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Circular Básica Jurídica › PARTE II

TÍTULO V. Instrucciones generales relativas a otras instituciones y actividades sometidas a supervisión

Circular Externa 029 de 2014 · 198 numerales

Texto vigente el

Contenido

TÍTULO VInstrucciones generales relativas a otras instituciones y actividades sometidas a supervisión
CAPÍTULO IDisposiciones especiales aplicables a los fondos ganaderos

Numeral 1

Requisitos

Además de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 363 de 1997 y en las demás normas aplicables, para que un fondo ganadero acceda a la vigilancia de la SFC debe acreditar el capital de las sociedades de servicios financieros, contemplado en el artículo 82 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).

CAPÍTULO IIDisposiciones especiales aplicables a las entidades de desarrollo de los entes territoriales

Numeral 1

Régimen legal – redescuento

De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, corresponde a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER efectuar, a través del sistema de redescuento o de los que contemple la normatividad aplicable, todas las operaciones de crédito y fondeo por intermedio de los establecimientos de crédito y demás entidades autorizadas, o de las entidades descentralizadas de los entes territoriales cuyo objeto sea la financiación de las actividades de que trata el numeral 2 del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) o las normas que lo modifiquen.

Las entidades descentralizadas adquieren la calidad de intermediarias en las operaciones de redescuento una vez obtienen la autorización específica de FINDETER para el efecto, según lo establece el numeral 2 antes mencionado.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que las entidades descentralizadas de los entes territoriales deben someterse al control y vigilancia permanentes de esta Superintendencia para intermediar en las operaciones mencionadas, en este Capítulo se establece el régimen especial de control y vigilancia que garantiza un adecuado manejo de los riesgos asumidos por tales entidades.

Numeral 1.1

Campo de aplicación

Las presentes instrucciones se aplican con exclusividad a las entidades descentralizadas de los entes territoriales autorizadas específicamente por FINDETER para participar como intermediarias en las operaciones de redescuento, contempladas en el numeral 2, artículo 270 del EOSF o las normas que lo modifiquen.

Para los propósitos de las reglas que a continuación se establecen pueden denominarse simplemente entidades de desarrollo regional.

Numeral 1.2

Naturaleza y objeto

Son organismos públicos de los entes territoriales cuyo objeto es la promoción del desarrollo económico, social y cultural de la comunidad y de las regiones, principalmente mediante la financiación y la prestación de servicios técnicos relacionados con las actividades previstas en el numeral 2, artículo 268 del EOSF o las normas que lo modifiquen.

Numeral 1.3

Certificado de autorización

Las entidades de desarrollo regional sólo pueden ejercer la actividad de intermediación en las operaciones de redescuento antes mencionadas si cumplen los requisitos establecidos en la presente instrucción y obtienen el certificado de autorización expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

La SFC debe expedir el certificado de autorización cuando establezca que la respectiva entidad de desarrollo regional cumple con las previsiones de las presentes instrucciones.

Los certificados de autorización se otorgan por una vigencia no mayor de 5 años y pueden renovarse antes de su expiración hasta un período igual, previa solicitud del interesado.

Para obtener el respectivo certificado de autorización, las entidades de desarrollo regional deben presentar una solicitud acompañada de los documentos que acrediten lo siguiente:

Numeral 1.3.1

Información legal: estatutos con sus respectivas reformas u otros soportes que permitan evidenciar:

Numeral 1.3.1.1

Naturaleza de los fondos

Las entidades de desarrollo regional pueden recibir y mantener fondos en depósitos sólo por cuenta de los entes territoriales respectivos, sus entidades descentralizadas, las organizaciones cooperativas creadas entre sí por los entes territoriales, las entidades descentralizadas, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y las entidades a que se refiere el Decreto 1333 de 1986 o las normas que lo modifiquen, entre quienes debe quedar igualmente circunscrito el otorgamiento de préstamos.

Numeral 1.3.1.2

Destinación de los recursos

Las entidades de desarrollo regional están obligadas a prestar a los usuarios de créditos redescontables ante FINDETER servicios técnicos de asesorías y apoyo, directamente o mediante los sistemas y mecanismos que determinen en los reglamentos de crédito, pero en ningún caso pueden comprometer para estos fines los recursos que reciban y mantengan en depósito. Bajo estos mismos parámetros, dichas entidades están en la obligación de supervisar el destino de los préstamos que otorguen, y la norma y ejecución de los proyectos o programas a los cuales sirvan los recursos crediticios.

Numeral 1.3.1.3

Orbita de las actividades

Las entidades de desarrollo regional del orden departamental sólo están habilitadas para realizar sus actividades en relación con el ente territorial al cual pertenezcan, sus áreas metropolitanas, los municipios que lo integran, las entidades descentralizadas de los respectivos entes territoriales, las organizaciones cooperativas creadas entre sí por tales entes y sus entidades descentralizadas, y las asociaciones de municipios, siempre que al menos uno de los municipios asociados forme parte del departamento correspondiente. En el caso de las operaciones autorizadas expresamente con las entidades a que se refiere el artículo 375 del Decreto 1333 de 1986 o las normas que lo modifiquen, éstas deben tener sede en uno de los municipios del departamento respectivo.

Tratándose de entidades de desarrollo regional del orden distrital o municipal, únicamente pueden adelantar sus actividades en relación con el distrito o municipio al cual pertenezcan, sus entidades descentralizadas, así como las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios de las cuales forme parte el ente territorial al cual pertenece la entidad de desarrollo.

Numeral 1.3.1.4

Facultad para celebrar encargos fiduciarios

Las entidades de desarrollo regional pueden celebrar contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con sujeción a las restricciones y limitaciones impuestas por las normas, actuando exclusivamente como fideicomitentes.

Numeral 1.3.1.5

Inversiones

Las entidades de desarrollo regional pueden adquirir o poseer acciones, cuotas, partes de interés o aportes sociales de carácter cooperativo en cualquier clase de sociedad o asociación y, en general, realizar inversiones de capital siempre y cuando el costo de tales inversiones no exceda del 100% de su patrimonio y su realización se encuentre autorizada por las normas especiales que regulen su actividad.

Numeral 1.3.2

Información financiera

Balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes a los últimos 4 años.

Numeral 1.3.3

Administradores

Hojas de vida de los miembros de las juntas o consejos directivos, así como de los gerentes, directores, presidentes o, en general, de quiénes tengan la representación legal.

Numeral 1.3.4

Capital mínimo

Las entidades de desarrollo regional deben acreditar un capital suscrito y pagado equivalente al capital previsto en el artículo 1 del Decreto 755 de 2000. Dicha suma debe ajustarse anualmente en forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el IPC que suministre el DANE, tomando para el efecto las variaciones que se produzcan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Numeral 1.3.5

Información operacional

Relación de las operaciones activas de crédito celebradas, indicando su cuantía, plazo, tasa de interés, destino y estado actual, así como de las operaciones pasivas, con la mención de los anteriores datos que resulten pertinentes.

Numeral 1.3.6

Información sobre bienes

Relación de todos los bienes muebles e inmuebles que posea la entidad y, cuando corresponda, el uso al cual se destinan. Tratándose de inversiones de capital debe expresarse su valor en libros y de mercado, el porcentaje de participación y la fecha de adquisición.

Numeral 1.4

Especialización

Se entiende que una entidad de desarrollo regional cumple con su objeto cuando las operaciones de redescuento ante FINDETER y las realizadas en forma directa para las actividades enunciadas en el numeral 2 del artículo 268 del EOSF o las normas que lo modifiquen, encaminadas a la promoción del desarrollo económico social y cultural de la comunidad, representan como mínimo el 70% del total de sus activos.

Numeral 1.5

Programa

La entidad de desarrollo regional que al momento de hacer la solicitud de que trata el subnumeral 1.3 del presente Capítulo no cumpla con el porcentaje mencionado en el subnumeral anterior debe presentar, junto con los documentos a que se ha hecho referencia, un programa que contemple como término máximo un año, contado a partir de la correspondiente autorización, para la adecuación gradual al porcentaje mínimo requerido, el cual debe ser evaluado y aprobado por la SFC.

Numeral 1.6

Suspensión de la autorización impartida por la SFC

En el evento en que, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, el porcentaje mencionado se haya reducido por debajo del mínimo permitido, la autorización impartida por esta Superintendencia queda suspendida y sólo puede ser rehabilitada cuando la entidad suspendida demuestre que se ha ajustado al mencionado límite.

Numeral 1.7

Operaciones de liquidez

Sin perjuicio de lo previsto en otras normas, solamente para atender requerimientos transitorios de liquidez, las entidades de desarrollo regional pueden concederse entre sí, o recibir de los establecimientos vigilados por la SFC, préstamos a corto plazo sin exceder del 5% del total de sus activos.

Numeral 1.8

Encaje e inversiones

Las entidades de desarrollo regional no están sometidas a régimen de encaje ni a inversiones forzosas, de conformidad con el artículo 271 del EOSF o las normas que lo modifiquen.

Numeral 1.9

Adquisición y posesión de bienes muebles e inmuebles

Las entidades de desarrollo regional no están facultadas para adquirir o poseer bienes muebles e inmuebles diferentes de aquellos requeridos para el desarrollo normal de sus actividades. No obstante, pueden recibir bienes en dación en pago, los cuales deben ser enajenados dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su adquisición, a menos que dicho término sea prorrogado por la SFC de acuerdo con las previsiones vigentes al respecto para las instituciones financieras.

Numeral 1.10

Ajustes de inversión

Las entidades de desarrollo regional que en la actualidad posean o tengan inversiones por un monto que exceda el determinado en el subnumeral 1.3.1.5 del presente Capítulo deben proceder a su enajenación en un plazo no superior a 2 años, contados a partir de a fecha de expedición del respectivo certificado de autorización.

Transcurrido dicho lapso sin que se haya logrado la enajenación o el término adicional que por motivos fundados se conceda para ello, el incremento en el volumen total de activos no puede estar representado en préstamos redescontados ante FINDETER. De esta situación se debe dar aviso a FINDETER para los efectos correspondientes.

Numeral 1.11

Vigilancia

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 270 del EOSF, en concordancia con el literal a. del numeral 2 del artículo 325 de la misma normatividad o las normas que los modifiquen, las entidades de desarrollo regional autorizadas por FINDETER para intermediar en las operaciones de redescuento están sometidas al control y vigilancia permanentes de esta Superintendencia.

Numeral 1.12

Reforma de estatutos

Para los efectos del certificado de autorización, deben reformarse los estatutos de las entidades de desarrollo regional, a fin de que se ajusten a la presente instrucción.

Numeral 2

Régimen especial para los institutos de fomento y desarrollo de las entidades territoriales – INFIS- que manejen excedentes de liquidez

De conformidad con lo previsto en el Decreto 1068 de 2015 o las normas que lo modifiquen, los INFIS que pretendan administrar excedentes de liquidez deben contar con la calificación de bajo riesgo crediticio y la autorización de la SFC para hacer parte del régimen especial de control y vigilancia. Para efectos de obtener la autorización deben cumplir con las siguientes instrucciones:

Numeral 2.1

Autorización

Los INFIS deben remitir a la SFC una solicitud firmada por el representante legal de la entidad interesada con el fin de iniciar el trámite de autorización para hacer parte del régimen especial de control y vigilancia, la cual debe estar acompañada de los siguientes documentos:

Numeral 2.1.1

Estatutos sociales, acto de creación de la entidad interesada, y acto administrativo de designación del representante legal.

Numeral 2.1.2

Acta del consejo directivo u órgano equivalente de la entidad interesada, en la cual se indique la decisión de iniciar el trámite de autorización ante la SFC.

Numeral 2.1.3

Información que permita constatar que la entidad cuenta con la estructura administrativa, tecnológica, operativa y de recurso humano suficiente para prestar los servicios derivados de las actividades objeto de supervisión bajo condiciones de seguridad, calidad y eficacia. Para el efecto, se deben adjuntar los siguientes documentos:

Numeral 2.1.3.1

Esquema de la estructura organizacional de la entidad interesada, incorporando las áreas de gestión de riesgos de las actividades supervisadas y los comités de apoyo, en caso de que existan.

Numeral 2.1.3.2

Esquema de la estructura operativa, relativa a los mecanismos que tenga establecidos para la prestación de sus servicios relacionados con las actividades supervisadas, el cual debe contemplar como mínimo, la información relacionada con:

Numeral 2.1.3.2.1

El recurso humano asignado para el desarrollo de las actividades supervisadas, el cual debe incluir funciones y perfiles requeridos para los cargos principales.

Numeral 2.1.3.2.2

Descripción de la plataforma tecnológica sobre la cual operan las actividades supervisadas, considerando elementos tales como:

Numeral 2.1.3.2.2.1

Equipos centrales.

Numeral 2.1.3.2.2.2

Sistemas operativos.

Numeral 2.1.3.2.2.3

Sistema de administración de bases de datos.

Numeral 2.1.3.2.2.4

Red de comunicaciones.

Numeral 2.1.3.2.2.5

Canales mediante los cuales se prestan los servicios, indicando si son propios o se tiene contrato con un tercero.

Numeral 2.1.3.2.2.6

Centro de cómputo principal y de contingencia, indicando los controles de seguridad física y de ambiente.

Numeral 2.1.3.2.2.7

Controles de seguridad lógica a nivel de sistema operativo y base de datos.

Numeral 2.1.3.2.3

Descripción de las aplicaciones que soportan las actividades supervisadas, indicando el esquema de seguridad de los aplicativos.

Numeral 2.1.3.2.4

Plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto documental como electrónica.

Numeral 2.1.3.2.5

Estado de la implementación de las disposiciones del Capítulo IV del Título I de la Parte I de esta Circular relacionadas con el control interno para la gestión de la tecnología.

Numeral 2.1.3.2.6

Actividades contratadas con terceros, indicando el objeto de la respectiva contratación, los requisitos a exigir a la firma a contratar, el detalle de las funciones que se contraten externamente, los controles y áreas encargadas del seguimiento a dichos contratos.

Numeral 2.1.3.3

Manual de buen gobierno y ética, atendiendo a lo previsto en el subnumeral 2.2.1 del presente Capítulo.

Numeral 2.1.3.4

Mapa de riesgos y controles identificados para las actividades objeto de supervisión.

Numeral 2.1.3.5

Plan de contingencia y continuidad del negocio, atendiendo a lo previsto en el numeral 2.9 del presente Capítulo.

Numeral 2.1.4

Manual de las actividades objeto de supervisión que pretenda desarrollar, en el cual se detalle la forma de operación de la entidad para adelantar la respectiva actividad, de acuerdo con lo previsto en el presente Capítulo. Así mismo, se deben detallar los roles y responsabilidades del (de las) área(s) encargada(s) de las actividades supervisadas, así como el manual de funciones de las personas responsables de las mismas.

En el evento que, después de obtenida la autorización a la que se refiere el presente numeral, un instituto pretenda desarrollar una actividad objeto de supervisión que no hubiera sido incluida en el manual antes mencionado, debe remitir dicho manual con 15 días hábiles de antelación a la entrada en operación de la respectiva actividad.

Numeral 2.1.5

Últimos estados financieros de la entidad interesada.

Numeral 2.1.6

Listado de las inversiones de capital que la entidad interesada posea en sociedades tanto del sector real como financiero, detallando el monto y porcentaje de su participación.

La SFC debe resolver sobre la solicitud dentro de los 4 meses siguientes a la fecha en que se haya suministrado la información a la que se ha hecho referencia. No obstante lo anterior, el término mencionado se suspende en los casos en que la Superintendencia solicite información complementaria o aclaraciones que permitan analizar suficientemente la solicitud de autorización. La suspensión opera hasta la fecha en que se reciba la respuesta completa por parte de la entidad interesada.

Numeral 2.2

Gobierno corporativo

Numeral 2.2.1

Manual de buen gobierno y ética

Los INFIS deben establecer su gobierno corporativo de acuerdo con el tamaño de su organización, el volumen de los recursos administrados y los riesgos asociados a la ejecución de las actividades objeto de supervisión por esta Superintendencia. En ese sentido, deben contar con un manual de buen gobierno y ética que consagre normas de comportamiento, principios éticos, y políticas para el adecuado funcionamiento de la entidad, el cual, como mínimo, debe prever los siguientes aspectos:

Numeral 2.2.1.1

Las funciones y responsabilidades de los órganos de administración y control, así como de los comités de apoyo que tengan establecidos y las demás áreas relacionadas con las actividades objeto de supervisión.

Numeral 2.2.1.2

Los controles que garanticen que el desarrollo de las actividades objeto de supervisión se adelantan adecuadamente y en cumplimiento a la normatividad aplicable, con líneas claras de responsabilidad y reportes periódicos presentados por los diferentes órganos de administración y control.

Numeral 2.2.1.3

Las situaciones generadoras de conflictos de interés, así como las políticas y procedimientos para la administración y solución de estas.

Numeral 2.2.1.4

Los principios y normas orientadoras de conducta para los empleados y funcionarios, incluyendo aquellas conductas que no son permitidas.

Numeral 2.2.1.5

Las políticas y procedimientos que garanticen la confidencialidad de la información y eviten el uso indebido de información privilegiada.

Numeral 2.2.1.6

El órgano encargado de velar por el cumplimiento del manual de buen gobierno y ética, y las consecuencias por su inobservancia.

Numeral 2.2.2

Funciones de los órganos de administración

Numeral 2.2.2.1

Consejo directivo u órgano que haga sus veces

Los miembros del consejo directivo u órgano que haga sus veces, como máximo órgano de administración de los INFIS, son los principales gestores del gobierno corporativo del instituto y deben administrar adecuadamente los riesgos asociados a las actividades sujetas a supervisión por la SFC.

Sin perjuicio de las demás funciones asignadas por ley y otras disposiciones normativas, el consejo directivo u órgano que haga sus veces, es responsable de:

Numeral 2.2.2.1.1

Aprobar su reglamento de funcionamiento.

Numeral 2.2.2.1.2

Fijar la periodicidad de sus reuniones, las cuales deben ser como mínimo 2 veces al año y llevar actas de cada una de las mismas. En las actas debe constar, como mínimo fecha y hora, miembros asistentes, los temas a tratar, el resumen de las discusiones, y el sentido del voto.

Numeral 2.2.2.1.3

Evaluar los informes y recomendaciones que formulen los demás órganos de administración, de control, la revisoría fiscal y el funcionario responsable; adoptar las medidas pertinentes, y hacer seguimiento al cumplimiento de estas.

Numeral 2.2.2.1.4

Aprobar las políticas para la ejecución de las actividades objeto de supervisión, relativas a:

Numeral 2.2.2.1.4.1

La adecuada administración de los riesgos asociados, la cual debe comprender por lo menos la identificación, medición, monitoreo y control de las fuentes o factores de riesgo, así como las políticas para el otorgamiento, seguimiento y recuperación de créditos, y las políticas para dar cumplimiento a los requerimientos de liquidez.

Numeral 2.2.2.1.4.2

Los niveles de exposición, concentración y tolerancia a las fuentes o factores de los diferentes riesgos que se asumen, así como los procedimientos para la prevención y mitigación de la materialización de estos.

Numeral 2.2.2.1.4.3

La estrategia de inversión, incluyendo los criterios de diversificación del portafolio de acuerdo con los perfiles de riesgo que se determinen, y la metodología de documentación y conservación de la valoración de las inversiones de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación.

Numeral 2.2.2.1.4.4

La prevención y control necesarios para evitar que los recursos administrados puedan ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes o vinculados a actividades delictivas para dar apariencia de legalidad a las mismas o a las transacciones y recursos vinculados con estas.

Numeral 2.2.2.1.4.5

Designar al funcionario responsable de la entidad de acuerdo con lo dispuesto en el subnumeral 2.10 del presente Capítulo, quien debe acreditar ante dicho órgano conocimientos en materia de prevención y control de lavado de activos.

Numeral 2.2.2.1.5

Definir las áreas encargadas o responsables de la administración de los riesgos, el grado de independencia y sus funciones. Así mismo, los órganos de administración y de control que deben encargarse de velar por el cumplimiento de las políticas de administración de los riesgos asociados a las actividades objeto de supervisión.

Numeral 2.2.2.1.6

Aprobar los procedimientos que permitan realizar el seguimiento al cumplimiento de las políticas y de los niveles de riesgo definidos por el mismo consejo directivo, para la adecuada administración de los riesgos asociados a las actividades objeto de supervisión.

Numeral 2.2.2.1.7

Aprobar el manual de buen gobierno y ética.

Numeral 2.2.2.1.8

Aprobar el plan de contingencia y continuidad del negocio.

Numeral 2.2.2.1.9

Aprobar el sistema de control interno del instituto y los ajustes al mismo.

Numeral 2.2.2.2

Representante legal

Numeral 2.2.2.2.1

Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones impartidas por el consejo directivo u órgano que haga sus veces, e informar al mismo sobre los incumplimientos evidenciados.

Numeral 2.2.2.2.2

Evaluar los informes presentados por los demás órganos de administración, de control y las áreas encargadas o responsables de la administración de los riesgos asociados a las actividades objeto de supervisión. Los aspectos relevantes deben ser incorporados en el informe de seguimiento mencionado en el subnumeral anterior.

Numeral 2.2.2.2.3

Velar por el cumplimiento de los manuales y demás disposiciones relacionadas con la administración de los riesgos asociados a las actividades objeto de supervisión.

Numeral 2.2.2.2.4

Diseñar y proponer al consejo directivo u órgano que haga sus veces para su aprobación:

Numeral 2.2.2.2.4.1

Las políticas y procedimientos para la administración de los riesgos asociados a las actividades objeto de supervisión.

Numeral 2.2.2.2.4.2

La definición de las áreas o responsables encargados de velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos para la administración de los riesgos asociados a las actividades objeto de supervisión.

Numeral 2.2.2.2.4.3

El manual de buen gobierno y ética.

Numeral 2.2.2.2.4.4

El plan de contingencia y continuidad del negocio.

Numeral 2.2.2.2.5

Evaluar las recomendaciones para mejorar el sistema de control interno que le proponga la oficina de control interno, y someter los ajustes correspondientes a aprobación del consejo directivo.

Numeral 2.2.2.2.6

Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al funcionario responsable y dotarlo del recurso humano y técnico necesario para desarrollar su función.

Numeral 2.2.2.2.7

Presentar al consejo directivo u órgano que haga sus veces un informe sobre los aspectos más importantes de la gestión realizada, dicho informe debe ser presentado cada 6 meses o con una frecuencia menor, si así resulta procedente.

Numeral 2.2.3

Sistema de control interno

El sistema de control interno (SCI) aplicable a los INFIS corresponde a lo previsto en el artículo 1 de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015 y las demás normas que los modifiquen o adicionen.

Respecto de las operaciones supervisadas, el SCI de cada INFIS debe basarse en los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, y los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación establecidos en el Capítulo IV, Título I de la Parte I de esta Circular, y contener como mínimo, planes, métodos, normas, procedimientos y mecanismos que permitan verificar y evaluar:

Numeral 2.2.3.1

La estructura del gobierno corporativo de acuerdo con las instrucciones antes señaladas.

Numeral 2.2.3.2

La prevención y mitigación en la ocurrencia de fraudes.

Numeral 2.2.3.3

La transparente y adecuada ejecución de las actividades supervisadas, de acuerdo con las políticas y procedimientos dispuestos.

Numeral 2.2.3.4

La oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros en las actividades supervisadas.

Numeral 2.2.3.5

Los controles que permitan un adecuado cumplimiento a la normatividad y regulaciones aplicables a las actividades objeto de supervisión.

Numeral 2.2.3.6

Las políticas, procedimientos y controles adoptados para prevenir que los recursos administrados puedan ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes o vinculados a actividades delictivas para dar apariencia de legalidad a las mismas o a las transacciones y recursos vinculados con estas.

Numeral 2.3

Administración de excedentes de liquidez de las entidades territoriales

Los INFIS deben remitir a la SFC, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los excedentes de liquidez, el documento en el que consten las condiciones bajo las cuales las entidades territoriales les entregan en administración sus excedentes de liquidez, el cual debe contener, como mínimo, la identificación de las partes, el título bajo el cual reciben los recursos, las condiciones de la entrega de los mismos, la fecha de recepción de los excedentes, y el término y forma de devolución, en caso de que se pacte.

En el manejo de los excedentes de liquidez no condonables, es decir, cuando no se pacta término de devolución, los INFIS deben efectuar una gestión integral de la estructura de sus activos y pasivos, estimando y controlando el grado de exposición al riesgo de liquidez, con el objeto de protegerse de eventuales pérdidas por variaciones en el valor económico y con el fin de poder responder con sus obligaciones por la administración de los excedentes de liquidez. Esta gestión requiere una permanente medición y evaluación de la composición de plazos, montos y tipos de instrumentos de los activos y los pasivos.

Los INFIS deben establecer su grado de exposición al riesgo de liquidez mediante el análisis de la maduración de los activos y pasivos de acuerdo con las instrucciones impartidas por esta Superintendencia en el instructivo del respectivo formato, en cumplimiento a los deberes de información de que trata el subnumeral 2.8 del presente Capítulo.

Siempre que en el presente subnumeral se haga referencia a los pasivos, se refiere exclusivamente a los excedentes de liquidez no condonables.

Estos aspectos deben consagrarse en el manual al que se hace referencia en el subnumeral 2.1.4 del presente Capítulo.

Numeral 2.4

Cartera de crédito

Los INFIS deben adoptar procedimientos claros y precisos que definan los criterios y la forma mediante la cual se evalúa, asume, califica, controla y cubre su riesgo crediticio. Estos aspectos deben consagrarse dentro del manual al que se hace referencia en el subnumeral 2.1.4 del presente Capítulo, atendiendo las instrucciones mínimas previstas a continuación.

Numeral 2.4.1

Otorgamiento

Para el otorgamiento de crédito, los INFIS deben contar con procedimientos que permitan precisar las características básicas del sujeto de crédito y las condiciones bajo las cuales se realizará el contrato (condiciones financieras, garantías, fuente de pago, entre otras), teniendo en cuenta el perfil de riesgo definido por la entidad.

En el proceso de otorgamiento se debe:

Numeral 2.4.1.1

Evaluar la capacidad de pago del deudor, así como de los codeudores, avalistas, deudores solidarios y, en general, cualquier persona natural o jurídica que resulte o pueda resultar directa o indirectamente obligada al pago del crédito.

Numeral 2.4.1.2

En la evaluación de la capacidad de pago de entidades públicas territoriales deben verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las Leyes 358 de 1997, 550 de 1999 y 617 de 2000, y de las demás normas que las reglamenten o modifiquen.

Numeral 2.4.1.3

Informar de forma previa al desembolso al potencial deudor, las condiciones del contrato incluyendo tasas, plazos, comisiones, recargos, derechos, deberes y, en general, toda la información que resulte relevante para la operación.

La información y/o documentación evaluada para cada uno de los deudores correspondientes debe permanecer a disposición de esta Superintendencia.

Numeral 2.4.2

Seguimiento

La etapa de seguimiento supone un continuo monitoreo de las operaciones crediticias, para lo cual se deben adoptar procedimientos que incorporen metodologías que permitan medir las condiciones del servicio de la deuda, fundamentándose en la información relacionada con el comportamiento histórico de pago de los deudores con la entidad y el sistema. Adicionalmente, las metodologías deben contemplar la adopción de medidas oportunas que permitan mitigar los factores de riesgo del deudor, en caso de evidenciar riesgos en la atención de la deuda.

Las metodologías para el proceso de seguimiento deben ser evaluadas una vez al año con el fin de verificar su idoneidad. Los resultados de estas evaluaciones y pruebas deben ser presentadas por el representante legal al consejo directivo, y estar a disposición de esta Superintendencia junto con las conclusiones de su análisis.

La información y/o documentación evaluada para el seguimiento de los deudores correspondientes deben permanecer a disposición de esta Superintendencia.

Numeral 2.4.3

Recuperación

Los INFIS deben contar con procedimientos tendientes a maximizar la recuperación de créditos no atendidos normalmente. Tales procesos deben identificar los responsables de su desarrollo, así como los criterios con base en los cuales se ejecutan las labores de cobranza, se evalúan y deciden reestructuraciones, se administra el proceso de recepción y realización de bienes recibidos a título de dación en pago, y se decide el castigo de los créditos.

Se entiende por reestructuración de un crédito cualquier mecanismo excepcional, instrumentado mediante la celebración y/o ejecución de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago. Adicionalmente, se consideran reestructuraciones los acuerdos celebrados en el marco de las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y 1116 de 2006 o normas que las adicionen o sustituyan, así como las reestructuraciones extraordinarias y las novaciones.

Las reestructuraciones no pueden convertirse en una práctica generalizada para regularizar el comportamiento de la cartera de créditos. No se consideran reestructuraciones los alivios crediticios ordenados por leyes, como fue el caso de los establecidos en la Ley 546 de 1999.

Numeral 2.4.4

Modalidades cartera de créditos

La cartera de créditos se debe clasificar en las modalidades definidas en el Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera o las normas que lo modifiquen o adicionen. Igualmente, se deben clasificar en la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos, las comisiones y cuentas por cobrar originadas en cada tipo de operación.

Numeral 2.4.5

Reglas sobre calificación de los créditos

Los contratos de crédito deben clasificarse en una de las siguientes categorías dependiendo de la altura de mora:

Numeral 2.4.5.1

Categoría A o “Nivel de mora normal”.

Numeral 2.4.5.2

Categoría B o “Nivel de mora aceptable, superior al normal”.

Numeral 2.4.5.3

Categoría C o “Nivel de mora apreciable”.

Numeral 2.4.5.4

Categoría D o “Nivel de mora significativo”.

Numeral 2.4.5.5

Categoría E o “Nivel de mora muy significativo”.

Numeral 2.4.6

Reglas sobre provisiones de los créditos

Los INFIS deben provisionar, como mínimo, el 1% sobre el total de la cartera de créditos bruta.

Numeral 2.4.7

Suspensión de la causación y contabilización de intereses

Deben dejar de causarse intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros conceptos cuando un crédito presente la mora indicada en el siguiente cuadro:

Por lo tanto, no se debe afectar el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente debe efectuarse en cuentas de orden. Esta Superintendencia puede ordenar la suspensión de la causación de estos ingresos cuando un crédito haya sido reestructurado más de una vez.

Numeral 2.4.8

Valoración de Garantías

Para la valoración de las garantías se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera o las normas que lo modifiquen o adicionen.

Numeral 2.5

Financiación de las actividades previstas en el numeral 2 del artículo 268 del EOSF

La supervisión de esta actividad se sujeta a lo dispuesto en el numeral 1 del presente Capítulo para aquellos INFIS que adelanten las operaciones de las que trata el numeral 2, artículo 270 del EOSF.

Numeral 2.6

Descuento y negociación de pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos de deuda

Los INFIS deben adoptar procedimientos claros y precisos que definan los criterios y la forma mediante la cual realizan estas operaciones. Para el efecto deben, como mínimo:

Numeral 2.6.1

Contar con límites de concentración por riesgo de crédito, así como por tipo de activo u operación, teniendo en cuenta variables propias del conocimiento del obligado a pagar el derecho contenido en el instrumento (deudor, contraparte, emisor, originador y/o pagador, según sea el caso).

Numeral 2.6.2

Atender las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación en relación con la valoración de los instrumentos en que invierte.

Numeral 2.6.3

Establecer mecanismos de seguimiento permanente a la evolución de la calidad crediticia del obligado a pagar el derecho contenido en los instrumentos (deudor, contraparte, emisor, originador y/o pagador, según sea el caso), o de la contraparte de las operaciones que ésta realice, y las garantías que haya recibido como respaldo de las mismas.

Numeral 2.6.4

Definir los tipos de activos que recibirá como garantía del cumplimiento de las operaciones, o de las obligaciones derivadas de los instrumentos adquiridos.

Numeral 2.6.5

Adoptar los mecanismos para la conservación y custodia de los títulos.

Estos aspectos deben contenerse dentro del manual al que se hace referencia en el subnumeral 2.1.4 del presente Capítulo.

Numeral 2.7

Administración de fondos especiales

Los INFIS deben remitir a la SFC el documento en el que consten las condiciones bajo las cuales se administran los fondos especiales que constituyan. Se entiende por fondos especiales aquellos que se conforman por recursos propios y/o recibidos que se administran por parte de los INFIS para desarrollar un objeto específico, independientemente de la forma jurídica que les dé origen. Dicho documento debe remitirse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrada en operación del respectivo fondo y debe contener, como mínimo, lo siguiente:

Numeral 2.7.1

Identificación de las partes

Numeral 2.7.2

Objeto del contrato, gestiones o actividades específicas constitutivas de la finalidad del contrato

Numeral 2.7.3

Obligaciones y derechos de las partes contratantes

Numeral 2.7.4

Duración del contrato

En todo caso, en el evento que a través de los fondos especiales los INFIS adelanten cualquiera de las actividades objeto de supervisión por parte de esta Superintendencia, están obligados a dar cumplimiento a las instrucciones correspondientes a la actividad adelantada.

Numeral 2.8

Revelación de información

En atención a lo previsto por el artículo 2.3.3.5.1.6 del Decreto 1068 de 2015 o las normas que lo modifiquen, los estados financieros y balances contables de los INFIS que obtengan la autorización a la que se ha hecho referencia en el numeral 2.1 deben remitirse a la SFC, de acuerdo con la periodicidad estipulada por la Contaduría General de la Nación.

Adicionalmente, estas entidades deben remitir la información relativa a las actividades objeto de supervisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.3.3.5.1.3 del Decreto 1068 de 2015 o las normas que lo modifiquen, para lo cual deben utilizar los formatos que disponga esta Superintendencia.

Numeral 2.9

Requerimientos tecnológicos y operativos

Para la realización de las actividades objeto de supervisión los INFIS deben contar con:

Numeral 2.9.1

Una plataforma tecnológica para su operación, la cual debe estar acorde con el tamaño de la entidad.

Numeral 2.9.2

La implementación de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad que le aplican en el manejo de información de las actividades supervisadas.

Numeral 2.9.3

Un plan de conservación, custodia y seguridad de la información, tanto documental como electrónica.

Numeral 2.9.4

Un plan de contingencia y continuidad del negocio que tenga como finalidad primordial prevenir y solucionar los problemas, fallas e incidentes que se puedan presentar en cualquiera de los sistemas de información que se tengan dispuestos en la operación de las actividades supervisadas, de tal manera que se garantice la realización de las actividades objeto de supervisión.

Numeral 2.9.5

La descripción de los procesos para cada una de las actividades objeto de supervisión, con sus respectivos procedimientos y soporte tecnológico.

Numeral 2.9.6

Mecanismos para la administración del riesgo operativo a que se exponen las actividades objeto de supervisión, con el fin de gestionarlos y minimizar la probabilidad o impacto en los casos que se materialicen.

Numeral 2.9.7

La información de aquellas actividades objeto de supervisión que pretendan ser contratadas con terceros, indicando el objeto de la respectiva contratación, los requisitos a exigir a la firma a contratar, el detalle de las funciones que se contratarían externamente, los controles y áreas encargadas del seguimiento a dichos contratos. Esta información debe ser remitida a la SFC con 15 días de antelación al inicio del contrato.

Numeral 2.10

Prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

Los INFIS deben definir políticas y procedimientos para evitar que los recursos administrados puedan ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes o vinculados a actividades delictivas, para dar apariencia de legalidad a las mismas o a las transacciones y recursos vinculados con estas. Las INFIS se rigen por lo establecido para este tipo de entidades en el capítulo correspondiente a las instrucciones relativas a la administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo de la CBJ, sin perjuicio de la aplicación de las demás normas que rijan a las entidades destinatarias del presente Capítulo.

Numeral 2.11

Régimen de responsabilidad y sanciones administrativas

Los representantes legales, el consejo directivo u órgano quien haga sus veces, los administradores y el funcionario responsable de los INFIS no tienen que cumplir con la obligación de posesión de que tratan los artículos 72 y 74 del EOSF.

En evento de incumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Capítulo, por parte de los INFIS, esta Superintendencia debe aplicar el régimen sancionatorio previsto en los artículos 208 y siguientes del EOSF.

Numeral 2.12

Finalización del régimen especial de supervisión

Los INFIS que hayan obtenido la autorización a la que se hace referencia en el presente numeral quedan excluidos del ámbito de supervisión especial de la SFC en los siguientes casos:

Numeral 2.12.1

Cuando determinen que no van a continuar administrando excedentes de liquidez, evento en el cual deben informar a esta Superintendencia tal situación mediante documento en el que conste la decisión del consejo directivo u órgano que haga sus veces. La SFC debe comunicar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público tal situación, informando que el INFIS ha dejado de estar cobijado por el régimen especial de supervisión.

Numeral 2.12.2

Cuando entren en proceso de liquidación, bien sea voluntaria u obligatoria, situación que deben informar a esta Superintendencia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la decisión. En este evento, una vez recibida la comunicación, la SFC debe comunicar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que el INFIS ha dejado de estar cobijado por el régimen especial de supervisión.

Numeral 2.12.3

Cuando esta Superintendencia lo determine, por incumplimiento de la normatividad aplicable a las actividades objeto de supervisión, informando a la entidad y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que el INFIS deja de estar cobijado por el régimen especial de supervisión.

Numeral 2.13

Publicidad

Los programas o campañas publicitarias de los INFIS que incorporen referencias a la supervisión adelantada por la SFC deben obtener, de manera previa, autorización individual por parte de esta Superintendencia.

Para obtener dicha autorización debe remitirse, con antelación no inferior a 15 días hábiles, un ejemplar del material publicitario que contenga los textos, las imágenes y las secuencias gráficas, así como los audios que llegarían al público, según el medio de comunicación a través del cual se pretenda adelantar.

Una vez obtenida la aprobación correspondiente pueden utilizarse indistintamente, sin necesidad de nueva autorización, siempre que correspondan al proyecto autorizado.

En cualquier caso, la publicidad debe ser clara en el sentido de manifestar que la vigilancia de la SFC se ejerce respecto de las actividades a las que se refiere el artículo 2.3.3.5.1.3 del Decreto 1068 de 2015, o las normas que lo modifiquen.

CAPÍTULO IIIDisposiciones especiales aplicables a la constitución de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las cajas de compensación familiar

Numeral 1

Requisitos

Numeral 1.1

Constitución

De acuerdo con la Ley 920 de 2004, las Cajas de Compensación Familiar pueden constituir secciones especializadas de ahorro y crédito, que tienen la naturaleza de patrimonios autónomos y, en tal virtud, pueden ser objeto de supervisión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Numeral 1.2

Capitales mínimos

De conformidad con lo previsto en los artículos 1 y 2 del Decreto 2801 de 2005, las Cajas de Compensación Familiar cuya capacidad de aporte de capital sea igual o superior al 100% de los recursos necesarios para conformar una cooperativa financiera, deben destinar la suma correspondiente al capital mínimo de una cooperativa financiera para la constitución de una sección especializada de ahorro y crédito.

No obstante, cuando su capacidad de aporte sea inferior al 100% pero igual o superior al 50% de los recursos necesarios para conformar una cooperativa financiera, deben destinar para su constitución, como mínimo, el 50% del capital mínimo requerido para la constitución de una cooperativa financiera.

Numeral 1.3

Régimen especial de autorización de la SFC

Con el fin de contar con información suficiente sobre la Caja de Compensación Familiar y de poder establecer la adecuada infraestructura técnica, administrativa y humana de la sección especializada de ahorro y crédito, a la solicitud de autorización para la constitución de dicha sección se debe acompañar la siguiente información:

Numeral 1.3.1

Indicación del nombre y documento de identidad de los miembros del consejo directivo y del director administrativo de la respectiva Caja de Compensación Familiar.

Numeral 1.3.2

Acta a través de la cual se acredite la decisión del consejo directivo de la respectiva Caja de Compensación Familiar de constituir la sección especializada de ahorro y crédito.

Numeral 1.3.3

Copia de los estatutos de la Caja de Compensación, previamente adecuados en los términos de la Ley 920 de 2004.

Numeral 1.3.4

Certificación emitida por el revisor fiscal de la respectiva Caja de Compensación, en donde conste, en los términos del Decreto 2801 de 2005, la capacidad de aporte de capital para la constitución de la sección especializada.

Numeral 1.3.5

Copia de los estados financieros de la Caja de Compensación debidamente certificados y acompañados de las notas a los estados financieros, correspondientes a los 3 últimos ejercicios o, en caso de contar con menos tiempo de constituida la Caja, con todos los que cuente; el dictamen e informe del revisor fiscal; el NIT; un certificado actualizado de existencia y representación legal, con vigencia no mayor a 15 días.

Numeral 1.3.6

Estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad de la sección especializada de ahorro y crédito que se constituiría, así como las razones que la sustentan, teniendo en cuenta lo indicado en el literal d. numeral 3 del artículo 53 del EOSF. Este estudio debe contemplar una proyección de la sección especializada a 5 años.

Numeral 1.3.7

La información adicional que requiera esta Superintendencia para poder analizar adecuadamente la idoneidad, responsabilidad y solvencia moral de las personas que soliciten la autorización, así como el debido manejo de las operaciones autorizadas.

Adicionalmente, debe tramitarse, a través de la página web de la SFC, la solicitud de posesión contenida en la proforma electrónica “Hoja de vida” para efectos de la posesión de los miembros del consejo de administración, de los representantes legales y de los revisores fiscales de las secciones especializadas de ahorro y crédito, principales y suplentes, en concordancia con las disposiciones consagradas para tal efecto en el Capítulo II, Título IV de la Parte I de esta Circular y en el Decreto 4709 de 2005 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

CAPÍTULO IVDisposiciones especiales aplicables a las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos – SEDPE

Numeral 1

Régimen legal

Las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos – SEDPE, son instituciones financieras sujetas a la inspección, vigilancia y control de la SFC, cuyo objeto exclusivo es llevar a cabo las actividades dispuestas en el artículo 1 de la Ley 1735 de 2014, o las normas que la modifiquen o adicionen.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este Capítulo se establece el régimen especial aplicable a las SEDPE conforme a los riesgos asumidos por tales entidades, sin perjuicio de aquellas disposiciones que, por su naturaleza y actividades que realizan, les resulten aplicables.

Numeral 2

Gobierno corporativo

Las SEDPE deben contar con una estructura organizacional apropiada para administrar los riesgos a los que se ven expuestas, con funciones, responsabilidades y líneas de reporte claramente definidas. Para el efecto, deben establecer y preservar estándares que permitan contar con personal idóneo para la administración de riesgos. De igual forma, deben quedar claramente asignadas las responsabilidades de las diferentes personas, órganos y áreas involucradas en los respectivos procesos.

A las SEDPE les serán aplicables las disposiciones sobre gobierno corporativo establecidas en el Capítulo III del Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (CBJ), con excepción del subnumeral 2.2.1. Así mismo les son aplicables las disposiciones sobre Sistema de Control Interno a que se refiere el Capítulo IV del mismo Título.

De conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título IV de la Parte I de la CBJ, las SEDPE deben atender las instrucciones relacionadas con el trámite de posesión de los cargos que así lo requieran.

Numeral 3

Administración de riesgos

Las SEDPE deben diseñar e implementar sistemas de administración de riesgos que les permita realizar una gestión oportuna y adecuada de todos los riesgos inherentes al desarrollo de su negocio. Estos sistemas deben ser acordes con el perfil y apetito de riesgo, el plan de negocio, estrategia de riesgos, la naturaleza, el tamaño y la complejidad de las actividades que desarrolle la entidad, así como con su rol e importancia en el sistema financiero, el entorno económico y de los mercados.

Considerando lo anterior, estos sistemas deben estar inmersos en las actividades que desarrollan las SEDPE y ser de conocimiento de todas las áreas que la componen, de forma que se garantice una cultura de gestión de riesgos al interior de la entidad. Adicionalmente, deben adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y la economía en general y considerar el análisis individual de los riesgos, así como la interacción entre éstos, y su impacto en la entidad.

En este sentido, las SEDPE deben cumplir como mínimo con los siguientes lineamientos en materia de gestión de riesgos:

Numeral 3.1

Operativo

Numeral 3.1.1

Consideraciones generales

Las SEDPE deben contar con políticas, procedimientos, metodologías y límites, que les permitan identificar, medir, monitorear y controlar el riesgo operativo. La gestión del riesgo se debe hacer acorde con su estructura, los servicios prestados, los canales de atención al consumidor financiero y las actividades que realizan, directamente o a través de terceros.

En este sentido, las disposiciones que le aplican a las SEDPE en materia de administración del riesgo operacional son las establecidas en este numeral, y por lo tanto no se encuentran obligadas a aplicar las instrucciones relativas a la gestión del riesgo operacional a las que se refieren los Capítulos XXXI y XXXII de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF).

Para efectos del presente Capítulo se entiende por Riesgo Operacional la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.

Esta definición incluye:

Numeral 3.1.1.1

El riesgo legal, el cual comprende la posibilidad de pérdida en que incurre la SEDPE al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales, o el riesgo que surge como consecuencia de fallas en el desarrollo de las actividades autorizadas, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de dichas actividades; y

Numeral 3.1.1.2

El riesgo reputacional, entendido como la posibilidad de pérdida en que se incurre por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que causen pérdida de clientes o usuarios, disminución de ingresos o procesos judiciales.

Numeral 3.1.2

Administración del riesgo operativo

Las SEDPE deben administrar el riesgo operativo al que se encuentran expuestas estableciendo para el efecto: (i) las políticas; (ii) los roles y responsabilidades de los funcionarios encargados de su gestión; (iii) los procedimientos y metodología(s) para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos operativos; y (iv) los planes de contingencia y continuidad del negocio que se requieran para mantener disponibles los servicios prestados y la información manejada.

La información correspondiente a los numerales señalados en el inciso anterior deberá constar en un manual y contar con la aprobación de la junta directiva o consejo de administración.

La gestión realizada para la administración del riesgo operativo debe estar debidamente documentada y a disposición de la SFC.

Numeral 3.1.3

Eventos de riesgo operativo

Las SEDPE deben llevar un registro de los eventos de riesgo operativo que les causen pérdidas, consignando al menos la siguiente información:

Numeral 3.1.3.1

Fecha de inicio del evento: (Día, mes, año, hora.)

Numeral 3.1.3.2

Fecha de finalización del evento: (Día, mes, año, hora.)

Numeral 3.1.3.3

Fecha del descubrimiento del evento: (Día, mes, año, hora.)

Numeral 3.1.3.4

Cuantía: El monto de dinero (moneda legal) a que asciende la pérdida como consecuencia de la ocurrencia de un evento de riesgo operativo, incluyendo los gastos derivados de su atención.

Numeral 3.1.3.5

Cuantía total recuperada: El monto de dinero recuperado (moneda legal) por acción directa de la SEDPE. Incluye las cuantías recuperadas por seguros.

Numeral 3.1.3.6

Clase de evento: Se determina de acuerdo con la siguiente clasificación: fraude interno, fraude externo, relaciones laborales, obligaciones con los clientes, daños a activos físicos, fallas tecnológicas y administración de procesos.

Numeral 3.1.3.7

Servicio afectado: Identifica el servicio afectado.

Numeral 3.1.3.8

Descripción del evento: Descripción detallada del evento.

Numeral 3.1.4

Capacitación

Las SEDPE deben diseñar, programar y ejecutar planes de capacitación sobre la administración del riesgo operativo dirigido a las áreas, funcionarios y terceros contratados para el desarrollo de su objeto social.

La capacitación se deberá realizar al menos una vez al año, considerando los nuevos riesgos y controles. Las SEDPE deben evaluar la efectividad de la capacitación impartida.

Numeral 3.1.5

Auditoría interna

La Auditoría Interna o quien ejerza el control interno debe evaluar anualmente el sistema de administración de riesgo operativo y su efectividad.

Numeral 3.2

Lavado de activos y financiación del terrorismo

Las SEDPE deben cumplir las disposiciones sobre administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo establecidas en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la CBJ.

Los depósitos de bajo monto que cumplan con las características del artículo 2.1.15.1.2 del Decreto 2555 de 2010, les serán aplicables las excepciones previstas en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la CBJ.

Numeral 3.3

Liquidez

Las SEDPE deben contar con unas políticas, procedimientos, metodologías y límites que les permita identificar, medir, monitorear y controlar el riesgo de liquidez inherente al desarrollo de las actividades autorizadas. En este sentido, deben contar con los mecanismos que les permita garantizar, como mínimo, que:

Numeral 3.3.1

Al cierre diario de las operaciones, el valor de los recursos captados corresponda al valor de los depósitos en el Banco de la República y/o en depósitos a la vista en establecimientos de crédito.

Numeral 3.3.2

Cuentan con una gestión eficiente del flujo de caja que les permita dar cumplimiento a los requerimientos de liquidez que se originen en el desarrollo de sus actividades.

Numeral 3.3.3

Cuentan con un plan de contingencia de liquidez que les permita dar cumplimiento a los requerimientos extraordinarios de liquidez.

El sistema de administración de riesgo de liquidez, así como los mecanismos, modelos y límites que lo componen deben estar debidamente documentados y a disposición de la SFC.

Numeral 3.4

Manejo de los recursos captados

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.38.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, las SEDPE deben mantener los recursos captados en: (i) depósitos en el Banco de la República y/o (ii) en depósitos a la vista en establecimientos de crédito, al cierre diario de las operaciones.

Para efectos del cumplimiento de este requerimiento, se considerará las 5:00 p.m. como horario de cierre de las operaciones diarias para realizar el cálculo del saldo de los recursos captados a través de los depósitos, y para su verificación, las SEDPE deben remitir periódicamente a la SFC el formato establecido para el efecto, contenido en el Anexo 1 de la CBCF.

Las operaciones realizadas con posterioridad a la referida hora de cierre se tendrán en cuenta para realizar el cálculo del saldo de los recursos captados a través de los depósitos el día hábil siguiente.

Numeral 3.4.1

Gestión del efectivo

Las SEDPE deben cuantificar diariamente el efectivo que requieren a efectos de cumplir de forma oportuna con sus obligaciones, a través de los distintos canales de prestación de servicios, tales como sucursales, corresponsales y cualquier otro habilitado para el retiro de efectivo.

Para el efecto, las SEDPE deben desarrollar e implementar una metodología basada en criterios técnicos, que les permita la adecuada administración de los riesgos que se deriven de la gestión del efectivo. Dicha metodología debe estar debidamente documentada y a disposición de la SFC.

Las SEDPE deben contar con una base de datos con la información diaria de las operaciones realizadas en cada canal de prestación de servicios con el objetivo de llevar un registro de los flujos de efectivo. Dicha base de datos deberá contener como mínimo la siguiente información:

Numeral 3.4.1.1

El monto de entradas y salidas de efectivo.

Numeral 3.4.1.2

La identificación del punto donde se realizó la operación.

Numeral 3.4.1.3

El tipo de operación.

Numeral 3.4.1.4

Fecha y hora de realización de la operación.

Numeral 3.4.1.5

Número de identificación de las partes que intervienen en la transacción.

Numeral 3.5

Mercado

Las SEDPE que realicen inversiones de tesorería en posición propia deben contar con políticas, procedimientos, metodologías y límites que les permita identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente el riesgo de mercado. Dichos controles deben permitir a las entidades vigiladas la adopción de decisiones oportunas para la adecuada mitigación del riesgo. Para los efectos, las inversiones de tesorería en posición propia son todas aquellas que estén incluidas en la cuenta 13 del Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia podrá exigir el desarrollo e implementación de planes, límites, estrategias y/o metodologías que le permitan mitigar dicha exposición, en función de la complejidad de las operaciones realizadas.

Adicionalmente, todas las inversiones de la SEDPE deben ser clasificadas, valoradas y contabilizadas de conformidad con las instrucciones establecidas en los Capítulos I-1, XI y XVIII de la CBCF o sus modificaciones, según corresponda.

Numeral 3.6

Concentración por contraparte

Las SEDPE deben contar con políticas para administrar: (i) el riesgo de concentración derivado de la colocación de los recursos captados del público en establecimientos de crédito; y (ii) la exposición al riesgo de contraparte, basándose en un análisis de los perfiles de riesgo de los establecimientos de crédito en los que se depositen dichos recursos.

La gestión de los riesgos de concentración y contraparte por parte de las SEDPE debe comprender la diversificación en la asignación de los recursos captados, a través de cupos y límites entre las múltiples contrapartes, acordes con las políticas definidas para tal fin.

Estas políticas deben ser adoptadas por la junta directiva o el consejo de administración de la entidad, definiendo con claridad y precisión los criterios bajo los cuales la entidad debe evaluar, calificar, asumir, controlar y cubrir los riesgos. Igualmente, dicho órgano debe establecer los mecanismos y controles necesarios para asegurar el cumplimiento estricto de dichas políticas.

Numeral 4

Depósitos

Las SEDPE deben atender las disposiciones relacionadas con las características de los depósitos de bajo monto y ordinarios establecidos en los arts. 2.1.15.1.1. y siguientes del Decreto 2555 de 2010, así como lo dispuesto en el Capítulo III, Título I, Parte II de la CBJ.

Numeral 5

Giros financieros

Las SEDPE deben contar con mecanismos apropiados que les permitan realizar la devolución al ordenante de los giros financieros en los casos en los que éstos no sean reclamados por el beneficiario dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en la cual se ordenó el mismo.

Numeral 6

Publicidad, información y protección al consumidor financiero

Las SEDPE deben atender las reglas previstas en el Capítulo I del Título III de la Parte I de la CBJ en cuanto al acceso a los servicios, los programas publicitarios y los requisitos de información al consumidor financiero, que le sean aplicables conforme a la naturaleza de las operaciones que les han sido autorizadas.

Numeral 6.1

Información

Además de la información que por virtud de las disposiciones legales vigentes deban divulgar las SEDPE a sus consumidores financieros, deben suministrar de manera particular, lo siguiente:

Numeral 6.1.1

Que los depósitos se encuentran amparados por el seguro de depósito del FOGAFÍN, en los términos establecidos en los subnumerales 2.7, 2.8 y 2.9 del Capítulo I, Título III de la Parte I de la CBJ o sus modificaciones.

Numeral 6.1.2

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1328 de 2009, las SEDPE deben divulgar de manera permanente la información de los precios de todos los productos y servicios que se ofrezcan de manera masiva.

Numeral 6.1.3

Las tasas de interés que las entidades decidan ofrecer a los consumidores por la captación de recursos mediante depósitos, si a ello hubiere lugar.

Numeral 6.1.4

En relación con los depósitos de bajo monto previstos en el artículo 2.1.15.1.2. del Decreto 2555 de 2010, deben informar al consumidor financiero de manera clara, los canales a los cuales se tendrá acceso, así como aquellos que se encuentren restringidos.

Numeral 6.2

Extractos y reportes

Respecto de los depósitos, deben poner a disposición de los clientes los extractos o estados de cuenta, a través de los mecanismos que establezcan para el efecto.

En todo caso, las SEDPE deben informar oportuna y claramente a los consumidores financieros dónde, cómo y cuándo pueden acceder a esta información. Igualmente, tales mecanismos deben permitir que el consumidor financiero consulte la información correspondiente a la tasa de interés efectiva reconocida sobre el saldo durante el período cubierto, así como la periodicidad y forma de liquidar los rendimientos cuando a ello hubiere lugar, los movimientos del depósito y los cambios que se presenten respecto de esta información.

Numeral 6.3

Cláusulas y prácticas abusivas

Las SEDPE deben abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o que den lugar a un abuso de posición dominante contractual. Para esto, las SEDPE deben observar lo establecido en los arts. 11 y 12 de la Ley 1328 de 2009 y en el numeral 6 del Capítulo I del Título III de la Parte I de la CBJ o sus modificaciones.

Numeral 6.4

Protección del consumidor financiero

Numeral 6.4.1

Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC)

Las SEDPE deben implementar un SAC, en los términos previstos en la Ley 1328 de 2009, para lo cual deberán aplicar las instrucciones contenidas en el Capítulo II del Título III de la Parte I de la CBJ.

Numeral 6.4.2

Defensor del Consumidor Financiero

Las SEDPE que designen un defensor del consumidor financiero, deben atender las reglas establecidas para el efecto en el Capítulo II del Título III de la Parte I de la CBJ.

Numeral 7

Canales de servicios, seguridad y calidad en las operaciones

Las SEDPE deben observar las disposiciones generales previstas en materia de canales de prestación de servicios y requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones previstas en el Capítulo I, Título II de la Parte I de la CBJ.