación de servicios y requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones previstas en el Capítulo I, Título II de la Parte I de la CBJ.